EL ESCÁNDALO CON EL IMPUESTO HIPOTECARIO ¿MANIOBRA DE DISTRACCIÓN?

Lo acontecido en el Tribunal Supremo la semana pasada ha generado toda una marejada de informaciones que pueden haber perjudicado la comprensión del mismo, su origen y evolución. La intervención del ciudadano Díaz Picazo, su nota prensa, ha dado a entender que había que echar para atrás la sentencia de la sala que ha variado la línea de trabajo de la judicatura respecto a este sensible asunto, los dineros de los bancos.

Diferentes juristas ya se han manifestado sobre la irreversibilidad de la sentencia. Mientras, otros profesionales llenan espacios en los medios sobre las consecuencias para los ciudadanos que puedan pensar en hipotecarse en el futuro. También otros tratan de calcular, no explican como lo hacen, la cuantía que para cada parte significaría la nueva decisión, respecto de los que hubieran pagado de más, y sobre el montante que pudiera afectar a las cuentas de las entidades financieras.

Durante una semana ya, mañana, tarde, noche, madrugada, y lo que queda, este asunto parece ser importante para los medios en noticieros y tertulias. Esos medios que se han negado hasta la fecha a profundizar en la estafa hipotecaria que se ha cebado sobre las familias y la economía española desde 1993, año en el que se promulgó la Directiva Europea de Protección a los Consumidores. La no trasposición en el plazo fijado, dos años, fue acompañada por la modificación, 1995, del Reglamento que amparaba el ahora anulado criterio de que los impuestos por la firma de una hipoteca debían recaer sobre los solicitantes del crédito para acceder a una vivienda. El mercado hipotecario creció y se manipuló al margen de la norma europea desde aquel momento. Y por si fuera necesario para el negocio, los juzgados de Madrid multiplicaron ese año los recursos materiales y humanos para agilizar las ejecuciones hipotecarias. Con la señora Carmena, la alcaldesa ahora, como jueza decana de la planta de la capital del reino.

La crisis financiera obligó a defenderse a muchos hipotecados tras la pérdida de sus economías y la persecución de las entidades financieras. Ello ha obligado a buscar los resortes jurídicos, políticos y sociales precisos para paliar las consecuencias de esta debacle. Ahí ha llegado la clarificación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la práctica jurídica española no se ajusta al marco legal europeo en lo hipotecario, con varias y diferentes sentencias. Y no todo está dicho al día de la fecha, pues algunas vías estratégicas en la defensa de los ciudadanos afectados están todavía en la recámara.
Las consecuencias de las sentencias y consideraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han significado para los bancos importantes gastos derivados de las reclamaciones que respecto de otros gastos vinculados a las hipotecas y su manoseo financiero. Un ejemplo son los gastos de constitución, las clausulas suelo o el IRPH. En esto las manos del poder judicial se metieron para orden ar su tratamiento, previa demanda, en juzgados especiales, colapsados. Una buena muestra de su disposición en la protección de los intereses de las entidades financieras. Pero hasta la fecha esto son minucias, daños asumibles por las oscuras arcas de las entidades financieras españolas.

Con la crisis también hubo adecuaciones en la legislación europea, con nuevas directivas, que también llevan tanto retraso en su trasposición que han provocado serios avisos y la fijación de multas millonarias a punto de vencer. Con ello, y la problemática específica española, se puso en marcha la revisión de la legislación hipotecaria española. Un proyecto del anterior gobierno sentó unas bases que han obligado a todas las fuerzas políticas retratarse. El borrador deja la duda de si ha sido redactado en la sede la patronal bancaria, o la de la hipotecaria, lo que para el caso viene a ser lo mismo.

Con el cambio de gobierno han llegado las prisas por rematar el Proyecto de Ley de Regulación del Contrato Inmobiliario, para lo cual ha presentado a los grupos parlamentarios un listado de temas sobre los que considera posible llegar a transaccionar. Ello desde las enmiendas presentadas por cada grupo en tiempo y forma. El plazo para la negociación ya se ha abierto.

Coincide este negocio con el lío que se ha montado en el Supremo por la maniobra del señor Díaz Picazo. Esta acción ha sido precedida por otra cuestión que si define un panorama mucho más preocupante para las entidades financieras que el asunto ahora en candelero, el impuesto hipotecario. El trece de septiembre se publicaron las conclusiones del Abogado General del TJUE respecto de cinco casos, en todos los cuales se cuestionaba y abordaba el vencimiento anticipado como cláusula abusiva.

Ya sentenciada la cuestión, otras iniciativas prejudiciales convocaron al Abogado General a tener que informar respecto del vencimiento anticipado, sobre la compatibilidad de esta cláusula con la Directiva 93 – 13 de la Unión Europea. Las conclusiones presentadas el trece de septiembre vapulean el hacer del aparato judicial español y ponen en el horizonte responsabilidades mil millonarias que dejan en miseria lo ahora calculado con las posibles consecuencias del impuesto hipotecario. Sin embargo esto no ha merecido la atención del ejército mediático, de los profesionales de la opinión al dictado, de las estrellas de la pantalla, sea en clave espectáculo, sea en clave cómica nocturna.

Hay preocupación por cuanto hacer cumplir la ley pueda deteriorar la posición de las entidades financieras. No hay una sola palabra para reflexionar sobre los decenios de incumplimiento de la ley por jueces, bancos y partidos políticos en lo referido al negocio hipotecario contrario a la ley de la Unión Europea. Además, con la amenaza voceada de que al final las consecuencias las van a pagar los españoles, los que puedan intentar la compra de una vivienda con una hipoteca por medio. Hasta la fecha las fechorías de los bancos y cajas las estamos pagando los españoles, todos. Y sin que nadie explique los más de quinientos mil millones que se han jugado en la ruleta financiera estas entidades de oscuras cuentas y peor imagen.

