las 5 de la PAH ignoran las sentencias del TJUE y acercan el alquiler a las políticas de la CDU de Merkel

La cortina de humo de la DACIÓN libera al Parlamento español de aprobar una ley hipotecaria acorde a resoluciones del TJUE y el TS.

Los prestamistas españoles de hipotecas, o sea, los bancos andan revueltos desde hace tiempo con los sucesivos reveses que en el ámbito judicial están recibiendo desde las altas instancias del Tribunal Supremo del Estado y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una buena parte de esos reveses se centran en la vulneración sistemática de los derechos de los consumidores en los contratos hipotecarios. Desde la sentencia Aziz del 2013 podemos decir sin rubor que una escritura hipotecaria es toda ella una cláusula abusiva. Aún así, miles de hipotecas han sido ejecutadas sin miramientos por juzgados en clara negligencia por no decir palabras más gruesas. Con la jurisprudencia actual todas las ejecuciones hipotecarias en número de más de 758.061 desde el 2007 se podrían recurrir en los tribunales. Hasta el punto que los bancos están abandonando la vía ejecutiva para presentar las demandas por el procedimiento ordinario declarativo. Los juzgados especiales de cláusulas abusivas creados por el PP están colapsados por años. Finalmente el descubrimiento que los bancos habían vendido las hipotecas a fondos de titulización que les convertía en meros administradores permitía anular la ejecución hipotecaria por ausencia de legitimación activa.

El estado español fue obligado hace 2 años, por todo ello, a modificar la ley hipotecaria. Aún así, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario está empantanado en el Congrés lo que supone ya una multa superior a 90 millones de euros al Estado por no adaptarse a la normativa europea. Entre medio de este desastre, miles de familias sufren el acoso sistemático de bancos, gestoras de impagados, buitres… y un largo etcétera.

Ante esta situación las 5 DE LA PAH no sólo lanza una cortina de humo sobre toda esta dinámica infernal sino que desvía la atención sobre lo principal: poner orden en la legislación hipotecaria y solucionar 10 años de desmanes de bancos y jueces en ejecuciones y subastas que han provocado miles de hogares arruinados, suicidios y decenas de miles de viviendas malvendidas a fondos de inversión extranjeros. La dación como estrella central de “las 5” introduce un nuevo parámetro que distorsiona y complica la ya enrevesada negociación de los partidos y el cómo se transponen las directivas comunitarias en la legislación hipotecaria. Hablamos, por ejemplo, como encajar la casi segura desaparición de la cláusula de vencimiento anticipado, piedra angular del andamiaje financiero de estos prestamistas insaciables de la Banca española, en la nueva ley. Hay miles de familias y procedimientos judiciales esperando la transposición de las directivas comunitarias al ordenamiento hipotecario español…. estas familias necesitan justicia en las clásulas abusivas y no nuevas distorsiones y aplazamientos.

Ya no vamos a entrar en la discusión sobre la idoneidad de la dación en pago, hoy decenas de PAH de todo el Estado rehusan regalar la vivienda al banco y se lanzan a defender sus viviendas en los juzgados a uñas y dientes con las cláusulas abusivas y las titulizaciones.

Regalar la vivienda y miles de euros en amortizaciones y intereses, la dación, a cambio de anular la deuda pendiente ES UNA DERROTA y UN REGALO AL BANCO. Un regalo que no se merece pues el dinero que presta está creado de la nada en forma de deuda y entronca directamente con el desprecio de la dirección de la PAH a explicar a los hipotecados como los prestamistas privados, Santander, BBVA, etc crean dinero de la nada y encima venden luego sus hipotecas – titulizan – para sacarles mas jugo y para recomenzar un nuevo ciclo de endeudamiento financiero.

5 años y regulación de precios en alquiler.

PARA ESTE VIAJE NO HACÍA FALTA TANTA ALFORJA!

El paquete de alquiler que propone las 5 de la PAH en cuanto a la duración de los contratos de 3 a 5 años es volver a la reforma de Miguel Boyer del año 1985 cuando suprimió el PSOE los contratos indefinidos franquistas en la tristemente famosa Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU. Para ese viaje no hacía falta tanta alforja. El desastre de incremento desorbitado de precios y desahucios en las grandes ciudades que ha supuesto la reforma de la LAU del 2013 obligan a esa modificación a poco que una movilización sería se imponga. Incluso desde el punto de vista táctico ir a la negociación pidiendo lo mínimo es una mala estrategia. Los miles de familias que sufren la precariedad de los contratos no se veran muy aliviadas con tan pobres resultados si se consiguen.

Un tema aparte es el de la regulación de precios, dicho de otra manera, topes a los precios de las rentas que cobran los propietarios. Particularmente esta medida es otra cortina de humo que desvía la atención sobre lo importante: LA PROFUNDA INJUSTICIA EN EL TRATO FISCAL DE LOS ARRENDADORES Y LOS INQUILINOS. El Estado español con el acuerdo de todos los partidos del régimen del 78 renunció hace 25 años a la promoción del alquiler pública dejándolo a la iniciativa privada a cambio de miles de millones durante ese tiempo. El fracaso de ese empeño en 25 años ha sido desastoso pues poniendo miles de millones se ha conseguido el efecto contrario. O era ese su objetivo, untar com miles de millones a los propietarios?

Sin modificar una sola ley, sólo la normativa fiscal, el Estado podría recuperar cada año más de 10.000 millones de euros en deducciones y desgravaciones fiscales a los propietarios. Con ese dinero empleado en deducciones fiscales directas a todos los inquilinos permitiríamos la rebaja de los alquileres y eliminar de un plumazo la enorme bolsa de fraude fiscal de los caseros. El sistema fiscal que proponemos es justo, simple y se ahorra toda la picaresca asociada al control de precios . Imponer tramos fiscales a las declaraciones de la propiedad, cuanto mas se cobra mas suben los tramos y la recaudación contra el caseros y ese dinero va a desgravaciones de su inquilino.

La PAH y las medidas de alquiler de la CDU de Merkel

Los medios de comunicación han machacado desde el inicio de la burbuja del alquiler con el tema si funciona o no los controles de precios de las rentas. Los ejemplos de los que quieren imponer esos controles como los que dicen que no funcionan corren una cortina de humo sobre las verdaderas causas de la capacidad de monopolio de control de precios que tienen los propietarios: los beneficios fiscales sin parangón. En España, Francia y Alemania el rentismo inmobiliario tiene enormes ventajas fiscales respecto de las ganancias del trabajo que están mucho más penalizadas fiscalmente: SIN JUSTICIA FISCAL NO HAY ALQUILER ASEQUIBLE. Una desigualdad profundamente injusta que hemos tratado ampliamente en estas páginas. En Berlín y en París donde se han ensayado estas fórmulas los problemas que se han encontrado han sido estos:

