Si los Bancos se permiten el lujo de no inscribir registralmente las viviendas subastadas es porqué no es obligatorio tampoco para los ciudadanos.

este documento de PAH-Madrid afirma que la inscripción registral no es obligatoria como lo demuestra el hecho que la Banca hace lo que quiere cuando quiere pero siempre en beneficio propio y contra la ciudadanía.

connivencia vergonzosa y vergonzante de todos los estamentos con las entidades financieras

{PAH-Madrid}

El estamento político, notarial, registral y judicial permiten que las entidades financieras, y satélites, ejerzan inmisericordemente su ‘derecho de pernada’, cuando y como quieran, sobre aquella parte de la ciudadanía que más duramente ha sido castigada por la burbuja inmobiliaria y crisis financiera, artificialmente montadas por unos cuantos en detrimento de la gran mayoría.

Fiel reflejo de esa connivencia es lo que viene sucediendo con la inscripción de la titularidad en los Registros de la Propiedad, que en el sistema español se basa en la ‘voluntariedad’ de la misma dado que el mecanismo registral sólo se pone en marcha previa petición del interesado, ya que la actuación de oficio por el propio Registrador es de carácter excepcional.

Pero es evidente que en la realidad del día a día esto no es así para todos por igual, no se le da la misma cancha a un ciudadano que a una todopoderosa entidad financiera.

Un ciudadano cuando va a firmar ante fedatario público la escritura de compraventa de un inmueble, sin financiación externa, no es informado por dicho notario de los ‘pros y contras’ de inscribir a su nombre el inmueble del que acaba de adquirir su titularidad. Todo lo contrario, le empuja a realizar dicha operación registral con fórmulas magistrales de redacción como, por ejemplo, “Los otorgantes, tras informarles de su alcance y efectos, me autorizan y solicitan de mí, el Notario, que realice, por el procedimiento establecido en el art. 249.2 del Reglamento Notarial, la presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad .

”. Dice el fedatario“…, tras informarles de su alcance y efectos, …”, afirmación absolutamente inexacta dado que como tal no se produce, debiendo ser en realidad- y por el contrario- un compromiso a qué, después de explicado debidamente a las partes del contrato, el dictado debiera decir “…, tras informarles de la voluntariedad en la inscripción por su carácter declarativo y no constitutivo, y de los pros y contras de todo ello, …”, pero eso no se hace ya que lo que interesa es que esa ‘manada de borregos’ que es la ciudadanía, o así es como nos ven desde determinados estamentos del poder, esté lo más controlada posible.
Si no fuera así, como podría ser que las entidades financieras– por poner un solo ejemplo- que conceden préstamos o créditos personales, sin garantía hipotecaria, consigan – en caso de impago – plantear demanda solicitando embargos, y si fuera preciso subastas, de inmuebles de la parte prestataria, si ésta no los tuviera registrados. Se hace todo lo que haga falta para que esas mercantiles puedan vivir tranquilas, ¡faltaría más!
Y eso es solo un ejemplo, se pueden poner unos cuantos más que justifican,para el poder, que el ciudadano esté férreamente controlado y amarrado, mientras que ellos campan a sus anchas. Claro qué, si cambiamos de acera, la cosa es muy diferente. Sigamos con el sujeto del ejemplo anterior: las entidades financieras.

Un banco o caja tituliza un préstamo o crédito, con garantía hipotecaria. Tal situación debiera implicar, por mucha palabrería hueca que nos inunde de estamentos del poder de ‘toda condición y pelaje’, que la garantía hipotecaria de dicho préstamo o crédito se inscribiese a nombre del Fondo de titulización, ya sea hipotecario o de activos, pero sin embargo no es así.

