cada día fueron desahuciados 36 hogares durante el 2017 según el CGPJ

CADA DÍA 36 FAMILIAS han sido expulsadas DE SU CASA DURANTE EL 2017 SEGÚN DATOS DEL CGPJ

A LAS COMARCAS DE GIRONA EL 2017 HAN HABIDO 2041 DESAHUCIOS

programa “SI que es pot” – Marta AFUERA – femgirona ràdio.

Como también informó el Diario de Girona, los juzgados han ejecutado 2.042 desahucios en las comarcas de Girona durante el 2017, un 5,8% más que el año pasado. Según recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el drama de aquellos que pierden la vivienda, de momento, no va a la baja. Entre enero y diciembre, 823 familias y particulares de la demarcación se quedaron sin techo por no poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Una situación que, en muchos casos, los lleva aparejado una deuda de por vida. Pero junto a estos casos, los datos también muestran otra cruda realidad: la que viven aquellos que no pueden afrontar las cuotas del alquiler y ven como los echan del piso. En un año, en las comarcas gerundenses, los juzgados han ejecutado 1.161 desahucios por este motivo.

El Diari Ara también ha publicado que:

CADA DÍA 36 FAMILIAS SE QUEDAN SIN CASA EN CATALUNYA SEGÚN LAS ÚLTIMAS DATOS CORRESPONDIENTES AL 2017 PUBLICADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Más de 13.300 familias se quedaron sin casa este 2017 porque no podían pagar el alquiler o la hipoteca, según los últimos datos que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El goteo sigue siendo constante: 36 familias cada día se quedan sin casa, o lo que es lo mismo, cada hora se producen entre uno y dos desahucios en Cataluña.

Según los datos, Cataluña lidera un año más el ranking de desahucios, muy por encima de Andalucía y Valencia, las comunidades autónomas que la siguen. El tercer trimestre del año coincidiendo con los meses en los que ya estaba en vigor la ley catalana antidesahucios aprobada en diciembre 2016, fue el momento en que menos se produjeron. En cambio, tras la suspensión del Tribunal Constitucional de octubre, los tribunales ejecutaron 3.400 lanzamientos, casi un millar más que en el trimestre anterior.

La Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres también ahonda en esta problemática en su Facebook

facebook: Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres.

Figueres cuenta con 783 pisos vacíos de instituciones financieras, mientras que muchos de sus ciudadanos malviven hacinados en pisos insalubres. Las familias desahuciadas van a las pensiones con un promedio de 6 meses de estancia con todos los gastos públicos que ello conlleva. Ha llegado el momento de obligar a la ciudad a expropiar o multar a los pisos vacíos de los bancos.

La portavoz de la Taula, Rosa Chía cree que tras levantar la suspensión de la ley 24/2015 de la Generalitat por el Constitucional se deberían expropiar temporalmente todos los pisos de los bancos como ha decidido ya el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque el Constitucional no ha levantado la suspensión obligatoria del alquiler social en las ejecuciones hipotecarias Rosa cree que una medida así en Figueres ayudaría mucho a salvar la emergencia habitacional que vive la capital de la comarca de l’Alt Empordà. Hoy por hoy el Ayuntamiento de Figueres hace caso omiso a sus demandas.

SE DESALOJAN LOS SIN TECHO DE LA PLAZA CATALUNYA DE BARCELONA por la Guardia Urbana de la ciudad condal.

Rosa Chía y su compañera Carmen, también se exclaman contra la situación de los centenares de personas que viven en la calle en todas las ciudades del Estado sin que ninguna administración haga absolutamente nada mientras miles de viviendas son vendidas a fondos especulativos o ricachones extranjeros que así obtienen la nacionalidad española. Han pasado un rato con los acampados de la plaza Catalunya de Barcelona preguntando por su situación y dando su apoyo.

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La línea roja: la ocupación al debate entre abogados

También le puede interesar todos los documentos escritos sobre legislación y ocupación del web prouespeculacio y el abogado José Angel GALLEGOS

legislación y documentación sobre ocupación de viviendas




Se pilla antes al mentiroso que al cojo

En la virulenta campaña de odio que el sistema tiene en marcha desde hace años contra la ocupación y los ocupas, no solo participan periodistas y medios de lavado de masas encefálicas, sino a menudo juristas. En este caso se suele reclutar aquellos con los suficientes galones para hacer valer la falacia de la autoridad. En este blog ya comentamos el caso del presidente del TSJC y ahora vamos a comentar esta nota de un Catedrático de Derecho Procesal de la UB.

El truco que emplea este profesional del sofisma ya lo conocemos, lo hemos mencionado en innumerables ocasiones e incluso le hemos dedicado entradas, como esta, esta otra y esta última. Se trata de engañar a la gente haciéndoles creer que el allanamiento de morada forma parte de la ocupación o incluso peor, que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo.

En el primer párrafo de su libelo tiene el descomunal cinismo de afirmar que en España cualquiera puede ser despojado de su domicilio y que el Estado mediante su Administración de Justicia protege al rapiñador. Quien dice esto es un mentiroso de tomo y lomo. El allanamiento de morada es un delito establecido en el artículo 202 CP. Según el artículo 490 LECr cualquiera puede detener al delincuente in fraganti. Según el artículo 492 LECr lo que para todos no es más que una posibilidad para las autoridades es una obligación. Por tanto, si quien allana una morada no se da prisa en huir acabará detenido. Esa es la cruda realidad que nuestro tahúr del lenguaje con birrete nos falsea. Y lleva su mentira al extremo del detalle, califica al allanador de morada de caradura, no engañe más, quien allana una morada no es un caradura sino un delincuente. El caradura es él, por tratar de colar semejante patraña.

En el segundo de los párrafos ya nos habla de las dificultades procesales para desalojar a un ocupante. Con ello introduce por primera vez el concepto de ocupación y al hacerlo a continuación del de allanamiento de morada y como si estuviera hablando de lo mismo busca su propósito de inducir al lector a caer en el error de pensar que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo, cuando nada tienen que ver el uno con el otro.

Pero además no se olvida de emplear otros de los habituales trucos de la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas, la de calificarlos gratuitamente y sin la más mínima argumentación de ilegales. Ya se ha explicado en este blog que la ocupación no es ilegal y el porqué. Ya hemos visto en un párrafo anterior al tratar del allanamiento de morada que en el caso de actuaciones ilegales el infractor no puede mantenerla por mucho tiempo, pues bien huye o es detenido.

