Este documento elaborado por Julio Rodríguez, miembro de la Plataforma por una Banca Pública, recoge los principales datos que en materia de vivienda recogen los presupuestos generales del Estado en materia de vivienda.
La Partida asciende a 3.472 millones de euros de los que la partida más importante de 1.100 millones sirven como avales para el riesgo asumido por la banca en la concesión de préstamos en la rehabilitación de edificios residenciales para la eficiencia energética.
La partida estatal para la construcción de viviendas de alquiler social es de 500 millones. Esa es una cifra ridícula, para todo el país, si la comparamos con los 250 millones, la mitad, que sólo el Ayuntamiento de la ciudad condal iba a destinar en la construcción de 4.500 vivienda sociales a lo largo de 10 años desde el Área Metropolitana de Barcelona.
Los datos resumidos que presenta el compañero Julio Rodríguez son muy valiosos para comprender las políticas de vivienda en nuestro país.
El proyecto de Presupuestos 2023 y la política estatal de vivienda.
En el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE 2023), el conjunto de partidas relativas a Vivienda, correspondientes a gasto público y ayudas fiscales, presenta un crecimiento del 3,7% sobre 2022. En este último ejercicio ha habido un aumento sustancial de las ayudas a la vivienda sobre 2021. El 71% del gasto público previsto para 2023 en vivienda se va a financiar con recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. En las partidas de gasto público destaca el alcance de los recursos destinados a la rehabilitación de viviendas y al apoyo a la renovación energética. Las partidas de gasto público en vivienda vuelven a superar por segundo año consecutivo la cuantía de las ayudas fiscales.
El gasto público destinado a la Vivienda en los PGE 2023 asciende a 3.472 millones de euros, un 5,4% sobre la cifra presupuestada para 2022. Con el gasto público incluido en los PGE 2023 el gobierno pretende sobre todo estimular la rehabilitación de viviendas, apoyando la renovación energética de las mismas, y también fomentar la construcción de viviendas sociales destinadas al alquiler.
La previsión de gasto público citada se cubre con 992 millones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y con 2.480 millones procedentes de fondos europeos. Entre las partidas de gasto destacan los 1.100 millones de avales a conceder por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el 50% del riesgo de los préstamos bancarios destinados a actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales. Dichos avales permitirán conseguir una financiación de 2.200 millones de euros. Cada beneficiario de las ayudas podrá solicitar un crédito de 30.000 euros por vivienda con un plazo de amortización de hasta 15 años. Los préstamos los concederán las entidades de crédito que se adhieran a la línea de avales del ICO.
Otras partidas de gasto significativas son los 880 millones destinados a subvencionar la rehabilitación de viviendas para la recuperación de entornos residenciales y los 500 millones destinados a la construcción de viviendas de alquiler social. El Ministerio de Transportes podrá transferir fondos a SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) para adquirir suelo destinado a la construcción de viviendas en alquiler social o asequible, y ello por una cuantía de 260 millones de euros en 2023. El objetivo del gobierno es el de construir 100.000 viviendas en alquiler social dentro del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible.
Los PGE 2023 mantienen el Bono de Alquiler Joven para la emancipación y el acceso a la vivienda. La dotación de dicha figura vuelve a ser de 200 millones de euros. Durante dos años se abonará una cuantía mensual de 250 euros a jóvenes con edades entre 18 y 35 años, con destino al pago del alquiler de la vivienda. Los ingresos anuales no superarán una cuantía de tres veces el IPREM (25.200 euros, en el caso de catorce pagas). El alquiler no debe de superar los 600 euros mensuales, ampliable a 900 euros a petición de las comunidades autónomas.
El gobierno vuelve a hacer una seria apuesta por la rehabilitación financiada mediante transferencias a las autonomías. Estas ayudas acompañan a los créditos bancarios destinados a las comunidades de propietarios que rehabiliten sus viviendas, avalados hasta un 50% por la línea del ICO. Se amplía el marco de actuación en cuanto a fomento de la construcción de nuevas viviendas. Los PGE 2023 no introducen partidas de gasto que permitan inducir un aumento significativo del exiguo parque disponible de viviendas sociales de alquiler, aunque se advierte un apoyo más decidido por el gobierno a la construcción de nuevas viviendas de dichas características. En España hay ocho viviendas sociales de alquiler por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea es de 67 viviendas de dicho tipo por cada mil habitantes.
