Consejos para alquilar una vivienda -2017

TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE FIRMAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de una vivienda, el nuevo inquilino debe asegurarse de dar una serie de pasos que le aseguren que todo está en regla con su alquiler. De este modo se evitará sorpresas desagradables y discrepancias con el casero en el futuro. Son los siguientes:

A)    antes de la firma del contrato

  • Comprueba que quien alquila la vivienda es efectivamente el propietario:

Es lo habitual, pero conviene cerciorarse para evitar cualquier disgusto con posterioridad. Evita que el inquilino se dé cuenta a posteriori de que el piso que ha alquilado (y por el que ha pagado la señal, por ejemplo) no pertenece a quien dice ser su propietario Comprobar este dato es fácil, si se efectúa a través de un intermediario inmobiliario, solicitarlo al mismo; si es entre particulares, a través de una nota simple en el registro de la propiedad.

  • Comprueba que el intermediario inmobiliario tiene mandato efectivo :

Es lo normal , pero no obstante, se debería pedir el documento conforme el propietario le ha dado el mandato expreso de alquilar la vivienda y de realizar todos los trámites en relación con la misma. En caso de que alguno de los firmantes actúe en nombre de una persona jurídica, se deberá incluir la razón social de esta e indicar perfectamente el título en que lo hace (apoderado, administrador, etc). También se deberá indicar el domicilio en el que deben ser requeridas o notificadas en caso de necesidad, NIF o CIF

  • Estudiar bien qué recoge el contrato

Antes de la firma del contrato es el momento de leer bien el contrato y si hay posibilidad, negociar las condiciones, o como mínimo de hacer constar las discrepancias, y si es posible, hacerlo por escrito. Entre ellas, la renta mensual o la duración del contrato, así como quién debe hacerse cargo, el casero o el inquilino, de los diferentes gastos (comunidad, impuestos, seguro, etc) o el pago de los arreglos cuando surjan diferentes averías en la vivienda

Se debe incluir, la dirección, referencia catastral, la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética

Si la vivienda se alquila con muebles se aconseja incluir un anexo con un inventario a ser posible valorado. en cuenta especialmente con lo que el contrato estipula en los siguientes puntos:

  1. Precio:

La renta mensual la mayoría de las  veces no es negociable , puede ser muy útil , el index de  precios de alquiler publicado por la Generalitat, que indica si está por encima de la media de la zona.

  1. Qué incluirá la renta mensual:

Es importante que en el contrato quede perfectamente establecido qué gastos quedarán cubiertos por el pago mensual que reciba el propietario: los gastos de comunidad, la calefacción central, el alta de los suministros, la tasa de basura o el impuesto de bienes inmuebles (ibi). Muchos alquileres incluyen estos gastos en la cuota mensual a pagar pero, para evitar sustos, hay que asegurarse que el contrato define exactamente qué se incluye y qué no en el

Y es que, según la ley de arrendamientos urbanos (lau), el arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo del pago, salvo que se hubiera pactado que éste se realice mediante procedimientos que acrediten el efectivo cumplimiento de la obligación de pago por el arrendatario.

El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener separadamente las cantidades abonadas por los distintos conceptos de los que se componga la totalidad del pago, y específicamente, la renta en vigor.

Si el arrendador no hace entrega del recibo, serán de su cuenta todos los gastos que se originen al arrendatario para dejar constancia del pago.

En el caso de los servicios y suministros que se individualizan mediante contador,  tales como la luz, el agua o el teléfono. Sin embargo, casero e inquilino podrán acordar quién debe hacerse cargo de los gastos que no puedan individualizarse y que correspondan a la vivienda, este es el caso de los gastos de comunidad, el impuesto de bienes inmuebles o la tasa de basura. Estos gastos pueden repercutirse en el inquilino, pero debe quedar totalmente claro en el contrato para evitar conflictos posteriores

Siempre que la vivienda no sea de VPO, casero e inquilino pueden pactar libremente el precio. Las subidas del alquiler ya no oscilarán según el IPC anual, sino que serán libremente pactadas.

  1. Duración del contrato:

Actualmente cuando se firma un contrato de vivienda en la que residir, la duración del mismo según la ley es la que se pacte libremente entre propietario e inquilino, que generalmente se fija en un año –y así se entiende si en el contrato nada se indica-. Sin embargo, quien alquila una vivienda debe saber que tendrá derecho a prorrogar esta duración de año en año hasta completar un periodo de 3 años. Estas prórrogas anuales (conocidas por el nombre de ‘prórrogas forzosas’) se producen automáticamente

La única excepción a que entre en vigor la prórroga forzosa es que el propietario necesite la vivienda para usarla para sí mismo, esta cláusula actualmente no ha de estar incluida en el contrato  

Tras el periodo de prórroga forzosa, el contrato vuelve a extenderse automáticamente durante un año más (prórroga legal).

 

  1. Fianza, garantías y avales

La ley permite que, además de la fianza por importe de una mensualidad, casero e inquilino pacten la constitución de cualquier otro tipo de garantía adicional del cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario. Algunos propietarios exigen el pago de una o varias mensualidades a cuenta de esta garantía adicional. Además, muchos propietarios exigen la constitución de un aval bancario por parte del inquilino para prevenir el impago de la renta. En muchas ocasiones, cuando la entidad financiera considera que la solvencia del inquilino es insuficiente para “prestarle” el dinero que supone el aval, pide que éste deposite la cantidad avalada –que puede ser de seis meses o un año de renta- en una cuenta o depósito de la entidad financiera

 

Deberá ser depositada en el INCASOL

La fianza no se actualizará durante los tres primeros años de alquiler. Pero cada vez que se prorrogue el arrendamiento, el casero podrá exigir una subida de la fianza o el inquilino una bajada hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.

Este requerimiento de garantías y avales supone, en la práctica, que el inquilino tenga que hacer un desembolso inicial que en ocasiones puede llegar a ser inasumible si no se dispone de ahorros.

  1. Alta de los servicios

Aunque no es lo más habitual, cuando la vivienda es nueva y nunca ha tenido dados de alta suministros como agua, electricidad o gas, habrá que pactar en el contrato quién paga la conexión de estos servicios. De hacerlo el inquilino, tendrá que saber que el coste puede superar los 700 euros, por lo que también es un punto importante a negociar

  1. Acuerdos de sustituir renta por reformas

 La ley de fomento del alquiler establece que se puede sustituir total o parcialmente el pago de la renta por el compromiso del inquilino de reformar o rehabilitar la vivienda alquilada.


En caso de acogerse a esta opción, si se quiere que funcione correctamente deberá establecerse en el contrato del modo más pormenorizadamente posible.
El propietario deberá incorporar al contrato el presupuesto detallado de las obras que van a ser objeto de compensación por parte del inquilino. 


Deberá hacerse constar en el contrato:



  1. a) Que las obras deben atenerse en cuanto a calidad y cuantía al presupuesto incorporado al contrato

  2. b) El plazo de ejecución de esas obras.

  3. c) Los alquileres que el inquilino podrá compensar como consecuencia de las obras realizadas.

  4. d) Que la falta de ejecución o ejecución defectuosa autoriza al casero para dar por terminado el contrato

  5. e) Que las obras realizadas quedan en beneficio de la finca sin derecho a ninguna indemnización o compensación para el inquilino.



B) después de la firma del contrato

  1. Asegurarse de que el propietario ha depositado la fianza

Una vez firmado el contrato aún queda algún aspecto a tener en cuenta. La ley obliga a depositar la fianza en el organismo competente de la comunidad autónoma pero, aunque sea su obligación, es conveniente de que el inquilino se cerciore de que así lo hace

Este punto es importante, en primer lugar, para que el dinero quede en ‘terreno neutral’ y el día que se abandone el piso se pueda recuperar la fianza sin temer que haya invertido el dinero en otra cosa y no esté en disposición de devolver el dinero

abogada Laura G. De Paoli


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Un fantasma recorre Barcelona: la rebelión de los inquilinos. Hastiados de la carestía de la vida, del desempleo y la precariedad laborales y ante el brutal incremento de rentas impuesto por el “sindicato de caseros”, decenas de miles de inquilinos de la ‘rosa de fuego’ se declaran en huelga cesando en el pago de alquileres. La represión no se hace esperar. Los lazos de ayuda mutua tejidos por las clases populares a través de décadas de ásperas luchas contra los amos de la ciudad propician la solidaridad y la resistencia contra el ataque conjunto de los rentistas de la Cámara de la Propiedad y las fuerzas defensoras del orden burgués. En un ambiente de gran crispación -que da lugar, en ocasiones, a intercambios de disparos-, los masivos intentos de desahucio, con lanzamiento incluido de muebles a la calle, son frecuentemente atajados por los aguerridos arrendatarios, organizados en el Comité de Defensa Económica. Los presos gubernativos, en su mayor parte relacionados con los desahucios, inician una huelga de hambre, mientras el conflicto del sector del metal que conmociona a la ciudad se transforma en huelga general. Siguen cuarenta y ocho horas de extrema tensión con varios muertos, veinte heridos graves y centenares de detenciones que provocan la desarticulación del Comité de Defensa Económica y la detención de sus dirigentes. Se pone en evidencia cómo la recién inaugurada república –recibida esperanzadamente por las clases populares- mimetiza sin complejos los modos represivos del régimen anterior cuando se trata de lidiar con las reclamaciones de los desposeídos.

El relato anterior no es una agorera prognosis de historia ficción sobre la aguda conflictividad social en la hipotética República Catalana. Se trata de una sucinta descripción –basada en el excelente ensayo de Manel Aisa- de la huelga de alquileres que sacudió Barcelona en el convulso verano de 1931. El advenimiento de la Segunda República y el impacto profundo de la crisis económica de 1929 desencadenaron un rebrote de las luchas sociales alimentado por las expectativas –luego frustradas- de reformas socioeconómicas profundas generadas por el nuevo régimen. Mutatis mutandis, en la actual situación de agudo deterioro de las condiciones de vida y de intensificación de la violencia inmobiliaria en la ciudad de los prodigios, la respuesta por parte de unas clases populares profundamente desestructuradas dista mucho de la que en aquel momento ofreció una clase obrera altamente politizada por el anarquismo revolucionario. Contrariamente a la hegemonía que encarnaba en la Segunda República el movimiento anarquista frente al minoritario nacionalismo burgués, en la actual fase de exaltada efervescencia identitaria, los escasos brotes de resistencia ante la apisonadora neoliberal son ahogados por el fragor de la omnipresente cuestión nacional. Cabría pues sospechar que –sin menoscabo de su indudable arraigo y del éxito logrado en la movilización popular- el eje nacional-patriótico, con su idealista vocación interclasista aglutinadora de la “voluntat d’un poble”, ha contribuido a esa anestesia al diluir el componente social de las luchas populares que había revitalizado la sorprendente eclosión “quincemayista”.

Y sin embargo, sobran –como entonces- los motivos para la ruptura de la “paz social”. La antigua ‘rosa de fuego’ –de la que Engels decía que era la ciudad del mundo con más barricadas-, deviene, al compás de su conversión en “golosina” para la explotación de la marca Barcelona –la ‘millor botiga del mon’ de los fastos olímpicos y el grotesco Fórum 2004-, un modelo perfecto de la nueva matriz de rentabilidad del capitalismo neoliberal: la extracción de rentas basada en las burbujas de activos y en la – en los clásicos términos de Harvey– acumulación por desposesión. El filósofo francés Henri Lefevre, ya en 1974, en el inicio del apogeo del capitalismo financiarizado, señalaba cuál iba a ser el renovado objetivo del capital ante la crisis de rentabilidad provocada por el agotamiento del modelo industrial-fordista de los ‘treinta gloriosos’: “el inmobiliario y la construcción dejan de ser un circuito secundario, una rama anexa y retrasada del capitalismo industrial y financiero para situarse en primer plano de la nueva matriz de acumulación”. Pocos ejemplos mejores que el de la capital de Cataluña –la antigua fábrica de España- para ilustrar esa drástica transformación de la estructura económica volcada actualmente hacia la valorización del suelo y el espacio urbanos como objetivos predilectos del capital financiero.

En los inicios de la cacareada recuperación de la maltrecha economía española–cogida de los frágiles hilos de la política monetaria expansiva del BCE, el petróleo barato y el coyuntural aluvión turístico- y ante la imposibilidad de reiniciar –por ahora- el inflado de nuevas burbujas hipotecarias por la fragilidad de la demanda de los millenials y el enorme stock de ladrillo procedente de la debacle de 2008, la fiera rentista cambia de estrategia. El siguiente anuncio de la promotora Urbania International, con excelentes relaciones con varios fondos de inversión internacionales, resume, mejor que cualquier colección de datos estadísticos, el modus operandi de la nueva ofensiva de los tiburones inmobiliarios: “La estrategia es hacer una mejora moderada y una renovación del edificio, reemplazando los contratos actuales por un esquema de gestión de vivienda turística, lo que automáticamente trae consigo un aumento de los ingresos por alquiler y la revalorización física de la propiedad misma para la posterior desinversión”. La apuesta por el alquiler es pues la clave de bóveda de la recomposición de la burbuja inmobiliaria y sus élites asociadas.

La tormenta perfecta, que impacta de lleno contra las crecientemente precarias condiciones de vida de unas clases populares machacadas por la devaluación salarial y la pobreza rampante, está servida: las masivas inyecciones de liquidez del BCE, canalizadas hacia la banca y los fondos “oportunistas”; el volcado hacia el alquiler de miles de viviendas procedentes de los despojos del colapso de 2008; la creación –con el señuelo de jugosas ventajas fiscales- de las SOCIMIS, auténticas multinacionales del rentismo “financiarizado” y la invasión vertiginosa del alquiler turístico propulsado por la plataforma Airbnb conforman un ciclón especulativo que torna prohibitivo el acceso a un bien básico para enormes bolsas de población. Su absoluto desvalimiento se agudiza con la complicidad flagrante de los dueños del BOE –con las sucesivas reformas de la neoliberal LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y el chollo fiscal del que disfruta el arrendador en detrimento del arrendatario en lugar destacado- con los intereses del sindicato de caseros. Salva Torres, alma mater de la asociación 500×20, que cuenta en su haber con una admirable tarea de investigación financiero-jurídica y de activismo social por la defensa del eslabón más débil de la opresora cadena de la violencia inmobiliaria, indica hacia dónde bascula la preferencia de los “ecuánimes” legisladores: “En 2014, los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por compra de vivienda habitual, nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero”. Javier Burón,  gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, se refiere lastimosamente a  los “cien años de no tener políticas públicas de vivienda” para explicar la casi absoluta inexistencia de vivienda pública o de alquiler social que pueda amortiguar el embate especulativo.

Los fondos de capital-riesgo como Blackstone, la infausta SAREB –el llamado banco malo, financiado con dinero público procedente del rescate europeo y atiborrado de la morralla inmobiliaria de las extintas cajas- y los 4 grandes bancos “supervivientes” de la hecatombe, convertidos en las mayores inmobiliarias del país tras la plaga de embargos hipotecarios, son los nuevos caseros del alquiler “profesional”.

Barcelona se convierte así en la joya de la corona del ataque combinado de las panzer division financiero-inmobiliarias. Su enorme potencial como meca turístico-congresual, la existencia de un parque de alquiler muy superior al del resto del estado (30% del total de viviendas) y la hegemonía local de una alta burguesía rentista –orbitando alrededor de la todopoderosa Caixa y de gigantes inmobiliarios como Núñez y Navarro- con potentes socios internacionales la convierten en diana predilecta del ataque de los financistas: en 2016, la inversión inmobiliaria “profesional” en BCN fue de casi 2000 millones de euros (el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y el 20% del total de todo el país).

El resultado es fácilmente previsible. En los dos últimos años las rentas han escalado más de un 25% en los barrios más “golosos” del centro turístico y siguen acelerándose mientras los desahucios por impago de alquiler ya superan con creces a los de vivienda habitual. Las imágenes de espantados vecinos mostrando angustiados los implacables burofax, en los que los nuevos multi-propietarios les conminan al abandono inmediato de la vivienda mediante la vía expeditiva de la no renovación contractual, representan el símbolo de la nueva ofensiva de violencia inmobiliaria. Los ayuntamientos del cambio y la “regeneración democrática” asisten desbordados ante la avalancha: el señor Burón, a la par que desgrana medidas pretendidamente “realistas”, como fomentar la colaboración público-privada y buscar el equilibrio entre “rentabilidad y habitabilidad”, reconoce la impotencia del ayuntamiento del cambio ante la enormidad de “un problema estructural”. El ritmo de construcción de viviendas sociales de titularidad municipal, a pesar de la aceleración propulsada por los adalides de la regeneración democrática, sigue siendo, en sus resignadas palabras, “una gota de agua en el océano”. El ataque de los “especuladores en activos” -¡cuánta jeremiada nostálgica escuchamos del capitalismo productivo, que hacía cosas útiles para la gente!-, junto con la impotencia –cuando no connivencia descarada- de las administraciones públicas inciden de lleno en el creciente desvalimiento de las clases populares. El 50% de la población forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite contratar una hipoteca pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos: la media en BCN es de 14€/m2. El retraso infinito de la emancipación juvenil, la expulsión-gentrificación de la población tradicional de los prohibitivos barrios fashion y el hacinamiento en viviendas compartidas o en la casa de los abuelos configuran un panorama de empobrecimiento generalizado con insospechados daños colaterales. Como refiere el compañero Salva Torres: “Los pequeños propietarios no pueden competir con el mercado profesional de alquiler de las grandes firmas pero nunca se enfrentarán a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar la peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en una guerra entre pobres,  con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos”. Asimismo, se está produciendo un aumento inusitado de la fórmula de compra conocida como “nuda propiedad”. Tal argucia perversa consiste en la adquisición de un inmueble habitado por una persona mayor, con el derecho de reversión hacia el comprador en el momento del fallecimiento del titular. El objetivo es rentabilizar la inversión –muy rebajada por la “necesaria” espera a que el “bicho” ocupante pase a mejor vida- a través del alquiler sobrevalorado.