¿Puede ser que el escándalo que se ha montado con la aparente simple metedura de pata del ciudadano Díaz Picazo sea una maniobra de distracción? ¿Pudiera ser que mientras estamos pendientes de este asunto, con las bofetadas políticas entre jueces, nos pretendan colar silenciosamente el apaño del gran problema que tienen los bancos con el vencimiento anticipado, con tener que afrontar la revisión de cientos de miles de ejecuciones hipotecarias tras lo concluido y sentenciado por el TJUE? ¿Va a persistir el actual gobierno en mantener la idea central de la Propuesta de Ley del Contrato Inmobiliario legislando contra la norma europea con el vencimiento anticipado retroactivo? Eso parece, pero descuiden sus señorías que no caben distracciones por nuestra cuenta. Y aténganse a las consecuencias de querer engañar a los ya estafados por la connivencia política, financiera y judicial habida.

PAH-Madrid
25 de octubre de 2018



Y van 4! Ruido de sables de los lobbistas armados de la Banca en el Tribunal Supremo en la decisión sobre el AJD

AJD: si la inscripción registral es buena para la Banca española al vender 176.000 millones de créditos morosos a los edge-funds también lo es para que pague como sujeto pasivo del impuesto 4.000 millones


Hasta 4 veces el Tribunal Supremo ha modificado su opinión sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Los vericuetos jurídicos de los cambios de criterio de un Tribunal Supremo sin credibilidad social

Primero fue la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 (rec. 2658/2013) dictada ante una demanda colectiva de la OCU en la que se declaró la cláusula como abusiva pero sin hacer distinción alguna. El Tribunal Supremo decidió en aquel entonces que “la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho”. Eso levantó enormes expectativas entre los hipotecados sobre las posibilidades de dar un golpe económico a la Banca española.

Por segunda vez ocurrió, el 15 de marzo de 2018 dos sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 (recursos núm. 1211/2017 y 1518/2017, respectivamente) dictadas en dos recursos de casación presentados por clientes contra Banco Sabadell y CaixaBank. Estos recursos contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo, en 1 y 17 de febrero de 2017 aclaraban que los consumidores de entidades financieras – prestatarios- eran los responsables de satisfacer los tributos de formalización de las hipotecas y en ese caso, responsables del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En estos recursos de casación – recurso extraordinario contra sentencia interpretativa de la ley– la Audiencia Provincial de Oviedo abordó la problemática de las cláusulas contenidas en las escrituras que los gastos de tasación del inmueble hipotecado así como los gastos y tributos de formalización de la escritura y de su inscripción en el Registro de la Propiedad. La sentencia del Tribunal Supremo declarando que los tributos sí iban a cargo del hipotecado se basó en la doctrina del Tribunal Constitucional que aseguraba que imponer que el sujeto pasivo del AJD sea la persona beneficiada del préstamo hipotecario es una opción política legislativa, culpando al Parlamento y a sus señorias de su opción al legislar el AJD contra el deudor y dejaba a la Banca al margen del pago.

Por tercera vez, el 18 de octubre del 2018, y ésta en una sala distinta la TS- contencioso-administrativo sala 3 Sección Segunda Sentencia núm. 1505-de-2018-10-16, los magistrados optaron por el criterio que el beneficiario de la inscripción registral de la hipoteca era el sujeto pasivo del impuesto, la Banca, pues era el único interesado en inscribir la hipoteca para ejercer sus derechos. Este razonamiento lo deja claro la Sala en los fundamentos de derecho de la página 25:

Las dificultades para determinar con seguridad quién sea la persona del “adquirente” y la presencia en nuestro caso de un negocio complejo en el que
cabría –al menos a efectos dialécticos- identificar dos adquirentes, nos conducen a utilizar –como criterio hermenéutico complementario- el contenido
del artículo 29 del texto refundido y considerar esencial la figura del “interesado” para despejar aquellas incógnitas.

Desde esta perspectiva, no nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento determinante de la sujeción al impuesto que analizamos), pues ésta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad.

Conviene recordar, además, que la persona del hipotecante puede coincidir con el mismo deudor o con un tercero (el hipotecante no deudor, que solo responde con el bien hipotecado), siendo así que –en este último caso- no solo se exigiría el gravamen a una persona completamente ajena a la hipoteca, sino que la base imponible del impuesto incluiría sumas distintas a aquellas que se contemplan en el único negocio en el que participó, comprometiéndose seriamente, creemos, el principio de capacidad contributiva.

La Sala tercera mata este giro radical jurisprudencial en el fundamento de derecho 6 de la página 26 cuando dice:

1. Con lo razonado en el fundamento anterior estamos en condiciones de dar respuesta a la cuestión que hemos considerado preferente de las dos que nos suscita la Sección Primera de esta Sala: el sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es una escritura
pública de préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor hipotecario, no el prestatario.

Y por cuarta vez, en un giro inesperado, al día siguiente el 19 de octubre, el Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, exige que el acuerdo de la sección segunda sea refrendada por el pleno de la Sala. Ruido de sables. Los tentáculos del pulpo del lobby bancario en las entrañas del poder judicial aprietan ante una sentencia que pone en serios aprietos el balance contable de la BANCArota. Por unos 4000 millones parece ser que la banca española se puede morir.

El ataque del 7º de Caballería de la Banca en el Supremo es evidente pues sólo ha cargado militarmente a la tercera cuando la Banca perdía. En las dos primeras opiniones del TS no movió caballo.


La Culpa la tiene el legislador (*1)

La Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (*2) recoge en su artículo 29 que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. Sin embargo, el reglamento que así regula este impuesto (*3) atribuye la condición de adquirente del bien al hipotecado.

“El problema, según entiende el Supremo, es que el reglamento que regula este impuesto ha interpretado mal la ley, porque a quien interesa que la hipoteca se inscriba registralmente es al banco”, señala Patricia Suárez. En concreto, en su artículo 68, dice el reglamento: “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía, se considerará adquirente al prestatario”.

¿Qué señorías parlamentarias, el 29 de mayo de 1995 en tiempos de Felipe González, modificaron el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que lo que dice la Ley no se cumpliera en dicho reglamento?

¿ Cuántas leyes hipotecarias y reglamentos están manipulados por el lobby bancaria instalado en el Poder Legislativo o cuántas leyes bien redactadas son retorcidas por el lobby bancario instalado en el Poder Judicial?


