Catalunya: CGT denuncia opacidad y falta de control público en los centros de menores gestionados por grupos privados

Los escándalos de pederastia y la gestión caótica y de lucro privado ha vuelto insostenible la situación como indican muchas entidades como la nuestra y la Taula Energética i de l’Habitatge de Figueres.

Según un grupo de trabajadores de educación social de este sindicato, el aumento de incidentes y la degradación de condiciones está relacionado con el proceso de privatización que ha hecho que el 80% de las plazas actuales estén gestionadas por grupos privados.
Las trabajadoras y trabajadores sociales de la CGT consideran que la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.
Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente de entidades como Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores.

Varios trabajadores del ámbito de la educación social y afiliados al sindicato CGT han denunciado esta mañana en rueda de prensa la situación “insostenible” que, a su juicio, se vive en muchos centros residenciales para menores que dependen de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), marcada por un incremento de los episodios de incidentes. “Los niños titulados en centros de menores se encuentran un una situación de derechos, tal como ha denunciado el propio Síndic de Greuges en varios informes”, apuntó Robert Morral, de la sección de trabajo social de esta organización sindicato.

Según esta denuncia pública, “la falta de recursos terapéuticos se sustituye por medicación psiquiátrica, que debería estar bajo supervisión de personal médico, no bajo supervisión de educadores. Tampoco hay agilidad en la reubicación de los menores, ni en los procesos de acogida a familias “. Esta progresiva “degradación” de condiciones se traduce, según los representantes sindicales, en un aumento de denuncias por incidentes en el seno de los centros por causas vinculadas a conductas sexuadas, consumo de tóxicos o patologías de salud mental grave, que deben asumir centros que no cuentan con personal suficiente especializado. Las trabajadoras de la CGT recuentan hasta 150 incidentes reportados durante el año 2015 sólo en centros de gestión pública y “número inconcreto los privados, donde tenemos menos afiliados, y nos es mucho más difícil hacer seguimiento”. “Hay centros donde han tenido que ir los mozos dos veces en un solo día”, apunta el representante del sindicato.

Para la sección sindical de la CGT, “de incidentes ha habido siempre, pero la situación se ha agudizado en estos últimos años, debido a la saturación de los centros, la falta de inversión y recursos, la progresiva externalización de la gestión de las menores tuteladas a entidades privadas, tituladas por fundaciones o empresas del tercer sector, y la imposibilidad por parte de la administración de fiscalizar el uso de los recursos públicos que llevan a cabo estos agentes privados.

Desde CGT afirma que actualmente hay 2.720 plazas para menores tuteladas en Cataluña, de las que un 80% (unas 2.200) se gestionan de forma privada o concertada. Y de este 80%, el 30% son centros religiosos, como el CRAE Montserrat de Cerdanyola, gestionado por el Instituto Secular de la Cruzada Evangélica.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, junt al director de DGAIA, Ricard Calvo, en la presentació de l’estudi “El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya”. Pla general. 10 de juny del 2016.

Entre 3.000 i 4.000 euros por residente

Se gastan millones de euros con la construcción y reformas de centros que ya se encuentran impecables les dan a fundaciones para que las gestionen de manera privada, además de la donación de suelo público para la construcción de centros privados”, denuncia un comunicado que han difundido hoy las trabajadoras sociales de la CGT. Por cada niño que reside en estos centros gestionados por fundaciones, la DGAIA les paga al menos 3.000 euros; a veces 4.000, sin que haya ninguna fiscalización ni auditoría interna“, detalla la nota.

Fuentes de la DGAIA reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados, “sólo un servicio de inspección y registro del departamento que hace investigaciones motivadas por alguna denuncia”

En varias ocasiones nos dirigimos a la antigua directora de la DGAIA, Mercè Sanmartí, para pedirle que se auditaran los centros concertados y los de gestión privada. Y la respuesta siempre era ‘sí, sí, lo tenemos que hacer ‘, pero todavía estamos esperando, aseguró Morral. Fuentes de la misma DGAIA consultadas por la Directa reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados para la gestión de centros de menores. “Sólo existe un servicio de inspección y registro del departamento de Servicios Sociales que hace investigaciones periódicas, motivadas por alguna denuncia “. La falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.

