La tramitación de la Ley del Derecho a la Vivienda en el Parlamento español se está olvidando que centenares de miles de familias perdieron su vivienda en la crisis hipotecaria iniciada en el 2007 y la crisis de la pandemia está haciendo resurgir el miedo a las ejecuciones hipotecarias en miles de hogares afectados por el paro, los ERTE y los cierres de negocios y empresas que están avalados por las viviendas de sus propietarios.

Nuestra legislación puso en bandeja a la banca privada el negocio del acceso a la vivienda principal mediante la concesión de créditos hipotecarios con dinero, que crean de la nada, en forma de deuda que se plasman en contratos de préstamos abusivos donde la entidad financiera no ha puesto nada como contraparte. Todo es beneficio.

Hay un total de 225.000 hogares en esa situación según datos del Banco de España con moratoria de pagos de la hipoteca. También miles de hogares – se calcula más de 60.000 – conservan sus viviendas por la moratoria de desahucios iniciada en el 2013 angustiados por las prórrogas anuales como la actual que acaba en mayo del 2024. El Real Decreto Ley 5/17 en su Disposición Adicional Segunda proveyó legislar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Hasta ahora no ha sucedido pero esa posibilidad es cierta si hubiera voluntad política de legislarla.

Al contrario, hasta ahora la mayor parte de las veces las distintas leyes que regulan los créditos hipotecarios y los tribunales de justicia han beneficiado a los intereses de la  banca que ha expropiado miles de viviendas. En lugar de adecuar las deudas a la capacidad económica de las familias, la banca española las ha revendido a bajo precio a fondos de inversión internacionales afincados en paraísos fiscales y coparticipados por nuestros “patrios” banqueros. Una injusticia en majúsculas que a los diputados representantes de la voluntad popular ni tan sólo les ha llamado la atención pues la Ley de Regulación del Crédito Hipotecario y las sentencias del T.Supremo ha dado aún más carta blanca a los desmanes de las entidades financieras.

Ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE- que abrió una luz de esperanza con las cláusulas abusivas, ni la defensa numantina de muchos ciudadanos porqué sus hipotecas fueron vendidas a fondos de titulización han permitido parar esta sangría que padecemos desde hace más de una década. La responsabilidad de la banca en la crisis hipotecaria incluso ha desaparecido ya como noticia en los medios de comunicación dominados por ella.

Recientemente publicamos ¡A la cárcel tras una tormentosa ejecución hipotecaria entre juzgados de lo civil y penal en Barcelona!.. que ha despertado la solidaridad de decenas de personas y cientos se han visto reflejadas. Tanta violencia y dolor no pueden continuar.

Por eso, los distintos colectivos que apoyamos está recogida de firmas nos creemos en el deber de llevarlas a los partidos del Congreso junto a los testimonios de los afectados/as para que la próxima ley de vivienda asegure que la VIVIENDA HABITUAL ES INEMBARGABLE Y QUE SE DESARROLLE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA recogida en el Real Decreto Ley 5/17.

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