CaixaBank pierde juicio ordinario hipoteca por falta de legitimación activa. El juez se pregunta si el Fondo tiene poderes que hace el banco presentando una demanda ordinaria.

El juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas pone en su sitio a CaixaBank y estima toda la defensa de uno de nuestros abogados colaboradores.

  • falta de legitimación activa por titulización
  • anulación cláusula de vencimiento anticipado.
  • todas las cláusulas abusivas de constitución de la hipoteca a cargo del banco
  • las costas las paga CaixaBank

La actora presentó una demanda ordinaria de reclamación de deuda hipotecaria usando todas las cláusulas inscritas en la escritura como si se tratara de una ejecución hipotecaria. Esta nueva manera que descubrimos en este blog hace año y medio se ha vuelto la preferida de la  mayoría de entidades financieras porqué ahora temen la vía ejecutiva hipotecaria, que supuestamente favorecía los intereses de la banca. Los continuados reveses de la justicia europea a la española y el ridículo esperpéntico del Tribunal Supremo han hecho desestimarla.

La falta de legitimación activa de CaixaBank

CaixaBank acepto que tenía la hipoteca titulizada por lo que el Juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Alcobendas se preguntó, de alguna manera, en los fundamentos de derecho de la sentencia porqué no había sido la Sociedad Gestora del Fondo de Titulización la que había presentado la demanda en lugar de CaixaBank.

La sentencia dice así:

La legitimación procesal del Fondo de Titulización cesionario del crédito plantea algún problema, relacionado con su falta de personalidad y con la consecuente dificultad para la inscripción en el Registro de la Propiedad, pues, hasta la referida modificación legal no era posible la inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión del crédito con garantía hipotecaria a que da lugar la titulización, puesto que el art. 9 de la Ley Hipotecaria exigía en su apartado 4 que en la inscripción en el Registro se haga constar “la persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción” y el art. 11 de su Reglamento dice que no son inscribibles “los bienes inmuebles y derechos reales a favor de entidades sin personalidad jurídica”.

…Con arreglo a ello, no podría instar el procedimiento el Fondo titular del crédito en virtud de la cesión si no fuera posible practicar a su favor la inscripción de la cesión del crédito hipotecario, tal como exige el art. 149 LH y como por otra parte es necesario con arreglo a lo que dispone el art. 130 LH (“El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo”). Pese a ser el Fondo el titular del básico derecho de crédito, tal como exige el art. 10 LEC (“Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”), no podría interponer la demanda al carecer de personalidad jurídica y no poderse por ello inscribir a su favor en el Registro inmobiliario el derecho real de garantía….

El Fondo de titulización al no tener personalidad jurídica nunca pudo inscribir la hipoteca en el Registro para obtener una copia ejecutiva por lo que obligaba al Banco a presentarse en los juzgados disfrazado de propietario de la hipoteca porqué precisamente había inscrito en el registro la garantía hipotecaria – repetimos la garantía-. El banco no inscribe el crédito que da a un hipotecado, inscribe la garantía que es el segundo contrato que hay en una escritura hipotecaria. En una escritura hipotecaria hay dos contratos: el del crédito y al final el de la garantía. Sobre ese segundo contrato se calculan los gastos de constitución ahora tan debatidos.

…Abundando en la posibilidad de acceso al Registro de la Propiedad, ya expedita por la redacción dada al art 9 LH por la reforma operada por la Ley 13/2015, dispone su art. 16.3 que se “podrá inscribir en el Registro de la Propiedad el dominio y los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización. Igualmente se podrán inscribir la propiedad y otros derechos reales sobre cualesquiera otros bienes pertenecientes a los fondos de titulización en los registros que correspondan”…

…Sobre la base del hecho indiscutible de que mediante la titulización se produce la cesión del crédito, de suerte que titular de los derechos inherentes al mismo pasa a ser el fondo de titulización, en principio legitimado por ello para actuar en el proceso (art. 10 LEC), las modificaciones legales a que acaba de hacerse referencia permiten concluir la falta de legitimación de la entidad prestamista cedente, emisora de las titulizaciones, y ello, por una parte, ya que en virtud de la cesión dejó de ostentar los derechos de crédito, y por otra, al haber decaído razones que en su día pudieron justificar que una norma reglamentaria les reconociera dicha legitimación. Tanto el derecho principal de crédito, como el de garantía hipotecaria han pasado a ser ostentados por el Fondo de Titulización, representado legalmente por la Sociedad Gestora que lo constituyó y puede extinguirlo….

En estos parágrafos que señalamos se observa claramente que la sentencia reconoce que los Fondos de titulación con la actual legislación pueden inscribir las garantías y que, por lo tanto, es el Fondo de Titulización, representado por la Gestora, quién tiene esa capacidad legal de legitimación. El juez concluye que CaixaBank no tiene legitimación.

Por otro lado la sentencia, también declara abusiva la cláusula de vencimiento y la declara como no puesta:

.. Ahora bien, siendo inaplicable la cláusula en cuestión, ha de significarse que dicha circunstancia ha de apreciarse con independencia del uso que de ella se haga; es decir, no cabe afirmar que la cláusula es nula porque se vincula el vencimiento anticipado a cualquier incumplimiento; y al mismo tiempo no apreciar tal nulidad porque el acreedor haya acumulado, en el caso concreto, diversos impagos o incumplimientos, puesto que como ha manifestado el T.J.U.E. cuando una cláusula es nula no procede atemperar o moderar su consecuencias sino tenerla por no puesta, como actualmente establece el art. 83 del T.R. de la L.G.D.C. y U., según reforma por Ley 3/14 de 27 de Marzo; y cuando el Juez nacional haya constatado el carácter abusivo de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el órgano jurisdiccional pueda deducir todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión (A. T.J.U.E. 11-6-15). Fundada, pues, la reclamación de la demandante (…) en un vencimiento anticipado que ha de tenerse por abusivo, se ha de rechazar la demanda planteada, ….

Los gastos de constitución de la hipoteca quedan a cargo de la actora así como las posiciones deudoras, la cesión del crédito y las costas procesales…

Que debo estimar y ESTIMO la demanda reconvencional deducida por la Procuradora D. José Manuel Álvarez Santos en nombre y representación de Da, contra CAIXABANK, S.A, representada por el Procurador D., declaro haber lugar a la misma y en virtud, apreciando su carácter abusivo, debo declarar y declaro la nulidad de las cláusulas del contrato de «crédito abierto con garantía hipotecaria» suscrito entre las partes con fecha 21/11/2005, y su novación modificativa otorgada por Escritura de 17/02/2011 préstamo hipotecario, señaladas como Pacto CUARTO, referida a la comisión de apertura, y de gestión de reclamación de impagos; Pacto QUINTO sobre gastos, Pacto SEXTO Bis, sobre vencimiento anticipado; y Pacto OCTAVO, referida a intereses de demora. Con las consecuencias ya manifestadas en relación al Pacto DIECIOCHO, referido a cesiones. Con expresa imposición de las costas procesales de esta instancia a la demandada de reconvención.

..

LA SENTENCIA TAL CUAL….

183955231_Sentencia Proc. Ordinario- JUZGADO 1ª Instancia Alcobendas-Madrid


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EL ESCÁNDALO CON EL IMPUESTO HIPOTECARIO ¿MANIOBRA DE DISTRACCIÓN?

