ocupaciones de viviendas: ¿cómo es el procedimiento civil y penal?

Los poderes políticos han actuado siempre del lado del más fuerte a lo largo de los cuarenta años de democracia, agravando las leyes contra los más desprotegidos cuando las crisis del capital dejaban a millones de personas sin posibilidad de hacer frente a los pagos de las rentas de alquiler o de las deudas hipotecarias.

La gente ha ocupado miles de viviendas de la Banca y de los grandes propietarios. Si esto ha sido así, es porqué precisamente aquellos que fueron culpables de la crisis financiera se han  beneficiado de ella quedándose con más de un millón de viviendas por todo el país. Es justo que esas viviendas sean para el pueblo y no para los fondos financieros cargados de dinero ficticio – creado de la nada por los bancos centrales- que vienen del mundo anglosajón o de paraísos fiscales como Luxemburgo a comprar las viviendas que los ciudadanos de aquí perdieron antes..

Los partidos del Régimen por orden de responsabilidad (PP, Psoe, C’s, CiU y PNV) son culpables de haber vaciado la función social de la vivienda en su artículo 47 y que los pretendidos beneficios se los haya quedado los más ricos o hayan vendido las propiedades “patrias”.

En los conflictos de posesión por precario o ocupaciones la propiedad están usando la vía civil o la penal.

Hoy el artículo 47 de la constitución española es un cadáver envuelto en la bandera patria que esconde enormes atropellos de los derechos humanos.

PP y Ciudadanos han recurrido todas las leyes autonómicas ante el Tribunal Constitucional o el Supremo que intentaban poner un poco de coto a la rapiña de los fondos de inversión especulativa como ha ocurrido en Catalunya, Aragón o Valencia. Otras veces se ha agravado las leyes contra los inquilinos o la ocupación auspiciados por la mayoría de partidos (PSOE, PNV, CiU, PP y Ciudadanos). Esta ofensiva legislativa ha precedido precisamente a la de los bancos, que después de un período de perfil bajo, han lanzado a sus gabinetes de abogados por la vía penal a recuperar las viviendas ocupadas. Eso añade más dolor a los hogares que viven en la precariedad. El aumento inusitado de uso de la vía penal para las usurpaciones pacíficas de vivienda por necesidad han alertado a las organizaciones que luchamos desde hace años por el derecho a la vivienda para conocer de cerca los dos procedimientos y que las personas afectadas sepan cuales son todos los pasos que debe seguir la instrucción de la vía penal o civil en caso de vivir en una vivienda en precario- sin título de uso-.

Posibles causas que explican la tendencia al alza en todo el país de los procedimientos penales sobre los civiles

  • Los plazos de tramitación penal (2-3 meses) son más cortos que la civil (6 a 12 meses)
  • el procedimiento penal es más cómodo: se inicia con una denuncia a la policía y posteriormente se actua de oficio. En el caso civil se necesita presentar una demanda con abogado y procurador.
  • La vía penal es más segura para el banco, tiene menos riesgos y no se tiene en cuenta la situación social y personal de los ocupantes de la vivienda. Los Servicios Sociales no pueden actuar adecuadamente por la premura de todo.

Fases del juicio civil y penal: COMPARATIVA

 

OCUPACIÓN: Con efecto de cosa juzgada es que no puede volverse a juzgar sobre los mismo hechos, las mismas partes y el petitum ( causas a pedir).

ALQUILER: Sin efecto de cosa juzgada—todos los juicios verbales con especialidades y el sumario (juicio especial), finalizan (la sentencia) sin efecto de cosa juzgada,por tanto pueden las partes volver a plantear el litigo por el juicio plenario que corresponda.


ESQUEMA BÁSICO DEL PROCEDIMIENTO CIVIL POR PRECARIO


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DECLARAMOS: #DeclaramosDesahuciosAbiertosIlegales – sin fecha-pq inducen gran sufrimiento a los hogares

MUJERES, POBRES, MADRES Y SIN RECURSOS.

ESTE ES EL PERFIL QUE SOPORTA LOS DESHACUIOS ABIERTOS

Y LOS JUECES LOS VALIDAN SIN QUE NINGUNA LEY DE SOPORTE JURÍDICO

 

Nuestra Asociación y muchas otras de toda Barcelona llevamos desde hace casi dos años una lucha constante contra una manera traumática y de gran sufrimiento emocional para los hogares: LOS DESAHUCIOS ABIERTOS O SIN FECHA.

Esto quiere decir, que los juzgados se saltan la jurisprudencia española y de derechos humanos internacional o, bien, hacen una lectura laxa siempre a favor de la propiedad para desahuciar familias que no tienen ninguna alternativa habitacional que no sea aquella vivienda.

Lo sabe el juez. Lo sabe la Comisión judicial. Lo sabe el policía. Lo sabe la propiedad que pide este desahucio. Lo sabe la clase política. TODOS CALLAN!

Se justifican que los servicios sociales tienen la obligación de dar cobertura al desahucio. SON hipócritas. Sabemos que el s servicios sociales de los ayuntamientos están desbordados desde hace años. Saben que no pueden hacer nada. Los casos de más violencia policial o de suicidio se han dado en desahucios de esta clase. Todos somos conscientes de la gravedad de la situación para que LOS DESAHUCIOS EN FECHA ABIERTA NO PARAN DE AUMENTAR MAS RERA MES.

La familia espera el desalojo de su vivienda cada día hasta que llega con la más absoluta angustia del que no sabe que pasará en ningún caso. Ningún reglamento jurídico ni ninguna legislación democrática puede soportar esta actuación administrativa que se ha generalizado entre los jueces de este país que actúan como si no pasará nada. No hay ninguna ley que regule los desahucios con fecha abierta …. para que se practican pues?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya se pronunció, sacando los colores a España, que no son posibles los desalojos sin alternativa habitacional …. por qué pues se practican los desahucios con fecha abierta?

La Ley de Enjuiciamiento Civil, con la que se dictan muchos de los desahucios de hogares en el estado, no habla de desahucios con fecha abierta. Al contrario. En el artículo 440.4 de la citada ley se hace mención a:

Artículo 440. Admisión y traslado de la demanda sucinta y citación para vista.

