Los retos del Congreso de Vivienda de Catalunya ante la violencia inmobiliaria y con Viena de fondo

El reciente reportaje de la cadena de televisión La Sexta sobre la situación de la vivienda en la ciudad de Viena y su comparación con nuestras ciudades es demoledor. El reportaje ha permitido a mucha gente comparar la realidad de España con el cuidado modelo social de Viena donde la mayoría de viviendas son de alquiler social o de propiedad pública, la construcción es sostenible y arquitectónicamente de gran calidad. Hemos sabido que la mayoría de los vieneses viven de alquiler y que estos no superan el 30% de los ingresos y no hay barrios marginales pues por el simple hecho de estar empadronado en la ciudad tienes acceso a las ventajas sociales independientemente de tu nacionalidad. Sin olvidar que la calidad arquitectónica era inmejorable y hoy el grado de sostenibilidad y eficiencia energética es mejor que los de los edificios privados (* 1).

Sin duda muy lejos de la enorme crisis que vive el modelo español de acceso a la vivienda desde hace muchos años. El modelo español relanzado desde la victoria franquista es el de vivienda en propiedad brillantemente expresado con la célebre frase de “queremos un país de propietarios no de proletarios“. Por décadas, se suman las ayudas fiscales a la compra de la vivienda con la privatización de millones de m² de suelo público regalado a las promotoras y la suma sigue con la omnipresencia de las grandes constructoras asociadas a la banca española que, a su tiempo, hacía su agosto regando con créditos generosos las operaciones de la cultura del “pelotazo” que hacían subir como la espuma los precios y la destrucción despiadada de la costa con la excusa del turismo. Un modelo depredador de materiales, suelo y recursos cuyas cualidades arquitectónicas y de sostenibilidad ambiental se encuentran en las antípodas del modelo vienés.

En el “modelo español” se añade hasta hoy un sistema fiscal muy centralizado en Madrid (típico de las dictaduras) que oculta con más facilidad del escrutinio el saqueo de lo público y, al mismo tiempo, un paraíso fiscal para las rentas inmobiliarias que también esconde un elevado fraude entre los pequeños rentistas. El modelo se basa en “la vivienda de protección oficial” – VPO- cuna de la cultura reaccionaria que apoya la máquina de crecimiento económico por excelencia: infraestructuras, inmobiliario y servicios hipotecarios asociados del capitalismo popular abrazado por derecha, izquierda, catalanes y vascos. El viejo modelo franquista de la sociedad de los propietarios que funciona desde hace 60 años se ha modernizado con los aires neoliberales de la Unión Europea como anillo al dedo. Si el enorme y costoso esfuerzo de 60 años de nuestro país para anular los anhelos colectivizadores del 1936 se hubieran invertido siguiendo el modelo vienés hoy nuestro país tendría un parque público de 7 millones de viviendas (* 2). Por cierto algunos han acabado en manos de los bancos y de fondo buitres … cada uno es fruto de su historia.

Después de ver el reportaje nadie puede negar que el modelo de acceso a la vivienda de España ha fracasado estrepitosamente con una monumental deuda privada hipotecaria que ha hundido decenas de miles de hogares en la miseria y con una desigualdad social insultante. Pero el reportaje de La Sexta no explica las bases sociales e históricas del milagro vienés, por lo que, para la gran cantidad de gente que lo ha visto en este medio generalista ha quedado como un tema más anecdótico que otra cosa.

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas. En la Rote Wien – Viena Roja – de los años 30 el alquiler suponía sólo el 5,4% del salario de un trabajador (* 3). Pero hoy aún suponiendo el 30% del gasto del hogar, Viena, por décimo año consecutivo, es considerada la ciudad con mayor calidad de vida del mundo (* 4). Viena tiene un parque de vivienda pública y social cercano a medio millón y otros más con el contrato regulado. Pero también hay un reducido mercado de alquiler totalmente “libre” donde las partes “fijan” todas las condiciones y por eso los precios en los últimos tiempos han subido un 40% precisamente. No es de extrañar que la UE y los propietarios de la ciudad, al igual que ne berlín, presionen para liberalizar o vender el patrimonio público bajo el peregrino argumento que la Administración hace la competencia desleal al sector privado.