Lo acontecido en el Tribunal Supremo la semana pasada ha generado toda una marejada de informaciones que pueden haber perjudicado la comprensión del mismo, su origen y evolución. La intervención del ciudadano Díaz Picazo, su nota prensa, ha dado a entender que había que echar para atrás la sentencia de la sala que ha variado la línea de trabajo de la judicatura respecto a este sensible asunto, los dineros de los bancos.

Diferentes juristas ya se han manifestado sobre la irreversibilidad de la sentencia. Mientras, otros profesionales llenan espacios en los medios sobre las consecuencias para los ciudadanos que puedan pensar en hipotecarse en el futuro. También otros tratan de calcular, no explican como lo hacen, la cuantía que para cada parte significaría la nueva decisión, respecto de los que hubieran pagado de más, y sobre el montante que pudiera afectar a las cuentas de las entidades financieras.

Durante una semana ya, mañana, tarde, noche, madrugada, y lo que queda, este asunto parece ser importante para los medios en noticieros y tertulias. Esos medios que se han negado hasta la fecha a profundizar en la estafa hipotecaria que se ha cebado sobre las familias y la economía española desde 1993, año en el que se promulgó la Directiva Europea de Protección a los Consumidores. La no trasposición en el plazo fijado, dos años, fue acompañada por la modificación, 1995, del Reglamento que amparaba el ahora anulado criterio de que los impuestos por la firma de una hipoteca debían recaer sobre los solicitantes del crédito para acceder a una vivienda. El mercado hipotecario creció y se manipuló al margen de la norma europea desde aquel momento. Y por si fuera necesario para el negocio, los juzgados de Madrid multiplicaron ese año los recursos materiales y humanos para agilizar las ejecuciones hipotecarias. Con la señora Carmena, la alcaldesa ahora, como jueza decana de la planta de la capital del reino.

La crisis financiera obligó a defenderse a muchos hipotecados tras la pérdida de sus economías y la persecución de las entidades financieras. Ello ha obligado a buscar los resortes jurídicos, políticos y sociales precisos para paliar las consecuencias de esta debacle. Ahí ha llegado la clarificación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que la práctica jurídica española no se ajusta al marco legal europeo en lo hipotecario, con varias y diferentes sentencias. Y no todo está dicho al día de la fecha, pues algunas vías estratégicas en la defensa de los ciudadanos afectados están todavía en la recámara.
Las consecuencias de las sentencias y consideraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han significado para los bancos importantes gastos derivados de las reclamaciones que respecto de otros gastos vinculados a las hipotecas y su manoseo financiero. Un ejemplo son los gastos de constitución, las clausulas suelo o el IRPH. En esto las manos del poder judicial se metieron para orden ar su tratamiento, previa demanda, en juzgados especiales, colapsados. Una buena muestra de su disposición en la protección de los intereses de las entidades financieras. Pero hasta la fecha esto son minucias, daños asumibles por las oscuras arcas de las entidades financieras españolas.

Con la crisis también hubo adecuaciones en la legislación europea, con nuevas directivas, que también llevan tanto retraso en su trasposición que han provocado serios avisos y la fijación de multas millonarias a punto de vencer. Con ello, y la problemática específica española, se puso en marcha la revisión de la legislación hipotecaria española. Un proyecto del anterior gobierno sentó unas bases que han obligado a todas las fuerzas políticas retratarse. El borrador deja la duda de si ha sido redactado en la sede la patronal bancaria, o la de la hipotecaria, lo que para el caso viene a ser lo mismo.

Con el cambio de gobierno han llegado las prisas por rematar el Proyecto de Ley de Regulación del Contrato Inmobiliario, para lo cual ha presentado a los grupos parlamentarios un listado de temas sobre los que considera posible llegar a transaccionar. Ello desde las enmiendas presentadas por cada grupo en tiempo y forma. El plazo para la negociación ya se ha abierto.

Coincide este negocio con el lío que se ha montado en el Supremo por la maniobra del señor Díaz Picazo. Esta acción ha sido precedida por otra cuestión que si define un panorama mucho más preocupante para las entidades financieras que el asunto ahora en candelero, el impuesto hipotecario. El trece de septiembre se publicaron las conclusiones del Abogado General del TJUE respecto de cinco casos, en todos los cuales se cuestionaba y abordaba el vencimiento anticipado como cláusula abusiva.

Ya sentenciada la cuestión, otras iniciativas prejudiciales convocaron al Abogado General a tener que informar respecto del vencimiento anticipado, sobre la compatibilidad de esta cláusula con la Directiva 93 – 13 de la Unión Europea. Las conclusiones presentadas el trece de septiembre vapulean el hacer del aparato judicial español y ponen en el horizonte responsabilidades mil millonarias que dejan en miseria lo ahora calculado con las posibles consecuencias del impuesto hipotecario. Sin embargo esto no ha merecido la atención del ejército mediático, de los profesionales de la opinión al dictado, de las estrellas de la pantalla, sea en clave espectáculo, sea en clave cómica nocturna.

Hay preocupación por cuanto hacer cumplir la ley pueda deteriorar la posición de las entidades financieras. No hay una sola palabra para reflexionar sobre los decenios de incumplimiento de la ley por jueces, bancos y partidos políticos en lo referido al negocio hipotecario contrario a la ley de la Unión Europea. Además, con la amenaza voceada de que al final las consecuencias las van a pagar los españoles, los que puedan intentar la compra de una vivienda con una hipoteca por medio. Hasta la fecha las fechorías de los bancos y cajas las estamos pagando los españoles, todos. Y sin que nadie explique los más de quinientos mil millones que se han jugado en la ruleta financiera estas entidades de oscuras cuentas y peor imagen.

¿Puede ser que el escándalo que se ha montado con la aparente simple metedura de pata del ciudadano Díaz Picazo sea una maniobra de distracción? ¿Pudiera ser que mientras estamos pendientes de este asunto, con las bofetadas políticas entre jueces, nos pretendan colar silenciosamente el apaño del gran problema que tienen los bancos con el vencimiento anticipado, con tener que afrontar la revisión de cientos de miles de ejecuciones hipotecarias tras lo concluido y sentenciado por el TJUE? ¿Va a persistir el actual gobierno en mantener la idea central de la Propuesta de Ley del Contrato Inmobiliario legislando contra la norma europea con el vencimiento anticipado retroactivo? Eso parece, pero descuiden sus señorías que no caben distracciones por nuestra cuenta. Y aténganse a las consecuencias de querer engañar a los ya estafados por la connivencia política, financiera y judicial habida.

PAH-Madrid
25 de octubre de 2018



PODER JUDICIAL, “BRAZO ARMADO” DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Publicado el 12 octubre, 2018 por Pah Madrid

A algunos les podrá chocar el título, pero la experiencia diaria, durante años, de releer miles de resoluciones judiciales en relación a las ejecuciones hipotecarias planteadas por bancos, cajas y todo tipo de lumpen económico-societario que ha sobrevolado, y lo sigue haciendo, como aves carroñeras, los despojos que van dejando por el camino miles de familias deprimidas y acosadas por ese mundo financiero, por otro lado, insaciable por adueñarse y lucrarse con ese patrimonio de centenares de miles de ciudadanos, es lo que provoca el afirmar que eso no hubiera sucedido si la gran mayoría de los Titulares de los órganos judiciales correspondientes hubieran aplicado, desde el primer momento, la Directiva europea 93/13, transpuesta a nuestra legislación en 1998. En lugar de cumplir con esa obligación, de carácter imperativo, han estado `mariposeando´ haciendo el papel de `ejecutor´ a favor de las peticiones y demandas de las voraces entidades financieras.

