El paraíso fiscal de la patronal del alquiler no se toca! En ello están de acuerdo Ábalos y los sindicatos de vivienda.

Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español.

Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero.

Nacida al calor del franquismo una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo


Ya antes de la pandemia los datos de desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos suponían ya el 65% del total de desalojos registrados en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

Hoy con 4 millones de parados y miles de empresas en ERTE, el fin del Estado de Alarma va a suponer una escabechina para las familias que esperan la llegada de las sentencias judiciales para que abandonen sus viviendas ante la falta de pago o el fin de los contratos de alquiler.

En esta situación el mercado inmobiliario está congelado. En Barcelona y Catalunya las firmas de nuevos contratos se ha reducido hasta un 20% por el miedo de los propietarios a no cobrar el alquiler mientras una franja nada despreciable de los hogares y jóvenes superior al 25% ya no tienen perfil financiero ni para hipotecarse ni para alquilar. Pero aún así, la caída brutal de ingresos en los hogares no se refleja en los precios que están en máximos históricos especialmente en las grandes ciudades. Los diferentes datos que hemos buscado indican que el peso de los salarios en el PIB nacional se ha reducido por debajo del 50% (ver bibliografia)

En ese marco, caída de ingresos de los hogares y precios máximos de la burbuja, se aprobó el Decreto-ley catalán de «moderación de rentas del alquiler» que por eso legaliza la burbuja y salva el negocio de los propietarios inmobiliarios. Pero también la Ley del Derecho a la Vivienda que está en trámites en el Congreso de los Diputado incluirá medidas sobre el mercado de alquiler de la cual la prensa ya se ha encargado de rebajar expectativas. Si la ley catalana, recurrida por el PP en el Constitucional, se ha construido sobre precios máximos de burbuja (fianzas legales depositadas en la Agencia catalana de l’Habitatge), que los respeta, la española seguro será mucho más tímida.

En las ciudades donde se concentra el grueso de los contratos de alquiler, las rentas han crecido exponencialmente sobre todo respecto de los salarios cuyo porcentaje en la renta nacional se reduce desde la crisis del 2007 lo que redunda en que la actual pandemia lance decenas de miles de hogares a vivir de la beneficencia estatal con el dinero que llega desde el Banco Central europeo.

Hay dos máximos históricos en la ciudad de Barcelona en el registro de las fianzas legales: 2008 (12,2€ el m2) y 2017 (13,6€ el m2) que se pueden extrapolar al conjunto del Estado español por esas épocas. Eso hace que hasta un 70% de la renta familiar disponible de los centenares de miles de hogares que viven en alquiler se van a pagar un arrendamiento desbocado de la vivienda que no tiene parangón europeo ni porcentualmente ni cualitativamente. Un 40% de los inquilinos de Viena pagan una media de 5,4€ el m2. Menos de la mitad de lo que paga un inquilino de Madrid o Barcelona.

España: El alquiler escaso y más caro que en los países europeos de más renta.

El alquiler es escaso precisamente en las franjas de viviendas más asequibles, más pequeñas que a su vez concentran las que tienen más de 70 años y peores índices de habitabilidad europeos. Una vergüenza posible porqué el Estado español renunció desde la dictadura a construir un parque de vivienda pública de alquiler asequible y ni siquiera este parque creció en los 40 años de democracia porqué «los partidos constitucionales» abrazaron el modelo económico de la dictadura basado en el motor de crecimiento de la construcción inmobiliaria nacido al calor de las declaraciones del primer ministro de vivienda franquista Jose Luís Arrese: ¡ no queremos una España de proletarios sino de propietarios!

La Vivienda de Protección Oficial – VPO- creada en esa época fue el crisol de la sociedad de los propietarios, luego copiada en los 80 por los Reagan y las Thatcher. La vivienda de compra, como activo financiero y patrimonial, fue posible por el crédito hipotecario de la omnipresente banca española de las grandes familias que hoy ha quedado reducida a los 4 grandes bancos del IBEX35 en comunión carnal con los grandes fondos de inversión de Wall Street, que conchabados con nuestros patrios banqueros, operan desde los paraísos fiscales en el jugoso mercado inmobiliario español.

