¿Para qué luchamos en 500×20-Prouespeculació?

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en ese sentido.

Por tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

• La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares/año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.

• El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas muncipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.

• La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.

• La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva solo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.

• Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada en torno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.

• Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las medidas legislativas y el desarrollo de los reglamentos necesarios

Las siguientes son las principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país. Hay que entenderlas como un conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, pues algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas en el mismo espacio social y/o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es lo más importante hoy.

[ (+) medidas con consenso. (?) medidas en discusión. ]

Hablamos de necesidades legislativas a nivel estatal

1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
   1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la SAREB, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
   2. (+) Esos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
2. En este punto se dan dos soluciones distintas al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Vivienda.
   1. (?) Proponemos la consolidación de ese Parque Público de Vivienda sobre la base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado por las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegitima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
   2. (?) Elaboración de nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
3. (+) Apertura de una auditoría social sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales en los términos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
4. (?) Discusión y propuestas para que el suelo urbano pase a ser de dominio público y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales.
   1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal modo que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago.
   2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio-express y de las leyes hipotecarias regresivas.
6. Fiscalidad y Régimen tributario. (+) Impuestos directos progresivos sobre Patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
7. Impuesto Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.
   1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros.
   2. (?) Confección de una tabla progresiva para el IBI en función valor del inmueble desde el 0,1%
      para los de menor valor al 1,2% para los de mayor valor.
8. (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
9. (?) Se buscarán, en las grandes y medianas ciudades, diferentes modalidades de esa fiscalidad directa gravosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
10. (+) Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
11. (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
12. (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones venideras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
   1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciudadanía.
   2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
   3. la renta de alquiler no estará, por tanto, indexada al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
   4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
   1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacías a alquiler público o derecho de uso.
   2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
   3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio del su reparación, mantenimiento y la asunción y/o execión de todos los impuestos.
   4. Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional por el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
   5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las Administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664€) no superaran nunca los 100€ o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
4. (+) Patronatos Municipales de la Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Mesas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública.
   1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
   2. Toda la vivienda pública y social se acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
   3. En las grandes ciudades y pueblos reservar un cupo de hasta un 25% para vecinos del barrio y/o Distrito empadronados más de 2 años a fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
   4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
   5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por lo tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
   1. Estudio pormenorizado a través de Servicios sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañarse de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
   2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
   3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También de derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
   4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Regularización de la ocupación por necesidad
7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
   1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no solo del suelo sino también del derecho de superficie.
   2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
   3. Moratoria de licencias de obras a promociones de vivienda en propiedad.
   4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
   5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.