Alfredo Apilánez y Salva Torres

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje.

Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

“Trato injusto e inequitativo”. Esta es la contundente fundamentación del reciente varapalo legal propinado por el CIADI  (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) al Estado español en la primera sentencia por el llamado “hachazo” a las renovables. El título de la historia podría ser: “los recortes ‘austericidas’ y el efecto boomerang”. El objeto de la disputa eran las nefastas consecuencias financieras para los inversores de la supresión “de manera drástica y abrupta” –y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas a las energías renovables instauradas en los “días de vino y rosas” de la burbuja inmobiliaria por los gobiernos de Aznar y Zapatero. La chapuza provocó un aluvión de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje internacionales: “Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP), las compañías demandaron a España”.

Y ya ha caído el primer mazazo por la torticera “transformación radical del marco regulatorio” perpetrada atropelladamente por el “izquierdoso” Zapatero y continuada -con más virulencia, si cabe- por su “rival” político en el régimen del 78. Ambos hermanados en el estricto cumplimiento de las medidas de austeridad impuestas por la cúpula de la UE tras el colapso financiero de 2008 : “El laudo del CIADI da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg y condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses”. El repaso recibido por la parte demandada es abrumador: “España eliminó un régimen regulatorio favorable, otorgado a los demandantes para alentar su inversión, y lo reemplazó luego por un sistema normativo basado en premisas totalmente diferentes. Este nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo al despojar a los demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.

La esperpéntica historia es una excelente parábola acerca de la estructura real de las relaciones de poder en el ultrafinanciarizado capitalismo de la era neoliberal. Los representantes de la sacrosanta soberanía popular no salen precisamente muy bien parados.

“La triste cara de los suicidas”. De esta guisa describía Rafael Chirbes la expresión de “Bambi” Zapatero cuando, debido al brutal impacto conjunto sobre la maltrecha economía española de la crisis financiera internacional y del colapso de la burbuja del ladrillo, anunciaba cariacontecido en el Congreso en mayo de 2010 el primer “paquetazo” neoliberal de recortes impuesto por los tecnócratas de Bruselas y del BCE. En las sarcásticas palabras del brillante cronista valenciano del ambiente de podredumbre moral que imperó durante los días de “vino y rosas” de los pelotazos y el “España va bien”: “en pocos minutos se venía abajo todo el armazón ideológico sobre el que se ha sostenido durante seis años esta variante contemporánea de la socialdemocracia, (…) caracterizada por la puesta en primer plano de conflictos más o menos intrascendentes, cuya dramática escenificación ha servido para mantener la ficción de una política progresista; obviando que el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se gana el pan de cada día y con la estrategia con que se reparte la gran tarta nacional entre los ciudadanos”. Imposible explicar mejor el núcleo del derrumbe del reformismo socialdemócrata que presenciamos en la actualidad.

La escueta justificación (“dependíamos del BCE para financiarnos”) esgrimida en sus memorias por Zapatero ilustra la inanidad de la tramoya de progresismo light de los tiempos de vacas gordas. Cual disciplinado cadete, el mandatario de un país “soberano” se dedicó a aplicar con fruición las medidas draconianas exigidas sin embozo por el “guardián del euro”. Véase el tono conminatorio de la carta-requisitoria de Trichet a Zapatero de agosto del 11 y la sumisa respuesta de éste: un excelente botón de muestra del ejercicio de “mando en plaza”. Todo ello supuestamente a cambio de la promesa de aflojar la soga de la “prima de riesgo” española a través de la compra masiva de deuda pública soberana en el mercado secundario por parte del BCE. En roman paladino: llenar los bolsillos de los tiburones financieros y rescatar indirectamente a la maltrecha banca patria a costa del expolio de las arcas públicas y de la masa laborante de la “piel de toro” –‘devaluación interna’, en la aséptica jerga tecnocrática-.

Una de las promesas de reducción del gasto contenidas en la vergonzante carta de Zapatero al mandamás del euro versaba sobre  “mejorar el ajuste entre los precios y los costes de producción en los mercados energéticos y la reducción del déficit del sistema eléctrico”.

Durante los años de bonanza y de superávit presupuestario que precedieron al derrumbe, la necesidad de reducir el enorme déficit comercial -causado por la dependencia petrolera y la perversa estructura de la zona euro- y la intención de acercarse a los objetivos de emisiones del protocolo de Kioto (España era el país que estaba más alejado de ellos en la UE), propiciaron una política gubernamental de incentivos a la inversión en energías alternativas a la hegemonía fosilista.