Cuando hablamos de ocupación, de la de verdad, el ocupante sí puede mantenerla indefinidamente, y ni tiene que huir ni temer ser detenido, porque no está actuando ilegalmente. Si la ocupación fuera ilegal, cualquiera podría detener al ocupa y además la Policía tendría la obligación de detenerlo. Si esto no es así, es precisamente porque la ocupación no es ilegal. Cuando un ocupa pierde un proceso de desahucio en la sentencia en ningún momento se le dice que esté actuando ilegalmente sino que se le condena a entregar la posesión al demandante porque este tiene más derecho que él a poseer el inmueble. Pero entra dentro de lo posible y sucede bastante que el ocupa no sea demandado y también entra dentro de lo posible y legalmente sucede muy frecuentemente que el ocupa debería ganar el pleito, aunque normalmente gracias a nuestro queridísimos jueces siempre pierden. Pero esta ya es otra historia, que ya tratamos no en una , ni en dos , ni tres , sino en cuatro entradas de este blog.

Estos proceso civiles de desahucio padecen el mismo grave mal que todos los procesos de nuestra Administración de Justicia. La enorme lentitud y tardanza en resolverse, a causa del endémico pésimo estado y colapso de la Administración de Justicia. Esto en todos los casos y también en los de desahucio supone una gran injusticia aunque se acabe ganando el proceso. Y es uno de los más graves problemas de nuestro país que además no tiene el menor atisbo de solución. Por eso, me hago cruces a leer que todo un Catedrático de Derecho Procesal tenga la desfachatez de negar que el colapso judicial no es el responsable de la tardanza en que el demandante de un desahucio que ha visto estimada su demanda, tarde tanto en recuperar la posesión.

La ocupación, la de verdad, no la que nos quieren colar estos sinvergüenzas, es tomar posesión de un inmueble abandonado. Si quien ha abandonado el inmueble no ha renunciado a su derecho y quiere recuperar la posesión, la recuperase en un tiempo razonable porque la Administración de Justicia resolviera en un tiempo razonable, la molestia de haber sufrido una ocupación no habría sido grande pues no olvidemos que el inmueble lo tenía abandonado, pero cuando la recuperación se demora años entonces tiene motivos de sobra para quejarse incluso a pesar de tener el inmueble abandonado.

Pero lo que ya es altamente insultante hasta clamar al cielo es que se tenga el descomunal cinismo de decir al inicio del cuarto párrafo que la jurisprudencia es hiperproteccionista del derecho a la vivienda. Eso es mentir como un completo bellaco con la más grosera de las desvergüenzas. La cruda realidad es que el Estado español no solo no es hiperproteccionista con el derecho a la vivienda sino que lo viola brutal, sistemática y falgrantemente. Por esa razón, hay personas que para satisfacer su derecho a la vivienda tiene que recurrir a la ocupación. Esta afirmación es para ellos una agravio sin parangón.

En el quinto párrafo lanza por fin su genial panacea para remediar el problema cuya solución ningún otro antes había sabido encontrar. Pero más importante que darse cuenta que no hay tal solución y que no cambiará nada por que lo que propone no son más que remiendos y chapuzas, es percatarse de la naturaleza de la solución que propone este individuo. La suya es una solución represiva, o dicho de otro modo una falsa solución, pues no pretende eliminar la causa del problema sino ocultar los efectos reprimiéndolos, como un vulgar medicamento de nuestras queridísimas farmacéuticas que no te curan pero que tapan los síntomas.

Al final de este cuarto párrafo el catedrático se descuelga con una propuesta de reforma procesal que ya hemos comentado en este blog y que consiste nada menos en que el ocupa cumpla la condena de desahucio antes de ser juzgado y que por ello mismo, por vulnerar el derecho a la defensa es inconstitucional. Más que vergüenza ajena produce tremendo asco que todo un catedrático de Derecho procesal, proponga algo tan abominable e ignominioso como acabar con el derecho a la defensa. ¡Madre, mía! ¡Qué se permita a semejante individuo formar a los futuros juristas de este país! No sería mejor resolver el problema de la Adminsitración de Justicia para que los pleitos se resolvieran en un tiempo razonable que cargarse el derecho a la defensa obligando al demandado a cumplir la condena antes de ser enjuiciado. Como preguntaba en aquella entrada, y si cuando por fin tenga lugar el juicio y haya una sentencia firme si quien ha ganado es el ocupa, ¿quien le indemnizará por el daño sufrido? ¿Lo hará este fantástico catedrático con dinero de su bolsillo?

En lo único que acierta este patético catedrático es en el título, Desahucios: un problema mal planteado. Efectivamente todo el mundo sabe que para solucionar de verdad un problema y no taparlo, hay que poner sobre la mesa la causa del mismo, hay que descubrir la causa del mismo, o empleado el verbo del título hay que plantear la causa del mismo. Dado que este catedrático no lo hace lo haré yo. La causa de la proliferación de las ocupaciones es el hecho que la gente no puede satisfacer la necesidad de vivienda de una manera razonable hasta el punto que algunos no les queda más remedio que ocupar. Permitamos a la gente ejercer el derecho a la vivienda y se acabará la proliferación de ocupaciones. Esa es una solución de verdad fácil de hallar porque se ha planteado la causa, porque el problema se ha planteado bien. Pero esta solución no le interesa al catedrático porque no le interesa a los mafiosos para los que trabaja. Porque entonces eso mafiosos no podrían amasar la fortuna que se embolsan con el robo generalizado a toda la población cobrándoles un sobreprecio por la vivienda. Lo que tratan precisamente estos tertulianos de la antiocupación es desviar la atención del verdadero problema y la verdadera solución con la cortina de humo que crean con todas sus mentiras sobre la ocupación.




Mas de 13000 suicidios imputables al terrorismo financiero de 2008 a 2015

Cada cinco horas se produce un suicidio en España a causa de la crisis económica que asola a cientos de miles de familias. En la Comunidad de Madrid se estima que se producen cada 54 horas, siendo los desahucios un foco principal.

Nuestros compañeros de PAH Madrid afirman que hay un suicido cada dos días en la capital del Estado.


Nuestros compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid nos han hecho llegar este comunicado que muestra como la crisis se ha cebado en los más débiles y los suicidios son silenciados porqué hay ya marcha triunfal sobre el fin de la crisis decretado por los que mandan.

La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, 28028, Madrid.  Teléfono 619267333, Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com,

Manifiesta:

El 27 de Julio de 2017 nos concentramos, de 11,30 a 14 horas,  frente al Congreso de los Diputados en memoria de los más de 13300 ciudadanos que, entre 2008 y 2015,  optaron por el suicidio a causa del terrorismo financiero existente en este país.

