Las multas policiales quieren desalentar la resistencia ciudadana pacífica contra la violencia inmobiliaria

La ‘ley mordaza’, más utilizada que nunca al cumplir cinco años – EL PAÍS

El pasado 5 de octubre en un desahucio en el distrito de la Esquerra del Eixample de Barcelona los Mossos identificaron un total de 30 personas y los últimos días todas ellas han recibido notificaciones por multas administrativas de 601 euros impuestas por la policía catalana en uso de la Ley Mordaza del PP. La denuncia que impone la multa es por desobediencia a la autoridad en aplicación del controvertido artículo 36.6 de la – Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana– aprobada con los votos mayoritarios de PP y PSOE:

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

La sanción administrativa impuesta a criterio de los agentes de la autoridad puede ir de 601 a 30.000 euros. Se puede recurrir pero primero pagas. Para saltarse el confinamiento o ir a la segunda residencia se han impuesto multas de 601 a 2.000 euros haciendo uso del mismo artículo. Esta ley fue recorrida por los grupos de la oposición en aquel año -2015- por inconstitucional. El Supremo y el Constitucional aún no se han pronunciado después de 5 años por desacuerdos graves entre magistrados en artículos muy polémicos como este. El actual Gobierno llevaba la modificación de la ley en su programa pero nada se ha movido hasta el punto de que el Ministro del Interior español ha dicho que la ley se puede modificar pero no este polémico artículo por el que se castiga la solidaridad con los desahuciados de sus viviendas o la insolidaridad de determinadas personas en el confinamiento pandémico.

dades oferides pel Ministerio deñ Interior publicades com gràfic per El País.
datos ofrecidos por el Ministerio del Interior publicadas como gráfico para El País.

Desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo se han impuesto un total de 1.089.197 propuestas de sanción y detenidas 6.061 personas por rehuir el confinamiento y por razones como la de los desahucios. El Defensor del Pueblo hace años que lleva argumentando la necesidad de culminar la reforma de esta ley represiva sin semejanza en países cercanos. Esto es seguramente lo que impulsó a Amnistía Internacional a presentar más de 140.000 firmas en el Congreso de los Diputados para reclamar la derogación de esta ley, la ley mordaza, de la que dos artículos entre ellos el 36.6 suponen el 70% de las multas : RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

Y da la casualidad que, en Cataluña, los Mossos y las policías locales han impuesto un total de 141.382 multas en sólo las 10 semanas posteriores a la entrada en vigor del estado de alarma. La cuarta comunidad autónoma en número de multas. Las multas policiales quieren desalentar la resistencia ciudadana pacífica contra la violencia inmobiliaria especialmente de los colectivos en defensa del derecho a la vivienda digna como el nuestro basados en la valentía de personas que quieren evitar que la Justicia imponga los intereses de la propiedad por encima de cualquier consideración de derechos humanos o civiles.

Así pues vemos una involución represiva del Estado español con un papel clave del Ministerio del Interior y otras veces de la misma Justicia que es contradictoria con el supuesto gobierno de izquierdas que gobierna en Madrid. Pero también vemos esta contradicción entre el Departamento de Interior de la Generalitat dirigido por la Convergencia de siempre – CDC -y muchas de las leyes aprobadas en el Parlamento catalán sobre el derecho a la vivienda con los votos de ese partido actualizado a PDEcat. Leyes que tampoco detienen la creciente violencia inmobiliaria contra las clases populares como muestran las estadísticas que ha denunciado nuestra entidad.

El discurso oficial de la unidad ciudadana frente a la guerra contra la pandemia hace aguas con estas cifras represivas en un Estado que no garantiza las mínimas condiciones de vida digna con una sanidad pública desmantelada, sin un parque de vivienda pública ni social digno de su nombre ni siquiera se garantiza el derecho a un trabajo y un salario digno. Por lo tanto, vemos que la acción de Parlamentos y Gobiernos, representantes de la supuesta soberanía popular, muestran una falta real de poder para garantizar aquellos derechos que transmuta a represión y multas administrativas contra la ciudadanía organizada que pone de manifiesto estas contradicciones insolubles. Hay en España un «Estado profundo» al margen de la soberanía popular que no rinde cuentas más allá de las instituciones europeas, los poderes financieros y fácticos. El alcance del cataclismo social y económico provocado con la pandemia está girando el control intimidatorio en las calles y en descabezar la disidencia aún muy minoritaria en espera de estallidos populares masivos que desbordarían las calles y fábricas.

La situación revela así elementos de un final de época de desconcierto en la estrategia y en las propuestas políticas de los movimientos sociales y políticos por los derechos ciudadanos que no permiten vislumbrar una unidad política más allá de la denuncia simbólica de las injusticias sociales. Una muestra de ello es, por un lado, la contundencia que muestra la policía catalana últimamente en los desahucios, las multas impuestas, y la debilidad estructural de la respuesta más allá de la curiosa fraseología bélica de «ZONA de GUERRA» del movimiento de la vivienda de Cataluña. Y por otro lado, la adhesión entusiasta que se hace de las tímidas leyes catalanas de los últimos tiempos que ni siquiera han parado la violencia inmobiliaria estructural como muestra el apoyo a la Ley de Medidas de contención de las rentas de alquiler – regulación – que ha fracasado como tal política en toda Europa. O la desorientación que provocan las campañas para expulsar de nuestras calles a los fondos buitres espoleados por dinero gratuito de los Bancos Centrales al tiempo se les legitima con las estrategias de la negociación colectiva sindical que llevan a una mesa de «negociación con los buitres amb els voltors» al margen de leyes degradadas y políticas inmobiliarias fiscales injustas que agravan la deuda pública en manos de los bancos privados.

Nuestra entidad lleva 10 años parando desahucios sin que se vea el final del túnel ni capacidad para unir el movimiento de la vivienda en estrategias y metas a medio y largo plazo. Conocemos qué enemigos tenemos delante. Entendemos que no todas las administraciones son iguales. Y pedimos no ser instrumentalizados por estrategias de movimientos políticos ni liderazgos que son carreras profesionales en la política. No entraremos en la táctica de zona de guerra poniendo en peligro nuestra gente más allá de lo necesario si no hay una estrategia política y organizativa por la que vale la pena jugarse la piel. Y cuando toque lo haremos y lo hemos hecho cuando tocaba.

Asociación por el Alquiler Público y Asequible – 500×20 –

Publicado el 2020-11-14

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