2/2.- REFLEXIONES VERANIEGAS ENTORNO AL MOMENTO POLÍTICO QUE VIVIMOS Y SU REPERCUSIÓN EN LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA

Mientras avanza la legislatura sin Gobierno constituido, los problemas de la vivienda, los desahucios principalmente, tienen un respiro hasta setiembre. Es tiempo de reflexión. La negativa clara del PSOE de llegar a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos – UP- muestra a las claras el enorme poder del «IBEX35» sobre los partidos constitucionales. Las tímidas medidas de un keynesianismo ligth de Podemos en materia de vivienda son un monstruo no digerible para ese «status quo».

Un ejemplo es el tímido control de precios del alquiler que propuso UP que el PSOE ni siquiera ha querido discutir aún siendo una medida que se ha mostrado inútil en los términos planteados en otros países de Europa. La Ley de Arrendamientos Urbanos – LAU- de la que es padre el PSOE es intocable como lo son las ventajas fiscales a la propiedad a pesar de ser insostenibles. Es como un pilar del régimen heredado del franquismo.

Mientras toda la problemática de la estafa hipotecaria parece como si hubiera pasado a mejor vida, ni la izquierda ya habla de ella, de manera que los 4 grandes bancos que quedan se pueden ir de rositas. Hay más de 60.000 familias en moratoria de desahucio desde el 2013 y miles de demandas judiciales esperando una medida política en los juzgados que acabe permita hacer de la vivienda habitual un bien inembargable.

El PSOE en su PROPUESTA PARA UN GOBIERNO DE PROGRESO llamada Propuesta Abierta de Cooperación para un Gobierno Social, feminista, ecologista, europeísta y progresista (*1) no ha escrito ninguna medida seria para atender los miles de familias que cada día padecen violencia inmobiliaria.

 

Esta clase política viven al margen de la realidad o bien saben que están ya cooperando en una involución del régimen como explica este otro artículo publicado en el nacional.cat del periodista Jordi BARBETA que reproducimos en 2/2 – reflexiones veraniegas 2019.

  1. psoe, <<ESPAÑA AVANZA>>

 

El estado español está en crisis, el régimen del 78 tambalea y el fracaso del primer intento de investidura de Pedro Sánchez, buscado o no, ha creado las condiciones objetivas para justificar el cierre de filas del régimen con un acuerdo transversal que supere la batalla entre derechas e izquierdas y que lleve a cabo las reformas necesarias para reafirmar el sistema. Sánchez ya ha descartado definitivamente la coalición con Podemos y ya busca «nuevos caminos». Y Pablo Casado se ha mostrado dispuesto a un pacto de estado. Todo está por hacer, pero todo es posible, porque nadie está interesado en la repetición de las elecciones. Al contrario, el conflicto catalán y la conveniencia de no repetir las elecciones por el bien de España lo justificará todo.

En Madrid, los portavoces del establishment ya apuestan por un pacto PSOE-PP en nombre del interés general de España, y los más atrevidos dicen que podría incluso adoptar la forma de «gobierno provisional de salvación nacional» con un programa concreto de ortodoxia económica y un calendario previamente fijado que tendría como objetivo reforzar el bipartidismo, sustraer la capacidad de las minorías nacionales o ideológicas de decantar mayorías de Gobierno y renacionalizar el Estado a base de recuperar competencias autonómicas. También, por supuesto, endurecer la legislación contra los movimientos independentistas y reducir al mínimo el margen de actuación de los gobiernos disidentes como el catalán. Partidarios de esta opción no faltan, especialmente entre los sectores más poderosos e influyentes o, dicho de otro modo, los que se autoconsideran los propietarios de España.

La reforma del artículo 99 de la Constitución propuesta por Sánchez -y que era imposible que la aceptara Podem- ya iba en la línea de ahogar las minorías. El artículo 99 establece la elección del presidente por mayoría absoluta en primera votación y por mayoría simple en segunda. Un plus a la lista más votada y en las candidaturas de ámbito estatal ahorraría al ganador que negociar la investidura con partidos minoritarios, que ya no podrían exigir contraprestaciones por su apoyo. Una gran coalición PSOE-PP afrontaría varias reformas para reforzar el régimen, también de la Constitución, pero servidas en pequeñas dosis que se pudieran resolver con una votación parlamentaria como ya ocurrió cuando, por imperativo europeo, se reformó el artículo 135 para obligar al estado a pagar sus deudas antes incluso que las pensiones. No está sobre la mesa un reforma en profundidad de la Constitución para que provocaría el debate sobre la monarquía, que es precisamente lo que se quiere evitar a toda costa, de hecho, es lo que se quiere proteger por encima de todo.

Los portavoces más atrevidos del establishment ya apuestan por un gobierno de «salvación nacional» con un programa concreto de ortodoxia económica y un calendario previamente fijado de reformas institucionales y constitucionales para apuntalar el régimen

Nada de esto no se consideraría necesario si como estaba equivocadamente previsto el partido de Albert Rivera habría asumido el papel de partido bisagra encargado de completar indistintamente las mayorías de PP y PSOE, que era el motivo por el que el Ibex 35 patrocinó la implantación de Ciudadanos como partido de ámbito español. No no se dieron cuenta de que la ambición de Rivera es inversamente proporcional a su talento. Quizá de aquí a septiembre, ante la posibilidad de quedarse fuera del gran aquelarre nacional español, Ciudadanos apresure a mover ficha antes de que sea demasiado tarde. A su favor tiene que los cambios constitucionales requerirían su apoyo para llegar a las tres quintas partes del Congreso.

Las elucubraciones sobre un posible pacto PSOE-PP han sido inmediatas tras el fracaso de la investidura, no sólo porque Sánchez lo provoque hablando de «nuevos caminos», sino por cómo ha sido la rotura con Podemos, tan intencionadamente traumática para que sea irreversible. Ha sido una obviedad la falta de voluntad política de Sánchez para formar un Gobierno de izquierdas, que ya no disimula. Eso y que el rechazo al pacto por parte de Sánchez ha sido sobre todo ideológico.

Teniendo en cuenta el nivel que han demostrado algunos ministros de los cuatro o cinco gobiernos anteriores, el argumento de Pedro Sánchez de negar ministerios a Podemos por su escasa experiencia política no se aguanta mucho. Sin ir más lejos, el padre del que se llamó el milagro económico español, Rodrigo Rato, está en la cárcel y no es precisamente un preso político. Sánchez no ha rechazado personas concretas sobre las que se podría valorar su currículum. Rechazó globalmente cualquier persona que pueda proponer Podemos por ministro de Hacienda, de Trabajo o de cualquier departamento del que dependan asuntos importantes. Un rechazo tan global sólo se entiende por un prejuicio ideológico. Por lo visto, Sánchez quiere liderar una segunda transición pero para apuntalar el régimen no para cambiarlo, y Podemos está considerado un enemigo del statu quo.

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