El pasado 14 de septiembre de 2018 se publicaron las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros, de los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona). Leer la argumentación que realiza nuestro Tribunal Supremo, sin olvidar al Gobierno español, para evitar que las entidades financieras & Cia pierdan la posibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, sonrojaría al más desvergonzado. Amparándose en una hipotética defensa del consumidor, que es más falsa que `un duro sevillano´, realiza una serie de afirmaciones que giran alrededor de dos hipócritas premisas:

  • El procedimiento de ejecución hipotecaria es mucho más favorable para defender los intereses del consumidor que el declarativo. Si dicha afirmación la hubiera hecho Pinocho, su nariz no hubiera tenido cabida ni en el Santiago Bernabéu.
  • Para que eso no suceda –irse al declarativo- lo ideal es sustituir la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por el apartado 2 del artículo 693 LEC. Falaz propuesta del TS que no se alcanza a comprender como no fue total y fácilmente desarbolada por las defensas de las partes consumidoras en las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE.

Ante la primera premisa, tenemos que él declarativo no es un procedimiento `sumario ́ como el de ejecución hipotecaria, ni está capado como éste último en el que solamente existen Autos, por lo tanto imposibilidad absoluta de plantear recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo. También a la contestación a la demanda se puede añadir una reconvención por diferentes causas, entre ellas las cláusulas abusivas. Lo que denominaríamos como un completo, defensa y ataque.

Ante la segunda premisa, la cuestión está bastante más clara. El Tribunal Supremo pretende sustituir la cláusula de vencimiento anticipado, declarada abusiva, por el apartado 2 del artículo 693 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Pero vamos a recapacitar: ante la necesidad de ayudar como sea a las entidades financieras & Cia., aunque sea disfrazándolo torpemente de lo contrario, ¿no se percata tan alto Tribunal que para aplicar dicho apartado es preciso de un fehaciente convenio o pacto entre las partes? …… ¿dónde está ese acuerdo, o es que la parte consumidora no tiene que intervenir en él?. Lo dicho, en esa alocada carrera por guardar las espaldas a las entidades financieras & Cia. se pierden las formas y se pretende tapar un desatino con otro mayor. Es evidente que no se puede realizar dicho intercambio, aunque sea en aras de una hipócrita y cínica estabilidad financiera, que no es más que permitir que sigan engordando los stock inmobiliarios de dichas entidades, para poder seguir haciendo “a posteriori” sus pingües negocios de ventajosos beneficios.

Lo que cabría preguntarse es porqué el Tribunal Supremo pretende sustituir la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por el apartado 2 del artículo 693 LEC, cuando en realidad es lo mismo ya que lo que contemplan las cláusulas 6ª bis – dado que en general suele ser ésta – en todas las escrituras de créditos y préstamos hipotecarios es dicho artículo 693.2 LEC. Es como si el médico le prohíbe a su paciente tomar pan, y éste decide no tomar hogaza y cambiarlo por barra. Así de patosa y ridícula parece la solución que se ha presentado ante el TJUE.

¿Y no hubiera sido más fácil plantear la sustitución por el apartado 1 del artículo 693 LEC?. Ese apartado 1 dice “ Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de constitución y por el Registrador en el asiento correspondiente. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha.”. Lo dice claramente, “ Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos,…”, por lo tanto no es necesario acudir a un procedimiento declarativo para instar este apartado ya que se puede hacer en un procedimiento de ejecución hipotecaria. De hecho, ese Capitulo es el V del Título IV del Libro III de la Ley de Ritos, que contempla ` las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados ́, y que reúne todo lo expresado en los artículos 681 al 698 LEC.

¿Entonces? ……, es bastante inexplicable el porqué las defensas de la parte consumidora representada en esos Asuntos ante el TJUE, no han defendido `con uñas y dientes ́ ésta última posibilidad …… ??????.

Lo que sí es entendible es que el Gobierno es pañol y el Tribunal Supremo, en defensa de los intereses de las entidades financieras & Cia., que no de los ciudadanos, hayan huido de esa potencial propuesta como si de la peste se tratara. Dicha posibilidad en la actual coyuntura económica no favorecería a esas entidades financieras & Cia., pero y ¿eso por qué? dado que ese apartado 1 existe y se supone que el legislador no lo ha puesto en la Ley como adorno si no para su utilización, ¿qué problema existe?. Pues uno muy sencillo, el mercado inmobiliario ha sido tradicionalmente alcista, sus precios se han ido incrementando, unas veces más otras menos, pero nadie se esperaba – cuando se dictó por el legislador la Ley de Enjuiciamiento Civil – un batacazo inmobiliario como el que ha acontecido en los últimos diez años. Pero lo que no puede ser, y mucho menos tolerarse por la ciudadanía, es que una debacle inmobiliaria de ésta índole repercuta en los consumidores y se pretenda que, sin embargo, las entidades financieras & Cia. se “vayan de rositas“. Si hay que aplicar el apartado 1 del artículo 693 LEC y dichas entidades han de quedarse con los inmuebles y la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha, pues deberá ser así . ¡Basta ya! de tanto superproteccionismo para dichas entidades financieras & Cia., y empecemos a pensar un poco más en la ciudadanía que lo ha pasado francamente mal, “dejándose muchos pelos en la gatera” y prácticamente sin ayuda estatal, no como otros.

Que el ciudadano, como consumidor, se haya tenido que enfrentar a las todopoderosas entidades financieras & Cia., es una cosa, y otra muy diferente que haya tenido que hacer lo mismo ante los Poderes del Estado, sobre todo ante el “brazo armado” de dichas entidades, el ejecutor de sus más elementales y depredadores sueños húmedos, quedarse con el patrimonio inmobiliario de centenares de miles de familias. Y luego, si es posible, apropiarse de las migajas que han podido quedar entre esas ruinas, con remanentes pendientes, intereses y costas que, curiosamente, garantiza – en buena parte – la responsabilidad hipotecaria del inmueble que constituye la hipoteca. Pero esto es “otra historia para no dormir” de la que hablaremos en otro momento, destapando las vergüenzas – de nuevo – del Poder Judicial.

En definitiva, lo que se saca en claro de las Conclusiones del Abogado General del TJUE, en los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona), igual que de los otros tres Asuntos pendientes que les acompañan, es que:
  • Una cláusula contractual que permite declarar el vencimiento anticipado de un contrato de préstamo, o crédito, hipotecario, en caso de falta de pago de una única cuota mensual, es abusiva y, por lo tanto, nula …… sin peros que valga.
  • Las cláusulas abusivas no producen efectos vinculantes para el consumidor, por lo que «los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación» dichas cláusula.
  • Determinar si la cláusula ha sido o no efectivamente aplicada carece de pertinencia a efectos de apreciar su carácter abusivo. El hecho de que el umbral esté fijado en tres cuotas mensuales, en lugar de una, no es tampoco pertinente. La práctica comercial de los bancos no puede subsanar la nulidad de esta cláusula de vencimiento anticipado.
  • Una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor.Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, constituyéndose un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva.
  • Dado que una cláusula abusiva declarada nula se considera que nunca ha existido y no ha producido efectos, tendría como consecuencia práctica que no podría iniciarse el procedimiento de ejecución hipotecaria o, si estuviera ya iniciado, no podría proseguir, ya que el pacto entre las partes y la referencia a un vencimiento inscritos en el registro han sido declarados abusivos y, por tanto, nulos y sin efectos. Dejando bien claro que el Tribunal de Justicia europeo declaró en la sentencia Gutiérrez Naranjo y otros, « al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores».