2.- Al ser la inscripción voluntaria y de carácter declarativo, las entidades financieras se reservan a su nombre las garantías hipotecarias para, llegado el momento, poder instar la correspondiente demanda de ejecución hipotecaria sin ningún tipo de legitimidad activa, y con la connivencia del Poder judicial, que con Fallos pueriles – con resultado devastador para el ejecutado – consideran qué como la ejecutante sigue siendo la titular registral ¡verdes las han segado!
Es muy lamentable tal actitud servilista, los miembros de la judicatura son plenamente conscientes de ese carácter de inscripción declarativa de la titularidad registral por lo que debieran ser más diligentes a la hora de comprobar si realmente la entidad financiera ejecutante, una vez titulizado la escritura demandada, tiene la titularidad real, o simplemente formal, de la garantía hipotecaria. Pero el problema que podría conllevar dicha indagación constituiría, muy probablemente, un resultado indeseable para la ejecutante, y ‘hasta ahí podríamos llegar, Sancho ’ Claro qué, ese vasallaje y sumisión, se da en otros momentos familiar aún estando a su nombre el inmueble, en el Registro de la Propiedad … ¿y los jueces?, ¡como siempre! mirando  para otro lado … o, en todo caso, contestan a las alegaciones planteadas por la representación legal de la parte ejecutada que tal circunstancia no tiene la más mínima importancia … ¡anda, que si fuera al revés! …

Pero lo más sangrante de ésta situación es que existe una parte ejecutada, en muchísimos casos con una coyuntura económica muy lamentable – hay que considerar que han caído en una ejecución por no poder hacer frente a los pagos mensuales de la financiación externa que le fuera concedida – ya que fueron arrollados por la crisis financiera, que aún perdiendo la titularidad real del inmueble deben seguir abonando los gastos mensuales de comunidad e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) municipal. Y de no hacerlo así, le pueden venir embargos y nuevos procedimientos judiciales por impago.

3.- Cuando el afectado acude al administrador de fincas o Junta de Distrito del Ayuntamiento correspondiente, siempre encontrará la misma respuesta, “ lo sentimos, pero resulta que el inmueble sigue estando a su nombre en el Registro de la Propiedad ” como si eso fuera responsabilidad de esa persona, o unidad familiar. La titularidad formal le condena a esos pagos o alidiar judicialmente contra esos intentos de cobro, como si ya no tuviera bastante con la ejecución hipotecaria vislumbrando en el horizonte lo que se le viene encima … ‘ encontrarse en la puñetera calle’, por el trilerismo utilizado en su contra por todo tipo de carroñeros y fulleros, y colaboradores de todo pelaje, que deambulan por esta sociedad como si fuera exclusivamente suya.
Y a todo esto, ¿qué hacen los correspondientesmagistrados/jueces al respecto? … ¡no, no me lo digan!, a ver si lo adivino … ¿mirar hacia otro lado? … ¿he acertado? … ¡si?, no era tan difícil.

El hecho es que ¡como siempre! una misma situación perjudica a la parte más débil del conflicto, el consumidor y, sin embargo, beneficia a la parte fuerte del mismo, las entidades financieras, y satélites, y tiene nombre: TITULARIDAD FORMAL. En definitiva, expliquemos a toda la ciudadanía que la inscripción de un inmueble en el Registro de la Propiedad, si no hay financiación externa, es voluntaria y, por lo tanto, declarativa, además de sus pros y sus contras. Y vigilemos la forma de actuar poco ética, con mala fe y temeridad de las entidades financieras perjudicando gravosamente a la parte débil de los procedimientos de ejecución, en beneficio propio.

documento original PAH-Madrid:




‘Si lo cuentas te arrepentirás’: el abogado José Ángel Gallegos denuncia a un juez…

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La cláusula de vencimiento anticipado y su necesaria inscripción registral

De resultas de la imputación de coacciones al abogado J.A.Gallegos por defender la abusividad de cláusulas hipotecarias.

¿Se saltan las normas procesales y garantistas y se vulnera la tutela efectiva de los deudores a favor de la Banca?

La ejecución hipotecaria es un procedimiento de extraordinaria fuerza ejecutiva del título del derecho que reduce y limita los medios de defensa del deudor hipotecario de modo que cualquier reclamación que el deudor pueda formular sólo se puede resolver en el juicio que corresponda. Por contrapeso y garantía del derecho del deudor tan drásticamente restringido en su intervención procesal se debe exigir un examen riguroso de los requisitos de que debe estar revestido la ejecutante para poder dar inicio a tan privilegiado procedimiento, entre los que, sin duda, se halla la legitimación formal, y en este caso sustantiva, de la demandante, que según el artículo 688-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe acreditarse a través de la certificación del Registrador en la que “se exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar”. Al respecto resulta de interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2013, de 8 de abril.

