¿De verdad están por el derecho a la vivienda?

Hoy me llega la noticia de esta iniciativa aparentemente en pos del derecho a la vivienda. Pero tras leerla detenidamente descubro con indignación que se trata justo de lo contrario, de una iniciativa en contra del derecho a la vivienda convenientemente disfrazada, de otro lobo con piel de cordero. Unas son contrarias al derecho a la vivienda por tibias y otras por estar abiertamente en su contra.

La primera de las medidas sería permitir a las Administraciones Locales regular los precios abusivos de alquileres cuando comprueben incrementos desmesurados las rentas. Leyendo de pasada sin prestar mucha atención suena bastante bien, pero la realidad es que simplemente nefasto. En este país se paga un elevado sobreprecio por la vivienda y por tanto, el objetivo debería ser cambiar la leyes para cambiar la situación del mercado de la vivienda de modo que los precios se ajustarán a valor de la vivienda. De esto nada dice la medida. De hecho en ella se acepta con ello esta situación del pago generalizado de un elevado sobreprecio por la vivienda. Las Administraciones Locales solo podrían intervenir cuando comprobaran incrementos desmesurados de los precios, pero para reducir los ya muy elevados sobreprecios a su valor real. Pero esta medida ni siquiera impediría la continua alza de los precios del alquiler pues solo se podría intervenir cuando el incremento fuera desmesurado, pero no cuando el el incremento fuera el normal en comparación con el incremento de precio en el resto de viviendas y recordemos que lo normal es la continua alza de los precios. Pero es que ni siquiera nos asegura que se atajasen estos incrementos desmesurados en comparación con los incrementos normal, pues además deberían tener la consideración de abusivos, por tanto, podría haber incrementos desmesurados que no se considerasen abusivos y no se impidiesen. En resumen, esta propuesta ayuda a sus autores a quedar muy bien pareciendo muy buenos samaritanos, pero de ponerse en práctica no ayudaría a satisfacer el derecho a la vivienda sino a que se siga empleando la vivienda como medio de explotación.

La segunda medida es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ahí vamos muy bien porque LAU es la clave en el uso de la vivienda como medio explotación. Cuando los poderosos del sistema decidieron que emplearían la vivienda como medio de explotación de la población y trazaron su plan para ello, como medida fundamental modificaron LAU del año 1964 para incrementar los precios de los alquileres, primero con el decreto Boyer del año 1985, después con la LAU de 1994 y por último con la reforma de esta del 2013. Cuando los precios de los alquileres ya eran suficientemente elevados resultaba sensato el pensar que alquilar era tirar el dinero porque por la misma cantidad mensual o incluso por menos se podía adquirir una vivienda hipotecándose. Había comenzado la segunda fase del plan de explotación mediante la vivienda. Sin la reforma de la LAU no se hubiera dado, no hubiese existido burbuja hipotecaria. Así que parece más que lógico de cajón una reforma de LAU para revertir el camino, bajar el precio de los alquileres hasta su valor real, acabar con la burbuja hipotecaria, acabar con la explotación y satisfacer por fin el derecho a la vivienda de la población.

Pero no es esta la reforma que nos propone esta iniciativa, sino modificar los procedimientos arrendaticios para dotar en él a los inquilinos de una mejor posición procesal para defenderse. Es cierto que el procedimiento arrendaticio ha sufrido en los últimos años reformas en favor de los arrendadores y en contra de los arrendatarios. Pero no ha eliminado el derecho a la defensa de estos. Con el actual procedimiento arrendaticio el inquilino sigue manteniendo mecanismos procesales de defensa efectivos. Se dice que se quiere permitirles a los inquilinos oponerse al desahucio, dando a entender falsamente que ahora no puede hacerlo cuando no es así, actualmente el inquilino puede oponerse al desahucio. El problema es que si no tiene dinero para pagar la renta, no le sirven de nada, porque no los va a emplear. Dotar de más y mejores mecanismos procesales  de defensa no le servirá de nada, si no tiene dinero para pagar la renta. De lo que se trata es de que los inquilinos puedan pagar las rentas y eso se consigue bajando los precios del alquiler a su valor real. De que serviría una mediación previa preceptiva a la demanda, si el inquilino no puede pagar el alquiler, ¿para alargar la agonía e incrementar la deuda del inquilino con el casero?

Esta iniciativa pretende alargar la duración de los contratos. Y ahí de nuevo ponen el dedo en la llaga, pues la duración de los contratos de alquiler es la clave de que la vivienda sea o no un medio de explotación. Pero de nuevo lo hacen para no solucionar nada y limitarse a un ligero maquillaje. La propuesta es aumentar la duración mínima hasta la que el inquilino puede prorrogar el contrato con su única voluntad de 3 a 5 años, como con anterioridad a la reforma de la LAU de 2013. ¿Acaso con LAU en su redacción original de 1994 estábamos en el paraíso? La reforma de 2013 no fue más que una vuelta de tuerca más, pero el daño ya estaba hecho y era muy profundo. Con la LAU de 1964 el inquilino podía permanecer de por vida en la vivienda alquilada e incluso el alquiler se podía heredar. Qué casualidad que entonces no hubiera explotación mediante la vivienda, el derecho a la vivienda estuviera satisfecho ni hubiera burbuja hipotecaria. ¿Les da miedo proponer la vuelta a esta situación o es que simplemente no quieren acabar con la explotación mediante la vivienda sino aparentar lo que no son?

Por último con esta reforma de la LAU pretenden que la alza de los precios de los alquileres se adecuen al incremento del IPC. Es decir, que aceptan que los muy elevados sobreprecios de los alquileres sigan subiendo. Ni asomo de intención de que los precios se ajusten al valor real del alquiler.

Después se descuelgan con las famosas ayudas al alquiler, que son más falsas que Judas, pues no son ayudas a los inquilinos sino ayudas a los arrendadores, ya que el dinero pasa del Estado, que lo recoge previamente de todos nosotros a las manos de los arrendadores y los inquilinos simplemente hacen de intermediarios, pues transmiten el dinero del Estado a los arrendadores dándole con ello a esta subvención encubierta una noble apariencia, el resultado sería el mismo que si el Estado entregara el dinero a los arrendadores, pero entonces ¿cómo podría justificar este regalo? En cambio encargando a los inquilinos que entreguen su regalo a los arrendadores y vistiéndolo como una ayuda a los inquilinos y a la satisfacción del derecho a la vivienda, se libran de las objeciones contra este desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Esta más que probado que las mal ayudas al alquiler encarecen el precio de los alquileres y de la vivienda. ¿Por que habría el arrendador abaratar el precio del alquiler para que fuera accesible a la población si aquello que el inquilino no puede pagar se lo pagaremos entre todos por medio del Estado?

Luego “arrementen” contra las SOCIMIS. Bueno en realidad no, pues lo único pretenden es que los ricachones que amasan fortunas con lo que roban a través de las SOCIMIS, donen un exiguo porcentaje de sus ganancias vía impuestos, para hacer un poco de caridad con el tema de la vivienda y así continuar con el lavado de imagen. En un país donde el derecho a la vivienda efectivamente se puede ejercer y no existe explotación mediante la vivienda, las SOCIMIS no tienen cabida, porque no tienen de que vivir, si no pueden usar la vivienda para robar como se van a mantener. ¿Existían SOCIMIS antes del año 1985? Aceptar las SOCIMIS  es aceptar la explotación mediante la vivienda y la ausencia del derecho a la vivienda. El artículo 31 CE establece la progresividad de los tributos. Norma que por cierto nunca se ha cumplido y ahora menos que nunca. ¿Por qué no piden una fiscalidad progresiva como es obligatorio por mandato de la Constitución? ¿Por que acabaría con las SOCIMIS y no se trata de eso, no se trata de tocar las fortunas de los ricachones ni de molestarles, no se vayan a enfadar?

Después vienen con el famoso parque público de viviendas de alquiler de los grandes tenedores, SAREB, Banca. No parece mala idea, pero es tan vaga que el que se convierta en una buena práctica dependería de detalles que en la iniciativa no se explican. Lo cierto es que hasta el momento siempre que los grandes tenedores han puesto a disposición viviendas en alquiler a precios asequibles han sido las peores de su patrimonio. Y mucho me temo que por ahí va la propuesta. ¿No sería mejor que en lugar de un parque público de viviendas, regular el mercado de la vivienda de modo que todas tuvieran precios en su justo valor? En lugar de un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles, todas las viviendas a precios asequibles. Lo del parque público no es más que un regalo envenenado que nos aparta del derecho a la vivienda para todos.

La última medida es ya el acabose y la guinda de la tremenda burla que supone esta iniciativa: que se financie la construcción de viviendas con destino a alquiler a precios asequibles. ¿Acaso tenemos déficit de viviendas? ¿Necesitamos más viviendas? ¿Qué fue de aquello de, no se entiende, gente sin casas y casas sin gente? ¿No sería mejor regular el mercado para que todas las viviendas tengan precio asequible y todos puedan satisfacer sin mayor dificultad su derecho a la vivienda? ¿O se trata precisamente de que no sea así? ¿Se trata de mantener un mercado de la vivienda sobrevalorado en el que para acceder a la vivienda haya que pagar un elevado sobreprecio para así explotar a la mayoría de gente y un mercado secundario subsidiado para que aquellos que no pueden acceder a este al menos tengan una vivienda de segunda?

Los autores de esta fantástica iniciativa es Unidos Podemos, coalición que se presenta como defensora de los intereses del pueblo. Pero más bien parece que defiende los intereses de los amos del pueblo y que se disfraza de lo que no es para confundir al pueblo y conseguir que no luche por si mismo poniendo sus esperanzas en sus falsos adalides. Pablo Inglesias dijo en una ocasión que la gente no se confundiera con Ciudadanos pues no es más que el recambio del PP. Se le olvidó comentar que Podemos es el recambio del PSOE. No está tan lejos de este partido cuando continuamente quiere pactar con él, e incluso pretendió gobernar con él. Y el PSOE era aquel partido que se presentaba como defensor de los intereses del pueblo y que no tardó en descubrir que defendía los intereses del los amos del pueblo.

Muchos piensan que para solucionar los problemas de la sociedad, y con ello quiero decir gobernar en interés del pueblo y no de sus amos, hace falta un cambio de gobierno. Pero esta manera de pensar nos aleja de la solución, pues se renuncia a luchar por cambiar las cosas directamente y se concentran los esfuerzos en conseguir el cambio de gobierno, si además cuando después de tanto esfuerzo por fin en alguna ocasión se consigue el cambio de gobierno, resulta que se le ha entregado a alguno de estos partidos del sistema que van de partidos del pueblo pero en realidad son partidos de los amos del pueblo.

En el caso del derecho a la vivienda mejor que esperar la solución en una hipotética victoria electoral de Unidos Podemos, sería luchar desde ya por forzar al gobierno a respetarlo. Para ello tenemos una buena arma, la ocupación.




La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.

OJO!!!!…….. Debería leer la primera parte de este documento antes de continuar en la que se encuentra ahora para entender mejor el conjunto del texto.

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2ª parte: La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

El parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades: ¿ objetivo de la vivienda social?

En el anterior capítulo hemos visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social. Hay poderes fácticos (banca, inmobiliarias, inversionistas, la Iglesia católica y propietarios particulares) que controlan ese bien esencial para la vida, alterando la ley de la oferta y la demanda, porqué habiendo excedentes de producto (viviendas) los precios no bajan a pesar de la caída de salarios. Llegados a este punto, para poder extraer conclusiones, nos falta un análisis del objeto de disputa: el parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades (*1).
Lo primero que debería hacerse en la era de la digitalización es un censo fiable y cruzado entre el Registro de la Propiedad, las empresas de suministros, el catastro y el empadronamiento que arrojaría la verdad sobre como esta distribuida la propiedad inmobiliaria y cómo utiliza sus viviendas (*2). Ese censo demostraría que a pesar de lo que pudiera parecer no son las viviendas nuevas el objeto de disputa. En las grandes ciudades la nueva construcción en el largo decenio del boom inmobiliario no fue exagerada (*3). En Barcelona las viviendas nuevas construidas en la década del 2001-10 representan sólo un 5% del total del parque de viviendas que se sitúa en 811.106 viviendas (*4). El problema en las grandes ciudades,donde se concentra el alquiler es que la mayor proporción de vivienda vacía o secundaria es de segunda mano aunque hacía las periferias se igualan las vacías nuevas y de segunda mano. En el caso de Barcelona (*5) el gran problema son las viviendas vacías en número de 88.259 (12%) mientras que en Madrid el problema es un enorme parque de 200.000 viviendas secundarias (15%).
Nuestro estudio en base a las estadísticas del INE descubre interesantes datos. En Barcelona la mitad de las viviendas se construyeron entre los años 1940/80, por lo que 423.429 de ellas tienen entre 40 y 80 años. Han pasado largamente el ecuador de su “amortización catastral” que se sitúa en una orla de 20 a 35 años. En Madrid en ese período del 1940 -80 se construyeron 830.841 que representan más del 50%, por lo que resulta que la mitad del parque de pisos de la capital del estado español ha pasado también el ecuador de su amortización catastral(*6).
En las grandes ciudades la vivienda dedicada al alquiler suele ser la vivienda de segunda mano que en el 90% de los casos ha superado más de una vez el umbral de amortización si ha estado durante 25 años alquilada(*7) y además es propiedad sobre todo de particulares o personas físicas. Si ese segmento de viviendas que han pasado más de una vez el umbral de amortización son las candidatas a vivienda social ese dato debería ser tenido en consideración para no pagar un sobreprecio por ellas.
Veamos un ejemplo de vivienda privada construida en el año 1960 que ha sido hogar en propiedad hasta 1990 ha superado su umbral de amortización por su mismo valor en alquiler. Si en adelante el mismo propietario la arrendó libremente hasta la actualidad, 25 años, ha superado por segunda vez su amortización. Además hay que añadir el coste que para el erario público supusieron las ventajas fiscales de la compra y las del alquiler que hemos explicado. Si en 2016 esa vivienda entrara en la Bolsa de Vivienda Social, ¿sólo nos atrevemos a fijarle un precio ligeramente inferior de la renta media de viviendas iguales en la zona?. Ese precio regulado es el precio que la administración o un operador como Habitat3, etc. está dispuesto a pagar, no es el recibo pagado por el inquilino que se rige por otros baremos sociales (*8).
Por contra, una vivienda de alquiler público sólo debe amortizarse una sola vez por la Administración. A partir de ese momento los arrendamientos se pueden destinar a obras de mantenimiento o a construir otros edificios. Tampoco se debe amortizar el suelo que se mantiene al margen de la especulación. Por eso los países que han invertido en vivienda social de manera masiva han liberado recursos para investigación, industria. Aquí el suelo público se privatizó con las VPO que han acabado siendo un fraude masivo a la sociedad y la incubadora de la burbuja inmobiliaria porqué al introducir el crédito hipotecario se inyectó la financiarización de la vivienda, y “la cultura de la sociedad de los propietarios” para desproletarizar a la clase media trabajadora.
La demanda de alquiler asequible está estimada en Barcelona en 70.000 hogares y de 250.000 en toda Catalunya según las organizaciones sociales… Si las políticas de subvención indiscriminada de la propiedad no han conseguido movilizar esas viviendas en un país con una política fiscal tan desorbitadamente favorable a la propiedad, la solución pasa por ¿extender aún más la bonificación a la propiedad?
En nuestra humilde opinión, esta es una política presupuestariamente suicida si pretende alcanzar al conjunto de la población necesitada. Un ejemplo de lo que decimos es la famosa ley 24/2015 que pretende el fomento del alquiler social aprobada en el Parlament de Catalunya solemnemente por todos los partidos (*9). Después de 9 meses continua sin tener un acompañamiento presupuestario estimado en 800 millones de euros anuales.
Las ayudas públicas al alquiler social son sencillamente de derecha. Incentivar el alquiler social fomentando las bonificaciones a viviendas que han sido amortizadas más de una vez sólo refuerza el bucle del poder financiero de los rentistas y su modelo económico especulativo. Si Alemania es el ejemplo por su amplio parque de vivienda social, es porqué una buena parte de los ahorros y la inversión han ido a sectores productivos en lugar de incentivar la especulación de los bienes raíces y los rentistas inmobiliarios.

Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto

Los Bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, Api’s, etc dividen a los potenciales inquilinos por perfiles financieros asegurando los mejores para la fórmula “alquiler seguro”(*10). En el lado de los arrendadores tendríamos al pequeño propietario marginal que ha acumulado uno o más pisos por herencia familiar, al inversionista que quiere hacer “negocio” usando una vivienda arrendada y a los propietarios de múltiples viviendas o edificios por herencia o compra. Más allá tendríamos a los grandes tenedores.
Es en esta última franja donde nuestro país se esta produciendo una revolución del mercado, como hemos explicado, por la entrada masiva de capital especulativo. El PPsoe+CiU+PNV lleva años preparando el terreno en lo que sería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorías en los pasillos del Congreso de Diputados. No sólo han desarmado al inquilino con sucesivas reformas legislativas sino que han mejorado el poder financiero de los propietarios cambiando las condiciones fiscales para crear el llamado “mercado profesional del alquiler” con las SOCIMI que representaran un caballo de Troya contra los pequeños propietarios. Claro, todo se justifica con lo de facilitar el alquiler.
Asistimos a una batalla por el control del parque de vivienda en este país sobre todo en las ciudades. Por un lado, el tinglado inmobiliario de la Banca tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Por otro lado, el control lo extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“ cuya materia prima ha sido la compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso a precios de derribo después que el Estado ha cubierto las pérdidas de las Cajas de Ahorro y la Sareb. Ese largo medio millón de viviendas hubieran sido la base de un parque de vivienda pública de alquiler asequible, hoy, son el vehículo disfrazado de la misma banca nacional o extranjera que les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría y mejor oferta del mercado. Igualmente, las ventajas fiscales les darán una oportunidad inigualable respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler. Este dominio del llamado “mercado profesional del alquiler” también se verá reforzado por el control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros e impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de agilizar los desalojos por impago de alquileres uno de los dolores de cabeza de los pequeños propietarios.
Los pequeños propietarios no pueden competir con este mercado profesional de alquiler pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en “una guerra entre pobres” con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos.
Hay una izquierda que apuesta por esa opción: derribar todos los obstáculos legislativos a las SOCIMI con esa fiscalidad ventajosa y no quieren cambiar ni una coma de la actual LAU (*11). Basta leer los documentos de Fundación Alternativas, del Psoe, cuya presidenta es la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Delegan en las SOCIMI, como Azora (*12), creadas con el material de la Sareb, para generar un volumen de negocio que irrumpa en el mercado libre o subvencionado en lo que debería haber sido el papel del Estado con un parque de vivienda pública de alquiler. Ese trabajo sucio legislativo y patrimonial ya lo han hecho durante la crisis y sus resultados son observables porqué la guerra de pobres se ha agudizado en los desahucios del alquiler entre precarios y propietarios particulares. Esta configuración del mercado de alquiler tiene como efecto la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Para esto tienen una solución: el alquiler social subvencionado. Pero son palabras: en un país con el presupuesto intervenido por la Troika comunitaria no hay dinero para una política de ese colosal tamaño.

Deshaciendo el nudo del derecho a la vivienda.

El gerente de Vivienda de Barcelona, sr.Javier Burón, es otro firme partidario de la colaboración público-privada, es decir, aumentar y extender los incentivos a los propietarios para que alquilen sus viviendas. Asegura que en España deberíamos dedicar unos 13.000 millones de euros a esa misión para compararnos con Alemania (*13). Nuestro estudio demuestra que ya lo hacemos pero se lo entregamos todo a los propietarios. El sr. Burón basa su política en su experiencia en Euskadi como gestor del Gobierno vasco (Alokabide) está avalada por su trabajo en su empresa URBANIA ZH GESTION (*14).

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y el Regidor de Vivienda, Josep Maria Muntaner

Pero los resultados durante varios años de las experiencias más avanzadas como la SPA (Sociedad Pública de Alquiler), Avalloguer en Catalunya o Alokabide en Euskadi no han demostrado poder atraer el parque de vivienda vacía o infrautilizada de manera suficiente mediante la intermediación y la subvención de los arrendamientos. De hecho en Euskadi los datos muestran un aumento de las viviendas vacías en manos de particulares o propietarios marginales (*15). El problema de hecho está en que los propietarios marginales no se fían de los contratos, ni los avales, ni de los seguros ni de los plazos de pago de unas administraciones muchas veces sobreendeudadas.
Igualmente, la política de multas a los pisos vacíos de la Banca ha tenido hoy por hoy un recorrido confiscatorio- repito confiscatorio- muy limitado. Las leyes aprobadas de alquiler social de los pisos de la banca han sido aplicadas mayormente en viviendas para regularizar ocupaciones o para evitarlas se hacen contratos de alquiler a los antiguos propietarios que provienen de ejecuciones hipotecarias en las periferias de las ciudades. Los buenos pisos, los mejor situados, no entran en estos negocios.
Por otro lado, el hecho que el alquiler social se restrinja a determinadas capas de la población y a determinados barrios no hace más que aumentar la marginalidad de unos o fomentar la gentrificación de otros. Dicho de otro modo, los actuales ayuntamientos de izquierda no llegan más allá de la beneficencia ante el dilema de la emergencia habitacional que afrontan con la urgencia de la inmediatez.

El marco jurídico del derecho a la vivienda.

Deshacer el nudo del derecho a la vivienda pasaría, a nuestro modo de ver, por garantizar el alquiler social universal como un servicio público a cualquier ciudadano independientemente de las rentas. Sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público. Este marco se puede desarrollar dentro de la Disposición Adicional Primera de la LAU que permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública donde se pagaría en función de las rentas y no del mercado.
Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

La recuperación de la Sareb, etc como vivienda pública o social

En “lo inmediato” proponemos una campaña pública y persistente de todas las administraciones para que la banca entregue sus viviendas en cesión gratuita durante una década o más. En paralelo habría que destapar todas las propiedades de los grandes tenedores mediante un verdadero censo cruzado de propiedad de los parques de vivienda. Una campaña mediática de culpabilización de la banca con todos sus estragos demostrando como la mayoría de las ejecuciones hipotecarias fueron abusivas e ilegales por titulización de los créditos hipotecarios y como el Estado cubrió las pérdidas de los fondos de titulización privatizando ganancias y socializando las pérdidas. Todo ello prepararía el terreno para la recuperación de todas las viviendas de la Sareb y de las ejecuciones hipotecarias que se convertirían en un gran parque de vivienda pública con derecho de cesión a sus antiguos propietarios a cambio de la cancelación de la deuda. Igualmente se deberían derogar todas las figuras tributarias especiales como las SICAV y las Socimi.
La entrada de ese parque gratuito para el Estado en el mercado provocaría un hundimiento de precios que evitaría la guerra entre pobres, daría cobijo a las necesidades más inmediatas de alquiler asequible y permitiría las siguientes medidas legislativas encaminadas a movilizar la gran cantidad de viviendas de los pequeños propietarios.

Movilizar la vivienda secundaria y vacía de las ciudades.

En primer lugar proponemos la modificación de la ley tributaria derogando las desgravaciones fiscales y aplicando a los arrendamientos la tributación progresiva en el IRPF y la presión fiscal municipal sobre las viviendas secundarias y vacías de las ciudades. A ello se sumaría un censo real y una fuerte campaña institucional dirigida a que la vivienda cumpla la función social por la que fue construida. Igualmente para hacer aflorar el fraude todos los alquileres, en primera vivienda, podrían disfrutar de una desgravación fiscal (podría estar en el mismo borrador) con los parámetros más eficaces para investigar el fraude y ahuyentar el efecto inflacionario. Igualmente podría estudiarse una desgravación fiscal y ayudas a la rehabilitación para los propietarios sujetos a contratos de alquiler social a 5 o 10 años con clausula de prorrogable.
Ante el dilema de impuestos crecientes y un mercado difícil la movilización de la vivienda de particulares se podría hacer también con la figura ya utilizada de la cesión a la administración por x años a cambio de rehabilitación y exención de impuestos. Todas las medidas propuestas son constitucionales y tendrían un coste infinitamente más barato. Además el parque inmobiliario se adecuaría a estándares más modernos de eficiencia energética y de accesibilidad que podrían venir de proyectos cooperativos barriales que repartirían trabajo entre el precariado y la micro-inversión.
Pero la condición incondicional e inicial de este plan es recuperar las viviendas expropiadas por la banca a los hogares hipotecados y constructoras fallidas a lo largo de la llamada “crisis” y que hemos pagado todos. Habrá que vencer las resistencias que el complejo financiero-inmobiliario tiene incrustadas en la misma administración y en los pasillos de los parlamentos y cabildos.
Un último apunte, la limitación de alquileres por zonas es de muy difícil diseño, más costoso mantenimiento burocrático y generará múltiples agravios comparativos que levantará enemigos donde no los había. El golpe final, la guinda, vendría de una medida que debería estudiarse en el ordenamiento jurídico: la municipalización del suelo sería la mejor herramienta contra la especulación inmobiliaria al sacar el suelo del ámbito de las transacciones del mercado

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

OJO!!!!…….. 

Puede bajarse el documento completo con las dos partes listo para imprimir AQUÍ

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Notas:

1.- Vivienda principal es aquella donde esta empadronada una unidad familiar o hogar. Vivienda secundaria es aquella que no vive regularmente un hogar o no está empadronado nadie.
2.- Ciudad: nº de viviendas / viviendas principales / viviendas secundarias / viviendas vacías
Barcelona: 811.106 / 684.078 / 38.769 / 88.259
Madrid: 1.530.957 / 1.320.531 / 210.426 / 57.325
3.- En Barcelona se construyeron sólo 41.160 pisos entre el 2001 y el 2011 .
4.- Cifras de viviendas en TOTAL. INE- instituto Nacional de Estadística.
5.- Prouespeculacio.org / Alcalde Trías hay 90.000 pisos vacíos en Barcelona: 5 razones que lo evidencian.
6.- Fuente INE. ciudades+año construcción+número habitaciones.

7.- ElConfidencial.com / En España, la media histórica para recuperar una inversión a través del alquiler ha estado en 19,5 años. En plena burbuja llegó hasta 32,2 años y hoy se sitúa en 25,6.

8.- Hasta la fecha Habitat3 dispone de un presupuesto municipal 7.200.000 € para un total de 235 pisos utilizables durante 3 años, lo que supone un gasto de 851 €/mes, más lo que pagan los inquilinos. Creemos que el sobreprecio es exagerado.
9.- Prouespeculació.org / Crítica de la ley sobre la emergencia habitacional y la pobreza energética de Cataluña.
10.- Eleconomista.es / El temor al impago dispara los productos de alquiler seguro.
11.- Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado professional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años.
12.- Azora, Anticipa, Anida, Solvia, etc serían ejemplos muchos de ellos a cobijo de fondos públicos pagados desde la Sareb.
13.- eldiario.es / El aumento de los precios del alquiler en Barcelona pone en alerta al ayuntamiento de Colau.
14.- Lindekin, URBANIA ZH GESTION
15.- Eldiario.es / 2015: Solo el 20% de las 91.008 viviendas vacías está a la venta o en alquiler en Euzkadi.



La burbuja del mercado del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero.

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.


Ada Colau ha dicho que en Barcelona hay una nueva burbuja inmobiliaria después que los precios de los alquileres hayan subido de media un 7% en 2015 y de un piso de 75 m² se pidan rentas de casi 800€. Otro dato apunta en el mismo camino: en 2015 la ciudad recibió una inversión inmobiliaria de casi 2.000 millones de euros que se acerca al 85% del presupuesto municipal y supone el 20% de toda la inversión extranjera realizada en España en ese año (10.700 millones de euros) (1).
Barcelona se ha convertido en el laboratorio del mercado de alquiler del futuro. El Ayuntamiento ha dado la voz de alarma pero continúa la sistemática expulsión de vecinos para convertir los barrios populares en un parque temático para uso y disfrute de los turistas.

barcelona no esta en vendaLos hegde-funds y el turismo animan el sector inmobiliario y los precios

El sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre y por la avalancha turística. Es evidente que hay una lluvia fina de dinero en muchas zonas de la península y una fuerte inversión en las grandes ciudades. Pero la inversión no viene de los hogares españoles que desde el 2007 continúan empobreciéndose como indican las estadísticas y la soñada recuperación económica va por barrios.
Todo empezó hace años con la máquina de creación de dinero bancario que inició la Reserva Federal de los EE.UU con el Quantitave Easing y el tipo de interés a cero para los bancos. Ahora “el bazooka monetario” lo tiene Mario Draghi, que desde el BCE dispara compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos europeos y españoles no paran de generar. Hay dinero “bancario” a raudales y los tipos de interés a largo plazo se desploman. La máquina para rentabilizar “los activos” necesita más combustible y las autoridades monetarias y políticas alimentan la avidez por el riesgo financiero para mantener artificialmente los precios de esos activos para que eviten una nueva caída de todo el tinglado financiero internacional. Pero todos sabemos quién sale beneficiado.
Sí, hay una lluvia inversora y viene desde los paraísos fiscales y lo hace a través de sociedades interpuestas propiedad de Fondos de inversión ( Cerberus-Haya, Blackstone, etc). Estos verdaderos dueños de esa inversión financiera, no va a producir cosas – hay sobrecapacidad industrial mundial- sino a rentabilizar lo que hay (2). El suelo urbano y las propiedades inmobiliarias se han convertido en una recurrente burbuja especulativa que extrae plusvalías de los edificios adquiridos en las ciudades hiperconectadas – hub- del capitalismo global. Son compras para revender con beneficio pero también hay adquisiciones de activos inmobiliarios para entrar en el sector de los arrendamientos. Este mercado está en crecimiento en las grandes ciudades porque los precarios ya no pueden comprar hipotecas pero pueden ser un negocio como inquilinos. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino por la desprotección jurídica, circunstancia que ven con muy buenos ojos los fondos de inversión que compran viviendas para alquilar.

Más de 6 millones de ciudadanos viven bajo la dictadura del casero.