Conviene recordar, que en la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores – Sentencia de 27 de junio de 2000 (Asuntos C-240/98 a C-244/98)- el Tribunal de Justicia declaró por vez primera que « el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas». Esta idea en la que se basa dicha Directiva implica que el juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva y, en consecuencia, deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. Y esa apreciación no debe situarse en el momento de la ejecución del contrato, sino en el momento de su celebración o firma.

Procede recalcar que el momento exacto en que la entidad bancaria ejerce la facultad de resolución anticipada es una cuestión de hecho que carece de pertinencia a efectos del examen de una cláusula que contempla el impago de una sola cuota mensual. No se trata aquí de dilucidar si el comportamiento comercial del banco fue abusivo, sino si una cláusula contractual es abusiva. En contra de lo que se desprende del auto de remisión del asunto C-70/17, un comportamiento comercial  razonable en un marco contractual abusivo no puede privar de utilidad a la declaración del juez sobre el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato. Esta afirmación es válida aún con mayor motivo cuando es precisamente la cláusula controvertida la que permite al banco reclamar la totalidad del importe adeudado restante en el marco de una ejecución hipotecaria a raíz del impago de una sola cuota de capital e intereses.” (Considerando 108 de las Conclusiones del Abogado General del TJUE sobre los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona), publicadas el 14 de septiembre de 2018).

En definitiva, ese `brazo armado ́ en el que se ha constituido el Poder Judicial, ejecutando procedimientos hipotecarios a centenares de miles, a favor de las entidades financieras, cuando en sus manos tenían todas las herramientas legales, europeas y nacionales, para declarar NULOS todos esos intentos de instar procesos en base a la abusiva y nula cláusula de vencimiento anticipado, deberá responder de su negligente e insidiosa actuación , y serán los damnificados de esta forma de actuar quienes reclamarán todas aquellas indemnizaciones que les corresponda, al amparo de la “doctrina Francovich“y “sentencia Factortame

Lo hemos leído en Pah Madrid




juicios ordinarios hipotecarios en procesos declarativos y medidas cautelares (coetáneas)

Como venimos informando en este blog, desde hace meses las entidades financieras están usando otro sistema distinto a la ejecución hipotecaria para reclamar el impago hipotecario, lo que antes se consideraba una ejecución hipotecaria.

¿Por qué no utilizan el proceso sumario de una ejecución hipotecaria?

Pues porqué muchos abogados defensores de los hipotecados, decimos muchos, no todos por desgracia (sobre todo en el turno de oficio), usan toda la artillería de cláusulas abusivas (por sentencias del TJUEuropeo o del T.Supremo español)que deja un margen más reducido a la Banca para ejecutar la garantía. Hoy, muchas veces sin la ayuda inestimable de la Judicatura o la inexperiencia del turno de oficio, por no ser especializado, prácticamente se anularían la mayoría de ejecuciones hipotecarias. Aún así, muchos juzgados de primera instancia i audiencias provinciales están timbando ejecuciones hipotecarias lo que abliga a los bancos a buscar la alternativa de un proceso declarativo. Esas son las razones que pusieron de moda años atrás las ejecuciones notariales y ahora los procedimientos declarativos ordinarios que están inundando los tribunales ordinarios.

¿Que son juicios ordinarios en procesos declarativos?

Si la Ley no determina una tramitación especial cuando hay un litigio entre partes, entonces se acude a la Justicia a declarar y buscar una solución. Este proceso declarativo se realiza en un juicio ordinario o verbal. En el caso hipotecario que nos ocupa, en las que las deudas superan los 6000 euros, la Banca presenta una demanda de juicio ordinario que se encuadra dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil- LEC- para conflictos que tratan materias como las acciones ejercidas en virtud de las condiciones generales de contratación.

Resulta curioso, que habiendo una tramitación especial, sumaria, como es la ejecución hipotecaria, la Banca opte cada vez más por este otro procedimiento de reclamación de deudas hipotecarias. No hay otra razón que los contratos hipotecarios eran en realidad contratos de adhesión llenos de cláusulas abusivas que la justicia europea, sobre todo, a puesto en  la picota.

Hay que reconocer que el primer caso que tuvimos en mano fue de Anticipa-BBVA en el verano del 2017. Hemos visto, desde entonces, en muchos blogs comentarios de abogados buscando a la desesperada soluciones a esta nueva vía judicial. Tenemos que felicitar a los gabinetes de abogados de las entidades financieras porqué han trabajado mucho para pulir esta nueva vía de reclamación de deudas hipotecarias.

¿Nueva estrategia bancaria o el modo normal de resolver los impagos de hipoteca?

El núcleo de la cuestión se encuentra en la cláusula 6-bis de la mayoría de los contratos hipotecarios vigentes. La cláusula de vencimiento  anticipado permite a la entidad financiera resolver el contrato por el impago, hoy, de varias cuotas. En este sentido, el Tribunal Supremo ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- en relación con las consecuencias que tendría la declaración de abusiva de dicha cláusula de vencimiento anticipado, puesto que obligaría al banco precisamente a acudir a un proceso declarativo. El TJUE está a punto de dictar sentencia y todo hace pensar que no será muy favorable a los bancos.

Los fundamentos de derecho sobre los que el Banco se asienta la demanda de juicio ordinario se atienen al artículo 1124 del Código Civil- CC-:

Artículo 1124

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

Pero la demanda de juicio ordinario tiene sus inconvenientes respecto del proceso ejecutivo. En primer lugar, tiene cuatro pasos. El primero es que se presente la demanda. El segundo hay una contestación del hipotecado por lo que en tercer lugar, el banco debe proponer unas pruebas que en cuarto lugar llevaran a un juicio antes de dictarse “una sentencia”.  Por contra el procedimiento ejecutivo tan solo necesitaban una demanda ejecutiva con título suficiente, la copia ejecutiva del registro de la propiedad, ante lo cual el deudor solo podía oponerse o pagar, estando sus posibilidades de defensa muy mermadas hasta que llegaron las cláusulas abusivas. Pero esta nueva estrategia tiene su talón de Aquiles.

En la ejecución hipotecaria, el juez pregunta si no se ha pagado y entonces el Banco, basándose en la cláusula de vencimiento anticipado, reclama la totalidad de la deuda subastando la casa que es lo que quiere el Banco y si hay deudores solidarios o avalistas, y la deuda no esta saldada, se va a por ellos todo mediante Autos. Por contra, en el juicio ordinario, hay una sentencia que se debe un dinero y por lo tanto se da por resuelta la hipoteca. Por lo tanto, la hipoteca queda resuelta con esa sentencia, hay una deuda, pero no hay hipoteca sobre la garantía- vivienda- por lo que también quedan libres los avalistas. Si hay una sentencia que obliga a pagar una deuda reconocida judicialmente, no hay hipoteca, y por lo tanto, con la prueba documental podemos ir al Registro de la Propiedad a eliminar esa carga. Si no hay carga, la vivienda se puede vender y el dinero sería potestad del deudor gastarlo o no en pagar sus deudas. Pasamos de una deuda garantizada por un inmueble a una deuda personal, como quién debe un recibo de un coche, que tiene sus propios modos de apremio.

