La ocupación muestra el desinterés de las administraciones por este derecho fundamental.
Se castiga la desesperación de las familias ocupantes con medidas represivas.
Pero los dictámenes del Defensor del Ciudadano siempre han defendido el derecho sobre el castigo a los ocupantes.
Barcelona: Poco más que palabras frente a la desesperación
En nuestra ciudad hay una proporción nada despreciable de gente que vive en una vivienda en precario, llamada también ocupación o patada en la puerta. Esta se ha generalizado en los últimos años como respuesta a una profunda crisis que ha llevado a la desesperación a miles de personas y hogares que viéndose en la calle, se han armado de valor, entrando en un piso sin mediar derecho legal alguno. Estas ocupaciones se han nutrido de esa fracción de precarios que incluso con un salario no pueden afrontar todos los pagos y además sobrevivir.
Hasta la ocupación han llegado directamente gente desahuciada como inquilinos y otra gran proporción de gente desahuciada por los bancos tras una ejecución hipotecaria. Antes de ocupar mucha gente ha pasado el calvario de vivir en pisos de familiares amontonados o alquilando habitaciones insalubres, mientras Barcelona y todo el país acumulaba millones de pisos vacíos. La misma área de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda. Necesidades que corresponderían al 20% de la población de la ciudad que vive por debajo del umbral de pobreza (menos de 7.040€/persona/año o 14.784 para un hogar de 3 miembros).
Para muchos hogares, en los distritos más pobres de la Ciudad Condal, incluso ese dinero sería una auténtica fortuna mensual. En esta fracción de ciudadanos es donde se concentran la mayoría de desahucios de la ciudad con una media de 20 desahucios/día. En un 90% son alquileres como muestran los datos judiciales de Barcelona en su página 13. No hay datos de desahucios por precario pero a la Asociación 500×20 le llegan una media de 1 al mes sólo en el distrito de Nou Barris. Nuestra Asociación cree en la ocupación de viviendas como un método de presión y alternativo pero no un fin en si mismo.
… l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda de la población pobre.
Cada hogar, cada familia que forma parte de esas cifras es una muestra de las profundas desigualdades que vive la actual historia de nuestro país. El 75% de las personas con menos de 35 años viven aún con sus padres. Batimos récord mundial en baja natalidad, en pisos vacíos per cápita y en amor paranóico por las piedras y los tochos. El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la férrea dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario.
Barcelona: 300.000 personas o 70.000 hogares necesitan un alquiler social y asequible de 100€.
El Ayuntamiento nos ha reconocido en reuniones que 70.000 hogares necesitarían pagar alquileres no superiores a los 100€ (1). Esa cifra supone el 10% del parque útil que es de 812.000 pisos. Pero el parque de vivienda pública de alquiler asequible o social no supera los 10.000 pisos en toda la ciudad.
El equipo de gobierno del alcalde Trías habla, a bombo y platillo, de grandes inversiones en políticas sociales de vivienda. Ha usado todos los medios propagandísticos posibles en prensa y televisión para explicar como se ha gastado 7’2 millones de euros a lo largo de la legislatura. Si hablamos de la vivienda como derecho fundamental el esfuerzo presupuestario de Trías es minúsculo comparado con otros esfuerzos que sí son prioridad de CiU en la ciudad. Por poner comparaciones: Trias se gasta cada año 6 millones en el Mobile World Congress -WMC- o 7’5 millones de euros en el Paseo de Gracia para que turistas tengan wifi y 4G gratuito.
Aún reconociendo que las políticas de vivienda social no son sólo responsabilidad local las comparaciones son frustrantes. Las cifras en política de vivienda de Trias son poco más que palabras ante la avalancha de necesidades de los miles de familias que en la ciudad viven miserablemente:
- 20 desahucios día en la ciudad.
- sólo 743 pisos de emergencia concedidos en 5 años.
- entre 9 y 12 meses de espera para quién ha tenido la suerte de recibir una vivienda de emergencia.
- 20% hogares por debajo del umbral de pobreza.
- 60% hogares de la ciudad (422.000 de 691.000) reciben algún tipo de prestación pública.
