PAH-madrid-Dossier entregado en la sede del PSOE: Crisis financiera, estafa hipotecaria, vivienda, alquileres y derechos ciudadanos. Todo pendiente.

DOCUMENTO ENTREGADO EN LA SEDE DEL PSOE: DOSSIER PEDRO SANCHEZ.

2019-02-07 concentración PAH Madrid en sede PSOE




¿que hacer si no me quieren renovar el alquiler social después de una ejecución hipotecaria irregular o la dación?

En 2007 cuando aún el ministro de Economía Solbes ,del gabinete de Zapatero, se jactaba de su autodenominado “círculo virtuoso de crecimiento” de la economía española se inició una oleada de ejecuciones hipotecarias hasta sumar 758.061 en 2018 (*1). Bajo la apariencia de una subida de tipos de interés supuestamente obligada por la economía recalentada en nuestro país miles de hogares se vieron arrastrados a impagos de la hipoteca por cuotas inasumibles. Hacía el 2012 la banca española había acumulado suelo edificable por millones de m2 y cerca de 1,5 millones de viviendas entre particulares y promotores. El plan – un golpe de estado financiero maquinado entre el Banco Central Europeo y la gran patronal bancaria – había resultado un éxito.

Esos créditos hipotecarios ejecutados por la Banca española fueron creados de la nada: La Banca nunca prestó su capital ni los depósitos de clientes. Creó un activo en su cuenta y un pasivo en el banco del vendedor (que a su vez era activo del vendedor). Cada ejecución hipotecaria era un enorme negocio: la banca sin prestar nada obtenía una vivienda mientras que el deudor perdía el capital inicial invertido, las amortizaciones, los intereses y su proyecto de vida. Injusto o no esa es la operativa que les permite a esos prestamistas privados que manejan la infernal maquinaria que hay detrás de la creación monetaria bancaria moderna.

En 2013 los activos inmobiliarios saqueados por la Banca española sumaban más de 280.000 millones de euros según FUNCAS (*2). Durante el camino hasta hoy conocemos los casos de la venta de + 100.000 hipotecas de Caixa de Catalunya al Fondo de Titulización FTA 2015 que compró Blackstone. Las familias afectadas conocieron los métodos de extorsión del <servicer> Anticipa que hoy es un ejemplo que se ha generalizado a todas las compañías que compran esos activos a la banca española ( préstamos improductivos – en mora con hipotecas asociadas).

Todas las operaciones de venta de activos de la banca española, desde créditos al consumo, hipotecas impagadas y viviendas, se ha realizado con empresas afincadas en paraísos fiscales como Luxemburgo donde tienen sede muchas de las que operan en nuestro país: Axactor, Blackstone, Cerberus, Lindorff… En el mismo estudio de J.G. Montalvo para Funcas citado en -*2- la Banca española ponía en venta préstamos NPL (non performing loans) y activos adjudicados (REO) por valor de 190.000 millones a finales del 2017. Hoy hay miles de familias cuyos préstamos han sido vendidos sin las garantías adecuadas del derecho de retracto de créditos litigiosos del artículo 1535 del Código Civil.

Los procesos de ejecución hipotecaria y el fin del contrato de alquiler social posterior

Las familias desesperadas hacían frente a procesos de ejecución hipotecaria sin ninguna garantía con unos abogados que prácticamente desconocían los vericuetos procesales o directamente en el turno de oficio hacían dejación de sus funciones como defensores de su cliente recomendando la entrega de llaves. Después del caso Aziz la situación dio un vuelco con la intervención del Tribunal de Justicia europeo – TJUE- aplicando la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Finalmente el pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas.

Con la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo se recogía por fin la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una larga historia de litigios en los tribunales… cosa que explicamos muy bien aquí >>> La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas.

Aún así, posteriormente muchos de los procesos de ejecución hipotecaria fueron sentenciados sin que los jueces cumplieran con su obligación de revisar de oficio las cláusulas abusivas en un acto de ignorancia profesional o peor aún de prevaricación. Esos hogares también tendrán derecho a reclamar en los tribunales que se haga justicia.

Una parte importante de estos hipotecados que perdieron la posesión de su vivienda en procesos irregulares negociaron con sus bancos contratos de alquiler, algunos a precios sociales, por 5 años. Muchos de ellos hoy están acabando y los hogares vuelven a sufrir un nuevo trauma porque la mayoría de ellos no pueden hacer frente a los incrementos desorbitados de precios o directamente los nuevos propietarios, grandes tenedores de viviendas, se niegan a renovar el contrato.

Dos injusticias que se superponen en el tiempo pero hoy podemos defendernos de un posible desahucio de alquiler usando las herramientas jurídicas que nos dio aquella sentencia del TS y dar una batalla por la que fue nuestra vivienda y por lo tanto paralizar el desahucio de alquiler. Aunque la experiencia es corta porque estos nuevos casos se están produciendo actualmente a la finalización de los contratos de alquiler podemos decir que los que tenemos en mano prácticamente estań todos paralizados. Si está afectado por un caso así no dude en ponerse en contacto con nosotros al tiempo que le dejamos el enlace a nuestro portal del inquilino:

Cómo es lógico no explicamos los pormenores jurídicos para defender a nuestra gente para no dar pistas a los abogados de la Banca. Si es un afectado y necesita asesoramiento o es un abogado y necesitan fundamentos de derecho para oponerse al desahucio de su defendido no dude en contactarnos a través del formulario anterior.

La dación en pago y el fin del contrato de alquiler social posterior

Los que pensaron que eran más avispados entregaron su vivienda en forma de dación en pago – recomendación que aún persiste en la PAH- y con suerte se quedaron sin deuda o con la famosa mochila. La dación en pago era y es un acuerdo extrajudicial de usted – sin intervención de la Justicia y por lo tanto privado- con el banco para entregarle la vivienda, todos los ahorros que puso en ella, más los intereses y la amortización que realizaron y un largo etcétera. Además seguramente en el documento que firmó con el banco debe haber una cláusula donde usted acepta que nunca más litigará contra el banco con posterioridad a esa firma y la entrega de su vivienda a cambio de un alquiler social.

Esa era y es la solución que propone la dirección de la PAH y que usted misma ve hoy que es un fracaso porqué va a quedarse sin vivienda y nadie le quiere hacer un contrato. Entregar la vivienda al banco sin defenderse judicialmente no es una VICTORIA, fue una DERROTA. Hoy lo sabe. Pero aún así le decimos que podemos ayudarle en este momento angustioso en que se le acaba el contrato de alquiler social. Si está afectado por un caso así no dude en ponerse en contacto con nosotros al tiempo que le dejamos el enlace a nuestro portal del inquilino:


NOTAS A PIE DE PÁGINA

  1. ejecuciones hipotecarias 2007-2018 CGPJ – consejo general poder judicial- AQUÍ y AQUÍ – 758.061 viviendas.
  2. FUNCAS, Nuevas coberturas y normas contables: efectos sobre los activos problemáticos de la banca española / José García Montalvo.

 




sobre la propuesta de concentración en las sedes del PSOE para reclamar la “regulación de alquileres”

Nuestra entidad – Associació pel Lloguer Públic i Assequible , 500×20 – que es entidad fundacional del Sindicat de Llogateres de Barcelona recibimos el viernes por la noche una invitación formal a participar de una concentración delante de las sedes del PSOE con el objetivo final de:

  1. Rechazamos la votación del real decreto del martes de la semana que viene.
  2. Queremos un nuevo decreto que incluya la regulación de alquileres, así como el resto de demandas mencionadas más arriba
  3. Convocamos una concentración para el lunes 21 a las 18h. ante la sede central del PSC (calle Pallars, 191, Barcelona).

Sin entrar a valorar aún la propuesta queremos decir que pedimos desde hace tiempo la constitución definitiva del “Consell d’Entitats” del Sindicat en Barcelona como un órgano consultivo de ciudad que hubiera permitido que esta movilización hubiera surgido con el máximo consenso en la diversidad de visiones que la hubieran enriquecido mucho más.

Creemos que la precipitación no es buena consejera y no nos gusta tomar decisiones precipitadas cuando lo que hay en juego es el sufrimiento de varios miles de hogares de Barcelona. La convocatoria tan cercana nos ha dejado sin margen para mejorarla “añadiendo nuestra propia voz“. Y la tenemos. Precisamente, hace unos días, nuestra entidad tomó posición sobre como pinchar la burbuja del alquiler y la publicaremos porqué queremos compartir nuestro bagaje de más de una década de lucha haciendo frente a la burbuja del alquiler.

Con estos preliminares nuestra respuesta a los 3 puntos son:

  1. Nos sumamos al rechazo de ese Real Decreto pues nos retrotrae a la LAU anterior a la del 2013 que era tan lesiva como el desahucio express aprobado en tiempos de Chacón y Zapatero, y que en algunos casos, los de mesas de emergencia, ha producido que les entidades financieras no quieran llevar a cabo los acuerdos alcanzados sobre alquileres sociales.
  2. En el segundo punto, aunque compartimos muchas la principal reivindicación, la que lo resume todo, estamos en desacuerdo. El Real Decreto que nosotros queremos requeriría:
    • la CONGELACIÓN DE ALQUILERES, la PRÓRROGA FORZOSA y UN CONTRATO PÚBLICO ÚNICO de alquiler gestionado por las Oficinas de vivienda
    • justícia fiscal! DESGRAVACIÓN FISCAL A TODOS LOS INQUILINOS por ELIMINACIÓN de todas las DESGRAVACIONES FISCALES DE LOS PROPIETARIOS junto a otras medidas que hemos ido publicando.

    Sin un parque de vivienda pública de alquiler, digno de ese nombre, a lo que se suma la precarización salarial y la emergencia habitacional … la suspensión temporal del incremento de las rentas de alquiler -congelación – pararía en seco la burbuja y «regularía» los alquileres con desgravaciones a todos los inquilinos con los ingresos tomados de la eliminación de la elusión fiscal de los rentistas. El derecho a la vivienda frente al capitalismo financiero imperante exige medidas contundentes que requieren grandes movilizaciones unitarias consensuadas.

  3. La convocatoria de concentración delante de la sede del PSC se debería haber consensuado previamente, con ánimo unitario, con la multitud de entidades que hoy trabajamos en la ciudad y área metropolitana con el ejemplo de la Plataforma ProuDesnonamentsOberts. Creemos que es poco afortunada la forma de escrache y en el punto de mira podríamos haber incluido otros (PP, C’s, PDEcat, etc ) por lo que hubiera resultado tal vez mejor exigir un posicionamiento a todo el Parlament. Tampoco entendemos dejar al margen a los propietarios concentrados en la Cámara de la Propiedad o en la Bolsa de Barcelona donde cotizan los grandes inversores inmobiliarios. Finalmente en este punto, creemos que los medios de comunicación pueden ver en ese escrache maniobras preelectorales en las cuales no queremos colaborar si no es frente a todos los partidos y no sólo uno.

Sabiendo que la lucha será larga, muy larga, porqué tenemos un poderoso enemigo delante pediremos un poco más de destreza unitaria en los objetivos y en la táctica para futuras movilizaciones para conseguir un marco adecuado “en la diversidad” para que todas las organizaciones nos veamos representadas. Para ello necesitamos un marco estable que nos permita el debate de manera organizada sin precipitaciones.




Nuestras medidas para pinchar la burbuja del alquiler y asegurar el derecho a la vivienda del inquilinato

En los primeros días de enero nuestra entidad, La Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500×20, hemos realizado una asamblea para analizar y tomar postura sobre qué medidas había que tomar ante los precios abusivos de los alquileres que precisamente sufren los sectores de la población con más dificultades económicas.

Hemos descartado “la regulación de precios medios del mercado” porqué eso significa REGULAR POR LEY LA BURBUJA INMOBILIARIA dando carta de legitimidad a precios abusivos por mucho que adornen la medida. Tampoco ha funcionado en ningún país ni ciudad a pesar de que comunicamente domina el discurso hoy. Sólo hace falta mirar los medios de comunicación internacionales para observar que la burbuja se extiende por todo el planeta empujada por los excesos de liquidez inducida por los bancos centrales. Tampoco la medida debe ser muy lesiva para los intereses de la propiedad cuando la propia CDU de Angela MERKEL, añadió la regulación al programa de su partido para las elecciones alemanas del 2013.

El derecho a la vivienda esta amenazado en todas partes frente a este capitalismo financiero capaz de doblegar ciudades como Berlín donde el precio medio del m2 de vivienda en alquiler ha pasado de 7€ en 2007 a 30€ en la actualidad.