El carácter parasitario e improductivo–en abierto contraste con la oposición, irreconciliable pero transparente, entre explotador y explotado en el lugar de trabajo- de semejante modelo de actividad económica se refleja en su matriz de rentabilidad “precapitalista”: la extracción de rentas de la sacrosanta propiedad privada transmitida por herencia.  La “renta” es el flujo infinito –al contrario que una patente, que tiene duración determinada hasta que revierte al dominio público- de liquidez que recibimos simplemente por ser propietarios de algo, sin aportar trabajo o valor de ninguna clase. Como dice Stuart Mill, –refiriéndose a los terratenientes absentistas-: “Puede decirse que se enriquecen mientras duermen, sin trabajar, arriesgar o economizar. Según el principio general de la justicia social, ¿qué derecho tienen a ese aumento de sus riquezas?”. Ni siquiera la ortodoxia económica neoclásica otorga refrendo teórico para la extracción ilimitada de rentas de un bien de uso depreciable cuyo valor de cambio aumenta –contra toda lógica racional- indefinidamente. ¿Qué justificación tiene cobrar alquileres desorbitados por viviendas antiguas –la mayoría del parque de Barcelona tiene entre 40 y 60 años- que ya han sido amortizadas varias veces por sus propietarios a través del flujo de rentas y las generosas desgravaciones fiscales? Los proudhonianos clásicos consideraban que la explotación capitalista se fundamentaba en distintas categorías económicas que consistían en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvalía en el trabajo, el lucro en el comercio, el interés en el crédito y la renta en el alquiler. Ni que decir tiene cuáles son las predominantes en la actual fase senil y crecientemente depredadora del sistema de la mercancía. Lefevre resume el ataque global  a las condiciones de vida de la población que una matriz rentista-extractiva como la descrita supone: “Todas las condiciones se reúnen así para un dominio perfecto, para una refinada explotación de la gente, a la que se explota a un tiempo como productores, como consumidores de productos y como consumidores de espacio”.

Segunda parte 

LAS RESISTENCIAS: legalismo versus ilegalismo

Hoy es muy difícil esperar que los nuevos sindicatos de vivienda asuman una medida como ésta, pero tal y como los sindicatos laborales combativos deben aspirar a acabar con el trabajo asalariado, los sindicatos de inquilinos deben aspirar a acabar con la renta. Abolir los alquileres puede parecer una propuesta muy extrema, pero ni siquiera el argumentario económico más convencional puede refutar su coherencia

Ruymán Rodríguez

Esa política tiene dos criterios: no engañarse y no desnaturalizarse. No engañarse con las cuentas de la lechera reformista ni con la fe izquierdista en la lotería histórica. No desnaturalizarse: no rebajar, no hacer programas deducidos de supuestas vías gradualistas al socialismo, sino atenerse a plataformas al hilo de la cotidiana lucha de clases y a tenor de la correlación de fuerzas de cada momento, pero sobre el fondo de un programa al que no vale la pena llamar máximo porque es el único: el comunismo

Manuel Sacristán Luzón

Ante la virulencia del embate financiero-inmobiliario contra las condiciones de vida y habitación de unas clases trabajadoras crecientemente desvalidas, surgen los interrogantes acerca de qué tipo de estrategias de resistencia pueden obstaculizar el desarrollo de la maquinaria de la apisonadora neoliberal. ¿Es posible contener, desde las instituciones públicas o los movimientos sociales, los efectos devastadores de un modelo como el descrito? ¿Puede embridarse el voraz capitalismo financiarizado a través de las palancas institucionales o legislativas? ¿Cuáles son sino las posibilidades de construir una resistencia popular eficaz contra la ola desatada de violencia inmobiliaria?

Las organizaciones que se han erigido en protagonistas de la respuesta social ante los efectos más dramáticos del colapso inmobiliario de la última década se caracterizan por la adopción de una estrategia basada en la reducción de daños y en la propuesta de reformas legislativas -de las que la ‘dación en pago’ ha sido la reivindicación estrella-.

El ejemplo paradigmático ha sido la lucha contra los desahucios llevada a cabo por la PAH, cuya “casa matriz” se sitúa en la ciudad de Barcelona. El mérito indudable de llevar a la esfera pública una violencia extrema del sistema –la aberrante arquitectura legal del sistema hipotecario español con su brutal regulación del impago crediticio- queda sumamente atenuado por el grave error que implica centrar casi exclusivamente la lucha contra la violencia inmobiliaria en su medida estelar: la ‘dación en pago’. Además de soslayar con ello la crítica de fondo de todo el sistema de generación de crédito bancario (creación de dinero-deuda de la nada e inflado de colosales burbujas de activos), causante real de la catástrofe inmobiliaria, la cúpula de la organización ha rechazado recurrir a los mecanismos que hubieran sido realmente eficaces para impedir que muchos hipotecados en “quiebra” perdieran su vivienda. Limitándose a la denuncia del abuso que suponía la reclamación de la deuda restante, tras la entrega de la vivienda al banco, se renunciaba a la denuncia global de todo el entramado fraudulento basado en el crédito hipotecario. La PAH-Madrid, organización enfrentada por este motivo a la casa matriz barcelonesa, define la dación como “una alternativa tóxica y letal en su aplicación generalista y populista”. Y lo cierto es que, como han demostrado quienes han tenido el coraje de ir más allá en la investigación y denuncia de los atropellos perpetrados por la banca patria, motivos para cuestionar la legalidad de todo el sistema no faltaban en absoluto. Trapacerías fraudulentas, reconocidas en sentencias de tribunales españoles y europeos, como la masiva titulización de hipotecas–que conducía al absurdo de que el banco que exigía la deuda no era el legítimo acreedor al haberla empaquetado y vendido, desapareciendo su rastro en la nebulosa financiera-; el vencimiento anticipado, que faculta al acreedor para la ejecución de la hipoteca y la reclamación completa de la deuda pendiente transcurridos únicamente dos impagos o la colusión de la gran banca europea en la fijación del Euríbor y del IRPH para cargar intereses abusivos –el 90% de las hipotecas eran de tipo variable- al incauto deudor son sólo algunos botones de muestra de las cargas de profundidad que podían desvelar la flagrante ilegalidad de todo el procedimiento hipotecario. Sin embargo, cumpliendo a la perfección con el “sostenella y no enmendalla”, en su última Iniciativa Legislativa Popular, la PAH sigue insistiendo en su propuesta de dación en pago “retroactiva”, junto con otras medidas paliativas como el etéreo alquiler justo o “asequible”. No es en absoluto osado aventurar que semejante táctica derrotista ha facilitado, a su pesar, la gestación de la actual burbuja del alquiler gracias al volcado al sediento mercado de centenares de miles de viviendas procedentes de lanzamientos hipotecarios –incluidas miles procedentes de daciones en pago- por parte de la gran banca y de la SAREB. Tales daños colaterales explican quizás la dureza de la PAH-Madrid en su descripción de las causas del “distanciamiento” ocurrido en la organización: “unos llegaron al Congreso, Asambleas o alcaldías. Su instrumentalización del problema hipotecario les rindió diferentes beneficios personales y políticos. Otros seguimos de manera organizada en la defensa de nuestras familias frente a bancos, jueces y políticos”. Quizás una pista –innegablemente malévola- que explique su moderantismo adaptativo la proporcione el antropólogo social Gerard Horta al consignar la rápida “colocación”, como asesores o cargos municipales en el consistorio barcelonés, de los principales responsables de los colectivos proinmigrantes y activistas contra el CIE, surgidos al calor del triunfo  electoral del ciudadanismo progresista encarnado en Barcelona en Comú –cuyos máximos dirigentes provienen de la PAH-.

Paralelamente a la basculación del rentismo financiero-inmobiliario de la propiedad al alquiler, el activismo social centrado en la lucha por la vivienda “digna” se ha desplazado de la contención de los enormes daños provocados por el drama hipotecario a la lucha contra la redoblada violencia inmobiliaria causada por la burbuja del alquiler – actualmente, el 93% de los desahucios en Barcelona son por impago de arrendamiento-. El día 12 de mayo de 2017 se celebró la presentación en sociedad del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. “La defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, estable, seguro y digno” constituirían, según su manifiesto fundacional, sus propósitos fundamentales. La formación de un parque público de vivienda social, la lucha por la regulación de los precios, la reforma de la neoliberal LAU y el asesoramiento a afectados por los efectos de la draconiana legislación vigente representan sus ejes prioritarios de actuación. En sus coloristas –el naranja es el uniforme del movimiento- encuentros ciudadanos, el mantra del alquiler “justo”, las invectivas contra los fondos “buitres” y la lucha contra la “especulación que nos ahoga” centran las intervenciones. El ambiente armonioso remite a las “evangélicas” asambleas de la PAH, con sus referencias a la inteligencia colectiva y a vehicular las emociones a través del lenguaje dulcificado –empoderamiento, revolución democrática, ciudadanismo, femenino genérico, etc- de clara ascendencia quincemayista. Al igual que la PAH, su decálogo de propuestas, rezuma legalismo y requerimientos de reformas a las administraciones públicas que contengan la apisonadora de la violencia inmobiliaria. En su manifiesto fundacional, el sindicato se ubica en la tradición abierta por la huelga de alquileres del 31 –como si su manifiesto carácter reformista-paliativo pudiera entroncar con el anarquismo revolucionario- que “nos recuerda que la lucha por los derechos de los inquilinos no es aquí una experiencia nueva”.

La recién constituida –marzo de 2017- Coordinadora de asambleas de vivienda de Barcelona reclama en su declaración de principios medidas similares: limitación de alquileres, reducción de alojamientos turísticos, paralización de  desahucios sin alternativa habitacional, etc. Añadiendo asimismo en su exhortación final una dupla de exigencias dirigida a las inmobiliarias, conminándolas –cuál si de la fábula del escorpión y la rana se tratara- a que dejen de “especular con el precio del alquiler” y exigiendo a la administración que intervenga tomando medidas contra el vaciamiento de los barrios.

La genealogía de las referidas organizaciones –junto con el observatorio DESC, el llamado think tank de la PAH y del sindicato de inquilinos-, “compañeros de viaje” de la nebulosa de los Comunes y del nuevo municipalismo “regeneracionista”, podría remontarse a los colectivos de lucha por el derecho a la vivienda surgidos en los años previos al colapso de 2008. Resulta llamativa la notable coincidencia de postulados con el contenido de la “Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística”, del año 2006. El documento fue redactado por la Plataforma vecinal contra la especulación, en el marco del Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística, caldo de cultivo del que surgió la V de Vivienda, organización que protagonizó las primeras movilizaciones masivas en Barcelona por el derecho a la vivienda y que fue uno de los embriones de la PAH -fundada en el año 2009-. Una somera ojeada muestra que las medidas propuestas –control de precios, reforma de la LAU, denuncia de la especulación desaforada, etc.-no han variado significativamente en la última década. La primera frase de la Carta define a la perfección la esencia sociológica del movimiento: “Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona”.

La justificación de la moderación de tales medidas adquiere siempre ribetes tacticistas, basados en la prudencia y la adaptación a los malos tiempos: hay que ser realistas y no pedir imposibles, sintonizando con el sentir mayoritario de la población, para sumar adhesiones y elaborar programas de mínimos que aglutinen sensibilidades diferentes evitando sectarismos. La dulcificación terminológica –tan característica de los “compas” de la nueva política, descendiente bastarda del quincemayismo- refleja ese afán de apelación al sentido común de los hombres y mujeres de bien: garantizar derechos ciudadanos, lucha contra la pecaminosa especulación, construcción de alternativas de regeneración democrática, transversalidad de las luchas, municipalismo, etc.

El primer punto de las diez propuestas del manifiesto del Sindicato de Inquilinos barcelonés resume esta aspiración de fuerte aroma pequeñoburgués: “hace falta estabilidad y una mayor duración de los contratos para poder desarrollar proyectos vitales”. Como parte indisoluble de este realismo, carente de veleidades utópico-revolucionarias, se apela a la contención de los poderes económicos exigiendo reformas legales (en lugar destacado, la furibundamente neoliberal LAU) y la intervención pública en el control del ataque encarnizado del capital financiero contra las “frustradas” seguridades de la clase media. Detrás de fórmulas como la búsqueda del «reequilibrio del contrato social en favor de la ciudadanía», se esconde el mismo “benestarismo” naïf que ha llevado a la bancarrota a la socialdemocracia, incapaz de comprender que el capitalismo neoliberal no entiende de límites ni de contrapesos redistributivo-keynesianos. La actual alcaldesa de Barcelona y antigua lideresa del movimiento antidesahucios expresa la esencia armonista del movimiento: “El anhelo de tener una vivienda propia es muy respetable y entonces en un modelo ideal de vivienda debería existir un fuerte parque de vivienda social, un parque importante de alquiler regulado como hay en otros países, un parque de cooperativismo y cesión de uso (modelo entre la propiedad y el alquiler) y podría haber también pequeña propiedad. No hay que confundir la pequeña propiedad con la gran propiedad de la especulación con la vivienda”.

No se pueden dejar de escuchar, por debajo de las bellas proclamas ciudadanistas del derecho a la ciudad, los ecos de la sarcástica descripción de Lefevre acerca de los vanos anhelos de vuelta a un capitalismo redistributivo característicos de la atribulada middle class: “Colgar el abrigo en el vestíbulo de la entrada. Y, ya más ligero, salir a tus asuntos después de haber confiado los niños a los Jardines de Infancia de la galería, reunirte con los amigos y tomar algo juntos en el drugstore. He aquí realizada la imagen perfecta de la alegría de vivir”.

¿Existen otras formas de resistencia contra la violencia “legal” del sistema de la mercancía alejadas de la “ilusión gradualista” o del reformismo paliativo? Entroncando –con mucha más justicia histórica que el sindicato barcelonés- con el movimiento anarcosindicalista de los años 30, se ha fundado también este año el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. En la sección “Finalidades y medios” de su declaración de principios aparece el siguiente postulado: “El objetivo del sindicato es garantizar para todas las personas sin recursos una vivienda digna. Intentará lograrlo organizando a l@s afectad@s, promoviendo en ell@s la necesidad de entender sus problemas como un conflicto colectivo, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo y reforzando la idea autonomista de que les corresponde a ell@s resolver, sin delegar, sus propios problemas”.

Aparentemente, el diagnóstico y las estrategias tienen una música similar a la de las organizaciones “hermanas” de la ciudad condal. Nada más lejos de la realidad: el ideario del Sindicato canario excluye la confianza en la vía legalista-institucional con sus vanas esperanzas de alterar el statu quo a través de la presión sobre los poderes del Estado. A años-luz de quienes ven en el “respetable anhelo a tener una vivienda propia” un legítimo ideal de vida, sus actuaciones reflejan la necesidad de tirar por la calle de en medio, sin rebajarse ni desnaturalizarse con la tentación reformista. Ni una sola mención a reformas legislativas ni a recurrir a las palancas de la política oficial para introducir cuñas en la maquinaria del expolio: se aspira a crear una organización que “no nos reduzca a simples reguladores de las desigualdades del Sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la necesidad de probar otras alternativas de gestión de la vivienda, que aspire a que ésta se dé de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de intereses privados y que plantee la necesidad de que las decisiones sobre las viviendas las tomen quienes las habitan

Ruymán Rodríguez, uno de los portavoces del Sindicato, autor de una magnífica recopilación de textos donde relata sus experiencias de activismo social, describe las herramientas que sirven para la aplicación práctica de tales principios: “Socializamos suministros, paramos desahucios, realojamos familias sin techo, recurrimos a huelgas de alquileres… Queremos ser el tipo de herramienta que era el sindicalismo anarquista en los años treinta pero adaptada a los tiempos que corren”.

Se trata de aprovechar las perspectivas transformadoras y de movilización social que abre –ante la desactivación bajo la hegemonía neoliberal del conflicto clásico en el centro de trabajo- el frente de lucha por la vivienda, una problemática que implica a todos los mecanismos coercitivos del sistema: los tres poderes legales, el empresariado, la clase rentista-financiera y las fuerzas de seguridad. Contrariamente a la confianza del frente ciudadanista en el legalismo y la capacidad institucional para cambiar la “correlación de fuerzas”, el Sindicato canario propugna la defensa del ilegalismo como principio de actuación. Acompañado, cuando sea necesario, del recurso siempre táctico a la legalidad y a los resortes institucionales como mecanismos para aprovechar el lado garantista que –a pesar de su carácter de clase- tiene la legislación de una “democracia” moderna. El compañero Ruymán expresa con brillantez las insolubles contradicciones de la ilusión gradualista de las nuevas fuerzas del cambio: “Cuando se rehuye el conflicto, solucionamos los problemas y déficits del Sistema y lo reforzamos en vez de debilitarlo. En la FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) nos dimos cuenta de esta incongruencia cuando asistentes sociales y ayuntamientos empezaron a enviarnos gente para que la realojáramos. La lucha social no puede permanecer insensible a las necesidades de la gente, pero tampoco puede ser el tapón de las fugas del Sistema ni la oportunidad de reenganche de los excluidos al modelo capitalista”.

Se trata pues de evitar la doble tentación del infantilismo revolucionario –grupúsculos que ven la insurrección a la vuelta de la esquina, habituales en la fragmentada constelación de los “autónomos” de extrema izquierda- y de la institucionalización domesticada: los dos guettos  a través de los que se encierra y desactiva la posibilidad práctica de incidir en la modificación sustancial de la vida cotidiana.