¿Es mejor o peor esta nueva vía?

Esta vía debería haber sido la normal y no el procedimiento hipotecario. La demanda por procedimiento ordinario permite una defensa del deudor que está vedado en el procedimiento ejecutivo. En este procedimiento no solo es discutible la cláusula de vencimiento anticipado, sino que se puede introducir un nueva lógica como sería la corresponsabilidad del banco por una incorrecta valoración de los riesgos asociados a la concesión del préstamo. La misma existencia de avales confirma que la tasación es incorrecta, porqué además las tasadoras tampoco eran independientes. Hemos encontrado decenas de casos que para un préstamo con garantía hipotecaria se han usado los avales de 3 o 4 personas más que a su vez avalaban a los primeros y no tenían ni parentesco ni se conocían más que a través del director de la oficina que los reunía. En el contrato de préstamo, ambas partes, tienen obligaciones pero la de la entidad financiera es la única responsable de valorar los riesgos de la contraparte y los sistémicos asociados a la economía, ya que son ellas las que a través de la creación de dinero-deuda deciden la marcha económica.

¿Si hay deuda no hay hipoteca? La razón de las medidas cautelares preventivas sobre el registro de la propiedad.

Recientemente hemos recibido un caso que hace paradigmática esta nueva vía: el banco reclama una medida cautelar o coetánea previa a cualquier inicio de juicio.  En la siguiente imagen de la demanda que explicamos se observa como Bankia pide la adopción de medida cautelar de anotar en el Registro de la Propiedad de la finca en litigio que existe esta demanda judicial sobre bienes o derechos susceptibles de inscripción registral. Por ello, previamente a la presentación misma de la demanda el Banco se asegura en el registro que tendrá preeminencia en las posibles deudas posteriores a las que pudiere incurrir el demandado/a.

El banco hasta acepta que el demandado pueda imponer una caución a su medida cautelar. Nuestros abogados primeramente se extrañaron por las medidas coetáneas, porqué son propias de juicios ordinarios especiales que tienen relación con demandas civiles relativas a divorcio y tutela filial.
En definitiva, las medidas cautelares tienen por objeto ANCLAR EL DERECHO DEL BANCO SOBRE LA VIVIENDA, LA GARANTÍA, porque en los procesos ordinarios eso no esta garantizado.

La reconvención por cláusulas abusivas en los procedimientos declarativos hipotecarios

En fecha 25 de mayo del 2017, el Consejo General del Poder Judicial acordó a propuesta del Gobierno la controvertida creación de 54 Juzgados especializados en las demandas por cláusulas abusivas de las entidades financieras. Esto ha dado como resultado que un deudor se puede encontrar con una demanda ejercida por él contra la entidad financiera por cláusulas abusivas y al mismo tiempo la entidad financiera con esas cláusulas iniciar un proceso declarativo contra el deudor/a. Por lo que en dos juzgados distintos y con competencias distintas no se hace posible la reconversión en una sola causa.

Como el criterio establecido por el TJUE es que cualquier juzgado debe apreciar de oficio las cláusulas contractuales abusivas con consumidores, aún no admitiendo la reconvención, los juzgados tendrían la obligación de apreciar de oficio el posible carácter abusivo de dichas cláusulas. Las entidades financieras dirán que existen otros canales para ello y se opondrán al tema. La guerra está abierta

Salva TORRES


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La cláusula de vencimiento anticipado y su necesaria inscripción registral

De resultas de la imputación de coacciones al abogado J.A.Gallegos por defender la abusividad de cláusulas hipotecarias.

¿Se saltan las normas procesales y garantistas y se vulnera la tutela efectiva de los deudores a favor de la Banca?

La ejecución hipotecaria es un procedimiento de extraordinaria fuerza ejecutiva del título del derecho que reduce y limita los medios de defensa del deudor hipotecario de modo que cualquier reclamación que el deudor pueda formular sólo se puede resolver en el juicio que corresponda. Por contrapeso y garantía del derecho del deudor tan drásticamente restringido en su intervención procesal se debe exigir un examen riguroso de los requisitos de que debe estar revestido la ejecutante para poder dar inicio a tan privilegiado procedimiento, entre los que, sin duda, se halla la legitimación formal, y en este caso sustantiva, de la demandante, que según el artículo 688-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe acreditarse a través de la certificación del Registrador en la que “se exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar”. Al respecto resulta de interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2013, de 8 de abril.

El Registro de la Propiedad tiene la tutela de dar veracidad a lo inscrito en sus libros mientras no se demuestre su inexactitud, esto es, se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral y que el derecho cuyo asiento registral no está inscrito o se halla cancelado no existe, siempre que en cualquiera de los dos supuestos, no se demuestre lo contrario.

Por ello, concluimos con causa, el procedimiento hipotecario no deja de ser una ejecución directa de base registral de manera que sólo puede ejercitarse, partiendo del art. 130 de la Ley Hipotecaria, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se haya recogido en el asiento respectivo del registro de la propiedad.

Recordamos estos párrafos que escribimos en nuestro blog – La nulidad de la ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral– hace más de un año porqué tras la hecatombe de la práctica totalidad de Cajas y Bancos del país, en los procedimientos de ejecución hipotecaria se presentaban las entidades financieras sucesoras de las extinguidas saltándose las más elementales normas registrales lo que provocó un alud de archivos o nulidad de ejecuciones hipotecarias.

Art. VII TP RGRP – Art C.C. Los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento o se declare judicialmente su invalidez.

Prevaricación y coacciones. Tutela judicial y cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios

A raíz del procesamiento penal del abogado José Ángel GALLEGOS por supuestas coacciones al juez del juzgado de Primera Instancia y Instrucción nº6 de Vilanova y la Geltrú, hemos conocido los términos jurídicos en los que se desenvuelven las acusaciones de prevaricación contra el juez, de parte del abogado, y de coacciones contra el abogado, conocido abogado y activista del derecho a la vivienda desde hace años, por parte de la Fiscalía. No es nuestro objetivo en estas líneas realizar ningún juicio de valor sino que ese incidente grave nos permite adentrarnos en uno de las zonas con más penumbra de las ejecuciones hipotecarias del país: A la Banca se le ha permitido ahorrarse miles de millones de engorrosos procedimientos registrales que suponían muchos costes pero que al común de los mortales se nos eran exigidos por los funcionarios públicos que, salvo honrosas excepciones, tienen un doble rasero según quién hay delante.

La acusación de la Fiscalía contra el abogado dice así:

«…A fecha 9 de julio del 2015… el letrado J.A.Gallegos, con ánimo de alterar la libertad de decisión y actuación…….. del Magistrado Juez de la Sala……. D.Cabrera expuso: si llegase a tener lugar la subasta sin que la ejecutante aporte el certificado de tasación, mi mandante interpondrá una querella criminal contra los responsables...»