  • En 2015 ante la subida desmesurada de alquileres el Gobierno alemán se dotó de la “Ley para contener el aumento del precio de los alquileres en mercados de vivienda difíciles”. En la misma se proponía que ante nuevos contratos las rentas no subieran más allá de un 10% de la media del precio de la zona en la que se encuentre el apartamento. No ha funcionado porqué este año el Gobierno federal habla de endurecer nuevamente la ley.
  • el complejo sistema de cálculo de las rentas mínimas y máximas en una zona se hace sobre los precios medios. Si esos están hinchados, que lo están y mucho, ya me dirá usted que cálculos salen. Se deben tener en cuenta muchos parámetros: edad del edificio, conservación, orientación, reformas, etc
  • Dada la complejidad la picaresca de los propietarios se ha disparado. Por ejemplo con costosas reformas. También retirando un porcentaje significativo de viviendas del alquiler a la compra.
  • Cómo los propietarios tienen la última palabra en escoger al inquilino, el resultado ha sido que el colectivo con menores recursos ante un mercado con excedente de demanda no queda protegido por el control de rentas puesto que al final se impone el orden que concede la solvencia generada a través de la capacidad económica del inquilino.
  • Si ante esto las autoridades quieren reaccionar deben subvencionar a los propietarios que alquilan a familias pobres por lo que entramos en el círculo injusto de pagar por un derecho básico a los más pobres lo que genera al mismo tiempo rechazo por “el llamado buenismo“.
  • Los propietarios de Berlín y París hacen críticas más duras cuestionando la metodología de cálculo de las rentas de referencia puesto que tienen un gran peso específico los apartamentos de titularidad municipal con rentas bajas lo que sesga la muestra hacia el extremo inferior del mercado, creando un diferencial de precios que alimenta otro problema clave y es que, para un buen departamento, muchos inquilinos están dispuestos a pagar un alquiler más alto. Según un estudio de la Asociación de Arrendatarios de Berlín, un 31% de los alquileres se pactan a un precio superior al permitido y como el alquiler regulado no se hace cumplir, excepto cuando un inquilino lleva su caso al juzgado, esta práctica ha quedado normalizada.
  • Los propietarios de Barcelona y Madrid no tendrán este problema porque aquí no existe ese parque de vivienda pública y social. Podrán estar tranquilos si se aplican “las 5 de la PAH“.
  • Igualmente, una parte importante de la oferta de viviendas se ha desplazado estos años a la venta por lo que la oferta de viviendas de alquiler se ha reducido en París y Berlín.
  • Macron quiere volver a imponer controles de precios ante las subidas de precios en París intramuros después que la ley estuviera temporalmente suspendida.

Todos estos problemas plantean nuevamente que la izquierda hispana copia los modelos de la derecha o socialdemocracia europea haciendolos pasar por progresivos cuando lo progresivo sería buscar nuevas alternativas adecuadas a cada situación.


Nosotros tenemos nuestras propuestas:

Es posible una renta de alquiler adecuada a la renta familiar en el mercado libre?

Por supuesto que SÍ. Es posible pagar un alquiler en función de la renta a un propietario privado sea cual sea su condición: abuelito, propietario marginal, Socimi, SICAV, sociedad patrimonial, fondo de inversión inmobiliaria etc……

Basta legislarlo. Para aflorar la bolsa de fraude de los arrendadores bastará con:

  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. La deducciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Eliminar las degravaciones fiscales al arrendamiento para que tributen como una ganancia más.
  • Con el ahorro fiscal eliminado a los arrendadores realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con aquel 30%. Con ello, el fraude fiscal de los arrendadores se habrá acabado.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler o vendiéndolas.
  • Todas estas medidas evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según indices en un mercado libre, que la Administración no controla y toda la picaresca asociada.

El enorme lobby inmobiliario no tiene argumentos ante la injusticia del tratamiento fiscal de sus rentas parasitarias. Los países europeos más avanzados, tienen grandes parques de vivienda pública que suponen un enorme ahorro para todo el país. La gente paga menos por su vivienda y tiene dinero para gastar en la economía. ¿Por qué eso no es posible en nuestro país?

Se imaginan el parque de vivienda pública que podríamos tener si cada año el Estado español gastará esos 10.000 millones de euros en vivienda?

Por qué el estado español y la izquierda monárquica ha renunciado a las políticas públicas de vivienda de alquiler y todo ese dinero lo regala a la iniciativa privada?

Ha demostrado ese derroche fiscal su papel en la promoción de la vivienda de alquiler en 25 años? NO NO y NO…. ha servido para reducir precios? NO NO y NO

Hace falta tocar alguna ley para asegurar la justicia fiscal? Hace falta modificar la LAU? NO NO y NO sólo la normativa de la Agencia Tributaria

Los Ayuntamientos del cambio, que piden todas las competencias en materia de alquiler, deberían tener muy claro todo lo explicado

A los Ayuntamientos del cambio……

SIN JUSTICIA FISCAL CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS PARASITARIAS NO HAY ALQUILER JUSTO NI ASEQUIBLE!

Salva TORRES, activista de asc. 500×20




La OBLIGACIÓN del Juez Nacional de REVISAR DE OFICIO LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS desde la 1ª Instancia.

El Tribunal Supremo tiene declarado en reiteradas sentencias que la nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas es insubsanable.

La nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas es insubsanable y no permite la convalidación del contrato.

https://www.mundojuridico.info/nulidad-pleno-derecho-las-clausulas-abusivas/

La anterior afirmación, que ha vuelto a recordar el Tribunal Supremo en una reciente sentencia, es muy IMPORTANTE que la tengamos en cuenta en aquellos procedimientos donde se haya pretendido con posterioridad convalidar los contratos con documentos novatorios posteriores, supuestamente pactados por ambas partes. Entre estos documentos novatorios, por EJEMPLO, se encontrarían los documentos firmados por los Bancos y los clientes donde se rebajaba o suprimía la cláusula suelo de la hipoteca y que algunas Audiencias Provinciales están considerando eficaces y válidos.

Estos Tribunales vienen entendiendo que al haber negociado los clientes (prestatarios) una nueva cláusula suelo, han sanado el vicio inicial convirtiendo de esta manera la cláusula en válida.

Pues bien, considero que la sentencia que vamos a comentar deja claro que la nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas no puede ser subsanada con otro documento posterior, y por tanto, este segundo documento también está viciado de nulidad (“lo que es nulo ningún efecto produce“).

La nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia es una nulidad absoluta que no puede ser objeto de confirmación o convalidación.

Os recomendamos la lectura de otro de los artículos que hemos publicado sobre esta cuestión

SENTENCIA 558/2017 del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 16/10/2017.

Nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas

 Por su relevancia recogemos lo fundamental de esta sentencia:

“… el control de abusividad de la cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor, en el que se inserta el control de transparencia, lleva consigo la nulidad de la cláusula controvertida, la pervivencia del contrato sin esa cláusula y la restitución de lo que el predisponente haya percibido como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva,…

3.- Se trata de una nulidad de pleno derecho, que impide que el consumidor pueda quedar vinculado por la cláusula abusiva (artículo 6.1 de la Directiva 93/13). No es posible otorgar al consumidor una protección menor que la que otorga la institución de la nulidad de pleno derecho en otros campos del ordenamiento jurídico pues, de otorgar una protección inferior, se infringiría el principio de equivalencia del Derecho de la Unión Europea.

4.- Además, es reiterada la jurisprudencia del TJUE que declara que esta nulidad es apreciable de oficio por los tribunales, por lo que no es imprescindible que sea invocada por el consumidor.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 14.06.2012, caso Banesto, en sus párrafos 41 y siguientes, declaró que con el fin de garantizar la protección a que aspira  la Directiva 1993/13 CEE, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato. A la luz de estos principios, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. Por consiguiente, el papel que el Derecho de la Unión Europea atribuye al juez nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello.

Este Tribunal Supremo ha asumido esta jurisprudencia comunitaria y en su sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, párrafos 110 y siguientes, declaró que el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige facultar al juez para intervenir de oficio, sino que impone a este el deber de intervenir, lo que resultaba obligado para todos los tribunales.

5.- Hemos declarado que la nulidad absoluta o de pleno derecho es insubsanable y no permite la convalidación del contrato ( sentencia 654/2015, de 19 de noviembre, y las que en ella se citan).

6.- La consecuencia de lo expresado es que no resulta correcta la afirmación del Juzgado de Primera Instancia de que el contrato resultó convalidado por la petición de los prestatarios de que se les redujera la cláusula suelo al nivel que tenían los contratos de otros compradores de la misma promoción. La nulidad de la cláusula suelo no ha quedado subsanada.