Nosotros proponemos medidas que paran en seco la subida –la congelación de alquileres– y la prórroga forzosa que permite a través de un contrato único supervisado por la Administración que los caseros se vean imposibilitados de subir con picarescas los alquileres.

La segunda gran medida tiene a ver con la justicia fiscal. No puede ser que un trabajador por la misma renta pague un 1000% más un rentista profesional junto a todos los trajes a medida del Impuesto de Sociedades que permiten la elusión fiscal de los grandes propietarios y la brutal caída de recaudación de ese impuesto que se ha vuelto irrelevante en los ingresos del Estado. Aparte que la figura fiscal de las SOCIMI, es en realidad una UTE – Unión Temporal de Empresas- en la cual siempre hay alguna que redirige los ingresos a paraísos fiscales.

Para ello, proponemos eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores que suponen más de 10.000 millones anuales para que ese dinero se invierta en ayudas fiscales a todos los inquilinos que de rebote permitiría acabar con el fraude.

Todo ello, en un país como el nuestro, donde no existe un parque de vivienda pública que amortigüe precios y donde la picaresca consentida supone que, por ejemplo, un 25% de economía sumergida y el 60% de los contratos de alquiler de la Comunidad de Madrid sean ilegales.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER
JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

 

Estas medidas que exponemos aún se encuentran en fase de borrador pues queremos consensuarlas con otras organizaciones a escala estatal de cara a un programa de reivindicaciones para las elecciones municipales del 2019 y que se añadirían a lo que tenemos elaborado desde el 2015.

  • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
  • Contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más.
  • Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible…, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros) y con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
  • Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.
  • Municipalización del suelo urbano. el suelo urbano debe ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo-público (sería como un impuesto) y la propia edificación.

Medidas complementarias para hacer efectivas las anteriores

  • La construcción de un parque de alquiler público y asequible por las administraciones como prioridad absoluta en la próxima década.
  • Expropiación de las viviendas vacías de los grandes tenedores para ampliar el parque de alquiler social.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.

 




El fraude de las fianzas de alquiler muestra que la Comunidad de Madrid es colaboradora necesaria – también- en el fraude fiscal

El necesario apagón estadístico sobre el fraude de los caseros de la Comunidad de Madrid

Es curioso la manera en cómo sucesos significativos de la vida diaria de millones de personas son ignorados, por lo tanto, no hay datos, por lo que no existen aunque sucedan. Es sospechoso que la clase política preste tan poca atención a la ausencia de datos estadísticos fiables, exhaustivos, sobre la vivienda que, en la España actual, se ha convertido en “LA INVERSIÓN” por los pingües que ofrece. A no ser que esa clase política sea colaboradora necesaria en ocultar a la población esos beneficios de unos pocos, ellos incluidos, en una comunidad autónoma, y sobre todo en Madrid, capital del Reino, tristemente famosa por el “Tamayazo”. No es una casualidad.

El caso es que el Confidencial ha publicado un buen documento de investigación, del periodista David Fernández, sobre la situación de las fianzas de contratos de alquiler depositadas en la Agencia de Vivienda Social – AVS -de la Comunidad de Madrid y el número total de viviendas en alquiler. Y dice: “No hay una estadística fiable. El INE señala que el 24,3% de los hogares madrileños vive de alquiler, es decir, 623.000 de los 2.564.100 que hay en la comunidad autónoma(*1).

El periodista lo hace a partir de las afirmaciones del diputado José Manuel López de Podemos que no entiende el desfase entre las fianzas depositadas en la AVS y el número de viviendas alquiladas a pesar que los hogares en alquiler se han incrementado en número y en proporción. El diputado señala que no ha habido un aumento de población sino que los hogares son ahora diferentes: “Hay parejas separadas, adultos que conviven temporalmente… lo que implica más necesidad de vivienda para la misma población

En la gráfica anterior se indica que en la Comunidad de Madrid, hay casi 2,9 millones de viviendas del censo del 2011 y que en la Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares del INE del 2017 se habían constituido 2,5 millones de hogares que se corresponden con las viviendas principales, donde esta empadronado la gente. De esos 2,5 millones 622.200 hogares viven de alquiler lo que representa un 24,3% (*2).

La ley obliga a que la fianza que el inquilino entrega al arrendador sea depositada en la Agencia de Vivienda Social (AVS). Según los últimos datos que maneja este organismo a 30 de noviembre de este año la AVS gestionaba 310.461 depósitos vivos, es decir, fianzas cuyos contratos de alquiler están vigentes. Cruzando estos datos con el INE la conclusión es sencilla: 623.000 hogares en alquiler menos 310.461 fianzas depositadas suponen 312.000 (52%) alquileres que en principio no están cumpliendo la ley. Los datos de la AVS incluyen pisos y locales comerciales, los del INE solo viviendas. Como esas fianzas depositadas son sobre locales y viviendas, quiere decir que:

  • en la Comunidad de Madrid, muchos locales, no tienen depositada la fianza.
  • en la Comunidad de Madrid, las viviendas, en situación legal, son muchas menos que 52%. Podríamos estar hablando entorno al 30%.
  • Como las fianzas que si están depositadas de locales y viviendas representan 109,6 millones de euros, el gobierno del Partido Popular renuncia a otros más 150 millones para su cometido legislado: “mientras gestiona ese dinero, la administración debe destinarlos a la promoción pública de viviendas y a obras de rehabilitación y remodelación de las zonas más desprotegidas“.

Para la directora-gerente de la AVS de la Comunidad de Madrid, Isabel PINILLA, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos,que seguramente el 65% de los contratos de alquiler de viviendas y locales no depositen la fianza no es ni fraude ni irregularidad, solo es una falta administrativa. La fianza es una garantía que el inquilino entrega al arrendador para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. El depósito de esta fianza es obligatorio y gratuito. Y debe hacerla el arrendador. Si no lo hace es que se ha quedado la fianza en su bolsillo.

La Comunidad de Madrid realizó 426 inspecciones en 2017, que acabaron en 275 expedientes sancionadores y una recaudación de 116.256 euros. Por el volumen de fianzas fuera de ley se puede concluir que el Gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos no tiene mucho interés en destapar un fraude. Y eso, que saben que el arrendador que oculta la fianza a la administración quiere decir que, también oculta, defrauda a la Hacienda Pública.

¿Qué arrendadores defraudan en las fianzas y seguramente al fisco?

Si ante el fraude que denuncia Podemos en Madrid, la Administración de la derecha madrileña se inhibe quiere decir que hay poderosos intereses detrás. El inmobiliario es hoy de los pocos sectores económicos que muestran un vigor impresionante y unas rentabilidades por las nubes que el mismo Banco de España sitúa en el 11%. Hay mucho fraude en el alquiler, mucho dinero negro denunciado por GESTHA, los inspectores de Hacienda, y por el propio diputado López. Hablamos de muchos millones de euros si consideramos el incremento en el volumen de viviendas en alquiler en Madrid, 98.500 en 5 años, por los precios desorbitados de la burbuja, por las rentabilidades de dos dígitos y por el bien de perseguir el fraude fiscal de una Hacienda pública esquelética. ¿ Cúales son los caseros a los que PP y Ciudadanos no quieren ni investigar ni sancionar?

El rotativo del que analizamos la noticia – El Confidencial – afirma con datos que son los pequeños propietarios donde se condensa el fraude (*3). Dice que las grandes empresas: fondos de inversión, Socimi, grandes inmobiliarias y banca poseen un pequeño porcentaje de viviendas en alquiler y no suelen tener su negocio fuera del marco legal. Les basta con los enormes incentivos fiscales para practicar el llamado “alquiler profesional” (*4).

España es un país de muchos “pequeños propietarios que no de proletarios” como impuso el franquismo en 1959 y que explicamos muy bien nosotros en este reciente artículo: El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español. La sociedad de los propietarios iniciada en el franquismo y alimentada por el régimen del 78 ha creado una enorme base de pequeños propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Esos son los arrendadores que no quieren vigilar el PP ni Ciudadanos, con la vista gorda del PSOE, es el voto cautivo castizo que les ha mantenido en el poder desde el 2003 con el tamayazo. Como reconoce GHESTA en las grandes ciudades hay muchas sociedades patrimoniales, familiares, de uno a varios millones de euros. Los datos revelan que en Madrid los arrendadores practican el fraude en las fianzas y al fisco.

Poner orden legal y fiscal en el agujero negro de los arrendadores de viviendas y locales en la Comunidad de Madrid

A pesar que España es un paraíso fiscal para los propietarios físicos -IRPF- y jurídicos -Sociedades- de viviendas alquiladas para practicar la elusión fiscal (*5) los datos que hemos mostrado indican que hay mucho trabajo de las inspecciones de las administraciones autonómicas y locales en la capital y en los pueblos madrileños. Pero también hay que poner freno a la enorme burbuja del alquiler que provoca un enorme sufrimiento a más de dos millones de madrileños, que forman parte la mayoría de ellos del precariado.

El arraigo de la injusticia social, la cultura del pelotazo fiscal, de una Ley de Arrendamientos Urbanos totalmente sesgada contra el inquilino pone sobre la mesa de las organizaciones sociales y partidos de izquierda un enorme trabajo de unidad para dar un vuelco a la burbuja del alquiler. Hay que poner “luz y taquígrafos” en ese agujero en que se ha convertido el llamado mercado del alquiler totalmente desregulado. Pero la regulación no puede ser sólo de precios, también fiscal y legislativa. No nos podemos equivocar en el camino escogido porqué el trabajo a desarrollar es muy costoso frente al sector inmobiliario con fuertes intereses nacionales e internacionales económicos y financieros donde están implicados hegde funds, la banca, la titulización de deudas, el BCE etc…

España no posee un parque de vivienda pública y asequible que pueda aproximarlo a medidas que tampoco acaban de funcionar en Europa: la regulación de precios medios sobre las desorbitadas rentas de alquiler actuales sería legalizar por Ley la Burbuja inmobiliaria del alquiler desde el 2002.

Cómo regular una situación así de salvaje? Adelantamos lo que consideramos serían las medidas más lógicas evitando la picaresca de los arrendadores que ha acompañado la implementación de aquellas medidas en los países donde se ha intentado por el método de franjas de precios medios en “zonas tensionadas“. Todas las medidas que explicamos a continuación evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según índices en un mercado libre.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER: JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

  • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Si la Agencia Tributaria suprime las desgravaciones fiscales de los arrendadores (4 millones de caseros) se pueden realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con un 30%. Con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de los arrendadores pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
  • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler o vendiéndolas.

Medidas complementarias para hacer efectivas las anteriores

  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Municipalización del suelo urbano para que deje de formar parte del negocio inmobiliario de las transmisiones patrimoniales y las ventas

Salva TORRES, activista de 500×20


Notas a pie de página.

  1. El Confidencial, El mercado ¿real? del alquiler: 310.461 pisos y locales han legalizado la fianza en Madrid.
  2. Instituto Nacional de Estadística, Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y comunidades autónomas.
  3. El Confidencial, Socimis, promotoras y fondos irrumpen con fuerza en el mercado del alquiler.
  4. prouespeculacio.org, Blackstone: el mito de las socimis y la concentración de la propiedad inmobiliaria en España.
  5. wikipedia, elusión fiscal: es cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos…

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España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas

La rentabilidad bruta de la vivienda en alquiler se sitúa hoy en el 11% según el Banco de España pero fue del 23% en 2003

Un trabajador paga un 1000% más de impuestos que el propietario de la vivienda que tiene alquilada

No hay negocio más rentable

La inversión en vivienda se recupera en una década.

Dentro de los negocios legales del capitalismo hoy no hay negocio más rentable que la vivienda. No hay un sólo sector de la economía productiva que ofrezca las ganancias del sector inmobiliario excepto los bancos prestamistas de la financiación de la vivienda que la crean de la nada y encima cobran intereses. Ambos sectores encabezan desde hace tiempo la rentabilidad en la economía de cada vez más países. Este documento muestra que los dos pilares sobre los que descansa esa rentabilidad son el sistema fiscal y las leyes que protegen a los que más tienen. La Agencia Tributaria española exprime al trabajador hasta la última gota mientras aparca en un paraíso fiscal a los rentistas.

