Las familias que perdieron su vivienda antes del 03/14/2013 podrán revocar la sentencia y reclamar daños al Banco y al Estado

LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/14/2013

PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…


El fallo del alto tribunal dice:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Dña. Leticia y D. Ovidio contra la sentencia n.º 682/2014, de 4 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el recurso de apelación núm. 229/2014 , que anulamos y dejamos sin efecto.
  2. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao, en el juicio ordinario n.º 642/2013, con fecha 16 de enero de 2014, que confirmamos.
  3. No hacer expresa imposición de las costas causadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, e imponer a Celeris Servicios Financieros S.A., EFC las costas del recurso de apelación.
  4. Ordenar la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y la pérdida del prestado para el recurso de apelación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.


El Supremo sentencia que los casos aparentemente juzgados pueden no estar cerrados porque el TS considera que en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 03/14/2013, los jueces no podían revisar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos hipotecarios ni los deudores podían oponerse aduciendo dichas cláusulas. por todo ello, el Alto Tribunal resuelve que las ejecuciones hipotecarias anteriores a esa fecha no tienen  por lo que entiende el TS que dichos procedimientos de ejecución hipotecaria no tienen fuerza de cosa juzgada.

El Tribunal Supremo abre la Caja de Pandora para la Banca: no sólo no es cosa juzgada sino que se podrá reclamar por daños y perjuicios derivados de la pérdida de la vivienda habitual de resultas de la aplicación indebida de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado. El deudor podrá por lo tanto, recuperar su vivienda y si no es posible exigir una compensación económica por ello. No sólo eso, se abre la posibilidad de reclamar al estado posibles perjuicios derivados.

LA ENORME IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA HA PASADO DESAPERCIBIDA POR LA MAYORÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PANIAGUADOS DE LA GRAN BANCA.

EN BREVE NUESTRA ENTIDAD REALIZAREMOS UNA CHARLA EN BARCELONA CON ABOGADOS SOBRE ESTE TEMA Y OTROS RELACIONADOS


DOCUMENTACIÓN ÚTIL>>>>>


En el siguiente video nuestro compañero Antonio Muñoz de la Ventana Esmeralda explica muy bien EL ALCANCE DE ESTA SENTENCIA.




subasta de vivienda habitual: el “ERROR DE SALTO” (del 70% al 60 %) en la interpretación literal del art 671 LEC

En esta entrada se valora si es justa y realista la legislación que otorga al ejecutante o a la entidad financiera la potestad de adjudicarse en subasta de vivienda habitual un bien que su precio de tasación supone por ejemplo el 67% y el banco se lo adjudica al 60% en lugar del 70% y queda por lo tanto una enorme deuda familiar.

En una ejecución (hipotecaria u ordinaria) sobre vivienda habitual, el articulo 671 LEC tiene una redacción que, literalmente interpretada, daría lugar a un importante “error de salto”, pues, por ejemplo, cuando al ejecutante se le debe una cantidad equivalente al 70 % del valor de subasta, no se puede adjudicar la finca sin dar carta de pago, y en cambio, si sólo se le debiera, digamos, el 69,5 %, podría adjudicarse la finca por tan sólo el 60 % de su valor de subasta y seguir reclamando el resto de deuda no cubierta con tal adjudicación, por ejemplo, embargando y ejecutando otros bienes del deudor que se ha quedado sin su vivienda habitual.

Esta posibilidad interpretativa, claramente injusta, pero amparada por la redacción literal del precepto, ha sido denunciada reiteradamente por muchos juristas (en general) , y abordada y vedada en ocasiones por algunos jueces.

¿Y los registradores?

¿Acaso no pueden/deben hacer una interpretación finalista del precepto que corrija ese “error de salto” evidentemente injusto y contrario a la finalidad de la norma (la protección de los ejecutados en caso de vivienda habitual) y a la equidad?

El autor de estas líneas sostiene que los registradores no sólo pueden, sino que incluso hasta cierto punto deben hacer tal interpretación finalista para corregir el referido “error de salto”.

En el ámbito tributario, la doctrina jurisprudencia que proscribía el llamado “error de salto” acabó teniendo incluso plasmación legal en el artículo 56.3 de la Ley General Tributaria, que no se limita a ordenar cómo han de ser interpretadas las normas tributarias para evitar el error de salto, sino que incluso ordena cómo han de ser aplicadas para corregir el error de salto aunque su interpretación no admita matices, pues ordena que “la cuota íntegra deberá reducirse de oficio cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso.”

En el ámbito hipotecario, y en concreto, en la cuestión que nos ocupa (la interpretación del articulo 671 LEC), y aún reconociendo las distancias conceptuales que existen entre los derechos recaudatorios de la hacienda pública frente al contribuyente y los derechos “confiscatorios” del ejecutante frente a la vivienda habitual del ejecutado, quizá cabría formular analógicamente el principio de justicia material que inspira la doctrina que prohibe el error de salto diciendo algo así como que “a una disminución X del importe de la cantidad debida al acreedor no puede corresponderle una disminución mayor que X de la cantidad por la que se puede adjudicar la vivienda habitual del ejecutado a falta de postores”.

Y que por tanto, si al ejecutante se le debe cantidad equivalente al 69,5 % del valor de subasta de la vivienda habitual del ejecutado, no se puede adjudicar dicha vivienda por menos de ese 69,5 %.

Aunque el sentir más generalizado en el ámbito registral es no afrontar éste problema desde la calificación registral y confinarlo únicamente a la apreciación judicial, (que ahora ni siquiera existirá en la mayoría de los casos, pues no es el juez sino el Letrado de la administración de justicia el que aprueba las adjudicaciones), se sugiere una posible redacción de la fundamentación jurídica correspondiente para quien comparta la idea de que esta cuestión sí que compete tambien a la calificación registral, (revisable, como siempre, por los Tribunales de Justicia por vía de recurso).

