La extensión del “alquiler social obligatorio” que propone la AIReF sería el revolcón popular necesario a los miles de desahucios de inquilinos que están hibernando en los Juzgados tras el COVID19.
En esta noticia – La Autoridad Fiscal española exige eliminar las desgravaciones fiscales a los arrendadores si no hay un contrato de alquiler social -que publicamos el pasado 31 de julio en nuestra web nos hacíamos eco de las medidas que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF- que propone eliminar las desgravaciones fiscales a los propietarios de viviendas alquiladas si no están ligadas a un contrato de alquiler social.
En cuanto el DOGC publique el Decreto Ley sobre una Regulación de Alquileres en áreas tensionadas como la Ciutat Comtal, negociada con una mayoría parlamentaria por entidades sociales catalanas, nuestra entidad hará una valoración del mismo pero no se alejará seguramente de las posiciones que hemos ido defendiendo a lo largo de los últimos tiempos. La regulación por topes de rentas y muy limitada a cierta patronal -propietarios grandes- que pretenden ensayar las entidades sociales impulsoras de esa Ley saben que tales medidas han fracasado en ciudades como París. Y en Berlín se optó por la congelación de rentas durante cinco años aparcando las otras medidas pues durante el período de aplicación los alquileres han subido como nunca en la ciudad alemana. Ambos países con un aparato administrativo mucho
En esos países de la Unión Europea, con un aparato administrativo mucho más contundente que nuestros débiles Ayuntamientos, no han podido gestionar administrativamente la multitud de conflictos entre inquilinos y propietarios en la aplicación de las medidas de “topes de rentas” que han acabado judicializándose, o bien, la mayor parte los inquilinos han renunciado a sus intereses. En nuestro país con un 40% de los contratos de alquiler en negro, según datos de GHESTA, que no aparecen en las estadísticas oficiales las enmiendas añadidas a última hora por el PDEcat se centran precisamente en esos colectivos de pequeños propietarios que escurren el bulto fiscal y que son mayoría en el Área metropolitana de Barcelona como bien muestran los datos del Observatori de l’Habitatge de Barcelona -OHB-
En su informe “Estructura i concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat de Barcelona -2019-2020-” explica claramente que en la ciudad con casi 213.000 hogares en alquiler de un total de 695.353 hogares el 67’6% están en manos de caseros con 10 o menos viviendas. Ese sector será seguramente el más beneficiado por las enmiendas del PDEcat que suponen unos 134.000 inquilinos que dependerán de ellos y de las aparentes obras y mejoras que hagan para aumentar las rentas en el burbujeante mercado libre del alquiler barcelonés que supone el 98% del total. Hoy el mercado de alquiler regulado por estándares europeos en nuestra ciudad se circunscribe al parque público en manos de las administraciones que supone el 2% y que se alarga un poquito si dejados llevar por el optimismo incluimos los alquileres sociales de las entidades benéficas y los alquileres sociales de los bancos.
MEDIDA: Eliminar las desgravaciones fiscales si no hay un alquiler social en el mercado libre – que es casi todo-.
Precisamente la AIReF en su informe publicado el 22 de julio y del que nos hacíamos eco, pedía a los partidos una reforma tributaria tendente a que los incentivos fiscales al alquiler de viviendas se circunscriban a aquellos contratos que de manera voluntaria desde la propiedad se firmarían bajo el paraguas de un alquiler social. O sea, que los caseros solamente tuvieran acceso a la desgravación del 60% de la base imponible si ese contrato tiene carácter social. Los demás contratos se quedarían sin beneficios fiscales.
Esa simple medida por si sola sería mucho más dañina para los intereses de los propietarios y beneficiosa para los inquilinos que los supuestos beneficios que traería en un futuro la regulación de precios por topes. Dicho de otra manera lo que tímidamente pide la AIReF sería hoy “comestible” por los partidos constitucionales del arco parlamentario para parar la avalancha de desahucios congelados que esperan en los juzgados desalojar a las familias más pobres de Barcelona y alrededores.