La Dirección General del Notariado tiene claro que la Banca es la beneficiaria de la inscripción de la hipoteca

El despacho de Abogados Garrigues en nombre de las diez de las entidades de <servicing> más relevantes del mercado español estableció una ronda de reuniones con las entidades financieras, principales beneficiadas de limpiar balances, y la Dirección General del Notariado que estaban gestionando la recuperación de 176.000 millones de euros de créditos fallidos. El despacho entendió que era imprescindible obtener una vía para que los fondos buitre, adquirente del crédito fallido y nuevo acreedor, obtuviera ese tipo de copia que le permitiera acceder rápidamente a la ejecución, subasta y, llegado el caso, a la adjudicación del activo:

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha dictado una resolución de gran calado que va a permitir que los inversores internacionales – fondos buitre- que han adquirido créditos fallidos (o NPLs, non-performing loans) de entidades financieras españolas puedan acelerar de forma muy significativa la recuperación de los mismos, especialmente si están garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Finalmente, en una resolución de 28 de junio de 2018, la DGRN responde afirmativamente a la consulta planteada por el despacho en nombre de sus clientes (diez de las entidades de servicing más relevantes del mercado español) y confirma que los notarios pueden perfectamente expedir una nueva copia “con efectos ejecutivos” a favor del inversor que adquiere los NPLs garantizados con hipoteca inmobiliaria si antes ese inversor no obtuvo otra. Según la DGRN, esa nueva copia faculta al nuevo acreedor para acceder al procedimiento ágil y privilegiado de ejecución hipotecaria.

Esta noticia de junio de este año (*4), de la que hablaremos en otra entrada, muestra a las claras que el único beneficiario de la inscripción registral es el banco o el fondo buitre. Dicho de otra manera, la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del TS daba validez jurídica en su sentencia del miércoles pasado a los notarios: que EL BANCO O EL FONDO BUITRE ES EL SUJETO PASIVO PUES NECESITA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA HIPOTECA.

PARA LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA QUE ESGRIME LA BANCA NO HAY ÓRGANO JUDICIAL QUE PONGA VETO A UNA INSCRIPCIÓN REGISTRAL PERO CUANDO ESA MISMA INSCRIPCIÓN OBLIGA AL PAGO DE UN IMPUESTO ENTONCES ES EL DEUDOR QUIÉN TAMBIÉN DEBE RECIBIR CASTIGO Y NO LA BANCA

La Plataforma de Afectados por la hipoteca de Madrid lo tiene claro: PODER JUDICIAL BRAZO EJECUTOR DE LA BANCA, era el artículo que reproduciamos en nuestra web donde se lamenta que el poder judicial “En lugar de cumplir con esa obligación, de carácter imperativo, han estado `mariposeando´ haciendo el papel de `ejecutor´ a favor de las peticiones y demandas de las voraces entidades financieras.”


Notas a pie de página.

    1. el confidencial, ¿Por qué cambió de opinión el Supremo respecto a los gastos hipotecarios?
    2. BOE.ES, Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
    3. BOE.ES, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

      CAPÍTULO II. Documentos notariales SECCIÓN 1 Hecho Imponible

      Artículo 67 Norma general

      Están sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establecen los artículos siguientes.

      SECCIÓN 2 Sujeto Pasivo

      Artículo 68 Contribuyente

      Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

      párrafo 2 –Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.

      — ::: Párrafo 2.º del artículo 68 anulado por Sentencia TS (Sala Tercera, Sección 2.ª) de 16 de octubre 2018, Rec. 5350/2017 :::—

  1. Bufete Abogados Garrigues, Los fondos podrán recuperar más rápido los créditos fallidos tras una resolución de la DGRN.

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Si los Bancos se permiten el lujo de no inscribir registralmente las viviendas subastadas es porqué no es obligatorio tampoco para los ciudadanos.

este documento de PAH-Madrid afirma que la inscripción registral no es obligatoria como lo demuestra el hecho que la Banca hace lo que quiere cuando quiere pero siempre en beneficio propio y contra la ciudadanía.

connivencia vergonzosa y vergonzante de todos los estamentos con las entidades financieras

{PAH-Madrid}

El estamento político, notarial, registral y judicial permiten que las entidades financieras, y satélites, ejerzan inmisericordemente su ‘derecho de pernada’, cuando y como quieran, sobre aquella parte de la ciudadanía que más duramente ha sido castigada por la burbuja inmobiliaria y crisis financiera, artificialmente montadas por unos cuantos en detrimento de la gran mayoría.

Fiel reflejo de esa connivencia es lo que viene sucediendo con la inscripción de la titularidad en los Registros de la Propiedad, que en el sistema español se basa en la ‘voluntariedad’ de la misma dado que el mecanismo registral sólo se pone en marcha previa petición del interesado, ya que la actuación de oficio por el propio Registrador es de carácter excepcional.

Pero es evidente que en la realidad del día a día esto no es así para todos por igual, no se le da la misma cancha a un ciudadano que a una todopoderosa entidad financiera.

Un ciudadano cuando va a firmar ante fedatario público la escritura de compraventa de un inmueble, sin financiación externa, no es informado por dicho notario de los ‘pros y contras’ de inscribir a su nombre el inmueble del que acaba de adquirir su titularidad. Todo lo contrario, le empuja a realizar dicha operación registral con fórmulas magistrales de redacción como, por ejemplo, “Los otorgantes, tras informarles de su alcance y efectos, me autorizan y solicitan de mí, el Notario, que realice, por el procedimiento establecido en el art. 249.2 del Reglamento Notarial, la presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad .

”. Dice el fedatario“…, tras informarles de su alcance y efectos, …”, afirmación absolutamente inexacta dado que como tal no se produce, debiendo ser en realidad- y por el contrario- un compromiso a qué, después de explicado debidamente a las partes del contrato, el dictado debiera decir “…, tras informarles de la voluntariedad en la inscripción por su carácter declarativo y no constitutivo, y de los pros y contras de todo ello, …”, pero eso no se hace ya que lo que interesa es que esa ‘manada de borregos’ que es la ciudadanía, o así es como nos ven desde determinados estamentos del poder, esté lo más controlada posible.
Si no fuera así, como podría ser que las entidades financieras– por poner un solo ejemplo- que conceden préstamos o créditos personales, sin garantía hipotecaria, consigan – en caso de impago – plantear demanda solicitando embargos, y si fuera preciso subastas, de inmuebles de la parte prestataria, si ésta no los tuviera registrados. Se hace todo lo que haga falta para que esas mercantiles puedan vivir tranquilas, ¡faltaría más!
Y eso es solo un ejemplo, se pueden poner unos cuantos más que justifican,para el poder, que el ciudadano esté férreamente controlado y amarrado, mientras que ellos campan a sus anchas. Claro qué, si cambiamos de acera, la cosa es muy diferente. Sigamos con el sujeto del ejemplo anterior: las entidades financieras.