La rentabilidad de la vivienda en alquiler se ha basado en tres medidas conscientes de las élites del régimen del 78 aplicadas en los últimos 50 años:

  • la liberalización absoluta del mercado del alquiler con reformas que han reducido a cero la capacidad del inquilino para defenderse. Véase el apoyo de todos los partidos del régimen a la LAU y sus continuadas reformas para recortar los derechos del inquilinato.
  • el apoyo absoluto a la sociedad de los propietarios. Desde que en 1959, el ministro franquista de la vivienda José Luis ARRESE dijo: QUEREMOS UN PAÍS DE PROPIETARIOS QUE NO DE PROLETARIOS, esa política de la dictadura ha marcado las medidas que izquierda y derecha han implementado hasta la actualidad. En la década prodigiosa (1998-2008) se constituyeron 11 millones de hipotecas que espolearon el precio de la vivienda hasta un 200%. Los hogares con la vivienda en propiedad llegaron al máximo histórico mientras el mercado del alquiler en 2006 adelgazaba hasta el 9,9% (*1). El círculo virtuoso de crecimiento de Aznar, Zapatero y Solbes se basó en una doble burbuja hipotecaria y del alquiler, y esta última alcanzó la máxima rentabilidad de la historia: 23% en el 2002 como indica la gráfica siguiente.
  • la tercera medida ha sido y es el enorme esfuerzo presupuestario para políticas de vivienda del Estado durante más de una década para engordar la burbuja inmobiliaria. Nos atrevemos a decir que España es uno de los países que proporcionalmente más dinero ha gastado en vivienda. Pero no eran políticas para un parque de vivienda pública, que se redujo a mínimos, sino para crear una lluvia de dinero hacía los actores privados (banca, promotores, etc). Uno de los capítulos de mayor esfuerzo inversor estatal para engrasar la máquina de crecimiento fueron las desgravaciones fiscales a la vivienda en propiedad: 77.560 millones en tres décadas (*2) ¡Una locura! Igualmente hay que destacar las ayudas a la promoción de VPO – vivienda de protección oficial- incubadora de la sociedad de los propietarios y las ayudas a los promotores de VPO en alquiler que en el sumun llegaron a 12.000 € por piso.
  • O sea, el dinero público para la iniciativa privada en construcción y fomento del alquiler era la otra cara de la moneda: dejación de políticas públicas.

Por qué el estado español ha seguido ese modelo económico?

  • La sociedad de los propietarios iniciada en el franquismo y alimentada por el régimen del 78 ha creado una enorme base de pequeños propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Ha sido el esfuerzo presupuestario del Estado español durante 60 años el que ha creado esa acumulación primitiva de capital de la sociedad de los propietarios renunciando a un parque público de alquiler. Aunque la clase trabajadora de este país ha olvidado la revolución del 36 no ha sido así para esas élites que llevan 60 años contrabalanceando su miedo al populacho.
  • Con la entrada en la Unión europea, las políticas neoliberales de financierización de la vivienda casaron como anillo al dedo con la política franquista de la sociedad de los propietarios: el volumen de inversión desbocada en vivienda y infraestructuras, el llamado circuito secundario de acumulación capitalista, ha sido superior a cualquier otro de los países desarrollados. Ese circuito secundario de acumulación ha continuado teniendo un papel fundamental en las políticas anticíclicas del BCE y BdE para afrontar la crisis del 2007 y la caída del sector industrial.
  • Conservar ese substrato social cautivo sumado a la creciente presencia de los grandes inversores en el alquiler de viviendas (banca, socimis, etc) exige un creciente presupuesto. Con la crisis del 2007 se suprimen las costosas desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, pero el Estado español, continuará realizando su mayor esfuerzo presupuestario en vivienda subvencionando a los propietarios -caseros- a través del sistema fiscal.
  • Las subvenciones fiscales a los propietarios – exenciones y desgravaciones – sostenemos que superan los 10.000 millones anuales sumando las del IRPF y las del Impuesto de Sociedades. La Hacienda Pública regala cada año más y más dinero a los propietarios-rentistas- en la medida que crecen y crecen los hogares que viven en viviendas de alquiler que se acercan ya a los 4 millones. El crecimiento estatal de los hogares en alquiler hasta el 18% es consecuencia de la expulsión de la sociedad de los propietarios de amplias franjas de la población precaria que no tienen ya perfil financiero solvente. Dicho de otra manera, el Estado español renuncia desde hace décadas a miles de millones para supuestamente incentivar el mercado de alquiler y abaratarlo. Aunque el objetivo presupuestario de esa clase de fomento del alquiler ha sido un fracaso estrepitoso en realidad ha sido un éxito político y electoral de los partidos constitucionales.
  • Todo esto se resume en la disparatada diferencia de la tributación fiscal de las rentas del trabajo y las rentas del alquiler que declaran los propietarios caseros pues los trabajadores pagan 10 veces más, o sea, un 1000% más. El precariado es el más perjudicado tanto por pagar más impuestos como por ser exprimido por el propietario-casero, sea cual sea su condición. Al perro flaco todo son pulgas. Eso demuestra que vivimos en un país profundamente clasista, que no ha dejado atrás la herencia franquista, porque los que no trabajan, los rentistas, pagan menos impuestos o ninguno como la Iglesia católica.

¿que queremos demostrar en este documento?

  • que España ES UN PARAÍSO FISCAL para los propietarios de viviendas alquiladas. Es un “paraíso” porqué el sistema impositivo que grava sus ganancias no tiene parangón con ninguna otra renta, cosa que hemos demostrado muy bien AQUÍ>>.
  • que las rentas salariales, las que crean riqueza, están castigadas fiscalmente frente a las rentas del alquiler, de la propiedad. Los gobiernos justifican no gravar fiscalmente a las grandes empresas por el miedo que trasladen la fabricación a otro país y dejen a la gente en el paro. Pero justamente eso no ocurre con las viviendas, son bienes raíces, están atadas al suelo. Porqué a nadie se le ha ocurrido en 60 años plantear este debate: cargar de impuestos las rentas del alquiler, que paguen más fiscalidad que las rentas del trabajo para la acumulación primitiva de un parque público de alquiler.
  • Qué esa realidad es asumida por todo el mundo, en toda Europa, con la más absoluta normalidad como si se tratará de lo usual, de la vida misma. Hoy nuestros conciudadanos ni siquiera son conscientes, están idiotizados, no hay crítica, absoluta ignorancia.¿ por qué los sindicatos de inquilinos no se centren en la guerra fiscal contra la doble injusticia que sufrimos como trabajadores y como inquilinos.? ¿por qué no se olvidan del control de precios de ese mercado cautivo de los propietarios’
  • que los aumentos desmesurados de las rentas se pueden parar con la congelación durante 5 años de todos los alquileres, con la supresión de las desgravaciones y exenciones fiscales a los propietarios – que paguen más que los que sudamos trabajando – y que con el dinero obtenido de esa fiscalidad justa subvencionar todos los hogares en alquiler en función de su renta para regular su precio. Sumado a eso el castigo fiscal a las viviendas vacías y a las ventas para especular… etc …. Lo explicamos muy bien aquí>>>
  • que el control de precios del mercado de alquiler no es una buena estrategia. Desde hace tiempo avisamos que era una maniobra de distracción respecto de la batalla principal que es la derogación de la LAU y sobre todo la batalla por una fiscalidad justa: que los caseros tributen, al menos, con las mismas bases de cotización que los que nos ganamos el pan con el sudor. Esta semana un artículo de prensa confirmaba nuestras sospechas: que el control de precios -por topes- ha fracasado en París y Berlín y que esa estrategia era la de Merkel y Macron aunque aquí sea defendida por la izquierda institucional.
  • Qué hemos explicado mejor que nadie que las élites financieras están dando una batalla por la concentración de la propiedad con apoyo de los bancos centrales. Que las Socimi son el ejemplo de esa concentración de poder en los caseros y como el poder legislativo ha ayudado a ello. Pero prevenimos respecto de aquellos que de manera izquierdista ponen la culpabilidad de todos los males en las SOCIMI, como si por el hecho que no existieran el problema de los abusos del alquiler se solucionaran. Si esa estrategia CONTRA LAS SOCIMI es para esconder o distraer LA LUCHA POR UNA REFORMA FISCAL JUSTA CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS entonces no estaremos en la misma lucha.

¿Cómo rentabilizan los propietarios la vivienda de alquiler?

Los propietarios de viviendas en alquiler rentabilizan su inversión porqué cobran un precio de alquiler, muchas veces desmesurado, porque tienen enormes desgravaciones fiscales y muchas veces estafan en las exenciones fiscales, porque también amortizan la vivienda fiscalmente (la puede amortizar indefinidamente) y porqué además de haber cobrado todo eso, además, puede recuperar la inversión con plusvalías sencillamente vendiendo la vivienda. En otras palabras entre todos los españoles y el inquilino le amortizamos la vivienda varias veces. No existe ningún otro negocio que eso ocurra! Las viviendas de Barcelona que se alquilan tienen de media 72 años de existencia. Eso quiere decir que si siempre han estado alquiladas han sido amortizadas siguiendo la rentabilidad del Banco de España como mínimo 3 veces.

Esta simulación del gráfico la hemos hecho sobre un propietario físico, no jurídico, porque la fiscalidad del IRPF es menos compleja que en Impuesto de Sociedades -IS-. Pero las ventajas fiscales en un u otro régimen son similares aunque en el IS depende de la pericia del gestor fiscal para eludir pagar más impuestos. Independientemente del gravamen fiscal el gráfico anterior muestra a las claras que es el Estado – 50.000 euros- el que realiza una buena parte del esfuerzo inversor para crear el patrimonio inmobiliario de la persona A. Lo hemos calculado teniendo en cuanta los resultados del simulador de la AEAT explicados aquí>>>.

Si el Estado español cobrará todo dinero, que sería más legitimo que regalarlo, para crear un parque público de vivienda asequible con derecho a uso indefinido ¿se imaginan la cantidad de problemas hipotecarios y desahucios de alquiler que nos hubiéramos ahorrado en estos 50 años?

Agencia Tributaria

Las rentas del trabajo exprimidas frente a las rentas del alquiler

El paraíso fiscal del que gozan los propietarios de viviendas alquiladas debe necesariamente tener su reflejo en los dos principales impuestos que gravan las ganancias: el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

Analizando el Impuesto del Rendimiento de las personas Físicas- IRPF – se observa en la imagen que los datos relativos a los ingresos de los rendimientos del trabajo, los mobiliarios (capital, acciones y derechos) y las rentas provenientes de inmuebles arrendados entran en diferentes apartados pero no suman igual:

Cada uno tiene un tratamiento fiscal distinto!

¿Por qué? Como observamos, son las rentas del trabajo las más castigadas fiscalmente frente a las del capital en el TIPO IMPOSITIVO.

– GRÁFICO 1 –

Por ejemplo. siguiendo la tabla adjunta se ve como una renta del trabajo 38.000 euros amarillo – llega a pagar hasta un 37% en el último tramo mientras que las rentas del capital – naranja– sólo lo hacen sobre un 21%. Traducido significa que un trabajador que cobra 38.000€ pagará por la mitad de su salario el 30% de IRPF mientras que un accionista de una SOCIMI que cobra los mismos dividendos anuales – 38.000€- sólo tributa por un 21% de media

Un capítulo aparte lo son las rentas del alquilerazul -que aunque suman con las rentas del trabajo llegan a la BASE IMPONIBLE GENERAL ADELGAZADAS entre un 65 a 75%, o sea, sólo pagan por entre un 25 a 35% de lo que cobran por alquileres gracias a que el sistema PADRE introduce los alquileres en un epígrafe diferenciado que luego suma ya adelgazado a la BASE LIQUIDABLE GENERAL.

Para entender mejor la mecánica de estas explicaciones ver esta entrada>>>> desvelamos la verdad! los salarios pagan un 1.000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler>>>

La conclusión es bien clara: Sería de justicia que las rentas del capital y de los alquileres pagaran más que el TIPO GENERAL de las rentas del trabajo. Siempre fue así durante la época dorada del capitalismo. Sería de justicia que los impuestos fueran progresivos, de manera, que quién más tiene más paga. La doctrina neoliberal que han abrazado todas las clases pudientes y sus técnicos dirigentes ha modificado el esquema tributario, poco a poco, hasta esta injusticia actual donde quién trabaja- asalariado o empresario o autónomo- paga mucho más que los rentistas. La ley del Impuesto sobre las Personas Físicas -IRPF- y su Reglamento ha sido manipulado a lo largo de décadas para beneficiar las declaraciones de renta de los propietarios. Durante las últimas décadas casi todos los partidos y sus diputados del régimen del 78 tenían bien claro a quién beneficiar, a quién representaban, y ahí no había grandes diferencias ideológicas a la hora de que los de abajo pagaban la fiesta.

