Ada Colau, del intento de municipalizar el agua a la privatización del parque de vivienda pública de Barcelona

La sentencia AGBAR pone presión para detener la privatización del parque de vivienda de toda el área metropolitana de Barcelona.

Parasitar servicios o derechos fundamentales esenciales en forma de monopolio lo llaman colaboración público-privada y es una manera de entender la política con el trasfondo de las puertas giratorias. Ejemplos hay a miles en la sanidad, enseñanza, transportes, cuidado de personas mayores, etc.

Todo en política tiene las dos caras. Sabemos que «criticar» es muy fácil y «hacer» siempre es más difícil en el mundo enrevesado como en el que vivimos. La sentencia Agbar pone sobre la mesa la manera de entender lo que debe ser un servicio público garantizado en la España y Europa actuales. En los últimos meses de la alcaldía de CiU en Barcelona, ​​con Xavier Trias al frente del Ayuntamiento, comprometieron la ciudad con más de una veintena de adjudicaciones municipales en servicios básicos con empresas privadas (CLECE-ACS, BBVA, torneo Godó, ESADE, alcantarillado, impresoras, etc …) y otros secundarios como comprar flores. Las élites de la ciudad recibieron una lluvia de adjudicaciones que reportaban «beneficios privados» con dinero público. Las élites creen que tienen derechos adquiridos por designación divina.

El agua de boca para abastecer el área metropolitana ha sido un juego de trileros las últimas décadas.

Un ejemplo, es el acceso al agua que debería ser un derecho básico incluso garantizado por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Pero las palabras bonitas son papel mojado cuando la crisis del calentamiento global llama a las puertas. No queremos ni pensar las consecuencias de la gestión privada del agua en Barcelona en un momento de restricciones por la segura reducción de caudales en las próximas décadas como señalan los científicos. La ley capitalista de la oferta y la demanda haría que millones de pobres, de hecho ahora ya pasa, se quedaran sin agua corriente. No es baladí lo que estamos hablando: aprender la forma en que la clase política, banca y empresas privadas juegan con derechos fundamentales de las personas.

La llamada «guerra del agua», para los desmemoriados, ya fue motivo de una de las luchas vecinales con más duración en el tiempo. La protesta contra los impuestos incluidos en el recibo del agua llevó a más de cien mil familias de 300 barrios a la insumisión. Durante una década, desde 1991 y hasta el año 2000, pagaron el consumo y no los recargos en el recibo. Al final de la larga movilización se redactó una nueva ley del agua, que reconocía la participación vecinal.

El problema en los años 90 del encarecimiento del precio del agua y los impuestos hoy continúa, pero en los últimos años, en el agua se le ha abierto un nuevo frente que es quién tiene la adjudicación del servicio de agua potable en la conurbación barcelonesa, que es un caramelo para las grandes empresas. Un ejemplo sería el papel nefasto 2012 de la administración convergente de Artur MAS con la adjudicación de la concesión de Aguas TER-Llobregat ATLL que gana el grupo Acciona, de la familia Entrecanales, contra Agbar que recorre la adjudicación por «50 años» (* 1).

Una adjudicación enrevesada, que esconde intereses políticos y favores, que termina en el tribunales donde Agbar recupera la concesión lo que provoca que Acciona, la perdedora, reclame el lucro cesante a la Generalidad. Una broma que puede termina costando a los catalanes más de 2.000 millones de euros. La adjudicación es por el servicio del agua potable o sea qué compañía durante 50 años, repetimos: 50, llevará agua desde el TER y Llobregat hasta la conurbación donde viven 3,5 millones de personas. Deberíamos temblar pensando cómo se puede gestionar un contrato de abastecimiento de agua de potable no previsto de dónde saldrá el agua considerando que ya hay un déficit hídrico muy importante en las cabeceras, como para pensar en el 2050. La clase política y los intereses privados no miran más allá de la nariz hasta el punto de que Acciona se vende los derechos del litigio por una sexta parte a un fondo buitre yanqui especializado en luchar contra administraciones y que puede terminar en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado por su nombre en castellano) (* 2).