El Registro de la Propiedad tiene la tutela de dar veracidad a lo inscrito en sus libros mientras no se demuestre su inexactitud, esto es, se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral y que el derecho cuyo asiento registral no está inscrito o se halla cancelado no existe, siempre que en cualquiera de los dos supuestos, no se demuestre lo contrario.

Por ello, concluimos con causa, el procedimiento hipotecario no deja de ser una ejecución directa de base registral de manera que sólo puede ejercitarse, partiendo del art. 130 de la Ley Hipotecaria, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se haya recogido en el asiento respectivo del registro de la propiedad.

Recordamos estos párrafos que escribimos en nuestro blog – La nulidad de la ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral– hace más de un año porqué tras la hecatombe de la práctica totalidad de Cajas y Bancos del país, en los procedimientos de ejecución hipotecaria se presentaban las entidades financieras sucesoras de las extinguidas saltándose las más elementales normas registrales lo que provocó un alud de archivos o nulidad de ejecuciones hipotecarias.

Art. VII TP RGRP – Art C.C. Los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento o se declare judicialmente su invalidez.

Prevaricación y coacciones. Tutela judicial y cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios

A raíz del procesamiento penal del abogado José Ángel GALLEGOS por supuestas coacciones al juez del juzgado de Primera Instancia y Instrucción nº6 de Vilanova y la Geltrú, hemos conocido los términos jurídicos en los que se desenvuelven las acusaciones de prevaricación contra el juez, de parte del abogado, y de coacciones contra el abogado, conocido abogado y activista del derecho a la vivienda desde hace años, por parte de la Fiscalía. No es nuestro objetivo en estas líneas realizar ningún juicio de valor sino que ese incidente grave nos permite adentrarnos en uno de las zonas con más penumbra de las ejecuciones hipotecarias del país: A la Banca se le ha permitido ahorrarse miles de millones de engorrosos procedimientos registrales que suponían muchos costes pero que al común de los mortales se nos eran exigidos por los funcionarios públicos que, salvo honrosas excepciones, tienen un doble rasero según quién hay delante.

La acusación de la Fiscalía contra el abogado dice así:

«…A fecha 9 de julio del 2015… el letrado J.A.Gallegos, con ánimo de alterar la libertad de decisión y actuación…….. del Magistrado Juez de la Sala……. D.Cabrera expuso: si llegase a tener lugar la subasta sin que la ejecutante aporte el certificado de tasación, mi mandante interpondrá una querella criminal contra los responsables...»

Por su parte, el abogado en su escrito de defensa alega los errores que se cometen en los procedimientos de ejecución hipotecaria que son el objeto de este documento:

«…De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, debería despacharse y tramitar la ejecución en base al certificado de dominios y cargas en el que constase el contrato hipotecario en su totalidad. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 693.2 LEC para reclamar la totalidad de la deuda incluida la no vencida que suele ser la de mayor cuantía con mucha diferencia, debe constar la inscripción registral de la cláusula contractual de vencimiento anticipado. En muchos esta constancia no existe porque el certificado de dominios y cargas remitido por el Registro de la Propiedad al juzgado por los motivos que fueren no la refleja y sin embargo esto no se tiene en cuenta y se
despacha y tramita la ejecución también por la deuda no vencida con la simple constancia de la cláusula de vencimiento anticipado en la copia de la escritura hipotecaria.

Algo que debería parecer obvio es que para el despacho de ejecución y la tramitación de la ejecución hipotecaria la garantía hipotecaria el titular registral de la garantía hipotecaria debería ser el ejecutante, además así lo establece el artículo 688.1 LEC. Pues bien en muchos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no es el titular de la garantía hipotecaria. Y todo ello, para ahorrar a los bancos el dinero de corregir las inscripciones registrales. Nuevamente vuelve a primar la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica.

