para qué luchamos en la Asociación 500×20? un programa para el debate de las elecciones municipales

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

{tercera revisión desde el 2011-2015}

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales de 2015 nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en este sentido.

Por lo tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares / año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.
  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas municipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por lo tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.
  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.
  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva sólo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.
  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada entorno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.
  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las Medidas legislativas y el desarrollo de los Reglamentos necesarios

Las siguientes son los principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país.

Hay que entenderlas como 1 conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, ha que de algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas al MISMO espacio social y / o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es el más Importante hoy.
[(+) Medidas CON Consenso. (?) Medidas en discusión. ]

 

Hablamos de Necesidades Legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la Sareb, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Estos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones diferentes al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Viviendas.
    1. (?) Proponemos la consolidación de este Parque Público de Vivienda en base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado o municipios para las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio de que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegítima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de una nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoria social sobre la deuda hipotecaria en manos de los tenedores nacionales y internacionales en los terminos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas porqué el suelo urbano pase a ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales .
  1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal manera que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago. [ahora defendemos la inembargabilidad de la vivienda habitual]
  2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  • Fiscalidad y Régimen tributario.
    (+)
    Impuestos directos progresivos sobre patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  • Imposto de Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.

    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros .
    2. (?) Confección de una tabla progresiva por el IBI en función del valor del inmueble desde el 0,1% para los de menos valor en el 1,2% para los de más valor.
  • (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  • (?) Se buscaran, en las grandes i medianas ciudades, diferentes modalidades de esta fiscalidad directa costosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  • (+) Banca pública para gestionar lineas de crédito directas a los ciutadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  • (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  • (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones futuras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciutadania.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará indexada, por tanto, al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacias para alquiler público o con derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio de su reparación, mantenimiento y la asunción y / o exención de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional para el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664 €) no superaran nunca los 100 € o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Tablas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública o social.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar una cuota de hasta un 25% para vecinos del barrio y / o distrito empadronados más de 2 años con el fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio detallado a través de Servicios Sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañar de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Defendemos el derecho al empleo por necesidad y su regularización para la ciudadanía en precario.
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no sólo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras en promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.

material elaborado en diferenets asamblas de nuestra Asociación entre noviembre y febrero del 2015
documento aprobado para el 2015.

PÁGINA PUBLICADA INICIALMENTE EL 17 DE JULIO DEL 2011




SENTENCIA MUY IMPORTANTE absolviendo acusados de ocupación por penales frente a Cajamar.

SENTENCIA MUY IMPORTANTE absolviendo acusados por penales frente a Cajamar.

Una familia que ocupa la vivienda que fue adjudicada al banco en el 2011 sin observar de oficio cláusulas abusivas en su hipoteca ahora reclama contra el banco.

Nuestro abogado ha obtenido una victoria fulminante contra Bankia que no ha podido demostrar que se opusieran durante años a que la familia viviera ocupando el piso que les fue subastado anteriormente.

Ahora no solo eso, la familia demanda al banco por daños y perjuicios por no apreciar de oficio las cláusulas abusivas. La reciente sentencia de Tribunal Supremo y las del TJUE lo van a permitir.

LA SENTENCIA AQUÍ>>>


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cada día fueron desahuciados 36 hogares durante el 2017 según el CGPJ

CADA DÍA 36 FAMILIAS han sido expulsadas DE SU CASA DURANTE EL 2017 SEGÚN DATOS DEL CGPJ

A LAS COMARCAS DE GIRONA EL 2017 HAN HABIDO 2041 DESAHUCIOS

programa “SI que es pot” – Marta AFUERA – femgirona ràdio.

Como también informó el Diario de Girona, los juzgados han ejecutado 2.042 desahucios en las comarcas de Girona durante el 2017, un 5,8% más que el año pasado. Según recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el drama de aquellos que pierden la vivienda, de momento, no va a la baja. Entre enero y diciembre, 823 familias y particulares de la demarcación se quedaron sin techo por no poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Una situación que, en muchos casos, los lleva aparejado una deuda de por vida. Pero junto a estos casos, los datos también muestran otra cruda realidad: la que viven aquellos que no pueden afrontar las cuotas del alquiler y ven como los echan del piso. En un año, en las comarcas gerundenses, los juzgados han ejecutado 1.161 desahucios por este motivo.

El Diari Ara también ha publicado que:

CADA DÍA 36 FAMILIAS SE QUEDAN SIN CASA EN CATALUNYA SEGÚN LAS ÚLTIMAS DATOS CORRESPONDIENTES AL 2017 PUBLICADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Más de 13.300 familias se quedaron sin casa este 2017 porque no podían pagar el alquiler o la hipoteca, según los últimos datos que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El goteo sigue siendo constante: 36 familias cada día se quedan sin casa, o lo que es lo mismo, cada hora se producen entre uno y dos desahucios en Cataluña.

Según los datos, Cataluña lidera un año más el ranking de desahucios, muy por encima de Andalucía y Valencia, las comunidades autónomas que la siguen. El tercer trimestre del año coincidiendo con los meses en los que ya estaba en vigor la ley catalana antidesahucios aprobada en diciembre 2016, fue el momento en que menos se produjeron. En cambio, tras la suspensión del Tribunal Constitucional de octubre, los tribunales ejecutaron 3.400 lanzamientos, casi un millar más que en el trimestre anterior.

La Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres también ahonda en esta problemática en su Facebook

facebook: Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres.

Figueres cuenta con 783 pisos vacíos de instituciones financieras, mientras que muchos de sus ciudadanos malviven hacinados en pisos insalubres. Las familias desahuciadas van a las pensiones con un promedio de 6 meses de estancia con todos los gastos públicos que ello conlleva. Ha llegado el momento de obligar a la ciudad a expropiar o multar a los pisos vacíos de los bancos.