“El sol puede ser tuyo”, rezaba una promoción del Ministerio de Industria de 2006 en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía solar. ¿Qué más se puede pedir? Rendimiento y financiación asegurados a largo plazo, garantía pública y bendición moral al contribuir al desarrollo sostenible mediante las energías limpias.

Como abejas a la miel, decenas de fondos de inversión internacionales, que huían del hipertrofiado y tambaleante sector inmobiliario buscando nichos rentables donde verter las riadas de liquidez obtenidas en el casino de las finanzas mundiales, se lanzaron a por la chocolatina del sector renovable español. Junto con miles de pequeños y medianos agricultores-inversores -que hicieron de cobayas del experimento-, provocaron una enorme burbuja especulativa –la “burbuja del sol”- basada en la confianza en que, al calor de las primas, podrían generar rentas blindadas a costa del erario público: “La solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)”. No hay nada más goloso para un “tiburón” financiero que la seguridad de un flujo de pagos regulares que posibilite iniciar la maquinaria de la titulización -espoleta de la crisis hipotecaria de 2008- mediante la obtención de pingües réditos por la venta de productos financieros estructurados que permiten la inyección de liquidez inmediata: he aquí el quid del proceso de financiarización.

“Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto, que es una energía limpia, que no contamina, y que además puede complementar la pensión de 400 euros que te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún inconveniente”. Así explicaba el agricultor-inversor Pascual Hortelano los irresistibles atractivos de la panacea. Al carecer Don Pascual de dotes proféticas, no podía en absoluto llegar a imaginarse que, tras el impacto del crack de 2008 en la economía española, el gobierno “soberano” acabaría sacrificando las efímeras primas y el cacareado “nuevo modelo energético” en el altar del “austericidio”: la luna de miel de las políticas públicas con la sostenibilidad ambiental y la reducción de la dependencia energética tenía los días contados.

La onda expansiva del derrumbe del castillo de naipes del casino financiero mundial provocó el colapso del sistema bancario español y su colosal rescate posterior con cargo al erario público. Para aliviar el déficit galopante que comenzaba a lastrar las cuentas del Estado, en 2010, dentro del paquete de medidas comprometidas con Bruselas por el ejecutivo “socialista” en la primera andanada de recortes, el gobierno decide suprimir gran parte de los incentivos y primas a las renovables.

Los “hachazos” a las energías alternativas continuaron: ya con Mariano Rajoy en La Moncloa y el “ejemplar” ministro Soria en la cartera de Industria se suspendieron los estímulos económicos para nuevos proyectos de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La energía solar fotovoltaica recibió la puntilla: el llamado ‘impuesto al sol’ que se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas solares para producir su propia electricidad. Medida recibida, dicho sea de paso, con gran alborozo por el todopoderoso oligopolio eléctrico que, con la penalización del autoconsumo de los pequeños productores, mantiene el control del suculento mercado de suministro de electricidad a través del modelo centralizado de producción y el control de las costosísimas redes de distribución.

Las draconianas medidas mandaron a la ruina a decenas de miles de pequeños inversores y sumieron al sector en una crisis brutal: en 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas mientras que hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. Pocas pruebas más contundentes de la catástrofe a la que se vieron abocados las legiones de autónomos del medio rural que la lectura de la lastimosa carta al Congreso de un productor fotovoltaico en “fase terminal”. Cuál “preferentistas del sol”, quisieron apañarse la jubilación con las primas gubernamentales y las facilidades financieras proporcionadas por la banca y acabaron enterrados en las deudas impagables y el abandono absoluto por parte de los mismos que les tendieron el cebo.

Otros agraviados, con más recursos que nuestros infortunados “hortelanos”, tenían una carta bajo la manga que iba a provocar que al gobierno “trilero” le saliera el tiro por la culata. Los cambios sobrevenidos en las condiciones que se les garantizaron vía Boletín Oficial del Estado y la vulneración de la seguridad jurídica que implica el alcance retroactivo de las medidas tomadas provocaron un aluvión de demandas de los grandes inversores en los tribunales de arbitraje internacionales. España figura ya como el país con más litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en la materia. Hasta la Policía Montada de Canadá está involucrada en la avalancha de demandas contra el “chanchullero” Estado español. Sin embargo, los 30000 pequeños inversores que decidieron invertir sus ahorros en “huertos solares” para “complementar la pensión” vieron bloqueada cualquier posibilidad de resarcimiento: las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central denegando las indemnizaciones a los afectados.