7.- El supuesto no entra en la previsión del artículo 1208 del Código Civil en que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia funda su decisión. Este precepto prevé:

«La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen».

En este caso, como se ha dicho, se trata de una nulidad absoluta apreciable de oficio y no de una nulidad cuya causa solo pueda ser invocada por el deudor.

8.- Este precepto legal determina la nulidad de la novación cuando también lo sea la obligación novada, salvo que la causa de nulidad solo pueda invocarla el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Pero del mismo no se deduce que siempre que la nulidad de la obligación novada solo pueda ser invocada por el deudor, la novación suponga necesariamente la convalidación de la obligación novada y la consiguiente subsanación de los defectos de los que esta adolecía.

La nueva obligación adolecerá de los mismos vicios que la obligación novada, salvo que la voluntad de los interesados pueda y quiera subsanar tales defectos. Para que tal subsanación se produzca, es preciso que se den los requisitos que el artículo 1311 Código Civil y la jurisprudencia que lo desarrolla establecen para la convalidación de los negocios anulables.

9.- En el caso enjuiciado, la protesta por la inclusión de una cláusula de la que no se advirtió a los prestatarios, pese a su trascendencia, y la petición de que al menos se les reduzca el suelo al fijado en otros contratos de la misma promoción, incluso si se tratara de un vicio subsanable (que no lo es), no podría considerarse en ningún caso como una convalidación del contrato pues no constituye un acto inequívoco de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria.

Se trata solamente de una solicitud dirigida a reducir en lo posible las consecuencias negativas que la cláusula cuestionada tenía para los prestatarios, que no les impide posteriormente solicitar la declaración de nulidad absoluta de tal cláusula y la restitución de lo que el banco ha percibido indebidamente por su aplicación.”

CONCLUSIÓN:

La nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas por falta de transparencia referida a una cláusula suelo no puede ser convalidada por negociaciones posteriores cuando lo que han intentado los clientes ha sido firmar ese documento con el único fin de pagar menos por la hipoteca y aliviar su economía.

Autor: CarlosA. COBO MARÍN




El certificado de tasación en las escrituras de préstamo hipotecario: uso, reclamación, novedades y titulizaciones.

ESTE DOCUMENTO HABLA:

  1. DE QUÉ SIRVE EL CERTIFICADO  DE TASACIÓN?

  2. PODEMOS RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN COMO GASTOS DE CONSTITUCIÓN HIPOTECA?

  3. HAY TITULIZACIÓN SI HAY CERTIFICADO DE TASACIÓN?

  4. NOVEDADES ENTORNO A ESE CERTIFICADO


¿DE QUÉ SIRVE EL CERTIFICADO DE TASACIÓN?

El certificado de tasación de una finca o vivienda para constituir una hipoteca tiene como objetivo primordial conocer el valor real del bien a efectos del crédito a conceder y de la ejecución hipotecaria en caso de impago, o sea, que el valor permanezca inalterable a pesar del tiempo y los vaivenes del mercado. Con ello el acreedor sabe a través de un tasador oficial el valor del bien y el hipotecado se asegura que si hay subasta la vivienda no se adjudicará al acreedor por un valor ínfimo o inferior a su valor cuando se constituyo la hipoteca.

Además el certificado de tasación es obligatorio desde el 2013, en la Ley 1/2013 de Protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Para ejercer la acción hipotecaria por el procedimiento directo o el extrajudicial es necesario inscribirlo en el Registro, porqué de no ser así sólo será posible la reclamación de deudas por la vía del procedimiento ordinario, procedimiento donde si sería necesaria una tasación al no existir una legalmente aceptable. La clase de subasta que se escribe en la escritura del préstamo nunca se negocia, lo impone el acreedor y eso sería en todo caso otro elemento de disputa en caso de conflicto. Lo normal es que la gente piense en que el impago nunca le pasará, y siempre acaba pasando a un porcentaje elevado de los hipotecados

El certificado de tasación, o valor de tasación, no es lo mismo exactamente a valor del bien a efectos de subasta. Antes no era así pero desde la ley mencionada el valor de tasación no pude ser, en vivienda habitual, inferior al 75% del valor tasado inicialmente en la constitución. El problema es que a la hora de la adjudicación, el acreedor, se lo puede adjudicar por el 70%… eso significa que es el 70% del 75% del valor de tasación…. lo que representa que se adjudica el bien por algo más de la mitad de su valor inicial. Es claramente injusto y hay alguna sentencia en contra.

Igualmente, en el caso de novaciones, si estas se hacen sobre un valor distinto del bien hipotecado, debe hacerse una valoración o nueva tasación por un tasador homologado

 PODEMOS RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN COMO GASTOS DE CONSTITUCIÓN HIPOTECA?

Por supuesto, siempre hay que intentarlo aunque no es seguro que según el juzgado se acaben compartiendo gastos debido al razonamiento de que ambas partes salen beneficiadas. Pero está claro que es el banco el que necesita ese documento más que nadie por lo que debería ser él, el que corriera con los gastos de tasación como explicamos aquí>>> El deudor podría prescindir de él. Por otro lado, para todas las hipotecas constituidas anteriormente a la ley del 2013 sí que serían reclamable su devolución.

HAY TITULIZACIÓN SI HAY CERTIFICADO DE TASACIÓN?

El certificado de tasación también es obligatorio si se quiere utilizar el crédito como garantía de la emisión de títulos hipotecarios para su uso en Fondos de Titulización. Eso es así desde la Ley 2/1.981, de 25 de Marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario al introducir la tasación de la vivienda como obligatoria para que el crédito hipotecario se pueda utilizar como cobertura de una emisión de esos títulos hipotecarios ya que la ley exige determinadas garantías de las hipotecas para garantizar determinado título que se incluye en un Fondo de titulización. Esas garantías para cada título en el caso de la valoración del bien las asegura el certificado de tasación.

Ha habido controversia en los movimientos sociales respecto a este punto, en el sentido que si existía un certificado de tasación significaba que las hipotecas se habían titulizado. Todos o casi todas las hipotecas han sufrido un proceso de titulización. Lo que ocurre es que no es lo mismo que se hayan usado en una cédula, donde el crédito no sale del banco, a una participación hipotecaria o Certificado de Transmisión hipotecaria, en cuyo caso si que se ha vendido y sería objeto de discutir la legitimación activa del banco para ejercer la acción hipotecaria.

NOVEDADES E INFORMACIÓN VALIOSA SOBRE ESTE CERTIFICADO.

La Ley 1/2013 de Protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social establece la obligatoriedad de una expresión manuscrita del deudor, en los términos que fije el Banco de España -BdE-, donde esta de puño y letra escribirá que ha entendido los posibles riesgos derivados del contrato que va a firmar. Estos riesgos definidos por el BdE en su web versan principalmente sobre las cláusulas, suelo,, los instrumentos de cobertura – como swap-, préstamos en divisas, el diferencial y el tipode inetrés – IRPH, EURIBOR.

Ha habido mucha controversia sobre este hecho a causa que parece más que la ley ha venido a salvar el culo a la Banca en la imposición de determinadas cláusulas abusivas, ya que copiar a mano frases del BdE no significa que la persona haya entendido lo que esta firmando.