(Nota: los datos numéricos están tomados de un caso real)

DEFECTO: Respecto de la cantidad por la que se adjudica la finca al ejecutante a falta de postores

El Artículo 671 de la Ley de enjuiciamiento civil, titulado “Subasta sin ningún postor” establece lo siguiente:
.
“Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.”

En el presente caso, SE TRATA DE VIVIENDA HABITUAL, y el ejecutante, a falta de postores, se adjudica la finca por el 60 % del valor de subasta alegando que la cantidad que se le debe por todos los conceptos es inferior al 70% de dicho valor.

Pero concurren las circunstancias siguientes:

VALOR SUBASTA 354.074,22

LIQUIDACION DE LA DEUDA: INTERESES ORDINARIOS: 10.433,27
PRINCIPAL: 184.413,66
INTERESES DE DEMORA: 798,85
INTERESES DE DEMORA DURANTE LA EJECUCIÓN: 35.089,82
COSTAS: 9.782,29
SUMA TOTAL: 240.517,89 EUROS

% DEUDA/VALOR SUBASTA 67,93

SI ADJUDICACION POR 70% 247.851,954
HABRÍA SOBRANTE 7.334,064

SI ADJUDICACION POR 60% 212.444,532
HABRÍA DEUDA PENDIENTE 28.073,358

Vemos, por tanto, que la cantidad que se le adeuda al ejecutante por todos los conceptos (240.517,89 euros) equivale casi al 68 % (67,93 %) del valor de subasta.

  • Si se adjudicara la finca por el 70% de dicho valor, existiría un sobrante de 7.334 euros.
  • Si se la adjudicara por la cantidad que se le debe por todos los conceptos,, que equivale al 67.96 % del valor de subasta) quedaría totalmente saldada la deuda, y no habría ni sobrante ni deuda pendiente.
  • Si se la adjudica, como es el caso, por el 60 % del valor de subasta, resulta que sí que hay todavía deuda pendiente, en concreto, 28.073,35 euros.

Una interpretación puramente literal del precepto legal, como la que se ha hecho por el ejecutante, puede producir un resultado no sólo absurdo, e incongruente, sino profundamente injusto y contrario a la equidad, cuando, como es el caso, por el hecho de que la deuda sea ligeramente inferior al 70 % del valor de subasta, se permita al acreedor adjudicarse la finca sólo por el 60 % y seguir existiendo un saldo a su favor, o deuda pendiente a cargo del ejecutado que se ve privado de su vivienda habitual.

Teniendo en cuenta que conforme al articulo 3 del Código Civil, “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.” y teniendo en cuenta tambien que ” la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas”, parece claro, que la interpretación del citado precepto legal no puede ser la puramente literal, sino la finalista, atendiendo el espíritu y finalidad de la ley (que fue la de aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual) y a la equidad, conforme a la cual sería contrario a la equidad que la ley amparara un “error de salto” absurdo, injusto y contrario a la equidad.

En efecto, no sería justo ni equitativo que cuando al acreedor se le debe el 70 % del valor de subasta no pueda adjudicarse la vivienda por menos importe, sino dar carta de pago total de la deuda, y que en cambio, cuando sólo se le debe el 68 % del valor de subasta (como ocurre en el presente caso), sí que pueda adjudicarse la vivienda habitual por una cantidad muy inferior a la debida (sólo el 60%) y seguir por tanto existiendo una parte de deuda pendiente.

Tampoco puede ignorarse que uno de conceptos o elementos integrantes de la cantidad que se deba al ejecutante es la resultante de la tasación de costas, la cual, antes de ser aprobada por el juzgado, ha de ser propuesta por el ejecutante, y por tanto, queda en manos de éste proponer una tasación tal que, convenientemente calculada, evite que la cantidad total debida ascienda al 70 % del valor de subasta, y así poder acogerse a la opción, injusta, del 60 %. Aunque en el presente caso no puede prejuzgarse que haya ocurrido así efectivamente, sí que hay claros indicios para no descartar al menos tal hipótesis.

Algo parecido podría ocurrir si, haciendo un calculo conveniente para jugar con el error de salto del precepto legal, el ejecutante aceptara algún pago parcial de deuda del ejecutado, o incluso condonara o liquidara a la baja parte de la deuda para conseguir que la cifra final sea ligeramente inferior al 70 % del valor de subasta.

Tales hipótesis, aunque no concurrieran efectivamente en el caso presente, sí que refuerzan la necesidad de interpretar el articulo legal de modo que no se produzca ese injusto “error de salto” que sólo beneficiaría convenientemente al ejecutante en claro y correlativo perjuicio del ejecutado que va a verse privado de su vivienda habitual.

Por todo ello, la interpretación ponderada y razonable de la norma, para evitar un resultado literalista injusto y contrario a la equidad y al espíritu y finalidad de la ley, y evitando el “error de salto” referido, habrá de ser la de que “Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60 por cien del valor de subasta”.

Debe tenerse en cuenta que los mandatos legales sobre interpretacion y aplicacion de las normas jurídicas no sólo están dirigidos a los jueces, sino tambien a todas las autoridades públicas que tenga atribuidan funciones y responsabilidades en su aplicación, como ocurre, sin duda alguna, con la calificación de los registradores de la propiedad.

Por todo lo expuesto, en el presente caso, (en el que el total adeudado al ejecutante de vivienda habitual, según la liquidación propuesta por el mismo y aprobada por el juzgado, asciende al 68 % del valor de subasta), y conforme a la interpretación ponderada que aquí se hace del artículo 671 de la LEC (y no meramente literal), se deniega la inscripción de la adjudicación aprobada por tan sólo el 60 % del valor de subasta.
regispro.es


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Luis Ros- PAC-Badalona: Pediría que todo el mundo viviera un desahucio durante dos horas

Luis Ros, nuestro compañero de la Plataforma de Afectados por la Crisis, fue golpeado y detenido por los Mossos. Después en los Juzgados la Fiscalía le pide 6 años de prisión. Los hechos ocurrieron durante el desahucio que tuvo lugar en el día 26 de febrero en la calle Doctor Modrego 24 y fue instado por Anticipa-BBVA. Casi nada. La deriva autoritaria de la Justicia del Estado español hacia la disidencia política, social, sindical y artística está tomando tintes que recuerdan los tiempos de la dictadura franquista.