La portavoz de la Taula, Rosa Chía cree que tras levantar la suspensión de la ley 24/2015 de la Generalitat por el Constitucional se deberían expropiar temporalmente todos los pisos de los bancos como ha decidido ya el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque el Constitucional no ha levantado la suspensión obligatoria del alquiler social en las ejecuciones hipotecarias Rosa cree que una medida así en Figueres ayudaría mucho a salvar la emergencia habitacional que vive la capital de la comarca de l’Alt Empordà. Hoy por hoy el Ayuntamiento de Figueres hace caso omiso a sus demandas.

SE DESALOJAN LOS SIN TECHO DE LA PLAZA CATALUNYA DE BARCELONA por la Guardia Urbana de la ciudad condal.

Rosa Chía y su compañera Carmen, también se exclaman contra la situación de los centenares de personas que viven en la calle en todas las ciudades del Estado sin que ninguna administración haga absolutamente nada mientras miles de viviendas son vendidas a fondos especulativos o ricachones extranjeros que así obtienen la nacionalidad española. Han pasado un rato con los acampados de la plaza Catalunya de Barcelona preguntando por su situación y dando su apoyo.

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El banco malo quiere ser un buitre: Inflará la burbuja del alquiler especulando en Bolsa con su propia SOCIMI

La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA), también conocida como banco malo, en vez de contribuir a solucionar el grave problema de vivienda convirtiéndose en el gran parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, harto de repartir los pisos de las familias desahuciadas entre fondos buitre de todo plumaje, se quiere convertir en uno de ellos: Inflará la burbuja del alquiler especulando en Bolsa a través de su propia SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Para mayor escándalo, ha puesto las viviendas en las garras de Azora, una buitrecilla local que fue la que sacó tajada de la venta de pisos protegidos del IVIMA junto con el carroñero global Goldman Sachs. Operación que está denunciada en los tribunales y de la que la Fiscalía de Madrid ha dicho que está “trufada de irregularidades”.

A finales del pasado mes de noviembre, la propia SAREB informó en su página web que el banco malo había constituido su propia SOCIMI, llamada Tempore Properties, con 1.554 activos, de los que 1.383 son viviendas y el resto anejos (trasteros y garajes), con un valor total de 175 millones de euros. Las viviendas se concentran “en un 80% en áreas metropolitanas de grandes capitales y el resto en áreas geográficas con alta demanda en el mercado del alquiler, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga o Almería. Tienen un tamaño medio de 93 metros cuadrados y cuentan con dos o tres dormitorios.

El buitre disfrazado de filántropo George Soros es el mayor accionista de la SOCIMI Hispania

La gestión de esta cartera de viviendas públicas en alquiler del banco malo ha sido asignada a Azora, que se encargará directamente de su administración y comercialización. Cabe recordar que Azora es una córvida local que lleva desde 2003 sacando provecho de la vivienda de protección oficial. Una de sus operaciones más sonadas fue la adquisición en 2013 de casi 3.000 pisos en alquiler del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) junto con el buitre global Goldman Sachs por 201 millones de euros. Operación sospechosa hasta tal punto que el Tribunal Supremo recientemente ha avalado que los afectados la puedan impugnar, porque la compra por parte de los buitres “menoscaba la protección social” de las viviendas, gestionadas por la instrumental Encasa Cibeles. Más recientemente, la Fiscalía Provincial de Madrid ha determinado que se trata de “un procedimiento de contratación trufado de irregularidades”.

Azora gestiona la SOCIMI Hispania, dedicada a especular con la vivienda desde el mercado continuo. Entre su equipo figuran gestores procedentes del Santander (Concha Osácar y Fernando Gumuzio), Goldman Sachs (Juan del Rivero), Merrill Lynch y JP Morgan (Cristina García-Peri). Tiene como consejero dominical a un analista de Soros Fund Management, Benjamin D. Barnett. De hecho, el buitre disfrazado de filántropo George Soros es el mayor accionista de Hispania. Soros también se está aprovechando del rescate público y posterior privatización de Bankia, entre otras posiciones en las finanzas y las empresas españolas.

En paralelo, SAREB continúa trabajando con sus asesores Renta 4 y Clifford Chance en la salida a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB) de Tempore, que se producirá en las próximas fechas, una vez queden completados todos los trámites necesarios. Al frente de la SOCIMI del banco malo estará el director de alquileres de SAREB, Nicolás Díaz Saldaña, que ha estado a sueldo del BBVA y la inmobiliaria Metrovacesa, hoy en manos del Santander y el BBVA.

La cueva del MaB y las 48 SOCIMIS

¿Qué es una SOCIMI? Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario tienen como objeto social principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles urbanos para su arrendamiento. Entre sus ventajas: no pagan impuesto de sociedades; las operaciones de constitución y aumento de capital, así como las aportaciones no dinerarias a dichas sociedades quedan exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; no tienen límite de endeudamiento; y permiten a sus accionistas obtener dinero efectivo inmediato.

Teniendo en cuenta estos regalos fiscales, en los últimos meses, estas sociedades han proliferado como champiñones. Sólo en la cueva del Mercado Alternativo Bursátil (MaB) ya hay 48 SOCIMIS. Según los datos que ofrece la propia web del MaB, SOCIMIS y Empresas en Expansión (EE) suman una capitalización total de 9.851 millones de euros. Las hermanas mayores son: Merlin Properties y Colonial (Ibex 35), Axiare, Lar e Hispania (Mercado Continuo). En total suman un valor conjunto en bolsa de más de 20.000 millones de euros.

La burbuja del alquiler

Una década después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la Finca España, se vuelve a hinchar una nueva burbuja alrededor de una necesidad básica como es la vivienda. En este caso, gira en torno al alquiler y se agrava con el ‘boom’ turístico. Así es como ven la situación desde 500×20, una asociación de Barcelona que lucha contra la especulación, por un alquiler 100% público y asequible y por el derecho a la vivienda fuera del mercado: “La alta demanda de pisos de alquiler por una población que ya no tiene acceso al mercado hipotecario, conjuntamente con la presión turística y un segmento poblacional de alto poder adquisitivo (profesionales liberales, ejecutivos, etc.) que desea vivir en ciudades atractivas, producen la burbuja del alquiler. A este fenómeno lo alimenta también una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) totalmente regresiva con los intereses del alquilador: Contratos de 3 años, posibilidad de demanda si se deja de pagar un mes, etc.”