4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior

[Este apartado 4 de este artículo ha sido introducido por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.(BOE núm. 245 de 10-10-2011, pp.106726 a 106744)]

Asimismo, el artículo 704 que evoca para pedir prórrogas del lanzamiento también hace mención a la fecha de la siguiente manera:

Artículo 704. Ocupantes de inmuebles que deban entregarse.

1. Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.

Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

Por lo tanto, podemos decir sin error, que LOS DESAHUCIOS CON FECHA ABIERTA SON ILEGALES tanto en consideración de la legislación europea como la comunitaria …


POR LO QUE PEDIMOS LA COMPLICIDAD DE TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE LUCHAMOS POR DERECHO A LA VIVIENDA PARA PONER EN MARCHA UNA CAMPAÑA UNITARIA para erradicar este HERRAMIENTA BUROCRÁTICA-ADMINISTRATIVA de la práctica cotidiana de los juzgados y que prevalezca siempre el derecho a la alternativa habitacional


  • Documento suspensión desahucios = [formato.odt] [formato.pdf] – según TEDH (Sentencia Tribunal Europeo Derechos Humanos) – valido alquiler e hipoteca PREVIO al DESALOJO.
  • Documento suspensión desahucio de alquiler por artículo 704 LEC: = [formato.odt] [formato.pdf].

 




cada día fueron desahuciados 36 hogares durante el 2017 según el CGPJ

CADA DÍA 36 FAMILIAS han sido expulsadas DE SU CASA DURANTE EL 2017 SEGÚN DATOS DEL CGPJ

A LAS COMARCAS DE GIRONA EL 2017 HAN HABIDO 2041 DESAHUCIOS

programa “SI que es pot” – Marta AFUERA – femgirona ràdio.

Como también informó el Diario de Girona, los juzgados han ejecutado 2.042 desahucios en las comarcas de Girona durante el 2017, un 5,8% más que el año pasado. Según recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el drama de aquellos que pierden la vivienda, de momento, no va a la baja. Entre enero y diciembre, 823 familias y particulares de la demarcación se quedaron sin techo por no poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Una situación que, en muchos casos, los lleva aparejado una deuda de por vida. Pero junto a estos casos, los datos también muestran otra cruda realidad: la que viven aquellos que no pueden afrontar las cuotas del alquiler y ven como los echan del piso. En un año, en las comarcas gerundenses, los juzgados han ejecutado 1.161 desahucios por este motivo.

El Diari Ara también ha publicado que:

CADA DÍA 36 FAMILIAS SE QUEDAN SIN CASA EN CATALUNYA SEGÚN LAS ÚLTIMAS DATOS CORRESPONDIENTES AL 2017 PUBLICADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Más de 13.300 familias se quedaron sin casa este 2017 porque no podían pagar el alquiler o la hipoteca, según los últimos datos que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El goteo sigue siendo constante: 36 familias cada día se quedan sin casa, o lo que es lo mismo, cada hora se producen entre uno y dos desahucios en Cataluña.

Según los datos, Cataluña lidera un año más el ranking de desahucios, muy por encima de Andalucía y Valencia, las comunidades autónomas que la siguen. El tercer trimestre del año coincidiendo con los meses en los que ya estaba en vigor la ley catalana antidesahucios aprobada en diciembre 2016, fue el momento en que menos se produjeron. En cambio, tras la suspensión del Tribunal Constitucional de octubre, los tribunales ejecutaron 3.400 lanzamientos, casi un millar más que en el trimestre anterior.

La Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres también ahonda en esta problemática en su Facebook

facebook: Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres.

Figueres cuenta con 783 pisos vacíos de instituciones financieras, mientras que muchos de sus ciudadanos malviven hacinados en pisos insalubres. Las familias desahuciadas van a las pensiones con un promedio de 6 meses de estancia con todos los gastos públicos que ello conlleva. Ha llegado el momento de obligar a la ciudad a expropiar o multar a los pisos vacíos de los bancos.

La portavoz de la Taula, Rosa Chía cree que tras levantar la suspensión de la ley 24/2015 de la Generalitat por el Constitucional se deberían expropiar temporalmente todos los pisos de los bancos como ha decidido ya el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque el Constitucional no ha levantado la suspensión obligatoria del alquiler social en las ejecuciones hipotecarias Rosa cree que una medida así en Figueres ayudaría mucho a salvar la emergencia habitacional que vive la capital de la comarca de l’Alt Empordà. Hoy por hoy el Ayuntamiento de Figueres hace caso omiso a sus demandas.

SE DESALOJAN LOS SIN TECHO DE LA PLAZA CATALUNYA DE BARCELONA por la Guardia Urbana de la ciudad condal.

Rosa Chía y su compañera Carmen, también se exclaman contra la situación de los centenares de personas que viven en la calle en todas las ciudades del Estado sin que ninguna administración haga absolutamente nada mientras miles de viviendas son vendidas a fondos especulativos o ricachones extranjeros que así obtienen la nacionalidad española. Han pasado un rato con los acampados de la plaza Catalunya de Barcelona preguntando por su situación y dando su apoyo.

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La línea roja: la ocupación al debate entre abogados

También le puede interesar todos los documentos escritos sobre legislación y ocupación del web prouespeculacio y el abogado José Angel GALLEGOS

legislación y documentación sobre ocupación de viviendas




Se pilla antes al mentiroso que al cojo

En la virulenta campaña de odio que el sistema tiene en marcha desde hace años contra la ocupación y los ocupas, no solo participan periodistas y medios de lavado de masas encefálicas, sino a menudo juristas. En este caso se suele reclutar aquellos con los suficientes galones para hacer valer la falacia de la autoridad. En este blog ya comentamos el caso del presidente del TSJC y ahora vamos a comentar esta nota de un Catedrático de Derecho Procesal de la UB.

El truco que emplea este profesional del sofisma ya lo conocemos, lo hemos mencionado en innumerables ocasiones e incluso le hemos dedicado entradas, como esta, esta otra y esta última. Se trata de engañar a la gente haciéndoles creer que el allanamiento de morada forma parte de la ocupación o incluso peor, que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo.