El esfuerzo público para crear esa clase propietaria de varios millones de personas fue todo un éxito mundial del franquismo, y su continuidad en el constitucionalismo «democrático« representa una prueba fehaciente de la permanencia del bloque hegemónico de la piel de toro a pesar de los cambios de la arquitectura institucional. Pero también es un éxito porque esa clase propietaria profundamente reaccionaria mantiene cautivos electoralmente a los partidos constitucionales y ha determinado la estabilidad política del bipartidismo con los apoyos autonómicos de CiU y PNV.

Es imposible calcular ese enorme esfuerzo inversor del Estado español para consolidar su particular sociedad de los propietarios en términos legislativos, judiciales, presupuestarios en ayudas directas -de suelo urbanizable o subvenciones- o indirectas al sector inmobiliario y bancario para asegurar la construcción y financiación de viviendas. O las ayudas fiscales directas a la compra de viviendas hasta segundas residencias y las inestimables ayudas fiscales en el IRPF a los caseros desde hace tres décadas.

Sólo las ayudas fiscales en IRPF a la compra – hoy eliminadas- en las recientes décadas han supuesto ya una inversión o pérdida patrimonial del Estado cercana a los 100.000 millones. A lo que habría que sumar las desgravaciones fiscales al alquiler y las exenciones fiscales de gastos que en 3 décadas podrían superar los 300.000 millones de euros entre el IPRF y el Impuesto de Sociedades. Y este cálculo no está hecho por lo perdido en recaudación sino por lo que se hubiera podido cobrar con un sistema fiscal justo que castigará las rentas ociosas sobre las del trabajo, a lo que habría que sumar el fraude tolerado de los caseros en el IRPF que antes del 2000 superaba el 75% aunque ha bajado a poco más del 40% en está década según fuentes del sindicato de Inspectores de Hacienda GHESTA.

El reciente estudio realizado por Miguel Artola, investigador del instituto Juan de la Cierva del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid – sobre la evolución de la desigualdad social en España– muestra como explica eldiario.es. que las rentas del capital crecen al cuadriplicarse el peso del ladrillo, ya que las actividades inmobiliarias multiplican por cuatro su peso en las rentas del capital entre 1995 y 2018 (del 2% al 8% de la renta nacional). El investigador achaca al precio de la vivienda y sobre todo los aumentos de más del 40% de los alquileres en las grandes ciudades el hecho que las rentas inmobiliarias ganen tal peso en las rentas del capital en las sociedades jurídicas.

El 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario

Pero un estudio anterior de Artola nos acerca aún más a nuestra tesis: «La riqueza en España, 1900-2014: Un país de dos tierras (Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands) concluía que más del 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario.

Nuestra tesis, es que en contra de lo que se dice, España sería uno de los países europeos que más ha gastado en vivienda en las últimas décadas pero para crear una franja de población enriquecida y rentista que se distribuye en las rentas altas y medias, entre los diputados, los magistrados, militares y la Iglesia católica, entre las capas medias y altas de los funcionarios, entre directivos bancarios directamente implicados en las operaciones inmobiliarias y toda la estructura de Agentes de la propiedad, entre las familias de clase trabajadora que en las mejores épocas de la segunda mitad de siglo supieron acumular con su esfuerzo y las herencias un patrimonio inmobiliario que por si sólo les permite vivir holgadamente con 10 o más viviendas alquiladas o jugando con las plusvalías inmobiliarias en las ventas. Tampoco debemos olvidar la pléyade de pequeños propietarios arrendadores – la mayoría de caseros españoles- que usan el alquiler como complemento de salarios menguantes.

Así, no puede entenderse de otra manera toda la actividad procíclica de las administraciones públicas españolas en el sector inmobiliario que indican I. López y E.Rodríguez en Fin de Ciclo …… en la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010) (*1). En su libro explican que los datos de Contabilidad Nacional del período 1995-2006 indican que en este período el 53,5% de los empleos generados en ese período se dirigieron al sector inmobiliario y su efecto arrastre sobre la economía. incluso el papel de los Ayuntamientos ha sido crucial en un espacio público totalmente privatizado porqué la intervención de esas administraciones locales en las mejoras o las remodelaciones urbanísticas, de comunicación o grandes eventos o monumentos etc…. acababan creando plusvalías que se añaden al valor de los activos inmobiliarios afectados y redundaban en las grandes constructoras y en la pléyade de comisionistas y corruptelas de toda clase.

