¡Si las leyes están para cumplirlas estas han sido una tomadura de pelo!
El Pleno municipal de noviembre en el Ayuntamiento de Terrassa ha aprobado por unanimidad el Plan Local de Vivienda hasta el 2025. Hay actuaciones como las expropiaciones temporales del uso de viviendas vacías de grandes tenedores (+ de 1250 m2), el aumento de las sanciones a las viviendas en mal estado o vacíos y la Constitución de un Consejo Municipal de la Vivienda. Los elogios a las redes no se han hecho esperar en un municipio muy castigado por la crisis, que inició las multas a los pisos vacíos y que ha salido airoso en la remunicipalización del servicio del agua.
La música suena desde hace tiempo . Todo parece que la clase política se ha puesto las pilas aquí y allá para detener la violencia inmobiliaria contra las clases populares debido a que los inversores no ven otra salida para mover el dinero y repescar rentas aquí y allá que invertir en el sector inmobiliario y del alquiler lo que hacer crecer las burbujas de activos en las ciudades con más demanda. Sin ir más lejos, mientras Terrassa debatía sus medidas para garantizar la vivienda, Michael Hudson, un reconocido economista muy crítico de los EE.UU, iba a China invitado por las autoridades para aconsejar sobre la particular burbuja inmobiliaria del país donde miles de ciudadanos, bueno millones, se han endeudado en créditos para comprar viviendas pensando que siempre subirán de precio y ganarían dinero a costa del siguiente idiota que le alquilará el piso o quién sabe qué (*1). Esta música también lo hemos escuchado en casa muchas veces pues al actual ciclo inmobiliario los inversores son mayoritariamente – 87% de – personas físicas aunque en la prensa los titulares se los llevan los llamados fondos buitres como Blackstone.
El sector inmobiliario es entonces un foco de la inversión rentista mundial pues los intereses negativos del sistema de banca central han convertido la vivienda en un activo mucho más atractivo por los rendimientos que la mayoría de otras vías de inversión como son los intereses bancarios y los sectores productivos. Hoy la banca sólo hace préstamos especulativos con intereses de hasta dos dígitos a consumidores o emprendedores como autónomos vaciando sus bolsillos o mantiene su participación accionarial o inversora en los grandes grupos multinacionales o monopolio del estilo Agbar o Naturgy.
La causa de todo ello son las políticas monetarias de los bancos centrales para salvar los balances de la banca mundial y detener el fuego que provoca la expansión sin límite de la deuda mundial pues su negocio delictivo es precisamente expandir la deuda sin fin, causa última de todas las crisis financieras. Un ejemplo lo tenemos en nuestro país en la última época: El monstruo financiero generó la constitución de 11 millones de hipotecas en una década y la titulización de una buena parte de ellas en el 2012 suponía 0,5 billones de euros en el mercado de renta fija.
Muchas veces la buena voluntad de estos políticos cercanos a la ciudadanía suena como lo que los peperos del PP dicen de la izquierda: buenismo. Una buena voluntad de un pequeño Ayuntamiento perdido en la llanura vallesana luchando contra gigantes venidos de todas partes. Se puede ver la botella medio llena o medio vacía pero esta música de los buenistas que suena hace tiempo ha terminado en vía muerta en Barcelona que, con un presupuesto multiplicado respecto de Terrassa, amontona cientos de familias en pensiones, resultado de los lanzamientos judiciales, sin visos que nada vaya a cambiar en la nueva legislatura de Pedro Sánchez. Pues su administración estatal y la de la Generalitat son las principales responsables de la parálisis política de una década ante el drama de casi 600.000 desahucios en España y 95.000 en Cataluña que son los daños colaterales de la inestabilidad de los negocios delictivos de las élites financieras globales.
Quizás SÍ que el buenismo hace que unos miles de familias respiran hasta el próximo agravamiento de la crisis que está al caer cuando la vivienda se lleva con los servicios básicos (agua, gas, luz …) más del 50% de las rentas familiares. Nosotros le decimos expropiación financiera y rentista. Quizás SÍ que la botella está medio llena pero los datos en Cataluña de la violencia inmobiliaria se mantienen constantes desde hace una década a pesar de las leyes catalanas del Derecho a la Vivienda de 2007 y la de Emergencia Habitacional 24/2015.
La Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 fue un ejercicio hipócrita de la clase política catalana ante la furibunda violencia de las leyes universales de los mercados a la crisis global
En el marco previo al estallido de la inestabilidad financiera mundial mencionada y los efectos colaterales que tendría sobre las clases populares, las promesas que establecía en su articulado la Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 – LDHC- (* 2) suenan a un ejercicio de parlamentarismo para justificar sueldos y prebendas:
Articulo 2. Finalidades. Les finalidades de aquesta ley son:
a) Hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y adecuada, …
b) Establecer criterios para asegurar la coherencia de las actuaciones públicas y privadas de promoción y rehabilitación …..
c) Garantizar que las viviendas ……….. cumplen los requisitos de calidad….
d) Impulsar la conservación, la rehabilitación, la reforma y la renovación del parque de viviendas.
e) Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas ………….
f) Promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la vivienda…
g) Alcanzar una oferta significativa de viviendas destinadas a políticas sociales, centrada especialmente en las diferentes modalidades de viviendas de protección oficial…
Podemos afirmar con rotundidad que ninguna de las finalidades de la ley LDHC se ha cumplido y más bien han agravado los problemas en los últimos 12 años como era de esperar porque nunca se abordaron las causas:
- Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Ni la Agencia Catalana de la Vivienda ni ningún municipio garantiza el derecho efectivo a la vivienda por reclamación administrativamente del ciudadano. En 2019 había 134.655 hogares que solicitaban una vivienda asequible en Catalunya.
- Garantizar que las viviendas ………..complen los requisitos de calidad…… Los inquilinos se han encontrado impotentes para denunciar las irregularidades manifiestas de los arrendatarios en el mercado libre de alquiler y el fraude en las fianzas las cuales son responsabilidad esencial de la Agencia Catalana de la Vivienda..
- Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas … La llegada de la crisis hipotecaria muestra los límites de la apuesta de los principales partidos catalanes por “la sociedad de los propietarios del franquismo” como método de acceso a la vivienda. El terrorismo financiero de las entidades bancarias usando la pistola de las cláusulas abusivas para expropiar las viviendas de los hogares tiene como única respuesta política la creación de Ofideute que es una oficina claudicante a los intereses financieros pues la única alternativa que ofrece es la entrega voluntaria extrajudicial de la vivienda que maximiza los beneficios bancarios. Nunca se ha ofrecido asesoramiento siguiendo los criterios de las directivas europeas y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las cláusulas abusivas impuestas a los consumidores de hipotecas.
- Alcanzar una oferta significativa de viviendas destinadas a políticas sociales, centrada especialmente en las diferentes modalidades de viviendas de protección oficial. Hay que resaltar el objetivo, de la LEY 18/2007 del derecho a la vivienda, que en el plazo de veinte años (2027) el 15% de las viviendas principales existentes sean viviendas destinadas a políticas sociales. Si entendemos políticas sociales como parque público de alquiler asequible la realidad es que a falta de 7 años para finalizar el plazo el parque público de vivienda no sólo no ha aumentado sino que continúa en el mismo porcentaje: 1,5 %. Además hay que denunciar una vez más la venta por el Consejo Comarcal del Barcelonès por 18 millones de euros entre el 2013-14 de un total de 298 viviendas en Colón Viviendas del grupo Goldmann Sachs con nocturnidad y alevosía hasta que nuestra Asociación lo denunció con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona-FAVB.
Nunca tuvieron presupuestos dignos en los Gobiernos catalanes para implementar lo que escribían en sus leyes y en los relatos que vendían a la opinión pública. En realidad, las grandes partidas de los presupuestos catalanes estaban hipotecadas para asegurar los intereses de las élites catalanas, españolas y europeas. - Erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la vivienda… España es el país europeo que más dinero ha gastado en políticas de vivienda para favorecer los negocios de la banca, las promotoras y los arrendadores: 70.000 millones de desgravaciones a la vivienda habitual en 3 décadas y 100.000 millones de elusión fiscal a las rentas inmobiliarias sólo en el periodo 2004-14 en el IRPF y el Impuesto de Sociedades junto a miles de millones en regalos de suelo público y ventajas en la promoción de la VPO de venta. Los partidos catalanes que avalaban estatalmente estas cifras en Catalunya no movían un euro por un parque de vivienda social, discriminaban profundamente las rentas salariales y eliminaban las ayudas fiscales a los inquilinos..