Las trabajadoras sociales afiliadas a la CGT consideran que, la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio. Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente entidades Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores, como el Mas Garriga. La Plataforma Educativa, según la CGT, es una “fundación empresarial que según su propia página web gestiona más de 10 millones de euros, más del 80% proveniente de la financiación pública, sin ningún control ni auditoría pública independiente conocida”


+++ INFORMACIÓN…

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Ricard Calvo
El responsable de Infancia de la generalitat de Catalunya dimite en plena polémica por los centros de menores

……..

Ricard Calvo alega cansancio y también abandona su cargo de regidor en Girona-ciudad.

 




denuncies de la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres

Els nens sense recursos. La carn de canó dels Serveis Socials.

La X és una dona que ha sofert molt a la seva vida. Dona divorciada amb dos fills, sense cap recurs econòmic. La van desnonar de la seva vivenda per no poder pagar-la. Li van entregar un pis de la Generalitat en un estat lamentable: huminats, geló a l’hivern, fongs, goteres… Vam demanar reiterades vegades que li arreglessin el pis per protegir els menors, no ens van fer cas, Serveis Socials quan anaven a casa seva li miraven a sota el llit per si de cas hi tenia un tresor amagat i li obrien la nevera. Hi anaven sense avisar-la per descobrir-la en un flagrant delicte… Ella, una dona pobra, amb dos fills al seu càrrec, a punt ja de parir, de fet pot ser aquesta mateixa setmana, es va atrevir a posar-se en contacte amb el Síndic de Greuges per explicar la situació del seu domicilii demanar empar per als seus fills i el que ha de néixer… La resposta va arribar el passat dimarts, quan la van citar de (EAIA) irònicament anomenada: Equip d’atenció a la infancia i adolescència per dir-li amb tota fredor, amb despotisme, sense cap jutge… que li “robarien” el seu fill al momento del part Que li arrabassarien dels seus braços i del seu pit al seu nadó amb el cinisme de dir que és per la protección del menor.
Aquesta dona és pobra i vulnerable, però en tot momento ha tingut cura dels seus fills, els ha portat nets, escolaritzats, al pediatra, estimats, sempre amunt i avall amb ells agafats de la seva mà. Quins tipus de botxins tenim a l’administració?
Aquesta és la millor lliçó per als pares que es troben en una situación d’angoixa i de vulnerabilitat económica perquè no s’atansin a serveis socials, perquè no es demanin ajudes. És un càstig a la pobresa, és la pitjor vilesa que pot caure l’administració, és una màfia…

FAMÍLIES DESTROZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN: EL ROBO IMPUNE DE LOS NIÑOS.

Mis padres se les ocurrió pedir ayuda económica a la Administración y ahí empezó la pesadilla y la destrucción de mi familia”, dice María, la denunciante. La joven ha estado cuatro años tutelada por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Este organismo ha retirado, desde enero hasta septiembre de este año, a 652 menores de sus familias.

María explica que una mañana dos trabajadores de la Administración y dos ‘mossos’ fueron a su casa y se la llevaron a ella y a sus hermanos. “Corrían por las habitaciones recogiendo ropa en sacos de basura. Lo más impactante fue el momento en el que separaron a mi hermano de 9 meses del pecho de mi madre”, relata.

Este es uno de los últimos testimonios que ha recibido la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo “contra el sistema de protección de menores de los servicios de bienestar social” que funciona en España. Y argumenta que, con la excusa de proteger a los niños, “se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal”. A esta iniciativa se han sumado otras tres entidades.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Familias a las que la DGAIA les ha retirado en Catalunya a hijos o nietos se han organizado en Barcelona para coordinar las acciones legales. Un grupo de madres ha constituido la Marea Turquesa, coordinada en Catalunya por Rosa Gómez, y junto a Stop Impunidad Maltrato Infantil en Catalunya (Simicat), liderada por Judith Martínez Velasco, se manifiestan un domingo al mes en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Gemma Lienas, diputada del Parlament por el grupo Catalunya Sí Que Es Pot, ha pedido explicaciones a la ‘consellera’ de Afers Socials, Dolors Bassa. Actualmente, y según la DGAIA, en Catalunya hay 6.500 menores en desamparo: 3.840 en acogida, 2.850 en centros tutelados y el resto en otros espacios.
El proceso por el cual se abre un expediente a una familia puede comenzar con una denuncia anónima de vecinos, alertas de hospitales y colegios o bien denuncias cruzadas en divorcios complicados. O por “pedir ayuda a los servicios sociales municipales o comarcales”, apunta Sílvia Giménez-Salinas, abogada de familia. Si se detecta que hay menores, la Administración enciende el foco.