Un banco o caja tituliza un préstamo o crédito, con garantía hipotecaria. Tal situación debiera implicar, por mucha palabrería hueca que nos inunde de estamentos del poder de ‘toda condición y pelaje’, que la garantía hipotecaria de dicho préstamo o crédito se inscribiese a nombre del Fondo de titulización, ya sea hipotecario o de activos, pero sin embargo no es así.

2.- Al ser la inscripción voluntaria y de carácter declarativo, las entidades financieras se reservan a su nombre las garantías hipotecarias para, llegado el momento, poder instar la correspondiente demanda de ejecución hipotecaria sin ningún tipo de legitimidad activa, y con la connivencia del Poder judicial, que con Fallos pueriles – con resultado devastador para el ejecutado – consideran qué como la ejecutante sigue siendo la titular registral ¡verdes las han segado!
Es muy lamentable tal actitud servilista, los miembros de la judicatura son plenamente conscientes de ese carácter de inscripción declarativa de la titularidad registral por lo que debieran ser más diligentes a la hora de comprobar si realmente la entidad financiera ejecutante, una vez titulizado la escritura demandada, tiene la titularidad real, o simplemente formal, de la garantía hipotecaria. Pero el problema que podría conllevar dicha indagación constituiría, muy probablemente, un resultado indeseable para la ejecutante, y ‘hasta ahí podríamos llegar, Sancho ’ Claro qué, ese vasallaje y sumisión, se da en otros momentos familiar aún estando a su nombre el inmueble, en el Registro de la Propiedad … ¿y los jueces?, ¡como siempre! mirando  para otro lado … o, en todo caso, contestan a las alegaciones planteadas por la representación legal de la parte ejecutada que tal circunstancia no tiene la más mínima importancia … ¡anda, que si fuera al revés! …

Pero lo más sangrante de ésta situación es que existe una parte ejecutada, en muchísimos casos con una coyuntura económica muy lamentable – hay que considerar que han caído en una ejecución por no poder hacer frente a los pagos mensuales de la financiación externa que le fuera concedida – ya que fueron arrollados por la crisis financiera, que aún perdiendo la titularidad real del inmueble deben seguir abonando los gastos mensuales de comunidad e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) municipal. Y de no hacerlo así, le pueden venir embargos y nuevos procedimientos judiciales por impago.

3.- Cuando el afectado acude al administrador de fincas o Junta de Distrito del Ayuntamiento correspondiente, siempre encontrará la misma respuesta, “ lo sentimos, pero resulta que el inmueble sigue estando a su nombre en el Registro de la Propiedad ” como si eso fuera responsabilidad de esa persona, o unidad familiar. La titularidad formal le condena a esos pagos o alidiar judicialmente contra esos intentos de cobro, como si ya no tuviera bastante con la ejecución hipotecaria vislumbrando en el horizonte lo que se le viene encima … ‘ encontrarse en la puñetera calle’, por el trilerismo utilizado en su contra por todo tipo de carroñeros y fulleros, y colaboradores de todo pelaje, que deambulan por esta sociedad como si fuera exclusivamente suya.
Y a todo esto, ¿qué hacen los correspondientesmagistrados/jueces al respecto? … ¡no, no me lo digan!, a ver si lo adivino … ¿mirar hacia otro lado? … ¿he acertado? … ¡si?, no era tan difícil.

El hecho es que ¡como siempre! una misma situación perjudica a la parte más débil del conflicto, el consumidor y, sin embargo, beneficia a la parte fuerte del mismo, las entidades financieras, y satélites, y tiene nombre: TITULARIDAD FORMAL. En definitiva, expliquemos a toda la ciudadanía que la inscripción de un inmueble en el Registro de la Propiedad, si no hay financiación externa, es voluntaria y, por lo tanto, declarativa, además de sus pros y sus contras. Y vigilemos la forma de actuar poco ética, con mala fe y temeridad de las entidades financieras perjudicando gravosamente a la parte débil de los procedimientos de ejecución, en beneficio propio.

documento original PAH-Madrid:




‘Si lo cuentas te arrepentirás’: el abogado José Ángel Gallegos denuncia a un juez…

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La cláusula de vencimiento anticipado y su necesaria inscripción registral

De resultas de la imputación de coacciones al abogado J.A.Gallegos por defender la abusividad de cláusulas hipotecarias.

¿Se saltan las normas procesales y garantistas y se vulnera la tutela efectiva de los deudores a favor de la Banca?

La ejecución hipotecaria es un procedimiento de extraordinaria fuerza ejecutiva del título del derecho que reduce y limita los medios de defensa del deudor hipotecario de modo que cualquier reclamación que el deudor pueda formular sólo se puede resolver en el juicio que corresponda. Por contrapeso y garantía del derecho del deudor tan drásticamente restringido en su intervención procesal se debe exigir un examen riguroso de los requisitos de que debe estar revestido la ejecutante para poder dar inicio a tan privilegiado procedimiento, entre los que, sin duda, se halla la legitimación formal, y en este caso sustantiva, de la demandante, que según el artículo 688-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe acreditarse a través de la certificación del Registrador en la que “se exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar”. Al respecto resulta de interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2013, de 8 de abril.

El Registro de la Propiedad tiene la tutela de dar veracidad a lo inscrito en sus libros mientras no se demuestre su inexactitud, esto es, se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral y que el derecho cuyo asiento registral no está inscrito o se halla cancelado no existe, siempre que en cualquiera de los dos supuestos, no se demuestre lo contrario.

Por ello, concluimos con causa, el procedimiento hipotecario no deja de ser una ejecución directa de base registral de manera que sólo puede ejercitarse, partiendo del art. 130 de la Ley Hipotecaria, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se haya recogido en el asiento respectivo del registro de la propiedad.

