10 medidas para pinchar la burbuja del alquiler y asegurar el derecho a la vivienda del inquilinato

En los primeros días de enero nuestra entidad, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible 500×20, realizamos una asamblea para analizar y tomar postura sobre qué medidas había que proponer frente a los precios abusivos de los alquileres que sufren todas las inquilinas e inquilinos, pero muy especialmente los sectores con más dificultades económicas.

Estas medidas queremos consensuarlas con el máximo de organizaciones de cara a unificar objetivos en las luchas compartidas y si fuera posible un programa de reivindicaciones para las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales del 2019 y que se añadirían a las que elaboramos desde el 2015. Las políticas de vivienda del franquismo que han marcado las últimas décadas unidas a la complejidad social, económica y financiera actual hacen que una solución pactada dentro de los límites constitucionales necesiten soluciones igual de complejas para domesticar el mercado libre que supone el 98%. Aunque la profundidad de lo que proponemos y medidas aún más radicales sólo vendrán determinadas por una amplia movilización popular y el consenso en la lucha.

  1. Congelación temporal de alquileres vigentes y nuevos hasta la aprobación de una nueva LAU – derogación actual!- que asegure el alquiler social en el mercado libre.
  2. Prórroga forzosa para los contratos vigentes y los nuevos – indefinidos- (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
  3. Contrato de alquiler único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda.
  4. Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores.
  5. Realizar desgravaciones fiscales a todos los inquilinos baremando el alquiler para que no supere el 20% de la renta familiar disponible.
  6. Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia.
  7. Municipalización del suelo urbano. El suelo ni se crea ni se destruye. Es patrimonio de la humanidad. No puede formar parte del precio de la vivienda porque es especulativo.
  8. Plan de inspección y cierre de todos las Viviendas de Uso Turístico ilegales y elaboración de un Plan de eliminación paulatina, hasta su totalidad, de los legales.
  9. El aumento significativo de un parque de alquiler público y asequible por parte de las administraciones, ya sea de nueva construcción como de adquisición de ya construidos, como prioridad absoluta en la próxima década. Legislar las cesiones de uso de viviendas privadas a la administración con exención total fiscal y asunción de gastos inmobiliarios por las administraciones.
  10. Expropiación de las viviendas vacías de los grandes tenedores para ampliar el parque de alquiler público y social.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER
JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

Medidas complementarias y explicaciones para hacer efectivas las anteriores medidas en un contrato de alquiler social en el mercado libre que asegure la estabilidad indefinida en ese régimen :

