Catalunya: CGT denuncia opacidad y falta de control público en los centros de menores gestionados por grupos privados

Los escándalos de pederastia y la gestión caótica y de lucro privado ha vuelto insostenible la situación como indican muchas entidades como la nuestra y la Taula Energética i de l’Habitatge de Figueres.

Según un grupo de trabajadores de educación social de este sindicato, el aumento de incidentes y la degradación de condiciones está relacionado con el proceso de privatización que ha hecho que el 80% de las plazas actuales estén gestionadas por grupos privados.
Las trabajadoras y trabajadores sociales de la CGT consideran que la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.
Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente de entidades como Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores.

Varios trabajadores del ámbito de la educación social y afiliados al sindicato CGT han denunciado esta mañana en rueda de prensa la situación “insostenible” que, a su juicio, se vive en muchos centros residenciales para menores que dependen de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), marcada por un incremento de los episodios de incidentes. “Los niños titulados en centros de menores se encuentran un una situación de derechos, tal como ha denunciado el propio Síndic de Greuges en varios informes”, apuntó Robert Morral, de la sección de trabajo social de esta organización sindicato.

Según esta denuncia pública, “la falta de recursos terapéuticos se sustituye por medicación psiquiátrica, que debería estar bajo supervisión de personal médico, no bajo supervisión de educadores. Tampoco hay agilidad en la reubicación de los menores, ni en los procesos de acogida a familias “. Esta progresiva “degradación” de condiciones se traduce, según los representantes sindicales, en un aumento de denuncias por incidentes en el seno de los centros por causas vinculadas a conductas sexuadas, consumo de tóxicos o patologías de salud mental grave, que deben asumir centros que no cuentan con personal suficiente especializado. Las trabajadoras de la CGT recuentan hasta 150 incidentes reportados durante el año 2015 sólo en centros de gestión pública y “número inconcreto los privados, donde tenemos menos afiliados, y nos es mucho más difícil hacer seguimiento”. “Hay centros donde han tenido que ir los mozos dos veces en un solo día”, apunta el representante del sindicato.

Para la sección sindical de la CGT, “de incidentes ha habido siempre, pero la situación se ha agudizado en estos últimos años, debido a la saturación de los centros, la falta de inversión y recursos, la progresiva externalización de la gestión de las menores tuteladas a entidades privadas, tituladas por fundaciones o empresas del tercer sector, y la imposibilidad por parte de la administración de fiscalizar el uso de los recursos públicos que llevan a cabo estos agentes privados.

Desde CGT afirma que actualmente hay 2.720 plazas para menores tuteladas en Cataluña, de las que un 80% (unas 2.200) se gestionan de forma privada o concertada. Y de este 80%, el 30% son centros religiosos, como el CRAE Montserrat de Cerdanyola, gestionado por el Instituto Secular de la Cruzada Evangélica.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, junt al director de DGAIA, Ricard Calvo, en la presentació de l’estudi “El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya”. Pla general. 10 de juny del 2016.

Entre 3.000 i 4.000 euros por residente

Se gastan millones de euros con la construcción y reformas de centros que ya se encuentran impecables les dan a fundaciones para que las gestionen de manera privada, además de la donación de suelo público para la construcción de centros privados”, denuncia un comunicado que han difundido hoy las trabajadoras sociales de la CGT. Por cada niño que reside en estos centros gestionados por fundaciones, la DGAIA les paga al menos 3.000 euros; a veces 4.000, sin que haya ninguna fiscalización ni auditoría interna“, detalla la nota.

Fuentes de la DGAIA reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados, “sólo un servicio de inspección y registro del departamento que hace investigaciones motivadas por alguna denuncia”

En varias ocasiones nos dirigimos a la antigua directora de la DGAIA, Mercè Sanmartí, para pedirle que se auditaran los centros concertados y los de gestión privada. Y la respuesta siempre era ‘sí, sí, lo tenemos que hacer ‘, pero todavía estamos esperando, aseguró Morral. Fuentes de la misma DGAIA consultadas por la Directa reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados para la gestión de centros de menores. “Sólo existe un servicio de inspección y registro del departamento de Servicios Sociales que hace investigaciones periódicas, motivadas por alguna denuncia “. La falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.

