La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares
Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en ese sentido.
Por tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.
Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.
Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:
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La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares/año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.
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El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas muncipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.
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La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.
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La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva solo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.
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Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada en torno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.
- Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.
Las medidas legislativas y el desarrollo de los reglamentos necesarios
Las siguientes son las principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país. Hay que entenderlas como un conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, pues algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas en el mismo espacio social y/o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es lo más importante hoy.
[ (+) medidas con consenso. (?) medidas en discusión. ]
Hablamos de necesidades legislativas a nivel estatal
- (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
- (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la SAREB, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
- (+) Esos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
- En este punto se dan dos soluciones distintas al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Vivienda.
- (?) Proponemos la consolidación de ese Parque Público de Vivienda sobre la base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado por las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegitima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
- (?) Elaboración de nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
- (+) Apertura de una auditoría social sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales en los términos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
- (?) Discusión y propuestas para que el suelo urbano pase a ser de dominio público y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
- (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales.
- (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal modo que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago.
- (+) Derogación de la LAU, del desahucio-express y de las leyes hipotecarias regresivas.
- Fiscalidad y Régimen tributario. (+) Impuestos directos progresivos sobre Patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
- Impuesto Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.
- (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros.
- (?) Confección de una tabla progresiva para el IBI en función valor del inmueble desde el 0,1%
para los de menor valor al 1,2% para los de mayor valor.
- (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
- (?) Se buscarán, en las grandes y medianas ciudades, diferentes modalidades de esa fiscalidad directa gravosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
- (+) Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
- (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
- (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones venideras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.
Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.
- (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
- el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciudadanía.
- el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
- la renta de alquiler no estará, por tanto, indexada al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
- Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
- (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
- La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacías a alquiler público o derecho de uso.
- Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
- Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio del su reparación, mantenimiento y la asunción y/o execión de todos los impuestos.
- Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional por el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
- Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las Administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
- (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664€) no superaran nunca los 100€ o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
- (+) Patronatos Municipales de la Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Mesas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
- (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública.
- El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto «esto es lo que hay». Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
- Toda la vivienda pública y social se acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
- En las grandes ciudades y pueblos reservar un cupo de hasta un 25% para vecinos del barrio y/o Distrito empadronados más de 2 años a fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
- Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
- Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por lo tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
- (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
- Estudio pormenorizado a través de Servicios sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañarse de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
- Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
- En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También de derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
- Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Regularización de la ocupación por necesidad
- (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
- En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no solo del suelo sino también del derecho de superficie.
- Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
- Moratoria de licencias de obras a promociones de vivienda en propiedad.
- Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
- Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.