Como demuestra la práctica, breve pero fructífera, del sindicato canario, la necesidad de poner en jaque a la constelación jurídico-policial de blindaje de la sacrosanta propiedad privada exige poner el acento en el papel neurálgico de la okupación como herramienta política y no meramente asistencial. En lugar de una concepción defensiva de la okupación, como medio de realojo de las víctimas de la violencia inmobiliaria ante la falta de alternativas habitacionales –enfoque característico de la PAH-, se trata de recurrir a la okupación política como herramienta de socialización y arma de lucha contra el establishment: la “Comunidad la Esperanza”, la mayor comunidad “okupa” de España y la sede del sindicato canario, es el símbolo del intento de trascender el cariz paliativo del realojo mediante el carácter combativo de la okupación política como revulsivo para aglutinar colectivos y unificar las luchas.

Las prácticas comunitarias que en ella se desarrollan ofrecen atisbos de las potencialidades de desarrollo de la vida social, sin las bridas y camisas de fuerza que las reglas del juego imperantes en la sociedad mercantil imponen. A pesar de su condición minoritaria, el solo hecho de crear entornos autónomos donde se abran posibilidades de desarrollar actividades que impliquen cooperación, apoyo mutuo y estímulo de tejidos asociativos y vecinales supone la puesta en cuestión de los cimientos de la ciudad-mercadería y de los pragmáticos consejos de los reformistas pequeñoburgueses que tan sarcásticamente describe el subcomandante Marcos: “lo que deberían hacer es ver cómo administrar el muro sin pretender derribarlo: cambiar de guardia, intentar hacerlo un poco más justo, amable. De todas formas, resígnense, siempre estarán de este lado. Si siguen así, sólo le están haciendo el juego a la administración, al gobierno, al Estado, al cómo se diga, no importa la diferencia porque el muro es el muro y siempre ¿lo oyen? , siempre estará ahí”.

Mientras no resurja la movilización social, aletargada desde la luminosa eclosión quincemayista y anestesiada actualmente por las falsas expectativas creadas por el asalto institucional y el frenesí identitario, la tarea de la hora consiste en la construcción paciente de nueva cultura material de vida que vaya agrietando ese muro que algunos piensan que es inútil intentar derribar -colaborando con ello, quizás involuntariamente, en su mantenimiento-. En las sabias palabras de Joaquín Miras, “Ahora no hay movilización social; la que se inicia en el 15-m del 2011 ha sido desmontada por quienes se convierten de inmediato en sus usufructuarios que proclaman que basta con votarles a ellos para cambiar el mundo. El cambio que pueda llegar a haber en una sociedad, poco o mucho, integrado a medio plazo o a corto plazo, depende de la movilización, de la lucha social que haya habido (…) Pero eso no es lo que ocurre ahora aquí. Aquí no hay movilización de masas, lucha social organizada, o como queramos decirlo. Y proseguimos en pleno neoliberalismo”.

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/10/21/la-verdadera-batalla-por-barcelona/

 

 

 




PSOE se alia con PP para evitar que los pisos de la Sareb sean de alquiler social como pide Unidos Podemos

El partido del renacido Pedro Sánchez se alía con la derecha ante un problema trascendental para miles de familias que ocupan pisos.

PP y Psoe se alían para tumbar una propuesta de Unidos -Podemos sobre pisos sociales de la Sareb

Aunque se preveía el apoyo de los socialistas a esta iniciativa de los de Iglesias, el desencuentro vuelve a ser la tónica entre PSOE y Unidos Podemos en un asunto tan relevante como la vivienda y la gestión de los miles de pisos vacíos en el país. En la comisión de Fomento del Senado de este martes el Grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea presentó una moción para convertir el Fondo Social de Viviendas en “un instrumento capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los grupos sociales más vulnerables”, en palabras de la formación.

Para ello, proponía obligar a la Sociedad de Gestión de Activos porcedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado ‘banco malo’, a ceder su parque inmobiliario al Fondo Social de Viviendas. Por otro lado, promover la creación de un “registro de viviendas vacías y desocupadas” que actualmente son propiedad de los bancos, como paso previo a obligarlos también a colaborar con el mismo fondo “mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas”.

Por último, la iniciativa de Unidos Podemos pedía que “el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda”, algo que en la actualidad no sucede y que, según el grupo, es “de sentido común”.

La moción fue bloqueada por PP y PSOE. Los socialistas incluyeron una enmienda de sustitución proponiendo “promover la flexibilización de los requisitos de acceso al Fondo Social de Vivienda” y “promover los acuerdos con la Sareb y las entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social”.

“Promover” frente a “obligar”: es la gran diferencia de las propuestas de PSOE y Unidos Podemos en la cuestión sobre si las Administraciones deben disponer del stock de viviendas vacías de la banca y del ‘banco malo’ de forma automática o mediante concesiones voluntarias de las propias entidades.

“Después de casi cuatro décadas desde la aprobación de la Carta Magna podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoels”, argumenta Podemos en su moción, insistiendo en que “la provisión de vivienda se ha dejado en manos del mercado y los bancos: desahucios sin alternativa habitacional (más de medio millón desde que estalló la crisis en 2007) al tiempo que España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas)”.

La propuesta del PP, que también incluye una enmienda de sustitución, propone ayudas para que estos “grandes tenedores” puedan animarse a ceder sus viviendas a colectivos vulnerables. Plantea que la comisión de Fomento del Senado “inste al Gobierno a que el Plan Estatal de Vivienda recoja un programa de ayudas que posibilite a los grandes tenedores de vivienda ofrecer sus viviendas desocupadas a quienes sean objeto de desahucio judicial y se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

“Hora de que los bancos asuman responsabilidades”

En este sentido, la formación morada y sus confluencias entienden “que no es necesario explicar la responsabilidad de las entidades financieras en la grave situación que viven muchas familias españolas”. Recuerdan las sentencias europeas “que declaran la ilegalidad de la normativa hipotecaria española” para expresar que “es hora de que los bancos asuman responsabilidades y obligaciones”.

“Existe una especial responsabilidad social corporativa de los grandes tenedores de vivienda con la crisis residencial de nuestro país”, destaca la moción, pidiendo que esa responsabilidad se traduzca en “la obligación de contribución con viviendas idóneas al Fondo Social de Vivienda”.

Ni siquiera la Sareb, creado para gestionar los activos procedentes de la reestructuración bancaria, forma parte del Fondo Social de Vivienda”, insiste Podemos, “aunque así se lo haya pedido el Defensor del Pueblo ante su posición en el mercado inmobiliario como poseedor de miles de viviendas”.

fuente: elboletin.com




¿De verdad están por el derecho a la vivienda?

Hoy me llega la noticia de esta iniciativa aparentemente en pos del derecho a la vivienda. Pero tras leerla detenidamente descubro con indignación que se trata justo de lo contrario, de una iniciativa en contra del derecho a la vivienda convenientemente disfrazada, de otro lobo con piel de cordero. Unas son contrarias al derecho a la vivienda por tibias y otras por estar abiertamente en su contra.

La primera de las medidas sería permitir a las Administraciones Locales regular los precios abusivos de alquileres cuando comprueben incrementos desmesurados las rentas. Leyendo de pasada sin prestar mucha atención suena bastante bien, pero la realidad es que simplemente nefasto. En este país se paga un elevado sobreprecio por la vivienda y por tanto, el objetivo debería ser cambiar la leyes para cambiar la situación del mercado de la vivienda de modo que los precios se ajustarán a valor de la vivienda. De esto nada dice la medida. De hecho en ella se acepta con ello esta situación del pago generalizado de un elevado sobreprecio por la vivienda. Las Administraciones Locales solo podrían intervenir cuando comprobaran incrementos desmesurados de los precios, pero para reducir los ya muy elevados sobreprecios a su valor real. Pero esta medida ni siquiera impediría la continua alza de los precios del alquiler pues solo se podría intervenir cuando el incremento fuera desmesurado, pero no cuando el el incremento fuera el normal en comparación con el incremento de precio en el resto de viviendas y recordemos que lo normal es la continua alza de los precios. Pero es que ni siquiera nos asegura que se atajasen estos incrementos desmesurados en comparación con los incrementos normal, pues además deberían tener la consideración de abusivos, por tanto, podría haber incrementos desmesurados que no se considerasen abusivos y no se impidiesen. En resumen, esta propuesta ayuda a sus autores a quedar muy bien pareciendo muy buenos samaritanos, pero de ponerse en práctica no ayudaría a satisfacer el derecho a la vivienda sino a que se siga empleando la vivienda como medio de explotación.

La segunda medida es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ahí vamos muy bien porque LAU es la clave en el uso de la vivienda como medio explotación. Cuando los poderosos del sistema decidieron que emplearían la vivienda como medio de explotación de la población y trazaron su plan para ello, como medida fundamental modificaron LAU del año 1964 para incrementar los precios de los alquileres, primero con el decreto Boyer del año 1985, después con la LAU de 1994 y por último con la reforma de esta del 2013. Cuando los precios de los alquileres ya eran suficientemente elevados resultaba sensato el pensar que alquilar era tirar el dinero porque por la misma cantidad mensual o incluso por menos se podía adquirir una vivienda hipotecándose. Había comenzado la segunda fase del plan de explotación mediante la vivienda. Sin la reforma de la LAU no se hubiera dado, no hubiese existido burbuja hipotecaria. Así que parece más que lógico de cajón una reforma de LAU para revertir el camino, bajar el precio de los alquileres hasta su valor real, acabar con la burbuja hipotecaria, acabar con la explotación y satisfacer por fin el derecho a la vivienda de la población.

Pero no es esta la reforma que nos propone esta iniciativa, sino modificar los procedimientos arrendaticios para dotar en él a los inquilinos de una mejor posición procesal para defenderse. Es cierto que el procedimiento arrendaticio ha sufrido en los últimos años reformas en favor de los arrendadores y en contra de los arrendatarios. Pero no ha eliminado el derecho a la defensa de estos. Con el actual procedimiento arrendaticio el inquilino sigue manteniendo mecanismos procesales de defensa efectivos. Se dice que se quiere permitirles a los inquilinos oponerse al desahucio, dando a entender falsamente que ahora no puede hacerlo cuando no es así, actualmente el inquilino puede oponerse al desahucio. El problema es que si no tiene dinero para pagar la renta, no le sirven de nada, porque no los va a emplear. Dotar de más y mejores mecanismos procesales  de defensa no le servirá de nada, si no tiene dinero para pagar la renta. De lo que se trata es de que los inquilinos puedan pagar las rentas y eso se consigue bajando los precios del alquiler a su valor real. De que serviría una mediación previa preceptiva a la demanda, si el inquilino no puede pagar el alquiler, ¿para alargar la agonía e incrementar la deuda del inquilino con el casero?

Esta iniciativa pretende alargar la duración de los contratos. Y ahí de nuevo ponen el dedo en la llaga, pues la duración de los contratos de alquiler es la clave de que la vivienda sea o no un medio de explotación. Pero de nuevo lo hacen para no solucionar nada y limitarse a un ligero maquillaje. La propuesta es aumentar la duración mínima hasta la que el inquilino puede prorrogar el contrato con su única voluntad de 3 a 5 años, como con anterioridad a la reforma de la LAU de 2013. ¿Acaso con LAU en su redacción original de 1994 estábamos en el paraíso? La reforma de 2013 no fue más que una vuelta de tuerca más, pero el daño ya estaba hecho y era muy profundo. Con la LAU de 1964 el inquilino podía permanecer de por vida en la vivienda alquilada e incluso el alquiler se podía heredar. Qué casualidad que entonces no hubiera explotación mediante la vivienda, el derecho a la vivienda estuviera satisfecho ni hubiera burbuja hipotecaria. ¿Les da miedo proponer la vuelta a esta situación o es que simplemente no quieren acabar con la explotación mediante la vivienda sino aparentar lo que no son?

Por último con esta reforma de la LAU pretenden que la alza de los precios de los alquileres se adecuen al incremento del IPC. Es decir, que aceptan que los muy elevados sobreprecios de los alquileres sigan subiendo. Ni asomo de intención de que los precios se ajusten al valor real del alquiler.

Después se descuelgan con las famosas ayudas al alquiler, que son más falsas que Judas, pues no son ayudas a los inquilinos sino ayudas a los arrendadores, ya que el dinero pasa del Estado, que lo recoge previamente de todos nosotros a las manos de los arrendadores y los inquilinos simplemente hacen de intermediarios, pues transmiten el dinero del Estado a los arrendadores dándole con ello a esta subvención encubierta una noble apariencia, el resultado sería el mismo que si el Estado entregara el dinero a los arrendadores, pero entonces ¿cómo podría justificar este regalo? En cambio encargando a los inquilinos que entreguen su regalo a los arrendadores y vistiéndolo como una ayuda a los inquilinos y a la satisfacción del derecho a la vivienda, se libran de las objeciones contra este desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Esta más que probado que las mal ayudas al alquiler encarecen el precio de los alquileres y de la vivienda. ¿Por que habría el arrendador abaratar el precio del alquiler para que fuera accesible a la población si aquello que el inquilino no puede pagar se lo pagaremos entre todos por medio del Estado?

Luego “arrementen” contra las SOCIMIS. Bueno en realidad no, pues lo único pretenden es que los ricachones que amasan fortunas con lo que roban a través de las SOCIMIS, donen un exiguo porcentaje de sus ganancias vía impuestos, para hacer un poco de caridad con el tema de la vivienda y así continuar con el lavado de imagen. En un país donde el derecho a la vivienda efectivamente se puede ejercer y no existe explotación mediante la vivienda, las SOCIMIS no tienen cabida, porque no tienen de que vivir, si no pueden usar la vivienda para robar como se van a mantener. ¿Existían SOCIMIS antes del año 1985? Aceptar las SOCIMIS  es aceptar la explotación mediante la vivienda y la ausencia del derecho a la vivienda. El artículo 31 CE establece la progresividad de los tributos. Norma que por cierto nunca se ha cumplido y ahora menos que nunca. ¿Por qué no piden una fiscalidad progresiva como es obligatorio por mandato de la Constitución? ¿Por que acabaría con las SOCIMIS y no se trata de eso, no se trata de tocar las fortunas de los ricachones ni de molestarles, no se vayan a enfadar?

Después vienen con el famoso parque público de viviendas de alquiler de los grandes tenedores, SAREB, Banca. No parece mala idea, pero es tan vaga que el que se convierta en una buena práctica dependería de detalles que en la iniciativa no se explican. Lo cierto es que hasta el momento siempre que los grandes tenedores han puesto a disposición viviendas en alquiler a precios asequibles han sido las peores de su patrimonio. Y mucho me temo que por ahí va la propuesta. ¿No sería mejor que en lugar de un parque público de viviendas, regular el mercado de la vivienda de modo que todas tuvieran precios en su justo valor? En lugar de un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles, todas las viviendas a precios asequibles. Lo del parque público no es más que un regalo envenenado que nos aparta del derecho a la vivienda para todos.

La última medida es ya el acabose y la guinda de la tremenda burla que supone esta iniciativa: que se financie la construcción de viviendas con destino a alquiler a precios asequibles. ¿Acaso tenemos déficit de viviendas? ¿Necesitamos más viviendas? ¿Qué fue de aquello de, no se entiende, gente sin casas y casas sin gente? ¿No sería mejor regular el mercado para que todas las viviendas tengan precio asequible y todos puedan satisfacer sin mayor dificultad su derecho a la vivienda? ¿O se trata precisamente de que no sea así? ¿Se trata de mantener un mercado de la vivienda sobrevalorado en el que para acceder a la vivienda haya que pagar un elevado sobreprecio para así explotar a la mayoría de gente y un mercado secundario subsidiado para que aquellos que no pueden acceder a este al menos tengan una vivienda de segunda?

Los autores de esta fantástica iniciativa es Unidos Podemos, coalición que se presenta como defensora de los intereses del pueblo. Pero más bien parece que defiende los intereses de los amos del pueblo y que se disfraza de lo que no es para confundir al pueblo y conseguir que no luche por si mismo poniendo sus esperanzas en sus falsos adalides. Pablo Inglesias dijo en una ocasión que la gente no se confundiera con Ciudadanos pues no es más que el recambio del PP. Se le olvidó comentar que Podemos es el recambio del PSOE. No está tan lejos de este partido cuando continuamente quiere pactar con él, e incluso pretendió gobernar con él. Y el PSOE era aquel partido que se presentaba como defensor de los intereses del pueblo y que no tardó en descubrir que defendía los intereses del los amos del pueblo.

Muchos piensan que para solucionar los problemas de la sociedad, y con ello quiero decir gobernar en interés del pueblo y no de sus amos, hace falta un cambio de gobierno. Pero esta manera de pensar nos aleja de la solución, pues se renuncia a luchar por cambiar las cosas directamente y se concentran los esfuerzos en conseguir el cambio de gobierno, si además cuando después de tanto esfuerzo por fin en alguna ocasión se consigue el cambio de gobierno, resulta que se le ha entregado a alguno de estos partidos del sistema que van de partidos del pueblo pero en realidad son partidos de los amos del pueblo.

En el caso del derecho a la vivienda mejor que esperar la solución en una hipotética victoria electoral de Unidos Podemos, sería luchar desde ya por forzar al gobierno a respetarlo. Para ello tenemos una buena arma, la ocupación.




Anomalias observadas en un piso a Figueres-Girona que fue entregado en febrero del 2016 por Habitatge de la Generalitat de Catalunya

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Anomalies observades en un pis va que va ser entregat al febrer del 2016, per Habitatge de la Generalitat, al carrer Ponent, nº 36 a Figueres, sense ascensor, a una família composta per una dona, ara, embarassada i dues criatures de 9 i de dotze anys.

1-CUINA

Veiem que a la cuina, al safareig, té rovellada tota la finestra, a causa de l’aigua que cau del sostre quan plou.