Las inmobiliarias saben que no existe un parque de viviendas al margen de los vaivenes del mercado libre que controlan. El parque de vivienda pública de alquiler no supera el 1%, así pues los 2’5 millones de hogares que viven en viviendas alquiladas sufren la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos- LAU(3). Además hay casi otro millón de hogares en situaciones irregulares como subarrendamientos legales o ilegales, infraviviendas y ocupaciones(4). La mayoría de estos hogares concentran las capas de la población que, o bien, no pudieron cogerse al carro de la burbuja inmobiliaria comprando una hipoteca, o bien, son inmigración pobre o hogares de nueva formación joven: el precariado (5).
Son ejemplos tipo: una familia compuesta de 4 miembros, dos adultos y dos pequeños, uno de ellos un bebe y otra familia de 2 miembros con una madre y un hijo. Ambas viven en una gran ciudad o área metropolitana y sus ingresos no superan nunca los 600 euros. Este es el perfil en que coinciden más del 20% de las familias en el estado español. Es la miseria en una instantánea de un país con graves desigualdades sociales.
A la miseria se le suman las reformas legislativas de la LAU, de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que han facilitado los desahucios por impagos en medio de una profunda crisis económica. Por eso, no es de extrañar que esos hogares concentren el grueso de desahucios según los datos de lanzamientos judiciales y superan 5:1 a los lanzamientos hipotecarios en las grandes áreas urbanas (6). No existen datos fiables sobre la proporción de esta tragedia habitacional porque ni siquiera el INE (Instituto Nacional de Estadística) tiene series estadísticas sobre desahucios por alquiler ni ocupación y estos pasan desapercibidos en los medios de comunicación.
Sólo en unas pocas ciudades, como Barcelona, la presión social ha permitido una política de pisos de emergencia social donde el Ayuntamiento de Ada Colau asume lo que no debería ser su responsabilidad: dar vivienda a las familias precarias antes de verlas viviendo bajo un puente. Hoy esas ayudas a cuenta del presupuesto municipal están aseguradas porqué la ciudad disfruta de superávit primario.
Los hogares arrendados tienen pocas ventajas fiscales comparadas con los de compra. Al no estar organizados siempre han sido un sector marginal para la clase política ( no existe un sindicato de inquilinos como en otros países). Según GHESTA, sólo 820.914 hogares en alquiler se beneficiaron de las desgravaciones en el IRPF en el año 2014 que sumaban 353 millones de euros a repartir entre los inquilinos que no superaban los 1600€/mes de ingresos brutos familiares(7). En el 2015 el PP agrava el sesgo clasista de la política de vivienda al eliminar la desgravación a los inquilinos y mantenerla para los propietarios. (8)

¿El alquiler es un negocio arriesgado y poco rentable para el propietario?

Las ventajas fiscales para los arrendadores

Por contra, el lobby propietario sí que está bien organizado y durante décadas ha conseguido enormes desgravaciones fiscales. Tienen voceros en todos los medios de comunicación alertando de la llegada del “inquilino moroso”. Su lobby está infiltrado en las entrañas del Estado como el hecho que Rajoy fuera registrador de la propiedad. En el ámbito de los propietarios como personas físicas sólo 1,18 millones (46%) declararon los alquileres cobrados por los que recibieron un monto de 3.241 millones de euros al poderse desgravar entre el 60 y el 100% del IRPF. Vamos que los que sí declaran lo que cobran casi no pagan impuestos.
Pero hay otros 1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda de GHESTA.(9) Por tanto, el bolsillo de los pequeños caseros es un pozo sin fondo. No sólo se traga los 3.241millones de desgravaciones fiscales del IRPF y otros 3000 millones del fraude fiscal ( la suma de estas cifras suponen 2’5 veces el presupuesto municipal de Barcelona).
Pero la fiscalidad en el caso de los grandes tenedores de vivienda (patrimonios jurídicos) es más escandaloso aún. Los grandes beneficiaros fiscales son la Iglesia Católica, las SICAV y las SOCIMI. Hay cálculos de cifran que la Iglesia posee más de 100.000 inmuebles que están libres de impuestos incluso cuando no son de culto como comercios, viviendas, colegios, etc. (10). Las SICAV se utilizan para no pagar el IVA o ITP ya que mansiones y viviendas entran como inversiones societarias. Las SOCIMI reciben escandalosas exenciones fiscales. Detrás de las unas y de las otras están los paraísos fiscales donde su patrimonio se vuelve opaco y los Panamá Papers dan fe de ello.
Además tanto los propietarios físicos como los jurídicos también reciben vía arrendamientos las cada vez más numerosas ayudas al pago de alquileres que salen de las arcas de las autonomías y de los municipios, que se han ido multiplicando por la gravedad de la crisis. Catalunya destinaba en el 2011 más de 71 millones de euros y su capital, Barcelona, gastaba 7 millones de euros en el 2015. Así cuando el hogar no llega a final de mes intervienen esas ayudas de manera que lo que no paga el inquilino lo hace la administración más próxima y sensible. El resultado es el mismo: se acaban cobrando alquileres inflados respecto del poder adquisitivo del país.
Por todo ello y realizando cálculos aproximativos afirmamos que las desgravaciones fiscales, el fraude y la evasión fiscal junto a las ayudas públicas al alquiler -que acaban en manos de los propietarios- podrían llegar a sumar 15.000 millones anuales que otorgan un notable poder financiero contra cualquier política que pretendiera poner coto a esos privilegios.
Que el alquiler sea un negocio poco rentable para el propietario con todos los datos de este documento podemos afirmar que es mentira aunque es evidente que pueda ser arriesgado en un país hundido en la miseria. Pero la pregunta es: ¿los negocios no son per se un riesgo y los mercados la ley? ¿O acaso la vivienda siempre ha de ser un negocio redondo sin riesgos del tipo que tienen los banqueros con las hipotecas?

este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo pagará por 2866,44€
este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo cotizará por 2866,44€

El poder financiero de los propietarios rentistas

Es evidente que los propietarios también reciben el monto de dinero que cobran mes tras mes en los recibos que cargan a sus inquilinos por usar sus pisos. Es importante ver en contexto su poder financiero en una ciudad tan importante como Barcelona. A grosso modo, los propietarios de Barcelona con un parque de más de 200.000 viviendas en alquiler, con una media de 70 m2 de superficie y un precio medio de 10,16€/m2 (11) reciben más de 2.000 millones de euros anualmente en arrendamientos de vivienda. Sin lugar a la duda, ese “Sindicato Unido de Caseros” tiene el mismo poder financiero que el todopoderoso Ayuntamiento de Ada Colau cuyo presupuesto no llega a 2400 millones de euros.
Aún así el “Sindicato Unido de Caseros” no tiene suficiente. El análisis de una declaración de la renta del 2014 permite observar que se puede deducir anualmente el 3% de amortización (del valor catastral del edificio excluido el suelo), más los gastos de mantenimiento y administración. Después de restar esos gastos al arrendamiento, al importe resultante se le aplica la comentada desgravación fiscal entre el 60 al 100 % de la diferencia ( que son los 3.241 millones de euros antes citados). Los caseros que declaran acaban pagando impuestos por poco más del 30% del arrendamiento que cobraron. Ninguna renta salarial tiene ese trato fiscal.
Pero las ventajas no se acaban aquí. Si ahora se analiza un recibo del alquiler se observa que los propietarios suelen añadir otros conceptos al arrendamiento, como los gastos de mantenimiento del edificio, tasas municipales y impuestos como el IBI 12. Por lo que por un lado se desgravan esos gastos pero por el otro se cobran al inquilino y Hacienda no vigila nada. ¿Cuanto dinero están costando a las arcas públicas el fomento del alquiler en un país que tiene uno de los índices de arrendamientos más bajos de Europa?
Así pues afirmamos que esas desgravaciones fiscales y otras ayudas aprobadas por los sucesivos gobiernos de la etapa democrática para incentivar el alquiler han sido un fracaso político… O ¿han sido un éxito porqué su objetivo era reforzar el poder de los propietarios y el fraude fiscal ?

La amortización de los edificios

Pero el sistema fiscal impositivo sobre los arrendamientos tiene más sorpresas. Aunque el tratamiento fiscal en SICAV o en las SOCIMI es lo más escandaloso (13), no lo es menos para las personas físicas que tienen en los arrendamientos una deducción del 3% sobre el valor catastral del edificio en el IRPF. Un cálculo rápido permite demostrar que una vivienda alquilada amortizaría su valor catastral entre 20 y 30 años. (14)
Entonces, si el edificio se amortiza en el IRPF y los gastos complementarios se cargan al inquilino ¿qué paga realmente el recibo del alquiler? Pues se nos ocurre que amortiza el capital invertido en el suelo urbano y el plusvalor de mercado que costó realmente la vivienda alquilada.
Si esa vivienda fuera declarada en ruina a los 100 años, el casero habrá rentabilizado hasta 3 veces el capital inicial invertido y aún así podría vender el suelo. Pero eso tampoco es cierto por la sencilla razón que cuando el propietario vende el piso recupera la inversión tanto del suelo como del edificio y la propia revalorización en el mercado libre lo cubre con creces como muestran las propias administraciones que para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ya suponen como mínimo que la vivienda vale el doble o el triple.

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La amortización de la vivienda viene determinada en el IRPF así como también en el Impuesto de Sociedades. Fiscalmente está excluido el suelo porqué se entiende que no tiene pérdida temporal

Ningún mercado de valores ni de renta fija da tanto retorno monetario. Resumiendo, en el 2014 los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por vivienda de compra habitual(15), nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y líder europeo en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero. ¡ Ni el ministro falangista José Luís ARRESE – “quiero un país de propietarios y no de proletarios”- se atrevió a ir tan lejos en políticas de vivienda en tiempos del dictador Franco !
Los economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, hubieran llamado esto parasitismo rentista: no se crea nada, no se produce nada. Sencillamente se extraen dividendos de un título de propiedad que tiene capacidad de chantaje: si no se paga a vivir debajo de un puente. Los datos de este documento son suficientemente elocuentes y incendiarios como para sacar lo mejor del alma rebelde de la nueva izquierda política y social para acabar con tanta injusticia. En la plataforma de participación del ayuntamiento -decidim.barcelona.cat- una de las propuestas más votadas fue la de limitar los precios de los alquileres, indicativo de que hay un gran sector de la sociedad que está siendo exprimida en el mercado del alquiler. Si realmente se quiere hacer frente a este expolio clasista Barcelona en Comú debería abandonar las políticas titubeantes y avanzar hacia objetivos más audaces y coherentes. Cuestión de valentía política.

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

– 2ª parte – … La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

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Notas:

1.- prouespeculacio.org / Disneyficación y desahucios en la Barceloneta, ¿ Hay otro modelo de ciudad?.
2.- elpais.com / Los fondos y el apetito por la promoción inmobiliaria // El sector residencial arroja una rentabilidad de más del 8,8% por el buen comportamiento de las rentas inmobiliarias.
3.- La LAU fue legislada en tiempos de Miguel BOYER, ministro de economia del Gobierno de F.González. Destruyó toda la protección de los inquilinos que ni el franquismo se había atrevido a modificar. Ha tenido sucesivas modificaciones aprobadas con el apoyo del Ppsoe+CiU+PNV que han agravado los derechos de los inquilinos y mejorado el de los propietarios.
4.- Se cree que en el área metropolitana de Barcelona hay un 40% de las viviendas vacías y ocupadas propiedad de la banca.
5.- Los hogares en régimen de alquiler son estadísticamente 2.438.574 (6.336.033 personas). Además los subarriendos y ocupaciones suponen otros 939.614 viviendas donde habitan 2.375.842 de personas. En total representan cerca de 9 millones de personas o el 20% de la población. Fuente Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/prensa/np824.pdf. Otros datos en contexto en el INE són: Hogares según tamaño del hogar por régimen de tenencia
6.- Noticía ElPeriodico // Fuente: APCE. El 90% de los desahucios en BCN son por impago de los alquileres.
7.- Fuente GHESTA. Más de dos millones de contribuyentes dirán adiós a incentivos fiscales por alquilar // otra Fuente www.congreso.es. Pg: 282- previsiones y desglose por tributos y conceptos // Una comparación: las deducciones por vivienda en propiedad absorben unos 2.050 millones de euros.
>8.- Al no haber una política generalizada de desgravación al alquiler, como sí existe en la propiedad, el Gobierno renuncia a tener un control real sobre el fraude fiscal de los propietarios al no declarar los arrendamientos.
9.- Más del 55% de los alquileres de viviendas se ocultan a Hacienda. La Carta de la Bolsa.
10.- Dos notas sobre este asunto – http://www.eleconomista.es/https://laicismo.org/.
11.- Xifres d’Habitatge, PMHB, 2014 – http://www.pmhb.org/repdoc/65895-20150518110633.pdf
12.- prouespeculacio.org / Impuesto de Bienes Inmuebles- Es opcional, no obligatorio, repercutir el IBI en el recibo alquiler de la vivienda.
13.- prouespeculació.org / Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario
14.- La renta justa de una vivienda comprada para el arrendamiento.
15.-Aunque la desgravación fiscal por compra de vivienda habitual ha desaparecido en el 2015, el 99’9% de las viviendas de este país han gozado de la misma pero Hacienda nunca pedirà su devolución una vez la vivienda entrara en el mercado del alquiler.



¿Para qué luchamos en 500×20-Prouespeculació?

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en ese sentido.

Por tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

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Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares/año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.

  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas muncipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.

  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.

  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva solo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.

  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada en torno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.

  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las medidas legislativas y el desarrollo de los reglamentos necesarios

Las siguientes son las principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país. Hay que entenderlas como un conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, pues algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas en el mismo espacio social y/o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es lo más importante hoy.

[ (+) medidas con consenso. (?) medidas en discusión. ]

Hablamos de necesidades legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la SAREB, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Esos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones distintas al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Vivienda.
    1. (?) Proponemos la consolidación de ese Parque Público de Vivienda sobre la base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado por las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegitima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoría social sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales en los términos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas para que el suelo urbano pase a ser de dominio público y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales.
    1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal modo que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago.
    2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio-express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  6. Fiscalidad y Régimen tributario. (+) Impuestos directos progresivos sobre Patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  7. Impuesto Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.
    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros.
    2. (?) Confección de una tabla progresiva para el IBI en función valor del inmueble desde el 0,1%
      para los de menor valor al 1,2% para los de mayor valor.
  8. (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  9. (?) Se buscarán, en las grandes y medianas ciudades, diferentes modalidades de esa fiscalidad directa gravosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  10. (+) Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  11. (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  12. (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones venideras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciudadanía.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará, por tanto, indexada al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacías a alquiler público o derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio del su reparación, mantenimiento y la asunción y/o execión de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional por el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las Administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664€) no superaran nunca los 100€ o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de la Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Mesas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social se acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar un cupo de hasta un 25% para vecinos del barrio y/o Distrito empadronados más de 2 años a fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por lo tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio pormenorizado a través de Servicios sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañarse de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También de derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Regularización de la ocupación por necesidad
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no solo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras a promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.



La vivienda pública privatizada: Un año de lucha de los jóvenes de los bloques H10J.

jornada contra privatització habitatges jovesEl vecindario intenta revertir la situación con el apoyo de la FAVB y de la Asociación 500×20.

LOS HECHOS

El pasado 2 de agosto de 2013 El Consell Comarcal del Barcelonès vendió 298 viviendas, cuatro promociones de alquiler social de la capital catalana, en los distritos de Nou Barris, Les Corts y Sant Andreu. La Fundació Pisos de Lloguer, organización privada sin ánimo de lucre, impulsada por el Consell Comarcal del Barcelonès, era la propietaria de las viviendas después que Regesa efectuara la transmisió de la gestión de los pisos entre los años 2004 i 2007. A principios de 2013 se decidió liquidar la fundación y vender sus activos, antes, a una empresa privada. Todos los ayuntamientos presentes en el Consejo Comarcal, con representantes de CIU, PSC, ICV y ERC , dieron el visto bueno a la operación también aprobada por la Agencia Catalana de Vivienda. A principios de 2013 se decidió liquidar la fundación y vender sus activos, abanNomés se presentó una empresa a concurso público, Colon Viviendas , gestora del fondo de inversión Azora , con sede en Madrid, protagonista de las ventas de vivienda pública de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Este fondo de inversión pagó 11,4 millones de euros por las viviendas, que deberán destinarse a alquiler social durante 25 años a contar desde la fecha de calificación de la vivienda. Los derechos de superficie de los edificios en cambio tienen una duración de 75 años tras los cuales deberán devolver al Ayuntamiento de Barcelona, si no hay ningún otro acuerdo.