Cada una de estas figuras impositivas ha sido legislada por el Parlamento español, con negociaciones, en paralelo con los principales lobbys que representan esas figuras. Son trajes a medida para “la elusión fIscal” de cada una de las franjas de inversores en activos inmobiliarios. Todos los regímenes fiscales tienen una fiscalidad mucho más reducida o casi nula respecto de las rentas del trabajo

El coladero del Impuesto sobre Sociedades

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades -TRLIS – tiene suficientes agujeros interpretativos y una normativa bien enrevesada para que sea común ver anuncios de gestores fiscales que aseguran conocer los vericuetos de como pagar menos (*3). De hecho, en el Impuesto de Sociedades – IS – el tipo máximo es del 25% pero en la práctica las exenciones y bonificaciones fiscales hacen que el tipo efectivo llega a reducirse como dicen algunos expertos hasta el 3 o 4% real. Al igual, que en el IRPF, el IS contempla figuras impositivas muy especiales para el arrendamiento de viviendas que confirman nuestras afirmaciones que los últimos decenios ha habido una contrarevolución fiscal a favor de las rentas altas. En internet el debate sobre esta “elusión fiscal” es apasionado con testimonios confrontados pero hay un dato evidente: la recaudación del IS se ha vuelto irrelevante como muestra el gráfico 2. Por eso, el continuado adelgazamiento de la recaudación del IS de la gráfica siguiente -2- muestra a las claras que este impuesto es un gruyere:

– GRÁFICO 2 –

Cuatro son las figuras impositivas en el Impuesto de Sociedades que permite a los asesores fiscales alardear de ahorrarse mucho dinero y pagar el mínimo:

    1. Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). De ellas ya hemos hablado aquí en el 2009 >>>. Básicamente están exentas de pagar el -IS- y tienen bonificación del 95 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados (ITPAJD).
      • Régimen Fiscal. La sociedad  SOCIMI  tributará por regla general al tipo del 0%, o sea, no se tributa por el Impuesto de Sociedades. Si que se tributara como IS cuando alguno de  los socios cumpla los requisitos siguientes:
        • que ostenten una participación de al menos el 5% sobre el capital social, y
        • que tributen a un tipo inferior al 10 % por los dividendos que perciban
      • Cuando se reparten dividendos a las personas físicas se imputan como rentas del capital que tributan 19% por los primeros 6.000 euros y el 21% por el exceso (ver gráfico 1 – rentas del capital – color naranja). Así pues, la fiscalidad se concentra en el partícipe o accionista, en el momento de percibir el 80% del beneficio vía dividendo. (*4)
      • Cuando se reparten dividendos a las personas jurídicas se imputan en el IS con un gravamen general del 25% máximo
      • Cuando se reparten dividendos a personas jurídicas NO RESIDENTES – habrá que atender a la normativa comunitaria, y en particular a la Directiva 90/435/CEE, ya que por regla general las entidades de la Unión Europea que ostenten una participación superior al 10% sobre una SOCIMI estarán libres de tributación por los dividendos en España.
      • No hay exención por doble imposición.
    2. Sociedades -SII- y Fondos de Inversión Inmobiliaria – FII-. Los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (FIM) son instituciones de inversión colectiva, osea, entidades de capital riesgo (*5). Se pueden comprar participaciones o acciones en fondos que invierten directamente en inmuebles o en aquellos que lo hacen indirectamente. Son famosos Blackrock y Blackstone por sus inversiones masivas en España y los bancos españoles ofrecen toda clase de inversiones. (*6). Muchos operan desde paraísos fiscales.
      • Régimen Fiscal. Tributan al 1% en el impuesto de Sociedades pero los dividendos obtenidos no tributan hasta que no se vende la participación en el fondo y en ese caso al accionista se le aplica escala gravamen del capital – ver gráfico 1- . Dicho de otra manera, los socios no pagan impuestos hasta que no venden sus participaciones. Esta estratagema fiscal haciendo una comparación con un trabajador sería que el trabajador no pagaría el IRPF hasta que se jubilara. Esto tendría una enorme ventaja pues durante toda su vida laboral podría acumular el capital de los impuestos, invertirlo y al final no perdería dinero.
    3. Sociedades patrimoniales. Han adquirido fama estas sociedades por los pasados y recientes “escándalos” patrimoniales de la familia Aznar,  el ex-ministro Màxim Huerta o el reciente Pedro Duque – ministro de P.Sanchez-. Aunque la figura patrimonial dedicada al arrendamiento difiere de estas. En concreto es necesario tener como mínimo 8 viviendas arrendadas. Los requisitos y régimen tributario de estas sociedades se puede consultar aquí pero principalmente el 55% del negocio debe venir del arrendamiento de viviendas y por ello, se considera necesario tener un trabajador a tiempo completo para la tarea.(*7).
      • Régimen fiscal. En caso de cumplir los requisitos, hay una bonificación del IS del 85% sobre lo ingresado por alquileres. O sea, se realiza esa bonificación del 85% sobre los ingresos minorados por las exenciones fiscales de los gastos directamente relacionados con la obtención de dichos ingresos. Además en el reparto de dividendos hay una deducción en IRPF del 50% para evitar la doble imposición interna aplicable a plusvalías de fuente interna (sociedad patrimonial).
    4. Sociedades Limitadas – SL. estas sociedades hoy no son recomendadas por ningún asesor fiscal pues si el arrendador tributa como empresa o persona jurídica debe presentar el impuesto de sociedades, con un coste fiscal del 25%, aunque también puede reducir este coste. Las otras figuras jurídicas son mejores a la hora de la “elusión fiscal“.

Cada una de estas figuras impositivas ha sido legislada por el Parlamento español, con negociaciones, en paralelo con los principales lobbys que representan esas figuras. Son trajes a medida para “la elusión fIscal” de cada una de las franjas de inversores en activos inmobiliarios. Todos los regímenes fiscales tienen una fiscalidad mucho más reducida o casi nula respecto de las rentas del trabajo que si que pagan muchos impuestos como hemos mostrado en el gráfico 2, lo que demuestra que es profundamente injusto y clasista pero ha necesita de la colaboración necesaria de sus señorías parlamentarias. Eso antes no era así, el sr. Ricardo Rodríguez (Técnico de Hacienda) relata en su libro publicado recientemente que en la primera reforma fiscal de la democracia la UCD estableció 29 tramos de IRPF, un marginal (no medio) máximo del 65,5% y mínimo del 15 (en la nota a pie de página nº3.

Si se mira al por menor, no es cierto como se explica en muchos sectores de la izquierda, que las SOCIMI sean el engendro fiscal por antonomasia para eludir impuestos si exceptuamos a los accionistas no residentes que no tributan. O sea, un fondo de inversión que actúa desde un paraíso fiscal como Luxemburgo no paga impuestos. Como mostraremos en el siguiente apartado de hecho una persona física que ingresa sólo ingresos como alquileres tiene una mejor tributación que un accionista – como persona física- de una SOCIMI.

¡NO! las SOCIMIS no son las únicas malas en toda esta historia fiscal

Para muestra que el problema es complejo avanzamos la comparativa realizada en la web de la Agencia Tributaria española entre dos abuelitos: el abuelito C que vive de dos pisos en alquiler (ya vimos su caso aquí) y la abuelita D que vive de las acciones que posee de la SOCIMI, por ejemplo, Temporé o Testa Inmobiliaria. El abuelito C vive exclusivamente de dos viviendas alquiladas que le reportan 27.000 euros anuales. La abuelita D posee acciones de la SOCIMI que también le han reportado anualmente 27.000€ de dividendo. Por tanto, ambas declaran los mismos ingresos de 27.000€. Aquí las declaraciones de renta en la web de la AEAT:

Aún declarando lo mismo, 27000€ de ganancias, el abuelito C que vive como persona física de dos alquileres exclusivamente paga 9 veces menos impuestos que la abuelita D que vive de sus acciones en una SOCIMI.

NECESITAMOS UNA PROFUNDA REFORMA FISCAL QUE HAGA QUE QUIENES MÁS GANAN, Y SOBRE TODO SI SON RENTAS INMOBILIARIAS Y DE CAPITAL, PAGUEN MÁS QUE LOS QUE TRABAJAN. SOLO ASÍ, vía tributación, PODEMOS DAR UN CIERTO VUELCO A QUE HAYA UNA VÍA FISCAL PARA REGULAR EL MERCADO DE ALQUILER DANDO A LOS INQUILINOS CON UNA MANO LO QUE SE CONFISCA – vía impuestos- A LOS RENTISTAS CON LA OTRA.

salva torres


notas a pie de página:

    1. I.López – E.Rodríguez, Fin de ciclo: financierización, territorio y sociedad de los propietarios en la larga onda del capitalismo hispano (1959-2010), Traficantes de sueños. Página 238, nota 23.
    2. https://cincodias.elpais.com/, La deducción por vivienda ha costado 77.560 millones en tres décadas.
    3. eldiario.es, El sector privado está usando las puertas giratorias en la Agencia Tributaria para ahorrar impuestos.
    4. Agencia Tributaria, Régimen Especial de SOCIMI.
    5. Las FII están reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC), modificada por la Ley 31/2011, de 4 de octubre y por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se regulan las entidades de capital-riesgo.
    6. +++ INFO, Inversión Inmobiliaria: FII – SII – SOCIMI. Una comparativa muy buena sobre estas sociedades.
    7. Agencia Tributaria española, Régimen Especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

hemos consultado más información por si le interesa>>>


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Portal del inquilino – espacio de derechos y empoderamiento

 




desvelamos la verdad! los salarios pagan un 1.000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler

Por iguales ingresos una declaración de IRPF de rentas salariales paga un 1.000% más que una de un arrendador de viviendas

Las rentas salariales tienen un trato fiscal muy INJUSTO, CLASISTA Y NEOFEUDAL

Los vericuetos de las declaraciones de renta y del impuesto de sociedades permiten demostrar con números como las rentas salariales, las que crean riqueza, están castigadas fiscalmente frente a las rentas del alquiler, de la propiedad. Esa realidad es asumida por todo el mundo, en toda Europa, con la más absoluta normalidad como si se tratará de lo usual, de la vida misma. Pero dos siglos atrás, uno de los padres del capitalismo Adam Smith, clamaba contra las rentas no ganadas como un cáncer de la economía. Hoy nuestros conciudadanos ni siquiera son conscientes, están idiotizados, no hay crítica, absoluta ignorancia.

No es de extrañar entonces, que la recaudación fiscal sea injusta con profundos rasgos clasistas y neofeudales. Y lo de feudal porqué la revolución francesa quiso acabar con los ingresos no ganados, sin trabajo, de los aristócratas, que por el sólo hecho de nacer donde lo habían hecho podían vivir de rentas. En nuestra web aprendemos y denunciamos porque investigamos las injusticias y hoy toca explicar lo que descubrimos:

los asalariados españoles pagan un 1000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler.

Para mostrar la lógica INJUSTA, CLASISTA Y NEOFEUDAL DE LA LEY TRIBUTARIA ESPAÑOLA hemos hecho una comparativa de 3 personas, con los mismos condicionantes familiares, pero sus ingresos anuales son obtenidos de diferentes fuentes. La persona A es un asalariado de una empresa que gana 27.000€ y además es inquilino de la persona C. La persona B es un jubilado que declarará 27.000€ de una pensión de 15.000€ y una renta de alquiler de 12.000€ anual. Una tercera persona, también abuelito, que declarará 27.000€ por dos alquileres que cobra como únicos ingresos: uno de 12.000 – que le paga la persona A- y otro de 15.000€ anuales que podrían corresponderse a dos viviendas sitas en el centro de Madrid o Barcelona.

Esta comparativa más sencilla de explicar se hace sobre el IRPF pero también tendría efectos similares sobre el Impuesto de Sociedades. Un apunte para complementar nuestra afirmación. El sindicato de Inspectores de Hacienda -GHESTA- publicó este cuadro donde se observan las recaudaciones de impuestos en el Estado español. El cuadro muestra como la recaudación del Impuesto de Sociedades ha caído año tras año respecto al IVA y al IRPF. Mientras que el IRPF ha aumentado ligeramente, el impuesto de Sociedades se ha desplomado a la mitad (*1). Las razones son diversas pero una es el uso sistemático de las exenciones fiscales por parte de los empresarios. LOS ASALARIADOS SOPORTAN EL GRUESO DE LOS IMPUESTOS: el 77% de la recaudación de la AEAT en 2017.

¿Cómo se permite a las rentas inmobiliarias expoliar a las salariales?

Como hemos explicado numerosas veces en este blog, las exenciones y desgravaciones fiscales al arrendamiento de viviendas provoca un boquete de miles de millones cada año a las arcas del Estado español. Vamos a hacer un viaje al paraíso fiscal en el que viven las rentas de alquiler en nuestro país.