Las copias de las escrituras hipotecarias que se aportan como título ejecutivo deben ser primera copia y con efectos ejecutivos y con anterioridad a diciembre de 2006 primera copia. Ni que decir tiene que cuando esto no es así, lo que sucede en múltiples ocasiones, el juzgado mira para otro lado y como si tal cosa.
Ya metidos en cuestiones de oposición a la ejecución la estrella es la cuestión de cláusulas abusivas y aunque los contratos hipotecarios es tan plagadas de ellas hasta el punto que todo el contrato es abusivo y un completo fraude que debería dar lugar a su completa nulidad sin restitución por parte del deudor por causa torpe, los jueces lo encuentran todo perfecto. Se podría escribir todo un mundo sobre las cláusulas abusivas, pero solo haré una referencia a la que ha sido la clave de todas y en la que los juzgados han defendido a capa y espada a los bancos, la cláusula de vencimiento anticipado. Parece una obviedad que esta cláusula tal como estabe incluida en los contratos hipotecarios era una cláusula abusiva, y lo parece porque lo era, pero los jueces se han negado a admitirlo sistemáticamente no porque no lo vieran sino porque es lo que interesaba a la Banca para la que trabajan, hasta que a golpe de varapalo del TJUE no les ha quedado más remedio que admitirlo....»


El Colegio de Registradores de la Propiedad, y muchos de sus colegiados, están luchando en las redes por hacer cumplir la ley, tenemos certeza de ello. Pero hoy por hoy, muchas normas procesales y registrales son ignoradas en los Juzgados de todo el país, ante la avalancha de procesos judiciales y los pocos recursos para el ejercicio de la JUSTICIA. Con ello, los errores sólo benefician al más fuerte, la Banca. Con ello, los letrados valientes que ponen luz en la penumbra de las ejecuciones hipotecarias suelen exasperarse ante el tamaño de errores procesales y judiciales. Por ello, no cesaremos desde este blog de poner luz en la defensa de los deudores frente a los acreedores, la Banca.

Salva TORRES, activista de Asc.500×20

++++ INFORMACIÓN +++




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (I)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, el verdadero título ejecutivo en el que ha de basarse toda la ejecución hipotecaria, es la inscripción registral de la hipoteca. La copia válida de la escritura hipotecaria es el título que permite iniciar la ejecución y permite solicitar la certificación registral de la hipoteca en la que tendrá que basarse la ejecución, pero no es el titulo en que deba basarse la ejecución hipotecaria.

Quizás a primera vista no se vea la importancia de este crucial detalle porque evidentemente la copia de la escritura hipotecaria y la inscripción registral deberían ser idénticas y por tanto, basarse en una u otra para llevar a cabo la ejecución debería dar el mismo resultado. La importancia estriba en que en la práctica salvo raras excepciones no solo no coinciden si no que difieren en demasía. La inscripción registral de la hipoteca no suele ser una copia literal de la escritura hipotecaria sino una mención de algunos extremos, en muchas ocasiones solo la mención al valor de tasación del tipo de subasta y la existencia de la cláusula de vencimiento anticipado y en algunos ni siquiera estas.

Dado que el certificado registral de la hipoteca legalmente es el verdadero título en el que debe basarse la ejecución hipotecaria, antes de despachar la ejecución debería solicitarse al Registro para una vez que el juzgado disponga de él decidir sobre el despacho. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad. Es decir, ni siquiera cuando ya se dispone de él la ejecución se basa en el certificado registral de la hipoteca. Siguen basándose en la copia de la escritura hipotecaria, que no es el verdadero título ejecutivo de la ejecución hipotecaria.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya no inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia. Si ni siquiera se puede despachar la ejecución, ¿cómo puede tramitarse? ¿cómo pueden tomarse decisiones sobre un contrato hipotecario? Los jueces seguramente responderían que en realidad si lo conocen porque disponen de la copia de la escritura hipotecaria. Pero el problema es que legalmente solo lo pueden conocer a través de la certificación registral de la hipoteca, el conocimiento no puede proceder de otros documentos por más fiables que los consideremos, el Legislador así lo ha dispuesto. Y dado que la certificación registral de la hipoteca en la inmensa mayoría de los casos no solo es que sea incompleta sino que aporta escasísimos datos, es imposible tramitar la ejecución.

En consecuencia una abrumadora mayoría de las ejecuciones hipotecarias despachadas y tramitadas son nulas de pleno derecho. Los jueces han violado estas normas para despacharlas y tramitarlas. Las han violado en beneficio de la Banca y en perjuicio de los deudores hipotecarios. Han prevaricador en beneficio de la Banca.