La banda mafiosa ETA, en sus cuarenta años de existencia criminal, asesino a 836 personas. El terrorismo financiero ha acabado con la vida de 1662 por año. Miles de vidas truncadas por males y enfermedades sobrevenidos por estos vía crucis. Familias que carecen de esperanza laboral.  A las que las deudas les aplastan. A las que el terror derivado del hacer judicial a instancias de las entidades financieras, responsables de la crisis, les persigue durante años. Sin una  respuesta eficaz de los partidos y sus dirigentes, más atentos a su mutua protección en el teatro mediático en el que representan sus papeles.

Frente al Congreso hoy extendemos un gran crespón negro en recuerdo de estas víctimas, sus familias y las que pueden estar en riesgo de  estas circunstancias todavía por mucho tiempo. Esperamos que los dirigentes y representantes de los partidos tengan el coraje de no negar esta realidad y muestren su solidaridad con estas víctimas en esta fecha.

Desde 2008 cerca de setecientas mil familias han sido ejecutadas hipotecariamente por las entidades financieras, con la colaboración imprescindible de los órganos reguladores y una perversa praxis judicial de terroríficas consecuencias. Decenas de miles de familias tras perder sus viviendas no pueden pagar los alquileres y se ven en la necesidad de ocupar viviendas vacías, de las que son expulsados un y otra vez.   Desde la verdad de lo ocurrido, la justicia ha de actuar haciendo pagar a los responsables el daño causado, y entre todos conseguir medidas que eviten que esto pueda volver a repetirse. No podemos ganar el futuro si no se depuran las responsabilidades presentes y pasadas por estos atropellos, convertidos en algunos casos en flagrantes delitos contra la sociedad.

20170727 CONGRERSO DIPUTADOSRED

De los grupos políticos esperamos un  posicionamiento político activo, desde sus competencias y responsabilidades, sobre las siguientes cuestiones:

Que se investigue, política y judicialmente, la estafa hipotecaria con todas sus variantes financieras. El rescate bancario y operaciones anexas,  pese a lo publicado, superan los cuatrocientos mil millones de euros. A lo que se ha añadir todo lo que oculta la estafa de las titulizaciones hipotecarias y de otros activos.

Que de forma inmediata se cumpla la jurisprudencia europea en todos sus términos,  lo que obliga la legislación española,  lo que implica el archivo de los procedimientos hipotecarios en marcha y la no admisión a trámite de nuevas ejecuciones amparadas en clausulas abusivas.

Que las fiscalías actúen de forma inmediata contra los que participen en el ordenamiento y realización de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, toda vez que  están basadas en la  aplicación ilegítima de una clausula abusiva, la reclamación de la totalidad del capital concedido, aunque no estuviera vencido.

Que se legisle sobre la reestructuración de  las deudas hipotecarias poniendo en relación lo pagado, lo pendiente y el valor actualizado de la garantía. De modo que la resultante en cuanto a las cuotas a pagar sea proporcional a las rentas familiares.

Que se instrumente un mecanismo eficaz en defensa de los derechos de los ilegítimamente ejecutados, para que puedan, de alguna forma, recuperar su vivienda o, al menos, conseguir la indemnización que en justicia corresponda. Para lo cual los Presupuestos del Estado debieran prever la partida correspondiente.

Que las familias acogidas en su momento a una dación en pago, y posteriormente  cobijados bajo el régimen de alquiler cedido por las entidades que les quitaron la vivienda, puedan hacer valer lo pagado en el proceso de recuperación de dicho inmueble. Desde la relación directa de lo pagado en su día, del valor actualizado de la garantía que les ejecutaron y lo abonado en concepto de alquiler hasta la fecha.

Que los afectados acogidos al régimen de alquiler, de las entidades financieras, puedan seguir en el mismo voluntariamente, de forma vitalicia, con una renta ajustada a los ingresos familiares.

Que se legisle la extensión en el mismo sentido de lo expuesto para los autónomos y pequeños empresarios afectados por las ejecuciones hipotecarias sobre sus viviendas que avalaban la financiación de sus actividades profesionales.

Madrid, a 25 de julio de 2017.

+++ INFO:




El mundo al revés

En esta noticia nos cuenta que una familia que ocupaba un piso propiedad de un banco usándolo como vivienda, perpetraba con ello un delito de usurpación. También que los ciudadanos que intentaban impedir la condena de desalojo han perpetrado un delito de resistencia a la autoridad.

Con simple pero atento vistazo al artículo 245.2 CP correspondiente a la usurpación se comprueba que la ocupación de un inmueble para usarlo como vivienda no entra en la definición del delito de usurpación y por tanto no es delito. O dicho, de otro modo, ocupar para satisfacer la necesidad de vivienda no es delito.

Por tanto, resulta que los delincuentes no son los ocupas sino los jueces que les condenan. Justo al revés de como nos lo cuentan.

Dado que la orden de desalojo no solo no era válida, sino además delictiva, la Comisión Judicial y los policías  que la ejecutaban, perpetraban los delitos de coacciones y allanamiento de morada.

Por tanto, resulta que los delincuentes no eran los ciudadanos que se les resistían tratando de impedir el desalojo, sino quienes pretendían llevarlo a cabo. Justo al revés de como nos lo cuentan.

El artículo 490 LECr permite a cualquier ciudadano detener a quienes están perpetrando un delito. Es decir, en este caso, los ciudadanos podían haber detenido a los miembros de la Comisión Judicial y los policías delincuentes que llevaron a cabo el desalojo ilegal. De esto no nos cuenta nada la noticia.

Va siendo necesario que la ciudadanía se organice para detener a los miembros de las comisiones judiciales y los policías que les acompañan cuando delinquen desalojando ilegalmente, como medio para frenar estos abusos.




La moratoria Guindos se amplia a mayo del 2020

ojo! los bancos presionan a las familias con moratoria para que firmen un alquiler social y las administraciones a través de las Oficinas de vivienda están dando el ok a esa firma que sólo beneficia al banco …por qué????

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Varios miles de familias, con los desahucios pendientes, respiran tranquilidad 3 años más.

El próximo día 15 de mayo finalizaba la moratoria, llamada de Guindos, establecida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión que fue prorrogada hasta el 2017.