Cuando este culebrón después de 7 años aún no ha terminado, la victoria de Ada Colau como alcaldesa 2015 resitúa el problema por Agbar ya que la municipalización de los servicios es una propuesta electoral del Comunes dentro de su programa de la gestión pública de los servicios. Una muestra del interés de los Comunes sería la creación de la empresa pública Barcelona Energía como generadora y comercializadora de la electricidad (* 2).

Todo ello, en los negocios de las empresas público-privadas, lo que se discute son los negocios con «beneficios extras añadidos y millonarios» para asegurar un servicio básico a la población como es el agua. la luz, la energía, el gas … en un sistema de monopolio. O sea, las empresas trabajan sobre rentas de monopolio que permiten la extorsión de los ciudadanos mientras los políticos locales o comarcales o nacionales interponen cortinas de humo para esconder del escrutinio público el expolio de las empresas mixtas. Es evidente que acabar con esta práctica delictiva sólo es posible por denuncias que llevarán a la municipalización del servicio como piden los Comunes o la liberalización de los servicios. Liberalizar es la palabra mágica que termina en los desastres de los call-centers de empresas monopolios fantasmas o la desinversión que se producirá en el servicio de trenes cuando varias empresas compiten en una única vía como el desastre Tatcher del servicio nacional de ferrocarriles de Inglaterra , British Rail, magníficamente representado por el filme «La cuadrilla» de Ken Loach.

… en los negocios de las empresas público-privadas, lo que se discute son los negocios con «beneficios extras añadidos y millonarios» para asegurar un servicio básico a la población como es el agua. la luz, la energía, el gas … en un sistema de monopolio. O sea, las empresas trabajan sobre rentas de monopolio que permiten la extorsión de los ciudadanos

La torre AGBAR, presidiendo el sky-line de Barcelona, los beneficios extras pagados por los barceloneses por la concesión del agua, acaban en manos de la SOCIMI Merlín Properties que a su vez está participada por Santander.

Las empresas mixtas público-privadas en el ojo del huracán

El supuesto contrato histórico de AGBAR para suministrar el agua de red a muchos municipios de Barcelona es consecuencia de una concesión directa de décadas, una especie de convenio, que ha sido la causa del conflicto que ha acabado con la sentencia del Supremo que da la razón a Agbar contra Barcelona. La histórica concesión irregular en AGBAR, no había contrato, es lo que obligó a que en el 2012 se buscase una solución en el Área Metropolitana de Barcelona que consistía en la creación de una empresa público-privada, Aguas de Barcelona, con un accionariado repartido al 70% por Agbar, 15% Criteria-La Caixa y 15% Área Metropolitana de Barcelona- AMB. La empresa mixta posteriormente concedía a Agbar la gestión del agua metropolitana hasta el 2047 sin haber pasado por licitación pública.

La concesión del suministro del agua de boca a 2,9 millones de hogares del área metropolitana a Aguas de Barcelona, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ver indicios contra la normativa de licitaciones públicas al adjudicarse sin publicidad y asumiendo la AMB como un único socio en AGBAR-la Caixa. Estos recursos los hicieron Acciona Agua, Aqualia (FCC) y una filial de Aguas de Valencia. El problema de la colaboración público-privada no es sólo que con capital público se generan beneficios privados extras que poco tienen que ver con la prestación del servicio sino que el mismo servicio genera «conocimiento técnico» – know how- sobre el terreno que acaba privatizado y genera nuevos gastos contra el erario público (* 4).

Todos estos contratiempos por Agbar, participada por La Caixa a través de Criteria, se agravan cuando el Ayuntamiento plantea una MultiConsulta en el marco del Reglamento de Participación ciudadana. Aunque finalmente la MultiConsulta no fue aprobada en el Consistorio ni se ha podido realizar, Agbar y empresas vinculadas vieron suficiente peligro como para que plantearan hasta 4 recursos de los 10 que se presentaron. En uno de estos recursos la misma Agbar planteaba que la pregunta – «¿Quiere usted que la gestión del agua de Barcelona sea pública y con participación ciudadana?» – era engañosa ya que la gestión del agua ya era «pública «. O sea, hay una empresa mixta público-privada pero es la privada la que realiza la gestión. No se puede remunicipalizar un servicio que ya es público, aseguraba. Es verdad, hoy por ejemplo muchas líneas de transporte de viajeros pone Transportes Públicos de Catalunya y en letra pequeña la empresa privada que realmente hace el servicio. es el llamado OPERADOR o CONSORCIO. Eufemismos que en este país se usan para esconder con palabras el expolio del erario público y las puertas giratorias.