Si usted a firmado una hipoteca donde se menciona el certificado de tasación debería exigir una copia a su Banco. La tasación se realiza según unos parámewtros fijados por la ley mediante la comparación con otras viviendas de iguales características en la zona donde se vende. Esa comparación debe hacerse sobre viviendas testigos haciendo una media se obtiene el valor por m2 de lo que será después nuestra casa. La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE de 9 de abril) financieras establece, en su Sección 3- artículo 21- que un informe de tasación se hara sobre seis operaciones de compraventa especificando la dirección y el origen de los datos obtenidos. Cuando se conocen esas viviendas testigo podemos comprobar en la web del Cadastro si esas viviendas se corresponden en valores a lo escrito en nuestra tasación y si esos datos se asemejan a nuestra vivienda. En este simple o complejo ejercicio podremos con estupefacción como muchas veces ha habido engaños en los datos suministrados. Eso significa que la tasación se realizó de manera incorrecta o fraudolenta. Cada uno debe valorar cómo usa esa información y cuando la usa en caso de conflictos con la entidad financiera. Una vuelta de tuerca más, sería comprobar en la nota literal que pidamos en el Registro de la Propiedad de cada vivienda testigo si los datos reflejados en esa nota se correponden con los de la tasación. Podría ser que en la época es vivienda no se hubiera vendido


+++ INFORMACIÓN


SEGURO QUE LE INTERESARÁ ESTA INFORMACIÓN:




Charla en la sede de la PAH MADRID, sobre el PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Abogados Low-Cost A.G Giordana Monfort y miembros de PAH Madrid
Charla en la sede de la PAH MADRID, sobre el PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS.

Muchas gracias por seguir en la lucha. Seguimos trabajando juntos.




QUIÉN TIENE QUE PAGAR EL AJD?

Nuestros compañeros/as de Comunidad de Activos Titulizados -Valencia tienen una entrada muy interesante sobre el tema del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados……

¿QUIÉN TIENE QUE PAGAR EL AJD?

Nos la han vuelvo a colar, hemos picado en lo mismo, pero aún podemos solucionarlo. Observa  detenidamente el siguiente artículo…

El pasado 1 de Marzo, el Tribunal Supremo decide dar la razón a la Banca sentenciando que será por cuenta del hipotecado pagar el IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) en la reclamaciones que se están realizando sobre la clausulas (Normalmente la 5ª) en las hipotecas a cargo de la parte prestataria.

Deacuerdo, entonces si observamos bien ésta cláusula, se indica en ella que “todos los gastos serán a nuestro cargo”, es decir, del Hipotecado, sin que ni uno solo de ellos sea a cargo de la entidad bancaria, ni tan si quiera en ningún porcentaje será de ellos…

¡Por tanto, antentos, ya que ahí está la clave!

No se trata de ver quién ó en que porcentaje le corresponde al banco o a tí pagar esos gastos, sino que esta cláusula redactada tal cuál es abusiva, y por tanto, hay que demandar alegándolo así y solicitando pues su nulidad, y conseguir que sea declarada nula por los jueces, por tanto, una vez declarada nula como cláusula abusiva, debe entenderse por no puesta, y por tanto y para finalizar esta parte, lo no puesto nunca existió…

Entonces, si lo que nunca debió existir, nunca debieron cobrarte todos esos gastos, ¡Te los tendrán que devolver!

Ya no se trata de entrar en el transfondo del contenido de la cláusula y analizar a quién le pertenece, puesto que no había una negociación con el reparto de éstos gastos, sino que encima fueran tan desmesurados que todos recaen a cuenta del hipotecado.

Vamos a poner otro ejemplo, y así lo verás más claro y entenderás por que empezábamos diciendo: “Nos la han vuelto a colar”.

Esto mismo ocurre con la Cláusula de Vencimiento Anticipado (la sexta bis normalmente) en la que muchas hipotecas en que vencida 1 cuota ó vencidas 3  cuotas te podrán reclamar el 100% de la hipoteca. Muchos bancos se han escudado ante los jueces en que te han iniciado una E.H. cuando ya debías 10 ó 20 cuotas y se tenía que haber dado por vencida la hipoteca y aquí es donde muchos hemos logrado demostrar que si la cláusula es abusiva de por sí, nada tiene que ver la cantidad de cuotas que no se deban por ser en sí nula, y así sobreseer la E.H.

Pués en aplicar lo mismo que en el caso de reclamación de gastos (la 5ª) darla por nula, sin tener que entrar el juez ni nadie en debatir a quién le pertenece el AJD.

Así que contacta con tu abogado o cuéntalo en tu Colectivo e inicia la demanda de este modo o haz las alegaciones pertinentes en esta linea.

Explícaselo a amigos y familiares y recuperemos todo el dinero que la Banca ha querido quedarse tuyo.

Comunidad de Activos Titulizados -Valencia.


+++ INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA EN>>>

reclamar gastos de formalización de la hipoteca- actualizado 2018

Valoración de la sentencia sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados- IAJD- dictada por el Tribunal Supremo

Localice y limpie de cláusulas abusivas su hipoteca -actualizada

 




juicios ordinarios hipotecarios en procesos declarativos y medidas cautelares (coetáneas)

Como venimos informando en este blog, desde hace meses las entidades financieras están usando otro sistema distinto a la ejecución hipotecaria para reclamar el impago hipotecario, lo que antes se consideraba una ejecución hipotecaria.

¿Por qué no utilizan el proceso sumario de una ejecución hipotecaria?

Pues porqué muchos abogados defensores de los hipotecados, decimos muchos, no todos por desgracia (sobre todo en el turno de oficio), usan toda la artillería de cláusulas abusivas (por sentencias del TJUEuropeo o del T.Supremo español)que deja un margen más reducido a la Banca para ejecutar la garantía. Hoy, muchas veces sin la ayuda inestimable de la Judicatura o la inexperiencia del turno de oficio, por no ser especializado, prácticamente se anularían la mayoría de ejecuciones hipotecarias. Aún así, muchos juzgados de primera instancia i audiencias provinciales están timbando ejecuciones hipotecarias lo que abliga a los bancos a buscar la alternativa de un proceso declarativo. Esas son las razones que pusieron de moda años atrás las ejecuciones notariales y ahora los procedimientos declarativos ordinarios que están inundando los tribunales ordinarios.

¿Que son juicios ordinarios en procesos declarativos?

Si la Ley no determina una tramitación especial cuando hay un litigio entre partes, entonces se acude a la Justicia a declarar y buscar una solución. Este proceso declarativo se realiza en un juicio ordinario o verbal. En el caso hipotecario que nos ocupa, en las que las deudas superan los 6000 euros, la Banca presenta una demanda de juicio ordinario que se encuadra dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil- LEC- para conflictos que tratan materias como las acciones ejercidas en virtud de las condiciones generales de contratación.

Resulta curioso, que habiendo una tramitación especial, sumaria, como es la ejecución hipotecaria, la Banca opte cada vez más por este otro procedimiento de reclamación de deudas hipotecarias. No hay otra razón que los contratos hipotecarios eran en realidad contratos de adhesión llenos de cláusulas abusivas que la justicia europea, sobre todo, a puesto en  la picota.

Hay que reconocer que el primer caso que tuvimos en mano fue de Anticipa-BBVA en el verano del 2017. Hemos visto, desde entonces, en muchos blogs comentarios de abogados buscando a la desesperada soluciones a esta nueva vía judicial. Tenemos que felicitar a los gabinetes de abogados de las entidades financieras porqué han trabajado mucho para pulir esta nueva vía de reclamación de deudas hipotecarias.

¿Nueva estrategia bancaria o el modo normal de resolver los impagos de hipoteca?

El núcleo de la cuestión se encuentra en la cláusula 6-bis de la mayoría de los contratos hipotecarios vigentes. La cláusula de vencimiento  anticipado permite a la entidad financiera resolver el contrato por el impago, hoy, de varias cuotas. En este sentido, el Tribunal Supremo ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- en relación con las consecuencias que tendría la declaración de abusiva de dicha cláusula de vencimiento anticipado, puesto que obligaría al banco precisamente a acudir a un proceso declarativo. El TJUE está a punto de dictar sentencia y todo hace pensar que no será muy favorable a los bancos.