Los argumentos para investigar a la familia son variados. Por ejemplo, que el niño lleva la misma ropa durante varios días, no va a clase o va con sandalias en invierno. Hay otras situaciones en las que la resolución de desamparo se argumenta así: “Precaridad económica. Actualmente en paro. Presenta inestabilidad laboral y falta de ingresos propios”, consta en un documento al que ha tenido acceso este diario. Lienas lo ratifica: “La mayoría de las retiradas son en familias con pocos recursos”. Pero también las han sufrido abogados, pediatras, ginecólogos o ejecutivos.

SIN JUEZ

La retirada de un menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo. “La familia es conocedora y en la mayoría de los casos acepta los desamparos”, argumenta Ricard Calvo, director general de la DGAIA. La decisión la toma un equipo técnico formado por un psicólogo, un pedagogo y un educador social. Es una resolución administrativa “sin garantías judiciales”, señala Giménez-Salinas. “No tienen ningún control. Si no desamparan al menor y le ocurre algo la responsabilidad es de ellos y de la DGAIA, pero si desamparan y no hacía falta no pagan por su error”, insiste Lienas.

Por eso, en la denuncia colectiva que prepara Aprodeme se reclama “revisar todos los casos dudosos” y que se cambie el sistema actual para que intervenga desde el principio un juez, cosa que solo sucede cuando la familia quiere recuperar al menor. El abogado Enrique Vila, que coordina la denuncia de las familias de los menores, es contundente: “La retirada de un niño de su familia solo debe producirse en situaciones extremas, si el menor corre peligro físico o psíquico, y no siempre es así”.

RETIRADAS EN LA CALLE

“Los Mossos retiran a los niños en colegios y la familia se entera cuando va a recogerlos o en la guardería como le sucedió a C.S. La separación también se produce en plena calle o en el hospital donde está ingresado”, afirma Giménez-Salinas. Esto le ocurrió a C.C. con su hijo de 7 años. Vila concluye: “Procuran no ir a la casa porque precisan orden judicial”. A veces, se cita a la familia en servicios sociales. “Te dicen que no hagas dramas y el niño se queda con ellos”, afirma Rosa Goméz, que lleva 6 meses separada a la fuerza de su hijo Damià. Calvo afirma que la media para que un niño regrese a casa se sitúa entre de 2 y 3 años. Aunque hay ocasiones en las que la recuperación del menor se produce cuando este cumple 18 años, fecha en la que Administración los deja en la calle.

Francisco Cárdenas recuerda con una tristeza infinita cómo se llevaron a su hija preadoptiva. Fue el 12 de marzo del 2009 y no la ha vuelto a ver. “Me citaron en los servicios sociales del Paral·lel. Mi hija tenía 3 años y medio. Me acuerdo de que le había puesto un vestido blanco. Entré con mi hija y salí sin ella”, cuenta. “Sentí como si hubiera pasado un autobús y se la hubiera llevado”, dice. Su caso está en el Tribunal de Estrasburgo. “Quiero que siga con su familia actual, solo pido explicarle que yo no la abandoné, que me la quitaron”, dice. Cárdenas piensa cada día en ella: “No una, sino mil veces, pero su recuerdo ya no me produce dolor. Es un pensamiento positivo porque la sigo queriendo”.

