PSC y Comuns tienen su «Ley Aragonés» para privatizar la vivienda pública de Barcelona

Si los titulares de los movimientos sociales sobre la Ley Aragonés: «FAPAC: marco jurídico para externalizar servicios» o «Marea Blanca: es un paso en la privatización» o «ataque a los servicios públicos» se aplican al proyecto de empresa de capital público-privado Habitatge Metrópolis Barcelona del Ayuntamiento de la ciudad este ganaría por goleada. No sólo privatiza la gestión del parque de vivienda de titularidad pública de toda la conurbación barcelonesa, sino que además la empresa debe ser de tipo SOCIMI, subordina la vivienda social a la lógica de la deuda y los derivados financieros globales, introduce el control neoliberal de los inquilinos pobres y lógicamente en la práctica el histórico Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona desaparecerá en beneficio de aquella SOCIMI que gane el concurso.

¿Por qué nadie se lleva las manos a la cabeza? Pues porqué todos los partidos se pusieron de acuerdo en el Área Metropolitana -AMB- para hacer de esa empresa el modelo para sus 36 municipios. Porqué no afecta a grandes poblaciones como la Sanidad o la Educación y la prensa siempre maquilla las operaciones de colaboración público-privada.

La empresa público-privada Habitatge Metrópolis Barcelona ha tropezado dos veces con el desprecio de la Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona y sólo una SOCIMI o similar se ha presentado al concurso exigiendo más prebendas. De momento, las élites barcelonesas han dado golpes de puerta a Ada Colau (Comuns) como máxima responsable del proyecto junto a Antonio Balmón (PSC) de la AMB a pesar de poner 52 solares a su disposición para construir y gestionar 4500 viviendas. ¿El tercer intento será aún peor?

Y va un segundo portazo!

Las élites barcelonesas se niegan a construir vivienda social con el Ayuntamiento de Ada Colau en esas condiciones

Las esperanzas de vivienda social se desvanecen en la metrópolis Barcelona.

El Area Metropolitana de Barcelona -AMB- y el Ayuntamiento de la ciudad condal, han fracasado, de nuevo, en el intento de encontrar un socio privado que compre el 50% de las acciones de Habitatge Metropolis Barcelona -HMB s.a- para ayudar a desarrollar la política de vivienda de alquiler asequible en la ciudad de Barcelona y a los treinta y cinco municipios metropolitanos, según el “Pliego de condiciones para la selección de un socio privado para transformar HMB s.a en una sociedad de economía mixta”, en adelante PLEC (*1). En los próximos años, HMB tiene que construir 4.500 viviendas de las que 2.250 se construirían en solares cedidos por la ciudad de Barcelona, y las otras 2.250 en otros municipios de la AMB. El proyecto estrella de Colau, en un ámbito tan sensible como es el de la vivienda, se inició con un éxito inicial, recibir el financiamiento de 125 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de los 250 millones que se presupuestaron para construir estas viviendas de alquiler asequible. Las élites barcelonesas están haciendo pagar que el PLEC todavía lleve el sello del anterior equipo municipal de Ada Colau.

El portazo de las promotoras al Ayuntamiento de Ada Colau es un fracaso de enorme repercusión para las más de 600 familias que esperan una vivienda de emergencia, amontonadas éstas últimas en pensiones repartidas por la ciudad que suponen un sobrecoste a las arcas municipales y a los más de 30.000 hogares que esperan un alquiler asequible. La violencia inmobiliaria de las recurrentes burbujas de precios suponen decenas de desahucios cada semana desde el inicio de la crisis en 2007: llevamos 12 años sin ver el final del túnel. Acabar con todos los desahucios fue una promesa de la candidatura de Ada Colau en 2015 cuándo ganó, de manera ajustada, la alcaldia a Xavier Trias, que era el representante de los poderes fácticos de siempre, gracias a distritos como Nou Barris o Sant Andreu, dónde arrasó.