Por su parte, el abogado en su escrito de defensa alega los errores que se cometen en los procedimientos de ejecución hipotecaria que son el objeto de este documento:

«…De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, debería despacharse y tramitar la ejecución en base al certificado de dominios y cargas en el que constase el contrato hipotecario en su totalidad. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 693.2 LEC para reclamar la totalidad de la deuda incluida la no vencida que suele ser la de mayor cuantía con mucha diferencia, debe constar la inscripción registral de la cláusula contractual de vencimiento anticipado. En muchos esta constancia no existe porque el certificado de dominios y cargas remitido por el Registro de la Propiedad al juzgado por los motivos que fueren no la refleja y sin embargo esto no se tiene en cuenta y se
despacha y tramita la ejecución también por la deuda no vencida con la simple constancia de la cláusula de vencimiento anticipado en la copia de la escritura hipotecaria.

Algo que debería parecer obvio es que para el despacho de ejecución y la tramitación de la ejecución hipotecaria la garantía hipotecaria el titular registral de la garantía hipotecaria debería ser el ejecutante, además así lo establece el artículo 688.1 LEC. Pues bien en muchos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no es el titular de la garantía hipotecaria. Y todo ello, para ahorrar a los bancos el dinero de corregir las inscripciones registrales. Nuevamente vuelve a primar la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica.

Las copias de las escrituras hipotecarias que se aportan como título ejecutivo deben ser primera copia y con efectos ejecutivos y con anterioridad a diciembre de 2006 primera copia. Ni que decir tiene que cuando esto no es así, lo que sucede en múltiples ocasiones, el juzgado mira para otro lado y como si tal cosa.
Ya metidos en cuestiones de oposición a la ejecución la estrella es la cuestión de cláusulas abusivas y aunque los contratos hipotecarios es tan plagadas de ellas hasta el punto que todo el contrato es abusivo y un completo fraude que debería dar lugar a su completa nulidad sin restitución por parte del deudor por causa torpe, los jueces lo encuentran todo perfecto. Se podría escribir todo un mundo sobre las cláusulas abusivas, pero solo haré una referencia a la que ha sido la clave de todas y en la que los juzgados han defendido a capa y espada a los bancos, la cláusula de vencimiento anticipado. Parece una obviedad que esta cláusula tal como estabe incluida en los contratos hipotecarios era una cláusula abusiva, y lo parece porque lo era, pero los jueces se han negado a admitirlo sistemáticamente no porque no lo vieran sino porque es lo que interesaba a la Banca para la que trabajan, hasta que a golpe de varapalo del TJUE no les ha quedado más remedio que admitirlo....»


El Colegio de Registradores de la Propiedad, y muchos de sus colegiados, están luchando en las redes por hacer cumplir la ley, tenemos certeza de ello. Pero hoy por hoy, muchas normas procesales y registrales son ignoradas en los Juzgados de todo el país, ante la avalancha de procesos judiciales y los pocos recursos para el ejercicio de la JUSTICIA. Con ello, los errores sólo benefician al más fuerte, la Banca. Con ello, los letrados valientes que ponen luz en la penumbra de las ejecuciones hipotecarias suelen exasperarse ante el tamaño de errores procesales y judiciales. Por ello, no cesaremos desde este blog de poner luz en la defensa de los deudores frente a los acreedores, la Banca.

Salva TORRES, activista de Asc.500×20

++++ INFORMACIÓN +++




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (II)

Lo habitual en las ejecuciones hipotecarias es reclamar la totalidad de la deuda, incluida la aún no vencida, que suele ser de mucho mayor cuantía que la ya vencida y con gran diferencia.

Esto lo permite la norma del artículo 693.2 LEC para el caso que así se haya pactado. Pero incluye como requisitos que este pacto conste en la escritura hipotecaria y en su correspondiente asiento del Registro de la Propiedad.

Por tanto, para aceptar la reclamación por la totalidad de la deuda incluida la no vencida, al juzgado le debe constar la inscripción registral de la cláusula de vencimiento. Sin embargo, este requisito nunca es tenido en cuenta, se despacha la ejecución sin tener presente el certificado de la inscripción registral y cuando se solicita al Registro de la Propiedad una vez ya despachada la ejecución y este lo remite, el juzgado se limita a incorporarlo al expediente sin comprobar los asientos. Si lo hicieran comprobarían que en muchos casos no consta la cláusula de vencimiento anticipado. Y por tanto, dado que al juzgado no le consta la inscripción registral de la cláusula de vencimiento anticipado, no debería proseguir con la ejecución, sino archivarla. Pero nada de eso sucede, porque de lo que se trata no es de ponerles pegas a los bancos, sino de facilitarles el expolio colaborando como cómplices en él.




La cláusula de vencimiento anticipado de un crédito hipotecario se puede y se debe recurrir

La nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado.

Claúsulas abusivas:Vencimiento anticipado
por Salva TORRES

Esta cláusula suele encontrarse en las escrituras de los préstamos en el punto 6-bis y viene a decir más o menos…no obstante el plazo pactado, se producirá su vencimiento anticipado, con facultad correlativa de la entidad financiera de exigir, con ejecución hipotecaria, cuanto se le deba por principal y accesorios, si la parte prestataria no paga puntual y exactamente conforme a lo pactado los intereses y las cuotas globales de amortización e intereses, o el impago parcial de una sola cuota”..

Por lo tanto, se entiende que si en alguna ocasión usted no paga un mes o más, tiene que pagar todo lo que debe del resto de la hipoteca y intereses. Es la cláusula que hacen servir para llevar adelante la ejecución hipotecaria. Esta cláusula es la piedra capital del edificio de las ejecuciones hipotecarias. Permite al banco reclamar toda la deuda aunque no este vencida y es el cemento del entramado jurídico de la ejecución hipotecaria española.

Un caso paradigmático.

En el caso de la sentencia de 2 mayo 2013 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona se resolvió la anulación de la cláusula de vencimiento anticipado y de la ejecución hipotecaria porqué aunque la propia entidad financiera se refería a la existencia de retrasos puntuales en el pago de algunas mensualidades, el primer impago completo se produjo el 30 junio 2008, menos de un año tras la firma del contrato. Pese a haberse establecido una cláusula como la descrita que permitía la resolución con el primer incumplimiento lo cierto es que la entidad financiera esperó hasta cuatro incumplimientos.

El incumplimiento del deudor representaba en ese momento el 1,01% de duración del préstamo y un 0,328% de la total cantidad prestada, porcentaje que seguiría siendo reducido aunque la cantidad se incrementase con los intereses impagados. La jurisprudencia de Tribunal de Justicía de la Unión Europea -TJUE- en sentencia de 14 marzo 2013 estableció respecto de la cláusula de vencimiento anticipado, en el apartado 73, los criterios esenciales que permitían al juez nacional decidir si un incumplimiento era grave y apreciar el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado:

  • si el consumidor incumple una obligación esencial del contrato.
  • si el incumplimiento es grave en relación a la cuantía del préstamo y su relación con la duración del mismo.
  • si la facultad de dar por vencido el contrato es excepcional para el acreedor.
  • si el Derecho nacional provee de tiene medios adecuados y eficaces al consumidor para poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

Para el caso de la sentencia de Barcelona el deudor había dejado de pagar 4 cuotas aunque era previsible porqué la cuota de la hipoteca representaba más del 70% de los ingresos salariales, únicos de los que disponía supuesta la conservación de su empleo. Estaba claro que la cláusula de vencimiento anticipado -pactada o no- que permitía la resolución con un solo incumplimiento, por previsible que fuera, debía ser reputada como abusiva dado que no se vinculaba a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.