¿Cómo nos enteramos los vecinos y la ciudadania?

Los vecinos y vecinas (de las calles Urrutia, Rio de Janeiro, Benavent y Gran de la Sagrera) nos enteramos de esta privatización cuando ya era un hecho consumado, mediante unos carteles informativos en la puerta de las escaleras, en el mes de agosto de 2013. La información únicamente hacía mención al cambio de gestión. El mes de septiembre recibimos dos cartas, una de Fundación Pisos de Alquiler y otra de Colon Viviendas, informando de la venta y asegurando que las condiciones de alquiler en régimen de protección oficial se mantendrían. El mes de noviembre la Asociación 500×20, Asociación para el Alquiler Público y Asequible, publica en su portal web la noticia de la venta. Aparecen breves noticias en los diarios La Vanguardia, El País, El Periódico. El 1 de diciembre, en el programa “Salvados” de La SextaTV exponen el caso de la venta de vivienda pública en Madrid al mismo fondo buitre y los vecinos de Barcelona vemos por televisión las mismas cartas informativas que nos enviaron a nosotros, y las consecuencias reales del traspaso de los pisos en manos privadas. Pocos meses después aparecen anuncios de pisos de estas promociones en portales webs inmobiliarios, sin mencionar que se trata de pisos protegidos, falseando sus características y saltándose la lista de solicitantes de acceso a la vivienda pública.

LA LUCHA: EL CAMINO QUE HEMOS TOMADO

 A partir del mes de noviembre, a raíz de la poca información obtenida y de las sospechas de que la privatización de la vivienda afectaría a la situación de los inquilinos, los vecinos y vecinas nos ponemos en contacto con la Asociación 500×20 y con la FAVB. Nos encontramos en una primera asamblea de afectados el 12 de enero de 2014. A partir de ahí, las diferentes promociones afectadas, decidimos constituirnos como asociaciones y comenzamos un camino juntos que nos ha llevado a:
    • Consejos de Districte y Asambleas de barrio de todos los distritos afectados.
    • Reuniones con representantes de los partidos políticos de los distritos.
    • Reuniones con el Consejo Comarcal del Barcelonès; Agencia Catalana de la Vivienda; Síndic de Greuges de Cataluña y Síndica de Greuges de Barcelona.
    • Reuniones con Colon Viviendas.
    • Entrevistas con medios de comunicación.
        Después de haber hecho este circuito varias veces, hemos encontrado pocas respuestas claras, por lo tanto el camino ahora nos lleva a movilizaciones y acciones de afectados y de la ciudadanía.

NUESTRAS REIVINDICACIONES

1. DENUNCIMOS

        • LA PROGRESIVA PRIVATIZACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BARCELONA

Basta de especulación con la vivienda pública. En una ciudad donde los desahucios son diarios, pedimos que se revoque la venta a un fondo especulador. Defendemos el acceso a la vivienda pública y de alquiler de los ciudadanos de Barcelona.

        • QUEREMOS QUE EL CONTRATO DE TRASPASO DEL USO DE SUPERFICIE ENTRE LA FUNDACIÓN PISOS DE ALQUILER Y COLON VIVIENDAS SEA PÚBLICO.

Hemos pedido al Ayuntamiento a través de los distritos; del Consejo Comarcal del Barcelonès; de la Agencia Catalana de la Vivienda y del Síndic de Greuges, de ver este contrato y que este documento debe ser público. Todavía no nos han facilitado este documento. Esto nos hace sospechar de posibles irregularidades en el proceso.

        • QUEREMOS QUE LA ADMINISTRACIÓN ADQUIERA EL COMPROMISO DE GARANTIZAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE ESTOS VIVIENDAS

Se han vendido los derechos de superficie durante 75 años, sólo queda garantizada la función social durante 25, a contar desde la fecha de calificación de la vivienda, en algunas promociones ya han pasado 12 años, por lo tanto hay un alto margen para especular con los bienes de los ciudadanos. Ninguno de los organismos implicados nos ha dejado claro qué pasará con las viviendas una vez pasen estos 25 años.

        • IRREGULARIDADES EN EL ACCESO DE LA VIVIENDA

Pedimos que el acceso a la vivienda pública sea supervisado por la administración, que se siga el orden de la lista del registro de solicitantes de acceso a la vivienda para garantizar la transparencia a la hora de acceder a una vivienda pública.

2. RECLAMAMOS

  • QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES DE VIVIENDA PÚBLICA Y DE ALQUILER LOS ACTUALES INQUILINOS Y QUE LOS NUEVOS INQUILINOS DISFRUTEN DE LAS MISMAS CONDICIONES. YA HAY VECINOS QUE HAN TENIDO QUE IRSE EN NO PODER ASUMIR LAS NUEVAS CONDICIONES.

• Hasta ahora los inquilinos, al caducar los contratos, se revisaban los requisitos económicos de los adjucataris y si cumplían con la normativa vigente se hacía una renovación del contrato. En la actualidad no se hacen renovaciones de los contratos, se hacen nuevos, esto supone un gasto económico añadido ya que se actualizará el aval, unas 6 mensualidades, y la fianza con un preaviso de un mes de antelación . • Se incrementan los costes de cuotas de mantenimiento del edificio, con numerosas irregularidades en este mantenimiento. Pedimos poder ver con detalle dónde van estas cuotas. • Se obliga a tener un seguro del contenido del hogar para poder hacer una nueva contratación, cuando, según la normativa vigente, no es obligatorio. • Se vinculan las plazas de parking a los contratos de alquiler de los pisos y, en muchos casos, se obliga a que se tome el parking para poder hacer un nuevo contrato. Hasta ahora no era obligatorio alquilarlo. Por otra parte su precio es más alto que en el mercado libre. • El vecindario que hace un contrato nuevo se apunta a la lista de solicitantes de acceso de la vivienda el mismo día que firma el contrato. Pedimos que se siga haciendo por orden de lista para garantizar la transparencia en el acceso.

NOS DIRIGIMOS A NUESTROS CONCIDADANOS

Los vecinos y vecinas de las promociones afectadas, la FAVB y la Asociación 500X20 luchamos por la defensa de la vivienda pública. Los vecinos somos conscientes de la función social que cumplen estos edificios, no luchamos únicamente por el beneficio propio, estamos defendiendo lo que es común y construido con dinero de todos, pedimos lo que es justo por el vecindario y por la ciudad, estaremos donde tengamos estar para defender la vivienda pública de nuestra ciudad y denunciaremos la progresiva privatización de la vivienda, no sólo en nuestras promociones, por eso pedimos también el apoyo de todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Barcelona y de las entidades.

+++ INFO EN http://habitatgepublic.prouespeculacio.org/




¡ ILEGAL ! Regesa y Barcelona ya estan adjudicando los pisos de jóvenes sin sorteo

Los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona daran los pisos a quién les interese.

Es un proceso para favorecer a las inmobiliarias privadas como Azora

Algunos portales inmobiliarios ofrecen los pisos como si fueran privados y mienten sobre las condiciones de los mismos.

Una nota descubierta en un edificio de Regesa muestra la ilegalidad del proceso de adjudicación.

La caradura cómo la clase política barcelonesa está liquidando el patrimonio público de viviendas roza ya lo obsceno. Está nota descubierta en uno de los dos edificios de jóvenes, que le queda a Regesa para privatizar en Barcelona, muestra que la misma Administración se salta sus propios reglamentos para llenar los edificios.

El Reglamento del Registro Oficial de Vivienda protegida en Barcelona obliga a realizar sorteos para adjudicar las viviendas entre los inscritos. Si se hace de manera directa es por tres razones:

  • que tienen muchos pisos vacios, porqué los alquileres son caros por unos pisos pequeños y llenos de defectos de construcción y instalaciones en lamentable estado desde su inicio.
  • porqué estan a punto de privatizar los dos edificios que quedan de Regesa en la capital condal y para ello los llenan de inquilinos para aumentar la ocupación (item valorado por Azora)
  • practicar el amigismo y adjudicar los pisos protegidos no a quienes tienen más necesidades sino a quienens pueden pagar más.

Esta operación indica que los edificios de La Selva i Teodoro Llorente están a punto de ser privatizados

Esta nueva operación de Regesa no puede quedar impune. Desde la Asociación 500×20 y Prouespeculació pedimos a las entidades sociales y vecinales que muestren su repulsa a estas prácticas y se presente conjuntamente una denuncia y que la Sindica de Greuges de Barcelona ponga luz sobre esta nueva actuación administrativa.

edifici de regesa en c/la selva 57-61 donde se encontró la nota en el popular distrito barcelones de Nou Barris




Precarios: de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler.

Una perspectiva económica, política y social de la crisis inmobiliaria española.

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DOCUMENTO PARA IMPRIMIR
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Una perspectiva política, económica y social de la crisis inmobiliaria española.

I. Precarios en la esclavitud de la hipoteca.

En el capitalismo para tener derecho a la vivienda hay que tener dinero para pagarlo. No importa si vives en propiedad o en alquiler. De hecho, el arrendamiento de “todo” está de moda. Le llaman leasing. Desde el coche, a la impresora y pasando por la casa. El mayor banco español, el Santander, vive de alquiler en sus oficinas después de vender casi todo su patrimonio inmobiliario en el 2007. Con la crisis los propietarios se rifan los “buenos inquilinos”, los cuales presionan a la baja los alquileres para pagar menos. Libre de las ataduras de la propiedad puedes ir al lugar dónde más se pague la hora trabajada. Marx aconsejaba a los obreros no dejarse atar por la vivienda.
Por Carlos Marx también sabemos que el capitalismo, por un lado, debe sacar la máxima plusvalía del asalariado, incrementando el beneficio, y que por otro lado, está obligado a reinvertir esos beneficios en más máquinas, fábricas y tecnología pero también en la urbanización a través de infraestructuras o viviendas. Por eso, como desde hace décadas la capacidad productiva de la humanidad está sobredimensionada, buena parte de esos excedentes financieros, en su deseo irrefrenable de rentabilidad, se han invertido en la urbanización como válvula de escape (1).
Hoy, la población no tiene capacidad adquisitiva para consumir toda la producción mundial. Los economistas lo explican como una crisis de sobreproducción y subconsumo mundial. Un cuello de botella para el capital ya que está obligado a vender para obtener el beneficio que necesita para seguir creciendo. El capital financiero ensaya la salida a ese dilema desde los años 70 atacando con políticas neoliberales las condiciones de vida de las clases populares, el Estado del bienestar y el medioambiente. En esta ruptura del pacto social de postguerra están conchabados desde Wall Street hasta Bruselas y en España la mayoría de partidos parlamentarios. Es una lucha de clases, que están ganando desde hace décadas, que les ha permitido apropiarse de grandes riquezas reduciendo salarios y privatizando los servicios públicos. Con ese dinero se sostienen las ingentes fortunas que se revalorizan en un sistema financiero concentrado en pocas manos.
La brecha entre lo que los trabajadores ganaban y la sobreproducción mundial que debían consumir se cerró con la aparición de la deuda que anestesió las penurias de las clases populares. Liberados del corsé del patrón oro, los bancos centrales se han lanzado a una loca carrera creando dinero en base a esa deuda, para así auxiliar al capital con una larga etapa de crédito barato canalizada con vehículos monetarios y financieros (tarjetas de crédito y facilidades para endeudar a las clases populares). En palabras llanas, la gente cobraba cada vez menos en proporción, pero el crédito generaba esa ficción de riqueza que financiaba el consumo milagrosamente.
En el centro de ese milagro se sitúa la vivienda que se convierte en una especie de gallina de los huevos de oro. Vamos, que la gente consumía vorazmente de todo, no porqué comprara con los ahorros, sino porqué financiaba el consumo suponiendo que su casa, la acción, etc siempre aumentaría de valor. El resultado ha sido que se constituyeron el doble de hipotecas que casas nuevas construidas (2).
El sector inmobiliario, y toda la economía que arrastra, se convierte en la válvula de escape del capital financiero para mantener los beneficios. Le llaman burbujas patrimoniales. Es la vieja quimera del capitalismo popular que se ensaya cada X años porqué la gente pierde la memoria generacional(3).

La memoria histórica para entender el presente

Cuando en 1957, el entonces ministro falangista de Vivienda, José Luís ARRESE sentenció: “queremos una patria de propietarios no de proletarios“ no estaba inventando nada nuevo. EE.UU, que pronto acudió al rescate de esa dictadura, vivía desde la segunda contienda mundial una década de boom inmobiliario basada en el sueño americano de la vivienda en propiedad. Como dicen por allí, cuando el gigante americano está en crisis construye casas y las llena de cosas. En el 2004 el 70% de los estadounidenses vivían en propiedad. En el 2006 en nuestro país el sueño americano del franquista ARRESE batía el récord planetario con un 90’1% de propietarios (4).
En ese 2006 el Ministro socialista Pedro SOLBES repetía como un mantra lo de la riqueza patrimonial de las familias españolas y el aterrizaje suave de la economía y bla, bla, bla…. Pero los datos de la Contabilidad Nacional del INE indicaban que todo el país había entrado en una “pirámide de Ponzi” pues el 43’5% del empleo total estaba generado en torno al ciclo inmobiliario, industrias y sectores afines. Fueron bonitos esos 12 años de capitalismo “popular” desde Aznar, que en el 96 desbancó al último Gobierno de Felipe González, hasta bien entrado el 2008 cuando la onda expansiva de las hipotecas tóxicas americanas llegó aquí. El 2012, con cerca de 6 millones de parados contabilizados, devolvió a la realidad a una generación de precarios que habían olvidado las crisis y una generación de jóvenes que creían que eran cuentos que explicaban los abuelos.
Con el desarrollismo franquista y después con la entrada en el euro nuestro país se “benefició” de la entrada masiva de ese fetiche llamado dinero prestado. Sol, playa, grandes proyectos de transporte (AVE, aeropuertos, carreteras, …) para atraer millones de turistas y, por supuesto, la construcción de millones de viviendas, hoteles, etc. Una orgía en manos de nuestra oligarquía financiero – turístico – constructora que hunde sus raíces en el régimen franquista y llega hasta esta democracia secuestrada sin haber dejado nunca de vivir del papá Estado. Un cocktail para la aparición de los miles de casos de corrupción donde se solapa la codicia, los negocios, la política y la institución monárquica, piedra angular de la Transición.

..Una burbuja patrimonial que permitió la mayor expropiación de riqueza de las clases populares que se adhirieron a ese paradigma con ilusión e ignorancia histórica.

Hasta aquí nuestro discurso es un poco histórico, épico y hasta socarrón pero era preciso recordar que estamos llegando al final de un ciclo histórico. Durante décadas los ciudadanos de este país han estado pagando un sobreprecio por comprar una vivienda en el mercado controlado por esos oligarcas. Una burbuja patrimonial que permitió la mayor expropiación de riqueza de las clases populares que se adhirieron a ese paradigma con ilusión e ignorancia histórica. Tal como entendieron varias generaciones el derecho a una vivienda digna está hoy en crisis porqué 2 de cada 3 hogares españoles no tienen dinero ni crédito para comprar una vivienda. Este junio del 2013 se llegó al mínimo histórico de hipotecas constituidas. Ahora que la casa está más barata que nunca, y los fondos internacionales anglosajones y los magnates rusos vienen a comprar las gangas, ironías de la vida, una mayoría de hogares no tienen la solvencia financiera para “comprar una casa” en ese mercado. ¡Este modelo se hunde!

