La cruzada mediática contra las ocupaciones ilegales iniciada por La Vanguardia hunde el turismo en un verano negro

La Vanguardia ¿manipula? los datos de las ocupaciones

Todo el sector turístico español, industria clave de la economía del país, debería sublevarse ante esta intensa campaña mediática que llega en el peor momento, pues su principal consecuencia no puede ser otra que hundir el turismo nacional que era la salvación de un verano negro sin turistas. Eso es lo que pensamos viendo como las redes sociales bullen contra las mafias organizadas de la ocupación salvaje que calientan la ira de propietarios llenos de miedo que no se van de vacaciones. Ya no basta contratar una alarma de Securitas-Direct de La Caixa pues «la inseguridad» llega al punto que ya hay una plataforma de afectados de Securitas-Direct por malas praxis, equipos caducos y contratos financieros asociados con cláusulas abusivas (*1).

Lo cierto es que día sí y otro también cada vez más medios de comunicación como las cadenas Antena3 y Tele5 añaden noticias y reportajes dónde aparecen familias que se encuentran su vivienda ocupada, o su segunda residencia, o la vivienda que habían comprado o incluso a la vuelta del mercado ya les han cambiado el paño de la puerta. Hay ocupaciones que incluso han suscitado la solidaridad vecinal como lo ocurrido en Vilanova en la comarca barcelonesa del Penedés a la pareja que les han ocupado la casa recién comprada y tienen un alquiler que se les acaba y los ocupas han puesto una alarma de Securitas-Direct (*2).

La serpiente de verano puesta en marcha hace unos días tiene los datos que La Vanguardia pone sobre la mesa, para que se vea que no es un farol (*3). Cita las cifras del Ministerio del Interior – MIR– a través del Sistema Estadístico de Criminalidad – SEC-. El rotativo asegura que Catalunya lidera las denuncias por ocupación ilegal de «inmuebles» con un total de 3.611 denuncias en el primer semestre del 2020. Veamos los datos adelantados por este diario más de cerca.

  • En primer lugar, la noticia de La Vanguardia induce a la confusión de inmueble con vivienda. Los datos sobre denuncias presentadas a los cuerpos de seguridad del Estado son sobre viviendas principales, segundas residencias, viviendas vacías, locales, fábricas o cualquier edificación que pueda usarse como morada aunque sea provisionalmente. La Vanguardia no los desglosa.
  • Y en segundo lugar, La Vanguardia da las cifras de hechos «conocidos» – denuncia- y  no «esclarecidos» -investigados- por los cuerpos de seguridad del Estado y autonomías. Hemos consultado los datos del MIR en las series anuales (*4) y en Balance trimestral de Criminalidad (*5) y no hemos encontrado el parámetro «ocupación ilegal» por ningún lado. En los datos públicos y publicados por el MIR no existen esos datos desglosados.

En las series estadísticas del MIR no se cita la ocupación ilegal en ningún epígrafe. Hemos recogido en nuestras tablas todas las tipologías de delitos, relacionados con la vivienda, entre los que se distingue ROBO con violencia (5.3.2..), ROBO con fuerza (5.2.2.) y otros delitos contra el Patrimonio (epígrafe 5.9). En este último epígrafe -5.9- es donde el Ministerio del Interior, sin desglosarlo, coloca el delito de usurpación entremezclado con otros 21 delitos contra el patrimonio de personas físicas y jurídicas:

metodología SEC: https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/metodologia.html

Mirando el pdf anterior, está bien claro que La Vanguardia ha tenido acceso a datos pormenorizados del epígrafe 5.9 del 2020 que el Ministerio del Interior no tiene publicados o bien posee otras fuentes que no revela. Tampoco hemos encontrado un sólo medio de información, de los muchos que se han hecho eco de los datos publicados por La Vanguardia, que dé fe de donde salen esos datos.

La alarma de los datos de la Vanguardia no existe en el Ministerio del Interior

Por la tipología de delitos, su gravedad, incidencia social y su número lo que se muestra es que la usurpación, o sea, la llamada ocupación ilegal, es un delito que no ocupa un espacio propio en las preocupaciones estadísticas de los cuerpos de seguridad del Estado, tal como vemos en el desglose de delitos en el Portal Estadístico de Criminalidad

El Estado español publica los datos sobre el delito de usurpación a través de diferentes medios como el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- (*6), en el Instituto Nacional de Estadística _INE- (*7) y en el propio Ministerio del Interior (*4 y *5). Y lo que demuestran es una gran disparidad que obliga a analizarlos en frío y por ello los mostramos a continuación:

Los datos de nuestra tabla sobre el año 2018 lo que muestran es que la mayor fiabilidad corresponde a los publicados por el Consejo General del Poder Judicial que como mostramos en la tabla son 1.740 las denuncias judiciales ingresadas en los juzgados después de la denuncia policial para juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tras la modificación del artículo 250.1.4º por la Ley 5/2018 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de la que nos hicimos eco aquí >>>. Por su parte, el INE no explica la fuente de donde salen los 6.028 delitos de usurpación de ese año como tampoco el MIR desglosa los 28.516 delitos esclarecidos – investigados- contra el Patrimonio hechos esclarecidos, en los que los cuerpos de seguridad han realizado una labor de investigación.