Dicho aún de otra manera. La fiesta fiscal que cada año se dan los caseros grandes y pequeños a cuenta del erario público provocando un boquete en las cuentas públicas del Estado – calculamos una elusión fiscal anual de más de 10.000 millones de euros– se acabaría para los pequeños propietarios que suponen el 85% de la piel de toro. Eso sin entrar en las escandalosas ventajas fiscales de los grandes propietarios que aún siendo menos se llevan una buena porción del pastel mientras la mayoría de inquilinos no reciben ninguna desgravación fiscal por el mismo motivo.
A las organizaciones sociales impulsoras de la regulación de alquileres por topes de renta.
Pero hay otro tema que las organizaciones sociales impulsoras deberían meditar más allá del debate sin esas medidas no acabaran siendo perjudiciales para los inquilinos pero que entraremos en su momento o que hemos explicado anteriores veces. El gran problema del enfoque tomado dentro de los límites de aceptación que hacemos todos de los límites del sistema capitalista y del sistema rentista actual en la sociedad es que no podemos en aras de acuerdos dudosos dejar de criticar la profunda injusticia fiscal que supone que paguen más impuestos los que trabajar que aquellos que ganan dinero durmiendo. Y ese problema se lo olvidan cada vez que tienen un micrófono delante o lo circunscriben a las SOCIMIS cuando estas figuras fiscales profundamente regresivas son un pequeñísimo porcentaje de los caseros.
Hay un problema de fondo. En nuestro país la cultura de la sociedad de los propietarios instaurada por Franco sobrevive en el miedo de partidos y sindicatos a meterle mano donde duele. Y así no arreglaremos los atropellos que cada año viven las clases trabajadores que soportan el 75% de los impuestos recaudados. O el expolio que representa que un abuelito rentista pueda pagar hasta un 1000%, repetimos, SÍ un 1000% menos de impuestos que el inquilino trabajador que esta bajo su férula. En tiempos de la pandemia es sencillamente un insulto que una parte de las ayudas europeas vehiculadas por el BCE acaben en manos de los privilegiados caseros.
¿Cómo aplicar la recomendación de la AIReF en las ventajas fiscales de los arrendadores en el IRPF?
Sencillamente ligando cualquier ventaja fiscal al arrendador mediante un contrato único de alquiler social. O sea, que los gastos deducibles y desgravaciones fiscales sólo serán posibles si se firma un contrato de alquiler social entre propietario e inquilino en el mercado libre bajo la tutela pública de un contrato legal que impida cláusulas abusivas. Lo explicábamos en este documento que los regalos fiscales del Estado español a los arrendadores provienen de una interpretación fiscal sesgada a favor de estos de las leyes contra las clases populares, un regusto de revancha franquista: En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria.
Y los arrendadores que no quieren alquileres sociales? Para todos aquellos contratos en el mercado libre cuyos arrendadores no se acojan a la Ley de Alquiler Social… que no quieren la función social de la propiedad … ¡sencillo!… toda la artillería fiscal del Estado … nada de ventajas fiscales… que paguen como cualquier hijo de su madre. Nada de gastos deducibles y que paguen por lo que cobran como cualquier trabajador o empresario.
Por eso después de un año de discusiones nuestra Asociación publicó “10 medidas para una nueva ley de alquiler social para pinchar la burbuja del alquiler” donde proponemos a las organizaciones sociales entre otras medidas complementarias como la congelación de los alquileres hasta la aprobación de la “ley del alquiler social” desarrollar precisamente lo que hoy esta sugiriendo la Autoridad fiscal española:
¡Justicia fiscal!
2 comentarios en «La regulación propuesta por la Autoridad fiscal española sería más dañina para “la patronal del alquiler” que la aprobada por la Generalitat»