La llegada en 2011 de CiU a la Generalitat y la Ley Omnibus ultraliberal no quita responsabilidad de los incumplimientos políticos que recaen sobre todos los partidos del arco parlamentario de la época pero especialmente sobre los Gobiernos de Artur Mas y los partidos de la Transición como PSC y PP pues mientras aprobaban leyes y normativas estatales que preparaban el asalto de las grandes entidades financieras a las cuentas públicas y los hogares endeudados, en Catalunya, aprobaban la ley del Derecho a la Vivienda de 2007 que era un ejercicio de hipocresía que ocultaba el verdadero relato de los acontecimientos posteriores.
Los principales frentes de la Ley Omnibus del Gobierno Artur Mas contra la LDHC fueron limitar las reservas de suelo para vivienda de protección oficial, desactivar la expropiación temporal de viviendas vacías o eliminar la incompatibilidad de un segundo piso para las personas que tienen uno protegido, entre otros aspectos. Por lo tanto, el mundo convergente ya se alineaba contra medidas como las actuales del 30% de reserva de nuevas promociones del Ayuntamiento de Ada Colau, todas de venta VPO, aunque hoy esta renovada medida de los Comunes no ha tenido todavía ningún efecto en incrementar el parque de alquiler asequible ni de VPO de venta. También el Gobierno de Artur Mas se alineó en 2011 contra la expropiación temporal de los pisos vacíos que luego aprobó el 2015 que a su tiempo se recorrida por Mariano Rajoy. El tema del segundo piso fue una nueva concesión a los promotores de CiU para incrementar las segundas residencias VPO destruyendo parajes singulares de la geografía catalana.
El 14 de diciembre de 2017 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona se celebró un debate sobre el “mejorable” futuro mejorable de la Ley del Derecho a la Vivienda que recoge en simple lectura la impotencia política para hacer frente a la violencia inmobiliaria enmascarando 10 años después de su aprobación la cruda realidad con tecnicismos (*3). Es mentira como dicen que la problemática de la vivienda es muy compleja. Cuando se trata de favorecer por activa o pasiva a los de siempre, siempre hay una ley y una norma disponible.
Catalunya representando un 17% de la población del país soporta el 20% de las ejecuciones hipotecarias estatales, el 25% de los desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 20,5% de los lanzamientos judiciales y un 25% de los juicios por ocupación ilegal desde que existen datos
Cataluña es la comunidad con más violencia inmobiliaria de España.
Si la música sonaba bien o las declaraciones grandilocuentes sobre el derecho a la vivienda prendían en la ciudadanía, el verdadero relato de miseria y violencia inmobiliaria se encuentra en las cifras. Los datos del sector inmobiliario en España siguen siendo un misterio en cuanto a derechos humanos se refiere pero no en cuanto se trata de medir lo que las élites han decidido que es importante. Así la colección de datos sobre ejecuciones hipotecarias arranca con facilidad desde el 2007 pero no así sobre desahucios de alquiler o ocupaciones de viviendas. Parece ser que hasta 2013 los lanzamientos de inquilinos o hasta el 2018 las ocupaciones no entraban en las preocupaciones de las autoridades. Y los datos muestran lo que dice el titular: Cataluña está a la cabeza en ejecuciones hipotecarias, de alquiler, ocupaciones y lanzamientos judiciales (desahucios) dentro de la media nacional:
La ley “fue una revolución“, asegura Juli Ponce- catedrático de Derecho a la UB (*4) – en una entrevista a los 10 años de la aprobación de la LCDH de 2007. Las cifras del Consejo General del Poder Judicial muestran una imagen dantesca más cercana a la realidad de la persistente inestabilidad financiera global. ¿Viven las élites locales y las clases populares en nuestro país en dos mundos paralelos?