¿Contextualizamos esos datos del 2018 sobre el delito de usurpación en el mercado inmobiliario español?

Según los datos más fiables del CGPJ las 1740 denuncias para juicios verbales de ocupación ilegal de «viviendas» (no de inmuebles) en un parque inmobiliario de 26 millones de viviendas representan el 0,0006%. O sea, 60 ocupaciones por cada 100.000 viviendas al año. Pero la mayor parte de ellas se producen en viviendas vacías propiedad de bancos, grandes inmobiliarios o fondos de inversión y otros buitres.

¿Cuales son pues los objetivos ocultos de la persistente campaña mediática contra la ocupación ilegal de inmuebles?

Pues suponemos que los medios de comunicación implicados intentan mostrar un supuesto grave problema ciudadano creando una opinión pública proclive a agravar las penas contra la ocupación ilegal, o bien, lo que quieren es un bienintencionado objetivo de modificar la estructura de las estadísticas policiales que bastante trabajo tienen con la que está cayendo. Aunque tenemos que reconocer que el negocio financiero-securitario de las alarmas de La Caixa, accionista de muchos de esos medios de comunicación, podría suponer un conflicto de intereses con la buena praxis periodística. 

Sería un chiste que personajes como Botín, Faíne clamaran en las pantallas contra los desaprensivos ocupas de las más de 1,5 millones viviendas vacías que consiguieron en la mayor expropiación financiera de la historia española con la crisis provocada del 2007.

La violencia inmobiliaria y la criminalización de la pobreza en la España de La Vanguardia

Las estadísticas de la criminalidad en la ocupación ilegal de viviendas son el reverso de la moneda de la inexistencia de estadísticas oficiales sobre el derecho a la vivienda en nuestro país. Lo teníamos muy claro cuando en diciembre del 2018 publicamos: El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español:

el apagón estadístico sobre la situación de las decenas de miles desahuciados es una muestra que el Estado español los ha abandonado a sus suerte.

Si el Estado español renuncia a poner nombre al problema de millones de personas y niega los datos estadísticos es porqué no tiene ningún interés en solucionarlo como ha demostrado durante esta década. El esperpento vivido en el Tribunal Supremo por salvar las cuentas de resultados de la Banca española ante el Impuesto de Actos jurídicos Documentados contrasta con la ausencia de datos en el INE – Instituto Nacional de Estadistica – o en el Consejo General del Poder Judicial sobre los ciudadanos que viven en viviendas inseguras (realquilados, en proceso de desahucio o violencia familiar), inadecuadas ( sobreocupadas o insalubres) o con alquileres desproporcionados con la renta familiar disponible. El apagón estadístico, la ausencia de datos, refleja que el ESTADO ESPAÑOL Y SUS PODERES PÚBLICOS VIVEN EN UNA REALIDAD AL MARGEN DE MILLONES DE CONCIUDADANOS POBRE Y PRECARIOS.

La Vanguardia utiliza los datos de criminalización del MIR para ocultar esa otra realidad. Magnificar ocupaciones como la sucedida en Vilanova u otras busca provocar una sobrereacción de miedo en la mayoría de hogares humildes contra los otros más pobres. El miedo a la pobreza. Curiosamente esos medios de comunicación alarmistas nunca dan voz micrófono en mano a los principales protagonistas de esas 1.740 denuncias de usurpación presentadas en los juzgados del país en 2018. Serían los CEO o altos cargos de bancos, inmobiliarias o fondos de inversión como Blackstone. Sería un chiste que personajes como Botín, Faíne clamaran en las pantallas contra los desaprensivos ocupas de las más de 1,5 millones viviendas vacías que consiguieron en la mayor expropiación financiera de la historia española con la crisis provocada del 2007.

Los medios de comunicación ponen los micrófonos en los pocos hogares populares que sufren la ocupación de desaprensivos. Esos medios de desinformación usan el miedo al allanamiento de morada, como delito de ocupación, para agravar aún más las penas a los pobres hogares que se atreven a ocupar una vivienda, propiedad de aquellos caraduras ricos, para sacar a sus hijos del confinamiento de 4 o 5 personas en una habitación o una infravivienda. Como explica el juez Joaquim Bosch en el Diario.es: «... afirma que sí llegan a los juzgados bastantes más casos de ocupaciones de viviendas vacías. Es decir, que no son la morada de nadie…» (*8).