La pequeña propiedad, mayoritaria en la ciudad, tampoco ha colaborado cediendo pisos al Ayuntamiento para, así, poder aumentar el parque de vivienda social en Barcelona. La Bolsa de Vivienda Social del Consorci d’Habitatge está vacía y los precios, muchas veces, son prohibitivos para hogares con sueldos de camarero o kelli de hotel, mayoritarios en las clases populares en una ciudad volcada en el turismo. El fichaje de Javier Burón como Gerente de Vivienda de la ciudad, no ha tenido los resultados esperados en materia de colaboración público-privada, de la que era un experto en su etapa como viceconsejero del Gobierno Vasco, hace una década.

A las promotoras de vivienda, agrupadas entorno a la Asociación de Promotores y Constructores -APCE-, acostumbradas a ver la ciudad como un coto privado, tampoco les gustó la ley aprobada por el Consistorio, consistente en reservar el 30% de los pisos para vivienda protegida de compra en las nuevas promociones, aunque la medida fue vendida al público con engaño por las entidades impulsoras de la campaña como si fuese de alquiler asequible. De hecho, la medida ya está en los tribunales y seguramente quedará en nada durante esta legislatura. De momento los pisos del 30% ¡ni se les espera!

Finalmente, el último informe del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2015-18 comienza con un dato largamente reclamado por los movimientos sociales a Ada Colau: en la ciudad hay 10.052 pisos vacíos – sin ocupaciones – después de meses de visitas a los potenciales pisos sin habitar en todos los distritos por equipos especializados. Nada de los 80.000 del censo estatal de 2011. Si damos por ciertos los datos, invalidan la escusa que dice que hay mucha vivienda vacía ya que, el parque de vivienda disponible, a duras penas da para cubrir la rotación de los más de 40.000 contratos de alquiler que anualmente se firman en la ciudad.

Barcelona, después de 40 años de ayuntamientos democráticos, con predominio de la coalición PSC-ICV, sigue en la cola de vivienda pública y social de alquiler (1,5%), comparada con las grandes ciudades europeas y, especialmente, con la joya mundial, que es Viena, dónde el 60% de la población vive en viviendas públicas o con algún tipo de protección. Si la clase política, durante décadas supeditada a las élites que quieren un mercado libre sin competidores públicos, ha menospreciado el parque público de alquiler asequible, ¿por qué a éstas últimas les tendría que interesar la vivienda social regulada por HMB, si no es imponiendo sus condiciones? La responsabilidad de este gran desastre la podemos repartir a partes iguales entre la clase política y las élites económicas, que se merecen un estallido social, ya que, en todas las ciudades metropolitanas como son Badalona, Hospitalet, Sant Adrià, etc. nos encontramos con los mismos problemas.

¿Qué molesta a las élites barcelonesas si Habitatge Metròpolis Barcelona es una claudicación?

El diablo está en la letra pequeña

En la web de licitaciones de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, hay un total de 5 enmiendas al PLEC en poco más de 4 meses para mejorar la seducción de HMB a los contratistas privados (*2). Después del fracaso de este julio, AMB ha anunciado que revisará una vez más las condiciones, después de que la primera convocatoria quedara desierta hace 4 meses – el 1 de abril -. En aquel momento, el Ayuntamiento se vio obligado a poner sobre la mesa 52 solares para ofrecer garantías a los posibles socios privados y desbloquear el proceso. Ni este caramelo tan generoso ha sido suficiente, ya que la única empresa presentada, Cevasa Patrimonio en Alquiler S.L., presentó “una oferta condicionada a una serie de requisitos” que no estaban contemplados en la licitación.

Ante la falta de ofertas, AMB ha empezado a estudiar, por enésima vez, dónde se hallan las dificultades, mientras miles de familias se desesperan por una vivienda con #realojoDIGNOya en todas las ciudades metropolitanas.