Catalunya representando un 17% de la población del país soporta el 20% de las ejecuciones hipotecarias estatales, el 25% de los desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 20,5% de los lanzamientos judiciales y un 25% de los juicios por ocupación ilegal desde que existen datos. Las cifras muestran que desde la aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda del 2007 la violencia inmobiliaria se disparó en Catalunya. Y ya en el 2015 estaba claro que dicha ley había sido laminada por los efectos de la crisis financiera de 2007 y habría que llevarla al taller para ver cómo la esfera financiera, económica, fiscal y presupuestaria la bloqueó desde su inicio. En términos deportivos, no estaba preparada para el terreno en el que debía competir. Algunos en 1917 le llamaban parlamentarismo burgués inútil.
si se miran las cifras de la violencia inmobiliaria en Cataluña se muestra claramente como la entrada en vigor de la ley 24/2015 no afecta a la máquina de terror del Juzgados triturando sueños de las clases trabajadoras ..
El bienintencionado mundo de la emergencia habitacional de la Ley 24/2015 no existe.
Si se miran las cifras de la violencia inmobiliaria de la tabla se muestra claramente como la entrada en vigor de esta nueva ley en 2015 no afecta a la máquina de terror del Juzgados triturando expectativas y sueños de los hogares de las clases trabajadoras. Precisamente el 2018 se llega al pico de lanzamientos judiciales en Catalunya desde el inicio de la crisis: 15.787 desahucios (20% estatal). EL DOGC del 5.8.2015 publicaba la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética aprobada en el pleno del Parlament de Catalunya del 23 de julio de aquel año como la Ley 24/2015 (*5).
La 24/2015 que venía de una iniciativa legislativa popular de algunos movimientos sociales y Plataformas de Afectados por la hipoteca pasará de lado, sin cuestionar nuevamente, el papel de la banca y el control privado del crédito para dirigirse a dulcificar sus efectos más cercanos a lo que parecería un desastre natural – emergencia– que como causa de decisiones humanas conscientes en el mundo de las finanzas. Como en 2007, los parlamentarios catalanes y los movimientos sociales una vez más ¿olvidaban? la esfera financiera del capitalismo y no explicar la verdad a la gente los hace cómplices de la ofuscación del verdadero motor de la expropiación financiera. Nosotros tildamos ya en 2015, y con benevolencia, a la ley: “se aplica en un mundo irreal” o un brindis al Sol de todo el arco parlamentario regalado por los movimientos sociales.
Se trataba -como decía Ada Colau activista- de la dación voluntaria al banco de la vivienda familiar para saldar deudas o de una ley de segunda oportunidad, pero en ningún caso la ley 24/2015 pone en duda el estatus quo de los negocios los grandes tenedores y banca allá donde se quería aplicar, y en realidad, sólo intenta paliar sus consecuencias “evitando” el drama de los lanzamientos. No lo conseguirá: 2018 es el año con más desahucios. En ese momento crítico se ahorró la explicación a la opinión pública que la crisis financiera es inherente al sistema de Banca privada generadora de dinero del “puro aire“, es inestable por naturaleza y no hay acuerdos de Basilea que puedan detener el crecimiento espectacular de la deuda pues el negocio bancario consiste precisamente en expandir la deuda ficticia en el mundo real para confiscar la riqueza de todos.
De hecho, nosotros afirmamos que la crisis hipotecaria nace de un golpe de estado orquestado entre el BCE y la banca privada por un lado para eliminar competencia y por otro lado confiscar con el argumento de la subida de tipos – EURIBOR- las viviendas de la hogares más endeudados. Es el golpe de estado de la banca central que a Europa se le llama Tractado de Maastrich. Así, los partidos catalanes que firman con una mano la Ley 24/2015 para dar solución a la emergencia habitacional (eufemismo de violencia inmobiliaria) firmaban con la otra mano la “reestructuración bancaria”, con la creación del FROB (para avalar públicamente los pasivos de la fallida bancaria) y de la Sareb (para malvender las viviendas expoliados a las familias que habían pagado con creces por encima del valor de venta a los buitres) mientras se les negaba el derecho de tanteo y retracto.
24/2015, art.5. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda // el alquiler social tras una ejecución hipotecaria en hogares vulnerable
En Catalunya la puesta en marcha de la 24/2015 permitió, una vez perdida la vivienda, que sólo los hogares en situación de vulnerabilidad recibían la benevolencia de las entidades financieras firmando un acuerdo de alquiler social, sobre el que había sido su vivienda subastado, gracias a la aplicación del artículo 5. En esta operación colaboran los Ayuntamientos, Ofideute y los mismos juzgados otorgando con el aval público carta de legitimidad a la confiscación de la vivienda por la Banca ahogando la contestación social.