Las trabajadoras sociales afiliadas a la CGT consideran que, la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio. Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente entidades Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores, como el Mas Garriga. La Plataforma Educativa, según la CGT, es una “fundación empresarial que según su propia página web gestiona más de 10 millones de euros, más del 80% proveniente de la financiación pública, sin ningún control ni auditoría pública independiente conocida”


+++ INFORMACIÓN…

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Ricard Calvo
El responsable de Infancia de la generalitat de Catalunya dimite en plena polémica por los centros de menores

……..

Ricard Calvo alega cansancio y también abandona su cargo de regidor en Girona-ciudad.

 




denuncies de la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres

Els nens sense recursos. La carn de canó dels Serveis Socials.

La X és una dona que ha sofert molt a la seva vida. Dona divorciada amb dos fills, sense cap recurs econòmic. La van desnonar de la seva vivenda per no poder pagar-la. Li van entregar un pis de la Generalitat en un estat lamentable: huminats, geló a l’hivern, fongs, goteres… Vam demanar reiterades vegades que li arreglessin el pis per protegir els menors, no ens van fer cas, Serveis Socials quan anaven a casa seva li miraven a sota el llit per si de cas hi tenia un tresor amagat i li obrien la nevera. Hi anaven sense avisar-la per descobrir-la en un flagrant delicte… Ella, una dona pobra, amb dos fills al seu càrrec, a punt ja de parir, de fet pot ser aquesta mateixa setmana, es va atrevir a posar-se en contacte amb el Síndic de Greuges per explicar la situació del seu domicilii demanar empar per als seus fills i el que ha de néixer… La resposta va arribar el passat dimarts, quan la van citar de (EAIA) irònicament anomenada: Equip d’atenció a la infancia i adolescència per dir-li amb tota fredor, amb despotisme, sense cap jutge… que li “robarien” el seu fill al momento del part Que li arrabassarien dels seus braços i del seu pit al seu nadó amb el cinisme de dir que és per la protección del menor.
Aquesta dona és pobra i vulnerable, però en tot momento ha tingut cura dels seus fills, els ha portat nets, escolaritzats, al pediatra, estimats, sempre amunt i avall amb ells agafats de la seva mà. Quins tipus de botxins tenim a l’administració?
Aquesta és la millor lliçó per als pares que es troben en una situación d’angoixa i de vulnerabilitat económica perquè no s’atansin a serveis socials, perquè no es demanin ajudes. És un càstig a la pobresa, és la pitjor vilesa que pot caure l’administració, és una màfia…

FAMÍLIES DESTROZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN: EL ROBO IMPUNE DE LOS NIÑOS.

Mis padres se les ocurrió pedir ayuda económica a la Administración y ahí empezó la pesadilla y la destrucción de mi familia”, dice María, la denunciante. La joven ha estado cuatro años tutelada por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Este organismo ha retirado, desde enero hasta septiembre de este año, a 652 menores de sus familias.

María explica que una mañana dos trabajadores de la Administración y dos ‘mossos’ fueron a su casa y se la llevaron a ella y a sus hermanos. “Corrían por las habitaciones recogiendo ropa en sacos de basura. Lo más impactante fue el momento en el que separaron a mi hermano de 9 meses del pecho de mi madre”, relata.

Este es uno de los últimos testimonios que ha recibido la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo “contra el sistema de protección de menores de los servicios de bienestar social” que funciona en España. Y argumenta que, con la excusa de proteger a los niños, “se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal”. A esta iniciativa se han sumado otras tres entidades.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Familias a las que la DGAIA les ha retirado en Catalunya a hijos o nietos se han organizado en Barcelona para coordinar las acciones legales. Un grupo de madres ha constituido la Marea Turquesa, coordinada en Catalunya por Rosa Gómez, y junto a Stop Impunidad Maltrato Infantil en Catalunya (Simicat), liderada por Judith Martínez Velasco, se manifiestan un domingo al mes en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Gemma Lienas, diputada del Parlament por el grupo Catalunya Sí Que Es Pot, ha pedido explicaciones a la ‘consellera’ de Afers Socials, Dolors Bassa. Actualmente, y según la DGAIA, en Catalunya hay 6.500 menores en desamparo: 3.840 en acogida, 2.850 en centros tutelados y el resto en otros espacios.
El proceso por el cual se abre un expediente a una familia puede comenzar con una denuncia anónima de vecinos, alertas de hospitales y colegios o bien denuncias cruzadas en divorcios complicados. O por “pedir ayuda a los servicios sociales municipales o comarcales”, apunta Sílvia Giménez-Salinas, abogada de familia. Si se detecta que hay menores, la Administración enciende el foco.