“Pediría que todo el mundo viviera un desahucio durante dos horas”

Este cabo de los Bomberos de Barcelona es uno de los actuales líderes de la PAC, con sede en Badalona y en Mataró. Cree que las cosas cambiarían si todo el mundo supiera cómo te sientes cuando te expulsan de casa.

Hoy los criminales de los @mossos @interiorcat y Anticipa @BBVA_esp @BBVAresponde, han intentado desahuciar a una mujer y sus 4 hij@s en #Badalona! Lo hemos conseguido parar, pero están heridas 10 personas y un compañero se encuentra detenido. @LA_PAH @PACBADALONA pic.twitter.com/QomcJLDOHe

— P.A.C Mataró (@PACMataro) 26 de febrer de 2018


Entrevista publicada por Sara Muñoz – Badalona – elpuntavui.cat

¿Cómo bombero se ha visto en medio de algún desahucio?
Hace ya muchos años que los bomberos dijimos que no intervindríem en los desahucios. Nosotros golpeábamos en la puerta de las familias y los ofrecíamos ayuda por si tenían una urgencia.

La policía sólo puede limitarse a cumplir la ley?
La policía cumple la ley, pero la ley es amoral. La policía podría manifestarse tanto en la calle como a través de sus sindicatos para decir que no está de acuerdo con lo que le obligan a hacer.

Hacia dónde tenemos que mirar si buscamos culpables?
Quien tiene que hacer que las cosas cambien es el Congreso, que puede cambiar la ley. Ni siquiera el juez tiene la culpa, porque cumple la ley. La exclusión es lo que crea violencia y delincuencia.

¿Por qué se funda la PAC si ya existía la PAH?
Porque en algunas cosas no estamos de acuerdo, como la dación en pago. Y nosotros no tratamos sólo el tema de los desahucios.
La semana pasada fue detenido por los Mossos mientras trataba de detener un desahucio. Es el episodio más desagradable que ha vivido?
La situación más desagradable la vivo cada día cuando veo el terror de una familia que harán fuera de casa, cuando sé de gente que hemos tratado en la PAC y que se ha suicidado. Lunes sufrí una agresión física y una detención, pero diariamente sufro violencia psicológica viendo cómo está la gente.

¿Cuántos casos tienen entre manos?
En la PAC, donde sólo nos llega una parte, gestionamos unas 40 órdenes de desalojo en la semana de familias de Badalona.

¿Los gobiernos municipales podrían hacer más de lo que hacen?
En el caso de Badalona, los advertimos que el tema explotaría y no nos escucharon. Ahora quieren buscar soluciones y todo son prisas, pero la realidad es que en Badalona no hay ni un piso social libre. Somos críticos, pero es cierto que los ayuntamientos están muy limitados.

¿Qué siente cuando escucha dirigentes de entidades bancarias que afirman que los desahucios son una leyenda urbana?
Los medios de comunicación nos deberían ayudar a presionar al poder judicial para que facilite las verdaderas datos, porque no hay manera. Quien afirme que no hay desahucios, que nos acompañe un día nosotros.

¿Las administraciones están ofreciendo siempre una alternativa?
No. Hay gente que se queda en la calle y que se le obliga a ocupar. La falta de respuestas obliga a la gente a intentar sobrevivir. La vivienda es una necesidad básica. Si me sacas, me tendré que buscar la vida.

¿Por qué lo detuvieron este lunes?
Porqué la PAC está molestando demasiado al sistema, los fondos de inversión, la banca …

¿Iban a por usted?
Yo hice el papel de mediador y muchos testigos dan fe. Intento que nadie ponga la mano encima de un policía, que no haya disturbios, que se vea los policías como unos trabajadores. Pero me señalan con el dedo diciendo “tome aquel”. De hecho acabamos denunciados los dos jefes de la organización: Armonía Díaz y yo.


Pasó una noche en la comisaría de los Mossos. ¿Recibió alguna muestra de solidaridad?

Y tanto. Una vez en la comisaría, algunos policías me hicieron llegar mensajes de ánimo. Para mí el mosso d’esquadra es un trabajador y la gente no se puede hacer cargo de bajo qué presión trabajan. Soc capaz de abrazar el mozo que me golpeó.

¿De dónde sospecha que viene la orden de detención?
De algún alto mando de la policía que parece que tiene algún problema, forzado por el poder económico.

¿De qué lo acusan?
De violencia contra la policía, lesiones y desobediencia. Yo no levanté la mano a nadie.

¿Usted denunciará a alguién?
Denunciaré las agresiones que sufrí [muestra grandes azules en las piernas].

¿Cómo cree que acabará su caso?
Tiene pinta que acabaré en la cárcel. Me pueden caer hasta seis años. Creo que querrán desmontar una organización que está molestando, pero no saben que la PAC no soy sólo yo.

¿Ahora actúa con más miedo?
Ni hablar. Esto es lo que no conseguirán. Si es necesario haré la revolución en prisión.

¿Tiene hijos?
Una hija que es guardia urbana y que me apoya. Si entro en la cárcel lo sentiré por mi familia, pero también para el resto de familias que tratamos de ayudar. Si yo pudiera pedir un deseo, pediría que todo el mundo viviera en su piel un desahucio durante dos horas. Entonces las cosas cambiarían.




El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

Después de la visita de José María Eurasquín a Barcelona convidado por diversos colectivos, entre los que está nuestra Asociación, publicamos una noticia muy importante…

El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

IRPH STOP GIPUZKOA RECOMIENDA LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL EUROPEO

CUANDO SE CUMPLEN EXACTAMENTE CUATRO AÑOS DEL INICIO DE LA BATALLA JUDICIAL CONTRA EL IRPH, EL FIN DEL ABUSO ESTÁ CADA DÍA MÁS CERCA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite la cuestión prejudicial relativa al IRPH elevada por el juzgado de instrucción número 38 de Barcelona (ver el auto del juzgado de Barcelona). Se trata de una solicitud planteada por el abogado Alejandro Benavente, de Urbe Abogados, despacho que colabora con Abogados Res, firma donostiarra pionera a nivel estatal en la batalla contra el IRPH. El documento admitido por el Tribunal Europeo está por tanto avalado por el conocimiento de los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, que iniciaron la batalla legal contra el IRPH colaborando de manera gratuita con IRPH Stop Gipuzkoa.