En 2017 a Agbar y Aguas de Barcelona de la misma Área Metropolitana de Barcelona, ​​ente público supramunicipal, feudo histórico del PSC, se les acumulan los problemas. Si Agbar puede perder millones de una concesión, la AMB perderá la credibilidad pues la lucha de los recién llegados Comunes puede desenmascarar que el AMB forma parte de la ofuscación, falta de transparencia, déficit democrático o cortina de humo que ahorra sustos a las élites. Mientras la guerra de los Comunes evoluciona, en la AMB los ERC, PP, CiU y PSC, estos socios de Gobierno de Colau, se miran el conflicto en la distancia prudencial de sus responsabilidades en muchas de las adjudicaciones millonarias a empresas privadas que pasan por sus manos en el feudo socialista de la AMB con Antoni Balmón como peso pesado. La pesada maquinaria del PSC y de los demás partidos y los puestos de trabajo que generan se alimentan de las relaciones de poder escondidas en las instituciones y las empresas privadas que acaban formando una masa donde nunca sabes exactamente donde empieza algo y termina la otra . El actual presidente de AGBAR, Ángel Simón Grimaldos, fue gerente del Área Metropolitana de Barcelona, ​​puesto por Pascual Maragall, desde 1989 a 1995. Hasta llegar a AGBAR su carrera profesional como ingeniero de Caminos ha sido en torno a la Área Metropolitana ligada directamente al aparato del PSC y en concreto Montilla también apostó por él. Cuando destapamos las cloacas de la AMB saldrá muy mal olor.

En ese momento Eloi Badia, concejal de BEC y vicepresidente de Medio Ambiente del AMB preguntaba en un debate organizado en octubre de 2018 por la Plataforma Agua es vida: «Si Agbar nos impugna el derecho a decidir, como podemos pensar que pueden gestionar un bien público? ». En este debate estaban presentes representantes de CUP, PDEcat, ERC y PSC que asentían con la cabeza. Delante de todos el regidor E.Badia afirmó que: «antes de privatizar cualquier servicio como la gestión del agua deberíamos preguntarnos si no puede asumirlo el Ayuntamiento. Las competencias las tenemos, no hacerlo es rehuir responsabilidades «. Las frases contundentes continuaron: «La discusión no es entre pública o privada, sino qué pública queremos«, afirmó Badia, para luego añadió: «Sobre todo, lo que queremos es asegurarnos de que sólo pagamos el agua y no los intereses ni el enriquecimiento de una empresa privada «(* 5).

El actual presidente de AGBAR, Ángel Simón Grimaldos, fue gerente del Área Metropolitana de Barcelona, puesto por Pascual Maragall, desde 1989 a 1995. Hasta llegar a AGBAR su carrera profesional como ingeniero de Caminos ha sido en el entorno del Área Metropolitana ligada directamente al aparato del PSC y en concreto Montilla también apostó por él. Cuando destapamos las cloacas de la AMB saldrá muy mal olor.

Las cuentas del expolio del OPERADOR DEL AGUA AGBAR a los barceloneses.

Según El Crític (* 6), el informe de Agua es Vida: «Implicaciones económicas para la ciudadanía como consecuencia de las graves irregularidades incurridas en la creación de la Sociedad de Economía Mixta del Agua por parte AMB «explica los costes ilegítimos incorporados en el recibo del agua que las familias tenían que pagar. Un total de 28,9 millones de euros ilegítimamente se repercutían a la nueva tarifa a pagar por la ciudadanía, a la cual hay que aplicar un 1,5% en concepto de tasa municipal y un 10% de IVA, lo que supone un gasto total adicional ilegítima de 32,4 M €.

