En los primeros días de enero nuestra entidad, la Asociación por el Alquiler Público y Asequible 500×20, realizamos una asamblea para analizar y tomar postura sobre qué medidas había que proponer frente a los precios abusivos de los alquileres que sufren todas las inquilinas e inquilinos, pero muy especialmente los sectores con más dificultades económicas.

Estas medidas queremos consensuarlas con el máximo de organizaciones de cara a unificar objetivos en las luchas compartidas y si fuera posible un programa de reivindicaciones para las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales del 2019 y que se añadirían a las que elaboramos desde el 2015. Las políticas de vivienda del franquismo que han marcado las últimas décadas unidas a la complejidad social, económica y financiera actual hacen que una solución pactada dentro de los límites constitucionales necesiten soluciones igual de complejas para domesticar el mercado libre que supone el 98%. Aunque la profundidad de lo que proponemos y medidas aún más radicales sólo vendrán determinadas por una amplia movilización popular y el consenso en la lucha.

¡UNA NUEVA LEY DE ALQUILER SOCIAL!

1. Congelación temporal de alquileres vigentes y nuevos hasta la aprobación de una ley de alquiler social– que lo asegure en el mercado libre.
2. Prórroga forzosa para los contratos vigentes y los nuevos – indefinidos- (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
3. Contrato de alquiler único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda.
4. Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores.
5. Realizar desgravaciones fiscales a todos los inquilinos baremando el alquiler para que no supere el 20% de la renta familiar disponible.
6. Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia.
7. Municipalización del suelo urbano. El suelo ni se crea ni se destruye. Es patrimonio de la humanidad. No puede formar parte del precio de la vivienda porque es especulativo.
8. Plan de inspección y cierre de todos las Viviendas de Uso Turístico ilegales y elaboración de un Plan de eliminación paulatina, hasta su totalidad, de los legales.
9. El aumento significativo de un parque de alquiler público y asequible por parte de las administraciones, ya sea de nueva construcción como de adquisición de ya construidos, como prioridad absoluta en la próxima década. Legislar las cesiones de uso de viviendas privadas a la administración con exención total fiscal y asunción de gastos inmobiliarios por las administraciones.
10. Expropiación de las viviendas vacías de los grandes tenedores para ampliar el parque de alquiler público y social.

JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

Cuatro aspectos que no deben olvidarse:

• La LAU – Ley de Arrendamientos Urbanos – decanta la balanza del lado del platillo de la propiedad por lo que debe ser derogada en su totalidad por otra Ley basada en que el derecho a la vivienda pasa por encima de cualquier vicisitud económica y que sea compatible con los Tratados Internacionales de derechos Humanos y de carácter vinculante a cualquier administración.
• Qué la estructura fiscal del Estado español es profundamente centralista por nuestro pasado franquista y que es perentorio una reforma fiscal profunda que dote a la administración municipal de capacidad recaudadora en todos los impuestos y en la generación de nuevos que graven la riqueza especialmente.
• La obligación de las Administraciones Públicas de realojar las persones desahuciadas por la imposibilidad de pagar el alquiler, como se contempla en la Ley 24/2015 (art. 5.6). Hace falta derogar el procedimiento de “desahució exprés” establecido en la última reforma de la LEC y en general no tendrían cabida en esta ley determinados derechos de la propiedad incompatibles con el derecho a la vivienda. Por lo tanto, los derechos sustantivos de las partes deben equipararse en una reforma de la LEC.
• Frente a les actuales situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, y a la espera de los cambios legislativos y las políticas públicas de redirijan la situación, apoyamos y consideramos legítimas aquellas resistencias inmediatas practicadas por los las inquilinas, incluyendo la permanencia en la vivienda “en precario” cuando el propietario haya rechazado la renovación del contrato y a ocupación de propiedades verticales que se encuentren vacías.

Por último más aclaraciones sobre toda esta enorme complejidad:

Para nosotros las medidas propuestas en -(1)- tienen la finalidad de parar en seco la subida de alquileres, por lo que hemos primado estas por cuatros aspectos:

• El primero seria, y aquí coincidimos con un sentir mayoritario, los alquileres se han duplicado y/o triplicado, en muchos casos, en los últimos cinco años, motivo que hace necesaria su congelación.
• La regulación de precios supone de facto la legitimación de la burbuja de alquiler de las últimas décadas por lo que somos partidarias de otras vías más ejecutivas y justas socialmente evitando al inquilinato infinitos pleitos en los juzgados sobre la justificación abusiva de rentas donde soló puede perder pues la Justicia ha demostrado ser siempre lobbista de la propiedad.
• La regulación por topes en zonas geográficas tensionadas o por renta disponible del hogar siempre acaba provocando gentrificación de barrios y ciudades. Se debe primar el acceso a la vivienda por la cercanía a servicios básicos o al trabajo independientemente de cualquier factor. Las políticas fiscales o de cámaras de compensación permiten asignar cualquier vivienda en cualquier zona independientemente de la renta disponible. De hecho la municipalización de lsuelo acabaría con barrios ricos y barrios pobres.

La medida  -(3)- tiene el objetivo de acabar con los contratos de alquiler como contratos de adhesión donde la propiedad chantajea con un derecho básico y el inquilino está totalmente desprotegido. No puede ser un contrato privado regule un derecho humano por lo tanto debe ser tutelado por la Administración para garantizar un contrato de alquiler social, en el marco de la nueva LAU, con un contrato único tras la adhesión del arrendador a las ventajas legisladas en la LAu para esos contratos.

Los puntos (del 4 – 6) tienen que ver con la justicia fiscal. No puede ser que un trabajador por la misma renta pague un 1000% más un rentista profesional a lo que habría que sumar todos los trajes a medida del Impuesto de Sociedades que permiten la elusión fiscal de los grandes propietarios y la brutal caída de recaudación de ese impuesto que se ha vuelto irrelevante en los ingresos del Estado. Explicación aparte que la figura fiscal de las SOCIMI, es en realidad una UTE – Unión Temporal de Empresas- en la cual siempre hay alguna que redirige los ingresos a paraísos fiscales. Para ello, proponemos eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores que suponen más de 10.000 millones anuales insostenibles para la Hacienda Pública para que ese dinero se invierta en ayudas fiscales a todos los inquilinos que de rebote permitiría acabar con el fraude y en la construcción o rehabilitación o compra de edificios ya existentes con voluntad de sostenibilidad ecológica.

También queremos dejar constancia en el hecho de que en nuestro país no existe un parque de vivienda pública de alquiler que amortigüe precios y donde la picaresca consentida supone, por ejemplo, un 25% de economía sumergida y el 60% de los contratos de alquiler de la Comunidad de Madrid sean ilegales, por lo que es de necesidad inmediata que las Administraciones Públicas empiecen a crearlo de forma decidida.

Todos estos razonamientos que hemos plasmado en este documento están ampliamente explicados y razonados en diferentes artículos en nuestras webs con datos que muestran que nuestras propuestas están basadas en datos objetivos que los ejemplifican