La crisis habitacional: desalojos, resistencias y alquiler social de los banqueros

La crisis, el paro y el desplome de los salarios han hecho emerger los desahucios de viviendas habituales que muestran el lado más violento del “mercado de desposesión” de los hogares humildes. La explosión de la burbuja inmobiliaria y los desalojos han dado empuje a las resistencias encabezadas por la PAH que ha abierto diferentes frentes de lucha legislativos, jurídicos y en la calle creando expectativas de solución. Esta lucha contra los desahucios, en paralelo a las de otros colectivos, ha quedado fijada en el imaginario popular. La gente se ha empoderado justificando la defensa del hogar en propiedad ante los desalojos (aunque en verdad sólo era propietario de una deuda).
El propio gobierno de Rajoy ante la presión de la calle legisló una moratoria de desahucios de 2 años, a través del Decreto-Ley -el 27/2012, pero exclusivamente para hogares “hipotecados”. Esta distinción que hizo el ejecutivo de Rajoy es interesada e importante pues categoriza los desahucios en hipotecarios y los otros. Los otros son los hogares que viven sobre todo en alquiler (libre, de renta antigua sufriendo mobbing, realquilados y ocupaciones), que son tanto o más vulnerables no sólo desde el punto de vista jurídico sino también porqué tras el desalojo del inquilino ni Estado, ni Ayuntamientos ni Servicios Sociales ofrecen alternativas. Incluso el miserable Fondo Social de viviendas de la Banca del citado Decreto, de unos 6000 pisos, sólo es para alojar familias víctimas de procesos de ejecución hipotecaria o daciones en pago, el llamado “alquiler social de los banqueros”. Este alquiler social se debe entender como una concesión, una limosna.
Así el triunfo de la propiedad sobre cualquier otra tenencia de vivienda se ha agravado con la crisis porqué se convierte aún más en la única opción estable de vivienda. Pero ni de lejos los hogares hipotecados son el colectivo que más ha sufrido los desalojos. Sí son quienes más han luchado por su vivienda y más adhesión social han tenido por la responsabilidad de las entidades financieras en la gestación de la crisis.(5)

La sociedad de propietarios en el imaginario colectivo.

Ante la pregunta: si tuvieras dinero, ¿vivirías de alquiler o comprarías?, la mayoría de hipotecados y desahuciados continua respondiendo que compraría la casa. Así pues, el concepto de vivienda en propiedad ha sido gravado a fuego en el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación y las políticas gubernamentales. Subjetivamente, la vivienda representa en España el principal medio de adhesión a “la clase media”, la principal riqueza de “la familia” para acceder al consumo, un seguro en la vejez y la herencia que convierte a los hijos en pequeños arrendadores (objetivo de propaganda reaccionaria contra el alquiler). En otras palabras, el triunfo franquista sobre las clases populares del 36, generó un raquítico estado del bienestar, que permitió ensayar con la vivienda un instrumento de domesticación y desproletarización muy sofisticado. Los americanos hicieron buena pedagogía.
El actual colapso de aquella “sociedad de propietarios del franquista Arrese” se sitúa en el epicentro de un seísmo que sacude a las clases populares. Un fin de época que hace aflorar una precariedad que supura por todos los rincones del país. El último informe de condiciones de vida en España indica que un 40% de los hogares tienen muy serias dificultades en afrontar los pagos de la vivienda y los servicios básicos. Hay 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro y etc, etc. Este panorama ha hecho que los impagos de hipotecas aún no dejando de crecer supongan sólo el 4% del total. En 2012 se registraron 38.976 adjudicaciones a la banca por ejecución de hipoteca sobre vivienda sobre un total de 6,1 millones de viviendas hipotecadas. Estas ejecuciones se hacen sobre personas físicas en vivienda habitual, segundas residencias o inversores privados(6). Son el 0,5% del total de hogares hipotecados lo que da a entender que la cuota hipotecaria se paga religiosamente, gracias también a un colchón familiar que amortigua la caída, y que a pesar de las penurias esas deudas disciplinan y acobardan a los ciudadanos(7).
De aquellas adjudicaciones la banca aceptó 14.229 daciones en pago que permitió liberar de la deuda a esos hogares, pero asimismo suponen la pérdida de todos los ahorros personales. Es una transferencia enorme de riqueza al capital financiero. La dación en pago en EE.UU no ha evitado la distorsión del mercado inmobiliario pues millones de familias entregan la casa para ir a vivir a barrios de roulotes porqué acaban como morosos financieros.
Obama propusó que el Estado pagara las cuotas hipotecarias para que la clase media no perdiera la vivienda. El conflicto moral era que si se ayudaba al capital financiero también había que ayudar a las familias. Es mejor que nada pero al final toda la riqueza acaba en manos de la Banca. No es una solución socialmente progresiva porque ayudar a la “clase media propietaria” implica un agravio comparativo con las clases populares que no lo son.
En España, con el récord planetario de propietarios, lo de Obama hubiera tenido adhesión nacional si a algún político o banquero se le hubiera ocurrido proponerlo. Pero, ni controlamos el pasivo hipotecario que está en manos extranjeras y a un interés que determina Frankfurt, ni podemos emitir moneda al estar adheridos al euro. Pero ensayamos con éxito la creación de una clase media propietaria con la VPO de compra (8) y con las desgravaciones fiscales, que han sido una transferencia encubierta de riqueza a nuestros amos.

La gente no vive en cédulas hipotecarias!

Medidas progresivas frente al pasivo hipotecario.

A la gran mentira nacional ayudaron el ministro Pedro Solbes en el 2006 y la Champions League en el 2010 de Zapatero que aún nos provoca vergüenza ajena. En cuanto en 2008 dejó de fluir el crédito exterior, los precios inmobiliarios se hundieron y tras cinco años de caída de ventas e hipotecas los sacrosantos mercados no saben cuanto vale la propiedad inmobiliaria. ¡Sólo funcionan cuando hay espuma!
Las deudas de 375.000 millones de las promociones invendidas y los campos de patatas convertidos en suelo urbanizable se han saldado con quitas y daciones en pago a la Banca convertida en la principal inmobiliaria europea con más de un millón de pisos. Dentro de la predación capitalista la solidaridad entre el magnate Botín y los caciques Bañuelos o Florentinos aún existe. Ese agujero de la envidiada Banca española de Zapatero ha necesitado de más de 200.000 millones de dinero público y un terrible plan de ajuste de la Troika comunitaria que ha hecho retroceder décadas a las clases populares que aún no han despertado del sueño del “capitalismo popular”.
La clase política no sólo ha renunciado a crear una Banca pública competitiva sino también a ejercer como el verdadero propietario que es de los pisos de la Sareb y crear un pequeño parque de vivienda pública de alquiler.
A falta de una revolución democrática ciudadana, la gran banca ha recibido una enorme transferencia de riqueza y poder: la entrega del sistema de Cajas de Ahorro, sus carteras industriales y propiedades inmobiliarias y la eliminación de la competencia. Si en el 2008 se decía que no podían haber entidades sistémicas, hoy en nuestro país, los siete grandes Bancos son más sistémicos que nunca. Pero esa socialización de pérdidas no funciona cuando se trata de un hogar. Los más de 6 millones de hogares hipotecados que deben 700.000 millones de capital más los intereses que pagarán durante décadas, no tienen el mismo trato de favor.
El cierre del mercado interbancario después de Lehmann Brothers en 2008 supuso el fin de las Cajas pero, los grandes bancos españoles aún tienen un gazapo escondido: las cédulas hipotecarias. (9)
Los millones de hogares hipotecados no saben que nuestros bancos, sobre todo Santander y Caixa Bank, se han lanzado a vender sus hipotecas en forma de cédulas hipotecarias para obtener liquidez en un mercado de capitales seco. Para los banqueros los deudores son como vacas a las que ordeñan sin parar. La vivienda que debería ser un derecho universal, se convierte por un lado, en una deuda hipotecaria y, por un lado, las revenden como cédulas por valor de hasta 450.000 millones ( ¡OJO! Son las 2/3 partes del saldo hipotecario español) De este modo pueden obtener liquidez al depositar ese monto de cédulas como contravalor de los préstamos que obtienen al 0,5% del Banco Central Europeo. Con ese dinero compran deuda del Estado que les renta hasta el 7’5% en un país que se hunde en la depresión. ¡Qué chollo!
Pero la vaca lechera continua con la reventa de esas cédulas a los fondos de pensiones, la Seguridad Social, etc. Le llaman renta fija porque dicen que son seguras gracias al trasfondo de la sacrosanta ley hipotecaria. Son seguras hasta que la familia deja de pagar. Entonces son ya dudosas y se juntan con otras hipotecas y créditos al consumo morosos que se revenden con descuento. Ni las deudas se desperdician en este macabro monopoly de vender y comprar papel, de cosas artificiales, cuyos valores dependen de que unos cuantos millones de familias paguen religiosamente su cuota hipotecaria para formar parte de la quimera de la “sociedad de los propietarios”. (10)
Esta dictadura hipotecaria va a salir muy cara. Por eso una salida socialmente progresiva sería por un lado, una rebelión de los hogares bajo la bandera del “no debemos, no pagamos”. Y, por otro, el auxilio del Estado a esa rebelión imponiendo una quita generalizada a los tenedores propios y extranjeros de deudas, como contraprestación de todas las ayudas regaladas a la Banca, cuyos accionistas asumirían las pérdidas. La adhesión de las familias a esta quita, por cesión o dación en pago, las liberaría de la deuda pero también de la propiedad jurídica de la vivienda que quedaría en manos del Estado. A cambio podrían vivir en régimen de alquiler indefinido, un derecho de superficie pero sin poder comerciar con él.
Sería sin duda un gran acto de soberanía nacional frente al capital financiero nacional e internacional. Sería un atajo rápido para crear un parque público de viviendas que, aunque disperso, mejoraría la movilidad de las clases populares. Este escenario sería posible si el país se acercara a la suspensión de pagos. Pero es dudoso, que los hipotecados, que aún pagan sus cuotas, puedan liberarse del sueño de la vivienda como activo financiero.

…Para los banqueros los deudores son como vacas a las que ordeñan sin parar.

En la desesperación, muchos hipotecados han tomado medidas excepcionalmente reaccionarias para evitar el impago de la cuota. Ir a vivir a casa de los padres o a un piso alquilado barato mientras la carga financiera del suyo intentaban pagarla alquilándolo más caro a otra familia. Hay centenares de desalojos, en que los desahuciados, que pagaban religiosamente su alquiler, se han enterado que vivían en un piso subastado, donde por supuesto no mediaba ni contrato ni se pagaban impuestos ni gastos de escalera.
Muchos propietarios colaboran con los bancos llamando a la polícia cuando detectan una ocupación. Las ocupaciones devalúan su propiedad. ¡Con el dinero que me ha costado el piso y ese vive sin pagar! Los edificios y barrios con ocupas hacen perder dinero a la “sociedad de los propietarios”. Y los que tienen más dificultades para pagar las cuotas hipotecarias suelen ser los más beligerantes. Todo es muy perverso. Pobres, pero mini-propietarios con todas las consecuencias.

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II. Precarios en la dictadura del alquiler.

El 12% del parque inmobiliario en alquiler, sufre el grueso de desalojos

Lejos de la sociedad de propietarios viven los 2,5 millones de hogares en alquiler y un millón más seguramente realquilado. La mayoría son viviendas de más de 20 años y que necesitan rehabilitación. Se concentran en las grandes ciudades y la mayoría los ocupan personas con bajo poder adquisitivo, rentas antiguas, jóvenes y la inmigración que en un 70% vive en alquiler o en habitaciones. Incluso hay muchos desalojos por impago de alquileres sociales en la poca vivienda pública que hay en las ciudades importantes. Desahucios instigados por la propia Administración contra hogares en precario aplicando una gran brutalidad como ha sucedido en Madrid.
Es un 12% del parque inmobiliario nacional pero que concentra más de la mitad de los desalojos(11). En el año 2012 se han ejecutado 54.718 desalojos de inquilinos según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Suponen más del 2% sobre el total de hogares en alquiler en España. La mayoría son sobre vivienda habitual y una minoría sobre comercios. En ciudades como Barcelona donde el alquiler supone el 30% de las primeras residencias, los desahucios por impago de alquiler suponen el 95% según el Decanato de los Juzgados de la Ciudad Condal, datos corroborados por el propio Ayuntamiento para el 2012(12).

..El un 12% del parque inmobiliario nacional en alquiler concentra más de la mitad de los desalojos.

Los desahucios de inquilinos por causas económicas han caído como una tromba sobre los hogares más precarios de los barrios populares en las principales ciudades. Son morosos porqué son pobres, excluidos, precarios o ni siquiera tienen un colchón familiar en el que apoyarse. Los desahucios de alquiler pasan desapercibidos, casi sin focos ni apoyo social. Tal vez los inquilinos no saben defender su derecho a techo como los hipotecados (por el fetiche de la propiedad). Pero en los años 20 del siglo pasado las asociaciones de vecinos nacieron al calor de las huelgas de alquileres a las que se adhirieron centenares de miles de familias y que se alargaron hasta bien entrada la guerra civil en las grandes ciudades(13).

