Paradojas del nuevo Decreto de Vivienda de la Generalitat: mileuristas y dacionados desahuciados y ocupas con alquiler social

Luces y sombras en el derecho a la vivienda

Esta semana las asambleas, de nuestra Asociación, con las familias afectadas por la violencia inmobiliaria han sido una alegría por el nuevo Decreto de la Generalitat pues después de muchas luchas se abre una leve esperanza, un respiro, en algunos de los hogares que llevan años ocupando pisos de los grandes tenedores en los barrios de la zona norte de Barcelona. Pero también debemos decir que muchos hogares se han visto olvidados por un Decreto que abre muchos interrogantes y muestra las limitaciones de las políticas actuales de nuestro país en la defensa del derecho a la vivienda digna y asequible.

Primera asamblea de Asc.500×20 del 2020 – juevess 9 de enero.

El principal interrogante es que sólo los hogares que puedan demostrar que han ocupado una vivienda por una situación de vulnerabilidad económica seis meses antes de la entrada en vigor del decreto, antes del 30 de junio del 2019, podrán disfrutar de un contrato de alquiler social que será gestionado por los servicios municipales con la otra contraparte: los grandes tenedores ampliados hoy a cualquier propietario físico o jurídico que tenga 15 o más viviendas. Esto deja fuera mucha gente que está o estará en situación de vulnerabilidad y crea agravios comparativos insolubles :

  • Por qué un hogar que ha ocupado una vivienda de un gran tenedor después del 30 de junio del 2019 no podrá optar en ningún caso a un alquiler social? ¿Por qué no se puede generalizar?
  • Cualquier hogar en alquiler que no se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, trabajadores mileuristas o con más rentas pero que no los alquilan ninguna vivienda por pocos recursos, o sea trabajadores eventuales o fijos pobres, por qué no tendrán los mismos derechos?
  • ¿Por qué los pequeños propietarios, al igual que los grandes, que reciben ayudas y desgravaciones millonarias no han de entrar en la misma rueda? ¿para qué sirven entonces las ayudas fiscales a los propietarios? ¿para qué ganen aún más dinero a cambio de nada?
  • Un hogar dacionada (entregó la vivienda al banco a cambio de la deuda siguiendo el criterio dominante de la época ) y que el gran tenedor se niega a renovar el contrato o hace una subida inasumible, ¿por qué no tiene derecho a renovación del contrato de alquiler social dentro de la capacidad económica de hogar?
  • La mayoría de hogares con procesos hipotecarios sin cerrar o de reclamación de deudas por parte de fondos buitres internacionales han quedado al margen de ninguna medida de «compasión» por parte de nuestros diputados.
trabajadores del sector de la construcción con muchos contratos precarios.

Hemos dicho que este Decreto Ley ha legalizando el derecho a ocupar pero no el derecho a la vivienda , lo que sienta un peligroso precedente: muchos hogares tendrán que pasar por la amarga experiencia de ser consideradas vulnerables económicamente y ser desahuciadas porque entonces si puedan ser consideradas aptas para un alquiler social – dentro de la categoría de la emergencia social provocada por el lanzamiento.

Ahora ya no se habla de violencia inmobiliaria ni estructural contra los pobres. Se habla de una emergencia, habitacional en este caso, poniéndola en el lenguaje en la misma categoría de un fenómeno o catástrofe atmosférica. El lenguaje es importante porque enmáscara que actúa sin incidir en las causas estructurales y en los derechos de la ciudadanía. Este sutil cambio lingüístico permite entonces entender la intervención de las administraciones como benefactores de los vulnerables sin poner en duda las bases sociales del evento: el desahucio .

El Real Decreto Ley 7/2019, del PSOE de Pedro Sánchez, que regula los trámites para la intervención de los Servicios Sociales en los procesos de desahucio por falta de pago del alquiler termina dando forma a la intervención de los poderes del Estado judicial, policial y de los servicios sociales municipales que ponen la cara amable, en un pack . Aunque debemos reconocer que los sindicatos de los trabajadores sociales si oponen a ir a los desahucios y hacer el papel de policía buena .

Entonces venden todos los trámites burocráticos y el papeleo para el alquiler social que desnudan la intimidad del hogar para introducir finalmente el contrato de reinserción social para el hogar que ha sufrido la violencia estructural devuelva lo que se le ha regalado. El control social se generaliza y se acostumbra a la población vulnerable a la beneficencia y la sumisión. Da miedo que ayuntamientos de izquierda legitimen y normalicen esta nueva clase de protección social en el marco de los dispositivos securitarios neoliberales. Es la antítesis de la libertad de los individuos y del derecho a tener un trabajo y una vivienda digna.

Tampoco nos engañemos. Sabemos que aún no somos lo suficientemente fuertes para imponer nuestros derechos. Pero algo se usar cualquier concesión social para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y otra muy diferente es alabar el Decreto como un paso en la buena dirección.

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