Los argumentos para investigar a la familia son variados. Por ejemplo, que el niño lleva la misma ropa durante varios días, no va a clase o va con sandalias en invierno. Hay otras situaciones en las que la resolución de desamparo se argumenta así: “Precaridad económica. Actualmente en paro. Presenta inestabilidad laboral y falta de ingresos propios”, consta en un documento al que ha tenido acceso este diario. Lienas lo ratifica: “La mayoría de las retiradas son en familias con pocos recursos”. Pero también las han sufrido abogados, pediatras, ginecólogos o ejecutivos.

SIN JUEZ

La retirada de un menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo. “La familia es conocedora y en la mayoría de los casos acepta los desamparos”, argumenta Ricard Calvo, director general de la DGAIA. La decisión la toma un equipo técnico formado por un psicólogo, un pedagogo y un educador social. Es una resolución administrativa “sin garantías judiciales”, señala Giménez-Salinas. “No tienen ningún control. Si no desamparan al menor y le ocurre algo la responsabilidad es de ellos y de la DGAIA, pero si desamparan y no hacía falta no pagan por su error”, insiste Lienas.

Por eso, en la denuncia colectiva que prepara Aprodeme se reclama “revisar todos los casos dudosos” y que se cambie el sistema actual para que intervenga desde el principio un juez, cosa que solo sucede cuando la familia quiere recuperar al menor. El abogado Enrique Vila, que coordina la denuncia de las familias de los menores, es contundente: “La retirada de un niño de su familia solo debe producirse en situaciones extremas, si el menor corre peligro físico o psíquico, y no siempre es así”.

RETIRADAS EN LA CALLE

“Los Mossos retiran a los niños en colegios y la familia se entera cuando va a recogerlos o en la guardería como le sucedió a C.S. La separación también se produce en plena calle o en el hospital donde está ingresado”, afirma Giménez-Salinas. Esto le ocurrió a C.C. con su hijo de 7 años. Vila concluye: “Procuran no ir a la casa porque precisan orden judicial”. A veces, se cita a la familia en servicios sociales. “Te dicen que no hagas dramas y el niño se queda con ellos”, afirma Rosa Goméz, que lleva 6 meses separada a la fuerza de su hijo Damià. Calvo afirma que la media para que un niño regrese a casa se sitúa entre de 2 y 3 años. Aunque hay ocasiones en las que la recuperación del menor se produce cuando este cumple 18 años, fecha en la que Administración los deja en la calle.

Francisco Cárdenas recuerda con una tristeza infinita cómo se llevaron a su hija preadoptiva. Fue el 12 de marzo del 2009 y no la ha vuelto a ver. “Me citaron en los servicios sociales del Paral·lel. Mi hija tenía 3 años y medio. Me acuerdo de que le había puesto un vestido blanco. Entré con mi hija y salí sin ella”, cuenta. “Sentí como si hubiera pasado un autobús y se la hubiera llevado”, dice. Su caso está en el Tribunal de Estrasburgo. “Quiero que siga con su familia actual, solo pido explicarle que yo no la abandoné, que me la quitaron”, dice. Cárdenas piensa cada día en ella: “No una, sino mil veces, pero su recuerdo ya no me produce dolor. Es un pensamiento positivo porque la sigo queriendo”.

A partir de la retirada del niño, se comunica la resolución a la familia. “La medida es temporal y revisable anualmente. Cuando la familia ha cumplido el programa individualizado que se le pone recupera a los niños”, apunta Calvo. El menor puede ingresar en un centro de la Generalitat, vivir con una familia de acogida o con parientes cercanos. Mientras dura el proceso, la familia no suele ver a sus pequeños y si lo hace es como, cuando y donde deciden los técnicos. El lugar es el llamado Espai de Visitas d’Infants i Adolescents. Aquí padres e hijos se ven durante un corto espacio de tiempo, pero siempre vigilados por un técnico. Rosa Gómez explica en una de las visitas le recriminaron que su hijo le hablara al oído. “Tiene miedo de decir cosas”, apunta.
TERESA PÉREZ / BARCELONA


Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal

Canal Parlament|Parlament de Catalunya

 