Se da la circunstancia de que el 17 de febrero se han cumplido exactamente 4 años desde que se presentó la primera demanda de nulidad de la cláusula IRPH por ser abusiva. Fue obra de Maite Ortiz y José María Erauskin en colaboración con IRPH Stop Gipuzkoa, y resultó en la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Cuatro años más tarde, la batalla sigue abierta a pesar del reciente intento del Tribunal Supremo español de darle carpetazo.

Se trata de una muy buena noticia para todas las personas afectadas por este índice, que vieron con preocupación cómo el pasado 14 de diciembre de 2017 el Supremo avalaba con su sentencia la aplicación del IRPH sin ningún requerimiento de transparencia.

Se abre ahora un proceso que podría resultar en un nuevo revés desde Europa para el Tribunal Supremo español. No sería la primera ni la segunda ocasión en la que el tribunal europeo corrige al español en asuntos de abuso bancario. Las esperanzas de las personas afectadas por las más de 1.3 millones de hipotecas referidas a este índice están por tanto puestas en Europa. Y no se trata de esperanzas infundadas, pues la propia sentencia del Supremo incluía el voto particular de dos magistrados que afirmaban sin ambages que el fallo del alto tribunal español era contrario al derecho europeo.

Mientras el TJUE analiza la cuestión, desde IRPH Stop Gipuzkoa recomendamos a todas las personas afectadas que haya iniciado un proceso de demanda judicial contra el IRPH que insten su suspensión temporal hasta conocerse la respuesta del tribunal europeo al asunto, al que ha asignado la referencia C-125/18 (asunto Gómez del Moral Guasch). Y es que, a pesar de que son ya varias los juzgados que han dictado sentencias contrarias al criterio del Supremo (anulando por tanto la cláusula de IRPH por abusiva), no cabe duda que las entidades recurrirán y si el tema llega al Supremo éste volverá a fallar a favor de la banca.

El llamamiento de IRPH Stop Gipuzkoa se extiende a todos los juzgadores: suspendan de oficio todos los procesos abiertos en relación a la cláusula IRPH.

Y, por supuesto, el llamamiento se extiende también a las entidades bancarias: dejen de aplicar este índice abusivo. En el caso de IRPH Stop Gipuzkoa queremos hacer un llamamiento especial a Kutxabank, entidad con mayor número de hipotecas con IRPH en nuestro territorio y que hasta su privatización fue una entidad de todos los ciudadanos, creada a partir de las cajas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: detengan de inmediato la aplicación de este índice criminal. Tengan un poco de vergüenza.

 

La Audiencia Provincial de Araba ha iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al IRPH, a instancias los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin en un proceso contra Kutxabank. Cabe señalar que se trata de la misma audiencia, misma entidad bancaria y mismos abogados demandantes que en el caso resuelto por el Tribunal Supremo, en el que dicho tribunal anuló una sentencia de la Audiencia de Araba dando así la razón a Kutxabank y validando la aplicación de este índice.

Anteriormente, dos jueces de Barcelona y Mallorca ya iniciaron los mismos trámites. Además, tras un primer caso en Amurrio ya son varias las sentencias dictadas anulando la cláusula IRPH, en contradicción con el criterio del Supremo. La batalla judicial contra el IRPH sigue por tanto muy activa, a pesar del pronunciamiento del Supremo. A ello contribuye que la propia sentencia del Supremo incluyera un voto particular que afirmaba rotundamente que la misma era contraria al derecho comunitario.

En el caso de Araba Kutxabank ya ha respondido oponiéndose a la opción de preguntar a Europa, alegando que «lo que ocurre es que a los recurrentes no les satisface la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo». Habrá que ver qué decide ahora el juez. Lo que es obvio es que si no es este caso será otro, pero el tema del IRPH terminará llegando al Tribunal Europeo.

 

Después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo arrojara un jarro de agua fría sobre los afectados por IRPH con una sentencia que avalaba la aplicación de este índice, el inicio de año está trayendo muy buenas noticias para las personas afectadas.

Por un lado, durante el mes de enero se han conocido tres casos de juzgados que han dictado sentencias de nulidad de IRPH, contradiciendo al Supremo y aplicando la jurisprudencia europea. Se confirma por tanto que no todo estaba perdido en la batalla judicial contra el IRPH, algo que ya se vislumbraba con la lectura del voto crítico de dos magistrados del Tribunal Supremo, que afirmaban que la sentencia que avalaba la aplicación del IRPH era contraria al derecho comunitario.

Ahora además hemos conocido que un juzgado de primera instancia de Barcelona y la Audiencia Provincial de Mallorca han iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial relativa al IRPH ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, la providencia, la que ha tenido acceso IRPH Stop Gipuzkoa (y que puede consultarse haciendo clic aquí), declara que «se suscitan dudas sobre la conformidad del Derecho de la Unión con el derecho nacional», haciendo referencia expresa a la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, de fecha 14 de diciembre de 2017, que revocó una sentencia de nulidad de la cláusula IRPH.

El juez de Barcelona cuestiona el fondo de la sentencia del Supremo, que afirmaba que al ser el IRPH un índice oficial no cabe aplicar ningún control de transparencia a su incorporación al contrato. El juzgador se pregunta si para la comprensión de la cláusula por parte del consumidor sería necesario proporcionar todos los datos relativos a la configuración del IRPH, y destaca algunas de las características más controvertidas del índice, detallando «que este índice incluye las comisiones y demás gastos, que se trata de una media simple no ponderada sin ningún mecanismo de corrección de las desviaciones que se observen y que es opaco, en comparación con el otro habitual, el Euribor».