Para entender la parálisis política en la que ha entrado el Área Metropolitana hace falta ver, con perspectiva, la burocracia de intereses cruzados entre las élites locales usureras, los ayuntamientos incompetentes, el ahogo fiscal centralista de Madrid y hasta las imposiciones privatizadoras de los burócratas de la Unión Europea. Todo se concentra en el PLEC, que se ha convertido en un correoso documento técnico de 132 páginas –la letra pequeña- dónde la burocracia esconde la usura privada, la incompetencia pública y el concepto o palabra vivienda digna ni se encuentra entre el centenar largo de páginas.

¿Cuál es el papel reservado a la empresa de economía mixta Habitatge Metròpoli Barcelona?

HMB es la plataforma pública (acciones clase A) para buscar una empresa privada -contratista- que se convierta en accionista al 50% (acciones clase B) u otras personas físicas socias (acciones clase C). Este contratista será el accionista privado por el cual cobrará un dividendo y una prima (Anexo VI). También se encargará, inicialmente, de la construcción de 4500 viviendas sociales para el que tiene asignado un beneficio (Anexo IV) y se encargará de la gestión de los alquileres de los activos cedidos, como por ejemplo: suelo, pisos, garajes, locales, etc…por los que obtendrá otro beneficio (Anexo V). Los puntos relevantes de estos términos en el PLEC son los siguientes:

Si os queréis ahorrar los correosos aspectos técnicos los hemos escondido en pestañas. Podéis ir directamente a las conclusiones

…………………………………

De la lectura del “modelo público-privado” podemos CONCLUIR:

• Barcelona en Comú -BEC- persiste en el modelo de colaboración público-privada en la promoción de vivienda social. BEC no se deshace del modelo estrella de Convergencia-PSC-PP con la externalización de los servicios públicos como pasa con otros como educación o sanidad. Y, además, lo acabará convirtiendo en un éxito mediático, dónde la crítica desaparece por los miedos electorales.
• El acto institucional de aceptación de este modelo lo preside Ada Colau el 24 de abril de 2017 como presidenta de AMB, dónde se aprueba el documento “Directrices de política metropolitana de vivienda 2016-2019” (*3) dónde quedan recogidos los elementos básicos de las políticas de vivienda del gobierno municipal en el contexto del Área Metropolitana y en que se da a entender que gestionar eficientemente el derecho a la vivienda necesita tener en cuenta los impactos en toda la conurbación barcelonesa.
• Este giro en la acción de gobierno, en el ecuador de la pasada legislatura, fue un golpe de timón respecto al programa electoral con el que BEC ganó las elecciones de 2015 (*4). El giro se materializa en la sede de AMB, feudo del poderoso aparato socialista metropolitano, que cristalizará con un segundo mandato de Ada Colau con Jaume Collboni -PSC- representante del model de ciudad de toda la vida.
• Las “Directrices de política metropolitana de vivienda 2016-2019” es el documento base para la constitución de Habitatge Metròpolis Barcelona -operador de vivienda social- y del ya mencionado PLEC.
• Para construir las 4.500 viviendas se hace mayoritariamente sobre la base del endeudamiento público con el crédito del BEI y de los activos inmobiliarios municipales como aval. El socio privado no es avalador hipotecario.
• Los precios de los alquileres protegidos (7, 8 o 8,9 €/m² de alquiler) superan ampliamente a los de ciudades con un poder adquisitivo más alto como Viena (5€/m² de alquiler). Estos precios marcados desde siempre por la Generalitat han sido muy altos para ayudar al mercado libre a magnificar la burbuja. Esto obliga a las administraciones a pagar ayudas más elevadas a las familias más vulnerables, lo que se traduce en más agujero presupuestario para beneficiar al sector privado.

Cuál es el papel del contratista privado en la empresa de economía mixta Habitatge Metròpolis Barcelona:

Como con el modelo de gestión privada de hospitales públicos o con el de la educación privada-concertada, el modelo de HMB privatiza beneficios generados por agujeros presupuestarios públicos insostenibles.