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Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (II)

Lo habitual en las ejecuciones hipotecarias es reclamar la totalidad de la deuda, incluida la aún no vencida, que suele ser de mucho mayor cuantía que la ya vencida y con gran diferencia.

Esto lo permite la norma del artículo 693.2 LEC para el caso que así se haya pactado. Pero incluye como requisitos que este pacto conste en la escritura hipotecaria y en su correspondiente asiento del Registro de la Propiedad.

Por tanto, para aceptar la reclamación por la totalidad de la deuda incluida la no vencida, al juzgado le debe constar la inscripción registral de la cláusula de vencimiento. Sin embargo, este requisito nunca es tenido en cuenta, se despacha la ejecución sin tener presente el certificado de la inscripción registral y cuando se solicita al Registro de la Propiedad una vez ya despachada la ejecución y este lo remite, el juzgado se limita a incorporarlo al expediente sin comprobar los asientos. Si lo hicieran comprobarían que en muchos casos no consta la cláusula de vencimiento anticipado. Y por tanto, dado que al juzgado no le consta la inscripción registral de la cláusula de vencimiento anticipado, no debería proseguir con la ejecución, sino archivarla. Pero nada de eso sucede, porque de lo que se trata no es de ponerles pegas a los bancos, sino de facilitarles el expolio colaborando como cómplices en él.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (III)

Debería ser obvio que para el despacho y la tramitación de la ejecución hipotecaria, el ejecutante debería constar como titular registral de la garantía hipotecaria. Entre otros motivos, porque así lo establece el artículo 688.1 LEC.

Pues bien en muchos casos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando
flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no consta como titular registral de la garantía hipotecaria.

A algunos les parece peccata minuta, sobre todo a los jueces que defienden los interese de la Banca, porque de todos modos se aporta documentación a la demanda de ejecución que acredita que el ejecutante es el sucesor del titular registral de la garantía hipotecaria. Pero dejando al margen que esta documentación deberían aportarse al Registro de la Propiedad para que inscribiese al nuevo titular y que no se hace simplemente, para ahorrarse el enorme coste económico que supondría  a la Banca, primando así la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica, no siempre es así.

Pongo dos ejemplos reales de ellos. Una ejecución hipotecaria en la que Banco Sabadell ejecuta una hipoteca inicialemente de Caja Granada. Ya de por sí es llamativo porque Caja Granada nunca ha formado parte de Banco Sabadell, sino que se integró en BMN. Banco Sabadell adquirió a BMN el negocio de Caixa Penedès que al igual que Caja Granada se había integrado previamente en BMN. Aunque no es imposible que una hipoteca de Caja Granada haya acabado en el Banco de Sabadell. El problema es que Banco Sabadell no ha aportado ninguna documentación que acredite ser el titular de la garantía hipotecaria y sin embargo la ejecución ya está finalizando. Para mayor inri recientemente el Banco Sabadell ha reconocido al ejecutado por escrito mediante un correo electrónico no ser el titular de esa hipoteca.

En el otro caso también está implicado BMN que es quien ejecuta una hipoteca de Caixa Penedès, que en principio debería pensarse que es del Banco Sabadell. No es imposible que realmente sea de BMN, pero no se acredita de ningún modo.

Estos problemas no se darían si se respetase la Ley, exigiendo que el ejecutante coincida con el titular registral de la garantía hipotecaria.




La nulidad de la ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral.

La ejecución hipotecaria es un procedimiento sumario y rápido al amparo de la legislación hipotecaria que otorga enormes privilegios a la entidad financiera dejando la posibilidad de defensa del ejecutado en las meras formalidades.

Es precisamente en esas formalidades donde la legitimación registral desempeña su cometido. El auto 72/2014 de 2014-05-13 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Terrassa (Barcelona) indicaba que los defectos formales registrales aducidos en la defensa de la ejecutada eran suficientes como para declarar nulas las actuaciones y pedir el archivo de la ejecución hipotecaria por inadecuación de esos defectos formales (la documentación de este auto y otros al final de esta entrada).

Registro_propiedad_cartelLa legitimación registral

El principio de legitimación registral da veracidad a lo inscrito en el Registro de la Propiedad mientras no se demuestre su inexactitud, esto es, se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral y que el derecho cuyo asiento registral se halla cancelado no existe, siempre que en cualquiera de los dos supuestos, no se demuestre lo contrario.