No es muy diferente todo ello que los acuerdos extrajudiciales con los bancos para entregar la vivienda a cambio del resto de la deuda, operación llamada dación en pago, de una deuda ficticia generado del puro aire pues el banco no arriega nada suyo en la operación y se queda con la vivienda que es la única cosa que tenia valor sumándolo al trabajo de los deudores.. No hemos encontrado datos totales pero si parciales: entre 2012 a 2015 se produjo un total de 58.034 daciones en pago de vivienda habitual, según el Banco de España, donde la familia se veía obligada a buscarse la vida en la calle.
En contraposición a las supuestas soluciones que ofrecía la Ley 24/2015 o la dación de la vivienda al banco reivindicada por la dirección nacional de la PAH, muchos de los hogares que no dudaron en resistir a las viviendas en guerra judicial con ayuda de las sentencias del TJUE hoy todavía están en su casa con ejecuciones anuladas o mantienen la propiedad jurídica gracias muchas veces a valientes abogados. También aquellas que perdieron la vivienda en la subasta pero mantienen la posesión, desde 2013 hasta la fecha más de 50.000 hogares vulnerables, pudieron pedir la moratoria de lanzamientos de Guindos, ministro del PP, y aún hoy disfrutan de su vivienda sin haber pagado nada, la deuda pendiente será discutible y aún podrían exigir un alquiler social de 7 años si llegan a perder la posesión de la vivienda.
En todo este marco de la crisis hipotecaria se ha producido una situación judicialmente inverosímil cuando los bancos ejecutaban las garantías hipotecarias con la absoluta benevolencia de los Juzgados pues aún se estaba produciendo una injusticia más. La entidad financiera se presentaba en el juzgado como legítima titular de la garantía hipotecaria cuando en realidad la había vendido a un fondo de titulización. ¡Se la había sacado de balance para reiniciar el ciclo de la deuda y hacer más grande la burbuja!. Los deudores que quisieron usar esta magnifica herramienta judicial de la falta de legitimidad activa de los bancos para ejecutar las garantías se encontraron en los juzgados con “la obtusa oposición ignorante” de unos jueces y magistrados que sabían de leyes pero que desconocían los laberintos de las altas finanzas. Y los que de manera paciente desde 2014 explicaron a los deudores la complejidad de esta herramienta financiera de la titulización hipotecaria, como el motor de la burbuja crediticia, nos encontraron también con la desautorización de la dirección nacional de la PAH (*6).
Pero la 24/2015 escondía aún más sorpresas: hoy los propietarios y subasteros de aquellas viviendas expropiadas se niegan a renovar contratos de alquiler social. Sencillamente la ley 24/2015 no dice que se renovarán automáticamente los contratos sociales pues entonces estaríamos hablando de contratos indefinidos a la práctica y esto no lo dice ni 24/2015 ni la LAU. Mientras “los avalistas de la ley” callan sus debilidades, los miles de inquilinos llegan a nuestras entidades abatidos porque no entienden el porque el que fue su banco o fondo buitre ya no quieren renovar el contrato. Y es que la 24/2015 sólo exige un contrato social mínimo de 3 años en el referido artículo 5, punto 7 letra c. Aunque en honor a la verdad, debemos decir que muchos ayuntamientos están consiguiendo algunas renovaciones de las entidades financieras en el cada vez más residual parque en propiedad que tienen las entidades financieras, ¡se lo están vendiendo!
El artículo 5 de la emergencia habitacional se ha deshecho como un terrón de azúcar en el café caliente. Las entidades financieras, los grandes grupos inmobiliarios y fondos de inversión se están toreando la 24/2015 de muchas maneras. Por ejemplo, han aprovechado las herramientas que les da la libertad económica para crear sociedades mercantiles con un suelo propósito: sortear el volumen de superficie habitable para ser considerado gran tenedor. Para ello constituyen muchas sociedades con un capital social de 3.000 € pero si luego te fijas con el consejo de administración salen todos los nombres importantes repetidos. Cuando un desahucio llega a los juzgados acaba siendo muy complicado decidir si la entidad cumple los requisitos para ser considerado un gran tenedor teniendo en cuenta que recae sobre ella la responsabilidad y muchas veces los nombres de estas sociedades se han vuelto indescifrables para la mayoría los mortales. El párrafo del artículo 5 punto 1 de la ley dice: “El deber de comprobar estas circunstancias recae sobre el adquirente, que deberá requerir previamente la información a los afectados.” queda tan diluido que hace difícil el escrutinio público o del afectado.
