El pasado lunes 13 de mayo de 2019 la Asociación por el Alquiler Público y Asequible realizamos una charla para ver modelos de intervención pública que puedan evitar que las reformas urbanísticas provoquen lo que suele ocurrir: aumento del precio de las viviendas de compra y también los alquileres. Eso se dio en el marco de que la reforma de la plaza Sóller en el distrito de Nou Barris tiene desde hace tiempo preocupados a los movimientos sociales porqué saben que incluso antes de inaugurada los precios de la vivienda subiran y con ello la expulsión de los hogares más pobres.
La charla en la sede del centro para personas mayores La Casa Nostra, del barrio de Porta, reunió unas 70 personas con diferentes intereses respecto del tema, como se evidenció en las preguntas posteriores a las intervenciones de los ponentes. La presentación la realizó M.ª Luisa CARRERAS, de la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio de Porta, introduciendo a los ponentes y explicando, detalladamente, el Plan de la Asociación de Vecinas y Vecinos propuesto para el mandato municipal que acaba.
El primer ponente Pablo FEU, abogado que trabaja en el ámbito del derecho a la vivienda, apuntó rasgos fundamentales de las leyes de urbanismo, desde las que intervenir el mercado, para evitar la gentrificación del espacio urbano después de intervenciones urbanísticas de las administraciones públicas. En concreto explicó su razonamiento expuesto en la web de la Asociación de vecinos que se centra en estos parámetros:
- Vivienda en propiedad: La actual legislación reconoce a la administración la facultad “de intervenir en el mercado inmobiliario” para “hacer efectivas sus competencias en materia de urbanismo de protección del territorio y de vivienda establecidas por la Constitución y por el Estatut”. Con estas prerrogativas urbanísticas, el poder legislativo puede, antes de ejecutar una reforma urbana, delimitar el ámbito que incluya todas las fincas directamente beneficiadas por esta actuación y les imponga una carga urbanística que grave temporalmente las transmisiones de viviendas, durante un periodo de tiempo suficiente para garantizar que la inversión pública la amortiza el residente habitual a quien va dirigida.
- Vivienda en propiedad: la carga impositiva iría menguando paulatinamente, año tras año, hasta el final del periodo de vigencia, por lo que, cuanto más se tarde en transmitir la finca, menos carga deba pagar en caso de transmisión. Así, en caso de venta, el sobreprecio que supone la carga equilibrará el mercado porque reducirá el margen de beneficio del comprador y, con ello, se contendrán las operaciones especulativas, que son la base de la presión y la expulsión de los habitantes habituales y se garantizará que la plusvalía revierta en la comunidad, tal y como exigen los principios más elementales del urbanismo, recogidos en la Constitución española de 1978.
- Vivienda en alquiler: Pablo FEU explicó que, en este caso, la Administración puede ejercer la facultad que la actual ley le otorga de intervenir en el mercado inmobiliario; estableciendo un máximo de renta de alquiler que actúe como mecanismo voluntario de compensación de la carga urbanística que grava la finca en caso de venta, de modo que, si el máximo de alquiler se mantiene durante la vigencia de la carga, las personas propietarias pueden vender libremente la finca sin pagar la carga. Hay que admitir que la ley de urbanismo, y no la ley de arrendamientos urbanos, es la que permite, ya hoy, a las administraciones públicas limitar las rentas de alquiler de los inmuebles a sus ciudades en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, como mecanismo de intervención en el mercado inmobiliario (como se hace en París y Berlín), con criterios de proporcionalidad y ponderación. En definitiva, creo que hay que legislar y reconducir el urbanismo en su finalidad de satisfacción del interés público.