Con la entrada en vigor el día 18 del nuevo Decreto, el gobierno de Rajoy se libra del marrón de ver en pocos meses el lanzamiento de 46.600 familias acogidas a ese Código de Buenas Prácticas , en un momento dulce de la mayoría de entidades financieras que ya han provisionado las pérdidas, la mayoría, a cuenta del Estado, de todos. La moratoria de la Ley para el lanzamiento judicial se alarga por siete años hasta mayo del 2020 lo que da un respiro de 3 años. La forma en que las unidades familiares pedirán la prórroga se hará igual que en otras ocasiones. Lo establece el artículo 2 del Capítulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios: el deudor acreditará ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los documentos demandados …. ver documentación>>>>

Las unidades familiares afectadas se amplían quedando:

  1. La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
  2. La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, aunque sólo sea uno. Antes se precisaba que fueran dos hijos.
  3. La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
  4. La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
  5. La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
  7. El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.»

Se decreta el derecho al alquiler social.

Los apartados 4 y 5 del anexo del Código de Buenas Prácticas se modifican para que, desde el día 15 de mayo, el deudor hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la aprobación del remate. La solicitud podrá realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2017. Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.

Aún así, ese plazo de 6 meses parece contradecirse con la modificación escrita de los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios al asegurar que: durante ese plazo – hasta el 2020- el ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda adherido al Código de Buenas Prácticas el alquiler de la misma en las condiciones establecidas en el apartado 5 del anexo de dicho Código.

En todo esto, la entidad tiene la potestad de no conceder el alquiler: “…podrá solicitar y obtener del acreedor…” …. no es mandato legislativo sino recomendación.

Recuperar la vivienda subastada

El decreto también prevee que el Gobierno se da un plazo de ocho meses –y así figura en una disposición del decreto– para plantear medidas para que los deudores recuperen su vivienda habitual “tras el pago de un precio determinado” y “Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado así como otros factores que garanticen un precio equitativo“.

Los Bancos presionan para que se firme el alquiler social: no caiga en la trampa!

Los bancos están presionando a las familias con ofertas de alquiler irrisorio…

Qué trampa escoden? pues que cuando firma el alquiler renuncia a la posesión de la vivienda que es el último paso del banco para tomar el dominio de su vivienda. Al firmar el alquiler es como si entregará las llaves, saliera por la puerta de casa, y volviera a entrar como inquilino…

Ventajas para el banco. Cobra desde ya. No tiene que esperar al 2020 para recibir el decreto del juzgado que el piso está libre de cargas.

desventajas para usted: empieza a pagar un alquiler… cosa que si esta en moratoria no lo hace. En todo caso cuando llegue el 2020 ya se  vera

Lo que resulta chocante es que las oficinas de vivienda validen las ofertas de los bancos cuando estas tienen trampa. La verdad es que los servicios jurídicos no defienden al ciudadano, hacen por desgracia de meros intermediarios, sin mojarse.

Con este decreto el PPsoe se rie de la jurisprudencia europea reciente

Con este decreto del PP pactado con el PSOE y bendecido por Ciu y PNV le gira la espalda a toda la jurisprudencia europea que sentencia que con la suspensión cautelar de la mayoría de cláusulas abusivas, como la del vencimiento anticipado, los procesos de ejecución hipotecaria nunca tendrían que haber existido y por lo tanto las familias hubieran tenido que conservar la titularidad de la propiedad.

Por eso, con otras entidades sociales, plataformas antidesahucio y algunas PAH reivindicamos:

  • Que los que están en alquiler en las viviendas ilegalmente ejecutadas puedan recuperarlas.
  • Que las deudas hipotecarias se adecuen al valor actualizado de la garantía. Que este valor se relacione con lo pagado y se faciliten cuotas en relación a las rentas familiares.
  • Que se cumpla la legislación y jurisprudencia europea.
  • Que los responsables de la estafa financiero hipotecaria rindan cuentas ante la justicia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – FIN – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR ESTA INFORMACIÓN

– – – – – – – – – – – – – – – MÁS DOCUMENTACIÓN SOBRE MORATORIA – – – – – – – – – – – – – – –

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Artículo 2. Acreditación de las condiciones para acogerse a la moratoria de lanzamiento por unidad familiar con especial vulnerabilidad

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

  1. Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
  2. Últimas tres nóminas percibidas.
  3. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  4. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
  5. En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

  1. Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de esta Ley.




detrás de un suicidio, detrás de una familia con problemas económicos … hay un banco

declaraciones a pie de Juzgado de Luís Chamarro, coordinador PAH Madrid, sobre la violencia de los bancos contra los hogares.

“…La desesperación de las familias se inicia con las ejecuciones hipotecarias…”

“….detrás de un suicidio, detrás de una familia con problemas económicos … hay un banco…”

“… 5 suicidios diarios a razón de la crisis económica…”

>>> video original en >>>




¿Para qué luchamos en 500×20-Prouespeculació?

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en ese sentido.

Por tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

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Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares/año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.

  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas muncipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.

  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.

  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva solo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.

  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada en torno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.

  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las medidas legislativas y el desarrollo de los reglamentos necesarios

Las siguientes son las principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país. Hay que entenderlas como un conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, pues algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas en el mismo espacio social y/o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es lo más importante hoy.

[ (+) medidas con consenso. (?) medidas en discusión. ]

Hablamos de necesidades legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la SAREB, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Esos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones distintas al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Vivienda.
    1. (?) Proponemos la consolidación de ese Parque Público de Vivienda sobre la base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado por las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegitima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoría social sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales en los términos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas para que el suelo urbano pase a ser de dominio público y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales.
    1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal modo que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago.
    2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio-express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  6. Fiscalidad y Régimen tributario. (+) Impuestos directos progresivos sobre Patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  7. Impuesto Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.
    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros.
    2. (?) Confección de una tabla progresiva para el IBI en función valor del inmueble desde el 0,1%
      para los de menor valor al 1,2% para los de mayor valor.
  8. (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  9. (?) Se buscarán, en las grandes y medianas ciudades, diferentes modalidades de esa fiscalidad directa gravosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  10. (+) Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  11. (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  12. (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones venideras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciudadanía.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará, por tanto, indexada al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacías a alquiler público o derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio del su reparación, mantenimiento y la asunción y/o execión de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional por el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las Administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664€) no superaran nunca los 100€ o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de la Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Mesas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social se acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar un cupo de hasta un 25% para vecinos del barrio y/o Distrito empadronados más de 2 años a fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por lo tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio pormenorizado a través de Servicios sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañarse de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También de derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Regularización de la ocupación por necesidad
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no solo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras a promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.