Recordamos estos párrafos que escribimos en nuestro blog – La nulidad de la ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral– hace más de un año porqué tras la hecatombe de la práctica totalidad de Cajas y Bancos del país, en los procedimientos de ejecución hipotecaria se presentaban las entidades financieras sucesoras de las extinguidas saltándose las más elementales normas registrales lo que provocó un alud de archivos o nulidad de ejecuciones hipotecarias.

Art. VII TP RGRP – Art C.C. Los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento o se declare judicialmente su invalidez.

Prevaricación y coacciones. Tutela judicial y cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios

A raíz del procesamiento penal del abogado José Ángel GALLEGOS por supuestas coacciones al juez del juzgado de Primera Instancia y Instrucción nº6 de Vilanova y la Geltrú, hemos conocido los términos jurídicos en los que se desenvuelven las acusaciones de prevaricación contra el juez, de parte del abogado, y de coacciones contra el abogado, conocido abogado y activista del derecho a la vivienda desde hace años, por parte de la Fiscalía. No es nuestro objetivo en estas líneas realizar ningún juicio de valor sino que ese incidente grave nos permite adentrarnos en uno de las zonas con más penumbra de las ejecuciones hipotecarias del país: A la Banca se le ha permitido ahorrarse miles de millones de engorrosos procedimientos registrales que suponían muchos costes pero que al común de los mortales se nos eran exigidos por los funcionarios públicos que, salvo honrosas excepciones, tienen un doble rasero según quién hay delante.

La acusación de la Fiscalía contra el abogado dice así:

«…A fecha 9 de julio del 2015… el letrado J.A.Gallegos, con ánimo de alterar la libertad de decisión y actuación…….. del Magistrado Juez de la Sala……. D.Cabrera expuso: si llegase a tener lugar la subasta sin que la ejecutante aporte el certificado de tasación, mi mandante interpondrá una querella criminal contra los responsables...»

Por su parte, el abogado en su escrito de defensa alega los errores que se cometen en los procedimientos de ejecución hipotecaria que son el objeto de este documento:

«…De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, debería despacharse y tramitar la ejecución en base al certificado de dominios y cargas en el que constase el contrato hipotecario en su totalidad. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 693.2 LEC para reclamar la totalidad de la deuda incluida la no vencida que suele ser la de mayor cuantía con mucha diferencia, debe constar la inscripción registral de la cláusula contractual de vencimiento anticipado. En muchos esta constancia no existe porque el certificado de dominios y cargas remitido por el Registro de la Propiedad al juzgado por los motivos que fueren no la refleja y sin embargo esto no se tiene en cuenta y se
despacha y tramita la ejecución también por la deuda no vencida con la simple constancia de la cláusula de vencimiento anticipado en la copia de la escritura hipotecaria.

Algo que debería parecer obvio es que para el despacho de ejecución y la tramitación de la ejecución hipotecaria la garantía hipotecaria el titular registral de la garantía hipotecaria debería ser el ejecutante, además así lo establece el artículo 688.1 LEC. Pues bien en muchos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no es el titular de la garantía hipotecaria. Y todo ello, para ahorrar a los bancos el dinero de corregir las inscripciones registrales. Nuevamente vuelve a primar la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica.

Las copias de las escrituras hipotecarias que se aportan como título ejecutivo deben ser primera copia y con efectos ejecutivos y con anterioridad a diciembre de 2006 primera copia. Ni que decir tiene que cuando esto no es así, lo que sucede en múltiples ocasiones, el juzgado mira para otro lado y como si tal cosa.
Ya metidos en cuestiones de oposición a la ejecución la estrella es la cuestión de cláusulas abusivas y aunque los contratos hipotecarios es tan plagadas de ellas hasta el punto que todo el contrato es abusivo y un completo fraude que debería dar lugar a su completa nulidad sin restitución por parte del deudor por causa torpe, los jueces lo encuentran todo perfecto. Se podría escribir todo un mundo sobre las cláusulas abusivas, pero solo haré una referencia a la que ha sido la clave de todas y en la que los juzgados han defendido a capa y espada a los bancos, la cláusula de vencimiento anticipado. Parece una obviedad que esta cláusula tal como estabe incluida en los contratos hipotecarios era una cláusula abusiva, y lo parece porque lo era, pero los jueces se han negado a admitirlo sistemáticamente no porque no lo vieran sino porque es lo que interesaba a la Banca para la que trabajan, hasta que a golpe de varapalo del TJUE no les ha quedado más remedio que admitirlo....»


El Colegio de Registradores de la Propiedad, y muchos de sus colegiados, están luchando en las redes por hacer cumplir la ley, tenemos certeza de ello. Pero hoy por hoy, muchas normas procesales y registrales son ignoradas en los Juzgados de todo el país, ante la avalancha de procesos judiciales y los pocos recursos para el ejercicio de la JUSTICIA. Con ello, los errores sólo benefician al más fuerte, la Banca. Con ello, los letrados valientes que ponen luz en la penumbra de las ejecuciones hipotecarias suelen exasperarse ante el tamaño de errores procesales y judiciales. Por ello, no cesaremos desde este blog de poner luz en la defensa de los deudores frente a los acreedores, la Banca.

Salva TORRES, activista de Asc.500×20

++++ INFORMACIÓN +++




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (I)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, el verdadero título ejecutivo en el que ha de basarse toda la ejecución hipotecaria, es la inscripción registral de la hipoteca. La copia válida de la escritura hipotecaria es el título que permite iniciar la ejecución y permite solicitar la certificación registral de la hipoteca en la que tendrá que basarse la ejecución, pero no es el titulo en que deba basarse la ejecución hipotecaria.

Quizás a primera vista no se vea la importancia de este crucial detalle porque evidentemente la copia de la escritura hipotecaria y la inscripción registral deberían ser idénticas y por tanto, basarse en una u otra para llevar a cabo la ejecución debería dar el mismo resultado. La importancia estriba en que en la práctica salvo raras excepciones no solo no coinciden si no que difieren en demasía. La inscripción registral de la hipoteca no suele ser una copia literal de la escritura hipotecaria sino una mención de algunos extremos, en muchas ocasiones solo la mención al valor de tasación del tipo de subasta y la existencia de la cláusula de vencimiento anticipado y en algunos ni siquiera estas.

