Una octogenaria coruñesa: entre la protección franquista de una renta antigua y el desahucio express del PPsoe

	.- Una renta antigua franquista de 126 euros en el centro de a Coruña .- un edificio propiedad de una rica familia. .- una anciana de 85 años con más de 30 viviendo en el piso. .- una finca en estado precario. .- y el fraude fiscal de alquileres no declarados que alcanza a 4 de cada 10 DIAGNÓSTICO: MOBBING INMOBILIARIO

Los últimos reductos de política social de las dictaduras españolas en la picota neoliberal de sus herederos franquistas.

Los alquileres de renta antigua son objeto de un asedio por parte de inmobiliarias y caseros

El reciente caso del desahucio de Aurelia Rey, una octogenaria que vive en el centro de A Coruña, ha vuelto a poner de manifiesto como los inquilinos y también los ocupas son los parias del derecho a la vivienda.

La caverna mediática ha defendido el derecho del propietario a rescatar sus inmuebles siempre que le venga en gana. Cualquier estratagema del casero sirve y ha servido para echar a los inquilinos de la vivienda. Y la Justicia y la política está casi siempre está del lado del propietario. Entre otras razones porque la judicatura y los políticos, que tienen sus pisitos de alquiler, siempre defienden a los de su clase.

La indignación ciudadana que siguió este caso en A Coruña, 2 intentos de desahucio, permitió por primera vez que una sentencia en firme no se cumpliera a pesar de un enorme despliegue policial. Un despliegue policial que va parejo al empeño que ponen los movimientos en Defensa del Derecho a la Vivienda en denunciar que los inquilinos, que también son personas, no pueden quedarse sin vivienda ni techo en el que cobijarse.

El caso de Aurelia Rey es el primero en que después de una sentencia firme se impide un desalojo y el Ayuntamiento y los Servicios Sociales no pudieron mirar hacía el otro lado y el propietario finalmente se avino a negociar.

La polícia actua de manera contundente en los desahucios de alquiler cuando hay solidaridad

No fue el caso del desahucio del Clot, en el que los Mossos d’Esquadra actuaron con una contundencia inaudita y sólo después de varios meses se encontró un alojamiento provisional para la familia que fue expulsada por negarse a pagar un incremento del 100% en su renta antigua. El propietario del edificio donde residian Verónica y Eliseo, era un antiguo franquista, había ya tenido varios desahucios similares en vivindas de su propiedad y con inquilinos que pagaban rentas antiguas.