En el primer párrafo de su libelo tiene el descomunal cinismo de afirmar que en España cualquiera puede ser despojado de su domicilio y que el Estado mediante su Administración de Justicia protege al rapiñador. Quien dice esto es un mentiroso de tomo y lomo. El allanamiento de morada es un delito establecido en el artículo 202 CP. Según el artículo 490 LECr cualquiera puede detener al delincuente in fraganti. Según el artículo 492 LECr lo que para todos no es más que una posibilidad para las autoridades es una obligación. Por tanto, si quien allana una morada no se da prisa en huir acabará detenido. Esa es la cruda realidad que nuestro tahúr del lenguaje con birrete nos falsea. Y lleva su mentira al extremo del detalle, califica al allanador de morada de caradura, no engañe más, quien allana una morada no es un caradura sino un delincuente. El caradura es él, por tratar de colar semejante patraña.

En el segundo de los párrafos ya nos habla de las dificultades procesales para desalojar a un ocupante. Con ello introduce por primera vez el concepto de ocupación y al hacerlo a continuación del de allanamiento de morada y como si estuviera hablando de lo mismo busca su propósito de inducir al lector a caer en el error de pensar que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo, cuando nada tienen que ver el uno con el otro.

Pero además no se olvida de emplear otros de los habituales trucos de la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas, la de calificarlos gratuitamente y sin la más mínima argumentación de ilegales. Ya se ha explicado en este blog que la ocupación no es ilegal y el porqué. Ya hemos visto en un párrafo anterior al tratar del allanamiento de morada que en el caso de actuaciones ilegales el infractor no puede mantenerla por mucho tiempo, pues bien huye o es detenido.

Cuando hablamos de ocupación, de la de verdad, el ocupante sí puede mantenerla indefinidamente, y ni tiene que huir ni temer ser detenido, porque no está actuando ilegalmente. Si la ocupación fuera ilegal, cualquiera podría detener al ocupa y además la Policía tendría la obligación de detenerlo. Si esto no es así, es precisamente porque la ocupación no es ilegal. Cuando un ocupa pierde un proceso de desahucio en la sentencia en ningún momento se le dice que esté actuando ilegalmente sino que se le condena a entregar la posesión al demandante porque este tiene más derecho que él a poseer el inmueble. Pero entra dentro de lo posible y sucede bastante que el ocupa no sea demandado y también entra dentro de lo posible y legalmente sucede muy frecuentemente que el ocupa debería ganar el pleito, aunque normalmente gracias a nuestro queridísimos jueces siempre pierden. Pero esta ya es otra historia, que ya tratamos no en una , ni en dos , ni tres , sino en cuatro entradas de este blog.

Estos proceso civiles de desahucio padecen el mismo grave mal que todos los procesos de nuestra Administración de Justicia. La enorme lentitud y tardanza en resolverse, a causa del endémico pésimo estado y colapso de la Administración de Justicia. Esto en todos los casos y también en los de desahucio supone una gran injusticia aunque se acabe ganando el proceso. Y es uno de los más graves problemas de nuestro país que además no tiene el menor atisbo de solución. Por eso, me hago cruces a leer que todo un Catedrático de Derecho Procesal tenga la desfachatez de negar que el colapso judicial no es el responsable de la tardanza en que el demandante de un desahucio que ha visto estimada su demanda, tarde tanto en recuperar la posesión.

La ocupación, la de verdad, no la que nos quieren colar estos sinvergüenzas, es tomar posesión de un inmueble abandonado. Si quien ha abandonado el inmueble no ha renunciado a su derecho y quiere recuperar la posesión, la recuperase en un tiempo razonable porque la Administración de Justicia resolviera en un tiempo razonable, la molestia de haber sufrido una ocupación no habría sido grande pues no olvidemos que el inmueble lo tenía abandonado, pero cuando la recuperación se demora años entonces tiene motivos de sobra para quejarse incluso a pesar de tener el inmueble abandonado.

Pero lo que ya es altamente insultante hasta clamar al cielo es que se tenga el descomunal cinismo de decir al inicio del cuarto párrafo que la jurisprudencia es hiperproteccionista del derecho a la vivienda. Eso es mentir como un completo bellaco con la más grosera de las desvergüenzas. La cruda realidad es que el Estado español no solo no es hiperproteccionista con el derecho a la vivienda sino que lo viola brutal, sistemática y falgrantemente. Por esa razón, hay personas que para satisfacer su derecho a la vivienda tiene que recurrir a la ocupación. Esta afirmación es para ellos una agravio sin parangón.

En el quinto párrafo lanza por fin su genial panacea para remediar el problema cuya solución ningún otro antes había sabido encontrar. Pero más importante que darse cuenta que no hay tal solución y que no cambiará nada por que lo que propone no son más que remiendos y chapuzas, es percatarse de la naturaleza de la solución que propone este individuo. La suya es una solución represiva, o dicho de otro modo una falsa solución, pues no pretende eliminar la causa del problema sino ocultar los efectos reprimiéndolos, como un vulgar medicamento de nuestras queridísimas farmacéuticas que no te curan pero que tapan los síntomas.

Al final de este cuarto párrafo el catedrático se descuelga con una propuesta de reforma procesal que ya hemos comentado en este blog y que consiste nada menos en que el ocupa cumpla la condena de desahucio antes de ser juzgado y que por ello mismo, por vulnerar el derecho a la defensa es inconstitucional. Más que vergüenza ajena produce tremendo asco que todo un catedrático de Derecho procesal, proponga algo tan abominable e ignominioso como acabar con el derecho a la defensa. ¡Madre, mía! ¡Qué se permita a semejante individuo formar a los futuros juristas de este país! No sería mejor resolver el problema de la Adminsitración de Justicia para que los pleitos se resolvieran en un tiempo razonable que cargarse el derecho a la defensa obligando al demandado a cumplir la condena antes de ser enjuiciado. Como preguntaba en aquella entrada, y si cuando por fin tenga lugar el juicio y haya una sentencia firme si quien ha ganado es el ocupa, ¿quien le indemnizará por el daño sufrido? ¿Lo hará este fantástico catedrático con dinero de su bolsillo?

