LA TRAMPA DEL ALQUILER SOCIAL

Ese troyano de la Banca que es la PAH siempre ha reivindicado el alquiler social como corolario de su reivindicación estrella que es la dación en pago. Sin embargo, se ha “olvidado” de explicar a sus seguidores a los que miserablemente engaña, que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite desposeer al demandando que tras la subasta haya perdido la propiedad de su vivienda. Y que por tanto, el nuevo propietario de la vivienda habrá de instar otro proceso para proceder al desahucio.

Actualmente un proceso de desahucio dura al menos tres años, es decir, desde que se recibe la demanda hasta que se fija una fecha para la entrega de la posesión y el lanzamiento, se pueden contar como seguros con tres años para usar la vivienda. Claro está que eso es así en el caso de defenderse en ese proceso, evidentemente si se renuncia a defenderse el proceso se acelera.
Con la actual ley de alquileres de viviendas instaurada por el gobierno del césar José María Aznar tras la reforma del gobierno de su delfín Mariano Rajoy, el inquilino solo tiene asegurado tres años.

Si se echan las cuentas, se percata que el alquiler social no merece la pena. Y no me refiero a la diferencia en el dinero entre el alquiler social y el mantener la posesión durante todo el tiempo que dure el proceso de desahucio. Porque a pesar de ser ese detalle muy importante hay otro que aún lo es más. Quien acepta el alquiler social acepta la pérdida de su vivienda. El alquiler social es la VASELINA que la Banca y su troyano la PAH proporcionan a los deudores para que acepten que les arrebaten la vivienda.

Algo de lo dicho en el primer párrafo seguramente os habrá causado incredulidad, que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite desposeer ni lanzar al demandado que tras la subasta ha perdido la propiedad de su vivienda. Porque es un hecho público y notorio que la Administración de Justicia sistemáticamente procede a desposeer y lanzar en los procesos de ejecución hipotecaria a los demandados que tras la subasta han perdido la propiedad de su vivienda. La razón de la contradicción es simple, entre la Ley y la aplicación de la Ley suele haber un abismo. Es decir, la Administración de Justicia en general y en particular en este caso concreto de la desposesión del demandado en una ejecución hipotecaria que tras la subasta pierde la propiedad de la vivienda,  infringe consciente y voluntariamente la Ley. Este indignante hecho es denunciable públicamente y debería haber sido denunciado por la PAH, y habría sido denunciado públicamente por la PAH si la PAH fuera lo que dice ser y no un troyano de la Banca. Pero la PAH se lo ha callado porque le convenía para su estrategia de endosarnos el venenoso regalo del alquiler social, su trampa para que aceptemos que la Banca nos arrebate nuestras viviendas. No solo no lo ha denunciado sino que nos ha hecho creer que el problema era solo que las leyes era injustas y que los jueces no podían hacer otra cosa porque no tienen más remedio que aplicar, cuando la realidad es que los jueces están violando sistemáticamente el procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se inicia hasta que finaliza cada proceso. De eso no nos ha dicho nada. No le interesaba que lo supiéramos.

José Angel GALLEGOS

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