2-MENJADOR

a)La finestra que dóna a la Terrassa no tanca bé.

b)La persiana està trencada.

c)Els vidres, com observareu, estan totalment esberlats, el que representa un perill de mort per a la família i sobretot, per als infants. Ja que en sortir o entrar els hi poden caure tots els vidres a sobre i degollar-los. Això s’ha produït pel fet que les finestres són molt senzilles i els marcs com es mouen poden trencar els vidres de poc espessor.

3-PORTES

Estan fetes de fullola prima i 4 llistons, com les de niu d’abella, però de mala qualitat. Una porta, que ja hi havia un furat abans, la van tapar amb pasta abans d’entregar el pis, però d’una manera totalment matussera. L’altra se’ls hi va trencar a ells per caure-hi una fusta a sobre.

4-PERSIANES

En dues finestres no n’hi ha. A les altres finestres que hi són, estan totes espatllades.

5-FINESTRES

Vidres de poc espessor. No tanquen bé i hi passa el fred i la calor tant pel marc com pels tapajuntes. Amb el fred regalimen aigua i mullen els llits impedint que s’hi pugui dormir. Les finestres i els muntants son d’una ínfima qualitat, no tenen pont tèrmic, i ni els vidres son dobles i no aïllen del fred i la calor.

6-HUMITATS

Al ser les parets fredes amb molt poc aïllament, les habitacions estan plenes d’humitat per la condensació del vapor de la respiració, de la cocció d’aliments a la cuina i el vapor de la dutxa i s’hi han fet fongs. Quan els hi van entregar el pis, van pintar les parets perquè no es veiessin els senyals, però han anat sortint i fins i tot cau la pintura a trossos de la paret i del sostre

7-LAVABO

Ens trobem també amb importants problemes de la humitat. Mireu la fotografia.

8-AÏLLAMENT:

Ja ho hem comentat. No n’hi ha.

9-DIPÒSIT D’AIGUA SANITARIA:

l’escalfador és petit i no te suficient aigua per poder-se dutxar tota la família.

11-TEMPERATURA:

En un dia d’hivern es va mesurar la temperatura i es va comprovar que:

A les 17:00 hores la temperatura del pis era de 9 graus. A les 22 hores era de 7’5 graus

Nota: La Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres ha anat enviant diversos escrits a l’Ajuntament, amb fotografies del pis, des del mes de gener del 2017 advertint-los del perill que suposa aquest pis per tot l’ exposat, i mostrant-los el risc de mort que hi ha amb el vidre del menjador. Hem demanat que hi anés un tècnic que revisés l’estat d’aquest habitatge, però fins ara no hem rebut cap resposta, el que constata la manca de responsabilitat de l’Ajuntament de Figueres cap a l’atenció ciutadana. Deplorable




Estrategias y retos políticos y sociales del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Estrategias organizativas frente a los retos políticos y sociales que afronta el Sindicato de Inquilinos de Barcelona

por Salva Torres, activista de la Asociación 500×20



De aquellos polvos, vienen estos lodos.

Llevamos medio año largo desde el inicio de las primeras reuniones celebradas con el objetivo de construir el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Por parte de nuestra Asociación, la organización de los inquilinos ha sido siempre uno de los retos más importantes. En los años del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando todos los focos mediáticos mostraban el naufragio hipotecario, éramos de las escasas voces en la conurbación de Barcelona que prestamos apoyo a los inquilinos dentro de la defensa del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

Realizábamos una lucha unitaria que continuamos practicando hoy en día en la defensa de los hipotecados en riesgo de perder su vivienda, pero también del precariado que se las tiene que ver con la propiedad, los de las habitaciones alquiladas y de la ciudadanía en general que ocupa pisos viviendo en un estado de angustia permanente.

Desde 1985, cuando la LAU –Ley de Arrendamientos Urbanos- del ministro Boyer acabó con la protectora ley franquista de alquileres de renta antigua, las sucesivas reformas legislativas, basadas en la persecución del “inquilino moroso profesional” destruyeron la seguridad del alquiler. Estas reformas siempre venían acompañadas de un discurso hipócrita sobre “el fomento del alquiler”. En realidad, ocurría lo contrario: en 2009, nuestro país llegó a tener el récord mundial del 90,1% del parque de vivienda en régimen de propiedad (*1). Este “estreñimiento” record del mercado de alquiler, acompañado de la contrarreforma legislativa en el Estado español, tornó imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino debido a la total desprotección jurídica del mercado. La propiedad se convertía en una dictadura mientras los contratos de alquiler son como una vaca lechera de la que se extraen rentas del desvalido inquilino de manera profesionalizada (*2). Asimismo, el discurso del “fomento del alquiler” permitía y continúa permitiendo que las ayudas fiscales a la propiedad multipliquen por 30 a las recibidas por los inquilinos (*3).

Así pues, no es de extrañar que en aquellos días “de vino y rosas” todo el mundo entendiera que era “mejor comprar una casa que tirar el dinero alquilando”. La LAU, junto a la VPO –vivienda de protección oficial-, ambas bendecidas por PPsoe+CiU+PNV y ahora C’s, fueron las incubadoras de la sociedad de los propietarios y de la burbuja inmobiliaria. La derogación de la LAU es pues imprescindible para desmontar esta “leyenda urbana” y lograr que por fin se tambalee este arraigado principio ibérico.

Podemos afirmar pues sin margen posible de error que la LAU y la LEC –Ley de Enjuiciamiento Civil- se han convertido en los instrumentos para desalojar a nuestro vecindario pobre intercambiándolo, en un proceso brutal de gentrificación, por ricos compradores de segundas o terceras residencias así como por turistas que acuden en masa al Hub global en el que está inmersa Barcelona. “De aquellos polvos vienen estos lodos” donde la ley neoliberal –LAU- permite negocios rápidos y jugosos que nutran la voracidad de los inversores extranjeros, cuyos caudalosos flujos especulativos casi igualaron en 2015 el total del presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad.

Dos apuntes más: desde el punto de vista residencial, Barcelona no es una ciudad europea. El mercado regulado, es decir, el parque de vivienda de titularidad pública, no llega al 1% de las 820.000 viviendas totales en una de las ciudades del Estado con el porcentaje más alto de alquileres: 32%. Y esta ridícula cantidad de vivienda pública las convierte en guettos -como denuncian muchas de las comunidades de inquilinos a las que hemos dado apoyo estos años. Esta gestión de la vivienda, por parte del PMHB –Patronato Municipal de la vivienda- y del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, ha ayudado a la mala imagen de las viviendas sociales y a la gentrificación de la ciudad.

Volviendo a las cifras, si sumamos a las poco más de 6000 viviendas del PMHB los llamados pisos sociales propiedad de los bancos, Iglesia Católica y particulares de la Bolsa de vivienda social llegamos a duras penas al 1,5%. Conclusión: el 98% de los contratos de alquiler se negocian en el mercado libre en la Ciudad Condal.

Un segundo apunte: sin una radiografía exacta del reparto de la propiedad inmobiliaria en toda la ciudad entre las 820.000 viviendas que la componen, será difícil desplegar las medidas legislativas más adecuadas que necesita la ciudad. Todo hace pensar que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ha iniciado tímidamente un mapa de viviendas vacías. Insisto: viviendas vacías; no hablamos pues de un verdadero mapa de la propiedad inmobiliaria. Es una vergüenza, después de 40 años de “democracia”, en uno de los países donde la propiedad inmobiliaria tiene un peso más importante en la economía, que no haya un censo cruzado de la propiedad. Quizás es la manera de enmascarar el fraude sistemático de los rentistas sobre los impuestos directos a la riqueza (fraude en el que han colaborado las sucesivas administraciones). Sin conocer la radiografía inmobiliaria, me atrevo a afirmar que una buena parte de la propiedad está en manos de pequeños propietarios. Pero esta nueva burbuja inversora que vivimos actualmente concentrará la propiedad en unas pocas SOCIMIS, nacidas legislativamente al calor de esta burbuja en ciernes, de las manos del PPsoe. (*4)

Enriquecidos, subvencionados y defraudadores.

Este subtítulo no está pensado para ser efectista sino para focalizar el objetivo real contra el que luchamos los inquilinos de Barcelona.

Una gran parte del dinero se crea en la ingeniería financiera, no en la economía productiva, en un proceso que los economistas clásicos denominan “ingresos no ganados por el trabajo sino por la posesión de un título”. Más del 70% de los préstamos bancarios son al sector inmobiliario y a los bienes raíces –Real State-. El valor de un edificio de viviendas u oficinas vale el montante de lo que el banco está dispuesto a financiar. Y son los bancos comerciales los que determinan la cantidad de crédito y la oferta monetaria circulante –y no el Banco Central Europeo, como afirma falazmente la teoría convencional.

La Reserva Federal y después el BCE han creado en los últimos años de la nada miles de millones de euros –Quantitative easing- comprando activos inmobiliarios y deuda pública a la banca para ayudarla a vaciar sus balances de los activos tóxicos acumulados tras la crisis. Se trataba de “enriquecer a las entidades financieras con dinero fresco”.

Este programa de compra masiva de deuda titulizada del BCE –no es un préstamo con interés que se hace a la banca, sino que es el propio BCE el que está comprando deuda de la banca privada- es lo que ha permitido a la banca, con esta colosal cantidad de dinero en la hucha, lanzarse a la compra masiva de bienes raíces (*5) mediante sus fondos buitres radicados en paraísos fiscales.

Primero llegaron los Blackstone (Anticipa Real State) desde USA –inventores del Quantitative Easing- y después todos los fondos de inversión establecidos en el paraíso fiscal de Luxemburgo que desembarcan en Barcelona comprando la “morralla” hipotecaria, edificios enteros, hoteles, centros comerciales…

Y no dejamos de lado las SOCIMIS (*6) españolas participadas por la banca casi al 100%. Este monstruo determinará la clase de economía que habrá en la ciudad en los próximos años. Son los que crean el dinero, los que dicen quién tiene acceso al crédito y que es lo que no lo tiene. Aunque con cierto retraso, nuestros conciudadanos más adinerados se apuntan después a la fiesta. Y no olvidamos tampoco a los turistas, que en el delirio inversor son los convidados de piedra que llegan con el low-cost como muchos de nuestros compatriotas hacen en otros lugares. Los turistas no son la causa sino el resultado de un plan trazado desde hace años donde capitales, inversiones, leyes y empresas se unen para expulsar a la gente y hacerse con el control de todo el valor histórico y monumental de la ciudad, robándonos así el valor intangible de Barcelona, únicamente para monetizarla y venderla mejor.

Como el 98% del mercado de alquiler en la ciudad es libre, sin restricciones, está abonado el terreno para que el proceso de expulsión del vecindario más pobre se haga realidad con la finalización de los contratos. A pesar de ello, las enormes ventajas fiscales que tienen los propietarios sirven para justificar el discurso hipócrita del “fomento del alquiler” de manera que los propietarios físicos y jurídicos –SOCIMIS- están subvencionados en todos los conceptos: gastos, mantenimiento…Lucrándose además al aplicar una amortización anual de su propiedad.

La medida que se quiere introducir en el “Pla estatal de Vivienda 2017-20” (7*) de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900, si son jóvenes- ni siquiera es aplicable a ciudades como  la nuestra. Las ayudas al alquiler para familias sin recursos son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo. ¡Que no nos vengan con excusas!

Además son inflacionistas, los propietarios saben perfectamente quién las puede cobrar (*8). Las conceden las comunidades autónomas y el inquilino no llega siquiera a ver el dinero para evitar que lo pueda “malgastar” en comida. El PP criticó al PSOE cuando aprobó las ayudas a la emancipación de jóvenes pero, como todo hace pensar, este plan estatal se aprobará con 28 votos a favor y 8 abstenciones como señala El País en su noticia. ¿Cómo es posible que la izquierda no haya votado en contra de la Comisión? (*9).

A pesar de las descomunales ventajas, el fraude fiscal en el mercado del alquiler es enorme sobre todo entre el pequeño propietario. Damos fe de lo que dicen los portavoces de GHESTA –sindicato de los inspectores de Hacienda- que explican como año tras año la ocultación de alquileres supera los 3000 millones de euros. Muchos de los desahucios de inquilinos que nos llegan a la Asociación son de contratos no declarados porque la fianza no está registrada. ¿Por qué no se subvenciona el alquiler en el IRPF? La desgravación fiscal al inquilino es opaca para la propiedad y, al mismo tiempo, delata a los defraudadores cuando se cruzan los descuentos de los inquilinos y la declaración de la renta de los propietarios.

Un momento dulce de la movilización social por los derechos de los inquilinos

 La situación se ha agravado en toda Barcelona no sólo por la subida desmesurada de los precios y la enorme cantidad de desahucios de inquilinos y precarios. También han desaparecido los carteles de alquiler de habitaciones en los locutorios, un desesperado refugio habitual para muchas familias y ciudadanos en graves dificultades. Finalmente, el estreñimiento de la oferta de alquiler en todos los segmentos (vuelve a ser de nuevo rentable la venta) hace muy complicada la gestión de los 44.000 contratos de alquiler que, como media, se renuevan cada año en la ciudad. En los barrios más periféricos no podemos dejar de recordar la gran bolsa de viviendas ocupadas por hogares que no tenían otra alternativa que vivir guarecidos.

Lo que nuestra asociación no consiguió a lo largo de los años de la burbuja, ahora es posible por el cúmulo de circunstancias sobrevenidas y explicitadas en este documento. Con este panorama, la llegada de los “millenials” –la generación del NO CREDIT NO DEBT- y las especiales circunstancias del turismo en ciertos barrios han hecho surgir la idea de la defensa de los inquilinos. La constitución hace unos días del Sindicato de Inquilinos, en el cual estamos implicadas varias entidades, hará dar un salto cualitativo en el planteamiento del problema a toda la ciudad. Pero no nos será nada fácil puesto que el marco legislativo no permite muchas  alegrías. Tendremos que trabajar por la denuncia de que casi todos los contratos de alquiler son en realidad abusivos puesto que son de adhesión y muchas cláusulas que contienen también son abusivas. Pero será el trabajo barrio a barrio, calle a calle, el que permitirá la autoorganización de los inquilinos sobre problemáticas que muchas veces son diferentes entre barrios como el Raval, con una presión turística brutal, o la zona norte de la ciudad, con el índice más alto de desahucios de la ciudad y del país.

Estamos hablando entonces de la territorialización de la lucha pero también de la personalización, del conocimiento mutuo, etc. El sindicato tendrá que convivir pues con una estructura centralizada que permita aunar fuerzas pero al mismo tiempo sume las sinergias que en cada barrio generamos las organizaciones conocedoras del tejido asociativo y de las complejas tramas urbanísticas y habitacionales que genera la conurbación barcelonesa.

Éstos serían pues, en mi humilde opinión, los retos organizativos del Sindicato de Inquilinos: estructura centralizada, consejo de entidades de apoyo, territorialización de la lucha, sinergias transversales y verticales entre los barrios, las entidades y el sindicato. Nadie se ha de disolver porque haya llegado el Sindicato. El Sindicato de Barrio del Poble Sec ha hecho una acertada aproximación de conjunto en esta infografia de Barcelona.

batalla habitabilidad barcelona

 

Hay un reto más que quería dejar para el final. La creación del Sindicato no puede convertirse en un instrumento para separar a la ciudadanía en problemáticas diferentes en función del tipo de acceso a la vivienda: hipotecados, inquilinos y okupas. Lo que ha demostrado esta crisis es que un hipotecado puede convertirse en inquilino y después en okupa. Ni podemos permitir episodios en los que hipotecados hacen contratos ilegales a inquilinos que les pagan los recibos de la hipoteca ni tampoco la criminalización de la okupación o el desahucio de familias residentes en habitaciones o infraviviendas. Todo esto lo tendremos que combinar con un trabajo de presión y acompañamiento barrial con el sistema de los Servicios Sociales y emergencias municipales que permita el mejor tratamiento posible a los hogares en riesgo habitacional. El mapa elaborado por el Poble Sec muestra una rica complejidad que no puede ahogarse en una estructura vertical demasiado centralizada en el Sindicato ni olvidar que las asociaciones de vecinas y muchos casales de barrio son centros que ayudarán en la tarea de la lucha por la vivienda digna en Barcelona.

 

El manifiesto fundacional del Sindicato de Inquilinos es lo suficientemente genérico para que se permitan interpretaciones diferentes que puedan convivir. Pero la indefinición también puede ser un peligro a medio plazo. Tendremos que bregar con las diferencias, avanzar discutiendo, divergiendo y que al final ganen las mayorías de afiliados.

Y, como decía un tuit reciente: “Creemos que la labor de los sindicatos de inquilinas deben transcender de la de simples lobbies. (*10)


(1) López, Isidro – Rodríguez, Emmanuel, (2010), Fin de ciclo, Madrid -España, Traficantes de Sueños… pg.238 reseña 23

(2) Como en todas las generalizaciones ahí excepciones: conocemos propietarios que son conscientes de la función social de la (3) Salva TORRES, 2016, Las ventajas fiscales para los arrendadores, 500×20.prouespeculacio.org
(4) Salva TORRES, 2016, Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto, 500×20.prouespeculacio.org
(5) Europa Press, El balance del BCE rompe la barrera de los 4 billones de euros, Publicado 05/04/2017.
(6).Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(7) lamoncloa.gob.es Plan estatal de Vivienda 2017-20.
(8) nadaesgratis.es, Problemas del Nuevo Plan Estatal de Vivienda.
(9) elpais.com, El próximo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 busca impulsar el alquiler.
(10)


http://sindicatdellogateres.org/es/que-volem/

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LA TRAMPA DEL ALQUILER SOCIAL

Ese troyano de la Banca que es la PAH siempre ha reivindicado el alquiler social como corolario de su reivindicación estrella que es la dación en pago. Sin embargo, se ha “olvidado” de explicar a sus seguidores a los que miserablemente engaña, que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite desposeer al demandando que tras la subasta haya perdido la propiedad de su vivienda. Y que por tanto, el nuevo propietario de la vivienda habrá de instar otro proceso para proceder al desahucio.

alquilersocial1Actualmente un proceso de desahucio dura al menos tres años, es decir, desde que se recibe la demanda hasta que se fija una fecha para la entrega de la posesión y el lanzamiento, se pueden contar como seguros con tres años para usar la vivienda. Claro está que eso es así en el caso de defenderse en ese proceso, evidentemente si se renuncia a defenderse el proceso se acelera.
Con la actual ley de alquileres de viviendas instaurada por el gobierno del césar José María Aznar tras la reforma del gobierno de su delfín Mariano Rajoy, el inquilino solo tiene asegurado tres años.