Asaltos, carritos, Hípers, Banco de Alimentos, caridad, mercados y monopolios

Porqué sufrimos miseria asaltamos el derecho a comer

Asaltos, carritos, Hípers, Banco de Alimentos, caridad, mercados y monopolios

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Porqué sufrimos miseria asaltamos el derecho a comer

Asaltos, carritos, Hípers, Banco de Alimentos, caridad, mercados y monopolios

 El asalto de dos grandes supermercados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha supuesto todo un revulsivo para las adormecidas conciencias en esta canícula veraniega. Vaya por delante el agradecimiento a estos sindicalistas por orientarnos a la gente comprometida en el largo “invierno” neoliberal. Como toda acción de desobediencia civil ha tenido sus riesgos pero ha valido la pena aprender de los errores en la acción.

Este asalto tenía el evidente objetivo de llamar la atención sobre la situación desesperada que viven, después de años de crisis y recortes, centenares de miles de hogares sin recursos en este país o los millones que viven con menos de mil euros. No se trata de extenderse sobre esto de sobras conocido por la izquierda más comprometida. Lo de Ecija y Arcos era una acción simbólica que pretendía poner el ojo en la situación de miseria que vive mucha gente en los barrios populares de las grandes ciudades y pueblos del país.

Después se ha extendido a Extremadura, Catalunya (PAH del Penedès) y otros lugares con cobertura mediática más local. Quitar a los “ricos” para darlo a los pobres siempre ha sido una poderosa arma mediática. La acción del SAT ha demostrando la deslegitimación del discurso neoliberal del Gobierno y la Troika comunitaria en esta crisis. Como ejemplo de ello han sido las frases del ministro del Interior Alberto FERNÁNDEZ: “la ley es igual para todos” o “pagar lo que se debe es una obligación moral”, después de la borrachera usurpadora de las élites financieras estos años de bonanza cuando la fiesta se acabó.

Pero debemos profundizar aún más pues no se trata sólo de dar unos paquetes de comida sustraídos a gente sin recursos, deberíamos avanzar en el derecho universal a comer que tiene mucho que ver con la clase de producción de los alimentos, su proximidad y el sistema de distribución de los mismos. ¡Que no quede en agua de mayo!

Gracias a la enseñanza y la sanidad pública nadie duda de reclamarlos desde hace años como derechos fundamentales, conquistados con años de lucha. Por eso aún hemos de conquistar el derecho a la vivienda pública de calidad expropiando los pisos de los bancos del “Banco Malo de Rajoy”. Y con el SAT debemos conquistar el derecho a comer.

Porqué la caridad se mendiga pero los derechos se pueden exigir.

Porqué la caridad se mendiga pero los derechos se pueden exigir.


 

El alquiler, la hipoteca, el IPC, el IVA y la policía se ensañan con los pobres

La pobreza no gusta al discurso oficial de las élites político-económicas ahora que nos piden arrimar el hombro en la crisis más dura desde la guerra civil. El Estado español, que fue en tiempos de Zapatero la “séptima” potencia mundial, el turismo y la pobreza no casan en la calle. El poderoso lobby del turismo pide mano dura contra la pequeña delincuencia y la venta ambulante por la mala imagen del país. ¿Qué hacen turistas alemanes y japoneses rodeados de pobres, rateros y rufianes en la Rambla o en la playa de Barcelona? El mismo razonamiento que usó el Ministro del Interior después del asalto al súper.. ¡que poco patriota que es usted sr. Gordillo!

La caza del pobre es una orden que tienen las diferentes policías que actúan en las calles de nuestras ciudades y pueblos gastando millones de euros en sueldos mientras arriba de todo de la pirámide social banqueros, políticos y oligarcas de todo pelaje defraudan, evaden y ganan dinero a manos llenas en plena crisis.

Se persigue a lateros, a vendedores ambulantes, a recogedores de metal y basura o merodeadores de contenedores. Resulta exasperante ver como las “normativas cívicas” escudriñan y reglamentan hasta el acto más íntimo y personal, como una meada, pero estos políticos reglamentadores, amigotes de los defraudadores, son incapaces de usar una ley, si existe, para poner a un sólo banquero en prisión, siquiera delante de un tribunal de la supuesta justicia que nos gobierna.