El juzgador plantea además una segunda duda, y se pregunta si, en caso de declarase la nulidad de la cláusula relativa al tipo de interés, el préstamo debe quedar con interés nulo.

La providencia abre una pieza separada para elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, iniciando así los trámites necesarios para que el TJUE evalúe la cuestión.

Cabe subrayar que el Tribunal Europeo no va a evaluar la configuración del IRPH ni va a dictar si es bueno o malo, sino que se limitará a determinar si, en aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas, su incorporación al contrato debe hacerse de una manera transparente. En caso afirmativo, el TJUE corregiría una vez más al Tribunal Supremo español, que en este caso determinó que al ser el IRPH un índice oficial no cabía exigir a las entidades bancarias que fueran transparentes en su aplicación ni que dieran las explicaciones oportunas a los consumidores.

Se trata de una muy buena noticia en opinión de IRPH Stop Gipuzkoa. Seguimos convencidos de que venceremos. Mientras tanto, queremos enviar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas. El camino está siendo muy largo, desde que hace cuatro años, en 2014, nuestra plataforma inició la batalla jurídica contra este abuso y consiguió la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Pero terminaremos venciendo.

Un juzgado de Amurrio (Araba) dictó el pasado 15 de enero la primera sentencia conocida que anulaba por abusiva la cláusula de IRPH contradiciendo directamente la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017. Ahora se han conocido dos nuevas sentencias, de fechas 15 y 18 de enero y dictadas en Sagunto y Alicante respectivamente, que igualmente anulan por abusiva la cláusula de IRPH.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia, favorable al IRPH, era contraria al derecho europeo. Son ya como mínimo tres los juzgados que coinciden con el criterio de estos magistrados discrepantes, y no cabe duda que habrá más.

Y tampoco cabe duda alguna sobre cómo terminará todo esto: ante la falta de unanimidad en el propio Tribunal Supremo algún juzgador decidirá elevar cuestión prejudicial a Europa, y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien analice el caso. La esperanza de las miles de familias afectadas es ahora que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.


Nota: las sentencias están disponibles en el apartado Tribunales de nuestra web, y también las puedes descargar haciendo clic aquí (Sagunto) y aquí (Alicante).


 

PRIMERA SENTENCIA DE NULIDAD DE IRPH CONTRADICIENDO AL TRIBUNAL SUPREMO

UN JUZGADO DE AMURRIO (ARABA) DECLARA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE IRPH Y LO HACE «EN APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA»

SE DEMUESTRA QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO NO HA AGOTADO LA VÍA JURÍDICA Y QUEDA CLARO QUE EL IRPH TERMINARÁ SIENDO JUZGADO POR EL TRIBUNAL EUROPEO

Donostia, 19-1-2018

Una sentencia fechada el 15 de enero en Amurrio (Araba) se ha convertido en la primera en contradecir al Tribunal Supremo y declarar nula la cláusula de IRPH. Es al menos la primera que conocemos.

Un mes después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo resolviera a favor de la banca en el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite se ha publicado esta sentencia que, contradiciendo al Supremo, decide declarar abusiva la cláusula de interés IRPH y lo hace «en aplicación de la jurisprudencia europea».

Se trata de un avance de gran importancia en la lucha contra este índice abusivo. Y aunque sólo era cuestión de tiempo que algún juez decidiera dar el paso y negarse a aplicar la chapucera sentencia del Supremo, el fallo de Amurrio no deja de ser una muy buena noticia para todas las personas afectadas por el índice.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia era contraria al derecho europeo. La jueza de Amurrio comparte este criterio y anula la cláusula tras comprobar que los demandantes «no tuvieron posibilidad real de comprender el alcance de las disposiciones relativas al tipo de interés». Además, y también en aplicación de la jurisprudencia europea, la jueza de Amurrio no sustituye el IRPH por otro índice, sino que deja el préstamo sin interés.

Es especialmente significativo que esta sentencia haya sido dictada en Araba, pues el más que previsible recurso de la entidad bancaria (Caja Rural de Navarra) deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Araba, que es precisamente la autora de la sentencia que fue revocada por el Supremo el pasado 14 de diciembre. La Audiencia alavesa deberá decidir ahora si cambia de criterio y acata la sentencia del Supremo o si por el contrario se mantiene firme en su doctrina favorable a la nulidad de la cláusula IRPH. Existe una tercera opción, y es que la Audiencia decida plantear una cuestión prejudicial solicitando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida sobre la materia. Lo que es obvio es que si no es la Audiencia de Araba será algún otro Juzgado o Audiencia quien lo solicite, y por tanto se puede dar por hecho que el IRPH terminará siendo juzgado en Europa.

La esperanza de las miles de familias afectadas es por tanto que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.

Desde IRPH Stop Gipuzkoa valoramos muy positivamente la sentencia y enviamos un mensaje de ánimo a todas las familias afectadas. Costará, pero venceremos.

Nota: la sentencia está disponible en el apartado Tribunales de nuestra web, y también la puedes descargar haciendo clic aquí.




Como prevarican los jueces contra los deudores hipotecarios en los procesos declarativos (I)

Dado que las ejecuciones hipotecarias están tocadas de muerte y en poco tiempo estarán rematadas, los bancos  salen ahora con uan reclamación de la deuda hipotecaria mediante una demanda de proceso declarativo en la que pretende conseguir una sentencia con el mismo efecto que la cláusula de vencimiento anticipado del contrato cuya declaración de nulidad les está cerrando la vía de la ejecución hipotecaria, para después ejecutar esa sentencia igual que antes ejecutaban la escritura hipotecaria.