Si se echan las cuentas, se percata que el alquiler social no merece la pena. Y no me refiero a la diferencia en el dinero entre el alquiler social y el mantener la posesión durante todo el tiempo que dure el proceso de desahucio. Porque a pesar de ser ese detalle muy importante hay otro que aún lo es más. Quien acepta el alquiler social acepta la pérdida de su vivienda. El alquiler social es la VASELINA que la Banca y su troyano la PAH proporcionan a los deudores para que acepten que les arrebaten la vivienda.

Algo de lo dicho en el primer párrafo seguramente os habrá causado incredulidad, que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite desposeer ni lanzar al demandado que tras la subasta ha perdido la propiedad de su vivienda. Porque es un hecho público y notorio que la Administración de Justicia sistemáticamente procede a desposeer y lanzar en los procesos de ejecución hipotecaria a los demandados que tras la subasta han perdido la propiedad de su vivienda. La razón de la contradicción es simple, entre la Ley y la aplicación de la Ley suele haber un abismo. Es decir, la Administración de Justicia en general y en particular en este caso concreto de la desposesión del demandado en una ejecución hipotecaria que tras la subasta pierde la propiedad de la vivienda,  infringe consciente y voluntariamente la Ley. Este indignante hecho es denunciable públicamente y debería haber sido denunciado por la PAH, y habría sido denunciado públicamente por la PAH si la PAH fuera lo que dice ser y no un troyano de la Banca. Pero la PAH se lo ha callado porque le convenía para su estrategia de endosarnos el venenoso regalo del alquiler social, su trampa para que aceptemos que la Banca nos arrebate nuestras viviendas. No solo no lo ha denunciado sino que nos ha hecho creer que el problema era solo que las leyes era injustas y que los jueces no podían hacer otra cosa porque no tienen más remedio que aplicar, cuando la realidad es que los jueces están violando sistemáticamente el procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se inicia hasta que finaliza cada proceso. De eso no nos ha dicho nada. No le interesaba que lo supiéramos.

José Angel GALLEGOS

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La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.

OJO!!!!…….. Debería leer la primera parte de este documento antes de continuar en la que se encuentra ahora para entender mejor el conjunto del texto.

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2ª parte: La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

El parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades: ¿ objetivo de la vivienda social?

En el anterior capítulo hemos visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social. Hay poderes fácticos (banca, inmobiliarias, inversionistas, la Iglesia católica y propietarios particulares) que controlan ese bien esencial para la vida, alterando la ley de la oferta y la demanda, porqué habiendo excedentes de producto (viviendas) los precios no bajan a pesar de la caída de salarios. Llegados a este punto, para poder extraer conclusiones, nos falta un análisis del objeto de disputa: el parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades (*1).
Lo primero que debería hacerse en la era de la digitalización es un censo fiable y cruzado entre el Registro de la Propiedad, las empresas de suministros, el catastro y el empadronamiento que arrojaría la verdad sobre como esta distribuida la propiedad inmobiliaria y cómo utiliza sus viviendas (*2). Ese censo demostraría que a pesar de lo que pudiera parecer no son las viviendas nuevas el objeto de disputa. En las grandes ciudades la nueva construcción en el largo decenio del boom inmobiliario no fue exagerada (*3). En Barcelona las viviendas nuevas construidas en la década del 2001-10 representan sólo un 5% del total del parque de viviendas que se sitúa en 811.106 viviendas (*4). El problema en las grandes ciudades,donde se concentra el alquiler es que la mayor proporción de vivienda vacía o secundaria es de segunda mano aunque hacía las periferias se igualan las vacías nuevas y de segunda mano. En el caso de Barcelona (*5) el gran problema son las viviendas vacías en número de 88.259 (12%) mientras que en Madrid el problema es un enorme parque de 200.000 viviendas secundarias (15%).
Nuestro estudio en base a las estadísticas del INE descubre interesantes datos. En Barcelona la mitad de las viviendas se construyeron entre los años 1940/80, por lo que 423.429 de ellas tienen entre 40 y 80 años. Han pasado largamente el ecuador de su “amortización catastral” que se sitúa en una orla de 20 a 35 años. En Madrid en ese período del 1940 -80 se construyeron 830.841 que representan más del 50%, por lo que resulta que la mitad del parque de pisos de la capital del estado español ha pasado también el ecuador de su amortización catastral(*6).
En las grandes ciudades la vivienda dedicada al alquiler suele ser la vivienda de segunda mano que en el 90% de los casos ha superado más de una vez el umbral de amortización si ha estado durante 25 años alquilada(*7) y además es propiedad sobre todo de particulares o personas físicas. Si ese segmento de viviendas que han pasado más de una vez el umbral de amortización son las candidatas a vivienda social ese dato debería ser tenido en consideración para no pagar un sobreprecio por ellas.
Veamos un ejemplo de vivienda privada construida en el año 1960 que ha sido hogar en propiedad hasta 1990 ha superado su umbral de amortización por su mismo valor en alquiler. Si en adelante el mismo propietario la arrendó libremente hasta la actualidad, 25 años, ha superado por segunda vez su amortización. Además hay que añadir el coste que para el erario público supusieron las ventajas fiscales de la compra y las del alquiler que hemos explicado. Si en 2016 esa vivienda entrara en la Bolsa de Vivienda Social, ¿sólo nos atrevemos a fijarle un precio ligeramente inferior de la renta media de viviendas iguales en la zona?. Ese precio regulado es el precio que la administración o un operador como Habitat3, etc. está dispuesto a pagar, no es el recibo pagado por el inquilino que se rige por otros baremos sociales (*8).
Por contra, una vivienda de alquiler público sólo debe amortizarse una sola vez por la Administración. A partir de ese momento los arrendamientos se pueden destinar a obras de mantenimiento o a construir otros edificios. Tampoco se debe amortizar el suelo que se mantiene al margen de la especulación. Por eso los países que han invertido en vivienda social de manera masiva han liberado recursos para investigación, industria. Aquí el suelo público se privatizó con las VPO que han acabado siendo un fraude masivo a la sociedad y la incubadora de la burbuja inmobiliaria porqué al introducir el crédito hipotecario se inyectó la financiarización de la vivienda, y “la cultura de la sociedad de los propietarios” para desproletarizar a la clase media trabajadora.
La demanda de alquiler asequible está estimada en Barcelona en 70.000 hogares y de 250.000 en toda Catalunya según las organizaciones sociales… Si las políticas de subvención indiscriminada de la propiedad no han conseguido movilizar esas viviendas en un país con una política fiscal tan desorbitadamente favorable a la propiedad, la solución pasa por ¿extender aún más la bonificación a la propiedad?
En nuestra humilde opinión, esta es una política presupuestariamente suicida si pretende alcanzar al conjunto de la población necesitada. Un ejemplo de lo que decimos es la famosa ley 24/2015 que pretende el fomento del alquiler social aprobada en el Parlament de Catalunya solemnemente por todos los partidos (*9). Después de 9 meses continua sin tener un acompañamiento presupuestario estimado en 800 millones de euros anuales.
Las ayudas públicas al alquiler social son sencillamente de derecha. Incentivar el alquiler social fomentando las bonificaciones a viviendas que han sido amortizadas más de una vez sólo refuerza el bucle del poder financiero de los rentistas y su modelo económico especulativo. Si Alemania es el ejemplo por su amplio parque de vivienda social, es porqué una buena parte de los ahorros y la inversión han ido a sectores productivos en lugar de incentivar la especulación de los bienes raíces y los rentistas inmobiliarios.

Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto

Los Bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, Api’s, etc dividen a los potenciales inquilinos por perfiles financieros asegurando los mejores para la fórmula “alquiler seguro”(*10). En el lado de los arrendadores tendríamos al pequeño propietario marginal que ha acumulado uno o más pisos por herencia familiar, al inversionista que quiere hacer “negocio” usando una vivienda arrendada y a los propietarios de múltiples viviendas o edificios por herencia o compra. Más allá tendríamos a los grandes tenedores.
Es en esta última franja donde nuestro país se esta produciendo una revolución del mercado, como hemos explicado, por la entrada masiva de capital especulativo. El PPsoe+CiU+PNV lleva años preparando el terreno en lo que sería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorías en los pasillos del Congreso de Diputados. No sólo han desarmado al inquilino con sucesivas reformas legislativas sino que han mejorado el poder financiero de los propietarios cambiando las condiciones fiscales para crear el llamado “mercado profesional del alquiler” con las SOCIMI que representaran un caballo de Troya contra los pequeños propietarios. Claro, todo se justifica con lo de facilitar el alquiler.
Asistimos a una batalla por el control del parque de vivienda en este país sobre todo en las ciudades. Por un lado, el tinglado inmobiliario de la Banca tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Por otro lado, el control lo extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“ cuya materia prima ha sido la compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso a precios de derribo después que el Estado ha cubierto las pérdidas de las Cajas de Ahorro y la Sareb. Ese largo medio millón de viviendas hubieran sido la base de un parque de vivienda pública de alquiler asequible, hoy, son el vehículo disfrazado de la misma banca nacional o extranjera que les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría y mejor oferta del mercado. Igualmente, las ventajas fiscales les darán una oportunidad inigualable respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler. Este dominio del llamado “mercado profesional del alquiler” también se verá reforzado por el control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros e impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de agilizar los desalojos por impago de alquileres uno de los dolores de cabeza de los pequeños propietarios.
Los pequeños propietarios no pueden competir con este mercado profesional de alquiler pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en “una guerra entre pobres” con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos.
Hay una izquierda que apuesta por esa opción: derribar todos los obstáculos legislativos a las SOCIMI con esa fiscalidad ventajosa y no quieren cambiar ni una coma de la actual LAU (*11). Basta leer los documentos de Fundación Alternativas, del Psoe, cuya presidenta es la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Delegan en las SOCIMI, como Azora (*12), creadas con el material de la Sareb, para generar un volumen de negocio que irrumpa en el mercado libre o subvencionado en lo que debería haber sido el papel del Estado con un parque de vivienda pública de alquiler. Ese trabajo sucio legislativo y patrimonial ya lo han hecho durante la crisis y sus resultados son observables porqué la guerra de pobres se ha agudizado en los desahucios del alquiler entre precarios y propietarios particulares. Esta configuración del mercado de alquiler tiene como efecto la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Para esto tienen una solución: el alquiler social subvencionado. Pero son palabras: en un país con el presupuesto intervenido por la Troika comunitaria no hay dinero para una política de ese colosal tamaño.

Deshaciendo el nudo del derecho a la vivienda.

El gerente de Vivienda de Barcelona, sr.Javier Burón, es otro firme partidario de la colaboración público-privada, es decir, aumentar y extender los incentivos a los propietarios para que alquilen sus viviendas. Asegura que en España deberíamos dedicar unos 13.000 millones de euros a esa misión para compararnos con Alemania (*13). Nuestro estudio demuestra que ya lo hacemos pero se lo entregamos todo a los propietarios. El sr. Burón basa su política en su experiencia en Euskadi como gestor del Gobierno vasco (Alokabide) está avalada por su trabajo en su empresa URBANIA ZH GESTION (*14).

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y el Regidor de Vivienda, Josep Maria Muntaner

Pero los resultados durante varios años de las experiencias más avanzadas como la SPA (Sociedad Pública de Alquiler), Avalloguer en Catalunya o Alokabide en Euskadi no han demostrado poder atraer el parque de vivienda vacía o infrautilizada de manera suficiente mediante la intermediación y la subvención de los arrendamientos. De hecho en Euskadi los datos muestran un aumento de las viviendas vacías en manos de particulares o propietarios marginales (*15). El problema de hecho está en que los propietarios marginales no se fían de los contratos, ni los avales, ni de los seguros ni de los plazos de pago de unas administraciones muchas veces sobreendeudadas.
Igualmente, la política de multas a los pisos vacíos de la Banca ha tenido hoy por hoy un recorrido confiscatorio- repito confiscatorio- muy limitado. Las leyes aprobadas de alquiler social de los pisos de la banca han sido aplicadas mayormente en viviendas para regularizar ocupaciones o para evitarlas se hacen contratos de alquiler a los antiguos propietarios que provienen de ejecuciones hipotecarias en las periferias de las ciudades. Los buenos pisos, los mejor situados, no entran en estos negocios.
Por otro lado, el hecho que el alquiler social se restrinja a determinadas capas de la población y a determinados barrios no hace más que aumentar la marginalidad de unos o fomentar la gentrificación de otros. Dicho de otro modo, los actuales ayuntamientos de izquierda no llegan más allá de la beneficencia ante el dilema de la emergencia habitacional que afrontan con la urgencia de la inmediatez.

El marco jurídico del derecho a la vivienda.

Deshacer el nudo del derecho a la vivienda pasaría, a nuestro modo de ver, por garantizar el alquiler social universal como un servicio público a cualquier ciudadano independientemente de las rentas. Sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público. Este marco se puede desarrollar dentro de la Disposición Adicional Primera de la LAU que permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública donde se pagaría en función de las rentas y no del mercado.
Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

La recuperación de la Sareb, etc como vivienda pública o social

En “lo inmediato” proponemos una campaña pública y persistente de todas las administraciones para que la banca entregue sus viviendas en cesión gratuita durante una década o más. En paralelo habría que destapar todas las propiedades de los grandes tenedores mediante un verdadero censo cruzado de propiedad de los parques de vivienda. Una campaña mediática de culpabilización de la banca con todos sus estragos demostrando como la mayoría de las ejecuciones hipotecarias fueron abusivas e ilegales por titulización de los créditos hipotecarios y como el Estado cubrió las pérdidas de los fondos de titulización privatizando ganancias y socializando las pérdidas. Todo ello prepararía el terreno para la recuperación de todas las viviendas de la Sareb y de las ejecuciones hipotecarias que se convertirían en un gran parque de vivienda pública con derecho de cesión a sus antiguos propietarios a cambio de la cancelación de la deuda. Igualmente se deberían derogar todas las figuras tributarias especiales como las SICAV y las Socimi.
La entrada de ese parque gratuito para el Estado en el mercado provocaría un hundimiento de precios que evitaría la guerra entre pobres, daría cobijo a las necesidades más inmediatas de alquiler asequible y permitiría las siguientes medidas legislativas encaminadas a movilizar la gran cantidad de viviendas de los pequeños propietarios.

Movilizar la vivienda secundaria y vacía de las ciudades.

En primer lugar proponemos la modificación de la ley tributaria derogando las desgravaciones fiscales y aplicando a los arrendamientos la tributación progresiva en el IRPF y la presión fiscal municipal sobre las viviendas secundarias y vacías de las ciudades. A ello se sumaría un censo real y una fuerte campaña institucional dirigida a que la vivienda cumpla la función social por la que fue construida. Igualmente para hacer aflorar el fraude todos los alquileres, en primera vivienda, podrían disfrutar de una desgravación fiscal (podría estar en el mismo borrador) con los parámetros más eficaces para investigar el fraude y ahuyentar el efecto inflacionario. Igualmente podría estudiarse una desgravación fiscal y ayudas a la rehabilitación para los propietarios sujetos a contratos de alquiler social a 5 o 10 años con clausula de prorrogable.
Ante el dilema de impuestos crecientes y un mercado difícil la movilización de la vivienda de particulares se podría hacer también con la figura ya utilizada de la cesión a la administración por x años a cambio de rehabilitación y exención de impuestos. Todas las medidas propuestas son constitucionales y tendrían un coste infinitamente más barato. Además el parque inmobiliario se adecuaría a estándares más modernos de eficiencia energética y de accesibilidad que podrían venir de proyectos cooperativos barriales que repartirían trabajo entre el precariado y la micro-inversión.
Pero la condición incondicional e inicial de este plan es recuperar las viviendas expropiadas por la banca a los hogares hipotecados y constructoras fallidas a lo largo de la llamada “crisis” y que hemos pagado todos. Habrá que vencer las resistencias que el complejo financiero-inmobiliario tiene incrustadas en la misma administración y en los pasillos de los parlamentos y cabildos.
Un último apunte, la limitación de alquileres por zonas es de muy difícil diseño, más costoso mantenimiento burocrático y generará múltiples agravios comparativos que levantará enemigos donde no los había. El golpe final, la guinda, vendría de una medida que debería estudiarse en el ordenamiento jurídico: la municipalización del suelo sería la mejor herramienta contra la especulación inmobiliaria al sacar el suelo del ámbito de las transacciones del mercado

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

OJO!!!!…….. 

Puede bajarse el documento completo con las dos partes listo para imprimir AQUÍ

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Notas:

1.- Vivienda principal es aquella donde esta empadronada una unidad familiar o hogar. Vivienda secundaria es aquella que no vive regularmente un hogar o no está empadronado nadie.
2.- Ciudad: nº de viviendas / viviendas principales / viviendas secundarias / viviendas vacías
Barcelona: 811.106 / 684.078 / 38.769 / 88.259
Madrid: 1.530.957 / 1.320.531 / 210.426 / 57.325
3.- En Barcelona se construyeron sólo 41.160 pisos entre el 2001 y el 2011 .
4.- Cifras de viviendas en TOTAL. INE- instituto Nacional de Estadística.
5.- Prouespeculacio.org / Alcalde Trías hay 90.000 pisos vacíos en Barcelona: 5 razones que lo evidencian.
6.- Fuente INE. ciudades+año construcción+número habitaciones.