¿Por qué? Porqué supuestamente esa dejación de políticas públicas en manos de la iniciativa privada debían permitir el desarrollo de un mercado del alquiler – muy exiguo históricamente desde 1950- y abaratar precios. Después de 60 años de practicar esas políticas es evidente su fracaso viendo como está la situación. Pensamos que esas políticas han buscado siempre lo contrario: incrementar aún más fiscalmente los beneficios de los rentistas inmobiliarios grandes y los marginalmente pequeños. SÍ, porqué las rentabilidades DESCARADAS obtenidas por los caseros en el mercado del alquiler que hemos comentado >>>AQUÍ>>> se han realizado además sin tener en cuenta las enormes ventajas fiscales con que ya cuentan en nuestro país los caseros. Esto lo hemos muy bien en nuestro blog >>> AQUÍ>>> y también >>> AQUÍ>>>. Es por ello, que a las rentabilidades del negocio del arrendamiento de viviendas hay que sumar las exenciones y desgravaciones fiscales a sus propietarios.

LOS CÁLCULOS REALIZADOS EN EL SIMULADOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Hemos creado 3 modelos de personas físicas para averiguar su IRPF.

  1. La persona A es un asalariado de una empresa que gana 27.000€ y además es inquilino de la persona C.
  2. La persona B es un jubilado que declarará 27.000€ de una pensión de 15.000€ y una renta de alquiler de 12.000€ anual.
  3. Una tercera persona C es otro jubilado, rentista, que declarará 27.000€ por dos alquileres que cobra como ingresos: uno de 12.000 – que le paga la persona A- y otro de 15.000€ anuales que podrían corresponderse a dos viviendas sitas en el centro de Madrid o Barcelona.

PARA SABER CÓMO SE EXPOLIAN LOS SALARIOS respecto de LAS RENTAS DEL ALQUILER nos hemos dirigido para hacer los cálculos al el simulador de IRPF de la Agencia Tributaria >>>. No hay trampas. NOSOTROS HEMOS SIDO LOS PRIMEROS SORPRENDIDOS DE LA INJUSTA TRIBUTACIÓN FISCAL.


  • PERSONA A. Una persona física -A- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de una renta salarial, del trabajo en una empresa. De esta persona, después de restar el mínimo vital de 5.500 € que sirve para sobrevivir según el Estado, debe pagar 4640,35€ pues no hay ninguna retención previa. Paga el 18% de IRPF

RENTA ANUAL DISPONIBLE DESPUÉS IMPUESTOS Y VIVIENDA: Este asalariado vive alquilando el piso de la persona C. Por ello, si restamos a sus ingresos anuales – 27.000€- los pagos de IRPF y el alquiler que le paga a la persona C: 27.000€ – 12.000€ (alquiler) – 4640,35€ (IRPF) le quedan solamente 10.359,35€ para gastos anuales para sobrevivir. No recibe ninguna desgravación por alquiler porqué el PP las retiró en el 2013.

  • PERSONA B. Un abuelito jubilado -B- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de una pensión de 15.000€ y un arrendamiento de vivienda de 12.000€. Este abuelito – B- acaba pagando 2297 € del total de 27.000€ ingresados y representa que paga por un 8,5% de lo recibido.

RENTA ANUAL DISPONIBLE DESPUÉS IMPUESTOS Y VIVIENDA: Para el caso de este abuelito -B- debemos restar a sus ingresos anuales – 27.000€- los pagos de IRPF: 27.000€ – 2297,10€ (IRPF) le quedan solamente 24.702.90€ para gastos anuales para sobrevivir.
La vivienda es en propiedad por lo que no la hemos incluido como ingreso por considerarlo irrelevante.

Por la pensión tributa por la totalidad -15.000€- pero por el alquiler a pesar de cobrar 12.000€ sólo tributará por 3240. Tiene como gastos deducibles: 1200€ de gastos de reparación y conservación de la vivienda arrendada, 300 del IBI y 2400€ de amortización de la vivienda alquilada. Esto se ve en esta declaración parcial del arrendamiento urbano:

  • PERSONA C. Un abuelito jubilado -C- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de dos arrendamientos de vivienda de 12.000€ y 15000€ respectivamente en una gran ciudad, o sea, no tiene otra clase de entradas ni pensión. A los dos arrendamientos de este abuelito -C- les hemos aplicado iguales exenciones fiscales. En la declaración acabará pagando 432€ que representa el 1,6% de todo lo declarado. Ello ha sido posible gracias a las exenciones fiscales (se pueden ver en la imagen anterior) y a la desgravación fiscal que hace que el ingreso declarado de 27.000 euros acabe en sólo 7560 de base imponible.

    RENTA ANUAL DISPONIBLE DESPUÉS IMPUESTOS Y VIVIENDA: Para el caso de este abuelito -C- debemos restar a sus ingresos anuales – 27.000€- los pagos de IRPF: 27.000€ – 432.15€ (IRPF) le quedan 26.567.85€ para gastos anuales para sobrevivir.
    La vivienda es en propiedad por lo que no la hemos incluido como ingreso por considerarlo irrelevante.

Las tres personas tienen los mismos ingresos -27.000€-, el mismo mínimo vital- 5500- por el que supuestamente deberían poder subsistir, las mismas circunstancias fiscales. El asalariado inquilino deberá sobrevivir con 10.359,35€, el abuelito jubilado B vivrá holgadamente con 24.702.90€ y el abuelito rentista -C- prácticamente vivirá con todos sus ingresos.

Cual es el origen de este trato fiscal tan INJUSTO? pues el origen de los ingresos. Si los ingresos son del trabajo contribuyen por su totalidad. En cambio, si los ingresos son de rentas inmobiliarias ya no pagan lo mismo:

  • tienen exención fiscal por el mantenimiento de la vivienda (el trabajador no le ocurre lo mismo?), tiene exención por los impuestos (el asalariado paga impuestos pero no los descuenta) y por la amortización de la vivienda alquilada se desgrava el 3% del valor catastral cada año (el asalariado no tiene exención…parece ser que puede vivir en la intemperie)
  • tienen desgravación fiscal entre el 50 0 60% de la diferencia de lo ingresado menos las exenciones antes citadas.
  • finalmente en el ejemplo de la vivienda alquilada por 12000. € anuales…. la base imputable sólo es por 3240 de 12.000 originales.
  • en el 2013 el PP eliminó las pocas desgravaciones fiscales que tenían los inquilinos. No quería saber que caseros defraudaban.
  • en 2014, GHESTA, el sindicato de inspectores de Hacienda, cifró en el 54% los arrendadores que defraudaban a Hacienda. 3200. millones anuales.

La declaración de IRPF de los abuelitos se la hace un gestor. Este gestor deduce como gasto el IBI, que han pagado los abuelitos, pero no sabe que en el contrato el inquilino a instancias del administrador de fincas también paga el IBI. Ambos abuelitos acaban recuperando 380€ por arte de birlibirloque. En el caso de los dos abuelitos, uno de los pisos en el que vivieron antes, era VPO y ahora está alquilado. Eso quiere decir que recibieron ayudas por la vivienda del Estado, recibieron desgravaciones del IRPF por ser de propiedad pero además ahora vuelven a desgravarse la amortización de la vivienda. Esta desgravación del 3% anual no tiene límite de tiempo, es eterna hasta que la vivienda sea derruida. O bien, en el caso que algún día se la venden volverán a cobrarse la vivienda entera y encima a precios de mercado. ESTO ES UNA OBSCENIDAD!


EL ESCÁNDALO FISCAL DE LOS DOS ABUELITOS: EL RENTISTA Y EL JUBILADO

Nos hemos sorprendido nosotros mismos del descubrimiento que hemos hecho en la Agencia Tributaria – AEAT- respecto de las diferencias retributivas entre estas tres personas ficticias pero expresamente dimos un papel relevante en este análisis fiscal a los dos abuelitos escogidos.

  • Uno – la PERSONA B- trabajó toda su vida desde los 16 años cotizando en diferentes empresas por lo que al jubilarse recibe una pensión de 15.000€ anuales, ingreso que mejora con el alquiler de otra vivienda por 12.000€ anuales.
  • El otro abuelito – PERSONA C – nunca cotizó. Pero puede vivir holgadamente con los dos alquileres que le rentan también 27.000€. Pero al ser RENTISTA PROFESIONAL disfruta de casi 2000€ más anuales, gracias al sesgo clasista del IRPF, que el abuelito que trabajó creando riqueza en cualquier rama de la producción.

ES UN ESCÁNDALO QUE AL ABUELITO TRABAJADOR SE LE CASTIGUE FISCALMENTE POR VALOR DE CASI 2000€ POR EL SIMPLE HECHO DE HABER TRABAJADO Y AL RENTISTA SE LE PREMIA POR EL MISMO VALOR POR VIVIR DE RENTAS


IRPF: EXPOLIADO SI TRABAJAS, PREMIADO SI VIVES DE RENTAS

La persona -A- el asalariado duplica el pago de IRPF de la persona -B- el abuelito con pensión y como arrendador. El asalariado multiplica por 10 su aportación de impuestos respecto del abuelito sólo arrendador. El asalariado paga un 1.000% más por trabajar creando riqueza que viviendo de rentas.

O DICHO DE OTRA MANERA: LA HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA CASTIGA FISCALMENTE AL TRABAJADOR CONFISCÁNDOLE 3.800€ SIMPLEMENTE POR SU CONDICIÓN DE CLASE SOCIAL: TRABAJA! POR CONTRA, LA AGENCIA TRIBUTARIA, el Estado español, PREMIA CON 3.800€ AL RENTISTA QUE NUNCA DECLARÓ TRABAJO ALGUNO.

La ley del IRPF, aprobada por el PP, PSOE, CiU, C’s y PNV penaliza al abuelito que tiene una pensión, porqué trabajó, respecto del que es sólo rentista. Increíble!!

La ley del IRPF, aprobada por el PP, PSOE, CiU, C’s y PNV penaliza al trabajador activo, que está creando riqueza,, respecto del rentista profesional. Increíble!!

Esto sólo tiene un nombre : EXPOLIO DEL ASALARIADO como trabajador y doblemente EXPOLIADO SI ES ADEMÁS INQUILINO. SE CASTIGA A QUIÉN CREA RIQUEZA Y SE PREMIA A QUIÉN VIVE DE RENTAS absorbiendo LA RIQUEZA DEL PAÍS. Esto es lucha de clases.

Sólo hay una especie más parásita que el arrendador, los prestamistas privados, creadores de dinero de la deuda, LOS BANQUEROS. Pero eso es tema de otro día.

EL ESTADO ESPAÑOL RENUNCIA A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA PARA REGALAR CADA AÑO MILES DE MILLONES A LOS PROPIETARIOS INMOBILIARIOS

Si usted pregunta a los abuelitos rentistas por sus desgravaciones fiscales seguramente le dirán que la declaración la hace un gestor. Se justifican porqué la declaración de iRPF es muy complicada y la mayoría de arrendadores desconocen los vericuetos fiscales que resuelven sus gestores, que como profesionales, sirven a sus clientes y intentan ahorrar, o sea, que no paguen impuestos.

Los trabajadores están pillados. Siempre se sabe todo. No hay posibilidad de ningún ahorro fiscal. Los arrendadores tienen numerosas exenciones fiscales por gastos, por impuestos y por amortización de la vivienda arrendada. El gestor desgravará en el IRPF del abuelito el IBI de la vivienda pero no sabe que en el contrato privado con el inquilino que le ha hecho su administrador de fincas el IBI va a cargo del inquilino. El gestor desgravará las obras de rehabilitación y mejora de la vivienda y al mismo tiempo se las está cobrando al inquilino. ESTAS IRREGULARIDADES, el doble cobro, al inquilino y a la Hacienda pública, SON UN FRAUDE. NADIE LAS VIGILA NI LA AEAT TIENE CAPACIDAD INSPECTORA PARA HACERLO ANUALMENTE EN MILLONES DE FACTURAS QUE SE GIRAN POR LOS CASI 4 MILLONES DE ARRENDAMIENTOS EN ESPAÑA.

El sábado 2 de mayo de 1959, delante del primer Congreso nacional de administradores de fincas, el primer ministro franquista de Vivienda José Luis ARRESE decía: QUEREMOS UN PAÍS DE PROPIETARIOS QUE NO DE PROLETARIOS, entre aplausos de los enfervorecidos asistentes. 60 años después la máquina infernal de extracción de plusvalías a los inquilinos continua agravada por las reformas de la LAU. Todo bajo la más absoluta ignorancia de la sociedad española, todo soterrado, como si fuera ADN patrio.