Pero las grandes corporaciones y fondos de inversión no sólo tienen un enorme poder económico, político y cultural sino también jurídico: la nueva lex mercatoria internacional y el recurso a tribunales internacionales de arbitraje para resolver los conflictos con los Estados son la sólida armadura que protege jurídicamente sus intereses comerciales y blinda los contratos de estas compañías.

Eiser Infrastructure Limited, un “private equity fund” con sede en la City de Londres que, a través de su filial en el paraíso fiscal luxemburgués Energía Solar Luxembourg, adquirió participaciones en tres centrales termosolares, ha sido el primero en llevarse “el gato al agua” con su mencionada victoria en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo pugna por ampliar su competencia a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales -entidades de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden así demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales; prevalece el interés privado de las corporaciones sobre el interés general. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal de que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Es una asimetría al servicio del capital. Se trata de uno de los principales objetivos de los tratados de “libre comercio e inversiones” –CETA, TTIP, TPP- que proliferan como hongos al compás de la hegemonía de la financiarización neoliberal: crear una “justicia privatizada”, que se sitúa por encima de la “soberanía popular” y que permite a las transnacionales denunciar a los estados cuando sus negocios puedan verse afectados.

Así pues, un fondo de “capital riesgo” con sede en el “agujero negro” financiero de la City londinense, operando a través de la inevitable filial luxemburguesa para eludir las cargas fiscales sobre los réditos, se sitúa en pie de igualdad para pleitear con un Estado soberano ante un tribunal internacional de muy dudosa legitimidad: “hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, utilizan los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante por el ‘grave quebranto’ ocasionado a sus inversiones por una ‘alteración drástica del marco regulatorio’”.

Se trata de una inmensa partida en la que hay en juego miles de millones de euros de dinero público y que se celebra de forma casi secreta en hoteles de Estocolmo, París, Ginebra y Nueva York. Sara Pizzicato, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, resume excelentemente el ‘efecto boomerang’: “Paradójicamente, se atribuía el recorte a las renovables a motivos económicos, aunque la realidad es que España afronta ahora pleitos por valor de miles de millones de euros que serán pagados por la ciudadanía que, debido a la salvaje política de recortes, no se beneficiará de las ventajas de las energías limpias”.

La moraleja del caso ilustra el absurdo surrealismo de los mimbres sobre los que se sustenta el capitalismo financiarizado con mando en plaza en nuestras dolientes sociedades: un fondo de inversión especulativo, atiborrado de liquidez producto de las colosales ganancias obtenidas con la ingeniería financiera -causante directa del colosal crack de 2008- y con la política monetaria de “expansión cuantitativa” de la banca central mundial, invierte en la burbuja solar española atraído por la golosa rentabilidad garantizada por el erario público. A continuación, ante el fracaso de la inversión, provocado por los recortes que ese gobierno se ve obligado a hacer en aras de salvaguardar su credibilidad ante los mercados financieros responsables de su ruina, uno de los culpables del monumental desaguisado obtiene una sentencia favorable de un tribunal internacional “imparcial” que obliga a indemnizarle, con dinero público, por el quebranto sufrido.

Financiarización, capital especulativo transfronterizo, expolio de rentas y bienes públicos, soberanía nacional demediada, justicia privatizada y explotación e indefensión crecientes de las clases populares son los inicuos rasgos de la historia relatada que no pueden ser más tristemente representativos del cariz crecientemente depredador del sistema de la mercancía.

Henos aquí –por si hicieran falta más- ante una prueba irrefutable, como denuncia Greenpeace, de que la conservación del crucificado planeta no ocupa lugar prioritario –ni secundario, más bien no ocupa lugar alguno- en las políticas neoliberales: “Se ha paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economía”. Según datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al contrario de la tendencia europea”.

*El sol puede ser tuyo” era el slogan de la campaña lanzada por el gobierno socialista en 2006 para promocionar las inversiones en placas solares fotovoltaicas ofreciendo como señuelo las primas públicas y las facilidades financieras “irresistibles” proporcionadas por la banca privada.

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