7.- ElConfidencial.com / En España, la media histórica para recuperar una inversión a través del alquiler ha estado en 19,5 años. En plena burbuja llegó hasta 32,2 años y hoy se sitúa en 25,6.

8.- Hasta la fecha Habitat3 dispone de un presupuesto municipal 7.200.000 € para un total de 235 pisos utilizables durante 3 años, lo que supone un gasto de 851 €/mes, más lo que pagan los inquilinos. Creemos que el sobreprecio es exagerado.
9.- Prouespeculació.org / Crítica de la ley sobre la emergencia habitacional y la pobreza energética de Cataluña.
10.- Eleconomista.es / El temor al impago dispara los productos de alquiler seguro.
11.- Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado professional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años.
12.- Azora, Anticipa, Anida, Solvia, etc serían ejemplos muchos de ellos a cobijo de fondos públicos pagados desde la Sareb.
13.- eldiario.es / El aumento de los precios del alquiler en Barcelona pone en alerta al ayuntamiento de Colau.
14.- Lindekin, URBANIA ZH GESTION
15.- Eldiario.es / 2015: Solo el 20% de las 91.008 viviendas vacías está a la venta o en alquiler en Euzkadi.



La burbuja del mercado del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero.

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.


Ada Colau ha dicho que en Barcelona hay una nueva burbuja inmobiliaria después que los precios de los alquileres hayan subido de media un 7% en 2015 y de un piso de 75 m² se pidan rentas de casi 800€. Otro dato apunta en el mismo camino: en 2015 la ciudad recibió una inversión inmobiliaria de casi 2.000 millones de euros que se acerca al 85% del presupuesto municipal y supone el 20% de toda la inversión extranjera realizada en España en ese año (10.700 millones de euros) (1).
Barcelona se ha convertido en el laboratorio del mercado de alquiler del futuro. El Ayuntamiento ha dado la voz de alarma pero continúa la sistemática expulsión de vecinos para convertir los barrios populares en un parque temático para uso y disfrute de los turistas.

barcelona no esta en vendaLos hegde-funds y el turismo animan el sector inmobiliario y los precios

El sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre y por la avalancha turística. Es evidente que hay una lluvia fina de dinero en muchas zonas de la península y una fuerte inversión en las grandes ciudades. Pero la inversión no viene de los hogares españoles que desde el 2007 continúan empobreciéndose como indican las estadísticas y la soñada recuperación económica va por barrios.
Todo empezó hace años con la máquina de creación de dinero bancario que inició la Reserva Federal de los EE.UU con el Quantitave Easing y el tipo de interés a cero para los bancos. Ahora “el bazooka monetario” lo tiene Mario Draghi, que desde el BCE dispara compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos europeos y españoles no paran de generar. Hay dinero “bancario” a raudales y los tipos de interés a largo plazo se desploman. La máquina para rentabilizar “los activos” necesita más combustible y las autoridades monetarias y políticas alimentan la avidez por el riesgo financiero para mantener artificialmente los precios de esos activos para que eviten una nueva caída de todo el tinglado financiero internacional. Pero todos sabemos quién sale beneficiado.
Sí, hay una lluvia inversora y viene desde los paraísos fiscales y lo hace a través de sociedades interpuestas propiedad de Fondos de inversión ( Cerberus-Haya, Blackstone, etc). Estos verdaderos dueños de esa inversión financiera, no va a producir cosas – hay sobrecapacidad industrial mundial- sino a rentabilizar lo que hay (2). El suelo urbano y las propiedades inmobiliarias se han convertido en una recurrente burbuja especulativa que extrae plusvalías de los edificios adquiridos en las ciudades hiperconectadas – hub- del capitalismo global. Son compras para revender con beneficio pero también hay adquisiciones de activos inmobiliarios para entrar en el sector de los arrendamientos. Este mercado está en crecimiento en las grandes ciudades porque los precarios ya no pueden comprar hipotecas pero pueden ser un negocio como inquilinos. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino por la desprotección jurídica, circunstancia que ven con muy buenos ojos los fondos de inversión que compran viviendas para alquilar.

Más de 6 millones de ciudadanos viven bajo la dictadura del casero.

Las inmobiliarias saben que no existe un parque de viviendas al margen de los vaivenes del mercado libre que controlan. El parque de vivienda pública de alquiler no supera el 1%, así pues los 2’5 millones de hogares que viven en viviendas alquiladas sufren la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos- LAU(3). Además hay casi otro millón de hogares en situaciones irregulares como subarrendamientos legales o ilegales, infraviviendas y ocupaciones(4). La mayoría de estos hogares concentran las capas de la población que, o bien, no pudieron cogerse al carro de la burbuja inmobiliaria comprando una hipoteca, o bien, son inmigración pobre o hogares de nueva formación joven: el precariado (5).
Son ejemplos tipo: una familia compuesta de 4 miembros, dos adultos y dos pequeños, uno de ellos un bebe y otra familia de 2 miembros con una madre y un hijo. Ambas viven en una gran ciudad o área metropolitana y sus ingresos no superan nunca los 600 euros. Este es el perfil en que coinciden más del 20% de las familias en el estado español. Es la miseria en una instantánea de un país con graves desigualdades sociales.
A la miseria se le suman las reformas legislativas de la LAU, de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que han facilitado los desahucios por impagos en medio de una profunda crisis económica. Por eso, no es de extrañar que esos hogares concentren el grueso de desahucios según los datos de lanzamientos judiciales y superan 5:1 a los lanzamientos hipotecarios en las grandes áreas urbanas (6). No existen datos fiables sobre la proporción de esta tragedia habitacional porque ni siquiera el INE (Instituto Nacional de Estadística) tiene series estadísticas sobre desahucios por alquiler ni ocupación y estos pasan desapercibidos en los medios de comunicación.
Sólo en unas pocas ciudades, como Barcelona, la presión social ha permitido una política de pisos de emergencia social donde el Ayuntamiento de Ada Colau asume lo que no debería ser su responsabilidad: dar vivienda a las familias precarias antes de verlas viviendo bajo un puente. Hoy esas ayudas a cuenta del presupuesto municipal están aseguradas porqué la ciudad disfruta de superávit primario.
Los hogares arrendados tienen pocas ventajas fiscales comparadas con los de compra. Al no estar organizados siempre han sido un sector marginal para la clase política ( no existe un sindicato de inquilinos como en otros países). Según GHESTA, sólo 820.914 hogares en alquiler se beneficiaron de las desgravaciones en el IRPF en el año 2014 que sumaban 353 millones de euros a repartir entre los inquilinos que no superaban los 1600€/mes de ingresos brutos familiares(7). En el 2015 el PP agrava el sesgo clasista de la política de vivienda al eliminar la desgravación a los inquilinos y mantenerla para los propietarios. (8)

¿El alquiler es un negocio arriesgado y poco rentable para el propietario?

Las ventajas fiscales para los arrendadores

Por contra, el lobby propietario sí que está bien organizado y durante décadas ha conseguido enormes desgravaciones fiscales. Tienen voceros en todos los medios de comunicación alertando de la llegada del “inquilino moroso”. Su lobby está infiltrado en las entrañas del Estado como el hecho que Rajoy fuera registrador de la propiedad. En el ámbito de los propietarios como personas físicas sólo 1,18 millones (46%) declararon los alquileres cobrados por los que recibieron un monto de 3.241 millones de euros al poderse desgravar entre el 60 y el 100% del IRPF. Vamos que los que sí declaran lo que cobran casi no pagan impuestos.
Pero hay otros 1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda de GHESTA.(9) Por tanto, el bolsillo de los pequeños caseros es un pozo sin fondo. No sólo se traga los 3.241millones de desgravaciones fiscales del IRPF y otros 3000 millones del fraude fiscal ( la suma de estas cifras suponen 2’5 veces el presupuesto municipal de Barcelona).
Pero la fiscalidad en el caso de los grandes tenedores de vivienda (patrimonios jurídicos) es más escandaloso aún. Los grandes beneficiaros fiscales son la Iglesia Católica, las SICAV y las SOCIMI. Hay cálculos de cifran que la Iglesia posee más de 100.000 inmuebles que están libres de impuestos incluso cuando no son de culto como comercios, viviendas, colegios, etc. (10). Las SICAV se utilizan para no pagar el IVA o ITP ya que mansiones y viviendas entran como inversiones societarias. Las SOCIMI reciben escandalosas exenciones fiscales. Detrás de las unas y de las otras están los paraísos fiscales donde su patrimonio se vuelve opaco y los Panamá Papers dan fe de ello.
Además tanto los propietarios físicos como los jurídicos también reciben vía arrendamientos las cada vez más numerosas ayudas al pago de alquileres que salen de las arcas de las autonomías y de los municipios, que se han ido multiplicando por la gravedad de la crisis. Catalunya destinaba en el 2011 más de 71 millones de euros y su capital, Barcelona, gastaba 7 millones de euros en el 2015. Así cuando el hogar no llega a final de mes intervienen esas ayudas de manera que lo que no paga el inquilino lo hace la administración más próxima y sensible. El resultado es el mismo: se acaban cobrando alquileres inflados respecto del poder adquisitivo del país.
Por todo ello y realizando cálculos aproximativos afirmamos que las desgravaciones fiscales, el fraude y la evasión fiscal junto a las ayudas públicas al alquiler -que acaban en manos de los propietarios- podrían llegar a sumar 15.000 millones anuales que otorgan un notable poder financiero contra cualquier política que pretendiera poner coto a esos privilegios.
Que el alquiler sea un negocio poco rentable para el propietario con todos los datos de este documento podemos afirmar que es mentira aunque es evidente que pueda ser arriesgado en un país hundido en la miseria. Pero la pregunta es: ¿los negocios no son per se un riesgo y los mercados la ley? ¿O acaso la vivienda siempre ha de ser un negocio redondo sin riesgos del tipo que tienen los banqueros con las hipotecas?

este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo pagará por 2866,44€
este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo cotizará por 2866,44€

El poder financiero de los propietarios rentistas

Es evidente que los propietarios también reciben el monto de dinero que cobran mes tras mes en los recibos que cargan a sus inquilinos por usar sus pisos. Es importante ver en contexto su poder financiero en una ciudad tan importante como Barcelona. A grosso modo, los propietarios de Barcelona con un parque de más de 200.000 viviendas en alquiler, con una media de 70 m2 de superficie y un precio medio de 10,16€/m2 (11) reciben más de 2.000 millones de euros anualmente en arrendamientos de vivienda. Sin lugar a la duda, ese “Sindicato Unido de Caseros” tiene el mismo poder financiero que el todopoderoso Ayuntamiento de Ada Colau cuyo presupuesto no llega a 2400 millones de euros.
Aún así el “Sindicato Unido de Caseros” no tiene suficiente. El análisis de una declaración de la renta del 2014 permite observar que se puede deducir anualmente el 3% de amortización (del valor catastral del edificio excluido el suelo), más los gastos de mantenimiento y administración. Después de restar esos gastos al arrendamiento, al importe resultante se le aplica la comentada desgravación fiscal entre el 60 al 100 % de la diferencia ( que son los 3.241 millones de euros antes citados). Los caseros que declaran acaban pagando impuestos por poco más del 30% del arrendamiento que cobraron. Ninguna renta salarial tiene ese trato fiscal.
Pero las ventajas no se acaban aquí. Si ahora se analiza un recibo del alquiler se observa que los propietarios suelen añadir otros conceptos al arrendamiento, como los gastos de mantenimiento del edificio, tasas municipales y impuestos como el IBI 12. Por lo que por un lado se desgravan esos gastos pero por el otro se cobran al inquilino y Hacienda no vigila nada. ¿Cuanto dinero están costando a las arcas públicas el fomento del alquiler en un país que tiene uno de los índices de arrendamientos más bajos de Europa?
Así pues afirmamos que esas desgravaciones fiscales y otras ayudas aprobadas por los sucesivos gobiernos de la etapa democrática para incentivar el alquiler han sido un fracaso político… O ¿han sido un éxito porqué su objetivo era reforzar el poder de los propietarios y el fraude fiscal ?

La amortización de los edificios

Pero el sistema fiscal impositivo sobre los arrendamientos tiene más sorpresas. Aunque el tratamiento fiscal en SICAV o en las SOCIMI es lo más escandaloso (13), no lo es menos para las personas físicas que tienen en los arrendamientos una deducción del 3% sobre el valor catastral del edificio en el IRPF. Un cálculo rápido permite demostrar que una vivienda alquilada amortizaría su valor catastral entre 20 y 30 años. (14)
Entonces, si el edificio se amortiza en el IRPF y los gastos complementarios se cargan al inquilino ¿qué paga realmente el recibo del alquiler? Pues se nos ocurre que amortiza el capital invertido en el suelo urbano y el plusvalor de mercado que costó realmente la vivienda alquilada.
Si esa vivienda fuera declarada en ruina a los 100 años, el casero habrá rentabilizado hasta 3 veces el capital inicial invertido y aún así podría vender el suelo. Pero eso tampoco es cierto por la sencilla razón que cuando el propietario vende el piso recupera la inversión tanto del suelo como del edificio y la propia revalorización en el mercado libre lo cubre con creces como muestran las propias administraciones que para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ya suponen como mínimo que la vivienda vale el doble o el triple.

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La amortización de la vivienda viene determinada en el IRPF así como también en el Impuesto de Sociedades. Fiscalmente está excluido el suelo porqué se entiende que no tiene pérdida temporal

Ningún mercado de valores ni de renta fija da tanto retorno monetario. Resumiendo, en el 2014 los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por vivienda de compra habitual(15), nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y líder europeo en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero. ¡ Ni el ministro falangista José Luís ARRESE – “quiero un país de propietarios y no de proletarios”- se atrevió a ir tan lejos en políticas de vivienda en tiempos del dictador Franco !
Los economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, hubieran llamado esto parasitismo rentista: no se crea nada, no se produce nada. Sencillamente se extraen dividendos de un título de propiedad que tiene capacidad de chantaje: si no se paga a vivir debajo de un puente. Los datos de este documento son suficientemente elocuentes y incendiarios como para sacar lo mejor del alma rebelde de la nueva izquierda política y social para acabar con tanta injusticia. En la plataforma de participación del ayuntamiento -decidim.barcelona.cat- una de las propuestas más votadas fue la de limitar los precios de los alquileres, indicativo de que hay un gran sector de la sociedad que está siendo exprimida en el mercado del alquiler. Si realmente se quiere hacer frente a este expolio clasista Barcelona en Comú debería abandonar las políticas titubeantes y avanzar hacia objetivos más audaces y coherentes. Cuestión de valentía política.

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

– 2ª parte – … La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

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Notas:

1.- prouespeculacio.org / Disneyficación y desahucios en la Barceloneta, ¿ Hay otro modelo de ciudad?.
2.- elpais.com / Los fondos y el apetito por la promoción inmobiliaria // El sector residencial arroja una rentabilidad de más del 8,8% por el buen comportamiento de las rentas inmobiliarias.
3.- La LAU fue legislada en tiempos de Miguel BOYER, ministro de economia del Gobierno de F.González. Destruyó toda la protección de los inquilinos que ni el franquismo se había atrevido a modificar. Ha tenido sucesivas modificaciones aprobadas con el apoyo del Ppsoe+CiU+PNV que han agravado los derechos de los inquilinos y mejorado el de los propietarios.
4.- Se cree que en el área metropolitana de Barcelona hay un 40% de las viviendas vacías y ocupadas propiedad de la banca.
5.- Los hogares en régimen de alquiler son estadísticamente 2.438.574 (6.336.033 personas). Además los subarriendos y ocupaciones suponen otros 939.614 viviendas donde habitan 2.375.842 de personas. En total representan cerca de 9 millones de personas o el 20% de la población. Fuente Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/prensa/np824.pdf. Otros datos en contexto en el INE són: Hogares según tamaño del hogar por régimen de tenencia
6.- Noticía ElPeriodico // Fuente: APCE. El 90% de los desahucios en BCN son por impago de los alquileres.
7.- Fuente GHESTA. Más de dos millones de contribuyentes dirán adiós a incentivos fiscales por alquilar // otra Fuente www.congreso.es. Pg: 282- previsiones y desglose por tributos y conceptos // Una comparación: las deducciones por vivienda en propiedad absorben unos 2.050 millones de euros.
>8.- Al no haber una política generalizada de desgravación al alquiler, como sí existe en la propiedad, el Gobierno renuncia a tener un control real sobre el fraude fiscal de los propietarios al no declarar los arrendamientos.
9.- Más del 55% de los alquileres de viviendas se ocultan a Hacienda. La Carta de la Bolsa.
10.- Dos notas sobre este asunto – http://www.eleconomista.es/https://laicismo.org/.
11.- Xifres d’Habitatge, PMHB, 2014 – http://www.pmhb.org/repdoc/65895-20150518110633.pdf
12.- prouespeculacio.org / Impuesto de Bienes Inmuebles- Es opcional, no obligatorio, repercutir el IBI en el recibo alquiler de la vivienda.
13.- prouespeculació.org / Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario
14.- La renta justa de una vivienda comprada para el arrendamiento.
15.-Aunque la desgravación fiscal por compra de vivienda habitual ha desaparecido en el 2015, el 99’9% de las viviendas de este país han gozado de la misma pero Hacienda nunca pedirà su devolución una vez la vivienda entrara en el mercado del alquiler.



