ALQUILER: la izquierda tiene un grave problema electoral con el artículo 23 del IRPF

Tras los resultados de las elecciones municipales de este mayo del 2023 un periodista decía:

Los propietarios han ido a votar. Los inquilinos se han quedado en casa.

Con esta frase lapidaria se configuraba verbalmente una realidad tozuda que con más o menos éxito se refleja en todas las elecciones en nuestro país desde el inicio de la Transición del franquismo en 1978.

Es la enorme estabilidad política de un cuerpo de electores que con ligeras variaciones dependiendo de la dispersión del voto iban a parar a los dos grandes partidos que conglomeraron esa Transición y sus descendientes: PSOE y PP. Y junto a ellos, sus versiones autonómicas como PNV y CiU – Junts- ERC que confluyen en los mismos intereses económicos que, dejando aparte la niebla del independentismo, los une en lo más importante.

El “Tamayazo” de Madrid sería el último esperpento de esa estabilidad social reaccionaria y conservadora simbolizada en la inexplicable victoria de la derecha en la capital del Reino durante muchos años que los sociólogos tratan de analizar con lupa en los votos de los barrios obreros del cinturón madrileño.

La victoria del “franquismo sociológico” es que el 70% de la acumulación de riqueza en nuestro país se da en el sector inmobiliario. La inversión en tocho, el seguro de vida, es la vivienda que nunca ha bajado de precio en sus múltiples versiones en décadas. Una realidad tozuda construida con la victoria franquista del 1939 y su modelo de desarrollismo nunca puesto en tela de juicio por ningún gobierno de izquierda, derecha o autonómico en la piel de toro.

No son sólo palabras lo que inmoviliza esa foto electoral aburrida de las últimas décadas. Nosotros nos atrevemos a decir, que España es uno de los países que más dinero ha gastado en vivienda proporcionalmente en su entorno, pero no para construir un parque de vivienda social de alquiler asequible sino para construir una sociedad de propietarios. Un cuerpo electoral agradecido, configurado pacientemente en décadas, a lo largo de más 15 planes de vivienda VPO de venta, 6,3 millones de viviendas VPO del 1944 al 2005, regados con millones de hipotecas de la Banca pátria y construidos por las grandes constructoras del IBEX35, regalando millones de suelo público y agrario recualificados para el pelotazo (p.e. Madrid Nuevo Norte o “el cortijo del BBVA“).

La ley de Vivienda del PSOE-Unidas Podemos no ha cambiado el franquismo desarrollista. El Plan urdido por el PSOE en el Ministerio de Transportes promete inundar más tierras de cultivo de nuestro país, en un nuevo ciclo colosal – el hámster girando de nuevo en la noria- de cemento y ladrillo, para construir un sueño de 3 millones de viviendas de alquiler a precio tasado y propiedad de los del IBEX35 a cuenta de Deuda pública. Una barbaridad, una catástrofe ecológica en una industria muy intensiva en energía y materiales en un país sumido en una sequía sin precedentes incapaz de poner agua en los grifos de las viviendas existentes y en las piscinas privadas de los adosados. Una loca carrera inmobiliaria como si los más de 25 millones de viviendas en España supieran a poco.

En un reciente debate en Pamplona sobre la presentación del libro “la democracia de los propietarios” de Pablo CARMONA en febrero del 2023 (*1) el público ponía el acento precisamente entre la contradicción de clase y la contradicción de propietario inmobiliario a lo que se sumaba el espantajo de los okupas y la extensión de las alarmas de Securitas Direct de la Caixa en las juntas de propietarios de los edificios y en los barrios de las ciudades.

No nos engañemos, el Gobierno y los ayuntamientos más izquierdistas que vendían el escudo social, etc no han hecho casi nada por los inquilinos. Esos 3 millones de hogares que sufren la dictadura del casero, dejando en las grandes ciudades más del 50% de la renta pagando el alquiler, y contribuyendo con impuestos en el IRPF casi 6 veces más- 600%- que su propietario de igual renta. Los inquilinos no han ido a votar porque las promesas, incluso de los modernos sindicatos de vivienda, de la regulación de alquileres o que no pagaran los gastos de formalización de los contratos de arrendamiento son migajas.

Sin bajar los alquileres a la mitad, sin contratos de arrendamiento indefinidos que den seguridad a los hogares y una Ley de Arrendamientos que no legalice los abusos, los 3 millones de hogares inquilinos se quedan en casa mirando la tele. Las bienintencionadas reformas inquilinas no les compensa el esfuerzo del domingo electoral. Las jóvenes parejas, las mujeres migrantes solas con hijos, inquilinos que sobreviven ya tienen bastantes problemas como para preocuparse de lindezas.