En España el mercado libre es el 98% y las condiciones son “libremente” pactadas entre las partes bajo la batuta de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- y la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC- para asegurar los derechos de la propiedad sobre 3,6 millones de hogares que viven de alquiler actualmente. El preámbulo de la LAU de 1994 habla del carácter social de la propiedad y por esta razón, la Ley Tributaria española regala miles de millones con exenciones y desgravaciones fiscales a la propiedad para alquilar sus viviendas sin pedir nada a cambio, o sea, ningún contrato social – sin obligaciones sociales más allá de poner la vivienda en el mercado- pero las estructuras del Estado español SÍ intervienen para asegurar los derechos sustantivos de la propiedad con amplios poderes y regalos fiscales. Por contra, el inquilino que incumple el pacto “libre” sabe que se enfrenta a la LEC y en todo caso si es insumiso a la policía pues el Estado a través de sus instrumentos asegura los derechos del arrendatario. Ese es el pacto secreto de la LAU en su preámbulo: un contrato de función social de la propiedad que protege al casero pero abandona a la suerte del mercado libre al inquilino al cual además lo cruje a impuestos. España es uno de los países europeos que más gasta en vivienda, mienten aquellos que dicen lo contrario: 100.000 millones de elusión fiscal en una década para beneficiar a los arrendatarios.. insostenible presupuestariamente

España, Barcelona – – vs — Viena, Austria

Las bases históricas y fiscales de la ciudad con la mayor calidad de vida del mundo.

El edificio Karl Marx Hof representa la cultura arquitectónica de la Viena roja revolucionaria del años 20 del siglo pasado donde comienza la historia de las políticas sociales de vivienda en la ciudad tras el hacinamiento en que vivía la clase obrera al imperio austro-húngaro (* 5). Construido en el 1927 representa los ideales de una arquitectura de lujo en el centro de la ciudad para trabajadores y es el edificio más largo del mundo. Hasta 1934 se construyeron en Viena 61.175 viviendas en 384 bloques de pisos y 5227 viviendas en 42 urbanizaciones de adosados interviniendo 400 gabinetes de arquitectos. Más de 250.000 personas tuvieron en poco menos de una década una vivienda de los mejores de la época y así hasta hoy, un siglo más tarde. Todo ello se hizo sobre la base de impuestos directos sobre el patrimonio de los propietarios inmobiliarios que años más tarde fueron la punta de lanza reaccionaria de la victoria del nazismo. Aún así las bases sociales de aquel proyecto nunca han sido puestas en duda hasta hoy. Por el contrario, en España con la democracia ya consolidada la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio a las grandes fortunas es irrelevante gracias a las rebajas con que derecha e izquierda han agraciado a los más ricos.

Cinco años más tarde, 1939, en España el golpe de estado franquista ahogaba los efectos de la huelga de los alquileres y, sobre todo, el intento colectivizador de la revolución española de la que el Decreto de Municipalización de la Propiedad Urbana de el 11 de junio de 1937 era el único intento serio en el Estado de poner orden en el caos capitalista del derecho a la vivienda con el Pla Nova Barcelona, elaborado por los arquitectos revolucionarios del GATCPAC (Grupo de arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), que querían sustituir la motivación irracional de construir para ganar dinero por la de construir para satisfacer las necesidades básicas, especialmente la de vivienda. Veinte años más tarde, en 1959, con la dictadura consolidada llega el intento reaccionario más serio de repartir la propiedad privada de la vivienda entre el proletariado, inyectando la ideología reaccionaria, para coadyuvar derivas revolucionarias. En España triunfa la sociedad de los propietarios, la cara opuesta en Viena, hasta hoy cuando la crisis habitacional pone en duda para las nuevas generaciones el imaginario de la propiedad en la vía de reivindicar un parque de vivienda pública asequible como pide el nombre de nuestra Asociación. Barcelona podía haber sido Viena pero perdió la guerra contra la reacción del general Franco en 1939.