Desde hace décadas la vivienda, convertida por esas élites en un activo financiero en el ojo del huracán de la burbuja inmobiliaria, madre de toda la crisis, se ha llevado buena parte del salario de las clases trabajadoras. El alquiler y la hipoteca valen la totalidad o buena parte del salario del precariado español que se ve obligado a comer en casa de los abuelos que tienen pensiones miserables. Por ello, el IPC, las subidas del IVA y los infinitos recortes que se avecinan de la mano de Rajoy y la Troika europea van a situar a más familias contra la pared: o pagar el piso y servicios como el agua y el butano o quedarnos sin comer.

Los seis millones de parados, el fin del petróleo barato, la sequía inducida por el cambio climático y la carestía de la vida están tensando demasiado, y podría romperse, el sistema de distribución de alimentos en las grandes ciudades. Algunos alimentos recorren ya demasiados kilómetros para llegar a destino mientras las mejores tierras de cultivo al lado de las ciudades se han llenado de cemento o se llenaran (EuroVegas) en el Estado que aspiró en los años 80 a ser el huerto europeo.

La miseria ha lanzado a la gente a comprar marcas blancas y los supermercados rivalizan en ofertas sin IVA. Esas cadenas de distribución ya controlan el 75% de la comida que llega a los 45 millones de habitantes de este país. Y son esas grandes cadenas las que rivalizan por reducir los precios de venta a asalariados precarizados a costa de hundir aún más en origen los precios de los productores. Y son esos Hiper los causantes de incrementar el valor de las patatas y las cebollas hasta un mil por ciento entre lo que pagan en plazos de 90 días al agricultor, arruinado entre deudas, y los sufridos consumidores de las ciudades. Señores como Juan ROIG de Mercadona, primer español en la lista FORBES de los más ricos del planeta, que juega después en el mercado de futuros de Chicago apostando a incrementos del 20% en los cereales y la soja a causa de las malas cosechas, ya es dueño del mercado nacional de aceites de oliva en Portugal.

Son los Pescanovas que piratean pescado del Índico después de esquilmar los caladeros nacionales y las artes de pesca tradicionales. Son esos que apuestan por el ajo chino para hundir el ajo murciano, hunden la manzana de Lleida trayéndola de Chile o apuestan por variedades transgénicas foráneas mientras el campo español pierde campesinos, saberes ancestrales y valiosísimas variedades genéticas de huertos y de la cabaña ganadera autóctona.

Comer se suma a la vivienda en las principales preocupaciones familiares

La gente que lucha por el derecho a la vivienda, como las PAH-Plataforma Afectados por la Hipoteca(1) o nuestra Asociación 500×20 (2), hemos comprobado como la gente que llega a nuestras asambleas pidiendo ayuda contra el banco o el casero viven al día en cuanto a comida se refiere. Los problemas del pago de la vivienda están ya asociados a las dificultades de comprar comida y pagar las facturas del agua, energía, etc. En muchos hogares la pérdida del trabajo va asociada a la del piso, a los problemas de pareja, de salud y a la depresión. Después de años de crisis, las llamadas clases medias ya han empezado a sufrir esos azotes que hasta ahora estaban reservados a jóvenes, viejos, inmigrantes y familias monoparentales. Por eso se pide un Plan de Rescate Ciudadano. (3)

Los servicios sociales de los barrios populares están recibiendo una avalancha de solicitudes de ayuda para la comida. Cáritas y los Bancos de alimentos están desbordados y carecen de recursos mientras que Sánchez Gordillo denunciaba que toneladas de comida se tiraban en los supers.

En las colas para recoger bolsas de comida en los barrios populares ya se juntan la vergüenza de la que fue tendera de la calle con el ecuatoriano que trabajaba en la construcción. Los junta el paro, el alquiler, la hipoteca y la bolsa de comida para llegar a final de mes. En el almacén los voluntarios de Cáritas y otras organizaciones se afanan por dignificar la entrega de las bolsas de comida. Cada mes van al Banco de Alimentos (3) a recoger mercancía que ha sido depositada por aquellas grandes cadenas de distribución de las que hablábamos antes y por donaciones caritativas como hacen el BBVA o el Santander (4). Todos los políticos que se precian han pasado por un Banco de Alimentos, desde el ex-alcalde Barcelona Jordi Hereu hasta el ministro de Agricultura, representante sempiterno de los intereses latifundistas, el sr. Arias Cañete. Los Bancos de Alimentos han sido declarados “entidades de utilidad pública” por el Ministerio del Interior (5) por lo que las caritativas donaciones de Mercadona o del BBVA se las pueden desgravar. Es norma habitual que la gente de bien de este país pague menos impuestos que los sindicalistas maleducados y currantes pedigüeños.