Tras la creación de la Sociedad público-privada Aguas de Barcelona incorporó una deuda pública de 190 M € durante 10 años a un interés del 7,25% por la compra de unos activos que nadie había auditado y que el TSJC, además , va cuestionado. La responsabilidad de la clase política en el Área Metropolitana de Barcelona muestra su connivencia con Agbar para ayudarla al expolio de la ciudadanía. Para la creación de la empresa la AMB asume una deuda de 190 millones de euros (la diferencia entre el 10% de activos valorados y el 15%), en una clara estrategia de ingeniería financiera para aportar liquidez a la nueva empresa. Con esta finalidad se crea AB Finance, entidad financiera del mismo grupo empresarial que emite bonos en la bolsa de Luxemburgo por valor de 200 millones de euros. Estudios posteriores ratifican que la parte privada tiene una sobrevaloración de cuatro veces su valor real de activos, mientras que el valor de la parte pública está diez veces infravalorado. Esta incorrecta valoración afecta posteriormente al reparto de beneficios entre la empresa privada y la publica, en un claro perjuicio de la institución y de los cuatro millones de habitantes que consumen agua en la AMB.

Pero la indecencia aún va más lejos. La subcontratación de obras valoradas en 38,7 M € y trabajos de terceros en 18,9 M € han tenido un margen comercial del 19%, unos 10,9 M € más de beneficio de Agbar. Otros gastos como la lectura de contadores, laboratorio o gestión tributaria podrían estar en esta dinámica, tal y como alerta un informe de tarifas de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Con las reaperturas de los cortes en el 2014 se produjeron ingresos de 4,1 M € vinculados a la pobreza hídrica, ingresos que consideramos totalmente injustificados e inhumanos y que muestran una gran insensibilidad por parte de Agbar y la AMB. En definitiva: Beneficios privados por endeudamiento público y expolio a la ciudadanía.

En la mesa del Área Metropolitana de Barcelona se estaban haciendo todos estos tejemanejes ante Ada Colau y Eloi Badia con el agua. Si el TSJC suspendió la CONCESIÓN a Aguas de Barcelona por la manera burda de hacerla sin licitación, el Tribunal Supremo dice que se puede hacer una concesión sin licitación. Preguntas al equipo de Barcelona en Común en el Ayuntamiento:

  • Está bien que Ada Colau recuerde al Tribunal Supremo – TS-, totalmente desprestigiado hoy, que en 2016 todavía tenían un acuerdo con Agbar-La Caixa- Suez por el que les pagan a los magistrados bajo la excusa de cursos sobre el agua viajes y hoteles .
  • Pero, ¿por qué la alcaldesa no denuncia toda la colaboración de partidos y funcionarios de la AMB en el expolio que hace Agbar devorando presupuestos públicos y apurando bolsillos de la ciudadanía? (* 9). ¿Se llama lealtad institucional?
  • Algo pasa en la AMB cuando siendo ella presidenta de la AMB, ésta nos ha presentado recurso de casación en el TS contra la sentencia del TSJC que anula la concesión que es lo que necesita BEC para municipalizar el agua, ¿lo sabía verdad sra. alcaldesa?
  • El Tribunal Supremo ha cometido un error, legalizando de facto la concesión administrativa directa, en un intento de salvar Agbar y pagar prebendas de décadas. Ahora la alcaldesa si quiere tiene la posibilidad de hacer concesiones administrativas directas saltándose el portal de licitaciones públicas para dar a empresas públicas directamente la gestión de los servicios públicos cuando la infraestructura sea pública que no era el caso de Agbar que las ponía sobrevaloradas a la empresa mixta Aguas de Barcelona (* 10).
  • El TS pone como prueba que nunca en la historia de la ciudad ningún Ayuntamiento ni en el 1982 ni en el 96 se salió con la municipalización o expropiación de la infraestructura de agua de boca de Agbar. O sea, avala el expolio del agua de las élites a la ciudadanía durante décadas. ¿Tiene dinero del Ayuntamiento de Barcelona para la expropiación de la infraestructura de Agbar o lo hacemos por la vía directa de expropiación sin indemnización?
  • Si saben y han comprobado el papel del aparato del PSC de connivencia con las élites económicas, ¿por qué repiten socio de Gobierno ahora?