Los inquilinos y pequeños propietarios cautivos del gran capital

Los desahucios de alquiler no sólo existen por las penurias económicas actuales, sino también porqué en este país rige una de las leyes más regresivas de Europa con el objetivo deliberado de que, el alquiler marginal, sin derechos, sería la pieza clave de la burbuja inmobiliaria. Desde la ley de Arrendamientos Urbanos de 1985 del ministro socialista Boyer hasta los cambios legislativos de los últimos gobiernos de Zapatero y Rajoy se han triturado los derechos de los inquilinos, haciendo inviable cualquier proyecto de vida: con 3 años de contrato, el desahucio express al dejar de pagar una sola cuota por un percance económico y la inclusión en una culpabilizadora lista de morosos creada por el Gobierno de Rajoy, dando a entender que todo aquel que no paga lo hace por mala fe. Pero le podemos dar la vuelta a ese argumento ¿por qué el Estado carga sobre los pequeños propietarios la responsabilidad de proporcionar vivienda a las familias pobres y no la asume él?
El Gobierno central, los autonómicos y los Ayuntamientos se han desentendido de este problema esgrimiendo la defensa de los pequeños propietarios. En los foros económicos y mediáticos hay un run-run de una “caverna reaccionaria” especializada en descalificaciones tipo: “los inquilinos llevan un año sin pagar mientras que el propietario paga la hipoteca y luego le dejaran el piso destrozado”. Pero en realidad la propiedad inmobiliaria en este país está ahora más concentrada que en otras épocas. No hablamos de las primeras residencias donde viven los 17’5 millones de hogares españoles, no!, hablamos de los otros 8 millones de viviendas, de las segundas residencias pero sobre todo de las viviendas vacías. ¿Por qué?
Porqué los pisos vacíos, en venta o alquiler, son los que fijan el precio en el mercado y precisamente porqué están vacíos. Según la Junta de Andalucía, del millón de pisos vacíos de su comunidad, un 60% está en manos de personas jurídicas. Sabemos que la Banca española concentra más de un millón de pisos nuevos y de segunda mano. Sin datos fiables, los estudios de José Manuel Naredo nos permiten afirmar que las viviendas vacías en alquiler o venta pertenecen en un 70% a personas jurídicas, bancos, inmobiliarias y a la Iglesia católica que también participa en sociedades de gestión patrimonial como Renta Corporación.
Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de la vivienda, porqué controla el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de alquiler, porqué tiene un ejército de abogados capaz de maniobrar y presionar para agilizar los procesos de desalojo por impago de alquileres, lo que no está al alcance de los pequeños propietarios.
También porqué todo el dinero que ganaron expropiando las viviendas de segunda mano a familias pobres, vía ejecuciones hipotecarias, les permite ahora aplicar una agresiva política de rentas de alquiler frente a los pequeños propietarios. Los mini-propietarios se van a comer “sus pisos con patatas” porqué no pueden competir con lo que ofertan los banqueros que tienen línea directa con el “buen inquilino” ya que conocen su estado financiero a través de nóminas y tarjetas de crédito.
Además, el aterrizaje reciente de agresivos fondos de inversión, comprando las sociedades de gestión del patrimonio inmobiliario de la Banca, ayudará a ésta a enmascarar jurídicamente su responsabilidad futura en la avalancha de desahucios de alquiler.
Y finalmente, las políticas fiscales para las grandes fortunas y los fondos inmobiliarios especulativos, como las SICAV y las SOCIMI, supone otra ventaja más sobre los pequeños propietarios.
Esto no es una defensa del pequeño inversor que quiere ganar dinero en un mercado cuyas variables no controla. A pesar de ser maltratados, son el granero de votos de la mayoría absoluta del PP y se conforman con las migajas que reciben. La derecha española, con Rajoy a la cabeza de los registradores de la propiedad inmobiliaria, mira hacía el otro lado ante la histórica bolsa de fraude fiscal en las declaraciones de las rentas de alquiler, que año tras año, denuncian los inspectores de Hacienda. Y eso que desgravan entre el 70 al 100% en el IRPF. Ninguna nómina tiene ese trato fiscal.
¡Tan larga lectura nos acerca ya a la tesis final! ¿Por qué razón algunas organizaciones sociales y sectores de la izquierda renuncian a defender a los inquilinos frente a los pequeños propietarios? ¿Están atrapados en el argumentario reaccionario del conflicto entre propietarios e inquilinos? ¿Prefieren que la caridad de Cáritas pague las rentas de alquiler? O ¿ aceptan que esos hogares sean desahuciados porqué no tuvieron a bien hipotecarse en su momento?
No discutimos el derecho del pequeño propietario a recuperar su propiedad (que devolverá a la ley de la selva del mercado al que tanto ama). En cambio exigimos la aplicación del artículo 47 de la constitución y la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que el Estado español, a través de sus Administraciones, GARANTIZE A LOS CIUDADANOS UNA VIVIENDA DIGNA ALTERNATIVA ANTE EL DESAHUCIO por impagos de alquiler. Si tenemos más de 3 millones de viviendas vacías en manos de la oligarquía ¿qué problema hay?
Es una medida socialmente progresiva porqué traslada la responsabilidad de tener vivienda pública a la Administración. Se convierte en un derecho humano exigible y, por la ausencia histórica de un verdadero parque de vivienda pública en España, sería un reclamo a la expropiación de los pisos vacíos propiedad de esa oligarquía financiera, rentista y reaccionaria. Pero hay que organizar a los inquilinos en esa lucha para llevarla lo más lejos posible.

… Las Administraciones deben garantizar a los ciudadanos una vivienda alternativa ante el desahucio por impagos de alquiler

¿Por que hablamos de disputa? Porqué es una pelea de las clases populares para reducir las rentas de alquiler y así tener dinero para el consumo básico. Y ese consumo está ligado a la producción de comida y cosas útiles. La reducción de la riqueza de los rentistas cortocircuitaría la economía especulativa inmobiliaria facilitando otro modelo económico.
Las ayudas públicas al pago de alquileres o de entidades como Cáritas Diocesana o Cruz Roja no son una solución a esa disputa. No se pueden mantener artificialmente las rentas de alquiler en un país que sufre una auténtica deflación de precios y salarios. Lo único que consiguen es, incrementar el poder de los propietarios y sumir a los inquilinos en una caridad paralizante.
Pero todo esto es palabrería en un mercado de alquiler libre donde impera la ley de la selva. Un mercado donde miles de hogares, sin ingresos regulares, se ven abocados a sobrevivir con la angustia de perder la vivienda ante cualquier vicisitud económica. El precariado está transitando de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler. Por eso creemos que esos millones de hogares, que viven en el salvaje mercado del alquiler, se acabaran convirtiendo en sujeto político de las reivindicaciones más progresivas de tenencia y uso de la vivienda en este país.

… exigirla reconversión de las actuales Oficinas de Vivienda en un verdadero Servicio Público de Vivienda, lejos del papel burocrático que ahora cumplen

Resistencias actuales y medidas para después.

Las ocupaciones silenciosas de viviendas propiedad de la Banca se han generalizado como medida desesperada de muchas familias(14). Pero la primera ocupación de un edificio de la Banca en el 2011 en Barcelona por la Asociación 500×20 y el reciente éxito del edificio conocido como @blogSALT de la PAH han puesto sobre la mesa que el derecho a la vivienda a de ser exigible al Estado.
Estas ocupaciones viven en una precariedad jurídica que obliga a la lucha para su legalización. El sujeto de este proceso debería ser cualquier Administración. Desde el Ministerio hasta el Ayuntamiento y, como no, la SAREB. La presión social no se ha hecho esperar pues no es difícil identificar la responsabilidad de la casta política en la crisis habitacional. Ocupaciones de las Oficinas de Vivienda de cualquier Administración exigiendo soluciones, las ha habido en Madrid Barcelona, Andalucia… Es una estrategia de la Asociación 500×20 de Barcelona utilizada para exigir la reconversión de las actuales Oficinas de Vivienda en un verdadero Servicio Público de Vivienda, lejos del papel burocrático que ahora cumplen. Estas Oficinas, que pagamos entre todos, son una gestora de inmobiliarias y Bancos a los que les salen gratis los trámites y encima les garantizan las rentas de alquiler con un seguro, que también pagamos entre todos. Negocio seguro, externalización de costes… y ¡alfombra roja!
Por contra, los Ayuntamientos responden a los desahucios, sólo si se les presiona, pagando la pensión por unos días (después del desalojo) o bien otorgando los pocos “pisos de alquiler social de los banqueros” y las pocas viviendas de emergencia de que disponen. La gestión de estas medidas de gracia o beneficencia social las hacen las Oficinas de Vivienda con los informes de los Servicios Sociales. Se trata de la resolución individual y burocrática de cada caso pero nunca un derecho exigible.
La Administración se escuda en que no hay un parque de pisos de alquiler público, un objetivo que siempre aparece a muy largo plazo y bla, bla, bla. (15). La casta política que nos gobierna, que son pantalla de los magnates, caciques y oligarcas de este país, sólo entienden la vivienda más que como un negocio.
Este país necesita una auténtica revolución democrática para sacar la vivienda del mercado y de la sociedad de los propietarios. Por ello, necesitamos la expropiación forzosa o negociada de las viviendas vacías de la oligarquía inmobiliaria (16). Mientras eso no sea posible: multas (por incremento de IBI) a los pisos vacíos de los oligarcas del ladrillo y las finanzas; alquiler público acorde con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar; moratoria generalizada de construcción de viviendas. Nos urge racionalizar el enorme parque de viviendas existente (17), para acabar con las agresiones urbanizadoras sobre la tierra y las costas.

… Este país necesita una auténtica revolución democrática para sacar la vivienda del mercado y de la sociedad de los propietarios. Por ello, necesitamos la expropiación forzosa o negociada de las viviendas vacías de la oligarquía inmobiliaria

Pero hoy nos encontramos en una situación de impasse. Las resistencias no son capaces de convertir en leyes el derecho a la vivienda y la oligarquía está esperando un momento propicio para pasar al contraataque en cuando se despeje la incertidumbre sobre la Banca española.
Todas esas medidas socialmente progresivas necesitan una gran mayoría social para implementarlas. Cuanto más mayoría seamos más profundos serán los cambios. Pero por encima de todo la solidaridad y la organización del precariado es lo que permitirá un salto cualitativo en el derecho a la vivienda y un cambio legislativo profundo. En eso hay luz al final del túnel.
Recientemente en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Barcelona los inquilinos del pequeño parque de vivienda pública se están organizando para exigir una reducción de los alquileres acorde a los salarios y luchar contra los desahucios. Una vieja reivindicación del movimiento obrero del siglo pasado. Las rentas de alquiler que les cobra el Ayuntamiento incluso superan a las del mercado libre. 700 euros no es un alquiler público. Cientos de familias ya no pueden pagar esos abusos de la época de la burbuja inmobiliaria y preparan estrategias de lucha. La implicación del movimiento vecinal y el 15M junto a las organizaciones de defensa de la vivienda digna también han permitido una mayor presión sobre la Administración. Esas tímidas respuestas permiten albergar esperanzas de más casos en toda la geografía urbana.
La Asociación 500×20 de Barcelona está recibiendo demandas de ayuda de inquilinos en situación límite del área metropolitana. En el distrito de Nou Barris, con el apoyo del movimiento vecinal y el 15-M, 500×20 ha conseguido paralizar todos los desahucios “conocidos” de alquiler e hipoteca. Más de cien en poco más de dos años. La familia no abandona la vivienda alquilada hasta que tiene una solución alternativa. La movilización de hipotecados, inquilinos y ocupas ha obligado al Ayuntamiento a poner vivienda pública y de la banca, en alquileres que van de los 100 a 200 euros, para alojar a las familias que abandonan sus pisos ya sea por dación, ya sea por impagos de alquiler e incluso en ocupaciones de pisos públicos. Un delegado de Vivienda del distrito intermedia para negociar. La Asociación 500×20, llevó a cabo en octubre del 2011 la ocupación (dentro del Estado español) de un edificio vacío propiedad de un banco alojando 11 familias (1). Fue la primera que se hizo en el estado español. Esta Asociación con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana puso sobre el mapa la calle con más desahucios del país en VillaDesahucio. Y esta marea reivindicativa ha hecho que sea el distrito de Barcelona en el que más familias se lanzan a ocupar pisos de los bancos, crean bancos de alimentos, exigiendo una renta básica garantizada o trabajo comunitario.
La lucha de los colectivos por el derecho a la vivienda ha permitido aislar la xenofobia en los lugares donde se combina con un trabajo territorial con el 15-M o Asociaciones de Vecinos. El discurso de “los de aquí y los de fuera”, ha sido arrinconado por la solidaridad contra los desahucios. Pero hay peligros latentes. Cuando en Ciutat Meridiana hay quién culpa a la Asociación de Vecinos que su barrio se llame Villadesahucio expresan su temor a la pérdida de valor de su “propiedad inmobiliaria”. Cuando algunos desaprueban que los “morenos” del edificio de Salt puedan vivir del “cuento” mientras el paga su hipoteca o los ocupas molestan a los vecinos o pinchan la corriente… supura la “sociedad de los propietarios”. Esos peligros latentes deben recordarnos que el aislamiento de las luchas puede favorecer su reaparición.

¡Sin lucha y unidad no hay futuro!
Salva TORRES, activista de 500×20
20-10-2013

Notas:

1.- David HARVEY, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Akal 2012

2.- En Barcelona se construyeron en la década 2001-11 poco más de 30.000 viviendas mientras que las compra-ventas sextuplicaron ese número.

3.- Los datos del titanic inmobiliario español. Desde el año 2000 hasta hoy se construyeron 6 millones de viviendas que generaron una burbuja engordada con 9 millones de compraventas y 11 millones de hipotecas constituidas. Una locura para sólo 45 millones de habitantes y 17’5 millones de hogares. El pasivo hipotecario alcanzó el billón de euros, igual al PIB español, de los que 700.000 millones correspondería a familias y los otros 375.000 millones a viviendas y suelo de los promotores inmobiliarios. Estamos hablando de deuda, intereses aparte. Citado en “Las ocupaciones de viviendas: creando riqueza frente a la estrategia de expolio financiero del Banco Malo de Rajoy” en prouespeculacio.org

4.- citado en pg 238 por Isidro López y Emmanuel Rodríguez. Fin de ciclo: Financierización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano. Traficantes de sueños

5.- prouespeculacio.org, De la esclavización hipotecaria a la dictadura del alquiler, 5 junio, 2012

6.- Fuente Asociación Hipotecaria Española (AHE). También Panorama Registral de Impagos de Hipotecas de vivienda en 2012, >www.registradores.org

7.- El Confidencial “Medio millón de viviendas en España valen menos ya que sus hipotecas” y aún así las pagan

8.- La Vivienda de protección Oficial de compra (VPO) se ensayó como una auténtica incubadora de propietarios que ayudó a inchar aún más la burbuja por el lado de las políticas gubernamentales. Hoy aún muchos pisos en alquiler siempre añaden la coletilla “con opción a compra”. Realmente la gente es muy crédula y no hace números.

9.- Cualquier búsqueda por Internet ofrece buenas explicaciones de la naturaleza de las cédulas hipotecarias y sus implicaciones económicas y políticas.

10.- http://lamiradarevoltosa.blogspot.de/2013/07/la-gente-no-vive-en-cedulas-hipotecarias.html

11.- Fuente: Prouespeculacio.org – “2,5 millones de hogares en alquiler sufren el grueso de los desahucios

12.- Fuente : BarcelonaTelevisio – “los alquileres impagados copan el 95% de los desahucios de Barcelona

13.- Fuente: Prouespeculacio.org – “huelga de alquileres: ayer y hoy en España

14 – Fuente: Prouespeculacio.org, Las ocupaciones de viviendas: creando riqueza frente a la estrategia de expolio financiero del Banco Malo de Rajoy, http://prouespeculacio.org/ocupaciones-de-viviendas-creando-riqueza-frente-al-expolio-financiero-del-banco-malo-de-rajoy

15 – En Barcelona hay casi 90.000 pisos vacios según el web del Ayuntamiento. Un 12% del parque inmobiliario. Cuando se increpa a un político siempre dice que son cifras. Pero el propio Ayuntamiento certifica que en el 2012 se realizaron + de 50.000 contratos de alquiler. No se puede alquilar si el piso no está vacío. Fuente: prouespeculacio.org- http://prouespeculacio.org/?p=3745

16.- Como el reciente decreto del gobierno andaluz.

17.- Tenemos la tasa más lata de viviendas por habitante del mundo: 1’2 viviendas por cada dos ciudadanos

18.- Asociación 500×20 “Por el Alquiler Público y Asequible” http://500×20.prouespeculacio.org/

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Precarios: de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler de Salva TORRES està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons
Creat a partir d’una obra disponible a http://prouespeculacio.org/2013/10/24/precarios-de-la-esclavitud-de-la-hipoteca-a-la-dictadura-del-alquiler.html




La Sindica de Barcelona quintuplica las quejas ciudadanas en medio año.

La defensora del Pueblo de Barcelona recibe un alud de quejas contra la Administración.

El popular distrito barcelonés de Nou Barris acumula el 80%

La mayoría son problemas relacionados con la vivienda

La actividad de la Asociación 500×20 y Asociaciones de vecinos en Ciutat Meridiana y Porta principalmente canalizan las quejas.