Las ayudas fiscales al acceso a la vivienda en los PGE 2022 ascienden a 2.677,6 millones de euros (2.636,3 en los PGE de 2022). Destaca, en primer lugar, el alcance de la partida relativa a la deducción en la cuota del IRPF a los compradores de vivienda habitual, cuya cuantía se eleva a 753,5 millones de euros y que está suprimida para nuevos adquirentes desde 2013. En 2023 podrán disfrutar de dicha deducción en la cuota del IRPF 2.663.223 contribuyentes, según la Memoria de Beneficios Fiscales que acompaña el proyecto de PGE 2023. La deducción en la cuota a los inquilinos por alquiler de la vivienda habitual asciende a 29,7 millones de euros, también en régimen transitorio tras la supresión de dicha figura por parte del gobierno popular. La deducción citada la disfrutan 147.690 contribuyentes.
Otra ayuda fiscal relevante a la vivienda en el IRPF es la que obtienen los particulares que destinan viviendas al alquiler. El importe total se eleva a 716,6 millones de euros en 2023, correspondientes a reducciones en la base imponible del IRPF. Dicha reducción la disfrutan 2.033.253 contribuyentes. Las ganancias patrimoniales obtenidas en la venta de una vivienda están exentas del IRPF si se destinan a la compra de otra vivienda habitual. El alcance de las exenciones asciende a 117,4 millones de euros y la obtuvieron en 2022 un total de 53.358 contribuyentes. Las ganancias patrimoniales obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de la vivienda habitual también están exentas en el IRPF, previéndose una exención en 2023 de 7,9 millones de euros por este concepto, disfrutada por un total de 1.879 contribuyentes.
Las “entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas” obtienen una bonificación en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades prevista para 2023 de 29,1 millones de euros, disfrutada por 1.509 contribuyentes. Por último, la aplicación de un tipo impositivo del 10% en el IVA que grava la venta de viviendas de nueva construcción implica un tipo reducido de dicho tributo, ascendiendo el beneficio fiscal a 1.003,6 millones de euros.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2023 el conjunto de las ayudas a la vivienda en forma de gasto (3.472 millones de euros 0,25% del PIB) y de ayudas fiscales (2.677,6 millones de euros, 0,19% del PIB), suponen un total de 6.149,6 millones de euros, equivale al 0,44% del PIB de la economía española previsto para 2023 en los PGE 2023.
El nuevo aumento de las partidas de apoyo a la vivienda de los PGE 2023, reforzadas por los fondos europeos, refleja el interés del actual gobierno ante el alcance del problema de acceso a la vivienda, derivado sobre todo de la reducida dimensión del parque de viviendas sociales de alquiler (0,2% del parque de viviendas frente a una media en la UE superior al 9%). Sin embargo, como ya se ha indicado, tienen mayor peso en los PGE 2023 las ayudas a la rehabilitación que las destinadas a la construcción de nuevas viviendas sociales. Desde hace varios años el Ministerio responsable de la política de vivienda no publica los resultados anuales de la ejecución del plan de viviendas y de otras medidas adicionales, situación que debería de corregirse para valorar mejor la incidencia de las importantes ayudas públicas a la vivienda desde la política estatal.
Los presupuestos para vivienda en 2023 aparecen en un contexto en el que el que está pendiente de tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley de vivienda, aprobado por el gobierno en octubre de 2021, cuya conversión en ley puede ayudar a conseguir los objetivos de la política de vivienda actual.
Julio Rodriguez López es Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
La Plataforma por una Banca Pública no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos, que son responsabilidad de los autores de los mismos
Notas:
- Plataforma por una Banca Pública, El proyecto de Presupuestos 2023 y la política estatal de vivienda.
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