En lo único que acierta este patético catedrático es en el título, Desahucios: un problema mal planteado. Efectivamente todo el mundo sabe que para solucionar de verdad un problema y no taparlo, hay que poner sobre la mesa la causa del mismo, hay que descubrir la causa del mismo, o empleado el verbo del título hay que plantear la causa del mismo. Dado que este catedrático no lo hace lo haré yo. La causa de la proliferación de las ocupaciones es el hecho que la gente no puede satisfacer la necesidad de vivienda de una manera razonable hasta el punto que algunos no les queda más remedio que ocupar. Permitamos a la gente ejercer el derecho a la vivienda y se acabará la proliferación de ocupaciones. Esa es una solución de verdad fácil de hallar porque se ha planteado la causa, porque el problema se ha planteado bien. Pero esta solución no le interesa al catedrático porque no le interesa a los mafiosos para los que trabaja. Porque entonces eso mafiosos no podrían amasar la fortuna que se embolsan con el robo generalizado a toda la población cobrándoles un sobreprecio por la vivienda. Lo que tratan precisamente estos tertulianos de la antiocupación es desviar la atención del verdadero problema y la verdadera solución con la cortina de humo que crean con todas sus mentiras sobre la ocupación.




Mas de 13000 suicidios imputables al terrorismo financiero de 2008 a 2015

Cada cinco horas se produce un suicidio en España a causa de la crisis económica que asola a cientos de miles de familias. En la Comunidad de Madrid se estima que se producen cada 54 horas, siendo los desahucios un foco principal.

Nuestros compañeros de PAH Madrid afirman que hay un suicido cada dos días en la capital del Estado.


Nuestros compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid nos han hecho llegar este comunicado que muestra como la crisis se ha cebado en los más débiles y los suicidios son silenciados porqué hay ya marcha triunfal sobre el fin de la crisis decretado por los que mandan.

La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, 28028, Madrid.  Teléfono 619267333, Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com,

Manifiesta:

El 27 de Julio de 2017 nos concentramos, de 11,30 a 14 horas,  frente al Congreso de los Diputados en memoria de los más de 13300 ciudadanos que, entre 2008 y 2015,  optaron por el suicidio a causa del terrorismo financiero existente en este país.

La banda mafiosa ETA, en sus cuarenta años de existencia criminal, asesino a 836 personas. El terrorismo financiero ha acabado con la vida de 1662 por año. Miles de vidas truncadas por males y enfermedades sobrevenidos por estos vía crucis. Familias que carecen de esperanza laboral.  A las que las deudas les aplastan. A las que el terror derivado del hacer judicial a instancias de las entidades financieras, responsables de la crisis, les persigue durante años. Sin una  respuesta eficaz de los partidos y sus dirigentes, más atentos a su mutua protección en el teatro mediático en el que representan sus papeles.

Frente al Congreso hoy extendemos un gran crespón negro en recuerdo de estas víctimas, sus familias y las que pueden estar en riesgo de  estas circunstancias todavía por mucho tiempo. Esperamos que los dirigentes y representantes de los partidos tengan el coraje de no negar esta realidad y muestren su solidaridad con estas víctimas en esta fecha.

Desde 2008 cerca de setecientas mil familias han sido ejecutadas hipotecariamente por las entidades financieras, con la colaboración imprescindible de los órganos reguladores y una perversa praxis judicial de terroríficas consecuencias. Decenas de miles de familias tras perder sus viviendas no pueden pagar los alquileres y se ven en la necesidad de ocupar viviendas vacías, de las que son expulsados un y otra vez.   Desde la verdad de lo ocurrido, la justicia ha de actuar haciendo pagar a los responsables el daño causado, y entre todos conseguir medidas que eviten que esto pueda volver a repetirse. No podemos ganar el futuro si no se depuran las responsabilidades presentes y pasadas por estos atropellos, convertidos en algunos casos en flagrantes delitos contra la sociedad.

20170727 CONGRERSO DIPUTADOSRED

De los grupos políticos esperamos un  posicionamiento político activo, desde sus competencias y responsabilidades, sobre las siguientes cuestiones:

Que se investigue, política y judicialmente, la estafa hipotecaria con todas sus variantes financieras. El rescate bancario y operaciones anexas,  pese a lo publicado, superan los cuatrocientos mil millones de euros. A lo que se ha añadir todo lo que oculta la estafa de las titulizaciones hipotecarias y de otros activos.

Que de forma inmediata se cumpla la jurisprudencia europea en todos sus términos,  lo que obliga la legislación española,  lo que implica el archivo de los procedimientos hipotecarios en marcha y la no admisión a trámite de nuevas ejecuciones amparadas en clausulas abusivas.

Que las fiscalías actúen de forma inmediata contra los que participen en el ordenamiento y realización de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, toda vez que  están basadas en la  aplicación ilegítima de una clausula abusiva, la reclamación de la totalidad del capital concedido, aunque no estuviera vencido.

Que se legisle sobre la reestructuración de  las deudas hipotecarias poniendo en relación lo pagado, lo pendiente y el valor actualizado de la garantía. De modo que la resultante en cuanto a las cuotas a pagar sea proporcional a las rentas familiares.

Que se instrumente un mecanismo eficaz en defensa de los derechos de los ilegítimamente ejecutados, para que puedan, de alguna forma, recuperar su vivienda o, al menos, conseguir la indemnización que en justicia corresponda. Para lo cual los Presupuestos del Estado debieran prever la partida correspondiente.

Que las familias acogidas en su momento a una dación en pago, y posteriormente  cobijados bajo el régimen de alquiler cedido por las entidades que les quitaron la vivienda, puedan hacer valer lo pagado en el proceso de recuperación de dicho inmueble. Desde la relación directa de lo pagado en su día, del valor actualizado de la garantía que les ejecutaron y lo abonado en concepto de alquiler hasta la fecha.

Que los afectados acogidos al régimen de alquiler, de las entidades financieras, puedan seguir en el mismo voluntariamente, de forma vitalicia, con una renta ajustada a los ingresos familiares.

Que se legisle la extensión en el mismo sentido de lo expuesto para los autónomos y pequeños empresarios afectados por las ejecuciones hipotecarias sobre sus viviendas que avalaban la financiación de sus actividades profesionales.

Madrid, a 25 de julio de 2017.