Dicho de otra manera, Caixa Tarragona o Catalunya Caixa no es lo mismo que Catalunya Banc o Caja Madrid no es lo mismo que Bankia. Existen aún y tienen CIF diferentes. Catalunya Caixa o Bankia no pueden iniciar la ejecución hipotecaria sin tener inscrito el cambio de titular de cada uno de los préstamos en el Registro de la Propiedad. La entidad financiera no puede alegar la existencia de una legitimación como sucesora universal de unos derechos de crédito.

En el caso del Auto 72/2014 el hecho que en el registro de la propiedad no figuraba la ejecutante (Unnim Banc SAU) en el registro de la propiedad como poseedora del derecho de la garantía- hipotecaria- fue suficiente motivo como para anular todas las actuaciones. Este auto muy elaborado junto a otros de la misma índole permiten una vía de oposición a ejecuciones hipotecarias realizadas a la brava sin los más mínimos requisitos formales por entidades financieras que entran en los juzgados como si fueran su brazo ejecutor.

El principio de legitimación registral se encuentra especificado en los siguientes preceptos:

  • Artículo 1, párrafo tercero de la Ley Hipotecaria, que dispone que todos los asientos se encuentran bajo la protección de los Tribunales y produce todos sus efectos hasta que no se declare expresamente su inexactitud.
  • Artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, el cual dispone: “a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo”.
  • Artículo 97 de la Ley Hipotecaria que establece el efecto inmediato de la cancelación de un asiento, el cual es el de que el derecho al cual dicho asiento se refiera, se entenderá extinguido.

La consecuencia de la eficacia extensiva del Registro de la Propiedad es la de que el contenido del asiento se entiende, en cuanto al ámbito, no sólo a la existencia del derecho que refleja, sino a la extinción, titularidad y causa jurídica del cambio jurídico de los derechos reales inmobiliarios registrados.

Al amparo de la falta de legitimación registral de una entidad financiera.

Las entidades financieras han actuado con demasiada prepotencia en los juzgados haciendo saltar por los aires todas las formalidades procesales y documentales que les permitía la ley hipotecaria de este país. La enorme concentración bancaria resultado de la crisis del 2007 ha provocado que las entidades que han absorbido todas las cajas han pasado por alto las normas más elementales para ahorrar costes, mientras la clase política miraba para otro lado. Por lo tanto, desde este blog adelantamos que los bancos usando los autos judiciales han provocado multitud de errores en las inscripciones registrales de miles de viviendas para ahorrar costes. El mencionado auto de Terrassa entra de lleno en esta materia en sus razonamientos jurídicos:

