La cláusula de cesión de los créditos titulizados es un girigay jurídico y legislativo para favorecer a la Banca.

Recientemente un comentario de un conocido amigo de PAH Madrid, Miguel Beitia, aclarando términos sobre las titulizaciones nos ha permitido abrir un debate sobre la cláusula de cesión del crédito y sus repercusiones financieras más allá de su abusividad y también de cómo es tratada en los juzgados que explicamos en:

En el largo comentario que reproducimos más abajo podemos discernir sobre el complejo girigay montado entorno si las titulizaciones son o no una venta de un crédito hipotecario, una cesión y como eso influye en la legitimación del banco o del fondo de titulización en iniciar las ejecuciones sumarias en los juzgados con las copias ejecutivas expedidas en los registros de la propiedad.

Importante es la matización que Miguel hace sobre «los derechos de crédito» y «los derechos reales«. Veamos el tema:


los «derechos de crédito» -derecho otorgado al titular o legitimado (acreedor) de poder exigir a otra persona de derecho (deudor) una prestación, esta puede ser de dar, hacer o no hacer

los «derechos reales» -es un derecho de contenido patrimonial que ejerce una persona (sujeto activo) sobre una cosa determinada que puede ser una finca, un usufructo, una hipoteca

la entidad financiera presenta la demanda de ejecución reclamando una deuda de la que no tiene legitimidad activa alguna para ello

El Juzgado nº3 de Girona pone al descubierto contradicciones jurídicas en el negocio de la titulización de deudas.

Existen los «derechos de crédito» -derecho otorgado al titular o legitimado (acreedor) de poder exigir a otra persona de derecho (deudor) una prestación, esta puede ser de dar, hacer o no hacer- y los «derechos reales» -es un derecho de contenido patrimonial que ejerce una persona (sujeto activo) sobre una cosa determinada que puede ser una finca, un usufructo, una hipoteca, etc.-

Orillando el artículo 1.528 de nuestro Código Civil, dado que en una titulización no estamos ante la venta o cesión de un crédito sino más bien cesión de `derechos de crédito´ por lo que la entidad financiera deja de ser el acreedor de dicha deuda y pasa a serlo el Fondo de Titulización, F.T.H. o F.T.A., siendo que los `derechos reales´ no se transmiten y es la causa por la que en el Registro de la Propiedad la carga de la hipoteca siga estando a nombre del acreedor que nos otorgó la financiación hipotecaria. En España está hecha la titulización de tal forma que el deudor ni se entera que su deuda ha sido titulizada ya que no hay constancia alguna visible para él, podría ser dicho Registro pero al no transmitirse los `derechos reales´ dicha titulización sigue en el anonimato para dicho deudor.

El `quid´ de la cuestión está en el momento de instar la demanda de ejecución. Debieran realizarla conjuntamente el actual acreedor, F.T.H. o F.T.A., y el que conserva los `derechos reales´ de dicha deuda: el Fondo reclama inicialmente, en la ejecución, la deuda pendiente y la entidad financiera, en el caso que en el plazo concedido por el juzgado de turno no se liquidase dicha deuda, solicitar el señalamiento y celebración de la subasta. De los cientos y cientos de procedimientos que han pasado por mis manos solamente he visto en dos ocasiones en las que se insta la demanda por ambos entes a la vez.

Aquí es donde está el fraude en el 99,99% de las ocasiones, la entidad financiera presenta la demanda de ejecución reclamando una deuda de la que no tiene legitimidad activa alguna para ello, debiera hacerlo en nombre del legítimo acreedor, que no es otro que el Fondo, F.T.H. o F.T.A.

Y aquí no vale la `estupidez supina´ que se ha sacado de la manga el mundo judicial amparándose, de forma torticera, en los artículos 30 y 31 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, confundiendo `churras con merinas´ ya que en dichos artículos no se dice nada sobre el hecho fraudulento de que la entidad financiera, que como ya hemos dicho no es el acreedor de la deuda, reclame la misma en su propio nombre en lugar de hacerlo en nombre del legítimo acreedor, el fondo de titulización; así de ésta forma se mantiene en la más absoluta de las ignorancias al Juez y al deudor. Por lo tanto, instar la ejecución del préstamo o crédito hipotecario SI, reclamar la deuda en su propio nombre, NO. Y esto es lo que se hace por lo que el procedimiento de ejecución nace viciado de un fraude que lo convierte en radicalmente nulo, siendo dicha nulidad de carácter imprescriptible, y pudiéndose reclamar en cualquier momento de dicho proceso.

Muchísimo más grave es el tema de utilizar el vencimiento anticipado que contiene el apartado 2 del artículo 693 de la L.E.C., para el que es preciso de un fehaciente acuerdo o convenio entre las partes firmantes de la escritura del préstamo o crédito hipotecario, en la ejecución de un contrato de adhesión en el que el acreedor impone el clausulado del mismo a la parte deudora.

La entidad que insta la ejecución de un contrato de adhesión en éstas condiciones está cometiendo FRAUDE DE LEY, que con su admisión a trámite se troca en FRAUDE PROCESAL, que una vez celebrada la subasta se convierte en ESTAFA PROCESAL agravada, subsidiariamente, con un delito de APROPIACIÓN INDEBIDA. Todo esto hace a dicho procedimiento de ejecución hipotecaria en radicalmente NULO, siendo dicha nulidad de CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE, y pudiéndose reclamar en cualquier momento de dicho proceso.

Éste, en concreto, constituye el mayor fraude que contiene una ejecución hipotecaria, que por su diáfana nulidad convierte en nulos todos y cada uno de dichos procedimientos. Estamos ante una gigantesca estafa ante la cual los poderes del Estado miran para otro lado.

En cuanto a los GASTOS de constitución de la hipoteca, aquí existe otro fraude de cantidades económicas astronómicas como consecuencia del invento llamado `responsabilidad hipotecaria´, pero esto es otra historia.

Un saludo

Miguel BEITIA (PAH Madrid)


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