Esas medidas paliativas del dolor inquilino no pueden con “la cultura del esfuerzo” para construir “un patrimonio inmobiliario familiar” – el adosado o el pisito del abuelo- que se hereda y enriquece a unos 5 millones de hogares que directa o indirectamente viven del sector. Una clase media que ha visto reducidos sus ingresos con el neoliberalismo que adoran y que lo complementan con las rentas de alquiler que cubren la escuela privada concertada y el seguro médico con Adeslas de La Caixa. Los comentarios al respecto en las llamadas redes sociales sobre la expropiación de la propiedad privada que pretende “el gobierno chavista” con la regulación – topes- de rentas de alquiler y remover el espantajo de los ocupas hacen el resto.

Una realidad corroborada por el investigador del instituto Juan de la Cierva del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, Miguel Artola, sobre la evolución de la desigualdad social en España, una clase propietaria consolidada con las herencias entorno a los 5 millones de hogares que se distribuye en las rentas altas, medias y medias bajas, entre los diputados, los magistrados, militares y la Iglesia católica, entre las capas medias y altas de los funcionarios, entre directivos bancarios y toda la estructura de Agentes de la propiedad, notarios, registradores, entre las familias de clase trabajadora que acumularon con las herencias un patrimonio inmobiliario que por si solo les permite vivir holgadamente con 10 o más viviendas alquiladas hasta la pléyade de pequeños propietarios arrendadores – la mayoría de caseros españoles-. El Congreso de los Diputados de la Carrera de San jerónimo está preñado de caseros beneficiados de la LAU y los planes franquistas de VPO. Ese es el legado del franquismo sociólogico que une los intereses de votantes del ayusismo con los de JuntsxCatalunya o el PNV.

El abrumador poder y peso de esta clase rentista y financiera, que bloquea cualquier modernización de la estructura económica no se rompe con moralinas. Su disciplina electoral demostrada supera a la de los 3 millones de hogares inquilinos – clase trabajadora más explotada- absorbidos en sus problemas de subsistencia cotidiana y mediatizados por la cultura individualista del sálvese quién pueda.

Romper el frente rentista requiere un nuevo relato y discurso alejado de las bienintencionadas reformas, del lenguaje inclusivo y de las construcciones vacías de la lucha inquilina organizada. Las propuestas de la llamada sociedad civil y de las organizaciones mediáticas que llegaron al Congreso de los Diputados para las reformas impulsadas por la Ley de Vivienda no levantaron precisamente grandes expectativas pues sencillamente no las había.

Ni siquiera el espantajo de los fondos buitre tan al uso por los sindicatos y las Plataformas ha levantado mucho votos. Sencillamente porqué el grueso de la Patronal del alquiler se encuentra en las personas físicas (85%) y no jurídicas como se pretende. Por no determinar, los fondos buitre no determinan ni el precio del alquiler desde un despacho de Wall Street. La burbuja de alquiler se determina en el consenso del Banco de España principalmente con la Banca patria a través del índice PER o Rentabilidad Bruta del Alquiler (*2) y posiblemente en consenso con la pléyade de operadores inmobiliarios.

No estamos en la España de 1930 donde más del 70% del proletariado vivía hacinado en viviendas propiedad de bancos, la Iglesia católica o grandes propietarios. NI podemos cambiar de un plumazo la propiedad inmobiliaria de los 15 planes franquistas de vivienda VPO que configuran la democracia de los propietarios. No podemos aceptar el chantaje de 3 millones de viviendas de alquiler tasado que quieren construir los del IBEX35 en medio de una crisis ecológica sin precedentes mientras los edificios de las ciudades tienen deficiencias crónicas para enfrentar olas de calor por la chapuza de su construcción, una característica del pelotazo inmobiliario pátrio.

No tiene mucha base el socorrido argumento español legitimador de la cultura del esfuerzo familiar para acumular un patrimonio inmobiliario. Los datos estadísticos disponibles demuestran que hubo y hay una enorme ayuda del Estado a los propietarios precarizando la vida de las clases populares más pobres. Veamos…

1.- El Estado español si una cosa ha hecho durante décadas ha sido beneficiar de muchas maneras a la construcción de esa clase propietaria con ayudas de toda clase a los 6,3 millones de viviendas VPO de venta que siguiendo el modelo europeo serían uno de los parques de vivienda social de alquiler más grandes del mundo.

No, se beneficio sólo a una agraciada parte de la población española. No fue sólo esfuerzo de trabajo de los asalariados – clase trabajadora- que hoy disfrutan de su condición de rentistas con el sudor de su frente, de sus padres o de los abuelos a través de herencias que hacen perder el sentido social de la vivienda que alquilan. Léanse el preámbulo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos – LAU- y lo que deducimos de ella: En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria.

3.- El Estado español si una cosa ha hecho durante décadas ha sido beneficiar de muchas maneras a la construcción de esa clase propietaria permitiendo la ELUSIÓN FISCAL entorno a los de más de 21.000 millones de euros que declaran cada año en el IRPF unos 2 millones de caseros. Y aún así, habría que añadir otro millón de rentas de alquiler que son fraude fiscal – cerca de un 40% según los técnicos – enquistado por una Agencia tributaria mermada en efectivos.