Dado que el certificado registral de la hipoteca legalmente es el verdadero título en el que debe basarse la ejecución hipotecaria, antes de despachar la ejecución debería solicitarse al Registro para una vez que el juzgado disponga de él decidir sobre el despacho. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad. Es decir, ni siquiera cuando ya se dispone de él la ejecución se basa en el certificado registral de la hipoteca. Siguen basándose en la copia de la escritura hipotecaria, que no es el verdadero título ejecutivo de la ejecución hipotecaria.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya no inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia. Si ni siquiera se puede despachar la ejecución, ¿cómo puede tramitarse? ¿cómo pueden tomarse decisiones sobre un contrato hipotecario? Los jueces seguramente responderían que en realidad si lo conocen porque disponen de la copia de la escritura hipotecaria. Pero el problema es que legalmente solo lo pueden conocer a través de la certificación registral de la hipoteca, el conocimiento no puede proceder de otros documentos por más fiables que los consideremos, el Legislador así lo ha dispuesto. Y dado que la certificación registral de la hipoteca en la inmensa mayoría de los casos no solo es que sea incompleta sino que aporta escasísimos datos, es imposible tramitar la ejecución.

En consecuencia una abrumadora mayoría de las ejecuciones hipotecarias despachadas y tramitadas son nulas de pleno derecho. Los jueces han violado estas normas para despacharlas y tramitarlas. Las han violado en beneficio de la Banca y en perjuicio de los deudores hipotecarios. Han prevaricador en beneficio de la Banca.

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Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (II)

Lo habitual en las ejecuciones hipotecarias es reclamar la totalidad de la deuda, incluida la aún no vencida, que suele ser de mucho mayor cuantía que la ya vencida y con gran diferencia.

Esto lo permite la norma del artículo 693.2 LEC para el caso que así se haya pactado. Pero incluye como requisitos que este pacto conste en la escritura hipotecaria y en su correspondiente asiento del Registro de la Propiedad.

Por tanto, para aceptar la reclamación por la totalidad de la deuda incluida la no vencida, al juzgado le debe constar la inscripción registral de la cláusula de vencimiento. Sin embargo, este requisito nunca es tenido en cuenta, se despacha la ejecución sin tener presente el certificado de la inscripción registral y cuando se solicita al Registro de la Propiedad una vez ya despachada la ejecución y este lo remite, el juzgado se limita a incorporarlo al expediente sin comprobar los asientos. Si lo hicieran comprobarían que en muchos casos no consta la cláusula de vencimiento anticipado. Y por tanto, dado que al juzgado no le consta la inscripción registral de la cláusula de vencimiento anticipado, no debería proseguir con la ejecución, sino archivarla. Pero nada de eso sucede, porque de lo que se trata no es de ponerles pegas a los bancos, sino de facilitarles el expolio colaborando como cómplices en él.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (III)

Debería ser obvio que para el despacho y la tramitación de la ejecución hipotecaria, el ejecutante debería constar como titular registral de la garantía hipotecaria. Entre otros motivos, porque así lo establece el artículo 688.1 LEC.

Pues bien en muchos casos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando
flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no consta como titular registral de la garantía hipotecaria.

A algunos les parece peccata minuta, sobre todo a los jueces que defienden los interese de la Banca, porque de todos modos se aporta documentación a la demanda de ejecución que acredita que el ejecutante es el sucesor del titular registral de la garantía hipotecaria. Pero dejando al margen que esta documentación deberían aportarse al Registro de la Propiedad para que inscribiese al nuevo titular y que no se hace simplemente, para ahorrarse el enorme coste económico que supondría  a la Banca, primando así la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica, no siempre es así.

Pongo dos ejemplos reales de ellos. Una ejecución hipotecaria en la que Banco Sabadell ejecuta una hipoteca inicialemente de Caja Granada. Ya de por sí es llamativo porque Caja Granada nunca ha formado parte de Banco Sabadell, sino que se integró en BMN. Banco Sabadell adquirió a BMN el negocio de Caixa Penedès que al igual que Caja Granada se había integrado previamente en BMN. Aunque no es imposible que una hipoteca de Caja Granada haya acabado en el Banco de Sabadell. El problema es que Banco Sabadell no ha aportado ninguna documentación que acredite ser el titular de la garantía hipotecaria y sin embargo la ejecución ya está finalizando. Para mayor inri recientemente el Banco Sabadell ha reconocido al ejecutado por escrito mediante un correo electrónico no ser el titular de esa hipoteca.

En el otro caso también está implicado BMN que es quien ejecuta una hipoteca de Caixa Penedès, que en principio debería pensarse que es del Banco Sabadell. No es imposible que realmente sea de BMN, pero no se acredita de ningún modo.

Estos problemas no se darían si se respetase la Ley, exigiendo que el ejecutante coincida con el titular registral de la garantía hipotecaria.




La nulidad de la ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral.

La ejecución hipotecaria es un procedimiento sumario y rápido al amparo de la legislación hipotecaria que otorga enormes privilegios a la entidad financiera dejando la posibilidad de defensa del ejecutado en las meras formalidades.

Es precisamente en esas formalidades donde la legitimación registral desempeña su cometido. El auto 72/2014 de 2014-05-13 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Terrassa (Barcelona) indicaba que los defectos formales registrales aducidos en la defensa de la ejecutada eran suficientes como para declarar nulas las actuaciones y pedir el archivo de la ejecución hipotecaria por inadecuación de esos defectos formales (la documentación de este auto y otros al final de esta entrada).

Registro_propiedad_cartelLa legitimación registral

El principio de legitimación registral da veracidad a lo inscrito en el Registro de la Propiedad mientras no se demuestre su inexactitud, esto es, se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral y que el derecho cuyo asiento registral se halla cancelado no existe, siempre que en cualquiera de los dos supuestos, no se demuestre lo contrario.

Dicho de otra manera, Caixa Tarragona o Catalunya Caixa no es lo mismo que Catalunya Banc o Caja Madrid no es lo mismo que Bankia. Existen aún y tienen CIF diferentes. Catalunya Caixa o Bankia no pueden iniciar la ejecución hipotecaria sin tener inscrito el cambio de titular de cada uno de los préstamos en el Registro de la Propiedad. La entidad financiera no puede alegar la existencia de una legitimación como sucesora universal de unos derechos de crédito.