Por otro lado, Salva TORRES de la Asociación 500 × 20 explicó, en primer lugar, que la Asociación de Vecinos y Vecinas de Porta hace tiempo que reflexiona sobre cómo evitar que la mejora urbanística, tan necesaria de la plaza Sóller, no suponga la expulsión del vecindario más pobre. Explicó que la inversión inmobiliaria extranjera en Barcelona se acerca al 80% del presupuesto total del Ayuntamiento de la ciudad condal y que las herramientas municipales actuales no permiten que capitales se apropien de las mejoras públicas para obtener una ganancia privada. Un ejemplo, en el barrio de Porta, es el proceso de expulsión de vecinos por no renovación del contrato de alquiler en la calle Artà por la empresa de capital israelita MGB Arta Buildings SL. Explicó cómo estas dinámicas especulativas son consustanciales al capitalismo desde hace siglos como una manera de fijar capitales excedentes en el inmobiliario y el suelo.
Dos fotocopias, entregadas a los asistentes, de La Vanguardia de 1937 y de 1959 ejemplificaron las dos maneras de resolver el problema de la vivienda y las reformas urbanísticas. Ambas eran visiones opuestas: la del 1937 con el «Decreto de municipalización de la Propiedad Urbana en Cataluña» de la Generalitat de Cataluña y la de 1959, con la célebre frase del ministro del régimen José Luis Arrese: «Queremos una España de propietarios y no de proletarios». Esta última ganadora 80 años después de la guerra civil se sigue reproduciendo sin solución al problema de la vivienda y la especulación.
Las reflexiones de Salva TORRES se concretaron en: La propuesta de la Asociación 500 × 20 para intentar resolver la problemática en que se encontrará la mayor parte del vecindario en un par de años sigue la filosofía del Decreto de Municipalización de 1937 que en su preámbulo decía: … “Es indispensable y urgente hallar una solución rápida a esta situación excepcional, y si se considera que el rendimiento de la propiedad urbana no depende exclusivamente de la inversión del capital, sino que está íntimamente relacionada con su emplazamiento dentro del Municipio, factor que no es fruto del esfuerzo del propietario, llegaremos a la consecuencia que el más indicado para beneficiarse es el mismo Municipio…” Es decir, que el rendimiento de la inversión privada de capital a la vivienda dependía también de la inversión pública relacionada con su emplazamiento al Municipio y era lógico que todo el mundo se beneficie.
Salva TORRES concretó la propuesta de Municipalización del suelo urbano en: El suelo ni se crea ni se destruye. Es patrimonio de la humanidad. No puede formar parte del precio de la vivienda porque es especulativo. El suelo urbano debe ser de dominio público y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo público (sería como un impuesto) y la propia edificación o la vivienda pues son los únicos elementos que tienen trabajo humano, el suelo privado es sólo rentista. Las consecuencias de ello las centró en:
- Modificar la Ley de Propiedad Horizontal para dar cabida a esta visión garantista del suelo urbano como propiedad colectiva del que todo el mundo se beneficia. Por tanto, el suelo se alquilaría o se tendría como derecho de uso pagando un impuesto si fuera propiedad privada que derivaría en recursos de los municipios para hacer mejoras. En el caso de propiedades colectivas no habría obligación de pagar. Salva TORRES especificó que en ciudades como Barcelona el suelo puede llegar a costar hasta el 70% del valor de construcción por la sistemática mejora y abaratamiento de los procesos de construcción de edificios.
- Eliminar impuestos como el de Bienes Inmuebles – IBI- que es un impuesto especialmente regresivo contra los trabajadores que gozan de una vivienda en propiedad, es un impuesto de patrimonio a las clases bajas.
- Este enfoque de derecho colectivo del suelo urbano simplifica la burocracia en torno al sector inmobiliario que hace más transparente una actividad económica de por sí muy opaca.
- Para permitir la movilidad habitacional de la población con derecho de propiedad de viviendas se podría crear cámaras de compensación sólo en el caso de posibles pérdidas en viviendas principales.
La Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio de Porta y la Asociación 500 × 20 se conjuraron para evitar que la reforma de la Plaza Sóller, pactada con el actual Gobierno de la ciudad, no termine expulsando a la gente del barrio.