Esta asociación, que orienta gratuitamente a inquilinos, hipotecados y precarios de la vivienda, explica: “Así pues el coctel especulativo está servido: Cuando finalizan los contratos de alquiler, (en el caso de Barcelona unos 60.000 anuales) los propietarios o bien no renuevan el contrato, o piden aumentos del 20% al 50%, lo que provoca gentrificación, es decir, la población con un poder adquisitivo medio-bajo debe abandonar su barrio y marcharse fuera de la ciudad, hacia los límites del área metropolitana. En el caso de Barcelona, (extrapolable a otras ciudades) la presión turística es otro factor de presión al alza. Los propietarios ganan más alquilando las viviendas a turistas por días o semanas que alquilándolo por 3 años. En consecuencia, en Barcelona tenemos a una gran parte de la población excluida del mercado privado y a la que los ayuntamientos han de dar alternativas con un escaso parque de alquiler público (1,5% del total de viviendas)”.

Según su experiencia, el modelo de negocio de los fondos buitre tiene tres variantes: “Rehabilitar viviendas compradas a bajo precio para revenderlas después; dedicar parte del parque al alquiler, sobre todo en capitales de alta demanda; y comprar edificios enteros en zonas de alto valor en ciudades de alta densidad”.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona informan que “se ha empezado a implementar el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025, que entre otras medidas prevé construir durante este periodo 10.000 viviendas de alquiler asequible doblando en número a las actuales. Pero mientras estas viviendas no están construidas (se necesita un mínimo de 3-4 años para que un proyecto esté acabado), las órdenes de desahucio por motivos económicos no paran: Aproximadamente 2.800 anuales para Barcelona capital y 5.000 para la provincia, de las cuales el 87% son por alquiler (datos de BCN), mientras que en el resto del Estado, los desahucios por impago de alquiler son el 47%”. Y añaden un dato más, que es el gasto en materia de vivienda por administraciones: “El Ayuntamiento de Barcelona destina 100 euros por habitante; la Administración Autonómica, 30 euros; y el Gobierno Central, 10 euros.

artículo extraido de:




El capital de la SAREB es una estafa a la Hacienda y a la Deuda pública

Capital de la SAREB y la Deuda pública


El capital social de La Sareb está compuesto en un 55% de aportaciones de bancos privados y un 45% de capital público como se aprecia en este gráfico:

Inversores y accionariado

Las aportaciones concretas de cada entidad pueden consultarse en la siguiente tabla extraída de Wikipedia:

Aportaciones de capital y deuda subordinada por accionistas e inversores (febrero 2013, en millones de euros)6
Entidad Cap. D.subor. Total Entidad Cap. D.subor. Total Entidad Aport. D.subor. Total
Santander 207,40 598,20 805,60 Caixabank 149,30 431,90 581,20 Banco Sabadell 83,20 238,10 321,30
Banco Popular 71,70 204,60 276,30 Kutxabank 31,50 91,20 122,70 Ibercaja 17,70 51,30 69,00
Bankinter 17,00 49,20 66,20 Unicaja 15,80 45,60 61,40 Cajamar 15,00 43,40 58,40
Mapfre 10,00 40,00 50,00 Caja Laboral 7,40 21,30 28,70 Mutua Madrileña 6,00 24,00 30,00
Banca March 4,90 14,30 19,20 Cecabank 4,20 12,10 16,30 Banco Cooperativo 3,90 11,40 15,30
Deutsche Bank 3,70 10,70 14,40 Barclays 3,00 8,60 11,60 Catalana Occidente 3,00 12,00 15,00
Iberdrola 2,50 7,50 10,00 Axa 2,00 8,00 10,00 Banco Caminos 0,80 2,20 3,00
Generali 5,00 5,00 Zurich 5,00 5,00 Santa Lucía 4,00 4,00
Pelayo 3,00 3,00 Reale 3,00 3,00 Asisa 2,00 2,00
FROB 540 1.652,40 2.192,40 Total: 1.200 3.600 4.800

Tal y como se aprecia en ella, del total de 4.800 millones de capital solo 1.200 millones son capital, los 3.600 restantes son deuda subordinada, básicamente dinero ficticio creado por los bancos y el Estado en forma de deuda.

Sin embargo los activos de la Sareb ascienden a 50.449 millones de euros tal y como figura en su web:

Activo

Grupo 1:
BFA-Bankia: 22.153 millones
Catalunya Banc: 6.617 millones
NCG Banco-Banco Gallego: 5.670 millones
Banco de Valencia: 1.923 millones

Grupo 2:
BMN: 5.817 millones
Ceiss: 3.140 millones
Liberbank: 2.917 millones
Caja3: 2.212 millones

Total: 50.449 millones de euros

Entonces desde los 4.800 millones hasta estos 55.000 millones que la Sareb ha invertido en salvar a la banca ¿De donde sale diferencia?

Desde que el Estado español firmara el rescate bancario con la Troika europea uno de los requisitos de este memorandum era el de crear un “banco malo”, es decir, una entidad que comprara a precios abultados una fracción de los pisos de la banca para intentar cuadrar las cuentas. Las millonarias ayudas directas con dinero público que ya venían recibiendo suponían aumentar la deuda de los bancos rescatados de forma que era necesario que entrara un capital que no fuera en forma de deuda.