  • Unnim Banc S.A.U. entidad ejecutante inicial es diferente de la que consta en la escritura de préstamo hipotecario como prestamista, Caixa D’Estalvis de Sabadell. Unnim SAU es en todo caso quién ejerce como sucesora universal por subrogación.
  • El cambio del titular de la hipoteca no ha tenido su reflejo en el Registro de la Propiedad.
  • El procedimiento de ejecución de un título no judicial debe comportar un control estricto del título que debe ser mayor cuando se trata de ejecución sobre bienes hipotecados, en que son más limitadas todavía las causas de oposición admisibles y ni siquiera hay traba previa, sino directamente enajenación del inmueble sujeto a la garantía si el deudor no procede al pago.
  • Conforme a la ley hipotecaria la subrogación no surte efectos frente a terceros (ejecutados) si no se ha inscrito en el Registro. En otras palabras, sí es necesaria la inscripción para la transmisión de la garantía en el caso referido por lo que sí debió inscribirse en el Registro la cesión a Unnim que adquirió por sucesión universal todo el negocio.
  • La ejecución hipotecaria es un procedimiento de extraordinaria fuerza ejecutiva del título del derecho que reduce y limita los medios de defensa del deudor hipotecario de modo que cualquier reclamación que el deudor pueda formular sólo se puede resolver en el juicio que corresponda. Por contrapeso y garantía del derecho del deudor tan drásticamente restringido en su intervención procesal se debe exigir un examen riguroso de los requisitos de que debe estar revestido la ejecutante para poder dar inicio a tan privilegiado procedimiento, entre los que, sin duda, se halla la legitimación formal, y en este caso sustantiva, de la demandante, que según el artículo 688-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe acreditarse a través de la certificación del Registrador en la que “se exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar”. Al respecto resulta de interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2013, de 8 de abril..
  • Al efecto debe distinguirse entre la titularidad del derecho material y su actuación procesal, pues mientras que aquella puede tenerse por acreditada formalmente a través de un documento público, la segunda debe someterse a la observancia y cumplimiento de los presupuestos formales exigidos no solo por normas hipotecarias sino también por otras de índole procesal, aunque estén ligadas a aquéllas, como acontece en el supuesto litigioso en que la Ley de Enjuiciamiento Civil no solo requiere que la hipoteca se acredite por medio de certificación registral que se halla vigente, sino también que lo sea a favor del ejecutante.
  • En el recurso lo que se plantea no es la legalidad usar la excepción contemplada en el artículo 685-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se trata de la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor de una Entidad del mercado hipotecario de las que legalmente pueden emitir cédulas hipotecarias. El caso que ocupa resulta de que se han producido una o sucesivas transmisiones del préstamo garantizado con hipoteca de resultas de la segregación del conjunto de los elementos patrimoniales de una Entidad que componían su negocio financiero y lo traspasa en bloque a otra entidad, por sucesión universal  o fusión por absorción, con disolución de la Entidad absorbida, es preciso que la escritura pública de cesión se inscriba en el Registro de la Propiedad y así se acredite con la demanda, o basta con la certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción (inicial) y la subsistencia de la hipoteca.
  • La ley no permite entender que el cesionario cuyo derecho no ha sido inscrito pueda ejercitar la acción hipotecaria accesoria al crédito adquirido. Porque el nacimiento de la hipoteca requiere de la inscripción, que sí tiene naturaleza constitutiva (artículo 1875 del Código Civil), de forma que el título ejecutivo en que se funda la ejecución hipotecaria ha de ser una escritura de hipoteca inscrita, y aunque la cesión del crédito hipotecario nazca “extra tabulas”, el ejercicio de la acción por el cesionario requiere de la inscripción de su derecho para su conformación, en el proceso frente al deudor, frente al hipotecante no deudor, frente al tercer poseedor y frente a otros terceros, con la expresión del titular vigente del derecho de hipoteca, que ha de coincidir con la persona que ejercita la acción, y por cuya voluntad se despacha ejecución por el juez se manda la realización del bien hipotecado.
  • El decreto de adjudicación del bien hipotecado no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante. En este caso Caixa D’Estalvis de Sabadell es la titular registral del derecho de crédito y por tanto Unniom Banc SAU no podría inscribir la vivienda, so pena, de un error registral.
  • La Dirección General de los Registros y del Notariado, en resoluciones de octubre del 2013, acredita la necesidad que haya una certificación que exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar.

registro_propiedad_almacenAsí pues el Juez don Javier Francisco Alba Figuero del juzgado de primera instancia de Rubí como juzgador cree que ” es necesario e imprescindible dicha inscripción para acceder a un procedimiento tan especial, riguroso, formal y limitado en cuanto a los medios de defensa para el deudor como es la ejecución hipotecaria………. conforme al art. 149 de la Ley Hipotecaria….. Además el procedimiento hipotecario no deja de ser una ejecución directa de base registral de manera que sólo puede ejercitarse, partiendo del art. 130 de la Ley Hipotecaria, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo …….Asimismo el juzgador explica situaciones conflictivas resultado de una mala inscripción registral en el pago de la deuda subyacente”. Por todo ello, en la PARTE DISPOSITIVA declara el archivo de la ejecución hipotecaria por inadecuación del mismo.

Postdata: Este auto tiene gran valor explicativo y jurídico sobre la legitimación registral y por ello hemos querido analizar y exponer sus razonamientos más importantes. Su estructura permite a los letrados preparar oposiciones a ejecuciones hipotecarias en las que han intervenido más de una entidad que haya sido a su vez absorbida por otras. No hace falta enumerar la multitud de casos de cajas de ahorros desaparecidas en la última década. Basta ir al registro de la propiedad y una nota simple puede permitir valorar la idoneidad de esta oposición. En cuanto al momento procesal más idóneo, creemos que esta herramienta es más adecuada en el proceso previo a la subasta, pues retrotrae la ejecución al inicio.