- 50% no pueden hacer frente a gastos imprevistos (mucha dificultad en llegar a final de mes)
Demasiado tiempo, fotos, noticias, palabras para familias que han agotado las puertas y ventanillas públicas a las que llamar. Familias que han agotado su paciencia esperando la ayuda de las instituciones. Y por eso acaban ocupando un techo aunque sea sin derecho. La ciudad, el país, lleva demasiados años esperando una revolución en materia de vivienda que no llega. Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población. La política se ha plegado durante demasiado tiempo a los negocios de los oligarcas catalanes del tocho, las finanzas y el turismo.
… Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población.
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Castigar a los ocupantes de viviendas públicas y de bancos?
Para más inri, las familias que armadas de valor se atreven a ocupar pisos son castigadas prohibiéndoles poder acceder a vivienda social o de emergencia. La gente tiene hasta miedo que les quiten los niños por no ser capaces de darles un techo donde vivir.
Esta medida punitiva figura en el reglamento de las Oficinas de Vivienda de cada barrio. A las familias que ocupan pisos se les hace muy difícil negar la evidencia porque los trabajadores sociales hacen un seguimiento y es fácil descubrirlo. Los Servicios Sociales, en lugar de ayudar, se han convertido en un ente burocrático que controla y disciplina a las familias pobres. Ingentes recursos burocráticos para fiscalizar por contratos (de adhesión, como las hipotecas) a la gente humilde y comprobar el grado de pobreza o engaño. La Síndica de Greuges de Barcelona se ha quejado repetidamente que los convenios de vivienda social son contratos sociales y no un derecho en si mismos. Muchos de los requisitos rallan la ilegalidad al obligar a subscribir acuerdos de escolaridad, de buena vecindad, de ingresos mínimos e incluso un informe médico (supone vulneración extrema de datos íntimos).
Cómo toda medida punitiva, el castigo a las familias ocupantes de viviendas tiene su piedra en el zapato. Recientemente nuestra Asociación 500×20 ha defendido junto a todas las entidades vecinales, partidos de la oposición y la misma FAVB el derecho a una vivienda de una familia que ocupó por necesidad una vivienda del PMHB (Patronato Municipal de Vivienda de Barcelona) en el distrito de Sant Andrés. Una familia con el marido en un proceso de cáncer terminal que murió dejando a mujer y un hijo pequeño. El PMHB no se atreve a desalojar a la familia porque armaría una guerra y se muestra cómo sus reglamentos punitivos no sirven para arreglar ningún problema. Este caso esta bién explicado aquí y aquí.
El argumento más requerido para defender el desahucio de esta familia es que ocupan el piso que correspondería a otra según un baremo. Lo defiende el PMHB y el regidor del distrito de Sant Andreu de BCN. Esta claro… si se acepta una ocupación y se legaliza, se está haciendo efecto llamada. Se trata de enfrentar un pobre contra otro y administrar la escasez… ¡que despropósito en un país como el nuestro récord mundial en viviendas vacías per cápita!
… Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.
o castigar la vivienda vacía de la ciudad de Barcelona???
Por eso creemos en las políticas que obliguen a mobilizar el parque de pisos vacios:
- ¿ qué hay sr. Mas y Trias de las multas a pisos vacíos de la Banca y inmobiliarias?
- ¿ cuando vamos a tener un censo fiable de vivienda vacía y del perfil de los propietarios?
- ¿ cuando se van a hacer políticas verdaderas de rehabilitación de edificios y pisos viejos ofreciendo algunas condiciones favorables a los particulares que accedan a entregar sus pisos a la Administración?
- ¿cómo pasar los pisos de la SAREB a vivienda social?
Prouespeculació.org y la Asociación 500×20 no apuesta por subvencionar los alquileres porque es una medida inflacionista que acaba hinchando los precios del mercado que debería regular. Verdaderas políticas de movilización de vivienda vacía es una medida largamente discutida pero no concluida. Nosotros tenemos nuestra opinión y no coincide con las mayoritarias…. pero será objeto de otra entrada porque es muy importante en este país.