¡Eh! Qué las familias tiramos demasiada comida que serviría para nuestra labor Caritativa

El diario El Mundo (6) publicaba dos días después del asalto del SAT las declaraciones del Presidente del Banco de Alimentos -FESBAL-, José Antonio Busto, dando lecciones a Gordillo de lo que debía hacer era apoyarlos “Hay iniciativas mucho mejores para ayudarnos”, aseguró el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos. “Pueden trabajar para que la Unión Europea mantenga en vigor el Plan de Ayuda para los más necesitados, que va a desaparecer como ayuda alimentaria para el periodo 2014 a 2020”. Por supuesto que se negó a recibir la comida usurpada por los sindicalistas. Los Bancos de Alimentos que reciben la comida de los Súper no tienen a bien recoger la donada por RobinHoods trasnochados.

¡Entiéndalo sr. Gordillo! En lugar de hurtar por ahí debería unirse a la cruzada del Banco de Alimentos y los de la patronal de los Hípers haciendo “lobby” en Bruselas a codazos para que continuen cayendo migas de la Mesa de los Señores. Los eurodiputados entre las 8000 cucas que cobran, las dietas, el Ipad, Iphone y su Mac se lo agradeceran que se les tenga en cuenta.

En el periódico “El Mundo” se recogía también que los datos de Fesbal indican que los culpables del desperdicio de alimentos son en un 42% los hogares y un 38% en origen. Los Hipers sólo desperdician un 5%. Lo confirmaba Ignacio GARCÍA, Presidente de la Federación de Distribuidoras como Mercadona, Carrefour, Día, etc… asegurando que ellos son supereficientes y ahorradores.

Vamos que Sánchez Gordillo no sólo roba a los amigos del pueblo sino que es en su propia gente que debería buscar a los desperdiciadores de comida. El populacho más culpable que nunca. Vamos que me siento tan culpable ahora que voy a poner a un pobre en mi mesa a comer las sobras de casa antes de tirarlas miserablemente al container de basura. Mea culpa.

En Barcelona, en el Distrito más popular de la ciudad, en Nou Barris, con la calle con más desahucios del Estado, el Ayuntamiento del barrio en manos de Unió Democrática (que vota todos los recortes aquí y en Madrid aplaudiendo el desahucio-express) ha apoyado con toda su energía un centro de distribución de alimentos para los pobres, llevado por voluntariado de la Iglesia. ¿Alguien en su sano juicio asaltará un súper de mi barrio habiendo realizado la Administración una labor ímproba por los pobres y hambrientos? Pero hay quién aún se pregunta si mucha de esa gente gorda y con coche que se lleva la bolsa de comida realmente la necesita. Para ser pobre hay que serlo y además demostrarlo. Hay quién incluso cree que hay aprovechados. Yo he llegado a oír que las abuelas con el cajón lleno de medicinas son las culpables del euro por receta.

Los pobres tenemos derecho a los bombones Ferrero-Rocher caducados de la Preysler

¿Los gordos pasan hambre? En esta sociedad de la productividad, de la prisa, de la desesperación, de la miseria intelectual y moral, de la inmigración y muchas otras cosas la obesidad está causando estragos entre las clases populares. No se trata de opulencia se trata de comida basura. Se trata de la pérdida de las costumbres culinarias ancestrales, de la cocina con tiempo, de la comida rápida, industrial y barata, de la desinformación generalizada a través de los medios de comunicación. No hace falta más que leer o ver lo que se recoge en los bancos de alimentos o en las bolsas de comida. Mucho alimento elaborado y muy poco fresco que haya que cocinar. A los pobres las sobras (7). En junio daban en mi barrio la bolsa de comida con los bombones Ferrero-Rocher, de la Isabel Preysler, pero que conste estaban caducados. No tenía mucha importancia pero estaban caducados. Los pobres deben su tiempo a la productividad para ser competitivos.