Es importante destacar que la cláusula de vencimiento anticipado no solo permitía a la entidad financiera reclamar la totalidad de lo adeudado hasta la fecha más los intereses, gastos y costas correspondientes, sino que además le habilitaba para acudir a la vía del procedimiento de ejecución en el que se limitaban las causas de oposición y se impedía cualquier interferencia que pudiera suspender la ejecución y el lanzamiento. Por lo tanto la gravedad de los incumplimientos deben ponerse en relación no solo con el porcentaje de deuda impagado para un préstamo proyectado a muy largo plazo, sino también con los instrumentos de los que podría disponer la entidad financiera para reclamar la deuda.

Pero además, en un contexto de crisis, de falta de empleo y de moratoria de desahucios la norma podía entenderse como abusiva porqué permitía el vencimiento anticipado de un préstamo con un solo incumplimiento de una cuota, incluso con tres o cuatro incumplimientos, cuando los mismos tienen origen en circunstancias no previstas por el deudor y conocidas por el acreedor – la Banca- que en una economía totalmente financiarizada controla los tipos de interés, determina buena parte de la marcha de la economía y había cobrado encima por un estudio de viabilidad del deudor… constitución hipoteca… que se pueden recurrir también.

El TJUE da un nuevo varapalo a la justicía española en 2015

La sentencia de 14 de marzo del 2013, fue un varapalo a la Banca y a la justicia española que, obligó a ajustar legislativamente que se entendía por incumplimiento reiterativo o grave de un hipotecado moroso. El texto de la Ley “Segunda Oportunidad ” que se aprobó en el Consejo de Ministros del 27-02-2015 modifica el Código de Buenas Prácticas Bancarias, publicado por el PP en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos intentó adecuarse al TJUE. Las cuotas en mora pasaban a ser de tres para iniciar la ejecución hipotecaria.

Pero las sentencias contra el vencimiento anticipado continuaron en juzgados y audiencias. Así es que en una nueva aclaración del TJUE ( Auto el 11 de Junio de 2015 del TJUE sobre cuestiones prejudiciales por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, sobre su auto de 19 de noviembre de 2013, que enfrentaba a unos hipotecados con el BBVA, se concluye que:

  • En el caso de intereses moratorios abusivos se puede aplicar la normativa nacional de dulcificarlos siempre que esta no impida al juez declararlos abusivos y dejarlos sin aplicación.
  • El TJUE entiende que las cláusulas abusivas lo son se hayan aplicado o no.
  • El Tribunal entiende que en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo carácter abusivo no haya sido analizado, aun habiéndose producido un anterior control judicial del contrato controvertido, concluido con Resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el Juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.

En derecho del Estado español, el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181) dice:

  • «Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.»
  • «La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva.»

El TJUE pone contra las cuerdas al Tribunal Supremo español en 2017.

Después de tantas intervenciones del TJUE, uno llega a la conclusión que la Justicía española siempre se decanta del lado del más fuerte: la Banca. Como la normativa de defensa del consumidor de la Unión Europea era muy garantista, muchos valientes letrad@s continuaron exprimiendo esa normativa. Así no es de extrañar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) por sentencia de 26 de enero de 2017 resuelve, por enésima vez, una de las cuestiones prejudiciales planteadas por Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander en relación con el préstamo hipotecario concedido por el Banco Primus a un cliente. Esta sentencia del TJUE pone nuevamente patas arriba la cláusula de vencimiento anticipado tal como viene dispuesta en la mayoría de las hipotecas y tal como se entendía hasta ahora.

De resultas de esta sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo español -TS- obligado a digerir la sentencia del TJUE en Auto de fecha 8 de febrero de 2017 eleva, y retrasa su aplicación, cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que se pronuncie si la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado impide al Juez nacional español continuar con el procedimiento hipotecario (sobreseerlo) o no. El caso llega al TS por un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, anulando una cláusula de vencimiento anticipado. El TS español pregunta al Tribunal europeo:

  • Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.
  • Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo.

La cuestión prejudicial enviada por el Tribunal Supremo al TJUE, ha permitido que muchos juzgados y audiencias provinciales suspendan procedimientos de ejecución hipotecaria en espera de el pronunciamiento de Europa. Y el consejo general es acogerse a esta posibilidad para paralizar las ejecuciones.

MODELO PARA LA OPOSICION POR VENCIMIENTO ANTICIPADO PARA PROCEDIMIENTOS ABIERTOS


CLAUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO (cláusula SEXTA ejecución) – Algunas sentencias y autos ejemplificadores.

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notarios y registradores, CARÁCTER ABUSIVO DE VARIAS CLÁUSULAS DE HIPOTECA, C.Balluguera

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Cláusula Vencimiento Anticipado: ejecuciones hipotecarias contrarias a la normativa y jurisprudencia europea

Presentamos el documento guía de la Campaña realizada por nuestros compañeros de Plataforma Afectados Hipoteca (Madrid) sobre  la  cláusula de vencimiento anticipado.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS CONTRARIAS A LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA EUROPEA

El Principio de Primacía consagra al Derecho europeo un valor superior a los Derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. El Principio de Primacía es válido para todos los actos europeos de aplicación obligatoria, y trata de un principio fundamental consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por lo tanto, los Estados miembros no pueden aplicar una norma nacional contraria al Derecho europeo.

El TJCE, creado en 1952 y que pasó a denominarse TJUE en 2009, consagró el Principio de Primacía en la sentencia Costa contra Enel del 15 de julio de 1964. En esta sentencia, el Tribunal declara que el Derecho procedente de las instituciones europeas se integra en los sistemas jurídicos de los Estados miembros que están obligados a respetarlo. Por lo tanto, el Derecho europeo tiene primacía sobre los Derechos nacionales. En consecuencia, si una norma nacional es contraria a una disposición europea, las autoridades de los Estados miembros deben aplicar la disposición europea; siendo que el Derecho nacional no se anula ni deroga, pero quedando su carácter obligatorio suspendido. Señalando, también, que la primacía del Derecho europeo se aplica a todos los actos nacionales, independientemente de si fueron adoptados antes o después del acto europeo en cuestión.

Lo que buscaba la jurisprudencia europea es que al ser el Derecho europeo superior al Derecho nacional, el Principio de Primacía garantizase una protección uniforme de los ciudadanos, en todo el territorio de la UE.

El alcance del principio es total ya que la primacía del Derecho europeo sobre los Derechos nacionales es absoluta. Por lo tanto, todos los actos europeos con carácter obligatorio se benefician de él, tanto si proceden del Derecho primario (Tratados constitutivos de la UE) como del Derecho derivado (Derecho derivado unilateral, y convencional).

Del mismo modo, todos los actos nacionales están sujetos a este principio, con independencia de su naturaleza: ley, reglamento, decreto, resolución, circular, etc. Es irrelevante que estos textos procedan del poder ejecutivo o del poder legislativo del Estado miembro. El poder judicial está igualmente sujeto al Principio de Primacía. En efecto, el Derecho que genera, la jurisprudencia, debe acatar el de la Unión.