EL ESTADO ESPAÑOL RENUNCIA A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA PARA REGALAR CADA AÑO MILES DE MILLONES A LOS PROPIETARIOS INMOBILIARIOS

Aunque esto tiene una fácil solución fiscal: Contratos únicos de alquiler fiscalizados por el Estado y con timbre. Exenciones fiscales? iguales para todos: EL MÍNIMO VITAL DEL CONTRIBUYENTE -5.500€ – lo demás es una ESTAFA.

Salva Torres, activista de asc.500×20


Portal del inquilino – espacio de derechos y empoderamiento




las 5 de la PAH ignoran las sentencias del TJUE y acercan el alquiler a las políticas de la CDU de Merkel

La cortina de humo de la DACIÓN libera al Parlamento español de aprobar una ley hipotecaria acorde a resoluciones del TJUE y el TS.

Los prestamistas españoles de hipotecas, o sea, los bancos andan revueltos desde hace tiempo con los sucesivos reveses que en el ámbito judicial están recibiendo desde las altas instancias del Tribunal Supremo del Estado y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una buena parte de esos reveses se centran en la vulneración sistemática de los derechos de los consumidores en los contratos hipotecarios. Desde la sentencia Aziz del 2013 podemos decir sin rubor que una escritura hipotecaria es toda ella una cláusula abusiva. Aún así, miles de hipotecas han sido ejecutadas sin miramientos por juzgados en clara negligencia por no decir palabras más gruesas. Con la jurisprudencia actual todas las ejecuciones hipotecarias en número de más de 758.061 desde el 2007 se podrían recurrir en los tribunales. Hasta el punto que los bancos están abandonando la vía ejecutiva para presentar las demandas por el procedimiento ordinario declarativo. Los juzgados especiales de cláusulas abusivas creados por el PP están colapsados por años. Finalmente el descubrimiento que los bancos habían vendido las hipotecas a fondos de titulización que les convertía en meros administradores permitía anular la ejecución hipotecaria por ausencia de legitimación activa.

El estado español fue obligado hace 2 años, por todo ello, a modificar la ley hipotecaria. Aún así, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario está empantanado en el Congrés lo que supone ya una multa superior a 90 millones de euros al Estado por no adaptarse a la normativa europea. Entre medio de este desastre, miles de familias sufren el acoso sistemático de bancos, gestoras de impagados, buitres… y un largo etcétera.

Ante esta situación las 5 DE LA PAH no sólo lanza una cortina de humo sobre toda esta dinámica infernal sino que desvía la atención sobre lo principal: poner orden en la legislación hipotecaria y solucionar 10 años de desmanes de bancos y jueces en ejecuciones y subastas que han provocado miles de hogares arruinados, suicidios y decenas de miles de viviendas malvendidas a fondos de inversión extranjeros. La dación como estrella central de “las 5” introduce un nuevo parámetro que distorsiona y complica la ya enrevesada negociación de los partidos y el cómo se transponen las directivas comunitarias en la legislación hipotecaria. Hablamos, por ejemplo, como encajar la casi segura desaparición de la cláusula de vencimiento anticipado, piedra angular del andamiaje financiero de estos prestamistas insaciables de la Banca española, en la nueva ley. Hay miles de familias y procedimientos judiciales esperando la transposición de las directivas comunitarias al ordenamiento hipotecario español…. estas familias necesitan justicia en las clásulas abusivas y no nuevas distorsiones y aplazamientos.

Ya no vamos a entrar en la discusión sobre la idoneidad de la dación en pago, hoy decenas de PAH de todo el Estado rehusan regalar la vivienda al banco y se lanzan a defender sus viviendas en los juzgados a uñas y dientes con las cláusulas abusivas y las titulizaciones.

Regalar la vivienda y miles de euros en amortizaciones y intereses, la dación, a cambio de anular la deuda pendiente ES UNA DERROTA y UN REGALO AL BANCO. Un regalo que no se merece pues el dinero que presta está creado de la nada en forma de deuda y entronca directamente con el desprecio de la dirección de la PAH a explicar a los hipotecados como los prestamistas privados, Santander, BBVA, etc crean dinero de la nada y encima venden luego sus hipotecas – titulizan – para sacarles mas jugo y para recomenzar un nuevo ciclo de endeudamiento financiero.

5 años y regulación de precios en alquiler.

PARA ESTE VIAJE NO HACÍA FALTA TANTA ALFORJA!

El paquete de alquiler que propone las 5 de la PAH en cuanto a la duración de los contratos de 3 a 5 años es volver a la reforma de Miguel Boyer del año 1985 cuando suprimió el PSOE los contratos indefinidos franquistas en la tristemente famosa Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU. Para ese viaje no hacía falta tanta alforja. El desastre de incremento desorbitado de precios y desahucios en las grandes ciudades que ha supuesto la reforma de la LAU del 2013 obligan a esa modificación a poco que una movilización sería se imponga. Incluso desde el punto de vista táctico ir a la negociación pidiendo lo mínimo es una mala estrategia. Los miles de familias que sufren la precariedad de los contratos no se veran muy aliviadas con tan pobres resultados si se consiguen.

Un tema aparte es el de la regulación de precios, dicho de otra manera, topes a los precios de las rentas que cobran los propietarios. Particularmente esta medida es otra cortina de humo que desvía la atención sobre lo importante: LA PROFUNDA INJUSTICIA EN EL TRATO FISCAL DE LOS ARRENDADORES Y LOS INQUILINOS. El Estado español con el acuerdo de todos los partidos del régimen del 78 renunció hace 25 años a la promoción del alquiler pública dejándolo a la iniciativa privada a cambio de miles de millones durante ese tiempo. El fracaso de ese empeño en 25 años ha sido desastoso pues poniendo miles de millones se ha conseguido el efecto contrario. O era ese su objetivo, untar com miles de millones a los propietarios?

Sin modificar una sola ley, sólo la normativa fiscal, el Estado podría recuperar cada año más de 10.000 millones de euros en deducciones y desgravaciones fiscales a los propietarios. Con ese dinero empleado en deducciones fiscales directas a todos los inquilinos permitiríamos la rebaja de los alquileres y eliminar de un plumazo la enorme bolsa de fraude fiscal de los caseros. El sistema fiscal que proponemos es justo, simple y se ahorra toda la picaresca asociada al control de precios . Imponer tramos fiscales a las declaraciones de la propiedad, cuanto mas se cobra mas suben los tramos y la recaudación contra el caseros y ese dinero va a desgravaciones de su inquilino.

La PAH y las medidas de alquiler de la CDU de Merkel

Los medios de comunicación han machacado desde el inicio de la burbuja del alquiler con el tema si funciona o no los controles de precios de las rentas. Los ejemplos de los que quieren imponer esos controles como los que dicen que no funcionan corren una cortina de humo sobre las verdaderas causas de la capacidad de monopolio de control de precios que tienen los propietarios: los beneficios fiscales sin parangón. En España, Francia y Alemania el rentismo inmobiliario tiene enormes ventajas fiscales respecto de las ganancias del trabajo que están mucho más penalizadas fiscalmente: SIN JUSTICIA FISCAL NO HAY ALQUILER ASEQUIBLE. Una desigualdad profundamente injusta que hemos tratado ampliamente en estas páginas. En Berlín y en París donde se han ensayado estas fórmulas los problemas que se han encontrado han sido estos:

  • En 2015 ante la subida desmesurada de alquileres el Gobierno alemán se dotó de la “Ley para contener el aumento del precio de los alquileres en mercados de vivienda difíciles”. En la misma se proponía que ante nuevos contratos las rentas no subieran más allá de un 10% de la media del precio de la zona en la que se encuentre el apartamento. No ha funcionado porqué este año el Gobierno federal habla de endurecer nuevamente la ley.
  • el complejo sistema de cálculo de las rentas mínimas y máximas en una zona se hace sobre los precios medios. Si esos están hinchados, que lo están y mucho, ya me dirá usted que cálculos salen. Se deben tener en cuenta muchos parámetros: edad del edificio, conservación, orientación, reformas, etc
  • Dada la complejidad la picaresca de los propietarios se ha disparado. Por ejemplo con costosas reformas. También retirando un porcentaje significativo de viviendas del alquiler a la compra.
  • Cómo los propietarios tienen la última palabra en escoger al inquilino, el resultado ha sido que el colectivo con menores recursos ante un mercado con excedente de demanda no queda protegido por el control de rentas puesto que al final se impone el orden que concede la solvencia generada a través de la capacidad económica del inquilino.
  • Si ante esto las autoridades quieren reaccionar deben subvencionar a los propietarios que alquilan a familias pobres por lo que entramos en el círculo injusto de pagar por un derecho básico a los más pobres lo que genera al mismo tiempo rechazo por “el llamado buenismo“.
  • Los propietarios de Berlín y París hacen críticas más duras cuestionando la metodología de cálculo de las rentas de referencia puesto que tienen un gran peso específico los apartamentos de titularidad municipal con rentas bajas lo que sesga la muestra hacia el extremo inferior del mercado, creando un diferencial de precios que alimenta otro problema clave y es que, para un buen departamento, muchos inquilinos están dispuestos a pagar un alquiler más alto. Según un estudio de la Asociación de Arrendatarios de Berlín, un 31% de los alquileres se pactan a un precio superior al permitido y como el alquiler regulado no se hace cumplir, excepto cuando un inquilino lleva su caso al juzgado, esta práctica ha quedado normalizada.
  • Los propietarios de Barcelona y Madrid no tendrán este problema porque aquí no existe ese parque de vivienda pública y social. Podrán estar tranquilos si se aplican “las 5 de la PAH“.
  • Igualmente, una parte importante de la oferta de viviendas se ha desplazado estos años a la venta por lo que la oferta de viviendas de alquiler se ha reducido en París y Berlín.
  • Macron quiere volver a imponer controles de precios ante las subidas de precios en París intramuros después que la ley estuviera temporalmente suspendida.

Todos estos problemas plantean nuevamente que la izquierda hispana copia los modelos de la derecha o socialdemocracia europea haciendolos pasar por progresivos cuando lo progresivo sería buscar nuevas alternativas adecuadas a cada situación.


Nosotros tenemos nuestras propuestas:

Es posible una renta de alquiler adecuada a la renta familiar en el mercado libre?

Por supuesto que SÍ. Es posible pagar un alquiler en función de la renta a un propietario privado sea cual sea su condición: abuelito, propietario marginal, Socimi, SICAV, sociedad patrimonial, fondo de inversión inmobiliaria etc……

Basta legislarlo. Para aflorar la bolsa de fraude de los arrendadores bastará con:

  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. La deducciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Eliminar las degravaciones fiscales al arrendamiento para que tributen como una ganancia más.
  • Con el ahorro fiscal eliminado a los arrendadores realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con aquel 30%. Con ello, el fraude fiscal de los arrendadores se habrá acabado.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler o vendiéndolas.
  • Todas estas medidas evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según indices en un mercado libre, que la Administración no controla y toda la picaresca asociada.

El enorme lobby inmobiliario no tiene argumentos ante la injusticia del tratamiento fiscal de sus rentas parasitarias. Los países europeos más avanzados, tienen grandes parques de vivienda pública que suponen un enorme ahorro para todo el país. La gente paga menos por su vivienda y tiene dinero para gastar en la economía. ¿Por qué eso no es posible en nuestro país?

Se imaginan el parque de vivienda pública que podríamos tener si cada año el Estado español gastará esos 10.000 millones de euros en vivienda?

Por qué el estado español y la izquierda monárquica ha renunciado a las políticas públicas de vivienda de alquiler y todo ese dinero lo regala a la iniciativa privada?

Ha demostrado ese derroche fiscal su papel en la promoción de la vivienda de alquiler en 25 años? NO NO y NO…. ha servido para reducir precios? NO NO y NO

Hace falta tocar alguna ley para asegurar la justicia fiscal? Hace falta modificar la LAU? NO NO y NO sólo la normativa de la Agencia Tributaria

Los Ayuntamientos del cambio, que piden todas las competencias en materia de alquiler, deberían tener muy claro todo lo explicado

A los Ayuntamientos del cambio……

SIN JUSTICIA FISCAL CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS PARASITARIAS NO HAY ALQUILER JUSTO NI ASEQUIBLE!

Salva TORRES, activista de asc. 500×20




para qué luchamos en la Asociación 500×20? un programa para el debate de las elecciones municipales

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

{tercera revisión desde el 2011-2015}

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales de 2015 nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en este sentido.

Por lo tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares / año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.
  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas municipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por lo tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.
  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.
  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva sólo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.
  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada entorno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.
  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las Medidas legislativas y el desarrollo de los Reglamentos necesarios

Las siguientes son los principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país.