+++ INFO:




El mundo al revés

En esta noticia nos cuenta que una familia que ocupaba un piso propiedad de un banco usándolo como vivienda, perpetraba con ello un delito de usurpación. También que los ciudadanos que intentaban impedir la condena de desalojo han perpetrado un delito de resistencia a la autoridad.

Con simple pero atento vistazo al artículo 245.2 CP correspondiente a la usurpación se comprueba que la ocupación de un inmueble para usarlo como vivienda no entra en la definición del delito de usurpación y por tanto no es delito. O dicho, de otro modo, ocupar para satisfacer la necesidad de vivienda no es delito.

Por tanto, resulta que los delincuentes no son los ocupas sino los jueces que les condenan. Justo al revés de como nos lo cuentan.

Dado que la orden de desalojo no solo no era válida, sino además delictiva, la Comisión Judicial y los policías  que la ejecutaban, perpetraban los delitos de coacciones y allanamiento de morada.

Por tanto, resulta que los delincuentes no eran los ciudadanos que se les resistían tratando de impedir el desalojo, sino quienes pretendían llevarlo a cabo. Justo al revés de como nos lo cuentan.

El artículo 490 LECr permite a cualquier ciudadano detener a quienes están perpetrando un delito. Es decir, en este caso, los ciudadanos podían haber detenido a los miembros de la Comisión Judicial y los policías delincuentes que llevaron a cabo el desalojo ilegal. De esto no nos cuenta nada la noticia.

Va siendo necesario que la ciudadanía se organice para detener a los miembros de las comisiones judiciales y los policías que les acompañan cuando delinquen desalojando ilegalmente, como medio para frenar estos abusos.




La moratoria Guindos se amplia a mayo del 2020

ojo! los bancos presionan a las familias con moratoria para que firmen un alquiler social y las administraciones a través de las Oficinas de vivienda están dando el ok a esa firma que sólo beneficia al banco …por qué????

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Varios miles de familias, con los desahucios pendientes, respiran tranquilidad 3 años más.

El próximo día 15 de mayo finalizaba la moratoria, llamada de Guindos, establecida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión que fue prorrogada hasta el 2017.

Con la entrada en vigor el día 18 del nuevo Decreto, el gobierno de Rajoy se libra del marrón de ver en pocos meses el lanzamiento de 46.600 familias acogidas a ese Código de Buenas Prácticas , en un momento dulce de la mayoría de entidades financieras que ya han provisionado las pérdidas, la mayoría, a cuenta del Estado, de todos. La moratoria de la Ley para el lanzamiento judicial se alarga por siete años hasta mayo del 2020 lo que da un respiro de 3 años. La forma en que las unidades familiares pedirán la prórroga se hará igual que en otras ocasiones. Lo establece el artículo 2 del Capítulo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios: el deudor acreditará ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los documentos demandados …. ver documentación>>>>

Las unidades familiares afectadas se amplían quedando:

  1. La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
  2. La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, aunque sólo sea uno. Antes se precisaba que fueran dos hijos.
  3. La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
  4. La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
  5. La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
  6. La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
  7. El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.»

Se decreta el derecho al alquiler social.

Los apartados 4 y 5 del anexo del Código de Buenas Prácticas se modifican para que, desde el día 15 de mayo, el deudor hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la aprobación del remate. La solicitud podrá realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2017. Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.

Aún así, ese plazo de 6 meses parece contradecirse con la modificación escrita de los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios al asegurar que: durante ese plazo – hasta el 2020- el ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda adherido al Código de Buenas Prácticas el alquiler de la misma en las condiciones establecidas en el apartado 5 del anexo de dicho Código.

En todo esto, la entidad tiene la potestad de no conceder el alquiler: “…podrá solicitar y obtener del acreedor…” …. no es mandato legislativo sino recomendación.

Recuperar la vivienda subastada

El decreto también prevee que el Gobierno se da un plazo de ocho meses –y así figura en una disposición del decreto– para plantear medidas para que los deudores recuperen su vivienda habitual “tras el pago de un precio determinado” y “Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado así como otros factores que garanticen un precio equitativo“.

Los Bancos presionan para que se firme el alquiler social: no caiga en la trampa!

Los bancos están presionando a las familias con ofertas de alquiler irrisorio…

Qué trampa escoden? pues que cuando firma el alquiler renuncia a la posesión de la vivienda que es el último paso del banco para tomar el dominio de su vivienda. Al firmar el alquiler es como si entregará las llaves, saliera por la puerta de casa, y volviera a entrar como inquilino…

Ventajas para el banco. Cobra desde ya. No tiene que esperar al 2020 para recibir el decreto del juzgado que el piso está libre de cargas.

desventajas para usted: empieza a pagar un alquiler… cosa que si esta en moratoria no lo hace. En todo caso cuando llegue el 2020 ya se  vera

Lo que resulta chocante es que las oficinas de vivienda validen las ofertas de los bancos cuando estas tienen trampa. La verdad es que los servicios jurídicos no defienden al ciudadano, hacen por desgracia de meros intermediarios, sin mojarse.

Con este decreto el PPsoe se rie de la jurisprudencia europea reciente

Con este decreto del PP pactado con el PSOE y bendecido por Ciu y PNV le gira la espalda a toda la jurisprudencia europea que sentencia que con la suspensión cautelar de la mayoría de cláusulas abusivas, como la del vencimiento anticipado, los procesos de ejecución hipotecaria nunca tendrían que haber existido y por lo tanto las familias hubieran tenido que conservar la titularidad de la propiedad.

Por eso, con otras entidades sociales, plataformas antidesahucio y algunas PAH reivindicamos:

  • Que los que están en alquiler en las viviendas ilegalmente ejecutadas puedan recuperarlas.
  • Que las deudas hipotecarias se adecuen al valor actualizado de la garantía. Que este valor se relacione con lo pagado y se faciliten cuotas en relación a las rentas familiares.
  • Que se cumpla la legislación y jurisprudencia europea.
  • Que los responsables de la estafa financiero hipotecaria rindan cuentas ante la justicia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – FIN – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR ESTA INFORMACIÓN

– – – – – – – – – – – – – – – MÁS DOCUMENTACIÓN SOBRE MORATORIA – – – – – – – – – – – – – – –

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA -última versión para:

Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Artículo 2. Acreditación de las condiciones para acogerse a la moratoria de lanzamiento por unidad familiar con especial vulnerabilidad

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta Ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

  1. Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
  2. Últimas tres nóminas percibidas.
  3. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  4. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
  5. En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c) Titularidad de los bienes:

  1. Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de esta Ley.