En el caso del Auto 72/2014 el hecho que en el registro de la propiedad no figuraba la ejecutante (Unnim Banc SAU) en el registro de la propiedad como poseedora del derecho de la garantía- hipotecaria- fue suficiente motivo como para anular todas las actuaciones. Este auto muy elaborado junto a otros de la misma índole permiten una vía de oposición a ejecuciones hipotecarias realizadas a la brava sin los más mínimos requisitos formales por entidades financieras que entran en los juzgados como si fueran su brazo ejecutor.

El principio de legitimación registral se encuentra especificado en los siguientes preceptos:

  • Artículo 1, párrafo tercero de la Ley Hipotecaria, que dispone que todos los asientos se encuentran bajo la protección de los Tribunales y produce todos sus efectos hasta que no se declare expresamente su inexactitud.
  • Artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, el cual dispone: “a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo”.
  • Artículo 97 de la Ley Hipotecaria que establece el efecto inmediato de la cancelación de un asiento, el cual es el de que el derecho al cual dicho asiento se refiera, se entenderá extinguido.

La consecuencia de la eficacia extensiva del Registro de la Propiedad es la de que el contenido del asiento se entiende, en cuanto al ámbito, no sólo a la existencia del derecho que refleja, sino a la extinción, titularidad y causa jurídica del cambio jurídico de los derechos reales inmobiliarios registrados.

Al amparo de la falta de legitimación registral de una entidad financiera.

Las entidades financieras han actuado con demasiada prepotencia en los juzgados haciendo saltar por los aires todas las formalidades procesales y documentales que les permitía la ley hipotecaria de este país. La enorme concentración bancaria resultado de la crisis del 2007 ha provocado que las entidades que han absorbido todas las cajas han pasado por alto las normas más elementales para ahorrar costes, mientras la clase política miraba para otro lado. Por lo tanto, desde este blog adelantamos que los bancos usando los autos judiciales han provocado multitud de errores en las inscripciones registrales de miles de viviendas para ahorrar costes. El mencionado auto de Terrassa entra de lleno en esta materia en sus razonamientos jurídicos:

  • Unnim Banc S.A.U. entidad ejecutante inicial es diferente de la que consta en la escritura de préstamo hipotecario como prestamista, Caixa D’Estalvis de Sabadell. Unnim SAU es en todo caso quién ejerce como sucesora universal por subrogación.
  • El cambio del titular de la hipoteca no ha tenido su reflejo en el Registro de la Propiedad.
  • El procedimiento de ejecución de un título no judicial debe comportar un control estricto del título que debe ser mayor cuando se trata de ejecución sobre bienes hipotecados, en que son más limitadas todavía las causas de oposición admisibles y ni siquiera hay traba previa, sino directamente enajenación del inmueble sujeto a la garantía si el deudor no procede al pago.
  • Conforme a la ley hipotecaria la subrogación no surte efectos frente a terceros (ejecutados) si no se ha inscrito en el Registro. En otras palabras, sí es necesaria la inscripción para la transmisión de la garantía en el caso referido por lo que sí debió inscribirse en el Registro la cesión a Unnim que adquirió por sucesión universal todo el negocio.
  • La ejecución hipotecaria es un procedimiento de extraordinaria fuerza ejecutiva del título del derecho que reduce y limita los medios de defensa del deudor hipotecario de modo que cualquier reclamación que el deudor pueda formular sólo se puede resolver en el juicio que corresponda. Por contrapeso y garantía del derecho del deudor tan drásticamente restringido en su intervención procesal se debe exigir un examen riguroso de los requisitos de que debe estar revestido la ejecutante para poder dar inicio a tan privilegiado procedimiento, entre los que, sin duda, se halla la legitimación formal, y en este caso sustantiva, de la demandante, que según el artículo 688-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe acreditarse a través de la certificación del Registrador en la que “se exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar”. Al respecto resulta de interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2013, de 8 de abril..
  • Al efecto debe distinguirse entre la titularidad del derecho material y su actuación procesal, pues mientras que aquella puede tenerse por acreditada formalmente a través de un documento público, la segunda debe someterse a la observancia y cumplimiento de los presupuestos formales exigidos no solo por normas hipotecarias sino también por otras de índole procesal, aunque estén ligadas a aquéllas, como acontece en el supuesto litigioso en que la Ley de Enjuiciamiento Civil no solo requiere que la hipoteca se acredite por medio de certificación registral que se halla vigente, sino también que lo sea a favor del ejecutante.
  • En el recurso lo que se plantea no es la legalidad usar la excepción contemplada en el artículo 685-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trata de la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor de una Entidad del mercado hipotecario de las que legalmente pueden emitir cédulas hipotecarias. El caso que ocupa resulta de que se han producido una o sucesivas transmisiones del préstamo garantizado con hipoteca de resultas de la segregación del conjunto de los elementos patrimoniales de una Entidad que componían su negocio financiero y lo traspasa en bloque a otra entidad, por sucesión universal  o fusión por absorción, con disolución de la Entidad absorbida, es preciso que la escritura pública de cesión se inscriba en el Registro de la Propiedad y así se acredite con la demanda, o basta con la certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción (inicial) y la subsistencia de la hipoteca.
  • La ley no permite entender que el cesionario cuyo derecho no ha sido inscrito pueda ejercitar la acción hipotecaria accesoria al crédito adquirido. Porque el nacimiento de la hipoteca requiere de la inscripción, que sí tiene naturaleza constitutiva (artículo 1875 del Código Civil), de forma que el título ejecutivo en que se funda la ejecución hipotecaria ha de ser una escritura de hipoteca inscrita, y aunque la cesión del crédito hipotecario nazca “extra tabulas”, el ejercicio de la acción por el cesionario requiere de la inscripción de su derecho para su conformación, en el proceso frente al deudor, frente al hipotecante no deudor, frente al tercer poseedor y frente a otros terceros, con la expresión del titular vigente del derecho de hipoteca, que ha de coincidir con la persona que ejercita la acción, y por cuya voluntad se despacha ejecución por el juez se manda la realización del bien hipotecado.
  • El decreto de adjudicación del bien hipotecado no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante. En este caso Caixa D’Estalvis de Sabadell es la titular registral del derecho de crédito y por tanto Unniom Banc SAU no podría inscribir la vivienda, so pena, de un error registral.
  • La Dirección General de los Registros y del Notariado, en resoluciones de octubre del 2013, acredita la necesidad que haya una certificación que exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar.