Europa creó un fondo de rescate para España de 100.000 millones de euros de los cuales se han usado aproximadamente la mitad. Pero ese dinero no va directamente a los bancos, dado que todo el mundo sabe que nunca podrán devolver la deuda, sino que se prestaba al Estado a través del FROB, siendo el proceso completo tal y como se explica en el siguiente gráfico extraído de este artículo de ElPeriódico:

Es decir, compramos las casas o créditos que no se pueden devolver, con deuda pública que avala el Estado a precios de burbuja y los bancos venden esa deuda a Bruselas obteniendo liquidez. De esta manera, el capital inicial (compuesto también en su mayor parte de deuda) no supone ni un 10% delos activos de La Sareb, y es la deuda pública la que vamos a tener que devolver entre todos.

Y así se consuma la estafa, aportando realmente un 2% del pasivo que tiene la Sareb los bancos privados controlan el 55% de la entidad, permitiendo al tiempo ser la voz mayoritaria y al no tener una mayoría de capital público se pueden saltar toda una serie de normas que se aplicarían si fuera una empresa con participación mayoritariamente pública.

En definitiva, los mismos bancos que provocaron la crisis y que no tienen otro fin que enriquecerse, gestionan una entidad cuyo dinero ponemos entre todos. Esa entidad compra a esos mismos bancos pisos sobrevalorados que no pueden vender, y las pérdidas de la operación quedan como deuda española. Aún más resumido, la Sareb es una estafa monumental que repite los errores del pasado y que pagaremos con mayores recortes y pérdidas de derechos.

FUENTE: la sareb es nuestra.




colectivos catalanes dan apoyo a 35 días de acampada PAC Badalona por el derecho a techo.

SE CUMPLEN 5 SEMANAS DE LA ACAMPADA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA EN BADALONA

representantes de los colectivos

LOS COLECTIVOS QUE FIRMAMOS ESTE DOCUMENTO RECLAMAMOS A TODAS LAS ADMINISTRACIONES SOLUCIONES YA A LA EMERGENCIA HABITACIONAL Y DAMOS TODO NUESTRO APOYO A LOS COLECTIVOS QUE HAN IMPULSADO LA ACAMPADA DE BADALONA

Cuatro personas menores de edad, una mujer en estado avanzado de embarazo, diversas personas y familias sin hogar, en total unas 25 personas acompañadas por activistas, habitan la veintena de tiendas de campaña instaladas des del pasado 26 de septiembre delante del Ajuntament de Badalona.

La situación en esta ciudad es desesperada: los desahucios se cuentan por decenas cada semana en Badalona. Según datos del CGPJ, Catalunya lidera el triste ránquing de desahucios y Badalona es una de las ciudades más afectadas por este drama social.

Por todo ello, los colectivos de lucha por el Derecho a la Vivienda que nos hemos reunido con los colectivos de Badalona convocantes de la acampada, RECLAMAMOS A TODAS LAS ADMINISTRACIONES VOLUNTAD REAL Y ACCIONES CONCRETAS PARA TERMINAR CON LOS DESAHUCIOS.

¡Les exigimos que resuelvan esta situación de emergencia habitacional! ¡No caben más dilaciones! ¡Soluciones ya!

– PAHC CERDANYOLA
– COLECTIVO SIN VIVIENDA TERRASSA
– 500×20 EL LLOGUER PÚBLIC I ASSEQUIBLE
– PAH ALT MARESME
– ADHECAT
– ASOCIACIÓN POR LA VIVIENDA RUBÍ
– PAHC BLANES
– PAH GIRONA SALT

* VIVIENDA EN LUCHA también queremos mostrar nuestro apoyo a la Acampada de Badalona contra los desahucios.




C’s y PP aprueban en el Congreso que las ocupaciones de inmuebles se resuelvan en juicios rápidos

Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción en la que llama a incluir en el Código Penal los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, así como endurecer las penas previstas y garantizar el cumplimiento íntegro del castigo.

La iniciativa, pactada entre el Partido Popular y Ciudadanos a raíz de una propuesta de la formación naranja, ha sido respaldada además por UPN y Foro Asturias, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Compromís han votado en contra. El PNV, el PDeCAT y Coalición Canaria han optado por abstenerse.

La propuesta aprobada por el Congreso llama a reformar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como ‘Ley Mordaza’, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

En este último caso, con el fin de endurecer las penas previstas a fin de garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen su castigo, disuadir a otros de cometer el mismo delito “e impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la ocupación”.

Juicios rápidos

En el caso de los juicios verbales, el Congreso apoya que se decidan a través de ellos cualquier demanda que pretenda el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario.

Respecto a uno de los puntos que más suspicacias generó en su debate en el Pleno del Congreso, la posibilidad de que la Policía pudiera entrar en una vivienda ocupada en caso de existir indicios suficientes de que se estaba utilizando para fines delictivos particularmente graves, como los de terrorismo, tráfico de drogas o trata de seres humanos, el texto finalmente pactado con el PP recoge explícitamente que esta entrada se podrá hacer “siempre que se aporte orden judicial o autorización del titular de la vivienda”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Por otro lado, la iniciativa también incluye medidas para asegurar la protección social, económica y jurídica en situaciones de vulnerabilidad, en particular habitacional, con la introducción de la dación en pago en caso de deudores vulnerables, y la posibilidad de permanecer tres años en la casa con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Asimismo, también reclama reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos con el fin de atender a las personas que hayan sido desalojadas tras una ocupación “cuando concurriese alguna justificada razón social” y la actualización en la página web del Ministerio de Fomento para publicar las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda, así como enlaces a los organismos autonómicos que gestionan programas de este plan.

Por último, el Congreso pide evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda, previsto en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y a través del cual entidades financieras ceden pisos para su alquiler social, adquiera carácter definitivo. (EP)

Fuente: confilegal.com




PSOE se alia con PP para evitar que los pisos de la Sareb sean de alquiler social como pide Unidos Podemos

El partido del renacido Pedro Sánchez se alía con la derecha ante un problema trascendental para miles de familias que ocupan pisos.