Los fundamentos de derecho sobre los que el Banco se asienta la demanda de juicio ordinario se atienen al artículo 1124 del Código Civil- CC-:

Artículo 1124

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

Pero la demanda de juicio ordinario tiene sus inconvenientes respecto del proceso ejecutivo. En primer lugar, tiene cuatro pasos. El primero es que se presente la demanda. El segundo hay una contestación del hipotecado por lo que en tercer lugar, el banco debe proponer unas pruebas que en cuarto lugar llevaran a un juicio antes de dictarse “una sentencia”.  Por contra el procedimiento ejecutivo tan solo necesitaban una demanda ejecutiva con título suficiente, la copia ejecutiva del registro de la propiedad, ante lo cual el deudor solo podía oponerse o pagar, estando sus posibilidades de defensa muy mermadas hasta que llegaron las cláusulas abusivas. Pero esta nueva estrategia tiene su talón de Aquiles.

En la ejecución hipotecaria, el juez pregunta si no se ha pagado y entonces el Banco, basándose en la cláusula de vencimiento anticipado, reclama la totalidad de la deuda subastando la casa que es lo que quiere el Banco y si hay deudores solidarios o avalistas, y la deuda no esta saldada, se va a por ellos todo mediante Autos. Por contra, en el juicio ordinario, hay una sentencia que se debe un dinero y por lo tanto se da por resuelta la hipoteca. Por lo tanto, la hipoteca queda resuelta con esa sentencia, hay una deuda, pero no hay hipoteca sobre la garantía- vivienda- por lo que también quedan libres los avalistas. Si hay una sentencia que obliga a pagar una deuda reconocida judicialmente, no hay hipoteca, y por lo tanto, con la prueba documental podemos ir al Registro de la Propiedad a eliminar esa carga. Si no hay carga, la vivienda se puede vender y el dinero sería potestad del deudor gastarlo o no en pagar sus deudas. Pasamos de una deuda garantizada por un inmueble a una deuda personal, como quién debe un recibo de un coche, que tiene sus propios modos de apremio.

¿Es mejor o peor esta nueva vía?

Esta vía debería haber sido la normal y no el procedimiento hipotecario. La demanda por procedimiento ordinario permite una defensa del deudor que está vedado en el procedimiento ejecutivo. En este procedimiento no solo es discutible la cláusula de vencimiento anticipado, sino que se puede introducir un nueva lógica como sería la corresponsabilidad del banco por una incorrecta valoración de los riesgos asociados a la concesión del préstamo. La misma existencia de avales confirma que la tasación es incorrecta, porqué además las tasadoras tampoco eran independientes. Hemos encontrado decenas de casos que para un préstamo con garantía hipotecaria se han usado los avales de 3 o 4 personas más que a su vez avalaban a los primeros y no tenían ni parentesco ni se conocían más que a través del director de la oficina que los reunía. En el contrato de préstamo, ambas partes, tienen obligaciones pero la de la entidad financiera es la única responsable de valorar los riesgos de la contraparte y los sistémicos asociados a la economía, ya que son ellas las que a través de la creación de dinero-deuda deciden la marcha económica.

¿Si hay deuda no hay hipoteca? La razón de las medidas cautelares preventivas sobre el registro de la propiedad.

Recientemente hemos recibido un caso que hace paradigmática esta nueva vía: el banco reclama una medida cautelar o coetánea previa a cualquier inicio de juicio.  En la siguiente imagen de la demanda que explicamos se observa como Bankia pide la adopción de medida cautelar de anotar en el Registro de la Propiedad de la finca en litigio que existe esta demanda judicial sobre bienes o derechos susceptibles de inscripción registral. Por ello, previamente a la presentación misma de la demanda el Banco se asegura en el registro que tendrá preeminencia en las posibles deudas posteriores a las que pudiere incurrir el demandado/a.

El banco hasta acepta que el demandado pueda imponer una caución a su medida cautelar. Nuestros abogados primeramente se extrañaron por las medidas coetáneas, porqué son propias de juicios ordinarios especiales que tienen relación con demandas civiles relativas a divorcio y tutela filial.
En definitiva, las medidas cautelares tienen por objeto ANCLAR EL DERECHO DEL BANCO SOBRE LA VIVIENDA, LA GARANTÍA, porque en los procesos ordinarios eso no esta garantizado.

La reconvención por cláusulas abusivas en los procedimientos declarativos hipotecarios

En fecha 25 de mayo del 2017, el Consejo General del Poder Judicial acordó a propuesta del Gobierno la controvertida creación de 54 Juzgados especializados en las demandas por cláusulas abusivas de las entidades financieras. Esto ha dado como resultado que un deudor se puede encontrar con una demanda ejercida por él contra la entidad financiera por cláusulas abusivas y al mismo tiempo la entidad financiera con esas cláusulas iniciar un proceso declarativo contra el deudor/a. Por lo que en dos juzgados distintos y con competencias distintas no se hace posible la reconversión en una sola causa.

Como el criterio establecido por el TJUE es que cualquier juzgado debe apreciar de oficio las cláusulas contractuales abusivas con consumidores, aún no admitiendo la reconvención, los juzgados tendrían la obligación de apreciar de oficio el posible carácter abusivo de dichas cláusulas. Las entidades financieras dirán que existen otros canales para ello y se opondrán al tema. La guerra está abierta

Salva TORRES


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR.


 




la banca española acumula muchos problemas judiciales con los abusos en las cláusulas de sus contratos hipotecarios

No va a ser una sorpresa para nadie, en uno de los países más bancarizados de Europa, decir que un contrato de crédito hipotecario es un compendio de cláusulas abusivas. Las hay a decenas. Sencillamente los bancos han impuesto sus normas a la clase política y a los ciudadanos impelidos por la necesidad de una vivienda o que por desear una propiedad han aceptado esos “contratos de adhesión”- o lo tomas o lo dejas– sin calcular las consecuencias a largo plazo que tenían el incumplimiento por su parte de ese contrato que dependía de las vicisitudes de la vida y del dinero que los mismos bancos usan para dirigir la economía del país a dónde quieren. Muchas veces en las consultas te haces cruces de lo crédula que es la gente con el capital financiero y que intolerante es con sus congéneres.

La mentira de la Banca ha llegado, como hemos denunciado en estas páginas, hasta la manipulación de los mismos índices de tipos de interés como el EURIBOR o los diferentes IRPH hoy en la picota. De hecho, varios bancos europeos fueron multados con la cantidad más grande jamás impuesta por la manipulación de su EURIBOR. Esperamos que no sean menos los distintos IRPH – Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios –  que o bien ya han desaparecido o están ahora en la casilla de salida de una nueva sentencia del TJUE – Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del IRPH, el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona abrió pieza separada para la tramitación de la cuestión prejudicial ante el TJUE, como informamos en su momento. El caso es que esa sentencia está al caer y puede ser un duro revés dependiendo de como se resuelva, no sólo para la banca, sino para el propio Tribunal Supremo que salvó en extremis del pago de miles de millones de euros en reclamaciones a los cuatro grandes bancos que quedan. El mismo TS que no consideró que hubiera falta de transparencia tuvo a dos magistrados que con su discrepancia han permitido que pudiera solicitarse al TJUE que se pronunciará sobre este asunto. Pero ahora el hecho es que varios juzgados se han apuntado al carro – Gava y La Bisbal- y han suspendido cautelarmente autos sobre ejecuciones hipotecarias sobre IRPH, según informa El Boletín. (1)