 

CAPÍTULO IV

Artículo 8. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que serán de aplicación general.

Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.»

Dos. umbral de exclusión. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

4.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo párrafo del apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será además preciso que se cumplan los siguientes requisitos.

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la adquisición de la misma.

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

3. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1.º Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2.º Últimas tres nóminas percibidas.

3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5.º En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Número de personas que habitan la vivienda:

1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

3.º Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

c) Titularidad de los bienes:

1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.»

Tres. Se introduce un nuevo artículo 3 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 3 bis. Fiadores e hipotecantes no deudores.

Los fiadores e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusión podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.»

Cuatro. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.

2. Esta moderación de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley.»

Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

«1. El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores:

a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 250.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 50.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 225.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 45.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 37.500 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 30.000 euros adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres.

A efectos de lo anterior se tendrán en cuenta las últimas cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal. Asimismo se entenderán por personas a cargo, los descendientes y ascendientes y los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar que habiten en la misma vivienda y que dependan económicamente del deudor por percibir rentas inferiores al salario mínimo interprofesional.

No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Código las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores:

a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros;

b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 180.000 euros;

c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros;

d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 euros.




detrás de un suicidio, detrás de una familia con problemas económicos … hay un banco

declaraciones a pie de Juzgado de Luís Chamarro, coordinador PAH Madrid, sobre la violencia de los bancos contra los hogares.

“…La desesperación de las familias se inicia con las ejecuciones hipotecarias…”

“….detrás de un suicidio, detrás de una familia con problemas económicos … hay un banco…”

“… 5 suicidios diarios a razón de la crisis económica…”

>>> video original en >>>




la quiebra del Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland en el Parlamento europeo

Una visión de lo que ocurre delante de nuestros ojos y nos negamos a admitir

En una discusión en el 2013 sobre la situación financiera de los bancos en el Parlamento europeo, mr. Goofrey Bloom, del Partido xenófobo y extremista de derecha inglés UKIP, dejó ir un discurso corto, reducido al programa nacional-socialista de su partido pero certero sobre la verdadera situación de los bancos. El sistema bancario europeo está en quiebra y es un cadáver que se mantiene por respiración asistida (tipos negativos), corazón artificial (Sistema Bancario de Reserva Fraccional) y dosis masivas de enervantes (Flexibilización Cuantitativa).

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Los bancos no tienen dinero ni para devolver el 1% de los depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España está a cero. La impresión de dinero electrónico a razón de 80.000 millones mensuales que hace el BCE para comprar deuda bancaria y corporativa produce efectos gravísimos sobre la economía y el valor del trabajo:

  • es una incautación, confiscación, de los ahorros de las cuentas corrientes y depositantes por la vía del deterioro de su valor al crecer exponencialmente la masa monetaria.
  • La compra masiva de deuda produce la reducción a largo plazo del tipo de interés que provoca el alza continuada del valor de los activos refugio como la vivienda.
  • La deuda masiva mundial produce el nulo interés de la banca en prestar a la economía productiva que tiende a la reducción de la realización de beneficio empresarial (venta – la gente antes paga las deudas que comprar comida)
  • Los bancos no cumplen su función: prestar dinero. Viven del Estado al que compran la deuda soberana y de la titulización de cualquier promesa de deuda que es a su vez comprada por el BCE.
  • Las limitaciones políticas al dinero metálico son otra arma para confiscar dentro de la contabilidad bancaria los ahorros populares pero al tiempo es un suicidio del Estado pues tenía la potestad de emitir ese dinero (entorno al 2% de la  masa monetaria global) pero acepta la privatización del último resorte de su poder.
  • El corralito monetario está aquí. Con los Estados y el mundo acumulando deuda sin precedentes históricos y déficits públicos desbocados la tendencia global pasa por eliminar el dinero metálico -cash- para ir preparando el terreno a la confiscación de toda la riqueza confiscable. Algunos dirigentes del FMI, como Christine Lagarde, declaran abiertamente la confiscación de los depósitos de ahorradores para pagar la deuda pública.
  • La compra masiva de deuda corporativa, deuda emitida en mercados de renta fija ( hipotecaria, seguros, derechos de cobro) y de deuda soberana convierte al BCE en el propietario legal de la mayor parte de los Estados, bienes, activos y propiedades europeos.
  • La creación masiva de dinero sin valor – electrònico- que lo respalde, trabajo humano, reduce a cero el valor de ese trabajo y destruye los cimientos de la contabilidad de la humanidad porque una élite que controla la producción del medio de contabilizar ese trabajo lo ha pervertido hasta destruirlo.
  • Es el socialismo pero al revés. Una pequeña élite mundial, un 1%, se ha convertido en un parásito de la economía mundo y encima hace creer al huésped que forma parte de su mismo cuerpo cuando en realidad lo está matando. Y lo mata! el deterioro general del planeta con la hecatombe climática, la extenuación de los recursos y circuitos naturales y el cáncer financiero de la economía humana nos abocan a un futuro muy oscuro

Mr. Goofrey Bloom cree, como el UKIP, que se soluciona encerrándose en su pequeña isla evitando la entrada de extranjeros. Podríamos decir más cosas, pero necesitábamos esas declaraciones de Mr. G.Bloom para que nuestros lectores den veracidad real a lo que decimos. No somos unos iluminados, y vamos más allá que el mensaje xenófobo del UKIP, pero por desgracia la izquierda europea hoy no nos acompaña tomando este discurso. ¿dónde esta nuestra izquierda? Dichos estos preliminares, para evitar confusiones, les dejamos con el discurso de Mr.G.Bloom del UKIP:

salva torres, activista de 500×20




Madrid y Barcelona ponen freno a los desahucios de hipotecas vendidas a fondos de titulización.