Hay que entenderlas como 1 conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, ha que de algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas al MISMO espacio social y / o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es el más Importante hoy.
[(+) Medidas CON Consenso. (?) Medidas en discusión. ]

 

Hablamos de Necesidades Legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la Sareb, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Estos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones diferentes al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Viviendas.
    1. (?) Proponemos la consolidación de este Parque Público de Vivienda en base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado o municipios para las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio de que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegítima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de una nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoria social sobre la deuda hipotecaria en manos de los tenedores nacionales y internacionales en los terminos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas porqué el suelo urbano pase a ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales .
  1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal manera que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago. [ahora defendemos la inembargabilidad de la vivienda habitual]
  2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  • Fiscalidad y Régimen tributario.
    (+)
    Impuestos directos progresivos sobre patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  • Imposto de Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.

    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros .
    2. (?) Confección de una tabla progresiva por el IBI en función del valor del inmueble desde el 0,1% para los de menos valor en el 1,2% para los de más valor.
  • (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  • (?) Se buscaran, en las grandes i medianas ciudades, diferentes modalidades de esta fiscalidad directa costosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  • (+) Banca pública para gestionar lineas de crédito directas a los ciutadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  • (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  • (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones futuras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciutadania.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará indexada, por tanto, al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacias para alquiler público o con derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio de su reparación, mantenimiento y la asunción y / o exención de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional para el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664 €) no superaran nunca los 100 € o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Tablas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública o social.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar una cuota de hasta un 25% para vecinos del barrio y / o distrito empadronados más de 2 años con el fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio detallado a través de Servicios Sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañar de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Defendemos el derecho al empleo por necesidad y su regularización para la ciudadanía en precario.
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no sólo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras en promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.

material elaborado en diferenets asamblas de nuestra Asociación entre noviembre y febrero del 2015
documento aprobado para el 2015.

PÁGINA PUBLICADA INICIALMENTE EL 17 DE JULIO DEL 2011




Estoy incluido en un fichero de inquilinos morosos, ¿qué hago?

En abril del 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, de profesión registrador de la propiedad, aprobaba una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos – LAU- dentro de la Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que entró en vigor el 6 de junio de 2013. En dicha reforma se introdujo por primera vez la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler en su artículo tercero:

Artículo tercero.
Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.° o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

El objetivo de la enésima reforma del mercado del alquiler preveía, como las anteriores, incentivar el mercado de alquiler dando seguridad a los propietarios. Si bien es verdad que ese registro es una promesa incumplida lo cierto es que los resultados de aquella reforma salta a la vista: enésimo fracaso. Precios por las nubes y miles de inquilinos desahuciados por no poder pagar las rentas o sencillamente porqué no se les renueva un contrato que solo dura 3 años. En Prouespeculació ya escribíamos en febrero del 2013:

… Después se trata de contentar a la clientela pepera que en los foros de Internet piden a grito “mano dura contra los inquilinos morosos”. Entre los asiduos de estos foros están ese 60% de caseros que no declaran los alquileres a Hacienda en este país. Mano dura para los demás. Un fraude monumental que año tras año denuncian en su web los inspectores de Hacienda (GHESTA).

Al Ministerio de Fomento no se le ocurre hacer un listado de evasores fiscales de pisos de alquiler en negro. prefieren hacerlo de las decenas de familias que cada día pierden la casa por impago de las cuotas. La mayoría sobrevenidas por causa de la crisis. Ahí, hasta De Guindos hizo una distinción. Su decreto da una moratoria de dos años a los hipotecados…. pero se olvida de dar igual moratoria a los inquilinos.

Ahora como los inquilinos son todos unos jetas y destrozan los pisos hay que hacer una lista para escarnio público. Faltará saber en concreto hasta donde llega la protección de datos aunque hoy ya corren por ahí  listas privadas con nombres de inquilinos morosos…

Cinco años después de la  reforma de la LAU las únicas listas que corren son de empresas privadas como FIM (Fichero de Inquilinos Morosos).  EL principal problema que se ha encontrado el Gobierno es que hacía la competencia desleal a empresas que se dedican a ganar dinero listando los impagos de alquiler de “supuestos inquilinos gorrones“. Pero estas empresas también tienen sus problemas y han tenido múltiples tropiezos que han supuesto multas elevadas. El principal problema es el reconocimiento legal de que existe una deuda del inquilino. Los principales problemas que tienen para listar a un inquilino como moroso son:

  • El propietario insta el desahucio después del impago de un recibo. Si el inquilino no se defiende- ni paga, ni enerva y ni se opone judicialmente- entonces el secretario del Juzgado al no haber juicio realiza un decreto y no una sentencia firme.
  • Muchas veces el arrendatario o casero llega a un acuerdo de abandono de la vivienda a cambio de no reclamar la deuda. SI es el caso debe asegurarse un documento que especifique este acuerdo.
  • La tardanza en resolver un caso en el Juzgado lleva a que los datos no tengan utilidad.
  • La ley de Protección de Datos establece unos criterios muy estrictos a la hora de ceder datos a terceros

Los requisitos para incluir a un inquilino en una lista de morosidad son:

  • es necesario incluir en el contrato de alquiler una cláusula en la que el afectado acepte esa difusión de datos a terceros.
  • existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. O sea, que se trate de deudas realmente existentes, sin condiciones pendientes de finalización o cumplimiento, de cuantía determinada y cuyo cumplimiento pueda exigirse por vía judicial.
  • requerimiento previo de pago de la obligación escrito y verificable.
  • cualquier ciudadano registrado debe ser informado. Sus datos económicos tendrán siempre una duración que no exceda los seis últimos años y siempre deberán estar actualizados.
  • el plazo temporal empieza en el momento de la obligación de pago del recibo de la renta.

¿Las leyes que regulan las listas de morosos?

La normativa que regula los datos personales de los deudores en los ficheros de morosidad es:

  • Artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
  • Artículos 38 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

La OCU advierte que hay demasiadas inclusiones por error.

Hasta el más honorable de los pagadores puede un día ver su nombre en un fichero. Muchas de las inclusiones se realizan sin que haya una deuda de por medio o sin cumplir los requisitos mencionados. También son frecuentes los casos de usurpación de personalidad, de contrataciones fraudulentas por las que pagamos el pato (en esos casos debes denunciarse cuanto antes a la policía). Según la Memoria de 2016 de la Agencia de Protección de Datos, un 21,5 % de sus resoluciones sancionadoras fue por inserciones indebidas en ficheros de morosos y el importe de las sanciones alcanzó los 5.836.000 euros.

La OCU explica las claves para que su nombre deje de figurar en un fichero

  • Paga la deuda y solicita la cancelación de tus datos. Si tiene una deuda cierta, vencida, exigible y reclamada por la empresa, para abandonar el fichero lo primero es pagarla. Una vez pagada, asegúrate de que eliminan los datos del fichero y no confíes en que lo hará la empresa acreedora. Para ello, solicita tu baja al titular del fichero adjuntando tu DNI y copia del pago.
  • Si reclamas la deuda… ¿No estás conforme con la deuda? La Agencia Espanola de Proteccion de Datos considera que impugnar una deuda ante un órgano arbitral, judicial o administrativo para determinar si tal deuda existe, impide que pueda hablarse de deuda “cierta”. Así pues, si reclamas, denuncia ante la AEPD que la inclusión en el fichero no procede.
  • Si no hay deuda. Si se trata de un error, no existe tal deuda o no se cumplen los requisitos para la inscripción en el fichero, solicita la baja al titular del fichero. El titular del fichero debe responder en 10 días. Si no lo hace, denuncia los hechos ante la AEPD: se abrirá un expediente que puede concluir en sanciones para la empresa acreedora y la gestora del fichero.
  • Indemnización. Si la inclusión es incorrecta puedes reclamar judicialmente una indemnización por los daños causados.

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La Iglesía católica -la mayor y más vitaminada SOCIMI española- y la emergencia habitacional.

edificio de viviendas propiedad de la Iglesia en el centro de Córdoba

Basta poner en su buscador favorito de Internet la siguiente búsqueda: “propiedades de la iglesia católica en España IBI” para encontrar centenares de noticias que explican de hecho la imposibilidad de conocer todas las propiedades inmobiliarias de la Santa Iglesia. Igualmente, aparecen noticias de administraciones que han intentado poner blanco sobre negro el dinero que se ahorra esa Institución religiosa en impuestos. O enlaces a censos de todas las propiedades urbanas exentas de impuestos (catedrales, iglesias, colegios, hospitales, tierras, hoteles, pisos, garajes, etc) así como de la propiedad rústica eclesiástica.

Europa Laica en su informe del 2015 (1) calcula que la Iglesia católica nos cuesta en subvenciones y exenciones fiscales 11.000 millones de euros, tanto a creyentes como no creyentes. Vale la pena leer su informe donde desgrana todas las partidas que recibe la Iglesia católica. Pero tres frases lo dicen todo:

  • Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España o el 4% de los presupuestos generales del Estado en un país con 10 años de crisis perpetua para las clases populares.
  • Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año o 20 € al mes.
  • La iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos

Un ejemplo en Córdoba

uno de los edificios en Córdoba que no paga impuestos ni por los negocios que genera

Sólo en Córdoba capital, la Iglesia tiene 443 inmuebles, repetimos, inmuebles con sus correspondientes viviendas. El listado de propiedades incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contar las que están incluidas en los recintos religiosos-. También existen 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios destinados a oficinas o uso comercial.  Se trataría, así, de una serie de propiedades sin vinculación al culto pero que, en la práctica, están exentos del pago del IBI y reportan rentas mundanas a los que pregonan el reino de los cielos. (2)

Además de esas propiedades, otros inmuebles de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -iglesias, ermitas, conventos, etc-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales -San Juan de Dios-, universidad -Loyola-, residencias de mayores, fundaciones y casas de cursillos o espiritualidad. Aparte de la propia Mezquita-Catedral, el principal enclave turístico de la ciudad, que ha recibido en el último año 1,8 millones de visitantes que pagan una entrada y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 51.000 euros anuales de IBI. Esta mezquita fue inmatriculada el 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009.

 

El caso de Valencia-capital

En la ciudad de Valencia la Iglesia cuenta con más de 1.280 propiedades, de las cuáles solo el 18 % están relacionadas con el culto. El resto, la mayoría, son viviendas, aparcamientos, bajos comerciales u otros inmuebles por los cuales las entidades católicas no solo no pagan impuestos sino que en algunos casos extraen beneficios gracias a las rentas de alquiler. (3)

Así se desprende del trabajo realizado por la plataforma Europa Laica, cuyos miembros llevan desde el pasado mes de junio cotejando los datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia en 2012 donde se detallaban las propiedades exentas de IBI con el registro catastral. Una por una, los integrantes de este observatorio han analizado la localización y el uso de estas propiedades, acudiendo al lugar y llamando a la puerta para contrastar su actividad. Para sorpresa de ellos, se han encontrado con restaurantes de kebab, boutiques de ropa, librerías, asesorías, sedes de entidades bancarias, relojerías, hostales, concesionarios de coches o incluso clínicas de tratamientos estéticos. «Aunque no lo hemos podido analizar todo todavía, la mayoría de esos locales, viviendas y aparcamientos están alquilados», explicó a Levante-EMV Guillermo González. De hecho, los datos que ahora maneja este colectivo corresponde justo a la mitad de los distritos de la capital.

El Ayuntamiento de Valencia deja de ingresar cada año cerca de 800.000 euros. A ellos habría que sumar las más de 1.040 fundaciones que tampoco pagan IBI, el 80 % de las cuales son católicas y en las que se albergan negocios y empresas ya mencionadas. Unos dos millones al año. Según Europa Laica, las más de 1.280 propiedades de la Iglesia no sólo no abonan el IBI, sino que tampoco lo hacen con otros impuestos derivados de sus actividades u obras (el IVA sí que lo pagan desde una modificación a finales de los años 90). «Resulta muy complicado establecer una cifra, pero cerca de 16 millones de euros han dejado de ingresarse en los últimos cuatro años en la ciudad», indicó González.

En una ciudad como Barcelona, las exenciones fiscales, más los tributos no pagados por actividades económicas, podrían suponer anualmente los 90 millones de euros que suponen el total de la inversión en políticas de vivienda del Ayuntamiento de Ada Colau.

Y otro ejemplo en Badajoz…

¿Sabía usted que en el año 2014 el Servicio Extremeño de Salud ingresó mediante transferencia bancaria en las arcas municipales del Ayuntamiento de Badajoz 5,1 millones de euros correspondiente al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de los años comprendidos entre 2008 y 2012 de los centros salud y hospitales públicos que existen en la ciudad?. Un dinero considerable que sirve para aumentar los caudales del Ayuntamiento. ¿Cuanto dinero ha ingresado el Ayuntamiento de Badajoz por los hospitales religiosos etc … de Badajoz en concepto de IBI? Cero, cero patatero.