Por eso, creemos que la inversión del Estado español podría superar en las últimas décadas el billón de euros en crear esa sociedad de los propietarios cuyos parámetros se definieron en la dictadura como máquina de crecimiento económico llegando hasta nuestros días como un pacto no escrito de las élites nacionales uno de cuyos exponentes más claros y duraderos políticamente ha sido «el tamayazo» en Madrid. Un país ufanado en concentrar la riqueza en el patrimonio y en el ladrillo beneficiando a una clase rentista.

Además la entrada en el euro supone un nuevo espaldarazo a ese modelo económico que con las políticas monetarias del  Banco Central europeo aceleran las inversiones de la banca privada y las titulizaciones de deuda en una de las ramas más rentables de su negocio que es el sector inmobiliario. Por ello, el golpe de Estado financiero que supone el Tratado de Maastrich insufla energía a la banca privada española internacionalizada con la capacidad ilimitada de crear dinero de curso legal- euros– como deuda y lleva al mercado hipotecario y la sociedad de los propietarios española a récord planetarios. En esta época España consigue el récord del 90,1% de los hogares españoles viviendo en una vivienda en propiedad lo que reduce el mercado de alquiler tanto como para que nosotros hablemos de «burbuja del alquiler del 2007» basada en el achicamiento de la oferta, mientras explotaba la hipotecaria. Basta mirar las cifras de la tabla anterior para ver como Barcelona tiene un pico de precio de los arrendamientos en 2008 para derrumbarse con la crisis hasta el 2016-17 que una nueva burbuja, una década más tarde, supera en precios a la anterior en 1,4€ el m2, de 12,2 en 2008 a 13,6 en 2017.

Es la época de la digestión de la crisis inmobiliaria y bancaria española que lanza a cerca de 800.000 hogares perdedores al mercado de alquiler tras la expropiación financiera de sus viviendas por los bancos (con la colaboración judicial y legislativa del Congreso) que con transfondo de la Sareb o banco malo del PP (socializando pérdidas y privatizando beneficios) permite se repartan el botín en los paraísos fiscales con los fondos internacionales de inversión.

El pacto de Estado entorno a la figura del rentista

La gran pregunta que hay que hacerse es ¿por qué razón las supuestas sagradas leyes del mercado no funcionan en el inmobiliario? El compañero Pablo Carmona da una acertada explicación que comparte casi todos los elementos con lo que defendemos aquí respecto de cómo, en un país empobrecido, las rentas del alquiler suben y sobre todo en las viviendas más humildes ocupadas por las clases populares:

Como hipótesis de partida, una afirmación, este proceso especulativo ha tenido como objetivo principal el mantener el poder adquisitivo de las rentas medias y altas de nuestro país. De telón de fondo estaría la imperiosa necesidad de mantener los valores y la rentabilidad del patrimonio inmobiliario de las clases rentista medias y altas, hecho fundacional de la economía política de nuestra democracia. Un pacto de Estado donde las oligarquías financieras y de gobierno saben que los activos inmobiliarios son un sustento central del conjunto de nuestro sistema, que pone en el centro a los no menos de 2,5 millones de personas que reciben algún tipo de renta de alquiler.

Ningún análisis sobre la cuestión de la vivienda puede obviar este acuerdo tácito de redistribución de dinero contante y sonante para estas familias rentistas. Beneficios para las clases medias y altas del país que se ejemplifican en dos grandes líneas de actuación pública. La primera, la de garantizar políticas de vivienda y urbanas que mantengan los precios elevados. El objetivo es proveer de rentas extraordinarias y de mayores cotas de bienestar a los sectores rentistas, entrando aquí un amplio abanico de rentas medias y altas. Y la segunda, un gran pacto fiscal que permite que este modelo rentista y especulativo —tan distribuido por el conjunto de la sociedad—, tenga cargas fiscales casi inexistentes.