Ocupación de vivienda pública vacía: por qué defendemos a las familias?

La ocupación muestra el desinterés de las administraciones por este derecho fundamental.

Se castiga la desesperación de las familias ocupantes con medidas represivas.

Pero los dictámenes del Defensor del Ciudadano siempre han defendido el derecho sobre el castigo a los ocupantes.

cartel en Navarra de denuncia pisos públicos vacíos.
cartel en Navarra de denuncia pisos públicos vacíos.

Barcelona: Poco más que palabras frente a la desesperación

En nuestra ciudad hay una proporción nada despreciable de gente que vive en una vivienda en precario, llamada también ocupación o patada en la puerta. Esta se ha generalizado en los últimos años como respuesta a una profunda crisis que ha llevado a la desesperación a miles de personas y hogares que viéndose en la calle, se han armado de valor, entrando en un piso sin mediar derecho legal alguno. Estas ocupaciones se han nutrido de esa fracción de precarios que incluso con un salario no pueden afrontar todos los pagos y además sobrevivir.

Hasta la ocupación han llegado directamente gente desahuciada como inquilinos y otra gran proporción de gente desahuciada por los bancos tras una ejecución hipotecaria. Antes de ocupar mucha gente ha pasado el calvario de vivir en pisos de familiares amontonados o alquilando habitaciones insalubres, mientras Barcelona y todo el país acumulaba millones de pisos vacíos. La misma área de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda. Necesidades que corresponderían al 20% de la población de la ciudad que vive por debajo del umbral de pobreza (menos de 7.040€/persona/año o 14.784 para un hogar de 3 miembros).

Para muchos hogares, en los distritos más pobres de la Ciudad Condal, incluso ese dinero sería una auténtica fortuna mensual. En esta fracción de ciudadanos es donde se concentran la mayoría de desahucios de la ciudad con una media de 20 desahucios/día. En un 90% son alquileres como muestran los datos judiciales de Barcelona en su página 13. No hay datos de desahucios por precario pero a la Asociación 500×20 le llegan una media de 1 al mes sólo en el distrito de Nou Barris. Nuestra Asociación cree en la ocupación de viviendas como un método de presión y alternativo pero no un fin en si mismo.

… l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda de la población pobre.

Cada hogar, cada familia que forma parte de esas cifras es una muestra de las profundas desigualdades que vive la actual historia de nuestro país. El 75% de las personas con menos de 35 años viven aún con sus padres. Batimos récord mundial en baja natalidad, en pisos vacíos per cápita y en amor paranóico por las piedras y los tochos. El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la férrea dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario.

Barcelona: 300.000 personas o 70.000 hogares necesitan un alquiler social y asequible de 100€.

El Ayuntamiento nos ha reconocido en reuniones que 70.000 hogares necesitarían pagar alquileres no superiores a los 100€ (1). Esa cifra supone el 10% del parque útil que es de 812.000 pisos. Pero el parque de vivienda pública de alquiler asequible o social no supera los 10.000 pisos en toda la ciudad.

El equipo de gobierno del alcalde Trías habla, a bombo y platillo, de grandes inversiones en políticas sociales de vivienda. Ha usado todos los medios propagandísticos posibles en prensa y televisión para explicar como se ha gastado 7’2 millones de euros a lo largo de la legislatura. Si hablamos de la vivienda como derecho fundamental el esfuerzo presupuestario de Trías es minúsculo comparado con otros esfuerzos que sí son prioridad de CiU en la ciudad. Por poner comparaciones: Trias se gasta cada año 6 millones en el Mobile World Congress -WMC- o 7’5 millones de euros en el Paseo de Gracia para que turistas tengan wifi y 4G gratuito.

Aún reconociendo que las políticas de vivienda social no son sólo responsabilidad local las comparaciones son frustrantes. Las cifras en política de vivienda de Trias son poco más que palabras ante la avalancha de necesidades de los miles de familias que en la ciudad viven miserablemente:

  • 20 desahucios día en la ciudad.
  • sólo 743 pisos de emergencia concedidos en 5 años.
  • entre 9 y 12 meses de espera para quién ha tenido la suerte de recibir una vivienda de emergencia.
  • 20% hogares por debajo del umbral de pobreza.
  • 60% hogares de la ciudad (422.000 de 691.000) reciben algún tipo de prestación pública.
  • 50% no pueden hacer frente a gastos imprevistos (mucha dificultad en llegar a final de mes)

Demasiado tiempo, fotos, noticias, palabras para familias que han agotado las puertas y ventanillas públicas a las que llamar. Familias que han agotado su paciencia esperando la ayuda de las instituciones. Y por eso acaban ocupando un techo aunque sea sin derecho. La ciudad, el país, lleva demasiados años esperando una revolución en materia de vivienda que no llega. Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población. La política se ha plegado durante demasiado tiempo a los negocios de los oligarcas catalanes del tocho, las finanzas y el turismo.

… Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población.

….

Castigar a los ocupantes de viviendas públicas y de bancos?

Para más inri, las familias que armadas de valor se atreven a ocupar pisos son castigadas prohibiéndoles poder acceder a vivienda social o de emergencia. La gente tiene hasta miedo que les quiten los niños por no ser capaces de darles un techo donde vivir.

Esta medida punitiva figura en el reglamento de las Oficinas de Vivienda de cada barrio. A las familias que ocupan pisos se les hace muy difícil negar la evidencia porque los trabajadores sociales hacen un seguimiento y es fácil descubrirlo. Los Servicios Sociales, en lugar de ayudar, se han convertido en un ente burocrático que controla y disciplina a las familias pobres. Ingentes recursos burocráticos para fiscalizar por contratos (de adhesión, como las hipotecas) a la gente humilde y comprobar el grado de pobreza o engaño. La Síndica de Greuges de Barcelona se ha quejado repetidamente que los convenios de vivienda social son contratos sociales y no un derecho en si mismos. Muchos de los requisitos rallan la ilegalidad al obligar a subscribir acuerdos de escolaridad, de buena vecindad, de ingresos mínimos e incluso un informe médico (supone vulneración extrema de datos íntimos).

Cómo toda medida punitiva, el castigo a las familias ocupantes de viviendas tiene su piedra en el zapato. Recientemente nuestra Asociación 500×20 ha defendido junto a todas las entidades vecinales, partidos de la oposición y la misma FAVB el derecho a una vivienda de una familia que ocupó por necesidad una vivienda del PMHB (Patronato Municipal de Vivienda de Barcelona) en el distrito de Sant Andrés. Una familia con el marido en un proceso de cáncer terminal que murió dejando a mujer y un hijo pequeño. El PMHB no se atreve a desalojar a la familia porque armaría una guerra y se muestra cómo sus reglamentos punitivos no sirven para arreglar ningún problema. Este caso esta bién explicado aquí y aquí.