El Tribunal de Justicia consideró que las constituciones nacionales también están sujetas al Principio de Primacía. Por lo tanto corresponde al juez nacional no aplicar las disposiciones de una constitución contraria al Derecho europeo.

Como ocurre con el Principio de Efecto Directo (aquél que permite a los particulares invocar directamente una norma europea ante una jurisdicción nacional o europea), el Tribunal de Justicia ejerce el control de la correcta aplicación del Principio de Primacía. Sanciona a los Estados miembros que no la respetan mediante las decisiones que dicta sobre los fundamentos de los distintos recursos previstos por los tratados constitutivos, en particular, el recurso de incumplimiento, que permite al Tribunal de Justicia controlar que los Estados miembros cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Recurso que se fundamenta en los arts. 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Al juez nacional le corresponde, también, hacer respetar el Principio de Primacía. Éste puede, en su caso, hacer uso del procedimiento prejudicial, en caso de duda en cuanto a la aplicación de este principio. En una sentencia de 19 de junio de 1990 (asunto Factortame), el Tribunal de Justicia indicó que una jurisdicción nacional, en el marco de una cuestión prejudicial sobre la validez de una norma nacional, deberá suspender inmediatamente la aplicación de esa norma, a la espera de la solución dictada por el Tribunal de Justicia y de la sentencia que el órgano jurisdiccional emita al respecto en cuanto al fondo.

El Estado tiene responsabilidad ante esos incumplimientos. Esta característica surge a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 1991, en el asunto Francovich y Bonifaci. Cuando el Estado miembro incumple las obligaciones de transposición de una Directiva comunitaria, genera una desprotección de los particulares por la ausencia de aplicación práctica de derechos que le corresponden acorde al ordenamiento jurídico comunitario. Esa desprotección, imputable al incumplimiento de las obligaciones del Derecho comunitario por parte del Estado, hace surgir la responsabilidad de éste, de manera que el particular podrá obtener una reparación, indemnización que garantiza la plena eficacia de las normas y la plena protección de derechos.

El Principio de Primacía es definitivamente consagrado por el TJCE en su sentencia de 09 de marzo de 1978, asunto Simmenthal, en la que se declara que “…el juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho Comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede,  inaplicadas,  por su propia  iniciativa, cualesquiera disposiciones  contrarias de la  legislación  nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obligado a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional”, e igualmente “ … sería incompatible con las exigencias inherentes a la naturaleza misma del Derecho comunitario toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o práctica legislativa, administrativa o judicial que tuviera por efecto disminuir la eficacia del Derecho comunitario por el hecho de no reconocer el juez competente para aplicar este Derecho el poder de hacer, en el momento mismo de esta aplicación, todo lo que es necesario para eliminar las disposiciones legislativas nacionales que constituyan eventualmente un obstáculo a la plena eficacia de las normas comunitarias”. Esta doctrina es ratificada por la sentencia del TC 28/1991, de 14 de febrero.

El TJUE emitió una sentencia el 14-03-2013, en el Asunto C-415/11 – Mohamed Aziz / Catalunya Caixa, provocando que el Legislativo español promulgara la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que afectó a los artículos 557, 561, 575, 579, 647, 654, 668, 670, 671, 682, 691, 693 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; afectando, igualmente, a la Ley Hipotecaria en sus artículos 21, 114, 129 y 131.

El Tribunal de justicia europeo emitió nueva sentencia el 17-07-2014, Asunto C-169/14 – Sánchez Morcillo / BBVA SA, volviendo a provocar que el Legislativo español tuviera –de nuevo- que modificar la legislación española, en relación al tema hipotecario, a través del Real Decreto-Ley 11/2014, 05 de septiembre, afectando los artículos 695 y 698 de la LEC.

Y ahora, de nuevo, el TJUE emite un auto el 11-06-2015, en el Asunto C-602/13 – Quintano Ujeta/ BBVA SA, en relación –entre otras cuestiones- con la cláusula del vencimiento anticipado y su análisis por los órganos judiciales españoles, y en el que se manifiesta que hay que estar a la literalidad del contenido de esa cláusula en la escritura, independientemente de que haya sido aplicada en la práctica, o no, por la entidad ejecutante; deduciendo todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. Y proceder en consecuencia.

Resultaría inexplicable que, mientras el Legislativo se ha visto obligado a modificar la normativa legal española en la dirección marcada por el TJUE en dos ocasiones, resulte que el Poder Judicial se resista a emitir sus resoluciones en la estricta dirección marcada  por dicho Tribunal de justicia europeo, en ese auto del 11/06/2015.

Y esa actitud es la que incomprensiblemente están demostrando determinados órganos judiciales españoles, entre los que queremos destacar el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid que, solo de notificaciones edictales, ejecutó 47 subastas en 09/2015, está efectuando 87 en 10/2015, y tiene previstas otras 82 subastas para 11/2015.

O, en último caso, fallando preclusión del plazo para alegar ésta cuestión, lo que no es consecuente ya que el Tribunal Supremo español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido –en sus fallos- muy claros al respecto cuando han declarado “… que el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige facultar al juez para intervenir de oficio, sino que impone a este el deber de intervenir, lo que resultaba obligado para todos los tribunales” y “… permitir que el Juez pueda, aun cuando no haya sido alegado por las partes en el procedimiento, declarar el control abusivo de las cláusulas, cualquiera que sea el procedimiento en el que se suscite, y cualquiera que sea la fase del procedimiento”, respectivamente.

Además, existe lo manifestado por el SSº en el Decreto que suele acompañar a las demandas de ejecución hipotecaria, “No se admitirá ni se tendrá en cuenta oposición a la ejecución fundada en cualquiera de los motivos anteriores una vez transcurrido el plazo para formularla, salvo que obedezca a circunstancias sobrevenidas”. Y como tal circunstancia sobrevenida hay que considerar un auto TJUE, posterior al plazo, de obligado cumplimiento por el Principio de Primacía.

Añadir que, el día 01/10/2015 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,  publicada en el B.O.E. el 22/07/2015, con cambios y añadidos que afectan al contenido de este escrito. Se incorpora un nuevo artículo 4 bis en cuyo punto 1 se dice “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Modificando el artículo 21 de la anterior LOPJ, diciendo en su punto 1 “Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas”. Aplicándose por ese orden.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16/04/2002, contempla en su artículo 18 que “El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. / Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos de los ciudadanos dará lugar a una indemnización que podrá ser reclamada por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la Ley. / Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad”.

El Dictamen aprobado el 17/06/2015 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en relación a la falta de acceso efectivo a los tribunales españoles para proteger el derecho a una vivienda adecuada, ha manifestado que “1. El Estado tiene la obligación de proporcionar a la autora (ejecutada) una reparación efectiva … / 2.c Adoptar medidas legislativas pertinentes para garantizar que el procedimiento de ejecución hipotecaria y las normas procesales establezcan requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a una subasta de una vivienda o un desalojo, en observancia del Pacto y tomando en cuenta la Observación general Nº 7 (1997) del Comité”. Dando un plazo a España de seis meses para tomar medidas.

Y, por último, recordar lo que la Constitución Española contempla en sus artículos 106.2 (“Los particulares … tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos …”) y 121 (“Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”).

Asociación sin ánimo de lucro Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128,  Madrid.

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