Otro rasgo diferencial de la conurbación de Viena es que posee autonomía financiera, por lo que dispone del control directo de impuestos importantes que le permiten una capacidad presupuestaria de las que no tiene ni Madrid ni Barcelona, pues la victoria franquista centralizó la recaudación fiscal en la capital y los municipios reciben la financiación pública sin recaudación directa (IVA, IRPF, Sociedades …) y sólo impuestos secundarios, principalmente inmobiliarios, les permiten otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, Viena recauda un 0,5% de los salarios pagados por sus habitantes – IRPF- y los destina al mercado inmobiliario local: unos 600 millones de euros que representa el 25% del presupuesto total del Ayuntamiento de Barcelona. Sólo el régimen foral del País Vasco y Navarra tienen algún parecido. Los municipios españoles están ahogados por la ley de estabilidad presupuestaria de Montoro aplicada a todas las administraciones locales tras la crisis de 2007 provocada precisamente por la burbuja hipotecaria, deudas a bancos extranjeros, a la vez fruto de la política de vivienda franquista heredada hasta la actualidad por los poderes públicos y la banca española que manda en todo gracias a la victoria fascista de 1939. España destinaba el 2017 sólo 400 millones a nivel estatal en políticas de VPO, la mayoría de venta, que son subvenciones directas a los promotores “distribuidas por las autonomias”. Cada uno es fruto de su historia.

En el año 2003 España llegaba al éxtasis propietario mundial con el 90,1% de los hogares viviendo en un piso en propiedad. Poco más del 9% de hogares en alquiler vivían bajo la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el mercado libre sin que el residual parque social de vivienda fuera capaz de hacer presión para reducir precios. Hoy todavía los precios marcados por la Generalidad de Cataluña para el alquiler de pisos públicos en la corona barcelonesa se sitúa en casi 9€/m² (4 € más que Viena) para evitar hacer competencia a las ganancias del mercado libre. Esta presión a la baja que provoca un parque público de alquiler regulado es la razón por la que en ciudades como Viena y Berlín los propietarios y la Troika comunitaria se quejan de la empresa pública porque dicen les hace competencia desleal.

En Barcelona la coalición PSC-Iniciativa Verds que ha gobernado más de 30 años la ciudad abrazó sin rechistar la cultura de la propiedad. Está tan arraigada que las promociones de vivienda social de los sindicatos y las Federaciones de Asociaciones de Vecinos siempre han estado dirigidas a la venta bien regadas con hipotecas de las cajas desaparecidas. El tema de la cultura de la propiedad emerge incluso en las promesas de la campaña del 30% para vivienda social – ha pasado ya a mejor vida- pues ocultaba que las viviendas serían de venta y no de alquiler. Ya el 2017 Ada Colau, como Presidenta del área Metropolitana de Barcelona, aprobaba el sistema de colaboración público-privada en la gestión del parque de vivienda de la ciudad y aceptaba las imposiciones del Banco Europeo de Inversiones -BEI- que reclamaba que el proyecto de construcción de 4500 viviendas, en la próxima década, con la mitad de la financiación del banco, 125 millones €, fuera con empresas privadas que colaboren con la administración. El proyecto de privatización de la gestión del residual parque público se llama Vivienda Metrópolis Barcelona pero las élites barcelonesas son tanto arrogantes que incluso le han dado un portazo al Ayuntamiento.

En Viena la empresa que gestiona el parque público es 100% pública y nos recuerda que el parque de viviendas se financia 100% con los alquileres y las nuevas viviendas que se construyen y las ayudas familiares salen del sistema fiscal. Aquí ni la izquierda se ha atrevido seriamente a denunciar el nefasto sistema fiscal franquista y se ha vendido como un éxito el crédito hipotecario del BEI cuando en realidad pone a la ciudad en el circuito de bonos de deuda CDS – Obligaciones de Deuda Garantizada – en los mercados de capitales y renta fija internacionales. Barcelona debe endeudarse para hacer vivienda social, su presupuesto está ahogado por el Ministerio de Hacienda y por la Troika comunitaria.

Todo ello muestra que sólo sucesos y opciones revolucionarias o reaccionarias han permitido avances o retrocesos históricos en los países.