Europa Laica y las inmatriculaciones eclesiásticas

Desde el año 1996 la Iglesia católica ha registrado miles de propiedades por toda la piel de toro simplemente haciendo lo mismo que en la mezquita de Córdoba.

Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. Con esta operación la Iglesia a registrado miles de propiedades en los últimos años. Finalmente el Congreso de los Diputados aprobó un cambio en la Ley hipotecaria que acababa con ese privilegio de la Iglesia.

La Iglesia Católica y la emergencia habitacional

El informe de Europa Laica es contundente: la Iglesia católica es la mayor SOCIMI española, vitaminada por el Estado con la exención generalizada de impuestos o la vista gorda. La iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado HOY A ESTO SE LE LLAMA EXPOLIACIÓN DE LOS COMUNES por la nueva izquierda municipalista –. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro) (Ver Anexo III). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. (ver más en 1)

Sobre lo que queremos llamar la atención no es sobre la cantidad de propiedades que tiene la Iglesia. Es verdad que hemos empezado este documento mostrando el conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia comparable a sociedades financieras de la categoría de un Banco. No hemos mostrado las relaciones de poder que ha habido en nuestro país entre la Banca y la Iglesia – un ejemplo de los cuales ha sido el Banco Popular – porque el documento se haría interminable y se desviaría de su objetivo.  El conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia católica en España podríamos definirlo como “un común” pues es fruto de la acumulación primaria de capital y propiedades sobre la base de la gestión del sentimiento religioso de decenas de generaciones y de siglos.

Podríamos decir sin error, que es fruto del trabajo del pueblo “sin el pueblo“, es un patrimonio común que la misma iglesia muchas veces habla de ponerlo al servicio de los desamparados – oprimidos – en su propio lenguaje. Es cierto que hay excepciones en muchas de sus sociedades y órdenes religiosas en donde se antepone la ayuda al necesitado a las ansias de acumulación. Pero dejamos bien claro que eso, dada la magnitud societaria de la Iglesia y los enormes beneficios fiscales que recibe, es una gota en un océano de necesidades de sus feligreses y no feligreses para el común de los mortales.

¿Se imaginan las políticas de vivienda pública o social que se podrían hacer con los 11.000 millones de exenciones fiscales, sumadas a  los negocios no declarados y a las propiedades inmobiliarias usadas como emergencia habitacional? El Ayuntamiento de Ada Colau que reivindica los comunes, ejemplo de políticas sociales de izquierda, ha puesto en el último presupuesto conocido cerca de 100 millones en políticas de vivienda. Hagamos nuevamente la comparación:

11.000.000.000 comparado sobre 100.000.000

¿Se imaginan la bomba que supondría sobre el mercado libre de vivienda en España (98%) la puesta en marcha de semejante patrimonio sin tocar siquiera los derechos de propiedad de la Iglesia?

El Papa Francisco, como hizo Jesucristo, está clamando contra los mercaderes del templo que se han apoderado del mismo. La Iglesia católica española, su gran jerarquía, es hipócrita con sus postulados de pobreza. Su patrimonio sería una salvación tan grande como la expropiación de las viviendas que la Banca privada se ha apropiado de las familias con la crisis que ella misma ha generado para enriquecerse. Usar su patrimonio al servicio de los “desamparados” del país sería como devolver el PATRIMONIO DEL PUEBLO, LOS COMUNES, a sus legítimos poseedores sin expropiarlo.

Pero lo realmente punible de la jerarquía eclesiástica española, su dominio sobre su patrimonio, que no esta descentralizado en sus comunidades de base, es que hacen lo contrario de lo que defienden. ESE ES SU PECADO MORTAL.

Es peor que la banca privada pues de ella ya sabemos lo que se puede esperar – de los Botín, González, March, etc – . La mayor SOCIMI vitaminada del Estado español – la Iglesia católica – es aún más punible que cualquier otra SOCIMI creada por la banca infernal o los buitres del mundo entero.

En tiempos del PSOE de Zapatero se creó la legislación que permitiría años más tarde las exenciones fiscales y las tropelías actuales de las SOCIMI en los barrios de las grandes ciudades. Ya nos hacíamos eco en nuestro blog en el año 2009 (6). Think Tank de la socialdemocracia están detrás de estas “sociedades maléficas” que supuestamente fueron legisladas para crear el desastre que hoy conocemos aunque supuestamente debían ser el crisol de un verdadero mercado profesional del alquiler – libre por supuesto- en nuestro país (7).

Las SOCIMI son malas, sí, muy malas. El desastre que estamos viviendo actualmente en nuestras ciudades con los desahucios de alquiler es fruto de políticas preparadas desde hace tiempo por la izquierda oficial y los partidos del régimen del 78.

Lo que resulta chocante es que “la nueva izquierda comunal” que ha ganado los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y que reivindica “los bienes comunes” olvide el patrimonio de la Iglesia católica en sus postulados reivindicativos. ¿El patrimonio de la Iglesia no es tan comunal como el agua o la sanidad pública?

De hecho, el discurso de la nueva izquierda municipalista asimila SOCIMI a PP cuando los artífices de ese artefacto fue el gobierno de Zapatero en su desarrollo de los REIT (Real Estate Investment Trust) anglosajones en su primera legislatura. El loable estudio sobre vivienda vacía de las entidades financieras que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona se podría extender a las propiedades inmobiliarias de la Iglesía no fuera que desde el 1995 la jerarquía eclesiástica haya inmatriculado más propiedades terrenales de la cuenta en la ciudad condal. Ada Colau contará con todo nuestro apoyo.

¿Por qué el foco de la maldad se pone en las SOCIMI capitalistas que nacieron para lo que son y se deja de lado sin siquiera nombrarla a la mayor SOCIMI española – el patrimonio inmobiliario de la Iglesía católica, los comunes de siglos de acumulación – si su uso social ayudaría a reventar la burbuja inmobiliaria, al menos momentáneamente ?

Deberemos crear relato – que esta de moda -sobre este tema… nuestro blog ha abierto el melón!

salva torres

+++INFO COMPLEMENTARIA

  1. Opacidad y financiación de la iglesia católica. Informe 2015.
  2. La Iglesia posee 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI.
  3. La Iglesia no paga el IBI de más de 1.200 inmuebles pese a que solo el 18 % son de culto.
  4. Las injusticias del IBI y la Iglesia Católica.
  5. Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica.
  6. Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
  7. Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años..

+++ DATOS:

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sindicato de inquilinas de Gran canaria: una experiencia que queremos compartir

Teaser Documental Precaristas from Inercia Docs on Vimeo.


Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria

El primer sindicato de inquilinas del Estado, formado por las propias vecinas afectadas; inquilinas, ocupas, indigentes y precaristas. A través de la negociación o mediante la acción directa, el sindicato socializa suministros, para desahucios, realoja a personas sin techo o recurre a huelgas de alquileres en apoyo a familias necesitadas, que no tienen otra alternativa que la indigencia.

En unas islas con 138.000 casas vacías y una media de 15 desahucios diarios, los edificios ocupados por el colectivo son siempre de bancos o entidades públicas, nunca de particulares.
Gracias a que la mayoría de personas realojadas se implican más tarde en las acciones del Sindicato y de la FAGC, el movimiento crece día a día. Ya han conseguido dar cobijo a mas de 1200 personas, paralizar 3 desalojos masivos y ocupar más de 400 inmuebles vacíos.


estatutos del Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria

Denominación:

1. El Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria es una herramienta para organizar y reivindicar los derechos habitacionales de arrendatari@s, precaristas, indigentes, okupas, hipotecad@s y en general de todas las personas sin recursos con graves problemas de vivienda. Es una organización que se define como horizontal, asamblearia, autónoma y autogestionaria.

Estructura, ámbito territorial y domicilio:

2. Actualmente es un sindicato independiente ubicado en la isla de Gran Canaria.

3. Su funcionamiento es asambleario, dependiendo del órgano soberano de la asamblea la toma de todas las decisiones que afecten al sindicato. Primara el consenso, y cuando este no sea posible las mayorías simples.

4. La asamblea puede encomendar a sus miembros, mientras estos se ofrezcan voluntarios, distintas tareas y trabajos, entre los que se comprenden portavocía, tesorería, difusión informática, comunicación interna y externa, asesoramiento legal, organización de actividades de lucha por la vivienda (piquetes antidesahucio, expropiaciones, huelgas, etc.). Las tareas asignadas tienen que ser aprobadas por la mayoría de la asamblea. De ella depende velar por la rotatividad de los cargos.

5. El marco de actuación del sindicato son todos los municipios de la isla de Gran Canaria. Sin menoscabo de con el tiempo su actividad pueda extenderse a otros lugares y territorios con la creación de otros sindicatos adscritos a estos principios básicos.

6. Su sede física se encuentra actualmente fijado en la comunidad de vecin@s autogestionada de “La Esperanza”, en la carretera del norte, km 24, s/n, Albercón de la Virgen, municipio de Santa María de Guía, en Gran Canaria. Sin que sea impedimento para un futuro cambio de domicilio.

Finalidades y medios:

7. El objetivo del sindicato es garantizar para todas las personas sin recursos una vivienda digna. Intentará lograrlo organizando a l@s afectad@s, promoviendo en ell@s la necesidad de entender sus problemas como un conflicto colectivo, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo y reforzando la idea autonomista de que les corresponde a ell@s resolver, sin delegar, sus propios problemas.

8. Para conseguir esto se asesorará a l@s inquilin@s a la hora de contratar un alquiler, buscando clausulas abusivas en los contratos firmados o por firmar.

9. Se tratará de ayudar a encontrar a las personas sin hogar alternativas habitacionales a través de la expropiación y socialización de inmuebles abandonados, primando siempre los que estén en manos de organismos públicos o de entidades financieras.

10. Se asesorará a las personas que vayan a ser víctimas de un desalojo injustificado para hallar la mejor solución a su problema, sea la vía legal/administrativa, la negociación, el piquete antidesahucio o el realojo.

11. Se explorarán otras herramientas de lucha colectiva como son las Huelgas de Alquileres, a fin de detener desahucios masivos, conseguir una rebaja general de los alquileres, etc.

12. Se buscarán otras alternativas de vivienda que pasen por la gestión directa de los inmuebles por parte de quienes los habitan. Nuestro objetivo último es conseguir que las vecinas y vecinos de los barrios sean los que tomen las decisiones sobre cómo debe organizarse y distribuirse el acceso a una vivienda digna.

Afiliación:

13. Se considerará afiliada a cualquier persona que, con independencia de sus ideas o creencias (políticas, filosóficas o religiosas), lugar de nacimiento, edad, género, etc., tenga un problema real de vivienda, o tenga la determinación de luchar por nuestra causa, y esté dispuesta a abonar a tesorería los 50 céntimos de euros mensuales de cuota (pudiendo dar más de esta cantidad quien así lo desee). Esta cantidad podra cambiar en el futuro si así lo decide la asamblea.

14. Podrá perderse la afiliación si se sabotea al sindicato o se imposibilita el buen funcionamiento de este.

15. Aquellos que con su actividad personal o profesional promuevan la especulación de la vivienda o propicien y faciliten la ejecución de desahucios no podrán ser afiliad@s.

Independencia económica, estructural y relaciones:

16. El sindicato se financiará exclusivamente con las cuotas de sus afiliad@s o con los donativos de particulares o colectivos no gubernamentales. Sin descartar otras vías de autofinanciación que no contradigan el principio de autogestión y que permitan conservar la independencia económica del sindicato.

17. El sindicato se declara independiente, en estructura y modo de actuar, de cualquier otro sindicato, federación o partido político, y especialmente de cualquier institución u organismo público.

18. El sindicato abre sus manos a la colaboración con cualquier individuo o colectivo interesado en luchar por las mismas causas que nosotr@s, determinando cada circunstancia el tiempo y modo de la colaboración.

Disolución del sindicato:

19. La disolución debe ser aprobada por mayoría absoluta en asamblea. Esta decidirá entonces a dónde se destinan los fondos del sindicato y su patrimonio.


Ruyman Rodríguez: “La gent no es farà anarquista escoltant el que dic, sinó veient el que faig”

Des de la Federació Anarquista Gran Canaria (FAGC), Rodríguez propugna una acció política d’immediatesa, de barri, plasmada en projectes com la Comunitat Esperanza, l’ocupació més nombrosa de l’Estat espanyol.

>>>>>>>> entrevista a la Directa >>>>>>>>>