Un ejemplo de ello es el caso descubierto por las compañeras de la Asamblea del barrio de Sants en torno de la Campaña Trenquem Talisman Capital, un fondo de inversión domiciliado en la calle Pedro TEIXEIRA 8 de Madrid donde tienen la misma sede social un total de 16 empresas, con nombres inverosímiles, constituidas con un capital social de 3000 €, casi todas al mismo tiempo, etc que compraron 450 viviendas que fueron subastadas y adjudicadas al Banco Malo (Sareb) con un valor bruto de 70 millones €.
en ningún caso la ley 24/2015 pone en duda el estatus quo de los negocios los grandes tenedores y banca donde se quería aplicar, y en realidad, sólo intenta paliar sus consecuencias “evitando” el drama de los lanzamientos. No lo conseguirá: 2018 es el año con más desahucios
24/2015, art.7. Medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles de alquiler // viviendas vacías de los grandes tenedores
El artículo 7 aún no lleva un año de vigencia pues al igual el art.5 fueron recurridos por el Gobierno del PP y suspendidos por un Auto del Tribunal Constitucional de Recurso de inconstitucionalidad que lo tuvo en suspensión hasta el 02/21/2019 cuando la Sentencia núm. 13/2019 del Tribunal Constitucional desestimó los recursos de inconstitucionalidad parcialmente. Esto ha hecho que esta norma ya no tendrá tampoco tiempo ni siquiera de endulzar el mayor escándalo financiero en Cataluña que supuso la venta de más de 100.000 hipotecas sub-prime de Caixa Catalunya al fondo inversor Blackstone. Después de 5 años gestionando con Anticipa la cartera de activos, Blackstone ha dado órdenes a “Bank Of America” de vender los restos del naufragio de la entidad que fue dirigida por el socialista Narcís Serra (*7). Cerrar esta nueva operación puede suponer un agujero de 546 millones de euros al FROB que se suman al expolio de 100.000 hogares catalanes -¡100.00 viviendas !!! – y todos los gastos asumidOs por los Ayuntamientos para endulzar con la 24/2015 el sufrimiento social de la expropiación financiera.
El morbo de la operación Catalunya Banc CX tiene dos hitos. Primero la constitución totalmente irregular del fondo de titulización FTA2015 donde fueron a parar las más de 100.00 hipotecas de la popular caja. Blackstone compró el 100% del FTA2015 que tenía tantas irregularidades que la CNMV – la misma CNMV! – le negó un código ISIN de validación internacional. A los deudores no solo se les negó el derecho de tanteo y retracto sino que tuvieron que ver como la misma Catalunya Caixa continuaba con las ejecuciones de las hipotecas tras haberlas vendido a Blackstone. Y si en los juzgados y Audiencias se esgrimía falta de legitimación de CX, hecho evidente por la TITULIZACIÓN DE TODOS SUS ACTIVOS en el FTA2015, ahí estaban jueces y magistrados para negar que existirea venta y con argumentación surrealista fabricada ad-hoc en la Audiencia Provincial de Barcelona despachar la ejecución de la familia afectada. A todo ello, la dirección oficial de la PAH desautorizando la titulización como herramienta de defensa mientras reclamaba la entrega voluntaria de las viviendas a los bancos como gran solución – la dación en las 5 de la PAH -. Los afectados lejos de conocer los entresijos descabellados que estamos explicando no alcanzaban a entender como tiempo después en el sumun de irregularidades judiciales y procesales Anticipa, la gestora de Blackstone, no había hecho ejecuciones hipotecarias, y era evidente: ¡porqué no tenían derechos reales sobre las hipotecas del FTA2015! Lo que hacían eran compra-ventas disfrazadas de daciones en pago para reducir exposición y endosar pérdidas al FROB. No nos extraña que en la última visita de Pedro Sánchez en Nueva York se entrevistara con los directivos de Blackstone por el tema de la seguridad jurídica. Tranquilos está todo atado y bien atado … ¡por hoy!.