Banca, pisos vacíos, hogares y derecho al cabreo

El alud de declaraciones políticas, medidas, soluciones y datos contradictorios enmascara la emergencia habitacional que sufren los barrios populares de las ciudades. Los desahucios han dejado de ser noticia en los medios de comunicación pero los hay igual que siempre. Muy a pesar nuestro podemos afirmar que “el derecho a la vivienda no avanza en los nuevos ayuntamientos gobernados por la izquierda”.

Las tibias medidas de Colau y Carmena no dan miedo a la banca.

Los desahucios aumentaron un 2,1% en el primer trimestre de este año pese a la multitud de declaraciones políticas, leyes y normativas diversas de ayuntamientos, de comunidades como Madrid y Catalunya y de declaraciones de “buena voluntad” de entidades financieras, etc .  Se practicaron18.869 desahucios, o lanzamientos, en el primer trimestre del 2015 en nuestro país de los que 4.420 fueron en Catalunya, el 23,4% (1).

Lo que parece mentira es que no hayan cifras fiables sobre todo lo que ocurre en la grave problemática de la vivienda en un país donde la burbuja inmobiliaria, cebada por la banca, arrastró casi el 40% del PIB sumando todos los sectores. Sin cifras, estadísticas fiables y de referencia todo ese alud de buenas voluntades se queda en agua de borrajas. Es cierto que Carmena pero aún más Colau no tienen una mayoría institucional como tampoco las herramientas que podría desplegar el Estado. Pero sin medidas valientes y posicionamientos claros contra los culpables la agonía de decenas de hogares continua y el derecho a la vivienda no avanza en esos nuevos ayuntamientos gobernados por la izquierda.

La Regidora del popular distrito de Nou Barris de Barcelona (166.000 habitantes) confirmó en la Audiencia Pública que en setiembre se tramitaron 70 desahucios en su barrio. Nuestro distrito es el único de la ciudad que tiene un técnico de vivienda, desde tiempos del alcalde Trías, que se dedica a mediar en conjunción con los Servicios Sociales y la Oficina de Vivienda. Una medida que ha permitido que de los 70 lanzamientos sólo 15 desahucios se hayan parado a pie de calle por el esfuerzo y valentía de decenas de activistas y familias que organiza nuestra Asociación 500×20 conjuntamente con Ciutat Meridiana.

Los desahucios se concentran en los hogares que viven en precario (sin contrato) y en alquiler. Los Servicios Sociales y las Oficinas de vivienda en los barrios atienden muchos casos de emergencia habitacional. Pero aún así muchos de los desahucios se practican desde la Oficina de Lanzamientos de los Juzgados (SAC) sin que nadie medie. Otras veces pocos días o horas antes los servicios del CUESC (Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona) avisan en Nou Barris de desalojos inminentes. Y eso que es el único distrito de Barcelona que tiene un protocolo y una Mesa específica de vivienda. Qué ocurre en el resto de la ciudad?

En Madrid, la Oficina de Vivienda creada por Carmena sólo se encarga de ejecuciones hipotecarias. Los servicios de mediación se han dejado en manos de una fundación privada de notarios. La mediación se realiza con el ánimo de conseguir evitar la pérdida de la vivienda con refinanciaciones o carencias. Pero siempre indican hay que acabar pagando a la banca o entregarle la vivienda en dación. Carmen García de Pablos, coordinadora interna de la oficina dice que los bancos están muy colaboradores! (2) . Esta frase es un insulto a la inteligencia colectiva de los movimientos sociales que luchamos por el derecho a la vivienda. Y por el momento en Madrid los desahucios de alquiler o en precario ni tienen casi atención y pasan desapercibidos por la administración municipal.

Carmen García de Pablos, directora Oficina Ayuda al hipotecado de Madrid “… Los bancos se han mostrado muy colaboradores con nuestras propuestas. Esto hay que decirlo porque luego parecen el ogro…”

12 pisos de la banca a multar después de 150 días de nuevo Gobierno en Barcelona

Las inspecciones realizadas por el anterior equipo de gobierno del alcalde Trias han dado como resultado que nuestra nueva alcaldesa Ada Colau pueda multar a los bancos por 12 pisos vacíos en la ciudad de Barcelona (3 ). Un gran esfuerzo que ha acabado con unos magros resultados indicando que la vía escogida no es muy rápida para obtener vivienda social aunque sea la más legal. Considerando que hay una cifra cercana a 200 hogares esperando un piso de emergencia con los requisitos aprobados da una idea de la velocidad en que se desarrollan los acontecimientos y la lentitud de la respuesta institucional. Cada desahucio aplazado hace que la bola de nieve sea más grande y este adquiriendo velocidad de crucero.

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Pero hay miles de hogares pobres que necesitan una solución al margen del mercado. Hablamos de todas las unidades familiares que urgen de un piso asequible: jóvenes, familias monoparentales, hogares que viven en habitaciones, personas individuales o gente mayor. todos estos colectivos ven como sus demandas no son atendidas sencillamente porqué los pocos pisos de emergencia que hay se dan a familias con hijos y aún así hay una enorme cola.

…”hay miles de hogares pobres que necesitan una solución al margen del mercado”…

… “ Hay miles de hogares que no tienen perfil financiero solvente ni para los bancos ni para los caseros que reclaman la fórmula “alquiler seguro” …

A las puertas del primer invierno de los ayuntamientos de izquierda el panorama por desgracia no puede ser más descorazonador. Cataluña tiene 450.000 pisos vacíos y 230.000 familias que necesitan una vivienda asequible (4). Barcelona tiene 80.000 pisos vacíos y 70.000 familias que necesitan uno. Hay 30.000 hogares esperando un piso de alquiler social en la cola del Registre Únic d’Habitatge de Barcelona.

Estos ciudadanos ya no tienen perfil solvente para la banca. Tampoco tienen perfil solvente para el mercado libre de alquiler que supone el 98% que se ofrece en las grandes ciudades. Se ha generalizado el llamado “alquiler seguro” entre los agentes inmobiliarios. Se trata de un proceso de “selección” de candidatos ideales a un contrato de alquiler de 2 o 3 años…. donde te desnudas para que el casero tenga a bien concederte la vivienda. En Nou Barris hay serias dificultades para encontrar un piso de alquiler si no tienes un perfil alto. Si no hay oferta de vivienda fuera de ese mercado libre… ¿qué ofrecerán los ayuntamientos a los hogares sin recursos?

Banca, pisos vacíos, hogares y derecho al cabreo

Por lo tanto el problema de Colau , Carmena y otros consistorios es que un número creciente de ciudadanos ( más de uno de cada tres hogares) dejan de tener un perfil solvente en el mercado libre de la vivienda que ocupa el 98% del espacio inmobiliario de las grandes ciudades. Desgranar la realidad inmobiliaria es una tarea fundamental que necesita un censo de viviendas de toda la ciudad. Cuando Ada Colau habla de censos habla de viviendas vacías. Nosotros creemos que eso es un error. Vamos a poner cuatro cifras en conocimiento de nuestros lectores para desbrozar la realidad inmobiliaria de Barcelona, pero que seguramente será exportable a otras ciudades…

El pasado año en Barcelona había 822.118 viviendas en las que hay censadas 684.078 unidades familiares, de las que cómo mínimo 7000 estaban viviendo en habitaciones (5). Eso quiere decir que hay más de140.000 viviendas que no son residencia habitual de una familia. Esta distinción que hacemos es muy importante. ¿ Si no son residencia habitual de una familia, qué son? ¿Son viviendas vacías, son pisos turísticos, son segundas residencias o hay son alquileres en negro?

Es evidente que una ciudad global como Barcelona tiene un mercado inmobiliario que presiona al alza los precios y mantiene un parque elevado de viviendas “indefinidas” para cubrir la demanda turística que expulsa a los ciudadanos pobres de los barrios. Pero también el mercado libre de alquiler, marcado con la nueva moda del “contrato seguro”, necesita un parque de viviendas fluctuante para atender la demanda. En 2014 se realizaron más de 44.000 nuevos contratos de alquiler que necesitan mayoritariamente viviendas vacías. Ada Colau y el conseller de Vivienda, Josep Maria Montaner, deberían fijar la presión tributaria y la inspección sobre esas viviendas pues encontraremos seguramente datos sorprendentes. Uno de ellos es la enorme cantidad de viviendas alquiladas en poder del Obispado de la ciudad y órdenes religiosas que son son opacas al Ayuntamiento al no pagar el IBI.

Pero volviendo a la necesidad de un parque de vivienda social para los miles de familias pobres de la ciudad. La Mesa del tercer Sector habla de 70.000 unidades de convivencia que necesitan una vivienda fuera del mercado a un precio adecuado a sus ingresos (asequible). ¿De dónde sacamos esos pisos con la urgencia necesaria?

Romper el mercado libre de vivienda con la cesión gratuita o requisa de los pisos de la Banca y la SAREB

Los Bancos dicen al Ayuntamiento de Barcelona que tienen 4151 pisos “de su propiedad”. No hay quién se lo crea, seguro que los tienen enmascarados. Pero da igual vamos a por esos 4151 pisos!

Nosotros hemos propuesto al Ayuntamiento de Barcelona una SOLEMNE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de todos los partidos exigiendo la cesión gratuita de los 4151 pisos al consistorio por un período superior a una década (10 años). Repetimos… la cesión de los pisos de su propiedad, NO DE LOS PISOS VACÍOS de su propiedad.
¿Por qué todos y no solo los vacíos? Por dos razones:

  • una razón es que la cesión de todos los pisos ahorra los trámites costosos y largos de la declaración de vivienda vacía.
  • por que el peinado de pisos realizado en 3 barrios ha destapado que muchos están ocupados y que el Ayuntamiento sería mejor garante de la regularización que no un banco.

Con los 4151 pisos de las entidades financieras sumados a los más de 10.000 sociales de la ciudad casi de duplicaría el número de viviendas fuera del mercado. Aún siendo sólo un 2% de las más de 800.000 viviendas de la ciudad, seguro que supondrían un golpe al mercado libre controlado por los lobbies financieros y rentistas de la ciudad. Seguro que hasta los precios del mercado libre bajarían. Pero es necesaria valentía política para una declaración enérgica pero al tiempo fiscalizadora de esa cesión:

  • denuncia de los bancos que no colaboraran en acabar con la emergencia habitacional.
  • medidas financieras punitivas desde el Ayuntamiento ligadas al cierre de cuentas, contratos, etc con las entidades díscolas.

Salva TORRES, activista de 500×20

Postdata:

 




Los fondos inmobiliarios extranjeros imponen la ley del más fuerte en el país.

La Sareb se rinde a los fondos buitre!

  • El QE – quantitative easing yanqui y europeo- enmascarará la propiedad del millón de viviendas vacías en manos de los bancos españoles muchas en la SAREB.
  • La actual ola compradora en dólares y la próxima en euros de los QE cambiara la fisonomía de la propiedad inmobiliaria del estado español.
  • El QE es una maquinación compleja disfrazada de keynesianismo.
  • Políticos, banqueros, financieros y gestores venden sus “patrias” para impedir los aires de cambio en la política de vivienda en España.
  • El derecho a la vivienda chocará contra un enemigo enmascarado en la propiedad, origen y localización.
  • Inquilinos y ocupas se enfrentan a un enemigo salvaje como se ha demostrado en Madrid.

“Si protestas, te desahuciamos”

Ayer eldiario.es dio la campanada que cosas muy grandes están pasando a la superestructura financiera que lo impregna todo. Esta capa, la de las finanzas, cubre todas las relaciones sociales y económicas con una pátina de poder opaco en la que es difícil distinguir al enemigo. Por ello, los fondos de inversión a menudo son vehículos financieros de los bancos que actúan de manera autónoma. Están en tu ciudad pero pasan desapercibidos aunque mueven miles de millones. En España los fondos de inversión inmobiliaria fueron diseñados en época de la Chacón y Zapatero. Se llaman SOCIMI y fueron aprobados con todas las ventajas fiscales para PPSOE + CIU + PNV.

Concretamente eldiario.es informaba que CatalunyaCaixa está ofreciendo a los clientes que no pueden afrontar los pagos de la hipoteca un “ acuerdo de espera “-a tiempo mejores- para permanecer en la vivienda unos meses a cambio de un pago de entre 300 y 400 euros mensuales. La espera es al aterrizaje del fondo inmobiliario Blackstone que compró “los activos” de la caja catalana (títulos de deuda hipotecario senior ). buitres_web_imatge El Frob tras titulizar toda la deuda (6400 millones €) se quedó con los activos más problemáticos de cobrar, deuda junior, que ha trasladado a la Sareb. Las noticias sólo se detienen en los aspectos formales y financieros. Pero su lectura por una ciudadana normal no puede llevar más que indignación porque detrás de cada título de deuda hay un drama humano desligado de la mentira financiera.

Es la Sareb, un ente público, la que está detrás de muchos de los desahucios que suceden en los barrios populares. Es en estos barrios donde CatalunyaCaixa estafó en precios e hipotecas a miles de familias humildes e inmigrantes. Todo con la connivencia de directores de oficina (trabajando con objetivos fijados con la firma de Narcís Serra), inmobiliarias locales a comisión y notarios que miraban hacia el otro lado mientras cobraban sus emolumentos. Las transacciones hipotecarias eran a precios imposibles a personas que muchas veces no entendían ni siquiera el idioma, juntando avales cruzados entre gente desconocida o haciendo trampas contables en las posibilidades de pagar créditos … con la música de fondo que la vivienda nunca baja de precio, nosotros no tenemos hipotecas tóxicas pero sí tenemos los bancos más solventes del mundo y jugamos en la Champions League del mundo mundial.

Los hipotecados pensaban que, al firmar la hipoteca, el dinero que recibían venía de otros que previamente habían depositado sus ahorros en el banco. Pero esto es un mito que repiten intencionadamente muchos economistas ante la cámara. En un sistema fiduciario controlado, no por el estado sino por bancos privados, es la firma de la misma hipoteca que concede al banco privado la potestad de crear una anotación contable en su activo. No sólo crean dinero de la nada sino que encima te lo hacen devolver con intereses. Los estados modernos han delegado un derecho social y democrático a un ente “privado” que hace negocio “privado” con esta potestad. Es una estafa disfrazada, es una delegación imperdonable de soberanía de estados y parlamentos al poder financiero. Si el Parlamento catalán, español o europeo no tiene capacidad de emitir moneda, y ésta está secuestrada por un poder oscuro, financiero, esto no es soberanía.

De hecho, los bancos y fondos internacionales ya tienen el control de la emisión de moneda, el cobro de la deuda y la sumisión del aparato judicial, policial y si hace falta militar para cobrar a todos los países. Están escondidos detrás de una espesa cortina de humo de instituciones monetarias (FMI, BM, BCE …) y lobbys que hacen de muros de contención, repitiendo un discurso engañoso hasta hacerlo real ante la población. Es la democracia secuestrada.

Reginald Mc Kenna – jefe Banco Midlands Inglaterra
… “ Me da miedo pensar que la gente de la calle no quiere saber que los bancos pueden y crean dinero porqué aquellos que controlan el crédito del país dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos el destino de la humanidad”

En Cataluña algunos de los que pretenden crear estructuras de Estado esconden esta pérdida democrática y ni hablan de la derrota de Cataluña Caixa comprada por el BBVA. Algunos de los Prohombres Catalanes viven y hacen negocios en la esfera virtual de las finanzas o actúan como botiguers en un mundo global. Ni piensan en las viviendas de la gente que ahora se encuentran en manos de fondos buitres inmobiliarios agrandados con el “quantitative easing” (QE) de la Reserva Federal de EE.UU (FED)

En 2010 los bancos americanos atesoraban miles de cédulas hipotecarias inmovilizadas en sus balances esperando, a largo plazo, el retorno de los capitales y los intereses de los hipotecados, en gran parte afroamericanos. La FED “compró” durante más de dos años estos títulos hipotecarios y otras deudas de todo tipo a los bancos americanos a razón de más de 80.000 millones de dólares / mes (QE). Fíjense bien que ni siquiera la promesa de Obama de ayudar a la clase media americana, de la misma manera que a los bancos, tampoco se materializó. Aunque este hecho hubiera sido otro agravio comparativo respecto de los que no tienen nada.

La FED al comprar esta deuda inundó Wall Street de un dinero que estaba inmovilizado esperando el futuro. Son miles de millones que desde el futuro (la promesa de devolución del dinero de los hipotecados) llegan para ser utilizados en el presente. Y mira por donde, este dinero creado por la compra masiva de deuda hipotecaria impagable de los afroamericanos acaban de llegar a nuestro país comprando lo mismo: deudas.

Fernando Gumuzio, fundador de Azora, desde su despacho en la calle Serrano donde ve la enorme bandera española que preside la Plaza de Colón de Madrid.
… “Me parece injusto llamarlos buitre, es una descalificación. Prefiero el término de oportunistas. Ponen dinero en activos muy complicados y ayudan a limpiar los balances. …-hecha la faena- … vendrán los fondos institucionales”.

Para qué razón les resulta rentable comprar “activos” inmobiliarios en España?

Los fondos de inversión están marchando hacía la renta variable porque los bonos de deuda pública ya no rentan porqué los tipos de interés rozan el 0%. Y básicamente porque el dinero se ha de prestar para generar nuevo dinero ( creación de dinero como deuda de otros ). Primero el negocio lo hicieron los alemanes y franceses que prestaron a los bancos españoles para generar la Burbuja. Ahora, mientras Europa está entretenida en la rifirrafe de la creación de su “quantitative easing”, los fondos anglosajones hacen caja comprando activos rentables en nuestro país en una primera ola compradora en dólares. Después, cuando ya funcione la máquina monetaria Draghi, vendrá una segunda oleada de euros a nuestro país pues tanto las administraciones como empresas y miles de familias están atrapadas en la deuda eterna.