PP y Psoe se alían para tumbar una propuesta de Unidos -Podemos sobre pisos sociales de la Sareb

Aunque se preveía el apoyo de los socialistas a esta iniciativa de los de Iglesias, el desencuentro vuelve a ser la tónica entre PSOE y Unidos Podemos en un asunto tan relevante como la vivienda y la gestión de los miles de pisos vacíos en el país. En la comisión de Fomento del Senado de este martes el Grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea presentó una moción para convertir el Fondo Social de Viviendas en “un instrumento capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los grupos sociales más vulnerables”, en palabras de la formación.

Para ello, proponía obligar a la Sociedad de Gestión de Activos porcedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado ‘banco malo’, a ceder su parque inmobiliario al Fondo Social de Viviendas. Por otro lado, promover la creación de un “registro de viviendas vacías y desocupadas” que actualmente son propiedad de los bancos, como paso previo a obligarlos también a colaborar con el mismo fondo “mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas”.

Por último, la iniciativa de Unidos Podemos pedía que “el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda”, algo que en la actualidad no sucede y que, según el grupo, es “de sentido común”.

La moción fue bloqueada por PP y PSOE. Los socialistas incluyeron una enmienda de sustitución proponiendo “promover la flexibilización de los requisitos de acceso al Fondo Social de Vivienda” y “promover los acuerdos con la Sareb y las entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social”.

“Promover” frente a “obligar”: es la gran diferencia de las propuestas de PSOE y Unidos Podemos en la cuestión sobre si las Administraciones deben disponer del stock de viviendas vacías de la banca y del ‘banco malo’ de forma automática o mediante concesiones voluntarias de las propias entidades.

“Después de casi cuatro décadas desde la aprobación de la Carta Magna podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoels”, argumenta Podemos en su moción, insistiendo en que “la provisión de vivienda se ha dejado en manos del mercado y los bancos: desahucios sin alternativa habitacional (más de medio millón desde que estalló la crisis en 2007) al tiempo que España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas)”.

La propuesta del PP, que también incluye una enmienda de sustitución, propone ayudas para que estos “grandes tenedores” puedan animarse a ceder sus viviendas a colectivos vulnerables. Plantea que la comisión de Fomento del Senado “inste al Gobierno a que el Plan Estatal de Vivienda recoja un programa de ayudas que posibilite a los grandes tenedores de vivienda ofrecer sus viviendas desocupadas a quienes sean objeto de desahucio judicial y se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

“Hora de que los bancos asuman responsabilidades”

En este sentido, la formación morada y sus confluencias entienden “que no es necesario explicar la responsabilidad de las entidades financieras en la grave situación que viven muchas familias españolas”. Recuerdan las sentencias europeas “que declaran la ilegalidad de la normativa hipotecaria española” para expresar que “es hora de que los bancos asuman responsabilidades y obligaciones”.

“Existe una especial responsabilidad social corporativa de los grandes tenedores de vivienda con la crisis residencial de nuestro país”, destaca la moción, pidiendo que esa responsabilidad se traduzca en “la obligación de contribución con viviendas idóneas al Fondo Social de Vivienda”.

Ni siquiera la Sareb, creado para gestionar los activos procedentes de la reestructuración bancaria, forma parte del Fondo Social de Vivienda”, insiste Podemos, “aunque así se lo haya pedido el Defensor del Pueblo ante su posición en el mercado inmobiliario como poseedor de miles de viviendas”.

fuente: elboletin.com




La línea roja: la ocupación al debate entre abogados

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legislación y documentación sobre ocupación de viviendas




Se pilla antes al mentiroso que al cojo

En la virulenta campaña de odio que el sistema tiene en marcha desde hace años contra la ocupación y los ocupas, no solo participan periodistas y medios de lavado de masas encefálicas, sino a menudo juristas. En este caso se suele reclutar aquellos con los suficientes galones para hacer valer la falacia de la autoridad. En este blog ya comentamos el caso del presidente del TSJC y ahora vamos a comentar esta nota de un Catedrático de Derecho Procesal de la UB.

El truco que emplea este profesional del sofisma ya lo conocemos, lo hemos mencionado en innumerables ocasiones e incluso le hemos dedicado entradas, como esta, esta otra y esta última. Se trata de engañar a la gente haciéndoles creer que el allanamiento de morada forma parte de la ocupación o incluso peor, que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo.

En el primer párrafo de su libelo tiene el descomunal cinismo de afirmar que en España cualquiera puede ser despojado de su domicilio y que el Estado mediante su Administración de Justicia protege al rapiñador. Quien dice esto es un mentiroso de tomo y lomo. El allanamiento de morada es un delito establecido en el artículo 202 CP. Según el artículo 490 LECr cualquiera puede detener al delincuente in fraganti. Según el artículo 492 LECr lo que para todos no es más que una posibilidad para las autoridades es una obligación. Por tanto, si quien allana una morada no se da prisa en huir acabará detenido. Esa es la cruda realidad que nuestro tahúr del lenguaje con birrete nos falsea. Y lleva su mentira al extremo del detalle, califica al allanador de morada de caradura, no engañe más, quien allana una morada no es un caradura sino un delincuente. El caradura es él, por tratar de colar semejante patraña.

En el segundo de los párrafos ya nos habla de las dificultades procesales para desalojar a un ocupante. Con ello introduce por primera vez el concepto de ocupación y al hacerlo a continuación del de allanamiento de morada y como si estuviera hablando de lo mismo busca su propósito de inducir al lector a caer en el error de pensar que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo, cuando nada tienen que ver el uno con el otro.

Pero además no se olvida de emplear otros de los habituales trucos de la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas, la de calificarlos gratuitamente y sin la más mínima argumentación de ilegales. Ya se ha explicado en este blog que la ocupación no es ilegal y el porqué. Ya hemos visto en un párrafo anterior al tratar del allanamiento de morada que en el caso de actuaciones ilegales el infractor no puede mantenerla por mucho tiempo, pues bien huye o es detenido.