registro_propiedad_almacenAsí pues el Juez don Javier Francisco Alba Figuero del juzgado de primera instancia de Rubí como juzgador cree que ” es necesario e imprescindible dicha inscripción para acceder a un procedimiento tan especial, riguroso, formal y limitado en cuanto a los medios de defensa para el deudor como es la ejecución hipotecaria………. conforme al art. 149 de la Ley Hipotecaria….. Además el procedimiento hipotecario no deja de ser una ejecución directa de base registral de manera que sólo puede ejercitarse, partiendo del art. 130 de la Ley Hipotecaria, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo …….Asimismo el juzgador explica situaciones conflictivas resultado de una mala inscripción registral en el pago de la deuda subyacente”. Por todo ello, en la PARTE DISPOSITIVA declara el archivo de la ejecución hipotecaria por inadecuación del mismo.

Postdata: Este auto tiene gran valor explicativo y jurídico sobre la legitimación registral y por ello hemos querido analizar y exponer sus razonamientos más importantes. Su estructura permite a los letrados preparar oposiciones a ejecuciones hipotecarias en las que han intervenido más de una entidad que haya sido a su vez absorbida por otras. No hace falta enumerar la multitud de casos de cajas de ahorros desaparecidas en la última década. Basta ir al registro de la propiedad y una nota simple puede permitir valorar la idoneidad de esta oposición. En cuanto al momento procesal más idóneo, creemos que esta herramienta es más adecuada en el proceso previo a la subasta, pues retrotrae la ejecución al inicio.

No podemos negar que esta vía ha sido utilizada con profusión y que hay jurisprudencia en sentido contrario. Estas otras han confirmado que las entidades subrogadas por sucesión universal del negocio han podido continuar la ejecución hipotecaria sin haber solventado correctamente la inscripción registral. Así contra la decisión del Juzgado de primera instancia no 6 de Navalcarnero de aceptar como necesaria la legitimación registral la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 12 de esa Sala, estimó a mayor que la inscripción registral no era constitutiva del derecho.

Salva TORRES. activista de asc.500×20

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Documentación relacionada que le puede interesar:

  • Las cuatro sentencias y/o autos que desestiman una ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral las puede encontrar aquí:  +++info
    1. 2012.- Audiencia Provincial de Castellón 133/2012 de 12 de julio, apelación civil 428/12 desestimando por falta de legitimación procesal y titularidad registral a Bankia SAUl. +++info
    2. 2013.- Sentencia Interlocutoria AUTO número 32/13 de 2013-02-04 de la Audiencia Provincial Valencia-sección Novena (Valencia). Desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO CAM SAU, contra el Auto de fecha 31 de julio de 2012, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Catarroja, confirmando dicha resolución- falta de legitimación REGISTRAL.
    3. 2013.- Sentencia Interlocutoria AUTO número 00089/2013 de 2013-03-13 de la Audiencia Provincial Madrid-sección 11 (Madrid). Desestima el recurso interpuesto por BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A, contra el auto de fecha 9 de mayo 2012 , dictado por Juzgado de Primera Instancia número 6 de Navalcarnero, confirmando dicha resolución- falta de legitimación REGISTRAL.
    4. 2013.- Auto 91/2013 de 16 de mayo de 2013 – Audiencia Provincial de Barcelona Sección 11 resuelve contra 2 recursos de apelación previos presentados por Bankia SAU  como sucesora de Caixa Laietana, confirmando falta de legitimación REGISTRAL.
    5. 2014.- Auto 72/14 de 2014-05-13 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Terrassa (Barcelona). Declara nula ejecución hipotecaria instada por Unnim Banc S.A.U.
      .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. MÁS AUTOS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
    6. – Auto Juzgado de Primera Instancia 8 de Palma de Mallorca.
    7. – Auto Juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona

También le puede interesar:

Ampliación aclaratoria:

Significado y obtención de copias ejecutivas del Registro (primera y segundas copias).

Para poder ejecutar el acreedor la hipoteca en caso de incumplimiento, es necesario que disponga de copia autorizada de la escritura que tenga efectos ejecutivos. Normalmente, la primera copia que se expide, que es la que se lleva al Registro, tiene efectos ejecutivos. Llegado el momento de la ejecución, ésta copia suele no estar localizable, por lo que el Banco debe pedir una segunda copia ejecutiva.

Según el artículo 233 del Reglamento Notarial y el artículo 517.2.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo tiene carácter ejecutivo las primeras copias de escrituras expedidas con carácter ejecutivo y las segundas copias de escrituras expedidas con carácter ejecutivo, ya sea en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a que deba perjudicar o su causante, ya sea con conformidad de las partes. Todo ello también en función del artículo 234 RN que dice que la conformidad de los otorgantes puede mostrarse también en otro documento auténtico.

Por tanto, esta segunda copia no se puede expedir sin el consentimiento del deudor, pero como éste, si se le solicita una copia para ejecutarle, va a decir que no, el acreedor ya prevé dicha posibilidad en el momento inicial de su relación. Por ello, el deudor apodera irrevocablemente al Banco para que a través de sus representantes legales, con facultades suficientes para ello, pueda solicitar primeras y posteriores copias de la escritura y consienta que las segundas y posteriores copias solicitadas tengan carácter ejecutivo.

Si lo que se pide por la entidad acreedora es segunda copia con efectos ejecutivos de una escritura de subrogación o novación, habrá que pedir copia autorizada de la escritura de préstamo en la que se subrogó para comprobar que en la de subrogación se mantenga expresamente la vigencia de todo lo no alterado por la subrogación.

fuente: http://www.notariallopis.es/blog/i/227/73/como-se-lee-una-escritura-de-prestamo-hipotecario-iv-demora-y-ejecucion