Los retos del Congreso de Vivienda de Catalunya ante la imparable subida de precios de la vivienda y especialmente del alquiler y de los desahucios.

Algunos de los retos que afrontan las entidades y organizaciones que estamos organizando el Congreso de Vivienda han sido comentadas hasta aquí en esta comparativa económica e histórica con Viena. Las propuestas y enmiendas a los documentos y ponencias necesitan una lectura pausada de la complejidad en el coexto de la emergencia en que viven miles de hogares en todas las ciudades de Cataluña y especialmente la conurbación barcelonesa. Las últimas noticias sobre la situación de la violencia inmobiliaria en Barcelona no ayudan sino a unir esfuerzos para hacer frente a políticas nefastas arraigadas desde hace décadas en la misma izquierda, en las élites, en el capital financiero y en las organizaciones que defienden los intereses de la propiedad (Cámaras, API, bufetes de abogados).

El diario Nació Digital informaba hace días que los propietarios de la ciudad se negaban a renovar los contratos de más de 30.000 pisos que llegaban a la finalización (* 6). El medio asegura que el Ayuntamiento de Barcelona es consciente del problema al ver como el goteo de desahucios no cesa y pone contra las cuerdas la Mesa de Emergencias que sólo acoge los casos más sangrantes pero deja fuera de la vivienda social las demandas de más de 30.000 hogares del Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial de Barcelona (no dice alquiler público y asequible! hasta aquí llega la idiosincrasia de la propiedad). La cifra la queremos completar con el incremento del precio de la vivienda en general (* 7).

El mercado de alquiler ha sufrido un sospechoso descenso del número de contratos realizados y un aumento del precio hasta el 13,8€/m², un nuevo récord (* 8). La caída del número de contratos se puede deber a varias posibilidades pero una de ellas es que los propietarios hayan retirado una parte de las viviendas hacia la venta lo que sólo agrava la situación de la ciudad pues los parque de vivienda vacía del Ayuntamiento lo sitúa en 10.052 pisos.

Las cifras del informe 2018 del Observatori Metropolità de l’Habitatge, que preside Carme Trilla, muestra que un elevado número de hogares y los jóvenes en general han quedado fuera de la capacidad de comprar o alquilar una vivienda. El problema es pues como en una ciudad como Barcelona u otras de Catalunya, con un predominio del pequeño propietario, damos la vuelta a un mercado dominado por el 98% por el mercado libre regido, la LAU y la LEC totalmente decantadas hacia los intereses de la propiedad. Hay que derogar la LAU para imponer una Ley del Alquiler Social que luche por la justicia fiscal al tiempo que hacemos la SAREB nuestra para aumentar el parque de vivienda pública.

Tampoco podemos olvidarnos de los miles de catalanes que han vivido, viven o vivirán procesos de ejecución hipotecaria de su hogar habitual. Hay que asegurar medidas por las que la vivienda familiar sea inembargable y los que la han perdido la recuperen para evitar que nuevas viviendas terminen en manos de los bancos o fondos de inversión. Bien, son lo mismo. Debemos asegurar que cualquier hogar tenga garantizada la estabilidad habitacional como un derecho ciudadano pues los partidos en la reciente campaña electoral ni siquiera han entrado en el debate de la vivienda a pesar de que llevamos una década de violencia inmobiliaria.

Un último apunte. Ante la emergencia climática los expertos recomiendan por un lado dejar de construir viviendas para evitar los efectos de burbuja de calor por el aumento de la población y efectos asociados. Y por otro lado la adecuación de los edificios de las ciudades y pueblos a olas de calor crecientes y más largas con programas públicos adecuados. Hemos visto como el parque de vivienda de Viena ya ha entrado en estos parámetros. Sólo un programa público con financiación a coste cero del Banco Central Europeo puede tener los efectos deseados. Debemos exigir que el dinero público sirva para asegurar la habitabilidad de nuestras ciudades y pueblos.

Estos son pues algunos de los retos que tendremos que trabajar en el próximo Congreso de la Vivienda de Catalunya del días 16 y 17 de noviembre de 2019.

salva TORRES, activista de la Associació pel Lloguer Públic i Assequible

2 noviembre del 2019

NOTA