Cuando hablamos de ocupación, de la de verdad, el ocupante sí puede mantenerla indefinidamente, y ni tiene que huir ni temer ser detenido, porque no está actuando ilegalmente. Si la ocupación fuera ilegal, cualquiera podría detener al ocupa y además la Policía tendría la obligación de detenerlo. Si esto no es así, es precisamente porque la ocupación no es ilegal. Cuando un ocupa pierde un proceso de desahucio en la sentencia en ningún momento se le dice que esté actuando ilegalmente sino que se le condena a entregar la posesión al demandante porque este tiene más derecho que él a poseer el inmueble. Pero entra dentro de lo posible y sucede bastante que el ocupa no sea demandado y también entra dentro de lo posible y legalmente sucede muy frecuentemente que el ocupa debería ganar el pleito, aunque normalmente gracias a nuestro queridísimos jueces siempre pierden. Pero esta ya es otra historia, que ya tratamos no en una , ni en dos , ni tres , sino en cuatro entradas de este blog.

Estos proceso civiles de desahucio padecen el mismo grave mal que todos los procesos de nuestra Administración de Justicia. La enorme lentitud y tardanza en resolverse, a causa del endémico pésimo estado y colapso de la Administración de Justicia. Esto en todos los casos y también en los de desahucio supone una gran injusticia aunque se acabe ganando el proceso. Y es uno de los más graves problemas de nuestro país que además no tiene el menor atisbo de solución. Por eso, me hago cruces a leer que todo un Catedrático de Derecho Procesal tenga la desfachatez de negar que el colapso judicial no es el responsable de la tardanza en que el demandante de un desahucio que ha visto estimada su demanda, tarde tanto en recuperar la posesión.

La ocupación, la de verdad, no la que nos quieren colar estos sinvergüenzas, es tomar posesión de un inmueble abandonado. Si quien ha abandonado el inmueble no ha renunciado a su derecho y quiere recuperar la posesión, la recuperase en un tiempo razonable porque la Administración de Justicia resolviera en un tiempo razonable, la molestia de haber sufrido una ocupación no habría sido grande pues no olvidemos que el inmueble lo tenía abandonado, pero cuando la recuperación se demora años entonces tiene motivos de sobra para quejarse incluso a pesar de tener el inmueble abandonado.

Pero lo que ya es altamente insultante hasta clamar al cielo es que se tenga el descomunal cinismo de decir al inicio del cuarto párrafo que la jurisprudencia es hiperproteccionista del derecho a la vivienda. Eso es mentir como un completo bellaco con la más grosera de las desvergüenzas. La cruda realidad es que el Estado español no solo no es hiperproteccionista con el derecho a la vivienda sino que lo viola brutal, sistemática y falgrantemente. Por esa razón, hay personas que para satisfacer su derecho a la vivienda tiene que recurrir a la ocupación. Esta afirmación es para ellos una agravio sin parangón.

En el quinto párrafo lanza por fin su genial panacea para remediar el problema cuya solución ningún otro antes había sabido encontrar. Pero más importante que darse cuenta que no hay tal solución y que no cambiará nada por que lo que propone no son más que remiendos y chapuzas, es percatarse de la naturaleza de la solución que propone este individuo. La suya es una solución represiva, o dicho de otro modo una falsa solución, pues no pretende eliminar la causa del problema sino ocultar los efectos reprimiéndolos, como un vulgar medicamento de nuestras queridísimas farmacéuticas que no te curan pero que tapan los síntomas.

Al final de este cuarto párrafo el catedrático se descuelga con una propuesta de reforma procesal que ya hemos comentado en este blog y que consiste nada menos en que el ocupa cumpla la condena de desahucio antes de ser juzgado y que por ello mismo, por vulnerar el derecho a la defensa es inconstitucional. Más que vergüenza ajena produce tremendo asco que todo un catedrático de Derecho procesal, proponga algo tan abominable e ignominioso como acabar con el derecho a la defensa. ¡Madre, mía! ¡Qué se permita a semejante individuo formar a los futuros juristas de este país! No sería mejor resolver el problema de la Adminsitración de Justicia para que los pleitos se resolvieran en un tiempo razonable que cargarse el derecho a la defensa obligando al demandado a cumplir la condena antes de ser enjuiciado. Como preguntaba en aquella entrada, y si cuando por fin tenga lugar el juicio y haya una sentencia firme si quien ha ganado es el ocupa, ¿quien le indemnizará por el daño sufrido? ¿Lo hará este fantástico catedrático con dinero de su bolsillo?

En lo único que acierta este patético catedrático es en el título, Desahucios: un problema mal planteado. Efectivamente todo el mundo sabe que para solucionar de verdad un problema y no taparlo, hay que poner sobre la mesa la causa del mismo, hay que descubrir la causa del mismo, o empleado el verbo del título hay que plantear la causa del mismo. Dado que este catedrático no lo hace lo haré yo. La causa de la proliferación de las ocupaciones es el hecho que la gente no puede satisfacer la necesidad de vivienda de una manera razonable hasta el punto que algunos no les queda más remedio que ocupar. Permitamos a la gente ejercer el derecho a la vivienda y se acabará la proliferación de ocupaciones. Esa es una solución de verdad fácil de hallar porque se ha planteado la causa, porque el problema se ha planteado bien. Pero esta solución no le interesa al catedrático porque no le interesa a los mafiosos para los que trabaja. Porque entonces eso mafiosos no podrían amasar la fortuna que se embolsan con el robo generalizado a toda la población cobrándoles un sobreprecio por la vivienda. Lo que tratan precisamente estos tertulianos de la antiocupación es desviar la atención del verdadero problema y la verdadera solución con la cortina de humo que crean con todas sus mentiras sobre la ocupación.




Interés de Estado: visita guiada por las desvergüenzas del Estado español

Aunque una parte del video está en catalán, la mayor parte de las entrevistas se realizan en castellano. Vale la pena ver y oir.