Mientras en España la costra franquista no nos la sacamos de encima incluso los Comunes deberían aprender de los conservadores británicos que momentáneamente han prohibido la figura de las empresas público-privadas en la contratación de servicios públicos. También parece ser que el Tribunal Supremo tampoco se entera.

y ahora la empresa de colaboración público-privada Habitatge Metrópolis Barcelona

Ada Colau, del intento de municipalizar el agua a la privatización del parque de vivienda pública de Barcelona

Hace más de dos años, exactamente el 24 de abril de 2017, que Ada Colau como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona presidió el Pleno del ente metropolitano que aprobó el documento: «Directrices de política metropolitana de vivienda 2016-2019 »(* 11) donde se recogen elementos básicos de lo que serán las políticas de vivienda del Gobierno municipal en el contexto del Área Metropolitana. Este documento traza las líneas maestras de las políticas de privatización del parque de vivienda público metropolitano que nosotros denunciamos en nuestras páginas hace medio año. Realmente nos sorprendió la profundidad neoliberal de las directrices para venir de las manos de Barcelona en Común en 2 años justos de ganar la alcaldía, así como, el silencio sepulcral de la maquinaria de los Comunes sobre estas políticas que las puede encontrar en el enlace anterior pero que muy resumidamente significan:

  • aceptación de la inversión de capital privado en la construcción y gestión posterior de la vivienda pública y social.
  • que hay elementos de restricción presupuestaria, es decir, se aceptan los dogmas neoliberales del rigor presupuestario.
  • se acepta que Habitatge Metropolis Barcelona funciona como una empresa donde debe haber beneficios a la actividad mercantil.
  • que como la actividad mercantil se puede ver afectada por la situación de vulnerabilidad económica de los inquilinos subvencionados se les obligará a firmar dos contratos: uno de alquiler y otra de buen ciudadano – un contrato social- que obligará a los inquilinos a seguir el control de un itinerario de reinserción. O sea que el derecho a la vivienda por los pobres existe siempre y cuando sean unos buenos ciudadanos.
  • El control del itinerario de inserción de los inquilinos otorga a los Servicios Sociales y las trabajadoras sociales el papel de policías sociales que los sindicatos rechazan como papel del Trabajador Social fiscalizador.

Este documento en el marco del Plan para el Derecho a la Vivienda 2016-2025 significaba la necesidad de financiación para construir vivienda social con una sociedad mixta denominada Habitatge Metròpolis Barcelona – HMB – que nos constituirá como sociedad accionarial público-privada. Esta financiación llega del Banco Europeo de Inversiones- BEI – sólo un mes después, en mayo de 2017 (* 12), con una línea abierta de crédito hasta 125 millones que tiene dos condiciones y dos consecuencias:

  • que debe haber colaboración público-privada, lo cual ya se había cocinado en la AMB en el último año con el documento de Directrices mencionado.
  • que el Ayuntamiento pone los otros 125 millones para conseguir el capital necesario para construir 23 promociones de pisos, es decir, 2.198 viviendas. Esto significa que el Ayuntamiento se endeuda por 250 millones y los activos inmobiliarios municipales son el colateral de los avales hipotecarios (suelo y viviendas). El socio privado que se buscará no es avalista hipotecario.
  • Los ayuntamientos en España, a diferencia de otros países europeos, no tienen capacidad fiscal recaudatoria sobre los grandes impuestos – herencia franquista-, los ingresos dependen en gran medida de la burbuja inmobiliaria y están ahogados por las políticas de estabilidad presupuestaria impuestas por la Troika comunitaria en la lógica de obligarlos a buscar el financiamiento de la banca privada. Dicho de otro modo, el Ayuntamiento de Ada Colau no tiene dinero líquido para pagar el costo de la vivienda social que necesita la ciudad.
  • Gerardo Pisarello, segundo teniente de alcalde, vende con bombo y platillos la concesión del crédito del BEI, que a diferencia del ICO español y del ICF catalán, lo disfraza como banca pública. Muy lejos de la realidad, el crédito hipotecario se paga al EURIBOR + 0’5 y los recursos del BEI se obtienen en los mercados internacionales de capitales con la emisión de obligaciones a 30 años. Las obligaciones son derivados financieros lo que significa que Barcelona en Común entra en la lógica financiera global (* 13).