No podemos negar que esta vía ha sido utilizada con profusión y que hay jurisprudencia en sentido contrario. Estas otras han confirmado que las entidades subrogadas por sucesión universal del negocio han podido continuar la ejecución hipotecaria sin haber solventado correctamente la inscripción registral. Así contra la decisión del Juzgado de primera instancia no 6 de Navalcarnero de aceptar como necesaria la legitimación registral la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 12 de esa Sala, estimó a mayor que la inscripción registral no era constitutiva del derecho.

Salva TORRES. activista de asc.500×20

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Documentación relacionada que le puede interesar:

  • Las cuatro sentencias y/o autos que desestiman una ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral las puede encontrar aquí:  +++info
    1. 2012.- Audiencia Provincial de Castellón 133/2012 de 12 de julio, apelación civil 428/12 desestimando por falta de legitimación procesal y titularidad registral a Bankia SAUl. +++info
    2. 2013.- Sentencia Interlocutoria AUTO número 32/13 de 2013-02-04 de la Audiencia Provincial Valencia-sección Novena (Valencia). Desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO CAM SAU, contra el Auto de fecha 31 de julio de 2012, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Catarroja, confirmando dicha resolución- falta de legitimación REGISTRAL.
    3. 2013.- Sentencia Interlocutoria AUTO número 00089/2013 de 2013-03-13 de la Audiencia Provincial Madrid-sección 11 (Madrid). Desestima el recurso interpuesto por BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A, contra el auto de fecha 9 de mayo 2012 , dictado por Juzgado de Primera Instancia número 6 de Navalcarnero, confirmando dicha resolución- falta de legitimación REGISTRAL.
    4. 2013.- Auto 91/2013 de 16 de mayo de 2013 – Audiencia Provincial de Barcelona Sección 11 resuelve contra 2 recursos de apelación previos presentados por Bankia SAU  como sucesora de Caixa Laietana, confirmando falta de legitimación REGISTRAL.
    5. 2014.- Auto 72/14 de 2014-05-13 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Terrassa (Barcelona). Declara nula ejecución hipotecaria instada por Unnim Banc S.A.U.
      .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. MÁS AUTOS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
    6. – Auto Juzgado de Primera Instancia 8 de Palma de Mallorca.
    7. – Auto Juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona

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Ampliación aclaratoria:

Significado y obtención de copias ejecutivas del Registro (primera y segundas copias).

Para poder ejecutar el acreedor la hipoteca en caso de incumplimiento, es necesario que disponga de copia autorizada de la escritura que tenga efectos ejecutivos. Normalmente, la primera copia que se expide, que es la que se lleva al Registro, tiene efectos ejecutivos. Llegado el momento de la ejecución, ésta copia suele no estar localizable, por lo que el Banco debe pedir una segunda copia ejecutiva.

Según el artículo 233 del Reglamento Notarial y el artículo 517.2.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo tiene carácter ejecutivo las primeras copias de escrituras expedidas con carácter ejecutivo y las segundas copias de escrituras expedidas con carácter ejecutivo, ya sea en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a que deba perjudicar o su causante, ya sea con conformidad de las partes. Todo ello también en función del artículo 234 RN que dice que la conformidad de los otorgantes puede mostrarse también en otro documento auténtico.

Por tanto, esta segunda copia no se puede expedir sin el consentimiento del deudor, pero como éste, si se le solicita una copia para ejecutarle, va a decir que no, el acreedor ya prevé dicha posibilidad en el momento inicial de su relación. Por ello, el deudor apodera irrevocablemente al Banco para que a través de sus representantes legales, con facultades suficientes para ello, pueda solicitar primeras y posteriores copias de la escritura y consienta que las segundas y posteriores copias solicitadas tengan carácter ejecutivo.

Si lo que se pide por la entidad acreedora es segunda copia con efectos ejecutivos de una escritura de subrogación o novación, habrá que pedir copia autorizada de la escritura de préstamo en la que se subrogó para comprobar que en la de subrogación se mantenga expresamente la vigencia de todo lo no alterado por la subrogación.

fuente: http://www.notariallopis.es/blog/i/227/73/como-se-lee-una-escritura-de-prestamo-hipotecario-iv-demora-y-ejecucion