Esa elusión fiscal legal supone una merma impositiva entre 10.000 a 15.000 millones de euros según los tipos fiscales que debería pagar la Patronal del alquiler y se los ahorra. Ese es el Poder de la patronal del Alquiler y se sitúa en el artículo 23 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y es la herencia del triunfo franquista del 1939 de “los propietarios sobre los proletarios“.

4.- El Estado español si una cosa ha hecho durante décadas ha sido beneficiar de muchas maneras a la construcción de esa clase propietaria que prospera económicamente liberada por ley de contribuir a la Hacienda pública. La elusión fiscal de la época – 2004 a 2019 – sobre los alquileres cobrados en esos 15 años de un cuarto de billón de euros suponen una merma impositiva sobre 175.000 millones de euros de elusión fiscal entre deducciones de gastos y rebajas fiscales.

La elusión fiscal de la Patronal del Alquiler es una ruina histórica para la Hacienda Pública basada en el artículo 23 del IRPF.

5.- El Estado español si una cosa ha hecho durante décadas ha sido beneficiar de muchas maneras a la construcción de esa clase propietaria que prospera económicamente castigando fiscalmente al inquilino que paga un 600% más que su casero en IRPF.

PARA SABER CÓMO SE EXPOLIAN LOS SALARIOS respecto de LAS RENTAS DEL ALQUILER nos hemos dirigido para hacer los cálculos al simulador de IRPF de la Agencia Tributaria (*3). No hay trampas. NOSOTROS HEMOS SIDO LOS PRIMEROS SORPRENDIDOS DE LA INJUSTA TRIBUTACIÓN FISCAL.

6.- El Estado español si una cosa ha hecho durante décadas ha sido beneficiar de muchas maneras a la construcción de esa clase propietaria que prospera económicamente beneficiando fiscalmente al casero que disfruta de más gastos deducibles que su inquilino gracias al artículo 23 del IRPF.

Veamos, por ejemplo, la picaresca de los gastos deducibles en el arrendamiento de vivienda:

No lo decimos nosotros que habría que asaltar el artículo 23 del IRPF para derogarlo y poner esa recaudación fiscal que se ahorra la Patronal del alquiler a beneficio de políticas fiscales que favorezcan la redistribución de riqueza y una ley de alquiler social obligatorio que permita redistribuir los beneficios fiscales de los arrendadores hacía una justicia fiscal justa donde paguen igual o más que las rentas del trabajo pues son ingresos ociosos – ingresos mientras duermes-. No hace falta repetir aquí la falacia que no todo ha sido la cultura del esfuerzo en el patrimonio inmobiliario.

Asaltar el artículo 23 del IRPF lo dice la nada revolucionaria AIReF:

La Autoridad Fiscal española exige eliminar las desgravaciones fiscales a los arrendadores si no hay un contrato de alquiler social

La Autoridad  Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF – publicó el 22 de julio del 2020 el llamado informe EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2019 (*3). En el mismo se refleja un largo estudio de 20 páginas, desde la 95,  sobre la REDUCCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS para los propietarios de las viviendas en alquiler en el IRPF realizado sobre datos del año 2016. En el mismo se afirma que del coste de 1.039 millones que le supone de menor recaudación al fisco español, 560 millones, se lo llevan de calle el 30% de beneficiarios de las rentas más altas. El informe lo expresa así:

El beneficio fiscal se concentra en las rentas altas. Los contribuyentes en el último decil de renta (por encima de 40.000 euros) suponen el 30% del total de beneficiarios (390.000 declarantes), concentrando casi el 54% de todo el coste recaudatorio del beneficio, aproximadamente 560 M€. Además, el beneficio fiscal genera una caída del tipo efectivo entre los contribuyentes del último decil de 0,37 p.p., 0,16 mayor que para la población general. Además, también aumenta el índice de Gini sobre la renta bruta en 0,21%, lo que indica un aumento de la desigualdad.

Igualmente cuestiona que hoy en día siga en vigor la reducción del IRPF por alquilar viviendas. Eso significa que la mayor parte de los ingresos de los alquileres -60%- que reciben los propietarios físicos no tributan a Hacienda (en el caso de los jurídicos es peor cualitativamente en el Impuesto de  Sociedades). Proponen reformular el diseño de las ventajas fiscales a los propietarios para poner viviendas en alquiler en el mercado libre gobernado por la Ley de Arrendamientos Urbanos y regado con los regalos fiscales de la Ley del IRPF

La gravedad de la burbuja inmobiliaria exige una LEY DE ALQUILER SOCIAL YA!

Esta batalla en la próxima legislatura tiene todos los elementos discursivos para ganar la opinión pública hasta dar un vuelco a las leyes tributarias

Estamos por ello?

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Notas:

1. youtube- Katakrak Liburuak, La democracia de los propietarios.
2. BANCO DE ESPAÑA, Informe de SÍNTESIS DE INDICADORES (1-Junio-2023) – 1.5 INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO – a) Variables más significativas – Rentabilidad de inversiones alternativas – Rentabilidad bruta por alquiler. (página 3).
3. web AIReF, informe EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2019.