Una de las normas en las que pretenden basar ese vencimiento anticipado no pactado es la del artículo 1129 CC. Cualquier persona sin necesidad de ser jurista, debería percatarse ya a primera vista que esta norma no es aplicable a las deudas hipotecarias, porque obviamente estas están garantizadas por la hipoteca. Tan obvio resulta que no se entiende como se pretende algo tan descabellado con un vencimiento anticipado basándose en esta norma. Cualquiera pensaría que esto sería desestimado de entrada por cualquier juez. Si nos fijamos con un poco de atención comprobaremos que tampoco se cumple el requisito de la insolvencia, pues el deudor hipotecario que incumple sus obligaciones de pago periódicas es moroso sin duda, pero no insolvente porque en su patrimonio existe al menos un bien para cubrir la deuda, lo habéis adivinado se trata del bien hipotecado. El que el patrimonio del deudor carezca de la liquidez para cumplir las obligaciones de pago periódicas no cambia el hecho que sea suficiente para cubrir la deuda. Por tanto, no cabe hablar de insolvencia. Por tanto, es ridículamente claro que la norma del artículo 1129 CC no es aplicable a las deudas hipotecarias.

Seguramente el lector perspicaz ya habrá adivinado que a pesar de lo anterior los jueces están prevaricando a favor del banco, estimando que el deudor hipotecario debe perder el derecho al plazo en base a este artículo. Otra prevariación de la Administración de Justicia contra los deudores hipotecarios en beneficio de la Banca.

Pero para ser justos y no crear falsas desesperanzas, hay que aclarar que dado que el número de estos procesos declarativos no alcanza aún ni de lejos el de las ejecuciones hipotecarias, no conozco sufientes casos para saber si esta prevaricación será de aplicación generalizada, o minoritaria y si costará más o menos vencerla.

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La cláusula de vencimiento anticipado y su necesaria inscripción registral

De resultas de la imputación de coacciones al abogado J.A.Gallegos por defender la abusividad de cláusulas hipotecarias.

¿Se saltan las normas procesales y garantistas y se vulnera la tutela efectiva de los deudores a favor de la Banca?

La ejecución hipotecaria es un procedimiento de extraordinaria fuerza ejecutiva del título del derecho que reduce y limita los medios de defensa del deudor hipotecario de modo que cualquier reclamación que el deudor pueda formular sólo se puede resolver en el juicio que corresponda. Por contrapeso y garantía del derecho del deudor tan drásticamente restringido en su intervención procesal se debe exigir un examen riguroso de los requisitos de que debe estar revestido la ejecutante para poder dar inicio a tan privilegiado procedimiento, entre los que, sin duda, se halla la legitimación formal, y en este caso sustantiva, de la demandante, que según el artículo 688-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe acreditarse a través de la certificación del Registrador en la que “se exprese que la hipoteca a favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar”. Al respecto resulta de interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2013, de 8 de abril.

El Registro de la Propiedad tiene la tutela de dar veracidad a lo inscrito en sus libros mientras no se demuestre su inexactitud, esto es, se presume que el derecho inscrito existe y que el mismo pertenece a su titular registral y que el derecho cuyo asiento registral no está inscrito o se halla cancelado no existe, siempre que en cualquiera de los dos supuestos, no se demuestre lo contrario.

Por ello, concluimos con causa, el procedimiento hipotecario no deja de ser una ejecución directa de base registral de manera que sólo puede ejercitarse, partiendo del art. 130 de la Ley Hipotecaria, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se haya recogido en el asiento respectivo del registro de la propiedad.

Recordamos estos párrafos que escribimos en nuestro blog – La nulidad de la ejecución hipotecaria por falta de legitimación registral– hace más de un año porqué tras la hecatombe de la práctica totalidad de Cajas y Bancos del país, en los procedimientos de ejecución hipotecaria se presentaban las entidades financieras sucesoras de las extinguidas saltándose las más elementales normas registrales lo que provocó un alud de archivos o nulidad de ejecuciones hipotecarias.

Art. VII TP RGRP – Art C.C. Los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento o se declare judicialmente su invalidez.

Prevaricación y coacciones. Tutela judicial y cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios

A raíz del procesamiento penal del abogado José Ángel GALLEGOS por supuestas coacciones al juez del juzgado de Primera Instancia y Instrucción nº6 de Vilanova y la Geltrú, hemos conocido los términos jurídicos en los que se desenvuelven las acusaciones de prevaricación contra el juez, de parte del abogado, y de coacciones contra el abogado, conocido abogado y activista del derecho a la vivienda desde hace años, por parte de la Fiscalía. No es nuestro objetivo en estas líneas realizar ningún juicio de valor sino que ese incidente grave nos permite adentrarnos en uno de las zonas con más penumbra de las ejecuciones hipotecarias del país: A la Banca se le ha permitido ahorrarse miles de millones de engorrosos procedimientos registrales que suponían muchos costes pero que al común de los mortales se nos eran exigidos por los funcionarios públicos que, salvo honrosas excepciones, tienen un doble rasero según quién hay delante.

La acusación de la Fiscalía contra el abogado dice así:

«…A fecha 9 de julio del 2015… el letrado J.A.Gallegos, con ánimo de alterar la libertad de decisión y actuación…….. del Magistrado Juez de la Sala……. D.Cabrera expuso: si llegase a tener lugar la subasta sin que la ejecutante aporte el certificado de tasación, mi mandante interpondrá una querella criminal contra los responsables...»

Por su parte, el abogado en su escrito de defensa alega los errores que se cometen en los procedimientos de ejecución hipotecaria que son el objeto de este documento:

«…De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por
tanto, debería despacharse y tramitar la ejecución en base al certificado de dominios y cargas en el que constase el contrato hipotecario en su totalidad.
Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la
hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene
la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras
ya inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 693.2 LEC para reclamar la totalidad de la deuda incluida la no vencida que suele ser la de mayor cuantía con mucha diferencia, debe constar la inscripción registral de la cláusula contractual de vencimiento anticipado. En muchos esta constancia no existe porque el certificado de dominios y cargas remitido por el Registro de la Propiedad al juzgado por los motivos que fueren no la refleja y sin embargo esto no se tiene en cuenta y se
despacha y tramita la ejecución también por la deuda no vencida con la simple constancia de la cláusula de vencimiento anticipado en la copia de la escritura hipotecaria.