Los puntos relevantes de estas afirmaciones del PLEC, no son gratuitas, a saber:

De la lectura de los BENEFICIOS PRIVADOS podemos concluir:

• Que los socios privados de HMB sólo pueden ser GRANDES PROPIETARIOS o UTEs como Fondos Inmobiliarios o SOCIMIS.

• A modo de ejemplo, la única candidatura descartada, CEVASA, pertenece a la familia Vaqué Boix (Inoxcrom) bien relacionada con el franquismo y que vive de rentas inmobiliarias de la protección oficial, con un gran complejo de edificios de viviendas y oficinas en La Sagrera, fruto de los terrenos de la desparecida PEGASO, y que entraran en el mercado libre en pocos años con grandes plusvalías. La familia ocupa el lugar 57 entre las 100 fortunas más grandes de la Bolsa (*6).

• Los dividendos y beneficios privados pagados al contratista privado no van a la Caja municipal. Esto significa que una parte importante de los posibles beneficios no servirán para amortizar las inversiones en vivienda social de la ciudad, agravando el endeudamiento municipal.

• Los beneficios privados están libres de morosidad del inquilino a la que tendrá que hacer frente únicamente la Hacienda municipal. Negocio sin riesgo.

• La lógica de privatizar beneficios genera agujeros presupuestarios públicos insostenibles para la Hacienda municipal.

Habitatge Metròpoli Barcelona: control neoliberal de los inquilinos pobres.

El documento “Directrices de política metropolitana de vivienda 2016-2019” pone el acento en la morosidad de los hogares pobres, que recordemos llegan al 50% en el área metropolitana:

(página 7) Con respecto a la cuestión de la no consolidación presupuestaria vía ingresos de actividad mercantil, hace falta tener en cuenta el hecho de subvencionar directamente a los inquilinos. Esta circunstancia, así como la voluntad de gestionar dinámicamente el parque de alquiler de tal manera que se ayude a las personas a superar las situaciones de vulnerabilidad y a medio plazo se libere vivienda para nuevos demandantes, obligará a desarrollar un Reglamento del servicio metropolitano específico con la idea de establecer los parámetros de participación de los ciudadanos vulnerables en los alquileres de las nuevas viviendas, mediante la concurrencia de dos tipos de contratos: el propio contrato de alquiler y un contrato que obligará a los inquilinos a un itinerario de reinserción social.

El objetivo es aglutinar, bajo una misma estructura, la mayor parte de las promociones que se quieren destinar a vivienda asequible, ya sea en régimen de venta o de alquiler.

Así, de la lectura podemos CONCLUIR:

• que la actividad de HMB se puede ver afectada por la situación de vulnerabilidad económica de los inquilinos subvencionados, a los cuáles se les obligará a firmar dos contratos: uno de alquiler y otro de buen ciudadano – un contrato social – que obligará a los inquilinos a seguir el control de un itinerario de reinserción. O sea, que el derecho a la vivienda para los pobres existe, siempre y cuando sean buenos ciudadanos.

• El control del itinerario de inserción de los inquilinos otorga a Servicios Sociales y a sus trabajadoras sociales el papel de policías sociales, que los sindicatos rechazan como papel del Trabajador Social fiscalizador.

• Toda la lógica del párrafo lleva a considerar que el parque de vivienda pública es para emergencia habitacional y que el operador público-privado, HMB, actúa para una franja de hogares sin capacidad adquisitiva, lo que comportará, inevitablemente, de hecho es lo que está pasando ahora, la creación de guetos en los edificios y zonas de vivienda pública. Una política totalmente opuesta a la que realizan ciudades europeas como Viena que mezcla las extracciones sociales en sus edificios.
  

• Eso sí, los beneficios del contratista privado (8% sobre las rentas de alquileres efectivamente percibidas) no se verán afectados por la morosidad, que va a cargo de las administraciones implicadas.

Habitatge Metròpolis Barcelona se subordina a la lógica financiera global.

