La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA), también conocida como banco malo, en vez de contribuir a solucionar el grave problema de vivienda convirtiéndose en el gran parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, harto de repartir los pisos de las familias desahuciadas entre fondos buitre de todo plumaje, se quiere convertir en uno de ellos: Inflará la burbuja del alquiler especulando en Bolsa a través de su propia SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Para mayor escándalo, ha puesto las viviendas en las garras de Azora, una buitrecilla local que fue la que sacó tajada de la venta de pisos protegidos del IVIMA junto con el carroñero global Goldman Sachs. Operación que está denunciada en los tribunales y de la que la Fiscalía de Madrid ha dicho que está “trufada de irregularidades”.
A finales del pasado mes de noviembre, la propia SAREB informó en su página web que el banco malo había constituido su propia SOCIMI, llamada Tempore Properties, con 1.554 activos, de los que 1.383 son viviendas y el resto anejos (trasteros y garajes), con un valor total de 175 millones de euros. Las viviendas se concentran “en un 80% en áreas metropolitanas de grandes capitales y el resto en áreas geográficas con alta demanda en el mercado del alquiler, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga o Almería. Tienen un tamaño medio de 93 metros cuadrados y cuentan con dos o tres dormitorios.
El buitre disfrazado de filántropo George Soros es el mayor accionista de la SOCIMI Hispania
La gestión de esta cartera de viviendas públicas en alquiler del banco malo ha sido asignada a Azora, que se encargará directamente de su administración y comercialización. Cabe recordar que Azora es una córvida local que lleva desde 2003 sacando provecho de la vivienda de protección oficial. Una de sus operaciones más sonadas fue la adquisición en 2013 de casi 3.000 pisos en alquiler del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) junto con el buitre global Goldman Sachs por 201 millones de euros. Operación sospechosa hasta tal punto que el Tribunal Supremo recientemente ha avalado que los afectados la puedan impugnar, porque la compra por parte de los buitres “menoscaba la protección social” de las viviendas, gestionadas por la instrumental Encasa Cibeles. Más recientemente, la Fiscalía Provincial de Madrid ha determinado que se trata de “un procedimiento de contratación trufado de irregularidades”.
Azora gestiona la SOCIMI Hispania, dedicada a especular con la vivienda desde el mercado continuo. Entre su equipo figuran gestores procedentes del Santander (Concha Osácar y Fernando Gumuzio), Goldman Sachs (Juan del Rivero), Merrill Lynch y JP Morgan (Cristina García-Peri). Tiene como consejero dominical a un analista de Soros Fund Management, Benjamin D. Barnett. De hecho, el buitre disfrazado de filántropo George Soros es el mayor accionista de Hispania. Soros también se está aprovechando del rescate público y posterior privatización de Bankia, entre otras posiciones en las finanzas y las empresas españolas.
En paralelo, SAREB continúa trabajando con sus asesores Renta 4 y Clifford Chance en la salida a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB) de Tempore, que se producirá en las próximas fechas, una vez queden completados todos los trámites necesarios. Al frente de la SOCIMI del banco malo estará el director de alquileres de SAREB, Nicolás Díaz Saldaña, que ha estado a sueldo del BBVA y la inmobiliaria Metrovacesa, hoy en manos del Santander y el BBVA.
La cueva del MaB y las 48 SOCIMIS
¿Qué es una SOCIMI? Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario tienen como objeto social principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles urbanos para su arrendamiento. Entre sus ventajas: no pagan impuesto de sociedades; las operaciones de constitución y aumento de capital, así como las aportaciones no dinerarias a dichas sociedades quedan exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; no tienen límite de endeudamiento; y permiten a sus accionistas obtener dinero efectivo inmediato.
Teniendo en cuenta estos regalos fiscales, en los últimos meses, estas sociedades han proliferado como champiñones. Sólo en la cueva del Mercado Alternativo Bursátil (MaB) ya hay 48 SOCIMIS. Según los datos que ofrece la propia web del MaB, SOCIMIS y Empresas en Expansión (EE) suman una capitalización total de 9.851 millones de euros. Las hermanas mayores son: Merlin Properties y Colonial (Ibex 35), Axiare, Lar e Hispania (Mercado Continuo). En total suman un valor conjunto en bolsa de más de 20.000 millones de euros.
La burbuja del alquiler
Una década después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la Finca España, se vuelve a hinchar una nueva burbuja alrededor de una necesidad básica como es la vivienda. En este caso, gira en torno al alquiler y se agrava con el ‘boom’ turístico. Así es como ven la situación desde 500×20, una asociación de Barcelona que lucha contra la especulación, por un alquiler 100% público y asequible y por el derecho a la vivienda fuera del mercado: “La alta demanda de pisos de alquiler por una población que ya no tiene acceso al mercado hipotecario, conjuntamente con la presión turística y un segmento poblacional de alto poder adquisitivo (profesionales liberales, ejecutivos, etc.) que desea vivir en ciudades atractivas, producen la burbuja del alquiler. A este fenómeno lo alimenta también una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) totalmente regresiva con los intereses del alquilador: Contratos de 3 años, posibilidad de demanda si se deja de pagar un mes, etc.”
Esta asociación, que orienta gratuitamente a inquilinos, hipotecados y precarios de la vivienda, explica: “Así pues el coctel especulativo está servido: Cuando finalizan los contratos de alquiler, (en el caso de Barcelona unos 60.000 anuales) los propietarios o bien no renuevan el contrato, o piden aumentos del 20% al 50%, lo que provoca gentrificación, es decir, la población con un poder adquisitivo medio-bajo debe abandonar su barrio y marcharse fuera de la ciudad, hacia los límites del área metropolitana. En el caso de Barcelona, (extrapolable a otras ciudades) la presión turística es otro factor de presión al alza. Los propietarios ganan más alquilando las viviendas a turistas por días o semanas que alquilándolo por 3 años. En consecuencia, en Barcelona tenemos a una gran parte de la población excluida del mercado privado y a la que los ayuntamientos han de dar alternativas con un escaso parque de alquiler público (1,5% del total de viviendas)”.
Según su experiencia, el modelo de negocio de los fondos buitre tiene tres variantes: “Rehabilitar viviendas compradas a bajo precio para revenderlas después; dedicar parte del parque al alquiler, sobre todo en capitales de alta demanda; y comprar edificios enteros en zonas de alto valor en ciudades de alta densidad”.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona informan que “se ha empezado a implementar el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025, que entre otras medidas prevé construir durante este periodo 10.000 viviendas de alquiler asequible doblando en número a las actuales. Pero mientras estas viviendas no están construidas (se necesita un mínimo de 3-4 años para que un proyecto esté acabado), las órdenes de desahucio por motivos económicos no paran: Aproximadamente 2.800 anuales para Barcelona capital y 5.000 para la provincia, de las cuales el 87% son por alquiler (datos de BCN), mientras que en el resto del Estado, los desahucios por impago de alquiler son el 47%”. Y añaden un dato más, que es el gasto en materia de vivienda por administraciones: “El Ayuntamiento de Barcelona destina 100 euros por habitante; la Administración Autonómica, 30 euros; y el Gobierno Central, 10 euros.
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