Informe demoledor de la situación en los barrios populares de la exitosa Marca Barcelona

Informe demoledor de la Síndica para el 2013

Vilà ha supervisado hasta junio 326 reclamaciones sobre vivienda de protección oficial ( 279 ) y servicios sociales básicos ( 47 ) , cinco veces más que el año pasado . Las desigualdades sociales están creciendo mucho en Barcelona , en 55 de los 73 barrios de la ciudad la renta per cápita es media baja , baja o muy baja .
En los presupuestos del año 2014, el Ayuntamiento debe establecer como una prioridad la dotación de vivienda digna a todas las personas en situación de riesgo de exclusión social . La defensora alerta de que el nuevo proyecto de reglamento de viviendas de protección pretende eliminar la obligatoriedad de la reserva mínima del 10% para contingentes especiales .
La síndica de agravios de Barcelona , Maria Assumpció Vilà , ha recibido a lo largo del primer semestre de 2103 una avalancha de quejas por la crisis . Entre enero y junio , Maria Assumpció Vilà ha supervisado 326 reclamaciones , de las cuales 279 son de vivienda de protección oficial y 47 de servicios sociales básicos . Esto supone que se han recibido cinco veces más de quejas que en el mismo periodo de 2012 , cuando se tramitó 61 ( 98 en todo el año ) . Un 80 % de estos agravios provienen de Nou Barris , uno de los distritos más castigados , con zonas donde se está viviendo una situación de emergencia .
Al analizar el número y la clase de quejas recibidas , la síndica constata un gran incremento de situaciones de agravio que cada vez más sufren un mayor número de barceloneses ya las que el Ayuntamiento no parece dar respuestas suficientes a pesar de que los problemas planteados son de la su competencia y obligación .
El consistorio tiene ante sí un problema que no para de crecer y que se puede agravar cuando las familias sean desahuciadas y dejen de cobrar el subsidio . El número de quejas presentadas en el ámbito de vivienda de protección oficial supera siete veces las recibidas durante el primer semestre de 2012 ( de 39 ha pasado a 279 ) . La gran mayoría hacen referencia a dificultades para hacer la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial , denegación de una vivienda de emergencia , anulación de las ayudas para pagar la hipoteca y el alquiler , dificultades o imposibilidad de acceso a una vivienda de alquiler asequible , lista de espera para las viviendas para personas mayores , falta de 2 promociones asequibles de viviendas públicas , precariedad de la vivienda y realojamiento justo de personas afectadas por planes urbanísticos .
Las reclamaciones en el ámbito de los servicios sociales básicos han crecido el doble respecto al mismo período del año pasado ( 22 frente a las 47 de 2013) . Los reclamantes plantean , entre otras situaciones , tiempo de espera para conseguir una prestación de alimentos , denegación verbal de una ayuda económica , escasez de recursos sociales básicos , listas de espera y falta de acceso a becas escolares , alimentación o material , y dificultad de las familias para pagar su parte de las cuotas escolares . En las quejas , los ciudadanos también exponen falta de apoyo y de acompañamiento en las gestiones para salir de la situación de precariedad y vulnerabilidad , desacuerdo con la atención social recibida , falta de información o información deficiente sobre recursos y servicios , falta de coordinación entre los servicios sociales y vivienda , y retirada de la Renta Mínima de Inserción ( RMI ) .
En opinión de la síndica , las desigualdades están creciendo mucho en Barcelona y cada vez son más los ciudadanos que sufren una situación de pobreza . Según datos incluidos en el Plan de Inclusión de Barcelona (2012-2015) , de la distribución de la renta familiar disponible per cápita entre los 73 barrios queda patente que 18 disponen de una renta muy alta , alta o media alta , mientras que hay 55 con una renta media – baja , baja o muy baja .
Algunas de las zonas más pobres son de Nou Barris . Algunos de los barrios con la renta más alta son Vallvidrera – Tibidabo – Les Planes , Sarrià, estrés Torres , Sant Gervasi – Bonanova y Sant Gervasi Galvany . Y las zonas que notan más los efectos de la crisis son la Marina del Port Vell , el Turó de la Peira , Can Peguera , Verdun , Trinitat Nova , Torre Baró , Ciutat Meridiana , Vallbona ,
laTrinitat Vieja , Baró de Viver , el Buen Pastor y Besòs Maresme . De hecho , algunos de los barrios más pobres de la ciudad (El Turó de la Peira , Can Peguera , Verdun , Roquetes , Trinitat Nova , Torre Baró , Ciutat Meridiana y Vallbona ) se encuentran en Nou Barris , un hecho que , de otra parte se traduce en que un 80% de las reclamaciones presentadas a Villano en los ámbitos de vivienda y servicios sociales básicos , 263 de 326 , provienen de este Distrito .
Los principales problemas en Nou Barris son de vivienda , ya sea porque los vecinos no disponen y piden un piso de alquiler social o por las dificultades de muchas familias para pagar su piso, incluso si es público , con el riesgo de desalojo que esto supone , o las muchas dificultades con que se encuentran para acceder a una vivienda de emergencia . Uno de los casos que está supervisando Vilà es el de una familia con hijos , sin ingresos , que hace meses que no paga el piso público en el que vive , propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda , y podría ser desahuciada el próximo diciembre.
Ante la situación tan grave que viven , algunas de estas familias han optado por ocupar pisos ( esto es lo que está pasando , por ejemplo , en el barrio de Ciutat Meridiana , donde hay muchas viviendas ocupadas ), ir a vivir a casa de algún familiar o tener que compartir un piso con otras familias .
Estas personas presentan situaciones muy complejas y sufren otros problemas derivados de la falta de ingresos . En muchos casos , las quejas las firman hombres y mujeres en situación de paro, que bien no cobran nada o sólo perciben una prestación mínima , como mucho 400 euros que no les alcanza para vivir con dignidad , o la Renta Mínima de Inserción . Pocos son los que cobran un sueldo y siempre es inferior a los 1000 euros . Algunos de estos ciudadanos son extranjeros s en situación irregular , otros presentan un nivel de formación muy bajo y la gran mayoría tienen niños a cargo.
Muchas personas coinciden en las 3 dificultades que atraviesan para hacer frente a los gastos de comida y / o suministros básicos . En diferentes reclamaciones , los vecinos exponen que sufren trastornos de salud , físicos y mentales , como consecuencia de su grave situación . También aseguran que se están dando casos de familias con dificultades para conseguir suficientes alimentos , problemas con becas escolares o que algunas familias no pueden abonar la parte del coste del colegio que les corresponde .
Denuncian que algunas becas comedor se pagan con mucho retraso , lo que genera que muchos padres opten por no llevar a sus hijos al comedor escolar porque no disponen de medios para adelantar el dinero .
En definitiva , muchos de los vecinos de Nou Barris que han presentado una queja a la Síndica son personas , con o sin familia , que están en riesgo de perder su vivienda y así iniciar el camino hacia la exclusión residencial con las consecuencias en todos los sentidos tanto personales que ello conlleva .

Desigualdades por razones políticas

En opinión de la síndica , el crecimiento de las desigualdades se debe a la crisis, que castiga a los más desvalidos , ya la gestión que se está haciendo . Por tanto, las causas de la pobreza son , en parte , políticas . Vilà cree que los recortes en la RMI llevadas a cabo por el Gobierno de la Generalidad significaron un punto de inflexión y mucha gente perdió el único ingreso que tenía.
No se puede decir que el Ayuntamiento no actúe conforme a derecho, pero Vilà cree que hay otras formas de actuar. Por ejemplo , se pueden marcar como prioritarios los principios de justicia social , igualdad y libertad , y , en este sentido , la síndica cree que en los presupuestos del año 2014 el Ayuntamiento debería establecer como una prioridad la dotación de vivienda digna a todas las personas en situación de riesgo de exclusión social .
Parece también necesario hacer un estudio real de las necesidades básicas ( alojamiento y comida ) a cubrir en Barcelona , y conocer el importe de las transferencias económicas que habría que hacer a las personas y familias en riesgo de exclusión . De esta manera , tal vez, se podrá comprobar que con el dinero que se pretende gastar en alguna obra pública , seguramente inaplazable , se haría justicia a miles de familias que tienen derecho a los servicios sociales básicos ya acceder a una vivienda digna .
Vilà también cree que el reglamento de viviendas de protección oficial no da solución a los problemas de las miles de familias que necesitan pisos a precios bajos y considera que el reglamento no se adecua a la realidad social que se está viviendo . Hoy por hoy , se limita a agilizar la asignación de las promociones en curso , cuando lo que hay es que haya muchas promociones , que sean de alquiler asequible , y que se mantengan las reservas obligatorias para colectivos específicos , aspecto que en parte ahora peligra .
La Generalitat suprimió en 2011 la obligatoriedad de la reserva mínima del 10% para contingentes especiales de viviendas de protección para personas y colectivos vulnerables , y ahora el nuevo Reglamento que prepara el Consorcio de la Vivienda de Barcelona pretende suprimir también esta reserva. Si finalmente se concreta esta exoneración , se destruirá un elemento clave de la política de vivienda en la capital catalana .
Ante las situaciones y carencias detectadas , la síndica ha hecho llegar una batería de propuestas al Ayuntamiento entre las que figuran presentar un nuevo reglamento de solicitantes de viviendas de emergencia que dé respuesta a todas las situaciones de necesidad que se protegerán de acuerdo con la Ley de la vivienda y para afrontar situaciones de injusticia notoria de desprotección de familias con necesidad de asignación de una vivienda de emergencia . Vilà también cree que se debe invertir el presupuesto suficiente en política de vivienda de protección oficial a precio asequible para los actuales recursos municipales no se ajustan a las necesidades de los solicitantes , que no pueden acceder a un piso social o a una vivienda de emergencia porque no pueden acreditar ingresos o han ocupado la vivienda actual . Vilà recuerda que , a finales de 2012 , el 60 % de los inscritos en el Registro del Consorcio del’Habitatge (alrededor de 17.000 personas ) cobraban como máximo 16.000 euros al año. Se trata, por tanto , de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda en el mercado privado y han solicitado un piso público , pero la mayoría de personas llevan años esperando una adjudicación .
Además , la síndica defiende la necesidad de liderar , desde el consistorio , la creación de una renta garantizada de ciudadanía que asegure una vida digna a las personas más desfavorecidas , ofrecer una atención social de calidad con un incremento del número de profesionales de educación y trabajo social, y garantizar los recursos sociales básicos de obligado cumplimiento como marca la Ley de servicios sociales.
También sostiene que, ante la sistemática queja de la existencia de pisos vacíos de protección oficial, es necesario realizar un ejercicio de transparencia publicando en la web municipal la información del censo de las viviendas públicas de la ciudad , especificando si están alquilados o pendientes de adjudicación y la razón correspondiente .
En el ámbito de los servicios sociales básicos , las recomendaciones son incrementar los recursos para la población más necesitada y velar por su asignación equitativa y reglada , elaborar los reglamentos de prestaciones de acceso a los servicios que son ya imprescindibles para ganar credibilidad y transparencia en la atribución o la denegación de las prestaciones , dimensionar los equipos de profesionales en función de la demanda , incluida la latente , y regular la asignación y funciones del profesional de referencia no encorsetado -lo en el territorio .
La síndica también plantea revisar el modelo de atención en los servicios sociales . Vilà considera que , si bien van aumentando gradualmente los recursos asistenciales , todavía se está lejos de poder hablar de garantía de derechos ni de prestaciones básicas garantizadas para muchas personas necesitadas , y en consecuencia , los equipos básicos necesariamente deben estar desbordados por una presión de demanda que no pueden asumir y que dificulta enormemente su trabajo . Una primera necesidad que hay que adoptar es una optimización de los recursos económicos y sociales , pero también hay un cambio de modelo para dar respuesta al sufrimiento de muchas personas en el contexto actual . La atención social debe adaptarse a los nuevos tiempos ya las nuevas necesidades.

web de la SIndica de Barcelona: LA SÍNDICA REP UNA ALLAU DE QUEIXES PER LA CRISI, UN 80% SÓN DE NOU BARRIS




07 de octubre – Día Mundial del Habitat- concéntrate en tu Oficina Vivienda exigiendo un verdadero Servicio Público

La International Alliance of Inhabitants (IAI) ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil este mes de octubre en todas las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda ya la ciudad para exigir derechos civiles.

Diversas entidades sociales de Barcelona y alrededores hacemos un llamamiento a la concentración pacífica y cívica de las oficinas de viviendas de los barrios y localidades exigiendo que se conviertan en un verdadero Servicio Público y no en un muro burocrático contra este derecho.

Exigimos Alquiler Público y Asequible para los ciudadanos! Queremos derechos y no Burocracia!

Exigimos a los representantes políticos que cumplan con los derechos fundamentales que firmaron en la Constitución, artículo 47, así como en los tratados internacionales sobre derechos humanos firmantes por el estado español y muchas comunidades autónomas.




huelga de alquileres: ayer y hoy en España

A proposito de nuestro artículo publicado en Prouespeculacio sobre la “huelga de alquileres” de Sevilla en un bloque de pisos del Ayuntamiento queremos analizar la herramienta de la huelga de alquileres y sus posibilidades en la situación actual y una retrospectiva en la Barcelona del siglo pasado.

1931: Ayer escasez, hacinamiento y carestía de la vivienda. Año 1926: Avenida de Roma con la prisión Modelo al fondo en Barcelona

1931: escasez y carestía de la vivienda. 90% de la población vive en alquiler o en barracas en las ciudades.

El crack de 1929 en Wall Street llegó al estado español en una situación de fuerte paro, inflación y devaluación de la moneda. Desde la primera guerra mundial las más importantes ciudades del país habían recibido miles de emigrantes del campo atraidos por el trabajo en la industria.

Barcelona dobla en 20 años el número de habitantes hasta el millón. La gran obra propagandística de la “Exposición Universal del 29” atrae mano de obra de todo el país, especialmente del Levante español. La llegada de tanta gente presiona a la baja los salarios y al alza la vivienda que es un bien que escasea por la ausencia endémica de capitales y inversión inmobiliaria ( esta escasez de hecho se arrastra hasta el desarrollismo franquista que da un empuje definitivo al sector de la construcción).

En esos años impera la ley salvaje del mercado que provoca una alza generalizada de los alquileres  y del barraquismo por la masificación. Los propietarios hacinan a la gente en pisos que los cuartean para alojar a más familias que viven en habitaciones y los servicios son comunitarios (les suena algo!!). Los precios de los alquileres se encaraman hasta significar + del 30% de los sueldos de la época. La dictadura de Primo de Rivera responde a las crecientes demandas con la construcción de barrios de casas baratas. En Barcelona se construyen 2229 viviendas por el Patronato Municipal en diferentes polígonos como Can Tunis, Can Peguera, etc. (Ojo! casi 100 años más tarde el actual PMHB sólo gestiona tiene 6147 viviendas de alquiler público, después de 35 años de gobiernos de izquierda)

En 1931 los sueldos diarios oscilaban entre las 2 a 10 pesetas según la profesión y la fortaleza sindical. Mientras los alquileres llegaban hasta las 70 pesetas mensuales. Esto para una familia podía representar hasta más del 30%. En una década los alquileres subieron desde poco más de 20 a 70 ptas (entre el 50 a 150%).

La convulsa situación permitió una desobediencia civil que evitaba los desahucios, ocupaba viviendas vacías, se hacía requisa de alimentos y impago de la luz y el agua de quién tenía esos servicios o se pinchaban. Los obreros de las compañias ayudaban a sus vecinos a pichar los servicios. Estas herramientas se generalizaron hasta llegar la huelga de alquileres, que además no comportaba las privaciones de una huelga laboral. Al no pagar el alquiler muchas familias liberaban una parte del salario para sostener las condiciones mínimas de subsistencia.