El argumento más requerido para defender el desahucio de esta familia es que ocupan el piso que correspondería a otra según un baremo. Lo defiende el PMHB y el regidor del distrito de Sant Andreu de BCN. Esta claro… si se acepta una ocupación y se legaliza, se está haciendo efecto llamada. Se trata de enfrentar un pobre contra otro y administrar la escasez… ¡que despropósito en un país como el nuestro récord mundial en viviendas vacías per cápita!

… Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.

o castigar la vivienda vacía de la ciudad de Barcelona???

La gente no va a dormir al raso. Si realmente se quiere acabar con las ocupaciones hay que movilizar a precios asequibles e incluso subvencionados la vivienda vacía. Y aquí tenemos otro problema: la ausencia premeditada de datos fiables sobre vivienda vacía en la ciudad. Es curioso ver la enorme dificultad histórica de CiU y PP para definir que es un piso vacío. Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.
Una vivienda vacía por largas temporadas ¿se contradice constitucionalmente con la función social de la vivienda? …. sólo lo recordamos porqué algunos partidos te dan en la cabeza con esa Constitución sólo cuando les interesa.
O en una vivienda vacía ¿debe prevalecer el derecho patrimonial a hacer con ella lo que quieras? no estamos hablando de una casa en medio de la nada… estamos hablando de un piso en medio de la conurbación de Barcelona donde supuestamente deben poder vivir los ciudadanos de este país o … ¿la gente pobre debe vivir al raso?
La web del Ayuntamiento de Barcelona los sitúa en 88.259 (11% del total, por debajo de la media nacional). Los políticos del Ayuntamiento niegan que sus cifras sean reales. Nosotros sí que creemos que existen 90.000 pisos vacíos y lo explicamos en este post con todo detalle.

Por eso creemos en las políticas que obliguen a mobilizar el parque de pisos vacios:

  • ¿ qué hay sr. Mas y Trias de las multas a pisos vacíos de la Banca y inmobiliarias?
  • ¿ cuando vamos a tener un censo fiable de vivienda vacía y del perfil de los propietarios?
  • ¿ cuando se van a hacer políticas verdaderas de rehabilitación de edificios y pisos viejos ofreciendo algunas condiciones favorables a los particulares que accedan a entregar sus pisos a la Administración?
  • ¿cómo pasar los pisos de la SAREB a vivienda social?

Prouespeculació.org y la Asociación 500×20 no apuesta por subvencionar los alquileres porque es una medida inflacionista que acaba hinchando los precios del mercado que debería regular. Verdaderas políticas de movilización de vivienda vacía es una medida largamente discutida pero no concluida. Nosotros tenemos nuestra opinión y no coincide con las mayoritarias…. pero será objeto de otra entrada porque es muy importante en este país.

(1). En las reuniones con Qualitat de Vida. La Taula del Tercer Sector cree que en Catalunya se necesitarían 200.000 viviendas de alquileres realmente asequibles. La Síndica de Barcelona ha urgido al Ayuntamiento ha nutrir el parque de vivienda para dar salida a la emergencia residencial.




Ayuda al Inquilino: ¿cómo defenderse judicialmente del desahucio? actualizado 2017

versión actual: JUNIO 2017
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¡ Llegó el momento !

¿ dejó de pagar el recibo de alquiler en este país?

El lobby de propietarios en este país, que ejerce su particular dictadura contra los inquilinos, tiene un poder desmesurado sin parangón en Europa. Desde Rajoy hasta el último juez y procurador tienen intereses en el mercado inmobiliario ¡No le vamos a explicar el amor por los ladrillos en este país!

En el Estado español desde la derrota del 39 no ha existido un contrapeso al poder de los propietarios inmobiliarios. La crisis actual ha hecho de los pequeños propietarios unos perdedores frente a la profesionalización de los fondos inmobiliarios y bancarios para gestionar cientos de miles de pisos que tienen en sus manos gracias a la crisis. Estos tienen ejércitos de abogados y gestores fiscales que miran sus intereses. Los pequeños caseros deben jugar en un mercado controlado “por lobos” que siempre juegan en su campo y con un tamaño favorable. Con eso queremos decirle que no es lo mismo defenderse de un mini-casero que lidiar con un fondo inmobiliario buitre, aunque a veces nunca se sabe quién es peor. Pero seguro que los grandes se defenderán en los juzgados de manera impacable y con la complicidad de más de un…..

Premisas para un inquilino moroso y miedoso.

  • ¡No ha fracasado! La crisis se ha llevado por delante miles de familias y los juzgados están llenos de procedimientos judiciales contra inquilinos. La mayor parte de desalojos son de alquiler. Y contra más pisos vacían más se les hunde el mercado que tanto aman los propietarios ¡No es para consolarse pero le ayuda a entender que está pasando.!
  • ¡Bienvenidxs a la lucha! Tras años de lucha por el derecho a la vivienda algunos colectivos estamos mejor preparados para ayudar. Los propietarios están organizados. Al otro lado de la barricada sólo faltaba usted: ¡defiéndase!
  • Recuerde que el domicilio es inviolable. El propietario no puede entrar en el piso ni cambiar la llave. Si lo hace sin su permiso lo puede denunciar. La policía sólo puede entrar con orden judicial. Sin esta ningún servicio de seguridad tiene ningún derecho a entrar en su casa.

Las leyes contra las que lidiará.

La Ley de arrendamientos urbanos -LAU y la Ley de enjuiciamiento civil-LEC han sido reformadas por el PPsoe con el objetivo de dejarlo sin techo donde vivir. Mire que “eufemismos” utilizan para no decir que si es pobre lo pondrán de patitas en la calle con la ley en la mano:

  • Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal del Psoe (publicada en el BOE número 245 de fecha 11/10/2011).
  • Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda del PP.

Es imposible con esa precariedad hacer un proyecto de vida. Quieren la esclavitud de la hipoteca o la dictadura del casero.

Defenderse en los juzgados.

Cuando dejas de abonar las rentas y el propietario decide acudir al juzgado a presentar una demanda se inicia el proceso de desahucio. El problema del inquilino de buena fe, que deja de pagar por causas económicas, es que no sabe cuando eso ocurre pero debe estar en alerta.