Además esta semana ha entrado en el TJUE hasta 5 causas sobre la cláusula de vencimiento anticipado por Abanca, Bankia y BBVA. Esta cláusula situada en el apartado 6 en la mayoría de las escrituras hipotecarias, suponía la resolución del contrato hipotecario por el impago de una sola cuota. La pregunta era de cómo puede el impago de una fracción ínfima de un contrato (0,2%)) suponer la demanda por la totalidad de la deuda. Pero ojo, deuda es un derecho vencido y exigible…. y en este caso ¿las cuotas no vencidas hay que considerarlas como deuda?. Esa es la cuestión que tiene que dilucidar el TJUE al que han llegado un total de cinco cuestiones prejudiciales de diferentes juzgados empezando por el Tribunal Supremo que pregunta al Alto Tribunal europeo cuál es el alcance y los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario. (2)

El TJUE ya puso contra las cuerdas al Tribunal Supremo español en 2017 por el vencimiento anticipado

Después de tantas intervenciones del TJUE sobre la legislación hipotecaria española, uno llega a la conclusión que la Justicía española siempre se decanta del lado del más fuerte: la Banca. Como la normativa de defensa del consumidor de la Unión Europea era muy garantista, muchos valientes letrad@s continuaron exprimiendo esa normativa de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) por sentencia de 26 de enero de 2017 resuelve, por enésima vez, una de las cuestiones prejudiciales planteadas por Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander en relación con el préstamo hipotecario concedido por el Banco Primus a un cliente. Esta sentencia del TJUE pone nuevamente patas arriba la cláusula de vencimiento anticipado tal como viene dispuesta en la mayoría de las hipotecas y tal como se entendía hasta entonces.

De resultas de esta sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo español -TS- obligado a digerir la sentencia del TJUE en Auto de fecha 8 de febrero de 2017 eleva, y retrasa su aplicación, cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que se pronuncie si la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado impide al Juez nacional español continuar con el procedimiento hipotecario (sobreseerlo) o no. El caso llega al TS por un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, anulando una cláusula de vencimiento anticipado. Hoy estamos a la espera que el TJUE se pronuncie

El negocio de las titulizaciones también anda revuelto en el BCE.

También hemos sabido, a través de VoxPopuli, que el BCE quiere poner coto a las titulizaciones de créditos hipotecarios de la Banca. Este negocio financiero, responsable de la última crisis del 2007, supone una cifra de casi medio billón de euros a la Banca española y es un pozo sin fondo de porquería como hemos venido denunciando desde nuestros blogs.

En concreto, todas las titulizaciones hipotecarias: de bonos, cédulas, participaciones o certificados de transmisión hipotecaria deberán pasar por la supervisión del BCE. Debe estar la cosa muy mal, porqué precisamente es el BCE quién se ha negado sistemáticamente a poner transparencia en ese sector financiero adicto a la cleptomanía y al dinero ajeno como hemos denunciado desde siempre en estas páginas. (3)

La cesión de créditos a fondos buitre o cómo eximir al banco de comunicar al hipotecado la cesión de su préstamo a un tercero

Finalmente hemos sabido por Confilegal que 12 desahuciados por fondos buitre han presentado una queja formal ante el Tribunal de Derechos de los Consumidores contra la ley hipotecaria española que permite a través del art. 149 de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre  eximir al banco de comunicar al hipotecado la cesión de su préstamo a un tercero. Aunque otro artículo, el art. 242 del Reglamento Hipotecario establezca que el deudor deba ser notificado en caso de cesión del título, matiza que podrá renunciar a dicho derecho. Esta cláusula se encuentra en todas las escrituras de hipotecas pues es la que resuelve que el banco se libre de informar de la cesión-venta de su hipoteca a un fondo de titulización o en este caso, informar de la venta a un fondo inversor- hedge fund. Igualmente el poder legislativo – todos los partidos del régimen del 78- libraron en la normativa hipotecaria de inscribir las cesiones en el registro de la propiedad que ha llevado a un sinfín de protestas de los registradores más escrupulosos con las normas legales.

Todo ello significa que entre la legislación española y la comunitaria hay un desfase que es el que ha permitido presentar la queja de los afectados a Europa. La directiva 2008/48/CE de 23 de abril establece en su artículo 2ª que el consumidor será informado en caso de que su entidad financiera decidiera la cesión de su crédito. Lo mismo establece la llamada directiva hipotecaria, la 2014/17/UE de 4 de febrero en su art. 17. “Aún no ha sido traspuesta en España, pero está plenamente vigente en aplicación del principio de los principios de efectividad y primacía del Derecho de la UE”, explica el rotativo.

El resultado no puede ser solo peligroso para el banco sino para el propio Estado español que podría verse obligado a indemnizar a los afectados por daños y perjuicios siguiendo la sentencia Van Gend and Loos de 1963 o la sentencia Francovich de 1991 que declaró que “la pasividad por parte del Estado español no garantiza la protección del cliente bancario “.

El quid de la cuestión se encuentra, no solo en la clausula abusiva de los contratos hipotecarios, sino en la consideración de un crédito litigioso en el momento que se realiza la venta del mismo sin informar adecuadamente al deudor o sin tan siquiera saberlo adecuadamente como creemos ha pasado con miles de hipotecas vendidas a Blackstone y gestionadas por Anticipa.

Salva TORRES


+++ INFORMACIÓN>>>>>

  1. Los juzgados ‘ignoran’ al Supremo en los juicios por las hipotecas vinculadas al IRPH.
  2. Un nuevo calvario para la banca: el TJUE abre vistas por las cláusulas de vencimiento anticipado en las hipotecas.
  3. El BCE pone coto a las titulizaciones, un negocio de más de 30.000 millones para la banca española.
  4. La Comisión Europea estudiará las cesiones de crédito a los fondos buitre.

 




procedimiento hipotecario ordinario: ¿se puede desvincular la deuda de la vivienda o garantía? y los avalistas a salvo.

Hoy en día los bancos utilizan dos métodos para proceder al desahucio de las casas. Uno es el de EJECUCIÓN HIPOTECARIA, digamos, el de toda la vida. El otro, la otra vía que están utilizando ahora es el PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

¿Qué sucede en una EJECUCIÓN HIPOTECARIA?

En una ejecución hipotecaria se va desarrollando mediante autos, es decir, mediante resoluciones judiciales pronunciadas sobre las peticiones que van realizando ambas partes.

Dentro de ese proceso se ejecuta la garantía hipotecaria, y se reclama el saldo deudor si quedara, tanto contra los deudores hipotecarios como contra sus avalistas.

¿Qué supone esta nueva vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO?

Primero que dicho procedimiento, ataca al dinero endeudado, pero no vincula la deuda directamente a la casa, sino al préstamo hipotecario.

Segundo, el banco utiliza este procedimiento ordinario para ir “más deprisa”, pero en este caso se reclama una cantidad de dinero y dicho procedimiento finaliza mediante sentencia, una vez firme la misma, el demandado dispone de 20 días hábiles para cumplirla.

Una vez firme la sentencia en el caso que sea con un pronunciamiento desfavorable a nuestros clientes, en referencia a que se dé por resuelto el préstamo, el mismo préstamo “dejaría” de existir.

Esto motivaría que al día siguiente de que sea una sentencia FIRME, la entidad financiera debería comunicar al REGISTRO DE LA PROPIEDAD la INEXISTENCIA del préstamo hipotecario, dejando LIBRE DE CARGAS LA FINCA.

LA DEUDA DEJA DE ESTAR LIGADA A LA VIVIENDA Y POR LO TANTO A LOS AVALISTAS.

Con esto no queremos decir que la deuda DESAPAREZCA y se esfume, pero sí dejará de estar ligada a la VIVIENDA y a los avalistas. El contrato en sí de esta hipoteca desaparece y la deuda tan solo quedaría referenciada como si se tratase de un préstamo personal.