Algo que debería parecer obvio es que para el despacho de ejecución y la tramitación de la ejecución hipotecaria la garantía hipotecaria el titular registral de la garantía hipotecaria debería ser el ejecutante, además así lo establece el artículo 688.1 LEC. Pues bien en muchos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no es el titular de la garantía hipotecaria. Y todo ello, para ahorrar a los bancos el dinero de corregir las inscripciones registrales. Nuevamente vuelve a primar la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica.

Las copias de las escrituras hipotecarias que se aportan como título ejecutivo deben ser primera copia y con efectos ejecutivos y con anterioridad a diciembre de 2006 primera copia. Ni que decir tiene que cuando esto no es así, lo que sucede en múltiples ocasiones, el juzgado mira para otro lado y como si tal cosa.
Ya metidos en cuestiones de oposición a la ejecución la estrella es la cuestión de cláusulas abusivas y aunque los contratos hipotecarios es tan plagadas de ellas hasta el punto que todo el contrato es abusivo y un completo fraude que debería dar lugar a su completa nulidad sin restitución por parte del deudor por causa torpe, los jueces lo encuentran todo perfecto. Se podría escribir todo un mundo sobre las cláusulas abusivas, pero solo haré una referencia a la que ha sido la clave de todas y en la que los juzgados han defendido a capa y espada a los bancos, la cláusula de vencimiento anticipado. Parece una obviedad que esta cláusula tal como estabe incluida en los contratos hipotecarios era una cláusula abusiva, y lo parece porque lo era, pero los jueces se han negado a admitirlo sistemáticamente no porque no lo vieran sino porque es lo que interesaba a la Banca para la que trabajan, hasta que a golpe de varapalo del TJUE no les ha quedado más remedio que admitirlo....»


El Colegio de Registradores de la Propiedad, y muchos de sus colegiados, están luchando en las redes por hacer cumplir la ley, tenemos certeza de ello. Pero hoy por hoy, muchas normas procesales y registrales son ignoradas en los Juzgados de todo el país, ante la avalancha de procesos judiciales y los pocos recursos para el ejercicio de la JUSTICIA. Con ello, los errores sólo benefician al más fuerte, la Banca. Con ello, los letrados valientes que ponen luz en la penumbra de las ejecuciones hipotecarias suelen exasperarse ante el tamaño de errores procesales y judiciales. Por ello, no cesaremos desde este blog de poner luz en la defensa de los deudores frente a los acreedores, la Banca.

Salva TORRES, activista de Asc.500×20

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Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (I)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, el verdadero título ejecutivo en el que ha de basarse toda la ejecución hipotecaria, es la inscripción registral de la hipoteca. La copia válida de la escritura hipotecaria es el título que permite iniciar la ejecución y permite solicitar la certificación registral de la hipoteca en la que tendrá que basarse la ejecución, pero no es el titulo en que deba basarse la ejecución hipotecaria.

Quizás a primera vista no se vea la importancia de este crucial detalle porque evidentemente la copia de la escritura hipotecaria y la inscripción registral deberían ser idénticas y por tanto, basarse en una u otra para llevar a cabo la ejecución debería dar el mismo resultado. La importancia estriba en que en la práctica salvo raras excepciones no solo no coinciden si no que difieren en demasía. La inscripción registral de la hipoteca no suele ser una copia literal de la escritura hipotecaria sino una mención de algunos extremos, en muchas ocasiones solo la mención al valor de tasación del tipo de subasta y la existencia de la cláusula de vencimiento anticipado y en algunos ni siquiera estas.

Dado que el certificado registral de la hipoteca legalmente es el verdadero título en el que debe basarse la ejecución hipotecaria, antes de despachar la ejecución debería solicitarse al Registro para una vez que el juzgado disponga de él decidir sobre el despacho. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad. Es decir, ni siquiera cuando ya se dispone de él la ejecución se basa en el certificado registral de la hipoteca. Siguen basándose en la copia de la escritura hipotecaria, que no es el verdadero título ejecutivo de la ejecución hipotecaria.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya no inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia. Si ni siquiera se puede despachar la ejecución, ¿cómo puede tramitarse? ¿cómo pueden tomarse decisiones sobre un contrato hipotecario? Los jueces seguramente responderían que en realidad si lo conocen porque disponen de la copia de la escritura hipotecaria. Pero el problema es que legalmente solo lo pueden conocer a través de la certificación registral de la hipoteca, el conocimiento no puede proceder de otros documentos por más fiables que los consideremos, el Legislador así lo ha dispuesto. Y dado que la certificación registral de la hipoteca en la inmensa mayoría de los casos no solo es que sea incompleta sino que aporta escasísimos datos, es imposible tramitar la ejecución.

En consecuencia una abrumadora mayoría de las ejecuciones hipotecarias despachadas y tramitadas son nulas de pleno derecho. Los jueces han violado estas normas para despacharlas y tramitarlas. Las han violado en beneficio de la Banca y en perjuicio de los deudores hipotecarios. Han prevaricador en beneficio de la Banca.

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Como prevarican los jueces contra los deudores hipotecarios en los procesos declarativos (II)

La otra norma en la que pretenden basar ese vencimiento anticipado no pactado es la del artículo 1124 CC. Que está prevista para aquellos contratos como los de suminitros en los que ambas partes periódicamente deben cumplir obligaciones y la obligación periódica de cada parte es la recíproca de la de la otra parte. Buen ejemplo de ello es el contrato de suministro eléctrico. La compañía tiene la obligación de suministrar cada mes al usuario la electricidad que este necesite consumir y el usuario la obligación recíproca de pagar cada mes esta electricidad consumida. Si el usuario incumple su obligación de pago mensual, la compañía eléctrica puede rescindir su obligación de suministro mensual y dejar de suministrar.