La casualidad ha querido que el mismo día los ayuntamientos de Madrid y Barcelona aprobaran sendas proposiciones para hacer frente a la estafa de las titulizaciones hipotecarias: viernes 28 octubre del 2016.

Ya tenemos una herramienta útil para parar desahucios y hacer activismo social !

Los bancos no son dueños de las hipotecas que reclaman.

La idea inicial es parar los desahucios de hogares y la “ejecución de avalistas” cuando la entidad financiera se presenta en el juzgado simulando que es propietaria de la garantía del crédito hipotecario cuando solo es su custodio. Eso significa en términos jurídicos que no están legitimados – legitimación activa- para reclamar una deuda que no les pertenece.

El vacío legal es enorme pues la banca ha presentado miles de ejecuciones hipotecarias sin ser propietaria de la deuda en una mega-estafa que ronda los 842.119 millones de euros según confirma la misma CNMV. El 26 de marzo de 2015, el Banco de España escribía: “…de conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que lo concedió deja de ser la acreedora del préstamo , aunque conserve por Ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración…”

¿Cómo es posible que las entidades financieras hayan estado actuando impunemente, causando daños probablemente irreparables, haciendo ver que los bienes titulizados aún eran suyos? Y como es posible que los gobiernos lo hayan permitido e incluso favorecido con leyes que permiten la opacidad?

Estamos ante una estafa procesal: El banco engaña al juez mediante un contrato donde figura como parte acreedora y un certificado del Registro de la Propiedad donde aparece como titular beneficiario de la hipoteca, pero silenciando que ya no es la acreedora y esto es un engaño suficiente para que se de la estafa. En todo caso, el juez es el sujeto pasivo del delito, ya que es el destinatario del engaño pero no el perjudicado por el delito.

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REMEDIAR UNA LEY HECHA PARA EL PUEBLO CONTRA EL PUEBLO.

Las proposiciones de ley presentadas ya en muchos ayuntamientos del Estado español tienen su colofón en las presentadas en las dos principales capitales: Madrid y Barcelona el pasado viernes 28 de octubre.

REMEDIAR UNA LEY HECHA PARA EL PUEBLO CONTRA EL PUEBLO.

La proposición aprobada en Barcelona dice:

Por esta razón y dado que la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de titularización, permite que no haya publicidad registral sobre la transferencia en el Registro de la Propiedad, el pasado 28 de octubre propusimos que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona inste al Gobierno español a:

  • Exigir a la Comisión Nacional de Valores que ejerza como un verdadero registro público, organizando las hojas, escrituras y anexos de activos titularitzats, a fin de poder ofrecer a las familias afectadas de forma clara y accesible, la información y certificación de si su hipoteca ha sido titularizadas y en qué fondo de inversión.
  • Instar al impulso de las modificaciones legales oportunas para que se garantice el cumplimiento de la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad la cesión de la titularidad de un crédito hipotecario, con el fin de dotar de mayor transparencia y accesibilidad a la información referente a las titulizaciones de hipotecas y dotar de mayores garantías a los deudores afectados.
  • Solicitar a los entidades financieras que publiquen en su web, junto de la hoja y la escritura de constitución del fondo, la relación de activos que componen este fondo de titulización.
  • Comunicar estos acuerdos al Juzgado Decano de Barcelona para que, en su caso, pueda acordar la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el préstamo a ejecutar ha sido titularizar o no.
  • Enviar una copia de esta proposición en las oficinas centrales de las entidades financieras con sucursales en nuestra ciudad, en el Parlamento de Cataluña, a las formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales, de consumidores y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a la vivienda digna.
  • Incluir en la página web municipal un apartado con información sobre el problema de las titulizaciones, orientaciones para que el consumidor pueda saber si su préstamo hipotecario ha sido titulizado o no por su entidad financiera y las medidas de actuación y protección, así como promover desde la Oficina Local de Vivienda sesiones informativas y de orientación gratuitas a todos los barrios de Barcelona.
  • Que el Ayuntamiento de Barcelona inste a la Diputación de Barcelona, en el marco de sus competencias en materia de consumo, así como a la Generalidad de Catalunya, a través de un servicio específico de OFIDEUTE, para que atiendan las solicitudes que no se están atendiendo los ciudadanos que se encuentren en una situación de lanzamiento hipotecario.



Banc expropiat, Xarxa Aliments de Gràcia, Banco Alimentos de Nou Barris y los alquileres de Xavier Trias

Los sucesos del barrio de Gracia nos han hecho pensar

En el local del Banc expropiat de Gràcia realizaba una labor encomiable la Xarxa d’Aliments de Gràcia que en el 2014 visitaron la asamblea de familias de la Asc. 500×20 de Nou Barris para ofrecer su colaboración. Esta entidad tiene por objetivo satisfacer una necesidad básica como es la alimentación mediante el apoyo mutuo y la solidaridad en su barrio. Básicamente sus rasgos principales son:

  • Consiste en organizar de manera colectiva y horizontal tanto la recogida de alimentos como su reparto en asamblea a través de un grupo de más de 30 voluntarias.
  • Esta red de soporte mutuo realiza diferentes actividades para crear vínculos y confianza entre todas las participantes para romper el estereotipo donante-receptor con la implicación y colaboración de todo el mundo.
  • Tiendas de comida ecológica, comercios del barrio, un huerto urbano y donaciones de redes de consumo o individuales eran la base de la recogida de alimentos para evitar su desaprovechamiento.
  • Esas donaciones no desgravan a Hacienda al 25% en personas físicas ni al Impuesto de Sociedades un 35% para entidades jurídicas. Era pura solidaridad artesanal entre iguales del barrio.
  • La solidaridad entre los de abajo iba en paralelo a la crítica de la hipócrita caridad institucional que al tiempo que tiende la mano caritativa participa en la desgravación fiscal de las empresas que hacen donaciones al Banco de Alimentos de Barcelona, etc.
  • Esas mismas empresas que perpetuán un modelo de producción y distribución que destruye al pequeño campesino y comercio, la diversidad ecológica y perpetua un sistema que empobrece a sus trabajadores con salarios miserables y muchas veces fomenta la comida basura.