El martes 16 de octubre de 2018, mientras pasa todo lo que hemos explicado en las instituciones, el regidor Eloi Badia, está explicando a un público enfervorizado la re-municipalización del agua en la ciudad de Barcelona con las contundentes frases que antes hemos señalado en azul explicando el expolio que ha supuesto para la ciudad la colaboración público-privada a través de la sociedad Aguas de Barcelona:

  • «Si Agbar nos impugna el derecho a decidir, como podemos pensar que pueden gestionar un bien público?».
  • «Antes de privatizar cualquier servicio como la gestión del agua deberíamos preguntarnos si no puede asumirlo el Ayuntamiento. Las competencias las tenemos, no hacerlo es rehuir responsabilidades ».
  • «La discusión no es entre pública o privada, sino que pública queremos».
  • «Sobre todo lo que queremos es asegurarnos de que sólo pagamos el agua y no los intereses ni el enriquecimiento de una empresa privada».

Podemos preguntar a Eloi Badia, que de nuevo es concejal de Gracia, del doble lenguaje contradictorio de Barcelona en ComúnBEC defendiendo la municipalización del servicio del agua en la ciudad y al tiempo privatizar la gestión de la vivienda pública creando un operador público-privado llamado Habitatge Metrópolis Barcelona donde seguramente el socio será una SOCIMI o una SL.

De la licitación pública, los Comunes se quejan de que muchas veces los contratos no se pueden adjudicar con criterios diferentes de economía social o cooperativa que no existe. Pues en el tema Vivienda tenemos el Consorcio de la Vivienda de Barcelona y un desaprovechado Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona -PMHB-. Preguntas a Eloi Badia y Ada Colau:

  • Piensan también disolverlos en la nueva empresa HMB para no tener duplicidades de servicios?
  • Si el mejor modelo demostrado de vivienda social es el de Viena donde funciona sólo como empresa pública, por qué no potenciamos el PMHB con un carácter más democrático y eficiente en Barcelona?
  • Se pueden imaginar los activistas del proyecto de barrio de vivienda pública de La Feria o La Vida gestionados por la Socimi Merlín Properties?
  • Conociendo el ejemplo Agbar, Habitatge Metròpolis Barcelona no puede más que acabar siendo un nuevo expolio. ¿Quiere ser BEC responsable de su puesta en funcionamiento?

Segundo portazo de las élites barcelonesas a Ada Colau al negarse a hacer vivienda social

En abril del 2019 la AMB por primera vez presenta la licitación para buscar contratistas privados «seducidos» por el proyecto HMB y no se presenta ninguna empresa. Impelidos por el fracaso de la convocatoria, el Ayuntamiento se vio obligado a una segunda convocatoria en julio mejorando la oferta seductora: poner sobre la mesa 52 solares públicos para dar garantías a los posibles socios privados y desatascar el proceso en el portal de licitaciones públicas (* 14). Por segunda vez, sólo una empresa Cevasa Patrimonio en Alquiler S.L. presentó una oferta poniendo condiciones que no estaban en el «Pliego de Condiciones para la selección de un socio privado para transformar HMB S.A. en una sociedad de economía mixta »(* 15).

Si miráis nuestro documento: Segundo portazo: el boicot de las élites barcelonesas a Ada Colau que se niegan a hacer vivienda social con el Ayuntamiento, veréis las condiciones económicas claudicantes que acepta la ciudad para privatizar el reducido parque de vivienda pública . Aún así las élites económicas han dado la espalda al proyecto. Esperan acaso que los Comunes, en la cámara de maduración de Área Metropolitana de Barcelona, caigan como fruta podrida en el suelo de la realidad?