  1. Eliminación de la deducción por amortización catastral a partir de la edad adulta del edifico y vivienda que se apruebe. Las viviendas no pueden ser amortizadas indefinidamente por la propiedad. En Barcelona las viviendas alquiladas tienen una media de 72 años por lo que han sido amortizadas 2 o más veces antes de venderse. Es socialmente injusto y supone un agujero fiscal insostenible para la Hacienda Pública. Una consecuencia lógica de la amortización de la vivienda pos las rentas sería la extinción del derecho de propiedad pues ¿cuantas veces tiene derecho la propiedad a amortizar la vivienda?
  2. Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda iniciada la edad adulta del edificio. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas solo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc sólo dentro de contratos de alquiler social firmados en el mercado libre.
  3. Y por lo tanto, se deben eliminar el derecho a los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda en los contratos de alquiler social para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.
  4. Respecto del contrato único gestionado por las Oficinas de Vivienda: los contratos de alquiler social firmados en el marco de una nueva LAU sólo podrán reflejar el precio, los incrementos pactados con el Estado y otras cláusulas menores y sometido a una Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 10 años. La fianza no puede ser superior a un mes de renta, y un segundo mes en concepto de muebles y utensilios en el caso de las viviendas amuebladas. No se ha de poder retirar la fianza depositada en el registre público sin documento que acredite la extinción del contrato de alquiler social y el acuerdo firmado por arrendador, arrendatario y Administración.
  5. La elusión fiscal inmobiliaria a los arrendadores se ha vuelto insostenible para la Hacienda Pública. Después de décadas de parasitar al Estado fiscalmente es necesario que las ganancias inmobiliarias tributen como una ganancia más en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF- y en el Impuesto de Sociedades – IS- . Es de justicia fiscal! Las exenciones fiscales a los gastos sólo estarán contempladas en los contratos de alquiler social en el mercado libre. Somos partidarios de escalas de gravamen de las rentas inmobiliarias incrementales y superiores a las rentas del trabajo pues su función es esencialmente parasitaria. Una consecuencia lógica de la amortización de la vivienda pos las rentas sería la extinción del derecho de propiedad pues ¿?
  6. Respecto de las desgravaciones fiscales a los inquilinos:
    • Las desgravaciones deben estar en función de las rentas pagadas y renta familiar disponible usando el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores. Igualmente esta medida permite acabar el fraude fiscal de los propietarios pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
    • En el parque de vivienda pública deberían legislarse contratos de alquiler asequible (20% de la renta del hogar) con las máximas garantías sociales o cesiones de uso con gastos compartidos.
    • No negamos la existencia de un mercado totalmente libre. En esa opción el arrendador debe saber que no gozará de ningún privilegio estatal aunque si el arrendatario en las desgravaciones fiscales siempre que no haya obtenido una vivienda social tras la demanda a la administración. En todos los casos el contrato único debe ser obligatorio. Habría una escala de gravamen especial y progresiva para el arrendador en el IRPF y al I.Sociedades.
  7. Respecto de la creación de un impuesto de viviendas que no sean para primera residencia trata de evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.
  8. Respecto de la municipalización del suelo urbano: el suelo ni se crea ni se destruye. Es patrimonio de la humanidad. No puede formar parte del precio de la vivienda porque es especulativo. El suelo urbano debe ser de dominio público y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo público (sería como un impuesto) y la propia edificación pues son los únicos elementos que tienen trabajo humano, el suelo privado es sólo rentista.

Cuatro aspectos que no deben olvidarse:

  • La LAU – Ley de Arrendamientos Urbanos – decanta la balanza del lado del platillo de la propiedad por lo que debe ser derogada en su totalidad por otra Ley basada en que el derecho a la vivienda pasa por encima de cualquier vicisitud económica y que sea compatible con los Tratados Internacionales de derechos Humanos y de carácter vinculante a cualquier administración.
  • Qué la estructura fiscal del Estado español es profundamente centralista por nuestro pasado franquista y que es perentorio una reforma fiscal profunda que dote a la administración municipal de capacidad recaudadora en todos los impuestos y en la generación de nuevos que graven la riqueza especialmente.
  • La obligación de las Administraciones Públicas de realojar las persones desahuciadas por la imposibilidad de pagar el alquiler, como se contempla en la Ley 24/2015 (art. 5.6). Hace falta derogar el procedimiento de “desahució exprés” establecido en la última reforma de la LEC y en general no tendrían cabida en esta ley determinados derechos de la propiedad incompatibles con el derecho a la vivienda. Por lo tanto, los derechos sustantivos de las partes deben equipararse en una reforma de la LEC.
  • Frente a les actuales situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, y a la espera de los cambios legislativos y las políticas públicas de redirijan la situación, apoyamos y consideramos legítimas aquellas resistencias inmediatas practicadas por los las inquilinas, incluyendo la permanencia en la vivienda “en precario” cuando el propietario haya rechazado la renovación del contrato y a ocupación de propiedades verticales que se encuentren vacías.