A partir de la retirada del niño, se comunica la resolución a la familia. “La medida es temporal y revisable anualmente. Cuando la familia ha cumplido el programa individualizado que se le pone recupera a los niños”, apunta Calvo. El menor puede ingresar en un centro de la Generalitat, vivir con una familia de acogida o con parientes cercanos. Mientras dura el proceso, la familia no suele ver a sus pequeños y si lo hace es como, cuando y donde deciden los técnicos. El lugar es el llamado Espai de Visitas d’Infants i Adolescents. Aquí padres e hijos se ven durante un corto espacio de tiempo, pero siempre vigilados por un técnico. Rosa Gómez explica en una de las visitas le recriminaron que su hijo le hablara al oído. “Tiene miedo de decir cosas”, apunta.
TERESA PÉREZ / BARCELONA


Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal

Canal Parlament|Parlament de Catalunya

 




Aumento espectacular del ingreso de menores en centros tutelados.

nens petits
  • La crisis ha hecho aumentar el ingreso de menores en centros.
  • El aumento de la pobreza ha disparado el número de menores que pasan a ser tutelados por la administración.
  • Actualmente, la Fiscalía investiga hasta 600 casos de niños en situación de riesgo en Barcelona.

Las familias pobres pierden la custodia de los hijos al perder el piso y por otras situaciones relacionadas con la pobreza (peleas, abandono, alcoholismo, etc).

Las leyes de “protección” de la infancia sólo están hechas para los hijos de pobres

Las familias ricas envían a sus hijos a internados o tienen la asistenta.

Los niños son los que más sufren cualquier tipo de crisis, y la económica no es una excepción.
El aumento de la pobreza en los últimos años ha elevado el riesgo de muchos menores de acabar siendo tutelados por la administración, un giro determinante para su futuro. Así lo constata la Fiscalía de Menores de Barcelona, que ve como la precariedad económica está agravando situaciones familiares y está aumentando los factores de riesgo para los niños, por lo que obliga en algunos casos a sacarlos de casa. Padres que dejan al niño sólo muchas horas para trabajar o buscar trabajo o niños que llegan a la escuela sucios y desnutridos son casos que cada vez más acaban haciendo que la administración asuma la tutela de la criatura.
Toni Morales, secretario de la Fundación Juvanteny, que gestiona tres centros de menores tutelados de la Generalitat, asegura que la crisis ha supuesto un rebrote de los ingresos de menores en estos centros por causas que habían sido habituales antes de los 90 pero que entre 1994 y 2005 habían desaparecido casi por completo: “familias pobres”. “El aumento de la inmigración y la crisis han hecho que, desde 2008, muchos niños lleguen por razones económicas que han degenerado en situaciones de alcoholismo o depresión de los progenitores”, explica.Atender primero dentro de la familia

Tal como recuerda el fiscal delegado de Menores en Barcelona, Juan José Márquez Bonvehí, la situación económica por sí sola no es determinante para decidir separar un niño de su familia, sino que se ‘han de dar otros factores que demuestren una desatención grave del niño y, sin embargo, “la solución debe intentar siempre ayudar primero la familia”. Pero algunas organizaciones denuncian que no siempre se sigue este principio. El portavoz del Colectivo DRARI por los Derechos de los Niños dice que los “errores y la descoordinación” administrativa comportan de manera “muy frecuente” una retirada injusta de la tutela a los padres . “El patrón que se repite los últimos años es el de la madre soltera inmigrante que no tiene familia ni amigos aquí que le ayuden a quien acaba retirando el niño porque es la salida más fácil”, dice Galea, de DRARI y explica varios casos como “el de una madre que estuvo cuatro meses pidiendo ayudas públicas para poder atender a su hijo enfermo y al que al final tomaron el niño”.
Desde la Fiscalía de Menores, donde se investigan actualmente 600 casos de niños en situación de alto riesgo para decidir si deben ser tutelados, responden que los recursos sociales son limitados y que hay que priorizar la atención a los menores. “A veces puede resultar injusto pero no nos podemos permitir que el niño continúe en según qué situaciones”, dice una de las fiscales encargadas de estos casos.
LOS MÁS VULNERABLES
Los menores pagan a menudo los efectos de la crisis a las familias en forma de desamparo o desatenciones graves debido a la pobreza. Según la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) hay un 6% de incremento anualizado de nuevas tutelas.