Ada Colau debería dar un puñetazo sobre la mesa diciendo basta, tirando el proyecto HMB a la papelera y recomenzar uno de carácter totalmente municipal pues la vía de la concesión directa se la han regalado desde el mismo Tribunal Supremo. Recordemos la frase de Eloi Badia: «antes de privatizar cualquier servicio como la gestión del agua deberíamos preguntarnos si no puede asumirse Ayuntamiento. Las competencias las tenemos, no hacerlo es rehuir responsabilidades«. NO SE PUEDE APLICAR AL PROYECTO DEL PARQUE DE VIVIENDA PÚBLICA?

Ada Colau tiene un problema. Ha pasado un año y se le acumulan familias, 600 con #realojoDIGNOya y todos los ayuntamientos metropolitanos tienen el mismo problema.

Pasado un año y para entender la parálisis política en la que ha entrado el Área Metropolitana en el tema tan sensible de la vivienda hay que ver en perspectiva la burocracia de intereses cruzados entre las élites locales usureras, los Ayuntamientos incompetentes, el ahogo fiscal centralista de Madrid e incluso las imposiciones privatizadoras de los burócratas de la Unión Europea. Todo se concentra en el «PLIEGO de Condiciones» convertido en un farragoso documento técnico de 132 páginas – la letra pequeña -donde la burocracia esconde la usura privada, la incompetencia pública y el concepto o palabra vivienda digna ni se encuentra en el centenar largo de páginas.

Salva TORRES, activista de la Asociación para el Alquiler Público y Asequible- 500×20
25 de noviembre 2019


POSTDATA:

Este documento fue publicado inicialmente el 26 de noviembre del 2019. Nos ha costado traducirlo al castellano pero creímos que valía la pena. A fecha de hoy la privatización de la vivienda pública en Barcelona y área metropolitana ha empeorado. El proyecto aquí citado Habitatge Metropolis Barcelona ha fracasado sin que ni la AMB ni el Ayuntamiento hayan dicho ni mu ni tan siquiera por el cacareado crédito de 125 millones del BEI. No hay HMB en la ciudad. Lo que hay ya es mucho peor, mucho peor que la Ley Aragonés y toda la izquierda de orden calla.

Lo trataremos pronto en estas páginas


Notes:

  1. elagua.es, Cronología del Caso ATLL.
  2. La Vanguardia, Acciona cede los derechos de cobro del litigio de ATLL por 170 millones.
  3. el Crític, Quins són els contractes amb grans empreses que Barcelona en Comú no ha revertit?
  4. elcierredigital, La empresa gestora del agua de Barcelona paga 12 millones de euros anuales a su socio privado AGBAR por una tecnología que debería ser gratis.
  5. catalunyaplural, El agua en Barcelona: de una gestión irregular de Agbar a una posible municipalización.
  6. elcritic.cat, Sis anys de saqueig de l’aigua a Barcelona.
  7. aiguaesvida.org, Implicacions econòmiques per a la ciutadania com a conseqüència de les greus irregularitats incorregudes en la creació de la Societat d’Economia Mixta de l’Aigua per part de l’AMB.
  8. directa.cat, L’estafa d’Aigües de Barcelona.
  9. El Español, Malestar entre los técnicos del AMB por la inacción del PSC ante el poder de BComú.
  10. expansion.com, El Tribunal Supremo da la razón a Agbar y valida la legalidad de la empresa mixta del agua.
  11. Àrea Metropolitana de Barcelona, Directrius política metropolitana d’habitatge 2016-2019.
  12. web Ajuntament de Barcelona, El Banc Europeu d’Inversions aprova finançar amb 125 milions d’euros la construcció de 2.198 habitatges de lloguer públic.
  13. Parlamento europeo, Banco Europeo de Inversiones.
  14. gencat.cat,  Plataforma de Serveis de Contractació Pública, Selecció d’un soci per a la transformació d’HMB, SA. en una societat d’economia mixta.
  15. Àrea Metropolitana de Barcelona, Plec de Condicions per a la selecció d’un soci privat per a transformar HMB s.a. en una societat d’economia mixta (pdf).
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