Más de 14 millones de hogares españoles viven en una vivienda en propiedad, aunque varios millones aún están hipotecadas a los granujas banqueros. Ese es el caldo de cultivo del miedo a la pobreza de la llamada sociedad de los propietarios que tanto éxito ha tenido en nuestro país. Para La Vanguardia no existen los miles de ocupaciones ilegales de viviendas por los que fueron sus antiguos propietarios y que les fueron arrebatadas en las 800.000 ejecuciones hipotecarias o los miles de daciones en pago sobre viviendas que ahora son propiedad de los bancos que luego han revendido a fondos buitre a bajo precio. La inexistencia de un parque público de vivienda en nuestro país para dar cabida a las clases populares es el reverso de los negocios inmobiliarios y de la vivienda como un activo financiero. Los intereses serviles de La Vanguardia hacía esas élites es lo que está detrás de este revuelo de la serpiente de verano.

Y para acabar en este sinsentido, nos preguntamos el por qué de los más de 3,5 millones de viviendas alquiladas de nuestro país en esos medios de comunicación nunca salen los inquilinos a los que se les ha ocupado su vivienda. Muy sencillo, porqué ni les interesa y porqué sería allanamiento de morada, un delito más castigado en las leyes, y no podría ser usurpación pues la vivienda no esta vacía.

En Catalunya hay más ocupaciones ilegales porqué sufre más violencia inmobiliaria que otras comunidades autónomas.

La Vanguardía tiene en el juego otra carta más que no enseña como adalid de los grandes propietarios inmobiliarios. Las leyes catalanas del derecho a la vivienda (llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge ) y la Llei 24/2015 de la emergencia habitacional supuestamente pasan en el país por las más avanzadas en materia de derechos pero en el 2018 precisamente denunciamos que eran papel mojado pues en ese año Catalunya sufría un incremento espectacular de la violencia inmobiliaria que, latente desde la crisis del 2007, estalló en el mercado del alquiler con subidas de rentas que suponían hasta el 70% de la renta familiar disponible.

En el batiburrillo de las movilizaciones populares por el derecho a decidir el Parlament aprobó nuevas modificaciones de las anteriores leyes para cubrir sus carencias entre las cuales estaba legalizar la situación de miles de familias que viven en viviendas ocupadas de bancos, buitres y grandes inmobiliarias y para las cuales había que buscar una solución. Esas modificaciones de las que nos hicimos eco a finales del 2019 venían a legalizar las ocupaciones de grandes tenedores de viviendas realizadas antes del 30 de junio del 2019.

La ley levantó expectativas en las familias humildes que han sufrido años de violencia inmobiliaria, o incluso, hogares que reocuparon la vivienda que el banco les usurpó fraudolentamente saltándose hasta leyes europeas y sentencias del TJUE. Nos referimos al Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes parar mejorar el acceso a la vivienda y el 1/2020 que modificaba el concepto de vivienda vacía precisamente núcleo de las leyes.

La Vanguardia ha sido ariete de los intereses de los grandes propietarios contra esta ley pues hasta Blackstone ha amenazado con abandonar sus negocios en España. Pero en pocas semanas con el auxilio de los magistrados y algunos jueces adcritos en Catalunya le han dado la vuelta a la ley dejándola nuevamente en papel mojado. La serpiente de verano de La Vanguardia viene a dar la estocada: ¿cómo los juzgados se torean el Decreto ley 17/2019 de emergencia habitacional de la Generalitat de Cataluña?

La cuestión es muy simple, los juzgados de Primera Instancia o los de Instrucción deben obediencia a las leyes estatales y no a las autonómicas, por lo que los delitos de usurpación continúan bajo la tutela estatal y en todo caso se aduce que las leyes catalanas son leyes administrativas que incumben a las competencias de la Generalitat. Punto. Los juzgados continúan con sus juicios verbales posesorios por ocupación ilegal y despachan lanzamientos contra los ocupas.

La Generalitat tampoco ha presentado una denuncia de prevaricación contra los jueces. Todo agua de borrajas. En la época de la postverdad entramos en la de las postleyes que no sirven de nada y dejan a las entidades del derecho a la vivienda que las ensalzaron en muy mal lugar. La lucha está claro que será más dura.

salva torres 31 de agosto del 2020


NOTAS:

  1. Afectados por Securitas Direct, CAIXABANK considera «estratégicos» los acuerdos con SAMSUNG y SECURITAS DIRECT, para comercializar y comisionar a través de PROMOCAIXA y financiar a través de CAIXABANK.
  2. EIX-DIARI, Una parella denuncia l’ocupació il·legal de la casa que acabaven de comprar, a Vilanova.
  3. La Vanguardia, Catalunya lidera la lista negra de las ocupaciones en España.
  4. MIR, PORTAL ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD. Series anuales. Hechos esclarecidos por comunidades autónomas, tipología penal y periodo.
  5. MIR, PORTAL ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD. Balance trimestral de criminalidad 2020.
  6. CGPJ, Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Primer Trimestre 2020.
  7. INE, Condenados. Todos los delitos. Usurpación.
  8. eldiario.es, La falsa alarma de las okupaciones: la ley ya garantiza el desalojo exprés en los «allanamientos» de la residencia habitual y segunda vivienda.

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