Así se explica que gobiernos de todo signo se nieguen en redondo a modificar esta realidad. También es la muestra de cómo las rentas más bajas y precarias —arrojadas al mercado del alquiler—, alimentan y sostienen los niveles de renta de estas clases propietarias. Esto hace que el aumento de rentas de alquiler se deban vincular también a condicionantes propios de las clases medias, como la pérdida de ingresos por vías salariales tras la crisis de 2008. Pero también como vía para sufragar con estas rentas extra los servicios privados de cuidado (residencias, seguros, cuidados personales) a los que no llega nuestro sistema de bienestar.

La dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios

Si miramos el Resumen de las Memorias Estadísticas del 2004-16 del IRPF – Ministerio de Hacienda – vemos como desde el 2004 al 2016, última serie publicada, el número de declarantes ha ido subiendo hasta los 2,36 millones en 2016 que son personas físicas que han percibido algún tipo de renta de alquiler entre locales y viviendas. El Ministerio de hacienda no da datos concretos sobre el Impuesto de Sociedades.

Resumen de las Memorias Estadísticas del 2004-16 del IRPF – Ministerio de Hacienda – Gobierno del Reino de España

Para el año 2016 se puede afirmar las siguientes constataciones:

  • hay 2.362.915 declaraciones de personas físicas que declaran percibir rentas de alquiler de locales y viviendas
  • estas declaran percibir 18 mil millones de euros en rentas de las que se deducen 6,6 mil millones en gastos. El capítulo de gastos deducibles se ha triplicado con respecto al de ingresos. Con el fraude no reconocido la cifra de ingresos rentistas en España superaría los 30.000 millones anuales.
  • sólo 1,6 millones de personas propietarias en sus declaraciones desgravan por vivienda el 60% que permite el artículo 23.2 de la Ley del IRPF.
  • que el valor por el que no pagan impuestos por el alquiler cobrado es de 3,673 mil millones de euros
  • que entre gastos deducibles y desgravaciones no pagan impuestos por más de 10.300 millones de euros lo que representa un 60% de lo percibido.
  • con esos datos de las columnas en una década el Estado deja de ingresar impuestos por casi 100.000 millones de las prebendas a la propiedad.

De la tabla anterior también se puede deducir las dimensiones de la clase rentista que en un sentido amplio serían 2,36 o mínimo 1,6 millones – sólo viviendas-  de propietarios que hacen declaraciones de IRPF a lo que habría que añadir los miles de acccionistas o propietarios de sociedades jurídicas de diversa índole que declaran las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades pero que los beneficios tributan como rentas de capital invertido o dividendos. Los beneficiarios directos son también el conjunto de personas que viven en esos hogares e indirectamente todas aquellos que son conscientes ideológicamente de cual es la mano que les da de comer dentro del negocio negocio inmobiliario que tiene un amplio abanico de empleos, empresas, directivos, cargos intermedios, etc como hemos explicado.

A esa clase rentista que deducimos de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, habría que añadir una cifra entorno a más del 40% de los no declaran -45% según GHESTA- y cobran en negro, por lo que la cifra podría llegar con un cálculo a grosso modo hasta los 3,8 millones o el mínimo de 2,7 millones – sólo viviendas- de propietarios y sus familias. A lo que habría que sumar, recordemos, los que sólo declaran como rentas del capital o acciones y todos los demás beneficiados directa o indirectamente.

Nos atrevemos a pensar que la dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios directamente o indirectamente beneficiada en el negocio podría estar entorno a los 5 o más millones de personas que son la fuerza que ha determinado el largo período de estabilidad del bipartidismo con apoyos autonómicos en nuestro país desde la Transición. Es una quinta parte de los votos emitidos en las elecciones generales del 2019 pero cuyo porcentaje podría ser superior en otras con menos participación pues esos sí que siempre votan para mantener sus privilegios.