0.- Prepare su defensa.

Tómese su tiempo. Coja la copia del contrato de alquiler que le dieron cuando lo firmó. Lea detenidamente las cláusulas por si tuviera alguna a la que agarrarse para oponerse al desahucio más adelante. Recoja los recibos de la fianza y del depósito (si lo hubiere). Este dinero puede ayudarle a pagar las deudas y evitar estar en una lista de morosos.

Más del 50% de propietarios no declaran el alquiler a Hacienda para no pagar impuestos y eso que tienen importantes desgravaciones (60% de las rentas que paga). Se puede intuir que hay algo de ilegal cuando el alquiler se cobra en mano o no hay recibos por en medio.  Esto se lo explicamos porqué, en caso de que la propiedad defraude a Hacienda, le puede presionar para llegar a un arreglo mucho mejor antes del juicio y del desahucio. Las multas por no declarar pueden disuadir al casero de ir a las bravas con usted. Los fondos buitres como tienen figuras impositivas especiales no suelen defraudar o si lo hacen no conseguirá averiguarlo (ingeniería fiscal). Los pequeños caseros si que defraudan y mucho. Léase esta entrada para averiguar si su alquiler es legal y declarado al fisco.

1.- Procedimiento de actuación del juzgado y el arrendador (propietario).

Demanda. El procedimiento de desahucio comienza por la presentación del propietario de una demanda contra usted por impago de rentas de alquiler en el registro del juzgado. La demanda, que firma abogado y procurador de la propiedad, debe llegar a la mesa del juez. Admisión a trámite. Cuando la demanda llega a manos del Juez y del Secretario y observan el cumplimiento de los requisitos esta se admite a trámite asignando un número y un día de juicio. La presentación de la demanda y la admisión suele llevar unos días en los que usted no puede hacer nada.

Notificación o Emplazamiento con Requerimiento al Inquilino

El Secretario judicial emite un decreto con una copia de la demanda, de la resolución de admisión a trámite la demanda, la fecha del juicio y del lanzamiento. Y al mismo tiempo, el decreto del Secretario exige al inquilino que, en un plazo de 10 días, realice alguna de las siguientes actuaciones:

  • Actuación A- Pagar: Paralizar o enervar el desahucio pagando la deuda a la propiedad si esta acepta o depositándola en la cuenta del juzgado en caso que la propiedad quiera ir al desalojo sin negociación ninguna.
  • Actuación B- Desalojar el inmueble.

  • Actuación C- Ir al juzgado y alegar oposición a la demanda alegando las razones por las que a su entender no debe la cantidad reclamada o las circunstancias que deben paralizar el desahucio con su propio abogado y procurador. Aquí puede alegar cláusulas del contrato incumplidas. Le permite presentarse al juicio y defenderse.

  • Actuación D- Solicitar asistencia jurídica gratuita, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento. Paraliza el proceso totalmente y debe realizarlo en el juzgado pertinente en la oficina del Turno de oficio o en los Colegios de Abogados.

Si pasados 10 días, desde la recepción del decreto por el inquilino, no realiza ninguna de dichas actuaciones, el Secretario dictará decreto de desahucio al Servicio de Actos de Comunicación (SAC) sin llegar a realizar el juicio. ¡Ojo! si en esos días no ha dado señales de vida no hará falta celebrar el juicio. El procedimiento da un salto hasta el desahucio que se comunica sólo a la propiedad para que asista al desalojo. Tanto si lo desalojan como si usted se ha marchado por propia voluntad, el secretario judicial le impondrá las costas del juicio más las rentas debidas desde que se presentó la demanda hasta el alquiler del día de entrega de la posesión efectiva de la vivienda.

Si no puede pagar las rentas de alquiler debe demostrar interés por llegar a un acuerdo con el propietario sea cual sea. Visite los juzgados hasta dar con el juzgado que lleva su caso e intente tener constancia de que ha realizado averiguaciones para aplazar pagos, etc. Le pueden servir para oponerse en el caso de la Actuación C. Si no quiere defenderse puede llegar a un acuerdo por escrito con la propiedad para la entrega de llaves a cambio de las deudas en el caso de la Actuación A y B.

2.- No puede oponerse a un desahucio alegando que no ha recibido la notificación.

Antes eso era posible. Ahora si la notificación no se ha podido entregar al inquilino el secretario judicial le bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

Pero una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 2014 concede amparo a un inquilino moroso y anula una sentencia de desahucio de 11 de abril de 2011 en Navalcarnero (Madrid).  El Tribunal alega que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del inquilino, por la falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios de averiguación del domicilio real para obtener una notificación personal y efectiva. Dice que la comunicación edictal en todo procedimiento de desahucio sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado. No hemos podido averiguar si de todas maneras el desahucio se practico y la sentencia de ilegal llega 3 años más tarde.

3.- Atrasar la celebración del juicio // Justicia gratuita.

Si se opone al decreto de desahucio en el caso de la Actuación C deberá alegar razones de peso dirigiéndose al Juzgado donde le orientaran con su abogado. Si no tienen abogado porqué no puede pagárselo le aconsejamos siempre que paralice el desahucio por la Actuación D de solicitar asistencia jurídica gratuita. Para pedirla puede encontrar aquí una guía y un documento preparado para presentar al juzgado que sólo debe rellenar.

4.- Defensa judicial del derecho a la vivienda según TEDH y de suspensión del desalojo.

4.a. suspensión del desalojo hasta encontrar otra alternativa habitacional pública o privada en un hogar sin recursos usando jurisprudencia TEDH

Prouespeculació no está en contra que los pequeños propietarios recuperen su vivienda pero si se opone a que los desahucios, por causas económicas, no tengan una alternativa para evitar que la familia o el ciudadano se quede en la calle. Recientes sentencias judiciales y especialmente la del Tribunal Europeo de derechos Humanos ha exigido al Estado español la tutela efectiva del derecho a la vivienda en los casos de desahucio sin alternativa.

Tenemos un documento por el que un sinnúmero de abogados atrasan el desahucio hasta que los  Servicios de Vivienda de la Comunidad Autónoma o ciudad no responden con una vivienda alternativa. Por desgracia, la única forma efectiva de obligar a las administraciones públicas a proveer de una vivienda a las familias desahuciadas es poniendo una barrera humana stop desahucios el día del desalojo. Lea nuestro post completo sobre todo esto aquí.