Sin embargo, esto no se parace en nada a los contratos de préstamos bancarios. Pues los bancos suministran de una sola vez el dinero del préstamo y por tanto, no tienen obligaciones periódicas de suministro. Si el prestatario, deja de pagar sus cuotas, es lógico que reclamen y quieran recuperar el dinero prestado y los intereses. Pero lo que no pueden hacer es rescindir sus obligaciones de suministro de dinero, porque no tienen ninguna, ya que todo el dinero que tenía que prestar ya lo prestaron. No hay pues obligaciones recíprocas y por tanto, no hay nada que rescindir.

Para profundizar en lo anterior con mayor abundancia de argumentos recomiendo encarecidamente la visión de esta charla del Juez del Juzgado de Primera Instancia 1 de Barcelona sobre el tema con el siguiente enlace http://www.iuristel.tv/cicac/embed.php?id=497 . Su intervención comienza en el minuto 29:30 y finaliza en el minuto 1:16:00.

Para cualquier jurista ya al salir de la Facultad de Derecho, es claro que el artículo 1124 CC no es aplicable al contrato de préstamo. También los es para los abogados y los jueces de los bancos. Pero dado el callejón sin salida al que ha llegado la Banca por abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de los contratos de préstamos hipotecarios, no les ha quedado más remedio que “inventarse” salidas legalmente imposible. Pero dado que cuentan con poder suficiente y la gran mayoría de sus jueces a su servicio, en la práctica pueden forzar esta salida ilegal, prevaricando obviamente.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (II)

Lo habitual en las ejecuciones hipotecarias es reclamar la totalidad de la deuda, incluida la aún no vencida, que suele ser de mucho mayor cuantía que la ya vencida y con gran diferencia.

Esto lo permite la norma del artículo 693.2 LEC para el caso que así se haya pactado. Pero incluye como requisitos que este pacto conste en la escritura hipotecaria y en su correspondiente asiento del Registro de la Propiedad.

Por tanto, para aceptar la reclamación por la totalidad de la deuda incluida la no vencida, al juzgado le debe constar la inscripción registral de la cláusula de vencimiento. Sin embargo, este requisito nunca es tenido en cuenta, se despacha la ejecución sin tener presente el certificado de la inscripción registral y cuando se solicita al Registro de la Propiedad una vez ya despachada la ejecución y este lo remite, el juzgado se limita a incorporarlo al expediente sin comprobar los asientos. Si lo hicieran comprobarían que en muchos casos no consta la cláusula de vencimiento anticipado. Y por tanto, dado que al juzgado no le consta la inscripción registral de la cláusula de vencimiento anticipado, no debería proseguir con la ejecución, sino archivarla. Pero nada de eso sucede, porque de lo que se trata no es de ponerles pegas a los bancos, sino de facilitarles el expolio colaborando como cómplices en él.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (III)

Debería ser obvio que para el despacho y la tramitación de la ejecución hipotecaria, el ejecutante debería constar como titular registral de la garantía hipotecaria. Entre otros motivos, porque así lo establece el artículo 688.1 LEC.

Pues bien en muchos casos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando
flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no consta como titular registral de la garantía hipotecaria.

A algunos les parece peccata minuta, sobre todo a los jueces que defienden los interese de la Banca, porque de todos modos se aporta documentación a la demanda de ejecución que acredita que el ejecutante es el sucesor del titular registral de la garantía hipotecaria. Pero dejando al margen que esta documentación deberían aportarse al Registro de la Propiedad para que inscribiese al nuevo titular y que no se hace simplemente, para ahorrarse el enorme coste económico que supondría  a la Banca, primando así la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica, no siempre es así.

Pongo dos ejemplos reales de ellos. Una ejecución hipotecaria en la que Banco Sabadell ejecuta una hipoteca inicialemente de Caja Granada. Ya de por sí es llamativo porque Caja Granada nunca ha formado parte de Banco Sabadell, sino que se integró en BMN. Banco Sabadell adquirió a BMN el negocio de Caixa Penedès que al igual que Caja Granada se había integrado previamente en BMN. Aunque no es imposible que una hipoteca de Caja Granada haya acabado en el Banco de Sabadell. El problema es que Banco Sabadell no ha aportado ninguna documentación que acredite ser el titular de la garantía hipotecaria y sin embargo la ejecución ya está finalizando. Para mayor inri recientemente el Banco Sabadell ha reconocido al ejecutado por escrito mediante un correo electrónico no ser el titular de esa hipoteca.

En el otro caso también está implicado BMN que es quien ejecuta una hipoteca de Caixa Penedès, que en principio debería pensarse que es del Banco Sabadell. No es imposible que realmente sea de BMN, pero no se acredita de ningún modo.

Estos problemas no se darían si se respetase la Ley, exigiendo que el ejecutante coincida con el titular registral de la garantía hipotecaria.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (IV)

 

El artículo 550.1.1º LEC establece que a la demanda se acompañará el título ejecutivo en que se funde. El artículo 517.2.4º LEC requiere cuando el título sea escritura pública que sean primera copia. El cuarto párrafo del artículo 17.1 LN requiere que para que la copia tenga carácter ejecutivo que se expida con tal carácter. La interpretación sistemática de estos dos últimos artículos lleva a la conclusión que la copia de la escritura pública que ha de acompañar a la demanda ejecutiva ha de cumplir la doble condición de ser primera copia y expedida con carácter ejecutivo. Para las hipotecas anteriores a diciembre de 2006 solo primero copia la norma que exige que se expidan con carácter ejecutivo entró en vigor en esa fecha.

Sin embargo, el artículo 685.4 LEC permiten a las entidades que legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o que, al iniciarse la ejecución, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, presentar copias sin los requisitos anteriores si la acompañan de de una certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.

En la práctica cuando los bancos no aportan las copias con los requisitos exigidos ni la acompañan con la certificación del Registro ni acreditan que legalmente pueden emitir cédulas hipotecarias o que garantizan préstamos afectos a una emisión de bonos, suceden exactamente lo mismo que si lo aportasen con todos los requisitos legales, se despacha ejecución igualmente, porque todo esto los juzgados ni se lo miran ni parece que lo sepan.