Los ayuntamientos del Estado español, a diferencia de otros países europeos, no tienen capacidad fiscal recaudadora sobre los grandes impuestos – herencia franquista – y los ingresos dependen, en gran medida, de la burbuja inmobiliaria. Pero también están ahogados por las políticas de estabilidad presupuestaria, impuestas por la Troika comunitaria, con la lógica de obligar a las administraciones públicas, vacías de soberanía ciudadana, a buscar financiación en la banca privada. Dicho de otro modo, el Ayuntamiento de Ada Colau no tiene dinero líquido para pagar el coste de la vivienda social que necesita la ciudad, más allá de comprar-reciclar contenedores del puerto.

Esta es la razón por la cuál AMB y el Ayuntamiento de Barcelona tuvieron que recurrir, en 2017, al endeudamiento del Banco Europeo de Inversiones con un crédito de 125 millones de euros de los 250 millones necesarios para construir las 4500 viviendas sociales de HMB. Como la financiación sólo llega al 50%, Barcelona se ha visto obligada a buscar socios privados o a incrementar la deuda municipal por los 125 millones restantes. Pero hay una segunda condición: el Banco europeo, presidido por Jean-Claude Juncker, exige la colaboración público-privada en el negocio para conceder el crédito.

En aquel momento, Barcelona en Comú (BEC), vendió la concesión del crédito como un éxito. El ex-regidor, Gerardo Pisarello, aseguraba que la ciudad se había ahorrado mucho dinero y loaba el BEI como un instrumento de “Banca Pública” en comparación con el Estado español, dónde ni el Institut Català de Finances ni el Instituto de Crédito Oficial, hacían el papel que les tocaba, dando crédito para promover el alquiler público. No hemos encontrado ningún documento de los términos del acuerdo con el BEI pero hemos sabido por la prensa de la Asociación de Promotores de Catalunya – APCE – que el crédito ha sido a un interés del EURIBOR + 0,5 (*7).

BEC, no sólo entra en “la lógica del sistema”, sino que además disfraza al BEI de Banca Pública, cuando su papel está subordinado, también, a la élites financieras globales y al golpe financiero de Maastricht. El BEI también paga el peaje, los regalos, los royalties, a las élites financieras, a los mercados globales de renta fija titulizada, no es una banca pública, como dice Pisarello. Si se miran las bases jurídicas del BEI, se puede ver que la mayor parte de sus recursos se obtienen en los mercados internacionales de capitales con la emisión de obligaciones a 30 años (*8). Las obligaciones son derivados financieros llamados CDO – collateralized debt obligation – tristemente famosos en la estafa financiera. Los CDO emitidos por el BEI se pueden encontrar en las bolsas de renta fija de Frankfurt o Luxemburgo al abasto de la banca privada o de fondos de inversión internacional, como SOCIMI o Hedge funds, que luego los utilizan como colateral en la expansión cuantitativa para recibir financiación gratis del BCE, cosa que no tiene el Ayuntamiento de Barcelona.

Esto es lo que denunciamos desde esta página. ¿Por qué el BCE no puede financiar directamente el programa de vivienda social de Barcelona a coste cero? El problema no es, que también, la existencia de esta crosta parasitaria financiera que recibe peajes de toda la economía, el problema es que la izquierda venda fantasías y ni siquiera explique, de manera pedagógica, dónde están los grilletes modernos que mantienen esclavizada a la Barcelona de los Comunes de los señores del planeta.

¿Subordinación a las élites o rompemos el modelo de ciudad de Barcelona?

Los Comunes no pueden estar en misa y repicando:

• O dejan el lío del HMB al PSC que tiene por la mano la subordinación del proyecto de vivienda social a las condiciones impuestas por las élites barcelonesas (representadas en la APCE), a las condiciones de financiación del BEI (representante las élites financieras globales) y a las condiciones fiscales centralistas herederas del franquismo y, por lo tanto, renunciando a la soberanía fiscal que sí tienen otras ciudades europeas…

• o levantan un proyecto de izquierda verdaderamente revolucionario, que ponga por delante las necesidades de las familias que esperan una vivienda social y que se encuentran amontonadas en pensiones desde hace meses en toda la conurbación barcelonesa.