Esa es la fuerza electoral rentista que tiene parasitado el sistema electoral español, que permite que gobiernos de todo color se nieguen en redondo a modificar esa realidad y que las estrategias de los partidos constitucionales estén cautivas del modelo económico franquista desde hace medio siglo y eso es mucho tiempo histórico.

Tampoco nos pidan más precisión en los datos a los que escribimos sobre esto. El pacto de Estado obliga al silencio cómplice sobre el alcance del pacto fiscal y otros muchos por mantener las rentas de patrimonio de la clase rentista en épocas muy duras para la mayoría de la población desde la crisis del 2007 hasta la de la pandemia. El Estado mismo parasitado por intereses espurios no permite que los organismos estadísticos indaguen en las entrañas de los pactos no escritos.

Desposesión de la riqueza patrimonial inmobiliaria y su redistribución entre las clases populares.

O cómo han convertido en un circo las leyes del derecho a la vivienda y regulación de rentas de alquiler.

Todos los estudios recientes llegan a la conclusión que en España han crecido las desigualdades hasta niveles insoportables de pobreza que se palpan en las calles de nuestras ciudades. Si el 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario esto ha sido posible también porque esa riqueza nunca ha sido gravada fiscalmente para su redistribución como indica el artículo 47 de la Constitución de la Transición del franquismo o el preámbulo de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU- sobre la función social de la vivienda.

El pacto de Estado no escrito entorno a la figura del rentista ha sepultado las bonitas palabras constitucionales volviendo irrelevantes los Impuestos de Sucesiones o el del Patrimonio, o que el Impuesto de Sociedades recaude sólo una octava parte de lo que se confisca a las rentas del trabajo en el IRPF, o que la las exenciones fiscales y las desgravaciones a la patronal del alquiler provoquen un agujero fiscal de más de 10.000 millones anualmente o de que más del 40% de los alquileres aún así no se declaran. Todo es win-win para esa clase rentista de la sociedad de los propietarios nacida al calor del franquismo.

Pero la desigualdad se vuelve insultante cuando se comparan las declaraciones de renta de un inquilino trabajador y su casero rentista en la web de la Agencia Tributaria y descubres que el inquilino trabajador por los mismos ingresos que su casero paga hasta un 1000% más de impuestos como demostramos en un estudio: los asalariados españoles pagan un 1000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler.

La clase rentista no solo parasita las estructuras del Estado sino que lo configura en su propio beneficio como hemos demostrado por lo que no es de extrañar que el ministro Ábalos cuyo partido es uno de los artífices de la Transición y de la Constitución se oponga a la ridícula y bienintencionada regulación de alquileres que proponen los sindicatos de vivienda y Unidas Podemos.

Lo que resulta inverosímil es que Unidas -Podemos fíen a la regulación de precios con límites, fórmula ensayada y fracasada en otros países europeos, una tímida reducción de precios y amaguen del debate la profunda desigualdad entorno al modelo económico de nuestro país, que los alquileres desangren a los más pobres y que encima las clases populares aporten el 75% de los ingresos del Estado, o dicho de otra manera el Estado español confisque a los pobres para dárselo a los ricos.

Es triste pero la realidad es que lo importante es que sindicatos de vivienda y Ábalos están de acuerdo en que si alguna cosa no se toca en el debate actual de la nueva Ley del Derecho la Vivienda es la profunda desigualdad que causa las exenciones fiscales y las desgravaciones fiscales por su volumen en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y las rentas del capital. Todos ellos tienen miedo a tocar los intereses de esa clase rentista y por eso ocultan los datos de la desigualdad social en España para que no sean el centro del debate y convertir este – debate- en un circo entorno a la regulación para poner límites a las subidas de alquileres.

Igualmente causa pena ver como algunas de las organizaciones sociales como sindicatos de vivienda o algunas pah, a las que los medios de comunicación les dan todos los índices de pantalla, hayan impuesto el discurso de «los fondos buitres» y «los especuladores«, una moralina que no resiste un análisis serio pero que nuevamente oculta las verdaderas fuerzas sociales en liza entre el derecho a la vivienda y la vivienda como patrimonio en nuestro país desde la guerra civil del 36.