Por último más aclaraciones sobre toda esta enorme complejidad:

Para nosotros las medidas propuestas en -(1)- tienen la finalidad de parar en seco la subida de alquileres, por lo que hemos primado estas por cuatros aspectos:

  • El primero seria, y aquí coincidimos con un sentir mayoritario, los alquileres se han duplicado y/o triplicado, en muchos casos, en los últimos cinco años, motivo que hace necesaria su congelación.
  • La regulación de precios supone de facto la legitimación de la burbuja de alquiler de las últimas décadas por lo que somos partidarias de otras vías más ejecutivas y justas socialmente evitando al inquilinato infinitos pleitos en los juzgados sobre la justificación abusiva de rentas donde soló puede perder pues la Justicia ha demostrado ser siempre lobbista de la propiedad.
  • La regulación por topes en zonas geográficas tensionadas o por renta disponible del hogar siempre acaba provocando gentrificación de barrios y ciudades. Se debe primar el acceso a la vivienda por la cercanía a servicios básicos o al trabajo independientemente de cualquier factor. Las políticas fiscales o de cámaras de compensación permiten asignar cualquier vivienda en cualquier zona independientemente de la renta disponible. De hecho la municipalización de lsuelo acabaría con barrios ricos y barrios pobres.

La medida  -(3)- tiene el objetivo de acabar con los contratos de alquiler como contratos de adhesión donde la propiedad chantajea con un derecho básico y el inquilino está totalmente desprotegido. No puede ser un contrato privado regule un derecho humano por lo tanto debe ser tutelado por la Administración para garantizar un contrato de alquiler social, en el marco de la nueva LAU, con un contrato único tras la adhesión del arrendador a las ventajas legisladas en la LAu para esos contratos.

Los puntos (del 4 – 6) tienen que ver con la justicia fiscal. No puede ser que un trabajador por la misma renta pague un 1000% más un rentista profesional a lo que habría que sumar todos los trajes a medida del Impuesto de Sociedades que permiten la elusión fiscal de los grandes propietarios y la brutal caída de recaudación de ese impuesto que se ha vuelto irrelevante en los ingresos del Estado. Explicación aparte que la figura fiscal de las SOCIMI, es en realidad una UTE – Unión Temporal de Empresas- en la cual siempre hay alguna que redirige los ingresos a paraísos fiscales. Para ello, proponemos eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores que suponen más de 10.000 millones anuales insostenibles para la Hacienda Pública para que ese dinero se invierta en ayudas fiscales a todos los inquilinos que de rebote permitiría acabar con el fraude y en la construcción o rehabilitación o compra de edificios ya existentes con voluntad de sostenibilidad ecológica.

También queremos dejar constancia en el hecho de que en nuestro país no existe un parque de vivienda pública de alquiler que amortigüe precios y donde la picaresca consentida supone, por ejemplo, un 25% de economía sumergida y el 60% de los contratos de alquiler de la Comunidad de Madrid sean ilegales, por lo que es de necesidad inmediata que las Administraciones Públicas empiecen a crearlo de forma decidida.


Todos estos razonamientos que hemos plasmado en este documento están ampliamente explicados y razonados en diferentes artículos en nuestras webs con datos que muestran que nuestras propuestas están basadas en datos objetivos que los ejemplifican

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2 comentarios en “10 medidas para pinchar la burbuja del alquiler y asegurar el derecho a la vivienda del inquilinato”

  1. Hola Mónica,
    sentimos lo que les ocurre. Por desgracia solo pueden optar a alargar el proceso lo máximo posible en los juzgados, en el Constitucional intentado su amparo- use su abogado- y la ayuda de entidades como la nuestra al margen de que la oficina de vivienda de su ciudad intermedie, hay ayudas la alquiler o intente un alquiler social con la propiedad.
    SI no cambiamos la LAU en el próximo parlamento todo continuara igual. No vote derecha, no vote psoe, no vote pnv ni pdecat… son todos a favor del casero.
    mire nuestro portal del inquilino para buscar mas información:
    .- PORTAL DEL INQUILINO.
    TAMBIEN SI VIVE EN BCN PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS:
    .- http://500×20.prouespeculacio.org/contactar/
    si tiene más preguntas… puede hacerlas aqui o en nuestro formulario.
    saludos y suerte

  2. Hola somos un matrimonio con 3 niñas pequeñas y nunca hemos tenido problemas económicos pero a raíz de la enfermedad de mi marido nos han dejado la puta inseguridad social renta mínima 417€ y no puedo pagar alquiler este mes tengo el lanzamiento

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