Y después de todo este bombardeo hipócrita de los medios de comunicación que queda del simbolismo de los sindicalistas andaluces. ¿Le dieron la vuelta? Molestan los Robin Hood pero no las almas caritativas pérfidas que lo que dan al pueblo con una mano se lo roban doblado con la otra. Se criminaliza la reivindicación, la valentía y se glorifica la humillación que supone aceptar la caridad. Yo he visto en mi calle a mujeres con niños llenas de vergüenza saliendo con la bolsa de comida caritativa para un mes pero que se la comen en 3 días… Y después el almacén solidario cerró todo el mes de agosto porque los voluntarios son eso voluntarios que bastante hacen.

Nada de supers… en los mercados de barrio de toda la vida está el derecho a comer sano.

Sólo me faltaría hacer aquí una crítica a los del SAT que bastante tienen con la que les esta cayendo. En este documento hemos querido criminalizar esos monopolios “satánicos” con “olor a azufre” que son los Hiper que controlan el 75% de los alimentos que se distribuyen en nuestro país. Y precisamente la campaña de requisas de alimentos vuelve a focalizar en ellos a toda la prensa. ¡Bastante poder tienen como para que les hagamos propaganda gratuita.!

Yo me quiero referir a los mercados tradicionales, los que hay en cada barrio. Los que tienen las paradas de verduras, ultramarinos, pescado, carne, embutidos, encurtidos… esos. Han perdido una enorme fuerza económica estos años a favor de los supers e Hipers pero les puedo asegurar que son tan baratos como los otros y la mayoría de productos son de proximidad sobre todo los alimentos frescos. Que como frescos necesitan su tiempo para comprarlos, limpiarlos y cocinarlos. Ese tiempo que la economía capitalista competitiva niega a las clases populares. También a las cooperativas de consumo de productos ecológicos, de las que tenemos en mi barrio dos ejemplos que anteponen la calidad de los alimentos de proximidad a las grandes superficies.

Miren las paradas de los mercados. Sus dueños son pequeños tenderos con un pequeño volumen de negocio que han visto mermar en favor de los Hipers. Pero ojo desde el punto de vista del trabajo ocupan a mayor número de personas que nuestros odiados Mercadonas para el volumen de negocio que generan. Muchísimo más. Los tenderos son halagados por los partidos de orden como el PP, CiU, PSOE, PNV, etc. Pero las políticas de estos partidos les han hundido en la miseria.

Propongo un sencillo ejercicio de suma del derecho a la alimentación sana con los mercados municipales. Una familia de 3 miembros con una renta de poco menos de 1000 euros se puede hoy sentirse agraciada pero no digamos una de 4 miembros que sólo recibe un PIRMI o sencillamente nada. Con una bolsa de comida al mes no van a ninguna parte aunque buenas que son. Y algunas pasan vergüenza y los voluntarios van desbordados.

Lo queremos todo (renta básica) pero como no estamos organizados sólo pedimos la targeta de alimentación

Si las familias no llegan a final de mes vamos a exigir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento una baremación y que se entregue a cada familia tarjetas con código cargadas con un 200 a 500 euros para canjear por comida en los mercados municipales y pequeño comercio. Los mercados de abastos en mi ciudad tienen la tecnología para restar con tarjetas con banda magnética las compras de comida. Obliguemos a los Ayuntamientos a poner en marcha este sistema eficiente y discreto. Prohibido este sistema en los supers. Eso asegurará el derecho a que mucha de nuestra gente pueda llegar a final de mes. Asegura una economía productiva de proximidad y más eficiente y sostenible. Asegurará más puestos de trabajo. Y sobre todo los mercados municipales están gestionados por los municipios y podremos influir en ellos. Las grandes superficies son totalmente privadas.
La batalla contra los Ayuntamientos para que acepten el derecho a comer no será nada fácil. Pero está vez tendremos además a los tenderos, cooperativas de consumo y al pequeño comercio a nuestro favor. Y tendremos a la patronal de los supermercados, AEDAS, muy enfadada porqué cambiaremos muchos millones de euros de manos y hábitos de compra.¡ No es la revolución pero se los tocaremos!
Y si queremos acción reivindicativa seguro que encontraremos la manera de requisar comida en un mercado con el beneplácito y apoyo de sus tenderos para la causa y de la manera más lúdica. O bien daremos la tabarra reivindicativa en el plenario más importante del Ayuntamiento del pueblo o barrio. Las requisas a súpers tienen su recorrido pero el derecho a la comida ha llegado para quedarse. Lo asaltaremos.
Y por favor, la revolución también empieza en cada uno …. ¿ya sabéis donde comprareis este sábado?