Las clases populares NECESITAN YA UNA REDUCCIÓN SUBSTANCIAL DE LOS ALQUILERES Y SACAR AL MERCADO ESE STOCK OCIOSO DE VIVIENDAS VACÍAS QUE SE PUEDEN MANTENER PORQUÉ CASI NO TRIBUTAN. Para una revolución incruenta de esa naturaleza, dentro de los marcos hoy legalmente establecidos, debería hacerse con unos parámetros del debate que aún están desdibujados en la opinión pública:

  • Una ley de alquiler social obligatoria u opcional en el mercado libre (98% de los contratos de alquiler). Adaptar los alquileres a la renta disponible de los hogares arrendatarios. ¿Cómo?
    • aplicando la norma Rebus Sic Stantivus, como ha hecho la Generalitat de Catalunya con los locales comerciales, pero a las viviendas.
    • condicionando los gastos deducibles a contratos de alquiler social.
    • generalizando las desgravaciones fiscales a todos los inquilinos en función de la renta disponible y el precio del alquiler.
    • la generalización de las ayudas acabaria con el fraude oculto de los alquileres.
    • Justificación:
      1. Un arrendamiento es un negocio como cualquier otro. No puede tener especiales ventajas fiscales si no es por una razón social: alquiler social.
      2. A no ser que el BCE dé presupuesto nuevo para vivienda social el estado español no tiene capacidad para un parque de viviendas públicas de alquiler asequibles en varias décadas para satisfacer las necesidades actuales.
      3. Ergo las administraciones deben meter mano ya en el mercado libre y romper el espinazo de la clase propietaria y sus patrimonios.
  • Eliminar los gastos deducibles a los alquileres que se mantuvieran fuera de la ley.
    • Incrementar sobre los mismos la presión tributaria incremental hasta la confiscación o sinónimo que se quiera del 80 o 90% como en los mejores tiempos del siglo pasado en el tratamiento de las rentas ociosas.
  • Eliminar las desgravaciones fiscales al alquiler de viviendas incluidas las sociales.  Justificación:
    • ¿Por qué razón las rentas del trabajo no podrían entonces tributar también con un 60% menos o cualquier otro negocio no tendrían los mismos derechos?
    • ¿por qué tributan más los que trabajan que los que viven de rentas volviendo la sociedad a épocas que creíamos superadas de los nobles?
  • Impuestos muy gravosos a las viviendas sin empadronamiento o vacías y a la venta de viviendas que no sea para hogar principal.
  • Municipalización del suelo urbano sin indemnización. El suelo siempre ha estado ahí, no puede ser objeto de venta y más cuando en las grandes ciudades supone hasta el 75% del valor de los inmuebles.

El debate actual sobre la regulación por poner límites superiores a los alquileres es una cataplasma que no va a solucionar nada si no se rompe el espinazo a la sociedad de los propietarios y su poder social que configura hasta el modelo económico español. La amplia base social de la sociedad de los propietarios tiene como objetivo complicar la medida que mejor aseguraría una vivienda digna para todos: la expropiación de las viviendas vacías y ociosas para dar cabida a las necesidad imperiosa de garantizar el derecho a techo. Pero para ello necesitamos unas mayorías sociales dispuestas, organizadas y conscientes del reto que necesitamos dar un revolcón a nuestro modelo social y desposeer – expropiar – a los que mandan. Posiblemente sería una revolución cruenta y el franquismo tuvo muy presente que la mejor manera de evitar una nueva revolución como la del 36 y las expropiaciones de la guerra civil era asegurar la sociedad de los propietarios en el pistoletazo de salida en 1959: ¡ NO QUEREMOS UNA ESPAÑA DE PROLETARIOS SINO DE PROPIETARIOS!

SALVA TORRES, 12 de marzo 2021


Notas:

  1. I. López y E.Rodríguez, Fin de Ciclo. Financiaerización, territorio y sociedad de los propietarios en la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010). pag 429 y cita 24.

Información relacionada. Bibliografia.


SEGURO QUE LE INTERESA:

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos sobre el derecho a la vivienda y contra los que especulan con nuestras vidas. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies