juicios ordinarios hipotecarios en procesos declarativos y medidas cautelares (coetáneas)

Como venimos informando en este blog, desde hace meses las entidades financieras están usando otro sistema distinto a la ejecución hipotecaria para reclamar el impago hipotecario, lo que antes se consideraba una ejecución hipotecaria.

¿Por qué no utilizan el proceso sumario de una ejecución hipotecaria?

Pues porqué muchos abogados defensores de los hipotecados, decimos muchos, no todos por desgracia (sobre todo en el turno de oficio), usan toda la artillería de cláusulas abusivas (por sentencias del TJUEuropeo o del T.Supremo español)que deja un margen más reducido a la Banca para ejecutar la garantía. Hoy, muchas veces sin la ayuda inestimable de la Judicatura o la inexperiencia del turno de oficio, por no ser especializado, prácticamente se anularían la mayoría de ejecuciones hipotecarias. Aún así, muchos juzgados de primera instancia i audiencias provinciales están timbando ejecuciones hipotecarias lo que abliga a los bancos a buscar la alternativa de un proceso declarativo. Esas son las razones que pusieron de moda años atrás las ejecuciones notariales y ahora los procedimientos declarativos ordinarios que están inundando los tribunales ordinarios.

¿Que son juicios ordinarios en procesos declarativos?

Si la Ley no determina una tramitación especial cuando hay un litigio entre partes, entonces se acude a la Justicia a declarar y buscar una solución. Este proceso declarativo se realiza en un juicio ordinario o verbal. En el caso hipotecario que nos ocupa, en las que las deudas superan los 6000 euros, la Banca presenta una demanda de juicio ordinario que se encuadra dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil- LEC- para conflictos que tratan materias como las acciones ejercidas en virtud de las condiciones generales de contratación.

Resulta curioso, que habiendo una tramitación especial, sumaria, como es la ejecución hipotecaria, la Banca opte cada vez más por este otro procedimiento de reclamación de deudas hipotecarias. No hay otra razón que los contratos hipotecarios eran en realidad contratos de adhesión llenos de cláusulas abusivas que la justicia europea, sobre todo, a puesto en  la picota.

Hay que reconocer que el primer caso que tuvimos en mano fue de Anticipa-BBVA en el verano del 2017. Hemos visto, desde entonces, en muchos blogs comentarios de abogados buscando a la desesperada soluciones a esta nueva vía judicial. Tenemos que felicitar a los gabinetes de abogados de las entidades financieras porqué han trabajado mucho para pulir esta nueva vía de reclamación de deudas hipotecarias.

¿Nueva estrategia bancaria o el modo normal de resolver los impagos de hipoteca?

El núcleo de la cuestión se encuentra en la cláusula 6-bis de la mayoría de los contratos hipotecarios vigentes. La cláusula de vencimiento  anticipado permite a la entidad financiera resolver el contrato por el impago, hoy, de varias cuotas. En este sentido, el Tribunal Supremo ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- en relación con las consecuencias que tendría la declaración de abusiva de dicha cláusula de vencimiento anticipado, puesto que obligaría al banco precisamente a acudir a un proceso declarativo. El TJUE está a punto de dictar sentencia y todo hace pensar que no será muy favorable a los bancos.

Los fundamentos de derecho sobre los que el Banco se asienta la demanda de juicio ordinario se atienen al artículo 1124 del Código Civil- CC-:

Artículo 1124

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

Pero la demanda de juicio ordinario tiene sus inconvenientes respecto del proceso ejecutivo. En primer lugar, tiene cuatro pasos. El primero es que se presente la demanda. El segundo hay una contestación del hipotecado por lo que en tercer lugar, el banco debe proponer unas pruebas que en cuarto lugar llevaran a un juicio antes de dictarse “una sentencia”.  Por contra el procedimiento ejecutivo tan solo necesitaban una demanda ejecutiva con título suficiente, la copia ejecutiva del registro de la propiedad, ante lo cual el deudor solo podía oponerse o pagar, estando sus posibilidades de defensa muy mermadas hasta que llegaron las cláusulas abusivas. Pero esta nueva estrategia tiene su talón de Aquiles.

En la ejecución hipotecaria, el juez pregunta si no se ha pagado y entonces el Banco, basándose en la cláusula de vencimiento anticipado, reclama la totalidad de la deuda subastando la casa que es lo que quiere el Banco y si hay deudores solidarios o avalistas, y la deuda no esta saldada, se va a por ellos todo mediante Autos. Por contra, en el juicio ordinario, hay una sentencia que se debe un dinero y por lo tanto se da por resuelta la hipoteca. Por lo tanto, la hipoteca queda resuelta con esa sentencia, hay una deuda, pero no hay hipoteca sobre la garantía- vivienda- por lo que también quedan libres los avalistas. Si hay una sentencia que obliga a pagar una deuda reconocida judicialmente, no hay hipoteca, y por lo tanto, con la prueba documental podemos ir al Registro de la Propiedad a eliminar esa carga. Si no hay carga, la vivienda se puede vender y el dinero sería potestad del deudor gastarlo o no en pagar sus deudas. Pasamos de una deuda garantizada por un inmueble a una deuda personal, como quién debe un recibo de un coche, que tiene sus propios modos de apremio.

¿Es mejor o peor esta nueva vía?

Esta vía debería haber sido la normal y no el procedimiento hipotecario. La demanda por procedimiento ordinario permite una defensa del deudor que está vedado en el procedimiento ejecutivo. En este procedimiento no solo es discutible la cláusula de vencimiento anticipado, sino que se puede introducir un nueva lógica como sería la corresponsabilidad del banco por una incorrecta valoración de los riesgos asociados a la concesión del préstamo. La misma existencia de avales confirma que la tasación es incorrecta, porqué además las tasadoras tampoco eran independientes. Hemos encontrado decenas de casos que para un préstamo con garantía hipotecaria se han usado los avales de 3 o 4 personas más que a su vez avalaban a los primeros y no tenían ni parentesco ni se conocían más que a través del director de la oficina que los reunía. En el contrato de préstamo, ambas partes, tienen obligaciones pero la de la entidad financiera es la única responsable de valorar los riesgos de la contraparte y los sistémicos asociados a la economía, ya que son ellas las que a través de la creación de dinero-deuda deciden la marcha económica.

¿Si hay deuda no hay hipoteca? La razón de las medidas cautelares preventivas sobre el registro de la propiedad.

Recientemente hemos recibido un caso que hace paradigmática esta nueva vía: el banco reclama una medida cautelar o coetánea previa a cualquier inicio de juicio.  En la siguiente imagen de la demanda que explicamos se observa como Bankia pide la adopción de medida cautelar de anotar en el Registro de la Propiedad de la finca en litigio que existe esta demanda judicial sobre bienes o derechos susceptibles de inscripción registral. Por ello, previamente a la presentación misma de la demanda el Banco se asegura en el registro que tendrá preeminencia en las posibles deudas posteriores a las que pudiere incurrir el demandado/a.

El banco hasta acepta que el demandado pueda imponer una caución a su medida cautelar. Nuestros abogados primeramente se extrañaron por las medidas coetáneas, porqué son propias de juicios ordinarios especiales que tienen relación con demandas civiles relativas a divorcio y tutela filial.
En definitiva, las medidas cautelares tienen por objeto ANCLAR EL DERECHO DEL BANCO SOBRE LA VIVIENDA, LA GARANTÍA, porque en los procesos ordinarios eso no esta garantizado.

La reconvención por cláusulas abusivas en los procedimientos declarativos hipotecarios

En fecha 25 de mayo del 2017, el Consejo General del Poder Judicial acordó a propuesta del Gobierno la controvertida creación de 54 Juzgados especializados en las demandas por cláusulas abusivas de las entidades financieras. Esto ha dado como resultado que un deudor se puede encontrar con una demanda ejercida por él contra la entidad financiera por cláusulas abusivas y al mismo tiempo la entidad financiera con esas cláusulas iniciar un proceso declarativo contra el deudor/a. Por lo que en dos juzgados distintos y con competencias distintas no se hace posible la reconversión en una sola causa.

Como el criterio establecido por el TJUE es que cualquier juzgado debe apreciar de oficio las cláusulas contractuales abusivas con consumidores, aún no admitiendo la reconvención, los juzgados tendrían la obligación de apreciar de oficio el posible carácter abusivo de dichas cláusulas. Las entidades financieras dirán que existen otros canales para ello y se opondrán al tema. La guerra está abierta

Salva TORRES


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Si los Bancos se permiten el lujo de no inscribir registralmente las viviendas subastadas es porqué no es obligatorio tampoco para los ciudadanos.

este documento de PAH-Madrid afirma que la inscripción registral no es obligatoria como lo demuestra el hecho que la Banca hace lo que quiere cuando quiere pero siempre en beneficio propio y contra la ciudadanía.

connivencia vergonzosa y vergonzante de todos los estamentos con las entidades financieras

{PAH-Madrid}

El estamento político, notarial, registral y judicial permiten que las entidades financieras, y satélites, ejerzan inmisericordemente su ‘derecho de pernada’, cuando y como quieran, sobre aquella parte de la ciudadanía que más duramente ha sido castigada por la burbuja inmobiliaria y crisis financiera, artificialmente montadas por unos cuantos en detrimento de la gran mayoría.

Fiel reflejo de esa connivencia es lo que viene sucediendo con la inscripción de la titularidad en los Registros de la Propiedad, que en el sistema español se basa en la ‘voluntariedad’ de la misma dado que el mecanismo registral sólo se pone en marcha previa petición del interesado, ya que la actuación de oficio por el propio Registrador es de carácter excepcional.

Pero es evidente que en la realidad del día a día esto no es así para todos por igual, no se le da la misma cancha a un ciudadano que a una todopoderosa entidad financiera.

Un ciudadano cuando va a firmar ante fedatario público la escritura de compraventa de un inmueble, sin financiación externa, no es informado por dicho notario de los ‘pros y contras’ de inscribir a su nombre el inmueble del que acaba de adquirir su titularidad. Todo lo contrario, le empuja a realizar dicha operación registral con fórmulas magistrales de redacción como, por ejemplo, “Los otorgantes, tras informarles de su alcance y efectos, me autorizan y solicitan de mí, el Notario, que realice, por el procedimiento establecido en el art. 249.2 del Reglamento Notarial, la presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad .

”. Dice el fedatario“…, tras informarles de su alcance y efectos, …”, afirmación absolutamente inexacta dado que como tal no se produce, debiendo ser en realidad- y por el contrario- un compromiso a qué, después de explicado debidamente a las partes del contrato, el dictado debiera decir “…, tras informarles de la voluntariedad en la inscripción por su carácter declarativo y no constitutivo, y de los pros y contras de todo ello, …”, pero eso no se hace ya que lo que interesa es que esa ‘manada de borregos’ que es la ciudadanía, o así es como nos ven desde determinados estamentos del poder, esté lo más controlada posible.
Si no fuera así, como podría ser que las entidades financieras– por poner un solo ejemplo- que conceden préstamos o créditos personales, sin garantía hipotecaria, consigan – en caso de impago – plantear demanda solicitando embargos, y si fuera preciso subastas, de inmuebles de la parte prestataria, si ésta no los tuviera registrados. Se hace todo lo que haga falta para que esas mercantiles puedan vivir tranquilas, ¡faltaría más!
Y eso es solo un ejemplo, se pueden poner unos cuantos más que justifican,para el poder, que el ciudadano esté férreamente controlado y amarrado, mientras que ellos campan a sus anchas. Claro qué, si cambiamos de acera, la cosa es muy diferente. Sigamos con el sujeto del ejemplo anterior: las entidades financieras.

Un banco o caja tituliza un préstamo o crédito, con garantía hipotecaria. Tal situación debiera implicar, por mucha palabrería hueca que nos inunde de estamentos del poder de ‘toda condición y pelaje’, que la garantía hipotecaria de dicho préstamo o crédito se inscribiese a nombre del Fondo de titulización, ya sea hipotecario o de activos, pero sin embargo no es así.

2.- Al ser la inscripción voluntaria y de carácter declarativo, las entidades financieras se reservan a su nombre las garantías hipotecarias para, llegado el momento, poder instar la correspondiente demanda de ejecución hipotecaria sin ningún tipo de legitimidad activa, y con la connivencia del Poder judicial, que con Fallos pueriles – con resultado devastador para el ejecutado – consideran qué como la ejecutante sigue siendo la titular registral ¡verdes las han segado!
Es muy lamentable tal actitud servilista, los miembros de la judicatura son plenamente conscientes de ese carácter de inscripción declarativa de la titularidad registral por lo que debieran ser más diligentes a la hora de comprobar si realmente la entidad financiera ejecutante, una vez titulizado la escritura demandada, tiene la titularidad real, o simplemente formal, de la garantía hipotecaria. Pero el problema que podría conllevar dicha indagación constituiría, muy probablemente, un resultado indeseable para la ejecutante, y ‘hasta ahí podríamos llegar, Sancho ’ Claro qué, ese vasallaje y sumisión, se da en otros momentos familiar aún estando a su nombre el inmueble, en el Registro de la Propiedad … ¿y los jueces?, ¡como siempre! mirando  para otro lado … o, en todo caso, contestan a las alegaciones planteadas por la representación legal de la parte ejecutada que tal circunstancia no tiene la más mínima importancia … ¡anda, que si fuera al revés! …

Pero lo más sangrante de ésta situación es que existe una parte ejecutada, en muchísimos casos con una coyuntura económica muy lamentable – hay que considerar que han caído en una ejecución por no poder hacer frente a los pagos mensuales de la financiación externa que le fuera concedida – ya que fueron arrollados por la crisis financiera, que aún perdiendo la titularidad real del inmueble deben seguir abonando los gastos mensuales de comunidad e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) municipal. Y de no hacerlo así, le pueden venir embargos y nuevos procedimientos judiciales por impago.

3.- Cuando el afectado acude al administrador de fincas o Junta de Distrito del Ayuntamiento correspondiente, siempre encontrará la misma respuesta, “ lo sentimos, pero resulta que el inmueble sigue estando a su nombre en el Registro de la Propiedad ” como si eso fuera responsabilidad de esa persona, o unidad familiar. La titularidad formal le condena a esos pagos o alidiar judicialmente contra esos intentos de cobro, como si ya no tuviera bastante con la ejecución hipotecaria vislumbrando en el horizonte lo que se le viene encima … ‘ encontrarse en la puñetera calle’, por el trilerismo utilizado en su contra por todo tipo de carroñeros y fulleros, y colaboradores de todo pelaje, que deambulan por esta sociedad como si fuera exclusivamente suya.
Y a todo esto, ¿qué hacen los correspondientesmagistrados/jueces al respecto? … ¡no, no me lo digan!, a ver si lo adivino … ¿mirar hacia otro lado? … ¿he acertado? … ¡si?, no era tan difícil.

El hecho es que ¡como siempre! una misma situación perjudica a la parte más débil del conflicto, el consumidor y, sin embargo, beneficia a la parte fuerte del mismo, las entidades financieras, y satélites, y tiene nombre: TITULARIDAD FORMAL. En definitiva, expliquemos a toda la ciudadanía que la inscripción de un inmueble en el Registro de la Propiedad, si no hay financiación externa, es voluntaria y, por lo tanto, declarativa, además de sus pros y sus contras. Y vigilemos la forma de actuar poco ética, con mala fe y temeridad de las entidades financieras perjudicando gravosamente a la parte débil de los procedimientos de ejecución, en beneficio propio.

documento original PAH-Madrid:




SENTENCIA MUY IMPORTANTE absolviendo acusados de ocupación por penales frente a Cajamar.

SENTENCIA MUY IMPORTANTE absolviendo acusados por penales frente a Cajamar.

Una familia que ocupa la vivienda que fue adjudicada al banco en el 2011 sin observar de oficio cláusulas abusivas en su hipoteca ahora reclama contra el banco.

Nuestro abogado ha obtenido una victoria fulminante contra Bankia que no ha podido demostrar que se opusieran durante años a que la familia viviera ocupando el piso que les fue subastado anteriormente.

Ahora no solo eso, la familia demanda al banco por daños y perjuicios por no apreciar de oficio las cláusulas abusivas. La reciente sentencia de Tribunal Supremo y las del TJUE lo van a permitir.

LA SENTENCIA AQUÍ>>>


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la banca española acumula muchos problemas judiciales con los abusos en las cláusulas de sus contratos hipotecarios

No va a ser una sorpresa para nadie, en uno de los países más bancarizados de Europa, decir que un contrato de crédito hipotecario es un compendio de cláusulas abusivas. Las hay a decenas. Sencillamente los bancos han impuesto sus normas a la clase política y a los ciudadanos impelidos por la necesidad de una vivienda o que por desear una propiedad han aceptado esos “contratos de adhesión”- o lo tomas o lo dejas– sin calcular las consecuencias a largo plazo que tenían el incumplimiento por su parte de ese contrato que dependía de las vicisitudes de la vida y del dinero que los mismos bancos usan para dirigir la economía del país a dónde quieren. Muchas veces en las consultas te haces cruces de lo crédula que es la gente con el capital financiero y que intolerante es con sus congéneres.

La mentira de la Banca ha llegado, como hemos denunciado en estas páginas, hasta la manipulación de los mismos índices de tipos de interés como el EURIBOR o los diferentes IRPH hoy en la picota. De hecho, varios bancos europeos fueron multados con la cantidad más grande jamás impuesta por la manipulación de su EURIBOR. Esperamos que no sean menos los distintos IRPH – Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios –  que o bien ya han desaparecido o están ahora en la casilla de salida de una nueva sentencia del TJUE – Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del IRPH, el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona abrió pieza separada para la tramitación de la cuestión prejudicial ante el TJUE, como informamos en su momento. El caso es que esa sentencia está al caer y puede ser un duro revés dependiendo de como se resuelva, no sólo para la banca, sino para el propio Tribunal Supremo que salvó en extremis del pago de miles de millones de euros en reclamaciones a los cuatro grandes bancos que quedan. El mismo TS que no consideró que hubiera falta de transparencia tuvo a dos magistrados que con su discrepancia han permitido que pudiera solicitarse al TJUE que se pronunciará sobre este asunto. Pero ahora el hecho es que varios juzgados se han apuntado al carro – Gava y La Bisbal- y han suspendido cautelarmente autos sobre ejecuciones hipotecarias sobre IRPH, según informa El Boletín. (1)

Además esta semana ha entrado en el TJUE hasta 5 causas sobre la cláusula de vencimiento anticipado por Abanca, Bankia y BBVA. Esta cláusula situada en el apartado 6 en la mayoría de las escrituras hipotecarias, suponía la resolución del contrato hipotecario por el impago de una sola cuota. La pregunta era de cómo puede el impago de una fracción ínfima de un contrato (0,2%)) suponer la demanda por la totalidad de la deuda. Pero ojo, deuda es un derecho vencido y exigible…. y en este caso ¿las cuotas no vencidas hay que considerarlas como deuda?. Esa es la cuestión que tiene que dilucidar el TJUE al que han llegado un total de cinco cuestiones prejudiciales de diferentes juzgados empezando por el Tribunal Supremo que pregunta al Alto Tribunal europeo cuál es el alcance y los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario. (2)

El TJUE ya puso contra las cuerdas al Tribunal Supremo español en 2017 por el vencimiento anticipado

Después de tantas intervenciones del TJUE sobre la legislación hipotecaria española, uno llega a la conclusión que la Justicía española siempre se decanta del lado del más fuerte: la Banca. Como la normativa de defensa del consumidor de la Unión Europea era muy garantista, muchos valientes letrad@s continuaron exprimiendo esa normativa de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) por sentencia de 26 de enero de 2017 resuelve, por enésima vez, una de las cuestiones prejudiciales planteadas por Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander en relación con el préstamo hipotecario concedido por el Banco Primus a un cliente. Esta sentencia del TJUE pone nuevamente patas arriba la cláusula de vencimiento anticipado tal como viene dispuesta en la mayoría de las hipotecas y tal como se entendía hasta entonces.

De resultas de esta sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo español -TS- obligado a digerir la sentencia del TJUE en Auto de fecha 8 de febrero de 2017 eleva, y retrasa su aplicación, cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que se pronuncie si la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado impide al Juez nacional español continuar con el procedimiento hipotecario (sobreseerlo) o no. El caso llega al TS por un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, anulando una cláusula de vencimiento anticipado. Hoy estamos a la espera que el TJUE se pronuncie

El negocio de las titulizaciones también anda revuelto en el BCE.

También hemos sabido, a través de VoxPopuli, que el BCE quiere poner coto a las titulizaciones de créditos hipotecarios de la Banca. Este negocio financiero, responsable de la última crisis del 2007, supone una cifra de casi medio billón de euros a la Banca española y es un pozo sin fondo de porquería como hemos venido denunciando desde nuestros blogs.

En concreto, todas las titulizaciones hipotecarias: de bonos, cédulas, participaciones o certificados de transmisión hipotecaria deberán pasar por la supervisión del BCE. Debe estar la cosa muy mal, porqué precisamente es el BCE quién se ha negado sistemáticamente a poner transparencia en ese sector financiero adicto a la cleptomanía y al dinero ajeno como hemos denunciado desde siempre en estas páginas. (3)

La cesión de créditos a fondos buitre o cómo eximir al banco de comunicar al hipotecado la cesión de su préstamo a un tercero

Finalmente hemos sabido por Confilegal que 12 desahuciados por fondos buitre han presentado una queja formal ante el Tribunal de Derechos de los Consumidores contra la ley hipotecaria española que permite a través del art. 149 de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre  eximir al banco de comunicar al hipotecado la cesión de su préstamo a un tercero. Aunque otro artículo, el art. 242 del Reglamento Hipotecario establezca que el deudor deba ser notificado en caso de cesión del título, matiza que podrá renunciar a dicho derecho. Esta cláusula se encuentra en todas las escrituras de hipotecas pues es la que resuelve que el banco se libre de informar de la cesión-venta de su hipoteca a un fondo de titulización o en este caso, informar de la venta a un fondo inversor- hedge fund. Igualmente el poder legislativo – todos los partidos del régimen del 78- libraron en la normativa hipotecaria de inscribir las cesiones en el registro de la propiedad que ha llevado a un sinfín de protestas de los registradores más escrupulosos con las normas legales.

Todo ello significa que entre la legislación española y la comunitaria hay un desfase que es el que ha permitido presentar la queja de los afectados a Europa. La directiva 2008/48/CE de 23 de abril establece en su artículo 2ª que el consumidor será informado en caso de que su entidad financiera decidiera la cesión de su crédito. Lo mismo establece la llamada directiva hipotecaria, la 2014/17/UE de 4 de febrero en su art. 17. “Aún no ha sido traspuesta en España, pero está plenamente vigente en aplicación del principio de los principios de efectividad y primacía del Derecho de la UE”, explica el rotativo.

El resultado no puede ser solo peligroso para el banco sino para el propio Estado español que podría verse obligado a indemnizar a los afectados por daños y perjuicios siguiendo la sentencia Van Gend and Loos de 1963 o la sentencia Francovich de 1991 que declaró que “la pasividad por parte del Estado español no garantiza la protección del cliente bancario “.

El quid de la cuestión se encuentra, no solo en la clausula abusiva de los contratos hipotecarios, sino en la consideración de un crédito litigioso en el momento que se realiza la venta del mismo sin informar adecuadamente al deudor o sin tan siquiera saberlo adecuadamente como creemos ha pasado con miles de hipotecas vendidas a Blackstone y gestionadas por Anticipa.

Salva TORRES


+++ INFORMACIÓN>>>>>

  1. Los juzgados ‘ignoran’ al Supremo en los juicios por las hipotecas vinculadas al IRPH.
  2. Un nuevo calvario para la banca: el TJUE abre vistas por las cláusulas de vencimiento anticipado en las hipotecas.
  3. El BCE pone coto a las titulizaciones, un negocio de más de 30.000 millones para la banca española.
  4. La Comisión Europea estudiará las cesiones de crédito a los fondos buitre.

 




procedimiento hipotecario ordinario: ¿se puede desvincular la deuda de la vivienda o garantía? y los avalistas a salvo.

Hoy en día los bancos utilizan dos métodos para proceder al desahucio de las casas. Uno es el de EJECUCIÓN HIPOTECARIA, digamos, el de toda la vida. El otro, la otra vía que están utilizando ahora es el PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

¿Qué sucede en una EJECUCIÓN HIPOTECARIA?

En una ejecución hipotecaria se va desarrollando mediante autos, es decir, mediante resoluciones judiciales pronunciadas sobre las peticiones que van realizando ambas partes.

Dentro de ese proceso se ejecuta la garantía hipotecaria, y se reclama el saldo deudor si quedara, tanto contra los deudores hipotecarios como contra sus avalistas.

¿Qué supone esta nueva vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO?

Primero que dicho procedimiento, ataca al dinero endeudado, pero no vincula la deuda directamente a la casa, sino al préstamo hipotecario.

Segundo, el banco utiliza este procedimiento ordinario para ir “más deprisa”, pero en este caso se reclama una cantidad de dinero y dicho procedimiento finaliza mediante sentencia, una vez firme la misma, el demandado dispone de 20 días hábiles para cumplirla.

Una vez firme la sentencia en el caso que sea con un pronunciamiento desfavorable a nuestros clientes, en referencia a que se dé por resuelto el préstamo, el mismo préstamo “dejaría” de existir.

Esto motivaría que al día siguiente de que sea una sentencia FIRME, la entidad financiera debería comunicar al REGISTRO DE LA PROPIEDAD la INEXISTENCIA del préstamo hipotecario, dejando LIBRE DE CARGAS LA FINCA.

LA DEUDA DEJA DE ESTAR LIGADA A LA VIVIENDA Y POR LO TANTO A LOS AVALISTAS.

Con esto no queremos decir que la deuda DESAPAREZCA y se esfume, pero sí dejará de estar ligada a la VIVIENDA y a los avalistas. El contrato en sí de esta hipoteca desaparece y la deuda tan solo quedaría referenciada como si se tratase de un préstamo personal.

Sigue existiendo la deuda, pero la casa y sus avalistas quedarían fuera de la ecuación, dejando así LIBRE DE CARGAS LA FINCA.

Transcurridos los días de cumplimiento voluntario por mis defendidos y si éstos no pagaran la deuda, la misma sería una deuda PERSONAL y COMÚN, como hemos dicho anteriormente, pero ya no sería una deuda REAL y los avalistas no estarían unidos a este proceso.

Una de las opciones que cabría sería realizar un CONCURSO DE ACREEDORES, donde la entidad financiera perdería toda la ventaja mientras era un préstamo hipotecario.

Andres Giordana, abogado

42861 Icab


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TODOS SABEN QUE ESE JUEZ TIENE ALGÚN PROBLEMA SINGULAR

publicado en: afectadosporlahipotecamadrid.net

Estas palabras las ha pronunciado el Ministro de Justicia Sr. Catalá en relación al Magistrado don Ricardo Javier González en referencia a lo manifestado por éste en su voto particular en la llamada ‘sentencia de La Manada’. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo niega, y parte de ese Poder se declara escandalizado por dichas afirmaciones, solicitando la dimisión o cese del Ministro.

El famoso paraguas de ‘NO NOS CONSTA’, que igual sirve para un  roto que para un descosido, pretende amparar una actitud profesional cuando menos discutible. Y venir a escudarse en que es al CGPJ al que le corresponde impulsar la labor disciplinaria puede resultar muy loable en el plano teórico pero si no se da, es completamente inútil en lo práctico.

Y estamos diciendo esto desde la PAH MADRID, con total conocimiento de causa. Es absolutamente incomprensible como determinados Titulares de concretos órganos judiciales pueden seguir ostentando dichos cargos cuando ejercen su autoridad con absoluta discrecionalidad, amparados en sus escuderos cervantinos: el Letrado de la Administración de Justicia, y emitiendo –al unísono-resoluciones sesgadas y arbitrarias, de efectos demoledores sobre la vida de miles de familias de este País, favoreciendo con un descaro insultante a las entidades que ejecutan en ‘fraude de ley y procesal’: entidades financieras, fondos buitre, y todo tipo de sociedades carroñeras que acuden a darse el festín ante los despojos que ha dejado en el camino la estafa inmobiliaria y la crisis financiera, montada por unos cuantos en detrimento de la gran mayoría del pueblo.

‘Como muestra de ello, un botón’. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez el porqué en Madrid capital existen dos juzgados de primera instancia dedicados exclusivamente al tema de la ejecución hipotecaria, sin que tengamos conocimiento que suceda lo mismo en el resto de España?. Y decimos bien, dos, el nº 31 y el 32, dado que el nº 100 no es exclusivamente hipotecario.
Siendo aún más reduccionistas, nos referiremos al altísimo porcentaje de demandas de ejecución que conoce y tramita el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid, que consideramos pudiera estar entre el 60 y 70% de todas aquellas que se despachan en Madrid capital

  • primero.-¿alguien, en concreto el CGPJ, lleva una estadística del número de ejecuciones que anualmente son gestiona
    das por el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid?,
  • segundo-¿alguien, en concreto el CGPJ, lleva control del número de procedimientos de ejecución hipotecaria que, sobre esa cantidad de tramitaciones, son sobreseídas a favor de la parte ejecutada?,dada la cifra de cláusulas que se han venido considerando abusivas por jurisprudencia europea y española (vencimiento anticipado, intereses de demora, suelo, IRPH, multidivisa, gastos de constitución,etc) sería muy conveniente –por higiene judicial-conocer cuántas y cuáles de estas cláusulas abusivas han provocado que el Titular del JPI nº 32 de Madrid sobreseyese el procedimiento de ejecución, y en qué cantidad. Probablemente, tuviéramos ante nosotros un auténtico “problema singular”
  • tercero – con la cantidad de cuestiones prejudiciales que se han planteado desde órganos judiciales de primera instancia españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ¿cómo es posible que el juzgado de España que más procedimientos de ejecución hipotecaria atiende, de todo el territorio español, no haya planteado nunca ninguna cuestión prejudicial al TJUE?, ¿lo tiene todo tan claro que nunca el Titular de dicho órgano judicial ha tenido la más mínima duda al respecto?, ¿o es que la línea doctrinal de ese juzgado es una, la ejecutante siempre tiene razón?, y si no es así ¿cuántas declaraciones de abusividad, y por lo tanto de nulidad, de las cláusulas nombradas anteriormente, han provocado el sobreseimiento de la ejecución, en los procedimientos seguidos en este JPI nº32?.

Este juzgado de primera instancia se mueve con una discrecionalidad y arbitrariedad absolutas, y no lo decimos gratuitamente, aquél estamento judicial o administrativo que desee pruebas contundentes, y suficientes, de cómo se manejan el Magistrado Juez don Agustín Gómez Salcedo y Letrado de dicho órgano judicial, don Fernando Cava García, pueden solicitarlas, por nuestras manos han pasado, y pasan, gran cantidad de documentación de cientos de procedimientos, muchos de ellos procedentes de ese JPI nº 32; y hemos encontrado auténticos abusos y atropellos absurdos a los derechos de la parte demandada de muchas de
esas ejecuciones.
Sinceramente, consideramos que estas dos personas, que pudieran tener ‘algún problema singular’, debieran estar apartados de sus funciones actuales desde hace mucho tiempo ya que su forma de resolver diligencias, decretos, providencias y autos, en demasiados casos dejan mucho que desear, lo que nos hace dudar de si no estamos ante un Estado de Derecho preocupantemente enfermo:
El Magistrado Juez del JPI nº 32 de Madrid dicta dos autos sobre un mismo título ejecutivo a cada uno de los dos miembros del matrimonio se les concede el mismo representante legal y defensa de oficio pero en momentos diferentes, semanas de diferencia en uno de los autos falla que dicho título no tiene cláusulas abusivas y en el otro dispone que si existe cláusula abusiva. Y estamos hablando de la misma escritura de crédito hipotecario. ¡Alucinante!.

A una ejecutada, viuda de 70 años y una pensión de 1.100 €, le concede la moratoria suspensión del lanzamiento aún reconociendo en el auto que la vivienda que constituía la garantía hipotecaria del título ejecutado la había comprado en 1978 y la hipoteca estaba constituida en 2006; sin embargo, a otra ejecutada, de 64 años y sin ingresos, no le concede la moratoria que le correspondería –suspensión del lanzamiento- ya que dispone en el auto que la vivienda estaba comprada en 1993 y el crédito hipotecario era de 2000. ¡Delirante!.

Una vez se dicta el archivo del procedimiento, el recurso directo de revisión que se puede plantear frente a dicha resolución es resuelto a través de auto, “ contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuándo ponga fin al procedimiento o impida su continuación ” (artículo 454 bis.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC). Esta disposición ha sido respetada por el Titular del JPI nº 32 de Madrid, y tenemos relación de procedimientos en los que ha sido así, hasta cuando decide dicho Magistrado Juez que ‘ donde  dije digo digo Diego’, y resulta que nos ha llegado algún caso en el que se niega en rotundo a conceder lo que la LEC otorga y, como ya hemos comprobado en multitud de ocasiones, no hay forma humana que reconozca el error cometido, persiste y persiste en el desatino, contra viento y marea. ¡Demencial!.

Claro qué, en esta labor le acompaña su fiel escudero, el Letrado de la Administración de Justicia, que no le va a la zaga: Este señor se cisca en la ‘unificación de
criterio’ de los principales Órganos jurídicos y administrativos como la Secretaria General del Ministerio de Justicia, la Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Oficina Judicial (CAJNOJ), el Consejo General del Poder Judicial, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Provincial Civil de Madrid e, inclusive, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Admón. de Justicia en relación a considerar que “NO cabe exigir depósito para recurrir en reposición contra resoluciones dictadas por el SSº/Letrado de la administración de Justicia, únicamente cuando se recurre en revisión”.

Fue durante una larga temporada SSº/Letrado de la administración de Justicia , a la vez, de los juzgados de primera instancia nº 31 y 32 de Madrid, pues mientras no requería consignación de depósito a la hora de plantear recurso de reposición ante diligencia de ordenación y decreto, en el JPI nº 31 de la capital, en las resoluciones coetáneas que emitía, en los procedimientos seguidos en el JPI nº 32, lo reclamaba; en contrándose las partes demandadas de multitud de ejecuciones hipotecarias, seguidas en esos órganos judiciales, con la disparatada situación en la que en el mismo día unas tenían que consignar depósito
para interponer uno de esos recursos de reposición mientras que las otras no; contraste entre dos juzgados a los que les separa una distancia física menor a diez
metros pero qué, sin embargo, les aleja procesalmente un auténtico abismo, sima que vulnera muy gravemente el artículo 14 de nuestra Constitución. ¡ Surrealista!.

Este mismo Letrado, se limpia los bajos una y otra vez, con los certificados que emite el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y lo dictado por el
Ministerio de Justicia en la web dedicada a la Plataforma LexNet, confundiendo lo que es la fecha de envío de la resolución con su notificación. Si envía una resolución judicial el -por ejemplo- 24 de mayo a las 23,30 h., ese es el día de notificación para don Fernando Cava García, bajo ningún concepto admite razonamiento alguno de nadie con respecto a ello; el recurso interpuesto lo considera inadmitido por plazo precluido y ¡santas pascuas!. ¡Aberrante!.

Éstos son solo unos ejemplos de cómo se llevan los procedimientos en el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid, al que consideran algunos su cortijo particular, teniendo documentados unos cuantos ejemplos más. Después de leer cientos de resoluciones judiciales de estos dos funcionarios del tercer Poder, hemos llegado a considerar muy seriamente que “ tiene (n) algún problema singular ”, si no varios, por el/los que debieran estar, hace tiempo, apartados del sagrado ejercicio de impartir justicia, emitiendo sin embargo autos y decretos arbitrarios y con absoluta discrecionalidad. Ofrecemos la documentación que
avala lo manifestado, ahora queda que los organismos correspondientes estén dispuestos a curar, de una vez por todas, este Estado de Derecho enfermo, con pronóstico reservado, decidiendo con firmeza acabar con este tipo de ‘chiringuitos’ judiciales que dan la sensación de estar al servicio de las todopoderosas entidades financieras y sociedades satélite, incluidos fondos y carroñeros varios.

Por cierto, del JPI nº 31 de Madrid hablaremos en otro momento.




Debate: Los hogares que perdieron su piso x ejecución hipotecaria reclamarán perjuicios al Banco según sentencia del Tribunal Supremo

.- LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/14/2013

.- PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

.- ES UNA SENTENCIA QUE AFECTA A MILES DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

.- LA PRENSA PANIAGUADA HA OCULTADO SU IMPORTANCIA

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…

+++ info SOBRE LA SENTENCIA>>>>




Las familias que perdieron su vivienda antes del 03/04/2013 podrán revocar la sentencia y reclamar daños al Banco y al Estado

versión actualizada: mayo 2018

.- LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/04/2013

PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

.- ES UNA SENTENCIA QUE AFECTA A MILES DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

.- LA PRENSA PANIAGUADA HA OCULTADO SU ENORME IMPORTANCIA

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…


El fallo del alto tribunal dice:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Dña. Leticia y D. Ovidio contra la sentencia n.º 682/2014, de 4 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el recurso de apelación núm. 229/2014 , que anulamos y dejamos sin efecto.
  2. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao, en el juicio ordinario n.º 642/2013, con fecha 16 de enero de 2014, que confirmamos.
  3. No hacer expresa imposición de las costas causadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, e imponer a Celeris Servicios Financieros S.A., EFC las costas del recurso de apelación.
  4. Ordenar la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y la pérdida del prestado para el recurso de apelación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.


El Supremo sentencia que los casos aparentemente juzgados pueden no estar cerrados porque el TS considera que en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 03/14/2013, los jueces no podían revisar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos hipotecarios ni los deudores podían oponerse aduciendo dichas cláusulas. por todo ello, el Alto Tribunal resuelve que las ejecuciones hipotecarias anteriores a esa fecha no tienen  por lo que entiende el TS que dichos procedimientos de ejecución hipotecaria no tienen fuerza de cosa juzgada.

El Tribunal Supremo abre la Caja de Pandora para la Banca: no sólo no es cosa juzgada sino que se podrá reclamar por daños y perjuicios derivados de la pérdida de la vivienda habitual de resultas de la aplicación indebida de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado. El deudor podrá por lo tanto, recuperar su vivienda y si no es posible exigir una compensación económica por ello. No sólo eso, se abre la posibilidad de reclamar al estado posibles perjuicios derivados.

LA ENORME IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA HA PASADO DESAPERCIBIDA POR LA MAYORÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PANIAGUADOS DE LA GRAN BANCA.

DOCUMENTACIÓN ÚTIL>>>>>



La sentencia 526/2017 del Tribunal Supremo nos ha dejado estas noticias relevantes en Internet:


En el siguiente video nuestro compañero Antonio Muñoz de la Ventana Esmeralda explica muy bien EL ALCANCE DE ESTA SENTENCIA.




subasta de vivienda habitual: el “ERROR DE SALTO” (del 70% al 60 %) en la interpretación literal del art 671 LEC

En esta entrada se valora si es justa y realista la legislación que otorga al ejecutante o a la entidad financiera la potestad de adjudicarse en subasta de vivienda habitual un bien que su precio de tasación supone por ejemplo el 67% y el banco se lo adjudica al 60% en lugar del 70% y queda por lo tanto una enorme deuda familiar.

En una ejecución (hipotecaria u ordinaria) sobre vivienda habitual, el articulo 671 LEC tiene una redacción que, literalmente interpretada, daría lugar a un importante “error de salto”, pues, por ejemplo, cuando al ejecutante se le debe una cantidad equivalente al 70 % del valor de subasta, no se puede adjudicar la finca sin dar carta de pago, y en cambio, si sólo se le debiera, digamos, el 69,5 %, podría adjudicarse la finca por tan sólo el 60 % de su valor de subasta y seguir reclamando el resto de deuda no cubierta con tal adjudicación, por ejemplo, embargando y ejecutando otros bienes del deudor que se ha quedado sin su vivienda habitual.

Esta posibilidad interpretativa, claramente injusta, pero amparada por la redacción literal del precepto, ha sido denunciada reiteradamente por muchos juristas (en general) , y abordada y vedada en ocasiones por algunos jueces.

¿Y los registradores?

¿Acaso no pueden/deben hacer una interpretación finalista del precepto que corrija ese “error de salto” evidentemente injusto y contrario a la finalidad de la norma (la protección de los ejecutados en caso de vivienda habitual) y a la equidad?

El autor de estas líneas sostiene que los registradores no sólo pueden, sino que incluso hasta cierto punto deben hacer tal interpretación finalista para corregir el referido “error de salto”.

En el ámbito tributario, la doctrina jurisprudencia que proscribía el llamado “error de salto” acabó teniendo incluso plasmación legal en el artículo 56.3 de la Ley General Tributaria, que no se limita a ordenar cómo han de ser interpretadas las normas tributarias para evitar el error de salto, sino que incluso ordena cómo han de ser aplicadas para corregir el error de salto aunque su interpretación no admita matices, pues ordena que “la cuota íntegra deberá reducirse de oficio cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso.”

En el ámbito hipotecario, y en concreto, en la cuestión que nos ocupa (la interpretación del articulo 671 LEC), y aún reconociendo las distancias conceptuales que existen entre los derechos recaudatorios de la hacienda pública frente al contribuyente y los derechos “confiscatorios” del ejecutante frente a la vivienda habitual del ejecutado, quizá cabría formular analógicamente el principio de justicia material que inspira la doctrina que prohibe el error de salto diciendo algo así como que “a una disminución X del importe de la cantidad debida al acreedor no puede corresponderle una disminución mayor que X de la cantidad por la que se puede adjudicar la vivienda habitual del ejecutado a falta de postores”.

Y que por tanto, si al ejecutante se le debe cantidad equivalente al 69,5 % del valor de subasta de la vivienda habitual del ejecutado, no se puede adjudicar dicha vivienda por menos de ese 69,5 %.

Aunque el sentir más generalizado en el ámbito registral es no afrontar éste problema desde la calificación registral y confinarlo únicamente a la apreciación judicial, (que ahora ni siquiera existirá en la mayoría de los casos, pues no es el juez sino el Letrado de la administración de justicia el que aprueba las adjudicaciones), se sugiere una posible redacción de la fundamentación jurídica correspondiente para quien comparta la idea de que esta cuestión sí que compete tambien a la calificación registral, (revisable, como siempre, por los Tribunales de Justicia por vía de recurso).

(Nota: los datos numéricos están tomados de un caso real)

DEFECTO: Respecto de la cantidad por la que se adjudica la finca al ejecutante a falta de postores

El Artículo 671 de la Ley de enjuiciamiento civil, titulado “Subasta sin ningún postor” establece lo siguiente:
.
“Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.”

En el presente caso, SE TRATA DE VIVIENDA HABITUAL, y el ejecutante, a falta de postores, se adjudica la finca por el 60 % del valor de subasta alegando que la cantidad que se le debe por todos los conceptos es inferior al 70% de dicho valor.

Pero concurren las circunstancias siguientes:

VALOR SUBASTA 354.074,22

LIQUIDACION DE LA DEUDA: INTERESES ORDINARIOS: 10.433,27
PRINCIPAL: 184.413,66
INTERESES DE DEMORA: 798,85
INTERESES DE DEMORA DURANTE LA EJECUCIÓN: 35.089,82
COSTAS: 9.782,29
SUMA TOTAL: 240.517,89 EUROS

% DEUDA/VALOR SUBASTA 67,93

SI ADJUDICACION POR 70% 247.851,954
HABRÍA SOBRANTE 7.334,064

SI ADJUDICACION POR 60% 212.444,532
HABRÍA DEUDA PENDIENTE 28.073,358

Vemos, por tanto, que la cantidad que se le adeuda al ejecutante por todos los conceptos (240.517,89 euros) equivale casi al 68 % (67,93 %) del valor de subasta.

  • Si se adjudicara la finca por el 70% de dicho valor, existiría un sobrante de 7.334 euros.
  • Si se la adjudicara por la cantidad que se le debe por todos los conceptos,, que equivale al 67.96 % del valor de subasta) quedaría totalmente saldada la deuda, y no habría ni sobrante ni deuda pendiente.
  • Si se la adjudica, como es el caso, por el 60 % del valor de subasta, resulta que sí que hay todavía deuda pendiente, en concreto, 28.073,35 euros.

Una interpretación puramente literal del precepto legal, como la que se ha hecho por el ejecutante, puede producir un resultado no sólo absurdo, e incongruente, sino profundamente injusto y contrario a la equidad, cuando, como es el caso, por el hecho de que la deuda sea ligeramente inferior al 70 % del valor de subasta, se permita al acreedor adjudicarse la finca sólo por el 60 % y seguir existiendo un saldo a su favor, o deuda pendiente a cargo del ejecutado que se ve privado de su vivienda habitual.

Teniendo en cuenta que conforme al articulo 3 del Código Civil, “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.” y teniendo en cuenta tambien que ” la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas”, parece claro, que la interpretación del citado precepto legal no puede ser la puramente literal, sino la finalista, atendiendo el espíritu y finalidad de la ley (que fue la de aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual) y a la equidad, conforme a la cual sería contrario a la equidad que la ley amparara un “error de salto” absurdo, injusto y contrario a la equidad.

En efecto, no sería justo ni equitativo que cuando al acreedor se le debe el 70 % del valor de subasta no pueda adjudicarse la vivienda por menos importe, sino dar carta de pago total de la deuda, y que en cambio, cuando sólo se le debe el 68 % del valor de subasta (como ocurre en el presente caso), sí que pueda adjudicarse la vivienda habitual por una cantidad muy inferior a la debida (sólo el 60%) y seguir por tanto existiendo una parte de deuda pendiente.

Tampoco puede ignorarse que uno de conceptos o elementos integrantes de la cantidad que se deba al ejecutante es la resultante de la tasación de costas, la cual, antes de ser aprobada por el juzgado, ha de ser propuesta por el ejecutante, y por tanto, queda en manos de éste proponer una tasación tal que, convenientemente calculada, evite que la cantidad total debida ascienda al 70 % del valor de subasta, y así poder acogerse a la opción, injusta, del 60 %. Aunque en el presente caso no puede prejuzgarse que haya ocurrido así efectivamente, sí que hay claros indicios para no descartar al menos tal hipótesis.

Algo parecido podría ocurrir si, haciendo un calculo conveniente para jugar con el error de salto del precepto legal, el ejecutante aceptara algún pago parcial de deuda del ejecutado, o incluso condonara o liquidara a la baja parte de la deuda para conseguir que la cifra final sea ligeramente inferior al 70 % del valor de subasta.

Tales hipótesis, aunque no concurrieran efectivamente en el caso presente, sí que refuerzan la necesidad de interpretar el articulo legal de modo que no se produzca ese injusto “error de salto” que sólo beneficiaría convenientemente al ejecutante en claro y correlativo perjuicio del ejecutado que va a verse privado de su vivienda habitual.

Por todo ello, la interpretación ponderada y razonable de la norma, para evitar un resultado literalista injusto y contrario a la equidad y al espíritu y finalidad de la ley, y evitando el “error de salto” referido, habrá de ser la de que “Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60 por cien del valor de subasta”.

Debe tenerse en cuenta que los mandatos legales sobre interpretacion y aplicacion de las normas jurídicas no sólo están dirigidos a los jueces, sino tambien a todas las autoridades públicas que tenga atribuidan funciones y responsabilidades en su aplicación, como ocurre, sin duda alguna, con la calificación de los registradores de la propiedad.

Por todo lo expuesto, en el presente caso, (en el que el total adeudado al ejecutante de vivienda habitual, según la liquidación propuesta por el mismo y aprobada por el juzgado, asciende al 68 % del valor de subasta), y conforme a la interpretación ponderada que aquí se hace del artículo 671 de la LEC (y no meramente literal), se deniega la inscripción de la adjudicación aprobada por tan sólo el 60 % del valor de subasta.
regispro.es


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Luis Ros- PAC-Badalona: Pediría que todo el mundo viviera un desahucio durante dos horas

Luis Ros, nuestro compañero de la Plataforma de Afectados por la Crisis, fue golpeado y detenido por los Mossos. Después en los Juzgados la Fiscalía le pide 6 años de prisión. Los hechos ocurrieron durante el desahucio que tuvo lugar en el día 26 de febrero en la calle Doctor Modrego 24 y fue instado por Anticipa-BBVA. Casi nada. La deriva autoritaria de la Justicia del Estado español hacia la disidencia política, social, sindical y artística está tomando tintes que recuerdan los tiempos de la dictadura franquista.


“Pediría que todo el mundo viviera un desahucio durante dos horas”

Este cabo de los Bomberos de Barcelona es uno de los actuales líderes de la PAC, con sede en Badalona y en Mataró. Cree que las cosas cambiarían si todo el mundo supiera cómo te sientes cuando te expulsan de casa.

Hoy los criminales de los @mossos @interiorcat y Anticipa @BBVA_esp @BBVAresponde, han intentado desahuciar a una mujer y sus 4 hij@s en #Badalona! Lo hemos conseguido parar, pero están heridas 10 personas y un compañero se encuentra detenido. @LA_PAH @PACBADALONA pic.twitter.com/QomcJLDOHe

— P.A.C Mataró (@PACMataro) 26 de febrer de 2018


Entrevista publicada por Sara Muñoz – Badalona – elpuntavui.cat

¿Cómo bombero se ha visto en medio de algún desahucio?
Hace ya muchos años que los bomberos dijimos que no intervindríem en los desahucios. Nosotros golpeábamos en la puerta de las familias y los ofrecíamos ayuda por si tenían una urgencia.

La policía sólo puede limitarse a cumplir la ley?
La policía cumple la ley, pero la ley es amoral. La policía podría manifestarse tanto en la calle como a través de sus sindicatos para decir que no está de acuerdo con lo que le obligan a hacer.

Hacia dónde tenemos que mirar si buscamos culpables?
Quien tiene que hacer que las cosas cambien es el Congreso, que puede cambiar la ley. Ni siquiera el juez tiene la culpa, porque cumple la ley. La exclusión es lo que crea violencia y delincuencia.

¿Por qué se funda la PAC si ya existía la PAH?
Porque en algunas cosas no estamos de acuerdo, como la dación en pago. Y nosotros no tratamos sólo el tema de los desahucios.
La semana pasada fue detenido por los Mossos mientras trataba de detener un desahucio. Es el episodio más desagradable que ha vivido?
La situación más desagradable la vivo cada día cuando veo el terror de una familia que harán fuera de casa, cuando sé de gente que hemos tratado en la PAC y que se ha suicidado. Lunes sufrí una agresión física y una detención, pero diariamente sufro violencia psicológica viendo cómo está la gente.

¿Cuántos casos tienen entre manos?
En la PAC, donde sólo nos llega una parte, gestionamos unas 40 órdenes de desalojo en la semana de familias de Badalona.

¿Los gobiernos municipales podrían hacer más de lo que hacen?
En el caso de Badalona, los advertimos que el tema explotaría y no nos escucharon. Ahora quieren buscar soluciones y todo son prisas, pero la realidad es que en Badalona no hay ni un piso social libre. Somos críticos, pero es cierto que los ayuntamientos están muy limitados.

¿Qué siente cuando escucha dirigentes de entidades bancarias que afirman que los desahucios son una leyenda urbana?
Los medios de comunicación nos deberían ayudar a presionar al poder judicial para que facilite las verdaderas datos, porque no hay manera. Quien afirme que no hay desahucios, que nos acompañe un día nosotros.

¿Las administraciones están ofreciendo siempre una alternativa?
No. Hay gente que se queda en la calle y que se le obliga a ocupar. La falta de respuestas obliga a la gente a intentar sobrevivir. La vivienda es una necesidad básica. Si me sacas, me tendré que buscar la vida.

¿Por qué lo detuvieron este lunes?
Porqué la PAC está molestando demasiado al sistema, los fondos de inversión, la banca …

¿Iban a por usted?
Yo hice el papel de mediador y muchos testigos dan fe. Intento que nadie ponga la mano encima de un policía, que no haya disturbios, que se vea los policías como unos trabajadores. Pero me señalan con el dedo diciendo “tome aquel”. De hecho acabamos denunciados los dos jefes de la organización: Armonía Díaz y yo.


Pasó una noche en la comisaría de los Mossos. ¿Recibió alguna muestra de solidaridad?

Y tanto. Una vez en la comisaría, algunos policías me hicieron llegar mensajes de ánimo. Para mí el mosso d’esquadra es un trabajador y la gente no se puede hacer cargo de bajo qué presión trabajan. Soc capaz de abrazar el mozo que me golpeó.

¿De dónde sospecha que viene la orden de detención?
De algún alto mando de la policía que parece que tiene algún problema, forzado por el poder económico.

¿De qué lo acusan?
De violencia contra la policía, lesiones y desobediencia. Yo no levanté la mano a nadie.

¿Usted denunciará a alguién?
Denunciaré las agresiones que sufrí [muestra grandes azules en las piernas].

¿Cómo cree que acabará su caso?
Tiene pinta que acabaré en la cárcel. Me pueden caer hasta seis años. Creo que querrán desmontar una organización que está molestando, pero no saben que la PAC no soy sólo yo.

¿Ahora actúa con más miedo?
Ni hablar. Esto es lo que no conseguirán. Si es necesario haré la revolución en prisión.

¿Tiene hijos?
Una hija que es guardia urbana y que me apoya. Si entro en la cárcel lo sentiré por mi familia, pero también para el resto de familias que tratamos de ayudar. Si yo pudiera pedir un deseo, pediría que todo el mundo viviera en su piel un desahucio durante dos horas. Entonces las cosas cambiarían.




El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

Después de la visita de José María Eurasquín a Barcelona convidado por diversos colectivos, entre los que está nuestra Asociación, publicamos una noticia muy importante…

El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

IRPH STOP GIPUZKOA RECOMIENDA LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL EUROPEO

CUANDO SE CUMPLEN EXACTAMENTE CUATRO AÑOS DEL INICIO DE LA BATALLA JUDICIAL CONTRA EL IRPH, EL FIN DEL ABUSO ESTÁ CADA DÍA MÁS CERCA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite la cuestión prejudicial relativa al IRPH elevada por el juzgado de instrucción número 38 de Barcelona (ver el auto del juzgado de Barcelona). Se trata de una solicitud planteada por el abogado Alejandro Benavente, de Urbe Abogados, despacho que colabora con Abogados Res, firma donostiarra pionera a nivel estatal en la batalla contra el IRPH. El documento admitido por el Tribunal Europeo está por tanto avalado por el conocimiento de los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, que iniciaron la batalla legal contra el IRPH colaborando de manera gratuita con IRPH Stop Gipuzkoa.

Se da la circunstancia de que el 17 de febrero se han cumplido exactamente 4 años desde que se presentó la primera demanda de nulidad de la cláusula IRPH por ser abusiva. Fue obra de Maite Ortiz y José María Erauskin en colaboración con IRPH Stop Gipuzkoa, y resultó en la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Cuatro años más tarde, la batalla sigue abierta a pesar del reciente intento del Tribunal Supremo español de darle carpetazo.

Se trata de una muy buena noticia para todas las personas afectadas por este índice, que vieron con preocupación cómo el pasado 14 de diciembre de 2017 el Supremo avalaba con su sentencia la aplicación del IRPH sin ningún requerimiento de transparencia.

Se abre ahora un proceso que podría resultar en un nuevo revés desde Europa para el Tribunal Supremo español. No sería la primera ni la segunda ocasión en la que el tribunal europeo corrige al español en asuntos de abuso bancario. Las esperanzas de las personas afectadas por las más de 1.3 millones de hipotecas referidas a este índice están por tanto puestas en Europa. Y no se trata de esperanzas infundadas, pues la propia sentencia del Supremo incluía el voto particular de dos magistrados que afirmaban sin ambages que el fallo del alto tribunal español era contrario al derecho europeo.

Mientras el TJUE analiza la cuestión, desde IRPH Stop Gipuzkoa recomendamos a todas las personas afectadas que haya iniciado un proceso de demanda judicial contra el IRPH que insten su suspensión temporal hasta conocerse la respuesta del tribunal europeo al asunto, al que ha asignado la referencia C-125/18 (asunto Gómez del Moral Guasch). Y es que, a pesar de que son ya varias los juzgados que han dictado sentencias contrarias al criterio del Supremo (anulando por tanto la cláusula de IRPH por abusiva), no cabe duda que las entidades recurrirán y si el tema llega al Supremo éste volverá a fallar a favor de la banca.

El llamamiento de IRPH Stop Gipuzkoa se extiende a todos los juzgadores: suspendan de oficio todos los procesos abiertos en relación a la cláusula IRPH.

Y, por supuesto, el llamamiento se extiende también a las entidades bancarias: dejen de aplicar este índice abusivo. En el caso de IRPH Stop Gipuzkoa queremos hacer un llamamiento especial a Kutxabank, entidad con mayor número de hipotecas con IRPH en nuestro territorio y que hasta su privatización fue una entidad de todos los ciudadanos, creada a partir de las cajas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: detengan de inmediato la aplicación de este índice criminal. Tengan un poco de vergüenza.

 

La Audiencia Provincial de Araba ha iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al IRPH, a instancias los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin en un proceso contra Kutxabank. Cabe señalar que se trata de la misma audiencia, misma entidad bancaria y mismos abogados demandantes que en el caso resuelto por el Tribunal Supremo, en el que dicho tribunal anuló una sentencia de la Audiencia de Araba dando así la razón a Kutxabank y validando la aplicación de este índice.

Anteriormente, dos jueces de Barcelona y Mallorca ya iniciaron los mismos trámites. Además, tras un primer caso en Amurrio ya son varias las sentencias dictadas anulando la cláusula IRPH, en contradicción con el criterio del Supremo. La batalla judicial contra el IRPH sigue por tanto muy activa, a pesar del pronunciamiento del Supremo. A ello contribuye que la propia sentencia del Supremo incluyera un voto particular que afirmaba rotundamente que la misma era contraria al derecho comunitario.

En el caso de Araba Kutxabank ya ha respondido oponiéndose a la opción de preguntar a Europa, alegando que «lo que ocurre es que a los recurrentes no les satisface la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo». Habrá que ver qué decide ahora el juez. Lo que es obvio es que si no es este caso será otro, pero el tema del IRPH terminará llegando al Tribunal Europeo.

 

Después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo arrojara un jarro de agua fría sobre los afectados por IRPH con una sentencia que avalaba la aplicación de este índice, el inicio de año está trayendo muy buenas noticias para las personas afectadas.

Por un lado, durante el mes de enero se han conocido tres casos de juzgados que han dictado sentencias de nulidad de IRPH, contradiciendo al Supremo y aplicando la jurisprudencia europea. Se confirma por tanto que no todo estaba perdido en la batalla judicial contra el IRPH, algo que ya se vislumbraba con la lectura del voto crítico de dos magistrados del Tribunal Supremo, que afirmaban que la sentencia que avalaba la aplicación del IRPH era contraria al derecho comunitario.

Ahora además hemos conocido que un juzgado de primera instancia de Barcelona y la Audiencia Provincial de Mallorca han iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial relativa al IRPH ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, la providencia, la que ha tenido acceso IRPH Stop Gipuzkoa (y que puede consultarse haciendo clic aquí), declara que «se suscitan dudas sobre la conformidad del Derecho de la Unión con el derecho nacional», haciendo referencia expresa a la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, de fecha 14 de diciembre de 2017, que revocó una sentencia de nulidad de la cláusula IRPH.

El juez de Barcelona cuestiona el fondo de la sentencia del Supremo, que afirmaba que al ser el IRPH un índice oficial no cabe aplicar ningún control de transparencia a su incorporación al contrato. El juzgador se pregunta si para la comprensión de la cláusula por parte del consumidor sería necesario proporcionar todos los datos relativos a la configuración del IRPH, y destaca algunas de las características más controvertidas del índice, detallando «que este índice incluye las comisiones y demás gastos, que se trata de una media simple no ponderada sin ningún mecanismo de corrección de las desviaciones que se observen y que es opaco, en comparación con el otro habitual, el Euribor».

El juzgador plantea además una segunda duda, y se pregunta si, en caso de declarase la nulidad de la cláusula relativa al tipo de interés, el préstamo debe quedar con interés nulo.

La providencia abre una pieza separada para elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, iniciando así los trámites necesarios para que el TJUE evalúe la cuestión.

Cabe subrayar que el Tribunal Europeo no va a evaluar la configuración del IRPH ni va a dictar si es bueno o malo, sino que se limitará a determinar si, en aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas, su incorporación al contrato debe hacerse de una manera transparente. En caso afirmativo, el TJUE corregiría una vez más al Tribunal Supremo español, que en este caso determinó que al ser el IRPH un índice oficial no cabía exigir a las entidades bancarias que fueran transparentes en su aplicación ni que dieran las explicaciones oportunas a los consumidores.

Se trata de una muy buena noticia en opinión de IRPH Stop Gipuzkoa. Seguimos convencidos de que venceremos. Mientras tanto, queremos enviar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas. El camino está siendo muy largo, desde que hace cuatro años, en 2014, nuestra plataforma inició la batalla jurídica contra este abuso y consiguió la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Pero terminaremos venciendo.

Un juzgado de Amurrio (Araba) dictó el pasado 15 de enero la primera sentencia conocida que anulaba por abusiva la cláusula de IRPH contradiciendo directamente la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017. Ahora se han conocido dos nuevas sentencias, de fechas 15 y 18 de enero y dictadas en Sagunto y Alicante respectivamente, que igualmente anulan por abusiva la cláusula de IRPH.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia, favorable al IRPH, era contraria al derecho europeo. Son ya como mínimo tres los juzgados que coinciden con el criterio de estos magistrados discrepantes, y no cabe duda que habrá más.

Y tampoco cabe duda alguna sobre cómo terminará todo esto: ante la falta de unanimidad en el propio Tribunal Supremo algún juzgador decidirá elevar cuestión prejudicial a Europa, y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien analice el caso. La esperanza de las miles de familias afectadas es ahora que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.


Nota: las sentencias están disponibles en el apartado Tribunales de nuestra web, y también las puedes descargar haciendo clic aquí (Sagunto) y aquí (Alicante).


 

PRIMERA SENTENCIA DE NULIDAD DE IRPH CONTRADICIENDO AL TRIBUNAL SUPREMO

UN JUZGADO DE AMURRIO (ARABA) DECLARA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE IRPH Y LO HACE «EN APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA»

SE DEMUESTRA QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO NO HA AGOTADO LA VÍA JURÍDICA Y QUEDA CLARO QUE EL IRPH TERMINARÁ SIENDO JUZGADO POR EL TRIBUNAL EUROPEO

Donostia, 19-1-2018

Una sentencia fechada el 15 de enero en Amurrio (Araba) se ha convertido en la primera en contradecir al Tribunal Supremo y declarar nula la cláusula de IRPH. Es al menos la primera que conocemos.

Un mes después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo resolviera a favor de la banca en el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite se ha publicado esta sentencia que, contradiciendo al Supremo, decide declarar abusiva la cláusula de interés IRPH y lo hace «en aplicación de la jurisprudencia europea».

Se trata de un avance de gran importancia en la lucha contra este índice abusivo. Y aunque sólo era cuestión de tiempo que algún juez decidiera dar el paso y negarse a aplicar la chapucera sentencia del Supremo, el fallo de Amurrio no deja de ser una muy buena noticia para todas las personas afectadas por el índice.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia era contraria al derecho europeo. La jueza de Amurrio comparte este criterio y anula la cláusula tras comprobar que los demandantes «no tuvieron posibilidad real de comprender el alcance de las disposiciones relativas al tipo de interés». Además, y también en aplicación de la jurisprudencia europea, la jueza de Amurrio no sustituye el IRPH por otro índice, sino que deja el préstamo sin interés.

Es especialmente significativo que esta sentencia haya sido dictada en Araba, pues el más que previsible recurso de la entidad bancaria (Caja Rural de Navarra) deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Araba, que es precisamente la autora de la sentencia que fue revocada por el Supremo el pasado 14 de diciembre. La Audiencia alavesa deberá decidir ahora si cambia de criterio y acata la sentencia del Supremo o si por el contrario se mantiene firme en su doctrina favorable a la nulidad de la cláusula IRPH. Existe una tercera opción, y es que la Audiencia decida plantear una cuestión prejudicial solicitando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida sobre la materia. Lo que es obvio es que si no es la Audiencia de Araba será algún otro Juzgado o Audiencia quien lo solicite, y por tanto se puede dar por hecho que el IRPH terminará siendo juzgado en Europa.

La esperanza de las miles de familias afectadas es por tanto que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.

Desde IRPH Stop Gipuzkoa valoramos muy positivamente la sentencia y enviamos un mensaje de ánimo a todas las familias afectadas. Costará, pero venceremos.

Nota: la sentencia está disponible en el apartado Tribunales de nuestra web, y también la puedes descargar haciendo clic aquí.