4-08-2012

Salva TORRES

miembro de 500×20 y prouespeculacio.org

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(1) PAH-Plataforma Afectados por la Hipoteca… web

(2) Asociación 500×20 “el Alquiler 100% Público y Asequible” y prouespeculacio.org.

(3) Plan de Rescate Ciudadano … web

(4) Federación española de Bancos de Alimentos, su web http://www.fesbal.org/-

(5) Listado entidades de utilidad social del Ministerio del Interior. Banco de Alimentos de España

(6)Diario “El Mundo” declaraciones del presidente de la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), José Antonio Busto.

(7) Banc d’Aliments. Donació d’aliments … web




Aumento espectacular del ingreso de menores en centros tutelados.

nens petits
  • La crisis ha hecho aumentar el ingreso de menores en centros.
  • El aumento de la pobreza ha disparado el número de menores que pasan a ser tutelados por la administración.
  • Actualmente, la Fiscalía investiga hasta 600 casos de niños en situación de riesgo en Barcelona.

Las familias pobres pierden la custodia de los hijos al perder el piso y por otras situaciones relacionadas con la pobreza (peleas, abandono, alcoholismo, etc).

Las leyes de “protección” de la infancia sólo están hechas para los hijos de pobres

Las familias ricas envían a sus hijos a internados o tienen la asistenta.

Los niños son los que más sufren cualquier tipo de crisis, y la económica no es una excepción.
El aumento de la pobreza en los últimos años ha elevado el riesgo de muchos menores de acabar siendo tutelados por la administración, un giro determinante para su futuro. Así lo constata la Fiscalía de Menores de Barcelona, que ve como la precariedad económica está agravando situaciones familiares y está aumentando los factores de riesgo para los niños, por lo que obliga en algunos casos a sacarlos de casa. Padres que dejan al niño sólo muchas horas para trabajar o buscar trabajo o niños que llegan a la escuela sucios y desnutridos son casos que cada vez más acaban haciendo que la administración asuma la tutela de la criatura.
Toni Morales, secretario de la Fundación Juvanteny, que gestiona tres centros de menores tutelados de la Generalitat, asegura que la crisis ha supuesto un rebrote de los ingresos de menores en estos centros por causas que habían sido habituales antes de los 90 pero que entre 1994 y 2005 habían desaparecido casi por completo: “familias pobres”. “El aumento de la inmigración y la crisis han hecho que, desde 2008, muchos niños lleguen por razones económicas que han degenerado en situaciones de alcoholismo o depresión de los progenitores”, explica.Atender primero dentro de la familia

Tal como recuerda el fiscal delegado de Menores en Barcelona, Juan José Márquez Bonvehí, la situación económica por sí sola no es determinante para decidir separar un niño de su familia, sino que se ‘han de dar otros factores que demuestren una desatención grave del niño y, sin embargo, “la solución debe intentar siempre ayudar primero la familia”. Pero algunas organizaciones denuncian que no siempre se sigue este principio. El portavoz del Colectivo DRARI por los Derechos de los Niños dice que los “errores y la descoordinación” administrativa comportan de manera “muy frecuente” una retirada injusta de la tutela a los padres . “El patrón que se repite los últimos años es el de la madre soltera inmigrante que no tiene familia ni amigos aquí que le ayuden a quien acaba retirando el niño porque es la salida más fácil”, dice Galea, de DRARI y explica varios casos como “el de una madre que estuvo cuatro meses pidiendo ayudas públicas para poder atender a su hijo enfermo y al que al final tomaron el niño”.
Desde la Fiscalía de Menores, donde se investigan actualmente 600 casos de niños en situación de alto riesgo para decidir si deben ser tutelados, responden que los recursos sociales son limitados y que hay que priorizar la atención a los menores. “A veces puede resultar injusto pero no nos podemos permitir que el niño continúe en según qué situaciones”, dice una de las fiscales encargadas de estos casos.
LOS MÁS VULNERABLES
Los menores pagan a menudo los efectos de la crisis a las familias en forma de desamparo o desatenciones graves debido a la pobreza. Según la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) hay un 6% de incremento anualizado de nuevas tutelas.