4.b. suspensión hasta dos veces del desalojo hasta encontrar otra alternativa habitacional por aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El articulado del 704 da la potestad al Juzgado de atrasar el desalojo previa presentación de la documentación de que a esa fecha del desalojo no existe alternativa habitacional a dónde ir y su justificación.
>>> aquí puede bajarse los documentos que hemos preparado y utilizado>>>

5.- Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.

Dicho registro se desarrollará por Real Decreto pero el gobierno de Rajoy ha topado con la ley de Protección de datos y todavía no se ha desarrollado. Hay algunos registros de morosos de gestión privada pero que por hoy no tienen validez jurídica pero si efectiva para conocer a los que el lobby de propietarios llama “morosos profesionales”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA – – – – – – – – – – – – – – – – – –




Varapalo judicial: Un juez rechaza desalojar a los ocupantes de una vivienda social al estar vacía.

Buenas noticias para las familias que sufren emergencia habitacional: Un juzgado sevillano ha rechazado el desalojo de los ocupantes de una vivienda social de la empresa municipal Emvisesa.

Es una vergüenza que en el pais con más pisos vacíos per cápita haya tanta gente con dificultades en acceder a una vivienda pública.

Hoy otra familia en Torre-Baró (Barcelona) tiene un desahucio de un piso público que estaba vacío.
cartel-desahucio-eva-martorelles-1La vivienda no está adjudicada a ninguna otra familia en situación de exclusión social por lo que se considera que no se está cometiendo ningún daño.

  • La Asociación de Abogados Independientes de Sevilla, que defendían a la familia, aseguran que la decisión puede afectar a otros casos.
  • Aseguran que cientos de viviendas de protección social están desocupadas y se deberían activar los procesos de adjudicación.
Un juzgado de Sevilla ha rechazado desalojar a los ocupantes de una vivienda social de la empresa municipal Emvisesa porque el ayuntamiento sevillano no ha demostrado daño alguno, al no haberla adjudicado a otra persona necesitada.
La Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais), que defendió a la familia, informa en un comunicado de que Emvisesa solicitó la medida provisional de desalojo y el juzgado de instrucción 10 se la ha denegado porque no ha acreditado daño, ya que no hay adjudicatario de esa vivienda. En enero pasado, el juzgado requirió a Emvisesa para que acreditara si la vivienda ocupada por R.G.O. y R.R.A. había sido adjudicada a alguna otra familia en situación de exclusión social.
Sobreseimiento: A principios de febrero, Emvisesa no había remitido al juzgado documento alguno que justificara que el piso se encontrase en fase de adjudicación a una familia sin recursos y con necesidades de vivienda, por lo que el abogado de Adais ha solicitado el sobreseimiento de la causa por ocupación.
Con la ocupación no se ha producido ningún daño a la empresa municipal Argumenta que, con independencia de que se trate de una familia sin recursos, con la ocupación no se ha producido ningún daño a la empresa municipal y además, siendo una vivienda pública y con carácter social que se encuentra desocupada y sin adjudicación, en dicha situación no se cumpliría con la función social de la propiedad. Por tanto, nunca podría afirmarse que la ocupación incurriera en el delito de usurpación, según Adais.
El abogado de la familia que ocupa el inmueble, José Manuel Carrión, argumenta que, “con independencia de que se trate de una familia sin recursos y con necesidad de vivienda, con la ocupación para nada se le ha producido a Emvisesa una afectación relevante del pacífico uso y goce de la misma ya que, siendo una vivienda pública y con carácter social, que se encuentra desocupada y sin adjudicación, en dicha situación no se cumpliría con la función social de la propiedad, y, por tanto, nunca podría afirmarse que la ocupación poseyera la lesividad requerida por el tipo de usurpación”.La asociación de abogados afirma que esta decisión judicial “puede tener efectos respecto a otras muchas viviendas de protección oficial, propiedad de Emvisesa, que se encuentran desocupadas”. Explica: “Son cientos las viviendas que se encuentran en estado de desocupación y sin proceso de adjudicación y son muchísimas las familias que han venido solicitando una vivienda en alquiler social, sin que el proceso se active por Emvisesa de un modo u otro”.

¿ESPERAMOS QUE CUNDA EL EJEMPLO ENTRE MÁS JUZGADOS DE TODO EL PAÍS!

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MÁS INFORMACIÓN:

http://www.20minutos.es/noticia/2053997/0/juez-rechaza-desalojo/familia-vivienda-ocupada/adjudicatario-sevilla/




Amenazas de desahucio de Goldman Sachs sobre los ex-pisos sociales de Madrid

LES PIDEN PRECIOS DESORBITADOS POR UNOS PISOS QUE MADRID LES VENDIÓ POR LA MITAD

Vecinos de La Ventilla se manifiestan contra los abusos de Goldman Sachs

Más de un centenar de familias se manifiestan en La Ventilla (Madrid) contra los abusos del fondo de inversión Goldman Sachs, que en agosto compró a precio de ganga unos pisos de protección a la Comunidad de Madrid y ahora pretenden imponer su venta a los vecinos de los inmuebles a un precio fuera de mercado. Si no aceptan las condiciones, las familias se quedarán en la calle en un mes.

Las familias se manifiestaron este sábado en el barrio madrileño de La Ventilla para evitar que les dejen sin casa. El pasado agosto la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas protegidas al fondo americano Goldman Sachs, con las que ahora se está especulando. La empresa quiere vendérselas a los vecinos, que hasta ahora permanecián en régimen de alquiler, a precios desorbitados y, si no aceptan las condiciones, en un mes se quedarán en la calle a aquellos que les vence la opción a compra.

Un ejemplo es el de Rosario, que vive en una casa que ya no es suya. En 2007 la Comunidad le concedió el piso en protección oficial, pero desde hace unos meses su casero ha cambiado. Goldman Sachs, un fondo que está detrás del comienzo de la crisis económica y que ahora amenaza con dejar a la familia de Rosario sin un techo. Sólo tiene una manera de quedarse: comprar la casa. Y para ello, le han dado 60 días para conseguir 150.000 euros.

Lo curioso es que la Comunidad de Madrid vendió estas casas a la empresa americana a un precio de ganga, 67.000 euros. Mucha diferencia con los 150.000 euros que tendrán que desembolsar los vecinos. Vaya, un negocio redondo. Ni la propia Goldman Sachs niega el ‘pelotazo’ que pretenden dar: el negocio es el negocio, pero en este caso lo hacen con patrimonio público. Un proyecto que empezó como social, destinado a familias con escasos recursos, y del que los buitres no han dejado ni los huesos.