Para Blackstone ya no se trata de cobrar el capital, o sea, el supuesto precio que el mercado hizo pagar al crédulo hipotecado español que pensaba que compraba una “propiedad”. Este mismo fondo ha comprado con un descuento del FROB de más del 50% (~ 3000 millones) las viviendas de Cataluña Banc mientras que su plataforma de gestión inmobiliaria, CXI, pasaba a Kennedy Wilson y Varde Partners . Un enrevesado lío que enmascara el enemigo.

Unos tienen deudas y los otros las compran. Pero las compran con deudas que previamente han sido monetarizadas con magia de brujos en la sede de la FED o del BCE.

Es un cóctel perfecto: una administración endeudada, unos buenos contactos y un fondo buitre lleno de dinero para comprar.

Dónde está el lugar de encuentro donde se hacen estos negocios? Quien hace de mediador? Quien recibe comisiones? cuáles son las plusvalías que se generan? Qué régimen fiscal tienen? ¿Cuáles son los nombres y apellidos que tienen derecho a decidir sobre las vidas de miles de personas?

¿Por qué peligran los mini-parques de vivienda pública catalanes y estatales?

Pues que nos lo explique la gente que ha vivido la traumática venta de más de 3000 viviendas públicas en Madrid o los siete edificios de jóvenes de Barcelona, comprados por Azora Inmobiliaria a precios de risa a Regesa que se encuentra en quiebra. Lo hacen así porque la gestión de bloques enteros es más barata y sencilla.

Ahora hay que fijarse en las cuentas de cualquier empresa inmobiliaria pública para saber si las deudas pueden ahogar. Por los fondos buitres la vivienda pública es un caramelo para que las administraciones catalanas están ahogadas y porque son fáciles de manejar. La Agencia Catalana de la Vivienda es un ejemplo de que su secretario Carlos Sala no tiene ningún problema en airear: la venta de sus 14.000 pisos repartidos por Cataluña.

Se trata de juntar el hambre con las ganas de comer. La venta de las viviendas de Madrid acaba de llegar como denuncia por fraude a la propia ONU y hay una imputación de altos cargos políticos. En Cataluña, la venta de cuatro edificios de jóvenes en agosto de 2013 supuso automáticamente unas plusvalías del 40% para la inmobiliaria Azora que se presentaba “en solitario” en la subasta. Es un cóctel perfecto: una administración endeudada, unos buenos contactos y un fondo buitre lleno de dinero para comprar.

En cuanto a las cuentas del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMVB) y valorar como cual es peligroso su deuda que arrastra se puede visitar su web . Aunque la situación presupuestariamente del Ayuntamiento de Barcelona puede ayudar en cualquier momento, los más de 200 millones de euros de deudas con entidades financieras es mucho dinero. Asimismo el pasivo corriente del PMHB suponen pagos anuales de 25 millones de euros a los bancos. Demasiado deuda por poco más de 6000 viviendas de alquiler público.

Esto significa, que durante todos estos años, las administraciones han construido en base al crédito hipotecario y no con recursos propios, fruto de nuestros impuestos. Primero nuestros gobernantes renunciaron al derecho soberano de controlar la emisión de moneda y luego se han dejado seducir por el hechizo del crédito bancario.

En cuanto a las cuentas del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMVB) y valorar como cual es peligroso su deuda que arrastra se puede visitar su web . Aunque la situación presupuestariamente del Ayuntamiento de Barcelona puede ayudar en cualquier momento, los más de 200 millones de euros de deudas con entidades financieras es mucho dinero. Asimismo el pasivo corriente del PMVB suponen gastos anuales de 25 millones de euros que se pagan a los bancos. Demasiado deuda por poco más de 6000 viviendas de alquiler público en esta ciudad.

Esto significa, que durante todos estos años, las administraciones han construido en base al crédito hipotecario y no con recursos propios, fruto de nuestros impuestos. Primero nuestros gobernantes renunciaron al derecho soberano de controlar la emisión de moneda y luego se han dejado seducir por el hechizo del crédito bancario.

Qué se ha hecho de nuestros impuestos???




El alquiler social universal debería ser un servicio público, no simple beneficencia.

… La burbuja patrimonial española está centrifugando miles de ciudadanos a la emergencia habitacional sin que el Estado haga otra cosa que dejarlos devorar por el mercado.

Una declaración de principios.

Aunque nos atrevemos a hablar de Catalunya y Barcelona este documento podría ser extensible a cualquier gran ciudad del Estado español. Sencillamente la vivienda de alquiler público, escasa y desatendida, que representa genuinamente el derecho de uso sobre el derecho de propiedad, no ha podido albergar ni una pequeña parte de la gente que ha sido centrifugada por la enorme burbuja patrimonial gestada durante medio siglo.

Hoy una tercera parte de los hogares de Cataluña vive al límite. No pueden hacer frente a ningún gasto extra que no sea comer o vestir e incluso esto es complicado. No hace falta dar muchos datos. El llamado precariado, aquellos ciudadanos o hogares que viven en menos de 1000 € son mayoritarios en las calles de pueblos y ciudades de Cataluña.

La burbuja patrimonial española está centrifugando miles de ciudadanos, el precariado, a la emergencia habitacional sin que el Estado haga otra cosa que dejarlos devorar por el mercado. Por eso, de todos los derechos robados en nombre de la crisis, quizás uno de los importantes sea la vivienda. Sin él no hay proyecto de vida (el 75% de los jóvenes viven con sus padres). Mayoritariamente el nuevo precariado ya no puede vivir en viviendas en propiedad o la perderá en los próximos tiempos. Ya no tienen perfil financiero solvente. Pero también en el mercado de alquiler la relación ingresos / renta de alquiler ya hace tiempo que no guarda relación con una estructura salarial en espiral deflacionista. No es de extrañar que el 70% de los desahucios en Barcelona sean por impago de la cuota del alquiler. Cuando esto sucede cae sobre el inquilino todo el peso dictatorial de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). Una de las leyes más regresivas de Europa.

El mercado del alquiler es casi 100% privado, controlado por el lobby del ladrillo, bancos y los API, que mantienen precios por encima de la realidad social chupando la sangre a los más pobres. Contradictoriamente todos buscan “el alquiler seguro” pescando en aguas turbulentas. Una contradicción insoluble en el mercado que acaba juntando los peor situados: los pequeños propietarios enfrentados a familias en precario imposibilitadas de pagar recibos que superan el 50% de la renta disponible. Son los centrifugados del sistema. En esta guerra entre pobres la LAU resuelve a favor de la propiedad. Es un contrato privado, supuestamente de libre concurrencia, donde las leyes y la justicia hacen prevalecer la propiedad sobre el derecho a la vivienda.

El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario. Si la Justicia, que es juez y parte, impone las condiciones del fuerte, la Administración mira hacia otro lado aduciendo que en los contratos privados no se meten. Ahora el equipo de Gobierno del alcalde Trias en Barcelona reconoce que tiene un problema con los desahucios de alquiler en la ciudad condal.

Los diferentes planes de incorporar los pisos privados a un fondo de vivienda social han fracasado estrepitosamente desde la Bolsa d’Habitatge Social de Barcelona a la Sociedad Pública de Alquiler que dejó un agujero de 21 millones de euros. La Banca “ha prestado” “la basura”. La Generalitat de Catalunya después de dos años negociando con Catalunya Caixa ha reconocido que los pisos eran morralla. Las promotoras, inmobiliarias o los pequeños propietarios no se fían de dejar los pisos a una Administración que es morosa profesional. Las únicas almas caritativas, para con los pobres, sólo “prestan sus propiedades” a la Iglesia aunque, aún así, Cáritas sólo gestiona poco más de 300 pisos en Catalunya.

La Taula del Tercer Sector de Catalunya y especialmente Cáritas, a través de Carme Trilla, continúan apostando para movilizar los pisos vacíos de particulares y la Banca por subvencionar con ayudas públicas para conseguir alquileres más sociales. Prouespeculació y nuestra Asociación 500×20 está en desacuerdo con esa propuesta en tanto distorsiona el mercado manteniendo los precios elevados de los alquileres y dando más poder económico al más fuerte en esta relación desigual entre propietarios y inquilinos. Carme Trilla tiene razón cuando exige medidas urgentes pero ofrece políticas que ya han fracasado y agravaran la situación porqué la beneficencia no empodera a la gente.

Tienen otra propuestra de tasar las zonas residenciales con precios máximos, como ocurre en algunos países, pero creemos que generará la estratificación social de las barriadas. ¿Acaso no pueden haber viviendas sociales en Tres Torres o en Chamberí?

Finalmente, cada vez más amplias capas de la población están recibiendo ayudas condicionadas a la firma de un “contrato familiar” con normas más que discutibles, a la que son forzadas por las Administraciones. Este sistema genera un proceso de burocratización de los Servicios Sociales, que se convierten en un sistema de monitorización de las clases populares por el “Gran Hermano”. Las negociaciones de la Generalitat y la Taula del Tercer Sector de Catalunya contribuirán aún más a convertir a los Servicios Sociales y a sus trabajadores en fiscales de un precariado postrado a la beneficencia. No quedan demasiado lejos las ideas de Thatcher que convirtieron derechos en beneficencia a cambio de los deberes bien hechos.

… El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario.

Alguién tiene una solución habitacional estable para el precariado?

Ahora bien, los datos de la Taula del Tercer Sector, avaladas por la propia Administración catalana, indican que 70.000 hogares en Barcelona necesitan un contrato estable de alquiler que no supere los 100 € de renta mensual. Todo incluido. Este debería ser el alcance mínimo de un parque de vivienda pública en Barcelona que no existe. Pero que no exista no significa que hoy 300.000 personas de nuestra ciudad esperan una solución malviviendo mientras hay miles de pisos vacíos. Estamos hablando pues de 70.000 viviendas de emergencia social o, dicho de otro modo, de alquiler muy asequible.

Las tenemos, pero no están accesibles porqué intereses muy poderosos controlan el mercado. Ganar el debate a la opinión pública sobre la necesidad de este parque de vivienda no puede quedar circunscrito sólo a un problema de beneficencia. Esta reducción nos llevaría a construir guetos a los que apartar a los perdedores de esta injusta sociedad.

No, nosotros hablamos de vivienda pública de alquiler como un derecho de cualquier ciudadano , tanto gane mucho o poco, a una vivienda digna y asequible a sus posibilidades razonadas entorno del 20 al 30% de la renta disponible. Todo el mundo paga impuestos y todo el mundo se beneficia de los derechos ciudadanos. Este es el debate necesario para una opción estable económica, legislativa, jurídica y socialmente. Sencillamente es poner la vivienda al margen del mercado.

Pero necesitamos una segunda condición. No aceptamos una aplicación restrictiva con contratos temporales a los que están sujetos actualmente los inquilinos, fruto de las modificaciones legislativas del PPsoe a la LAU, que han convertido el alquiler en la particular dictadura del arrendador. No es posible un proyecto estable de vida con contratos de 3 años renovables año a año .

Derecho o beneficencia. Vivienda protegida y arrendatario desamparado.

Barcelona tiene ahora un parque de vivienda social que apenas supera los 10.000 viviendas y ahora sí que está lleno. Algunas viviendas dotacionales de jóvenes incluso han sido vendidos a fondos de inversión privados (SOCIMI). En este pequeño parque de vivienda el papel de la Administración, en nuestro caso, el Consorcio de la Vivienda de Barcelona (CHB) ha sido nefasto.

Lejos de ser un modelo , el parque de vivienda ha sufrido como males endémicos los pisos vacíos, edificios en mal estado y fincas mal administradas . La cultura patrimonialista de los gestores, de derecha o izquierda, ha sido el ADN de una gestión opaca que ha primado la lógica del mercado privado, otras veces la beneficencia y la aplicación dura de la LAU .

El menosprecio del parque de viviendas ha sido una constante durante décadas por parte de los gestores públicos. Estas viviendas eran una molesta carga de la que había que desembarazarse. Y los inquilinos eran beneficiarios, no de un derecho, sino de beneficencia y por lo tanto siempre sospechosos de engañar. Hemos llegado a situaciones inverosímiles con viviendas vacías por largas temporadas tapiadas con puertas de hierro o, por el contrario, cuotas de alquiler que han superado incluso en el mercado privado. Las irregularidades en los cobros de los extras o del mantenimiento han igualado al Consorcio -CHB- con las prácticas más dudosas del mercado privado.

Muchas veces la vivienda pública se ha convertido en una especie de barraquismo vertical donde se han juntado problemáticas sociales con paro, familias desestructuradas, etc que reforzaba por un lado el carácter exclusivamente asistencial y, por otro lado, una opinión pública en contra. Si la vivienda social era mal vista, como un derroche de recursos, la opción neoliberal, la opción patrimonialista de acceso a la vivienda se reforzaba y reforzaba aún más la burbuja inmobiliaria, que a fin de cuentas era lo que interesaba.

La apuesta actual del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para dar un papel dominante en la vivienda social en las entidades del tercer sector y especialmente a Cáritas, organización católica en manos del Obispado de la ciudad, reforzarán el carácter asistencial del alquiler público alejándolo aún más de su carácter de derecho universal básico. No es casualidad, que Cáritas, reciba donaciones de pisos de los bancos en lugar del estado que los ha salvado con el dinero de todos. Es un acercamiento cada vez más descarado al modelo anglosajón y thatcheriano. Por esta razón, nosotros reivindicamos la vivienda pública como un derecho fundamental de los ciudadanos y por lo tanto un derecho exigible al Estado. Tiene un nombre: alquiler social universal.

… Estos contratos de alquiler público por lo tanto no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial, sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público.

(*) Caminemos hacia otro modelo posible …

Dentro del marco legal actual, varios abogados y urbanistas, así como sentencias europeas y estatales permitirían modificar los parámetros en el que se mueve la gestión de la vivienda pública y social tanto en la ciudad de Barcelona como en todo el país. La Disposición Adicional Primera de la LAU permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública. Estos contratos podrían no estar sujetos a la legislación en materia civil y patrimonial.

En primer lugar, su adjudicación está sujeta a un procedimiento de concurso transparente en base a unos criterios preestablecidos. En segundo lugar, las rentas vienen marcadas por ley y finalmente las condiciones no son objeto de la supuesta libertad contractual civil. El alquiler público se acercaría más a la prestación de un servicio público y, por tanto, sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público.

Esto es importante, porque en la venta a fondo buitres del parque de vivienda en Madrid o Barcelona, habría que preguntarse si las garantías a los inquilinos no deberían haber sido incluidas en los pliegos de condiciones de la venta. Este matiz es fonamental pues los concursos de compraventa no sólo han estado faltos de transparencia y concurrencia en el caso de Barcelona , sino que las condiciones de prestación del servicio público de las viviendas sociales están hoy en duda. Para el caso de las viviendas de jóvenes, considerados equipamientos dotacionales, añadiríamos aún más interrogantes.

Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. Esta circunstancia ya ha sucedido en el edificio privatizado de pg Urrutia. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

… Alquiler Social Universal.

Podría ser la firma de nuevos contratos de alquiler objeto de abuso? Se han mantenido las condiciones anteriores? La respuesta es no en el caso de Colon Viviendas en Barcelona. Desde el punto de vista de la jurisprudencia actual sería discutible que las condiciones de los contratos de alquiler, en prestación de un servicio público, sólo se limitaran a la vigencia de los contratos. Ha sido mucho más grave aún que se haya obligado a los inquilinos a suscribir nuevos contratos con las condiciones cambiadas y esto podría ser objeto controvertible ante tribunales de justicia civil.

Dicho de otro modo, en el momento de compra-venta a un tercero, lo relevante no es sólo el análisis del precio pagado por la venta en el expediente patrimonial de la Fundación Pisos de Alquiler (y por tanto el Consejo Comarcal del Barcelonés, REGESA) sino también las repercusiones que esta venta tendrá sobre los contratos de alquiler. Por lo tanto sería imputable a Regesa, y a su subsidiaria la Fundació “Pisos de Lloguer” – hoy desaparecida-, la falta de transparencia en todo el proceso en un sector como es el de pisos para jóvenes que debería tener la consideración de regulado.

No es una cuestión baladí porqué el interés de la Agencia Catalana de l’Habitatge como del Ayuntamiento de Barcelona, es externalizar toda la gestión de la vivienda pública pero sobre todo la emergencia social que se convertiría en pura beneficencia y no en la prestación de un servicio público. Se crearía una gestora de vivienda social que administraría la Fundación Habitat 3 que recibiría familias “teledirigidas” desde Servicios Sociales. Las actuales negociaciones con la Taula del Tercer Sector y otras entidades para la gestión de las viviendas sociales existentes y aquellas que se integren más adelante mediante dicha Fundación podrían contravenir todo lo expuesto.  Entre otras razones porque esa Fundación no está bajo la tutela pública sino de personas nombradas por entidades cuyo ideario no es el interés general sino entre otros por motivos religiosos que poco tienen que ver con la supuesta laicidad del Estado.

En ese terreno pantanoso la prestación del servicio público de vivienda por esas Fundaciones, cuyo nombre ya levanta sospechas, se alejaría de lo que defendemos en este artículo y se convertiría en una relación contractual privada en relación al alquiler. Los contratos de alquiler y las condiciones, por lo tanto, ya no serían parte de la prestación de un servicio público. La mejor demostración lo tenemos en la gestión de los edificios privatizados de jóvenes de Barcelona que cuando estaban bajo la tutela de la Fundación Pisos de Lloguer la gestión diaria estaba en manos de un API y las condiciones del alquiler sólo tenían algo de públicas porque la cuota base la imponía la administración.

Esta discusión es extensible a todas las viviendas que hoy gestiona la Agencia Catalana de la Vivienda como el Consorcio de la Vivienda de Barcelona con todos los pisos de emergencia que está concediendo. Y es nuestra lucha declarada por el alquiler social universal.

(*) Una parte de los razonamientos de este artículo han sido inspirados en las webs de LEOLO y Urbaniker.