La moratoria Guindos se amplia a mayo del 2020

ojo! los bancos presionan a las familias con moratoria para que firmen un alquiler social y las administraciones a través de las Oficinas de vivienda están dando el ok a esa firma que sólo beneficia al banco …por qué????

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Varios miles de familias, con los desahucios pendientes, respiran tranquilidad 3 años más.

El próximo día 15 de mayo finalizaba la moratoria, llamada de Guindos, establecida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión que fue prorrogada hasta el 2017.

Con la entrada en vigor el día 18 del nuevo Decreto, el gobierno de Rajoy se libra del marrón de ver en pocos meses el lanzamiento de 46.600 familias acogidas a ese Código de Buenas Prácticas , en un momento dulce de la mayoría de entidades financieras que ya han provisionado las pérdidas, la mayoría, a cuenta del Estado, de todos. La moratoria de la Ley para el lanzamiento judicial se alarga por siete años hasta mayo del 2020 lo que da un respiro de 3 años. La forma en que las unidades familiares pedirán la prórroga se hará igual que en otras ocasiones. Lo establece el artículo 2 del Capítulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios: el deudor acreditará ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los documentos demandados …. ver documentación>>>>

Las unidades familiares afectadas se amplían quedando:

  1. La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
  2. La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, aunque sólo sea uno. Antes se precisaba que fueran dos hijos.
  3. La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
  4. La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
  5. La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
  7. El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.»

Se decreta el derecho al alquiler social.

Los apartados 4 y 5 del anexo del Código de Buenas Prácticas se modifican para que, desde el día 15 de mayo, el deudor hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la aprobación del remate. La solicitud podrá realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2017. Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.

Aún así, ese plazo de 6 meses parece contradecirse con la modificación escrita de los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios al asegurar que: durante ese plazo – hasta el 2020- el ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda adherido al Código de Buenas Prácticas el alquiler de la misma en las condiciones establecidas en el apartado 5 del anexo de dicho Código.

En todo esto, la entidad tiene la potestad de no conceder el alquiler: “…podrá solicitar y obtener del acreedor…” …. no es mandato legislativo sino recomendación.

Recuperar la vivienda subastada

El decreto también prevee que el Gobierno se da un plazo de ocho meses –y así figura en una disposición del decreto– para plantear medidas para que los deudores recuperen su vivienda habitual “tras el pago de un precio determinado” y “Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado así como otros factores que garanticen un precio equitativo“.

Los Bancos presionan para que se firme el alquiler social: no caiga en la trampa!

Los bancos están presionando a las familias con ofertas de alquiler irrisorio…

Qué trampa escoden? pues que cuando firma el alquiler renuncia a la posesión de la vivienda que es el último paso del banco para tomar el dominio de su vivienda. Al firmar el alquiler es como si entregará las llaves, saliera por la puerta de casa, y volviera a entrar como inquilino…

Ventajas para el banco. Cobra desde ya. No tiene que esperar al 2020 para recibir el decreto del juzgado que el piso está libre de cargas.

desventajas para usted: empieza a pagar un alquiler… cosa que si esta en moratoria no lo hace. En todo caso cuando llegue el 2020 ya se  vera

Lo que resulta chocante es que las oficinas de vivienda validen las ofertas de los bancos cuando estas tienen trampa. La verdad es que los servicios jurídicos no defienden al ciudadano, hacen por desgracia de meros intermediarios, sin mojarse.

Con este decreto el PPsoe se rie de la jurisprudencia europea reciente

Con este decreto del PP pactado con el PSOE y bendecido por Ciu y PNV le gira la espalda a toda la jurisprudencia europea que sentencia que con la suspensión cautelar de la mayoría de cláusulas abusivas, como la del vencimiento anticipado, los procesos de ejecución hipotecaria nunca tendrían que haber existido y por lo tanto las familias hubieran tenido que conservar la titularidad de la propiedad.

Por eso, con otras entidades sociales, plataformas antidesahucio y algunas PAH reivindicamos:

  • Que los que están en alquiler en las viviendas ilegalmente ejecutadas puedan recuperarlas.
  • Que las deudas hipotecarias se adecuen al valor actualizado de la garantía. Que este valor se relacione con lo pagado y se faciliten cuotas en relación a las rentas familiares.
  • Que se cumpla la legislación y jurisprudencia europea.
  • Que los responsables de la estafa financiero hipotecaria rindan cuentas ante la justicia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – FIN – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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– – – – – – – – – – – – – – – MÁS DOCUMENTACIÓN SOBRE MORATORIA – – – – – – – – – – – – – – –

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Artículo 2. Acreditación de las condiciones para acogerse a la moratoria de lanzamiento por unidad familiar con especial vulnerabilidad

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

  1. Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
  2. Últimas tres nóminas percibidas.
  3. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  4. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
  5. En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

  1. Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de esta Ley.

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