Esta red finalmente después del desalojo del Banc Expropiat de Gràcia por la policia, “Mossos d’Esquadra” se ha perdido de momento. Seguramente unas cuantas familias necesitadas no reciben comida y esa comida se debe desperdiciar. Es una lástima que tan encomiable labor no haya recibido la solidaridad del  Banco de Alimentos de Barcelona. Experiencias similares las hay en muchos lugares y quedan todas muy lejos de los estereotipos interesados de algunos medios de comunicación y sus periodistas u opinadores paniaguados.
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El Banco de Alimentos de Nou Barris

Hacía finales del 2012 el Arciprestazgo de Trinitat-Roquetes, que agrupa nueve parroquias, no daba a basto para repartir bolsas de comida entre la gente que se acercaba. La crisis era durísima. Los responsables de las parroquias fueron a hablar con la entonces Regidora del distrito, Irma Rognoni- Unió Democrática, y el Ayuntamiento de Barcelona de Xavier Trias, accedió a pagar el alquiler de un local privado (antiguamente un local de la cadena Día – supermercados) entorno a los 40 o 50.000 euros (ciertamente no sabemos la cifra exacta). El llamado banco de alimentos de Nou Barris lo gestiona DISA- Distribución Solidaria de Alimentos- una entidad ligada a las iglesias católicas del barrio. Básicamente los rasgos principales son:

  1. atiende a cientos de familias de todo el distrito que son enviadas exclusivamente por puntuaciones desde los Servicios Sociales.
  2. Las puntuaciones dan derecho como si fuera dinero “a comprar” en el local la comida que hay disponible.
  3. La donación de alimentos ha sido loada por muchos por su eficacia y una entrega que dignifica a las personas que las reciben acompañadas siempre de un voluntario que las ayuda en la tría.
  4. Una red de voluntarias del barrio atiende toda la infraestructura compleja para atender tanta demanda y cada día se reciben entregas provenientes del Banco de Alimentos de Barcelona, de supermercados y de particulares que hacen las entregas.
  5. La entrega de albaranes y/o facturas de las donaciones de supermercados, empresas, de manera ordenada entre Banco de Alimentos de Barcelona y suponemos que DISA también, debe permitir que entre “particulares” se certifican esas entregas que luego desgravan fiscalmente públicamente.

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Y ahora los agravios comparativos.

Irma Rognoni, Regidora del anterior equipo, aseguró cuando recibió el encargo de buscar un local a las parroquias que: “Estamos muy satisfechos de la labor de las entidades, por eso nos hemos implicado en este proyecto. Ahora trabajamos para poder facilitarles lo antes posible un local definitivo. Por su parte, ese modelo de distribución solidaria fue motivo de alabanza para el entonces gerente del Àrea de Calidad de Vida, del Ayuntamiento de Barcelona, Àngel Miret (propuesto por CiU para Síndic de Greuges de BCN) que sorprendido pidió extenderlo a otras zonas de la ciudad, ya que mejoraba la eficiencia de la entrega de alimentos y, sobre todo, la dignificaba.

Nosotras siempre hemos visto que los Bancos de Alimentos institucionalizados cumplen una función importante para las grandes empresas pues estas obtienen los siguientes beneficios de la existencia de esas redes solidarias de distribución legal:

  • Los sobrantes que empujan el precio a la baja se eliminan por la donación al Banco de alimentos.
  • No se necesita gastar dinero para destruir comida.
  • Los sobrantes se los van a buscar, no pagan transporte.
  • Las donaciones desgravan el 35% de la cuota integra del Impuesto de Sociedades o del 25% del IRPF en personas físicas…. significan una reducción de la recaudación fiscal de todas a causa que esas empresas eliminan su sobreproducción. Su sobreproducción nos cuesta dinero a todas!!!
  • En el caso que conocemos del banco de alimentos de Nou Barris esas grandes empresas no pagan el local que les distribuirá sus sobrantes ( había sido un supermercado Día). Se lo pagamos entre todas. Se lo pagaba Trias desde hacía 3 años y lo continua pagando el actual equipo de Ada Colau porque se realiza una labor social.

Nosotros no entendemos el encarnizamiento de algunos medios de comunicación como el Grup Godó (La Vanguardia, 8Tv..) contra el Banc Expropiat. Hay que leerse sus titulares de la época para leer las loanzas a todo el modelo de gestión de Trias con los bancos de alimentos cuando se descubrió que en Nou Barris había escolares que pasaban hambre.

Por contra, el grupo de comunicación Godó hace un giro editorial que se vuelve tosco y agresivo cuando un ejemplo parecido se gestiona desde colectivos que se niegan a seguir las pautas económicas mayoritarias. Ahora el Grup Godó se ha  convertido en el ariete de los medios de comunicación más reaccionarios. Lo del Banc Expropiat les ha servido para emprenderla con Colau, Trias y los okupas sin distinción. Cuando Trías pagaba el alquiler en Nou Barris nunca se preguntaron nada ni investigaron… ahora hasta critican sus tuits por los queridos ocupas.

La Fiscal provincial jefe de Barcelona, Ana Magaldi, cita La Vanguardia, ha ordenado investigar el caso y tiene seis meses para pronunciarse. Se trata de saber si ha habido malversación de fondos públicos según el rotativo. La Fiscalía provincial deberá apurar mucho sus argumentos para no errar en desagravios comparativos. Si Trias realizó malversación con Gràcia el caso del banco de alimentos de Nou Barris sería peor para los dos últimos alcaldes de Barcelona.

Trias no se equivocó con “sus queridos ocupas” de Gràcia. Sencillamente vio un objetivo social y aplicó la política de subvenciones a locales privados que hacía en Nou Barris para distribuir alimentos. El Grup  Godó no tiene el mismo rasero moral para valorar las noticias o colocar titulares. És una vergüenza.

Seguramente debe ser verdad que lo de la Xarxa d’Aliments de Gràcia es mucho más artesanal que la DISA de los Arciprestazgos de la Iglesia en Nou Barris pero no por ello no se realizaba una encomiable labor que además recuperaba comida que no nos ha supuesto recaudar menos impuestos por las desgravaciones fiscales. Era solidaridad pura sin atender a beneficios colaterales monetarios.

Información adicional:

Salva TORRES

activista vecinal y de la Asc. 500×20