¿Por qué el Ayuntamiento tiene que capitular mejorando todavía más unos beneficios privados insostenibles presupuestariamente? Las élites de la ciudad han demostrado que no les importa nada el proyecto de HMB. A la APCE, a las SOCIMI o la Caixa no les importa porque tienen infinitos mecanismos para hacer sus negocios inmobiliarios, con o sin el Ayuntamiento, pues saben que la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo les da financiación a coste cero por comprar toda la ciudad, e incluso el Consistorio si se dejara.

Está bien claro que la ciudad tiene delante retos muy importantes, como lo demuestra la Campaña la Fira o la Vida, que propone una oportunidad de gestión “pública” del espacio urbano frente a la emergencia climática y la violencia inmobiliaria. En estas páginas nos hemos posicionado, claramente, por la mitigación vegetal de la infraestructura de los corredores verdes y por la municipalización del suelo urbano, como la medida vinculada a las reformas urbanísticas que mejoran el entorno de las ciudades y combaten la especulación y la gentrificación. Las 60 entidades de la Campaña La Fira o la Vida no pueden aceptar que el proyecto de barrio de vivienda social que algunas proponen sea construido por empresas tipo SOCIMI o CEVASA, bajo el paragüas claudicante de HMB. ¡¡Seguro que No!!

No son ya las opciones políticas solamente, es pura supervivencia de la especie humana en conurbaciones insostenibles, mientras encontramos la manera de convivir con un planeta destruido por la avaricia capitalista. No hay atajos, no nos escaparemos de la enésima capitulación política de la izquierda o del estallido social que llegará sí o sí, mal o bien conducido, para cambiar las relaciones de fuerza de las clases sociales.

Con todo esto, queremos plantear una última duda a los Comunes, a otras fuerzas de la izquierda y a los movimientos sociales por el derecho a la vivienda.

Al igual que hemos planteado en éstas páginas el tema de la Fira o la Vida ¿por qué el Ayuntamiento de Barcelona no se olvida del proyecto socio-convergente de la nefasta colaboración público-privada de HMB, dando un portazo en las narices a la APCE?

y, apuesta por una reconfiguración democrática del Patronato Municipal de Vivienda – PMHB – con la participación de las entidades sociales afectadas en vivienda social, dando un tumbo a la política inmobiliaria pública? Porqué ¿Cuál es el futuro del histórico PMHB? ¿Desaparecer diluido en el proyecto elitista de HMB? Ada COLAU no puede capitular.

Las organizaciones de #REALOJOdignoYA tenemos un gran reto delante con el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central. La reunión con Generalitat y Ayuntamiento, en la que la Delegación del Gobierno no se presentó, ni siquiera se habló del fracaso de HMB. ¡¡Mal empezamos!!

Salva TORRES, 24 de septiembre de 2019

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Notas

1. Àrea Metropolitana de Barcelona, Plec de Condicions per a la selecció d’un soci privat per a transformar HMB s.a. en una societat d’economia mixta (pdf).
2. gencat.cat,  Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Selecció d’un soci per a la transformació d’HMB, SA. en una societat d’economia mixta.
3. papelea.com, Calificación de viviendas con protección oficial.
4. Àrea Metropolitana de Barcelona, Directrius política metropolitana d’habitatge 2016-2019.
5. barcelonaencomu.cat, Programa de Govern de Barcelona En Comú 2015-19, pàg. 35 apartat «Promoure el lloguer social i l’habitatge en règim cooperatiu«
6. elmundo.es, Los 100 más ricos de la Bolsa en 2013.
7. La Vanguardia, monogràfic Habitatge i Futur de l’APCE, Habitatge metrópolis barcelona, el nuevo operador metropolitano de vivienda de alquiler.
8. Parlamento europeo, Banco Europeo de Inversiones.

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