El siguiente hito es el asalto a la que fue la sede de la Caixa icónica catalana por el grupo de buitres hambrientos congregados entorno el cadáver: el antiguo edificio de CatalunyaCaixa en la calle Roure 6-8 del Prat del Llobregat se ha convertido en la sede de todas las sociedades que han intervenido en el expolio del banco. Y perdonen los lectores el símil caníbal y moralista. Sólo hace falta que hagan una búsqueda en internet, encontrarán varias decenas de empresas que crean una espesa red societaria entorno del pastel: los más de 100.000 créditos hipotecarios comprados en un solo paquete del fondo de titulización FTA2015 provenientes de la quiebra de Caja Catalunya que fueron comprados desde el paraíso fiscal de Luxemburgo. Algunas de las organizaciones sociales y pah que llevaron adelante la 24/2015 han estado concentradas ante la sede de Anticipa en la calle Roure y como los honorables diputados del Parlamento de Cataluña que aprobaron la 24/2015 saben perfectamente de que hablamos y si lo ignoran todavía sería peor. En la calle Roure encontraremos BBVA que absorbió por 1 euro a la CX, Anticipa, Blackstone que de su parte es accionista del Santander y este de Blackstone, etc … (algunos nombres de empresas en la calle Roble del Prat del Llobregat. – * 8). ¡Nada más que añadir!
Pero no es sólo el grueso de las viviendas de Blackstone, que en tierras catalanas suponían unos 80.000 viviendas, el conjunto del expolio del sistema bancario español ha llevado a las entidades ganadoras a limpiar balances vendiendo durante este años de vigencia de la 24/2015 toda la morralla inmobiliaria que aún mantenían en balances: más de 200.000 millones de euros. Los activos inmobiliarios han sido comprados mayoritariamente desde paraísos fiscales, con la aquiescencia de la troika Comunitaria, el BdE y el BCE, por fondos de inversión que utilizan sistemas de camuflaje para saltarse cualquier norma nacional o la 24/2015, distribuyendo las viviendas en decenas de sociedades mercantiles ad-hoc, a 3.000 euros unidad. Y cuando no las viviendas han ido a parar a subasteros organizados que llenan los juzgados- virtualmente- para desplumar al primer deudor que pillan y claro como son personas físicas no se les aplica la 24/2015. Y en el camino el derecho de tanteo y retracto de los antiguos deudores ha sido conculcado.
Tal es el grado de derrota de la Ley de Emergencia Habitacional que la cesión de las viviendas es un tortuoso proceso “contradictorio”, como él mismo dice, donde la Administración debe conseguir declarar el piso vacío y después conseguir la cesión. Los procesos de reventa de activos de la Sareb y de la banca no hace sino complicarlo todo hasta hacerlo inoperativo. El artículo 7 de la ley 24/2015 es totalmente inoperativo y ha fracasado.
Incluso, las tasas a las viviendas vacías ideadas por algunos ayuntamientos como el de Barcelona con el empuje de los Comunes han quedado anuladas por el Tribunal Supremo con la peregrina excusa de que no son de su competencia (*9). Esto no ha impedido que después de 4 años de vigencia del artículo 7 de la Ley 24/2015 se ha podido aplicar a un piso – ¡UN PISO!- de Barcelona propiedad del BBVA la cesión por 10 años. Es el primer caso y muestra las dificultades que la legislación para llevar a cabo cesiones de uso obligatorias (*10)
Sin presupuesto ni debate sobre fiscalidad ni sobre el mercado del alquiler
Ninguna de las dos leyes comentadas tuvieron un presupuesto asignado ni había voluntad. El mismo consejero Santi Vilà, del Gobierno Mas, en el que se aprueba la 24/2015, reconoce que para empezar a aplicar la ley se necesitaban 800 millones de euros que se disolvieron en la crisis catalana del derecho a decidir del 2017. Pero como el presupuesto es inherente las políticas fiscales éstas también lucieron su ausencia a los debates de la 24/2015 que no pone en duda un sistema fiscal profundamente injusto y clasista, pues los trabajadores y las clases populares sustentan el peso de la recaudación fiscal del estado español.