Sigue existiendo la deuda, pero la casa y sus avalistas quedarían fuera de la ecuación, dejando así LIBRE DE CARGAS LA FINCA.

Transcurridos los días de cumplimiento voluntario por mis defendidos y si éstos no pagaran la deuda, la misma sería una deuda PERSONAL y COMÚN, como hemos dicho anteriormente, pero ya no sería una deuda REAL y los avalistas no estarían unidos a este proceso.

Una de las opciones que cabría sería realizar un CONCURSO DE ACREEDORES, donde la entidad financiera perdería toda la ventaja mientras era un préstamo hipotecario.

Andres Giordana, abogado

42861 Icab


También le puede interesar

cuánto sueldo me pueden embargar por impago de la hipoteca – actualizado 2017

la banca inventa: ejecución hipotecaria? no! … demanda de juicio ordinario.




Debate: Los hogares que perdieron su piso x ejecución hipotecaria reclamarán perjuicios al Banco según sentencia del Tribunal Supremo

.- LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/14/2013

.- PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

.- ES UNA SENTENCIA QUE AFECTA A MILES DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

.- LA PRENSA PANIAGUADA HA OCULTADO SU IMPORTANCIA

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…

+++ info SOBRE LA SENTENCIA>>>>




Las familias que perdieron su vivienda antes del 03/04/2013 podrán revocar la sentencia y reclamar daños al Banco y al Estado

versión actualizada: mayo 2018

.- LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/04/2013

PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

.- ES UNA SENTENCIA QUE AFECTA A MILES DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

.- LA PRENSA PANIAGUADA HA OCULTADO SU ENORME IMPORTANCIA

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…


El fallo del alto tribunal dice:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Dña. Leticia y D. Ovidio contra la sentencia n.º 682/2014, de 4 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el recurso de apelación núm. 229/2014 , que anulamos y dejamos sin efecto.
  2. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao, en el juicio ordinario n.º 642/2013, con fecha 16 de enero de 2014, que confirmamos.
  3. No hacer expresa imposición de las costas causadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, e imponer a Celeris Servicios Financieros S.A., EFC las costas del recurso de apelación.
  4. Ordenar la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y la pérdida del prestado para el recurso de apelación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.


El Supremo sentencia que los casos aparentemente juzgados pueden no estar cerrados porque el TS considera que en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 03/14/2013, los jueces no podían revisar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos hipotecarios ni los deudores podían oponerse aduciendo dichas cláusulas. por todo ello, el Alto Tribunal resuelve que las ejecuciones hipotecarias anteriores a esa fecha no tienen  por lo que entiende el TS que dichos procedimientos de ejecución hipotecaria no tienen fuerza de cosa juzgada.

El Tribunal Supremo abre la Caja de Pandora para la Banca: no sólo no es cosa juzgada sino que se podrá reclamar por daños y perjuicios derivados de la pérdida de la vivienda habitual de resultas de la aplicación indebida de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado. El deudor podrá por lo tanto, recuperar su vivienda y si no es posible exigir una compensación económica por ello. No sólo eso, se abre la posibilidad de reclamar al estado posibles perjuicios derivados.

LA ENORME IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA HA PASADO DESAPERCIBIDA POR LA MAYORÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PANIAGUADOS DE LA GRAN BANCA.

DOCUMENTACIÓN ÚTIL>>>>>



La sentencia 526/2017 del Tribunal Supremo nos ha dejado estas noticias relevantes en Internet:


En el siguiente vídeo el activista contra los abusos bancarios Antonio Muñoz del canal youtube “Ventana Esmeralda” explica muy bien EL ALCANCE DE ESTA SENTENCIA.




‘Si lo cuentas te arrepentirás’: el abogado José Ángel Gallegos denuncia a un juez…

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR




El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

Después de la visita de José María Eurasquín a Barcelona convidado por diversos colectivos, entre los que está nuestra Asociación, publicamos una noticia muy importante…

El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

IRPH STOP GIPUZKOA RECOMIENDA LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL EUROPEO

CUANDO SE CUMPLEN EXACTAMENTE CUATRO AÑOS DEL INICIO DE LA BATALLA JUDICIAL CONTRA EL IRPH, EL FIN DEL ABUSO ESTÁ CADA DÍA MÁS CERCA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite la cuestión prejudicial relativa al IRPH elevada por el juzgado de instrucción número 38 de Barcelona (ver el auto del juzgado de Barcelona). Se trata de una solicitud planteada por el abogado Alejandro Benavente, de Urbe Abogados, despacho que colabora con Abogados Res, firma donostiarra pionera a nivel estatal en la batalla contra el IRPH. El documento admitido por el Tribunal Europeo está por tanto avalado por el conocimiento de los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, que iniciaron la batalla legal contra el IRPH colaborando de manera gratuita con IRPH Stop Gipuzkoa.

Se da la circunstancia de que el 17 de febrero se han cumplido exactamente 4 años desde que se presentó la primera demanda de nulidad de la cláusula IRPH por ser abusiva. Fue obra de Maite Ortiz y José María Erauskin en colaboración con IRPH Stop Gipuzkoa, y resultó en la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Cuatro años más tarde, la batalla sigue abierta a pesar del reciente intento del Tribunal Supremo español de darle carpetazo.

Se trata de una muy buena noticia para todas las personas afectadas por este índice, que vieron con preocupación cómo el pasado 14 de diciembre de 2017 el Supremo avalaba con su sentencia la aplicación del IRPH sin ningún requerimiento de transparencia.

Se abre ahora un proceso que podría resultar en un nuevo revés desde Europa para el Tribunal Supremo español. No sería la primera ni la segunda ocasión en la que el tribunal europeo corrige al español en asuntos de abuso bancario. Las esperanzas de las personas afectadas por las más de 1.3 millones de hipotecas referidas a este índice están por tanto puestas en Europa. Y no se trata de esperanzas infundadas, pues la propia sentencia del Supremo incluía el voto particular de dos magistrados que afirmaban sin ambages que el fallo del alto tribunal español era contrario al derecho europeo.

Mientras el TJUE analiza la cuestión, desde IRPH Stop Gipuzkoa recomendamos a todas las personas afectadas que haya iniciado un proceso de demanda judicial contra el IRPH que insten su suspensión temporal hasta conocerse la respuesta del tribunal europeo al asunto, al que ha asignado la referencia C-125/18 (asunto Gómez del Moral Guasch). Y es que, a pesar de que son ya varias los juzgados que han dictado sentencias contrarias al criterio del Supremo (anulando por tanto la cláusula de IRPH por abusiva), no cabe duda que las entidades recurrirán y si el tema llega al Supremo éste volverá a fallar a favor de la banca.

El llamamiento de IRPH Stop Gipuzkoa se extiende a todos los juzgadores: suspendan de oficio todos los procesos abiertos en relación a la cláusula IRPH.

Y, por supuesto, el llamamiento se extiende también a las entidades bancarias: dejen de aplicar este índice abusivo. En el caso de IRPH Stop Gipuzkoa queremos hacer un llamamiento especial a Kutxabank, entidad con mayor número de hipotecas con IRPH en nuestro territorio y que hasta su privatización fue una entidad de todos los ciudadanos, creada a partir de las cajas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: detengan de inmediato la aplicación de este índice criminal. Tengan un poco de vergüenza.

 

La Audiencia Provincial de Araba ha iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al IRPH, a instancias los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin en un proceso contra Kutxabank. Cabe señalar que se trata de la misma audiencia, misma entidad bancaria y mismos abogados demandantes que en el caso resuelto por el Tribunal Supremo, en el que dicho tribunal anuló una sentencia de la Audiencia de Araba dando así la razón a Kutxabank y validando la aplicación de este índice.

