A PESAR DE LA LEY DE DESAHUCIO EXPRÉS, EL PRECIO DEL ALQUILER SUBIÓ EN ENERO UN 1,5% RESPECTO A 2009
La banca presiona para sostener la burbuja inmobiliaria.
Los desahucios de viviendas alquiladas y los embargos han aumentado a raíz de la crisis. Frente a esto, la política de vivienda sigue favoreciendo los intereses de banca y promotores inmobiliarios.
Pablo Elorduy. revista Diagonal. 10 de marzo de 2010. Número 121
La ministra de Vivienda declaró que 2010 “es un buen momento para comprar vivienda”, ya que las desgravaciones se mantendrán este año. Para resumir la situación en la que se encuentran promotores, banca y Estado, basta decir que se estima que los bancos tienen cerca de un millón de viviendas en sus balances. A esto se suma que un buen número de personas hipotecadas corren el riesgo de acabar embargados y con una importante deuda por la rebaja de las tasaciones de sus pisos provocada por el estallido de la burbuja.
“La banca es la propietaria accidental, ellos no querían pisos, lo que querían era cobrar intereses. La vivienda les convenía porque todas las familias necesitan una y porque esos precios les garantizan que nadie lo va a poder pagar a tocateja”, apunta Raquel Rodríguez, para quien la situación se ha complicado mucho ya que “si la banca comienza a perder, quien irá detrás será quien esté pagando su hipoteca. Creo que no hay manera de hacer esto sin que al final las víctimas sean las mismas”, señala esta experta en Urbanismo. Urruticoechea teme que a lo largo de 2010 asistamos a la compra pública o a enormes subvenciones en las calificaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de parte del stock que tiene la banca y la patronal inmobiliaria. “Sabemos cuánta presión están metiendo los lobbies bancarios y de promotores para hacer líquido todo ese stock de viviendas, para poderlo vender, y vemos cómo apelan a las ayudas, subsidios y subvenciones públicas para deshacerse de ese patrimonio”.
Paralizada por el hundimiento de la demanda de vivienda libre, la conversión en VPO puede servir para que los dueños de la piedra se deshagan de parte de ese excedente, aunque, como señala Juankar, de la plataforma contra la exclusión social, Berri Otxoak, mucha gente a la que le toca un piso protegido, “tiene que renunciar a él porque no tienen recursos para mantenerlo”.
Detrás de estos intentos por dar aire a la construcción, se encuentra la dependencia del modelo y cierta predisposición ideológica a la compra e inversión en vivienda que, para Urruticoechea, hunde sus raíces en la sacralización de la propiedad fomentada por el Franquismo y popularizada por Margaret Thatcher y el llamado “capitalismo social”. Esto, apunta este economista, “tiene consecuencias implacables, porque la gente se hipoteca por 20, 30 y hasta 50 años para pagar su vivienda, consagrándose como esclavos sociales de la banca, algo que tiene enormes consecuencias colaterales con respecto al mercado laboral”. En este último punto, Urruticoechea ve increíble que cuando se habla de la reforma del mercado laboral, “nadie ponga en la mesa el factor estructural que diferencia nuestro mercado laboral del resto de los europeos, que es la rigidez en la residencia”.
A la hora de buscar remedio al problema del acceso a la vivienda, cobra una importancia clave el uso que se hace del suelo público: “Soy testigo, como funcionario público, de que ha habido un saqueo de millones de euros, porque se ha dilapidado el suelo público a precios irrisorios; se ha permitido la apropiación privada por parte de los promotores de miles y miles de hectáreas públicas para mayor satisfacción de estos y ese dinero ha vuelto en muchas ocasiones como comisiones para financiar a los partidos políticos”, denuncia Urruticoechea.
Hacia el alquiler social
Para salir de esta situación Raquel Rodríguez cree que hay que modificar los principios en que se ha basado hasta ahora la vivienda protegida. En lugar de seguir calificando el suelo como residencial de protección, para esta urbanista, ayuntamientos y autonomías deben pedir un porcentaje de las viviendas ya construidas “así, además, no haría falta segregar a la gente en un rincón del municipio”. Rodríguez apuesta por la rehabilitación de inmuebles y por un régimen de alquiler que atienda a las necesidades estudiando cada caso.
Urruticoechea cree que la forma de regular el derecho a la vivienda pasa porque se destine al menos un 3% del PIB para crear un parque inmobiliario de viviendas públicas, algo que es prácticamente residual en el Estado español pero que, en lugares como Francia, ha paliado, hasta cierto punto, la necesidad de vivienda. Otra medida que propone este economista es fiscalizar el uso de VPO para que sólo las usen quienes realmente tienen necesidad de ellas, así como gravar fiscalmente a los propietarios de viviendas privadas vacías, de forma que tanto esa recaudación como las viviendas que formen parte de ese parque público sean puestas a disposición de la población en régimen de Viviendas de Alquiler Limitado. Y es que, el pinchazo de la burbuja ha vuelto a demostrar, opina Urruticoechea, que no existe ningún lugar en el mundo en el que el mercado resuelva la necesidad de alojamiento de la gente necesitada.
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