También una vez más la Ley 24/2015 deja de lado que la mayor parte de los desahucios se producen en el mercado libre de la LAU donde son mayoría (85%) los arrendadores con menos de 1250 m2 en propiedad tanto sean personas físicas o jurídicas ( 9.685 LAU sobre 13.754 lanzamientos judiciales en Catalunya en el año 2015). A pesar del enorme agujero fiscal que suponen las exenciones y desgravaciones a los arrendatarios nadie levanta la liebre pues el recurrido argumento del abuelo que complementa la pensión con el alquiler da para mucho. Una consecuencia de todo ello será la ocupación masivo de viviendas de los bancos para familias desesperadas que quieren asegurarse un alquiler social aunque no tengan ninguna obligación..
En todo este análisis de los llamados fondos buitres hay demasiada “moral” como si los inversores que hay detrás de estos monstruos tuvieran alguna, de hecho el capitalismo no tiene moral, si encontráis alguna quizás hay UN CAPITALISMO BUENO Y OTRO MALO
Necesitamos un nuevo ciclo de luchas por el derecho a la vivienda frente al capitalismo financiero
Seguramente, visto lo visto, necesitamos algo más que una reforma aquí o allá. Es todo “el sistema” que funciona como un lobby para facilitar los intereses del capitalismo financiero que como un cáncer se extiende por todo el tejido social creando servidumbres en el Colegio de Arquitectos, de Abogados, a los magistrados, a los registradores, los notarios y la clase política.
Posiblemente para nuevas reformas legislativas tendremos que tomar nota de todo lo que ha pasado en el mundo de las finanzas internacionales respecto del fracaso de los leyes catalanas de la vivienda. Su alcance se ha agotado antes de funcionar y todos los actores eran conscientes de que estaban engañando al personal. El reciente Congreso de Vivienda de Catalunya careció nuevamente del análisis del papel del capitalismo financiero en la historia reciente del derecho a la vivienda de nuestro país y el debate de las políticas fiscales quedó marginado por los fondos buitres omnipresentes. En todo este análisis de los llamados fondos buitres hay demasiada “moral” como si los inversores que hay detrás de estos monstruos tuvieran alguna, de hecho el capitalismo no tiene moral, si encontráis alguna quizás hay UN CAPITALISMO BUENO Y OTRO MALO, Todo ello dificulta la comprensión del mundo en el que vivimos y si la lucha es importante más lo es dirigirla en el buen camino para no repetir errores del pasado. Aunque aprender de los errores es importante aún lo es más reconocerlos. Si no lo hacemos estamos haciendo un fraude y como dice la sabiduría china: quien no sabe contra quien lucha, no puede vencer!
Salva TORRES, activista de l’Associació pel Lloguer Públic i Assequible-500×20
2 de desembre del 2019
Notas
- Michael Hudson, Keiser Report: Trump: Easy to read.
- Portal Jurídic Gencat, LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- barcelona.cat – Habitatge i drets socials, Els escenaris de futur de la Llei del dret a l’habitatge.
- barcelona.cat – Habitatge i drets socials, La Llei de l’habitatge deu anys després: una mesura pionera aplicada parcialment.
- Portal Jurídic Gencat, LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
- Plataforma Afectados por la Hipoteca, Sobre titulizaciones: ahora habla la PAH.
- el confidencial, Blackstone cierra un ciclo en España: liquida su ‘herencia’ de Catalunya Banc.
- Albirana Properties Socimi, Tourmalet Propco Investment 2015 Socimi, Tourmalet Propco Investment 2015 2015 SL, Patriot Propco S.L, Alcmena Midco SÀRL, Anticipa Real State, Empire Real State Spain, Albirana Socimi, Catalunya Caixa Inmobiliaria, Catalunyacaixa Serveis SA, Hola Pisos, GESCAT LLOGUERS SL, Budmac Investments Sl, ISMENE PROPERTIES 2019 SA, VEVIT INVESTMENTS 2016 SL, Conita Investments Sl, Treamen investments sl, Naya Real Estate Spain SL., etc
- Idealista.com, El Supremo anula la tasa a las viviendas vacías ideada por Colau en Barcelona.
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2 comentarios en «Las leyes catalanas del Derecho a la Vivienda de 2007 y la de emergencia habitacional 24/2015 han sido papel mojado.»