Anteriormente, dos jueces de Barcelona y Mallorca ya iniciaron los mismos trámites. Además, tras un primer caso en Amurrio ya son varias las sentencias dictadas anulando la cláusula IRPH, en contradicción con el criterio del Supremo. La batalla judicial contra el IRPH sigue por tanto muy activa, a pesar del pronunciamiento del Supremo. A ello contribuye que la propia sentencia del Supremo incluyera un voto particular que afirmaba rotundamente que la misma era contraria al derecho comunitario.

En el caso de Araba Kutxabank ya ha respondido oponiéndose a la opción de preguntar a Europa, alegando que «lo que ocurre es que a los recurrentes no les satisface la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo». Habrá que ver qué decide ahora el juez. Lo que es obvio es que si no es este caso será otro, pero el tema del IRPH terminará llegando al Tribunal Europeo.

 

Después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo arrojara un jarro de agua fría sobre los afectados por IRPH con una sentencia que avalaba la aplicación de este índice, el inicio de año está trayendo muy buenas noticias para las personas afectadas.

Por un lado, durante el mes de enero se han conocido tres casos de juzgados que han dictado sentencias de nulidad de IRPH, contradiciendo al Supremo y aplicando la jurisprudencia europea. Se confirma por tanto que no todo estaba perdido en la batalla judicial contra el IRPH, algo que ya se vislumbraba con la lectura del voto crítico de dos magistrados del Tribunal Supremo, que afirmaban que la sentencia que avalaba la aplicación del IRPH era contraria al derecho comunitario.

Ahora además hemos conocido que un juzgado de primera instancia de Barcelona y la Audiencia Provincial de Mallorca han iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial relativa al IRPH ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, la providencia, la que ha tenido acceso IRPH Stop Gipuzkoa (y que puede consultarse haciendo clic aquí), declara que «se suscitan dudas sobre la conformidad del Derecho de la Unión con el derecho nacional», haciendo referencia expresa a la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, de fecha 14 de diciembre de 2017, que revocó una sentencia de nulidad de la cláusula IRPH.

El juez de Barcelona cuestiona el fondo de la sentencia del Supremo, que afirmaba que al ser el IRPH un índice oficial no cabe aplicar ningún control de transparencia a su incorporación al contrato. El juzgador se pregunta si para la comprensión de la cláusula por parte del consumidor sería necesario proporcionar todos los datos relativos a la configuración del IRPH, y destaca algunas de las características más controvertidas del índice, detallando «que este índice incluye las comisiones y demás gastos, que se trata de una media simple no ponderada sin ningún mecanismo de corrección de las desviaciones que se observen y que es opaco, en comparación con el otro habitual, el Euribor».

El juzgador plantea además una segunda duda, y se pregunta si, en caso de declarase la nulidad de la cláusula relativa al tipo de interés, el préstamo debe quedar con interés nulo.

La providencia abre una pieza separada para elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, iniciando así los trámites necesarios para que el TJUE evalúe la cuestión.

Cabe subrayar que el Tribunal Europeo no va a evaluar la configuración del IRPH ni va a dictar si es bueno o malo, sino que se limitará a determinar si, en aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas, su incorporación al contrato debe hacerse de una manera transparente. En caso afirmativo, el TJUE corregiría una vez más al Tribunal Supremo español, que en este caso determinó que al ser el IRPH un índice oficial no cabía exigir a las entidades bancarias que fueran transparentes en su aplicación ni que dieran las explicaciones oportunas a los consumidores.

Se trata de una muy buena noticia en opinión de IRPH Stop Gipuzkoa. Seguimos convencidos de que venceremos. Mientras tanto, queremos enviar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas. El camino está siendo muy largo, desde que hace cuatro años, en 2014, nuestra plataforma inició la batalla jurídica contra este abuso y consiguió la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Pero terminaremos venciendo.

Un juzgado de Amurrio (Araba) dictó el pasado 15 de enero la primera sentencia conocida que anulaba por abusiva la cláusula de IRPH contradiciendo directamente la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017. Ahora se han conocido dos nuevas sentencias, de fechas 15 y 18 de enero y dictadas en Sagunto y Alicante respectivamente, que igualmente anulan por abusiva la cláusula de IRPH.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia, favorable al IRPH, era contraria al derecho europeo. Son ya como mínimo tres los juzgados que coinciden con el criterio de estos magistrados discrepantes, y no cabe duda que habrá más.

Y tampoco cabe duda alguna sobre cómo terminará todo esto: ante la falta de unanimidad en el propio Tribunal Supremo algún juzgador decidirá elevar cuestión prejudicial a Europa, y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien analice el caso. La esperanza de las miles de familias afectadas es ahora que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.


Nota: las sentencias están disponibles en el apartado Tribunales de nuestra web, y también las puedes descargar haciendo clic aquí (Sagunto) y aquí (Alicante).


 

PRIMERA SENTENCIA DE NULIDAD DE IRPH CONTRADICIENDO AL TRIBUNAL SUPREMO

UN JUZGADO DE AMURRIO (ARABA) DECLARA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE IRPH Y LO HACE «EN APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA»

SE DEMUESTRA QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO NO HA AGOTADO LA VÍA JURÍDICA Y QUEDA CLARO QUE EL IRPH TERMINARÁ SIENDO JUZGADO POR EL TRIBUNAL EUROPEO

Donostia, 19-1-2018

Una sentencia fechada el 15 de enero en Amurrio (Araba) se ha convertido en la primera en contradecir al Tribunal Supremo y declarar nula la cláusula de IRPH. Es al menos la primera que conocemos.

Un mes después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo resolviera a favor de la banca en el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite se ha publicado esta sentencia que, contradiciendo al Supremo, decide declarar abusiva la cláusula de interés IRPH y lo hace «en aplicación de la jurisprudencia europea».

Se trata de un avance de gran importancia en la lucha contra este índice abusivo. Y aunque sólo era cuestión de tiempo que algún juez decidiera dar el paso y negarse a aplicar la chapucera sentencia del Supremo, el fallo de Amurrio no deja de ser una muy buena noticia para todas las personas afectadas por el índice.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia era contraria al derecho europeo. La jueza de Amurrio comparte este criterio y anula la cláusula tras comprobar que los demandantes «no tuvieron posibilidad real de comprender el alcance de las disposiciones relativas al tipo de interés». Además, y también en aplicación de la jurisprudencia europea, la jueza de Amurrio no sustituye el IRPH por otro índice, sino que deja el préstamo sin interés.

Es especialmente significativo que esta sentencia haya sido dictada en Araba, pues el más que previsible recurso de la entidad bancaria (Caja Rural de Navarra) deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Araba, que es precisamente la autora de la sentencia que fue revocada por el Supremo el pasado 14 de diciembre. La Audiencia alavesa deberá decidir ahora si cambia de criterio y acata la sentencia del Supremo o si por el contrario se mantiene firme en su doctrina favorable a la nulidad de la cláusula IRPH. Existe una tercera opción, y es que la Audiencia decida plantear una cuestión prejudicial solicitando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida sobre la materia. Lo que es obvio es que si no es la Audiencia de Araba será algún otro Juzgado o Audiencia quien lo solicite, y por tanto se puede dar por hecho que el IRPH terminará siendo juzgado en Europa.

La esperanza de las miles de familias afectadas es por tanto que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.

Desde IRPH Stop Gipuzkoa valoramos muy positivamente la sentencia y enviamos un mensaje de ánimo a todas las familias afectadas. Costará, pero venceremos.

Nota: la sentencia está disponible en el apartado Tribunales de nuestra web, y también la puedes descargar haciendo clic aquí.