El hacinamiento de esa época tuvo su lado positivo pues la solidaridad, el apoyo y la autoorganización vecinal permitió enfrentar la represión de las clases poseedoras y los propietarios. Las primeras asociaciones de vecinos se crean entorno a la defensa de la vivienda y a la reivindicación generalizada de una rebaja de alquileres del 40%. La FAI y la CNT llevaran el peso de esta lucha.

El 1º de mayo de 1931, la CNT convoca la movilización bajo el lema “Un primero de Mayo contra el paro, la carestía y la rebaja de alquileres”. Junto a la lucha sindical se desarrollaron las Comisiones de Defensa Económica (CDE). En un comunicado conjunto pedían la rebaja de un 40% de los alquileres y lanzan a sus activistas a una huelga de alquileres que se extienden por todos los barrios populares casi hasta el final de la guerra civil. El punto más álgido llegó en el verano de 1931. La CDE llegó a calcular hasta 100.000 huelguistas en una población con un millón de habitantes, lo que significa que como mínimo 1/3 de los hogares no pagaban alquiler y seguramente tampoco el agua o la luz.

Del lado gubernamental hubieron intentos de suavizar la problemática de la vivienda y frenar los abusos de los propietarios. Precisamente fue en 1920 cuando el Conde de Bugallal legisla la “Ley de congelación y prorroga forzosa de arrendamientos” que configuró un arreglo institucional con los propietarios que acabó alargándose durante todo el siglo XX. La política de alquileres regulados retroalimentó el conflicto latente entre propietarios e inquilinos que fue haciéndose progresivamente más difícil de arreglar. De hecho ni el bando republicano ni el franquista modificaron casi nada y explica que regímenes de muy distinto signo político prorrogaran la legislación regulada del inquilinato.

Las consecuencias que tuvo aquella legislación de arrendamientos urbanos a nivel económico y social propició el fin del rentismo urbano regulado. Pero también la generalización de la propiedad urbana entre las familias como una forma moderna de dominación y sometimiento social a la deudocracia. Y con ella llegó la actual crisis histórica que vive el Estado español. Hoy día en toda España hay sólo unos 2’5 millones de hogares en alquiler, sometidos a leyes salvajes que de facto impiden que el alquiler sea. La España de los banqueros, de los rentistas, de los Boyer y las Preysler ganaron como en el siglo XIX. (ver el derribo neoliberal de las políticas de alquiler social de “renta antigua” franquista)

En los años 70 también hubieron huelgas de alquileres en barrios considerados de barraquismo vertical como Verdum y Trinitat Nova, La ausencia de servicios, la mala calidad de la edificación y los alquileres caros propiciaron huelgas de alquileres que nacieron con el incipiente movimiento vecinal del final del franquismo aunque no tuvieron la repercusión de las de inicios de siglo.

1960. Los flujos migratorios de los 50-60 devolvieron el barraquismo durante la dictadura franquista. Barraquismo en Montjuich en los años 60 del siglo pasado

 

2013: 1 de cada 3 hogares no pueden pagar la vivienda a pesar de la sobreoferta inmobiliaria.

87% de la población es jurídicamente propietaria de su vivienda.

2013: Hoy burbuja inmobiliaria, deudocracia y carestía de la vivienda. Varios millones de pisos vacios constituyen la burbuja inmobiliaria española

No hace falta que expliquemos en estas líneas la crisis inmobiliaria  y social que vive nuestro país. Hay muchos entradas de la web de prouespeculació desde el 2006 que lo explican. Queremos centrarnos en las posibilidades de una huelga de alquileres en las grandes ciudades como la que hubo en los años 20.

¿Tendría mucho sentido en un país donde el 87% de la población vive en propiedad?

Después de 100 años lo que podemos afirmar es que el capitalismo nunca asegura el derecho a la vivienda de los desposeídos precisamente porque no pueden pagar. Y hoy es muy difícil acceder a una vivienda no por su escasez (8 millones de 2ª residencias y pisos vacíos) sino por su carestía y la insolvencia de la mayoría de hogares. Y precisamente se demuestra porqué en 2012 uno de cada 3 hogares no puede hacer frente a los gastos de vivienda. Pero los datos de morosidad y desahucios indican que los inquilinos se están llevando la peor parte de la crisis.

La morosidad hipotecaria ronda el 4% según los datos estadísticos del Banco de España y del Colegio del Registradores. A pesar de la lucha ejemplar de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca las cifras indican que la mayoría de desahucios se están realizando entre los inquilinos. Lo hemos denunciado en este blog: 2,5 millones de hogares en alquiler sufren el grueso de los desahucios.

Recientemente el Informe sobre Vulnerabilidad de la Cruz Roja informaba que de todas las familias que atienden el 80% no pueden hacer frente a los gastos derivados de la vivienda y además comer. Por lo tanto, las problemáticas de vivienda están asociadas al precariado generalizado que se ha instalado en las clases populares. Hay ya una huelga de alquileres de facto porque no se pueden pagar pero no es desobediencia civil y comporta el desahucio.En Barcelona, según el Decanato del Colegio de Abogados, 7 de cada 8 desahucios son de alquiler. Y todo el mundo sabe que irá a más. De hecho los alquileres “baratos” sociales que hace la Banca a sus ex-hipotecados ejecutados ya empiezan a llegar por impagos a los puntos de información que tiene la Asociación 500×20 en Barcelona. Con miles de onerosos pisos vacíos los propietarios buscan desesperados a familias solventes que no las hay.

Con los derechos triturados, por diferentes reformas legislativas, los inquilinos tienen pocas maneras de defenderse cuando la crisis asoma a sus hogares. Parar un desahucio sólo pospone el problema del derecho a la vivienda digna. Por eso han proliferado a miles las soluciones “silenciosas” como las ocupaciones de viviendas. Son fruto de la desesperación pero se diferencían con respecto a ocupaciones de desobediencia civil como han hecho diferentes organizaciones como la PAH y 500×20 cuando de ocupan edificios enteros.

Lo lógico sería volver a una regulación como ocurre en países europeos dónde los arrendamientos están asociados a la capacidad adquisitiva (el 20% del salario como pide la Asociación 500×20). Eso es precisamente lo que hace esa huelga encubierta de la que dimos cuenta en Sevilla. pero hoy con las leyes del mercado mandando es sólo posible en vivienda pública o en los pisos precisamente embargados por la Banca.

La otra sería una huelga de alquileres, como las de principios del siglo pasado, pero choca con la dispersión de los inquilinos y la variedad de propietarios. No es lo mismo un mini-propietario que seguramente es un trabajador que una inmobiliaria mediana o grande, o un fondo inmobiliario o un Banco. Esas son hoy las posibilidades reales.

En Barcelona los pisos públicos gestionados por el Patronato de la Vivienda tiene impagos, tiene desahucios y tiene alquileres desorbitados propios de burbujas. Los pisos para jóvenes también tienen precios desorbitados. Esas serían los primeros lugares donde se podrían plantear una huelga de alquileres para presionar a que los alquileres deben estar regulados en razón de las posibilidades económicas del hogar.

Ahí queda el envite. Prouespeculació y la Asociación hermana 500×20 toman el toro por los cuernos. Y tú???…




Sevilla inicia la nueva versión de las huelgas de alquileres de los años 20 y 30

Una comunidad de vecinos de Sevilla deposita sólo el 30% de sus ingresos
Sus pisos son propiedad municipal y el alquiler supone ya el 45% de los ingresos de las familias.

concentración delante Ayuntamiento Sevilla - eldiario.es

Varias Avv de Zaragoza abogan también por renegociar los alquileres de los pisos públicos.

El precariado español comienza a disputar las rentas de alquiler a los propietarios
No podía ser menos. La crisis ha ido apretando las economias familiares cuando prácticamente una de cada dos familias trabajadoras españolas, con o sin trabajo, no llegan a fin de mes o lo hacen con dificultad.

El Diario.es se hace eco de la noticia que ha pasado desapercibida por la mayoría de medios de comunicación. De hecho, no hemos encontrado casi documentación para elaborar la notícia a través de las búsquedas en Internet. Es un hecho de relevancia que ante la grave situación de las clases populares desde hace 6 años no se hubiera producido un hecho así.

La huelga de alquileres de Sevilla no es aún tal huelga. De hecho, están depositando un 30% de las rentas familiares para pagar el alquiler. Uno de los responsables de la acción, Francisco Parra, hizó un estudio de su comunidad, M.A.-3.1, ubicada en Sevilla Este, y la renta familiar media era de 890€ mientras que la renta sólo del alquiler suponía 430€.

Exigen a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) una rebaja de alquileres acorde a los salarios, pero han ido más lejos, por lo que solicitan indexar los alquileres a los salarios reales. Una reivindicación que en Barcelona nuestra Asociación hermana 500×20, viene solicitando desde su fundación.

Hasta ahora se han apuntado a la iniciativa 69 familias y piden que se agreguen gentes de otras partes. La Emvisesa ya ha solicitado “documentación económica justificativa” a aproximadamente 15 miembros del colectivo de inquilinos.

Otros colectivos o familias por toda la geografía tienen el mismo problema

Los alzamientos o desalojos en la poca vivienda pública que hay en nuestro país están a la orden del día. En Barcelona la Asociación 500×20 va recibiendo un goteo progresivo de familias con deudas contraidas por la imposibilidad de pagar alquileres de pisos públicos que se llevan casi la totalidad de los ingresos de la unidad familiar.

En Zaragoza, la Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya, que integra Avv y entidades sociales, está apoyando la demanda de ayudas al pago de alquileres del Ayuntamiento, porque las familias están ahogadas de deudas o no llegan a final de mes.

En los próximos meses esto irá a más porqué el gobierno del PP ha endurecido las condiciones de vida para los arrendatarios. La nueva ley de alquileres que ya va haciendo su efecto, relega aún más el alquiler a una forma marginal de uso del derecho a la vivienda.

Prouespeculació y la Asociación 500×20 estamos luchando por lo mismo en Barcelona, por lo que apoyaremos cualquier coordinación y daremos publicidad a todas estas iniciativas.

Lee más información histórica y actual sobre estas huelgas en:

huelga de alquileres: ayer y hoy en España

La noticia ha sido elaborada con estos links:




El derribo neoliberal de las políticas de alquiler social de “renta antigua” franquista

cartel de las viviendas construidas al amparo de la ley de viviendas de renta limitada de 1954

…de aquellos barros estos lodos…

Hoy que la lucha contra los desahucios y la especulación inmobiliaria es moneda corriente en los medios de comunicación es bueno recordar como llegamos hasta aquí. Porqué como se dice en Españistande aquellos barros tenemos estos lodos“. El reciente intento de desahucio de una octogenaria en A Coruña nos ha movido a escribir un poco de la historia de nuestro país en materia de vivienda.

Los cambios legislativos en los alquileres urbanos fueron un hecho común a la mayoría de los países occidentales durante el siglo XX. En la España de los años 20 y en la dictadura de Primo de Rivera se generalizó entre la opinión pública una nueva visión sobre la propiedad urbana y la necesidad de defender los derechos de los inquilinos. La sombra de la revolución bolchevique y la Semana Trágica removió todo.

La escasez de vivienda, el hacinamiento y el hecho que la propiedad inmobiliaria estuviera en pocas manos en las grandes ciudades provocó grandes crisis sociales. La lucha a favor de los alquileres dio lugar a la creación en 1920 de la primera Asociación de Vecinos de Madrid de carácter interclasista.

la lacra de los desahucios en el siglo XXI en nuestro país.
La Ley del Conde de Bugallal de congelación y prorroga forzosa de arrendamientos en 1920configuró un arreglo institucional que se alargó durante todo el siglo XX. La política de alquileres en España retroalimentó un marco que agravaba el conflicto latente entre propietarios e inquilinos que fue haciéndose progresivamente más difícil de arreglar. De hecho ni el bando republicano ni el franquista modificaron casi nada y explica que regímenes de muy distinto signo político prorrogaran la legislación de inquilinato.

La primera y segunda guerras mundiales y el nacimiento de países “socialistas” provocaron una gran regulación de la vivienda como una necesidad de las clases populares en toda Europa. El neoliberalismo trastocó todos aquellos equilibrios en España en favor del capital financiero y los grandes propietarios inmobiliarios.

Las consecuencias que tuvo aquella legislación de arrendamientos urbanos a nivel económico y social propició el fin del rentismo urbano regulado. Pero también la generalización de la propiedad urbana entre las familias como una forma moderna de dominación y sometimiento social a la deudocracia. Y con ella llegó esta crisis histórica que vive el Estado español. Hoy día quedan poco más de 200.000 alquileres de renta antigua (regulados) en toda España, el resto unos 2’2 millones de inquilinos viven en la ley de la selva. La España de los banqueros, de los rentistas, de los Boyer y las Preysler ganaron como en el siglo XIX.

Una crisis que además de económica, social y de modelo… es también una crisis ecológica sin precedentes sobre todo en las costas del país.

HITOS de la política de vivienda en España

ESPAÑA SIGLO XX- Escasez de Vivienda, hacinamiento, barraquismo. Más del 90% de la población vive de alquiler en las ciudades. La propiedad en pocas manos.

1911- 1ª Ley de Casas Baratas

1919- Nacimiento de la Asociación de Vecinos de Madrid contra la subida abusiva de alquileres.

1920- Decreto de prórroga y congelación de alquileres del conde de Bugallal

1924-25 – 3ª Ley de casas baratas y económicas (Dictadura de primo de Rivera)

1939 – Creación del Instituto Nacional de la Vivienda franquista. Construcción de 100.000 viviendas sociales a través de Patronatos.

1954 – Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954. Impulso a la creación de grandes constructoras e inmobiliarias con un plan de 1 millón de viviendas sociales bonificadas a los propietarios.

1957- Creación del Ministerio de la Vivienda. El ministro falangista José Luís ARRESE sentenció: “queremos una patria de propietarios no de proletarios“. Desde ese momento España primará totalmente la propiedad de la vivienda

1964 – 1ª Ley de Arrendamientos Urbanos. Mantiene en parte la prórroga y congelación de los arrendamientos de viviendas y locales.

1985 – Decreto socialista Boyer. Principio del fin del alquiler protegido. La vivienda se convierte en un activo financiero. Distingue alquileres anteriores al 64, anteriores al 9 de mayo de 1.985 y nuevos desde esa época.

1994 – 2ª Ley de Arrendamientos Urbanos socialista. Declara la extinción de cualquier contrato de renta antigua. Desprotección total del inquilino. El alquiler se vuelve marginal. Moratoria de 20 años para locales de renta antigua y extinción total en las viviendas a la muerte de inquilinos.

1998 – La ley del suelo de Aznar convierte todo el país en Españistan.

….. la historia siguiente es por todos conocida …  pero especialmente grave son el agravamiento de la ley de arrendamientos con el desahucio express del PPsoe entre 2010 y ahora.

ESPAÑA SIGLO XXI- La burbuja inmobiliaria con 6.000.000 millones de viviendas vacías. 90% de viviendas en propiedad. 11 millones de hipotecas en una década. Alquiler totalmente marginal. Los bancos son las principales inmobiliarias y gestionan más de 2 millones de viviendas. Crisis social y genocidio financiero-inmobiliario. La vivienda pública de alquiler prácticamente no existe.