Un documental donde se destapan las vergüenzas del funcionamiento del Estado español. ¿Por qué se construyen autopistas que no van a ninguna parte? Por qué el corredor mediterráneo pasará por Madrid? Quien maneja en realidad en España? Cómo funcionan los poderes del Estado? ¿Qué papel tiene Cataluña? Y el País Valenciano y las Islas? Un viaje por Barcelona, Valencia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Valladolid, con entrevistas a expertos de diversos ámbitos ha sido la manera de buscar respuestas a todas estas preguntas que condicionan nuestra vida diaria. ¿Cuáles serán las respuestas? Documental basado en el capítulo 4 del libro “Interés de Estado”, de Albert Pont, y dirigido por Pedro Sánchez, Responsable creativo de Alvent Producciones.



¿De verdad están por el derecho a la vivienda?

Hoy me llega la noticia de esta iniciativa aparentemente en pos del derecho a la vivienda. Pero tras leerla detenidamente descubro con indignación que se trata justo de lo contrario, de una iniciativa en contra del derecho a la vivienda convenientemente disfrazada, de otro lobo con piel de cordero. Unas son contrarias al derecho a la vivienda por tibias y otras por estar abiertamente en su contra.

La primera de las medidas sería permitir a las Administraciones Locales regular los precios abusivos de alquileres cuando comprueben incrementos desmesurados las rentas. Leyendo de pasada sin prestar mucha atención suena bastante bien, pero la realidad es que simplemente nefasto. En este país se paga un elevado sobreprecio por la vivienda y por tanto, el objetivo debería ser cambiar la leyes para cambiar la situación del mercado de la vivienda de modo que los precios se ajustarán a valor de la vivienda. De esto nada dice la medida. De hecho en ella se acepta con ello esta situación del pago generalizado de un elevado sobreprecio por la vivienda. Las Administraciones Locales solo podrían intervenir cuando comprobaran incrementos desmesurados de los precios, pero para reducir los ya muy elevados sobreprecios a su valor real. Pero esta medida ni siquiera impediría la continua alza de los precios del alquiler pues solo se podría intervenir cuando el incremento fuera desmesurado, pero no cuando el el incremento fuera el normal en comparación con el incremento de precio en el resto de viviendas y recordemos que lo normal es la continua alza de los precios. Pero es que ni siquiera nos asegura que se atajasen estos incrementos desmesurados en comparación con los incrementos normal, pues además deberían tener la consideración de abusivos, por tanto, podría haber incrementos desmesurados que no se considerasen abusivos y no se impidiesen. En resumen, esta propuesta ayuda a sus autores a quedar muy bien pareciendo muy buenos samaritanos, pero de ponerse en práctica no ayudaría a satisfacer el derecho a la vivienda sino a que se siga empleando la vivienda como medio de explotación.

La segunda medida es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ahí vamos muy bien porque LAU es la clave en el uso de la vivienda como medio explotación. Cuando los poderosos del sistema decidieron que emplearían la vivienda como medio de explotación de la población y trazaron su plan para ello, como medida fundamental modificaron LAU del año 1964 para incrementar los precios de los alquileres, primero con el decreto Boyer del año 1985, después con la LAU de 1994 y por último con la reforma de esta del 2013. Cuando los precios de los alquileres ya eran suficientemente elevados resultaba sensato el pensar que alquilar era tirar el dinero porque por la misma cantidad mensual o incluso por menos se podía adquirir una vivienda hipotecándose. Había comenzado la segunda fase del plan de explotación mediante la vivienda. Sin la reforma de la LAU no se hubiera dado, no hubiese existido burbuja hipotecaria. Así que parece más que lógico de cajón una reforma de LAU para revertir el camino, bajar el precio de los alquileres hasta su valor real, acabar con la burbuja hipotecaria, acabar con la explotación y satisfacer por fin el derecho a la vivienda de la población.

Pero no es esta la reforma que nos propone esta iniciativa, sino modificar los procedimientos arrendaticios para dotar en él a los inquilinos de una mejor posición procesal para defenderse. Es cierto que el procedimiento arrendaticio ha sufrido en los últimos años reformas en favor de los arrendadores y en contra de los arrendatarios. Pero no ha eliminado el derecho a la defensa de estos. Con el actual procedimiento arrendaticio el inquilino sigue manteniendo mecanismos procesales de defensa efectivos. Se dice que se quiere permitirles a los inquilinos oponerse al desahucio, dando a entender falsamente que ahora no puede hacerlo cuando no es así, actualmente el inquilino puede oponerse al desahucio. El problema es que si no tiene dinero para pagar la renta, no le sirven de nada, porque no los va a emplear. Dotar de más y mejores mecanismos procesales  de defensa no le servirá de nada, si no tiene dinero para pagar la renta. De lo que se trata es de que los inquilinos puedan pagar las rentas y eso se consigue bajando los precios del alquiler a su valor real. De que serviría una mediación previa preceptiva a la demanda, si el inquilino no puede pagar el alquiler, ¿para alargar la agonía e incrementar la deuda del inquilino con el casero?

Esta iniciativa pretende alargar la duración de los contratos. Y ahí de nuevo ponen el dedo en la llaga, pues la duración de los contratos de alquiler es la clave de que la vivienda sea o no un medio de explotación. Pero de nuevo lo hacen para no solucionar nada y limitarse a un ligero maquillaje. La propuesta es aumentar la duración mínima hasta la que el inquilino puede prorrogar el contrato con su única voluntad de 3 a 5 años, como con anterioridad a la reforma de la LAU de 2013. ¿Acaso con LAU en su redacción original de 1994 estábamos en el paraíso? La reforma de 2013 no fue más que una vuelta de tuerca más, pero el daño ya estaba hecho y era muy profundo. Con la LAU de 1964 el inquilino podía permanecer de por vida en la vivienda alquilada e incluso el alquiler se podía heredar. Qué casualidad que entonces no hubiera explotación mediante la vivienda, el derecho a la vivienda estuviera satisfecho ni hubiera burbuja hipotecaria. ¿Les da miedo proponer la vuelta a esta situación o es que simplemente no quieren acabar con la explotación mediante la vivienda sino aparentar lo que no son?

Por último con esta reforma de la LAU pretenden que la alza de los precios de los alquileres se adecuen al incremento del IPC. Es decir, que aceptan que los muy elevados sobreprecios de los alquileres sigan subiendo. Ni asomo de intención de que los precios se ajusten al valor real del alquiler.

Después se descuelgan con las famosas ayudas al alquiler, que son más falsas que Judas, pues no son ayudas a los inquilinos sino ayudas a los arrendadores, ya que el dinero pasa del Estado, que lo recoge previamente de todos nosotros a las manos de los arrendadores y los inquilinos simplemente hacen de intermediarios, pues transmiten el dinero del Estado a los arrendadores dándole con ello a esta subvención encubierta una noble apariencia, el resultado sería el mismo que si el Estado entregara el dinero a los arrendadores, pero entonces ¿cómo podría justificar este regalo? En cambio encargando a los inquilinos que entreguen su regalo a los arrendadores y vistiéndolo como una ayuda a los inquilinos y a la satisfacción del derecho a la vivienda, se libran de las objeciones contra este desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Esta más que probado que las mal ayudas al alquiler encarecen el precio de los alquileres y de la vivienda. ¿Por que habría el arrendador abaratar el precio del alquiler para que fuera accesible a la población si aquello que el inquilino no puede pagar se lo pagaremos entre todos por medio del Estado?

Luego “arrementen” contra las SOCIMIS. Bueno en realidad no, pues lo único pretenden es que los ricachones que amasan fortunas con lo que roban a través de las SOCIMIS, donen un exiguo porcentaje de sus ganancias vía impuestos, para hacer un poco de caridad con el tema de la vivienda y así continuar con el lavado de imagen. En un país donde el derecho a la vivienda efectivamente se puede ejercer y no existe explotación mediante la vivienda, las SOCIMIS no tienen cabida, porque no tienen de que vivir, si no pueden usar la vivienda para robar como se van a mantener. ¿Existían SOCIMIS antes del año 1985? Aceptar las SOCIMIS  es aceptar la explotación mediante la vivienda y la ausencia del derecho a la vivienda. El artículo 31 CE establece la progresividad de los tributos. Norma que por cierto nunca se ha cumplido y ahora menos que nunca. ¿Por qué no piden una fiscalidad progresiva como es obligatorio por mandato de la Constitución? ¿Por que acabaría con las SOCIMIS y no se trata de eso, no se trata de tocar las fortunas de los ricachones ni de molestarles, no se vayan a enfadar?

Después vienen con el famoso parque público de viviendas de alquiler de los grandes tenedores, SAREB, Banca. No parece mala idea, pero es tan vaga que el que se convierta en una buena práctica dependería de detalles que en la iniciativa no se explican. Lo cierto es que hasta el momento siempre que los grandes tenedores han puesto a disposición viviendas en alquiler a precios asequibles han sido las peores de su patrimonio. Y mucho me temo que por ahí va la propuesta. ¿No sería mejor que en lugar de un parque público de viviendas, regular el mercado de la vivienda de modo que todas tuvieran precios en su justo valor? En lugar de un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles, todas las viviendas a precios asequibles. Lo del parque público no es más que un regalo envenenado que nos aparta del derecho a la vivienda para todos.

La última medida es ya el acabose y la guinda de la tremenda burla que supone esta iniciativa: que se financie la construcción de viviendas con destino a alquiler a precios asequibles. ¿Acaso tenemos déficit de viviendas? ¿Necesitamos más viviendas? ¿Qué fue de aquello de, no se entiende, gente sin casas y casas sin gente? ¿No sería mejor regular el mercado para que todas las viviendas tengan precio asequible y todos puedan satisfacer sin mayor dificultad su derecho a la vivienda? ¿O se trata precisamente de que no sea así? ¿Se trata de mantener un mercado de la vivienda sobrevalorado en el que para acceder a la vivienda haya que pagar un elevado sobreprecio para así explotar a la mayoría de gente y un mercado secundario subsidiado para que aquellos que no pueden acceder a este al menos tengan una vivienda de segunda?

Los autores de esta fantástica iniciativa es Unidos Podemos, coalición que se presenta como defensora de los intereses del pueblo. Pero más bien parece que defiende los intereses de los amos del pueblo y que se disfraza de lo que no es para confundir al pueblo y conseguir que no luche por si mismo poniendo sus esperanzas en sus falsos adalides. Pablo Inglesias dijo en una ocasión que la gente no se confundiera con Ciudadanos pues no es más que el recambio del PP. Se le olvidó comentar que Podemos es el recambio del PSOE. No está tan lejos de este partido cuando continuamente quiere pactar con él, e incluso pretendió gobernar con él. Y el PSOE era aquel partido que se presentaba como defensor de los intereses del pueblo y que no tardó en descubrir que defendía los intereses del los amos del pueblo.

Muchos piensan que para solucionar los problemas de la sociedad, y con ello quiero decir gobernar en interés del pueblo y no de sus amos, hace falta un cambio de gobierno. Pero esta manera de pensar nos aleja de la solución, pues se renuncia a luchar por cambiar las cosas directamente y se concentran los esfuerzos en conseguir el cambio de gobierno, si además cuando después de tanto esfuerzo por fin en alguna ocasión se consigue el cambio de gobierno, resulta que se le ha entregado a alguno de estos partidos del sistema que van de partidos del pueblo pero en realidad son partidos de los amos del pueblo.

En el caso del derecho a la vivienda mejor que esperar la solución en una hipotética victoria electoral de Unidos Podemos, sería luchar desde ya por forzar al gobierno a respetarlo. Para ello tenemos una buena arma, la ocupación.