mentiras y fake news sobre el mercado del alquiler, sus actores, la regulación de precios y el derecho a la vivienda

Se definen las fake news como la publicación de información falsa no contrastada para modificar el criterio de la opinión pública intencionadamente para obtener el resultado deseado. Un hecho contrastable como un asesinato no sería una fake news pero su intencionalidad sí. Siguiendo ese criterio en economía y en las ciencias sociales toda información sería una información falsa porque depende del criterio del que la publica y no existen datos objetivos demostrables.
Los medios de comunicación hablan que los bancos prestan el dinero de sus clientes y esa es la razón por la cual cobran un interés por la intermediación entre poseedores de capital y deudores. Esto es una fake news. Por poco que escarbe en Internet encontrará multitud de referencias que dicen que la banca privada – prestamistas- tiene la potestad de crear dinero de la nada y que ningun banco central occidental tiene únicamente el poder soberano en la creación monetaria. Pero en cambio si pregunta en la universidad, a sesudos economistas o a un ciudadano de a pie le repetirán que esa fake news es verdad.
Este documento quiere indagar precisamente sobre las fake news en el alquiler, sus actores, quién y cómo se configuran los precios y las posibles herramientas para pinchar la burbuja de ese mercado en el estado español. Aunque posiblemente nuestra información también sea una “fake news” al menos queremos darle elementos para que usted elabore su propio criterio.


El mercado del alquiler no es libre: un contrato de alquiler es un contrato de adhesión

Afirmamos que el mercado “libre” del alquiler no existe porqué lo que está en juego es el derecho humano a la vivienda. No es un mercado de “libre competencia“ donde vendedores y compradores sin coherción configuran una relación contractual como indicaría la definición clásica liberal (*1). El propietario va a hacer un negocio pero el inquilino va a ejercer un derecho humano reconocido en todos los tratados firmados por el Estado español. Por lo tanto, un contrato de alquiler es un contrato de adhesión donde una parte impone la totalidad de las condiciones.
Si el propietario pierde dinero porqué el inquilino no le paga o le ha destrozado el piso se queja amargamente y exige que el Estado asuma las pérdidas provocadas por el moroso profesional. ¿dónde queda entonces el riesgo del inversor o el agravio comparativo con otros emprendedores que deben asumir su fracaso individualmente? La pretensión generalizada de los caseros de asegurarse el negocio choca totalmente con la libertad de libre concurrencia que pregonan.
En realidad, el casero realiza un chantaje económico al Estado porqué desahuciará al inquilino -moroso – y la administración supuestamente debería alojar a esa unidad de convivencia indeseada. Pero eso es falso porqué el Estado español interviene en las leyes asegurando con contraprestaciones al arrendador su negocio como veremos en el siguiente apartado. Lo que si es seguro es que el Estado español abandona a su suerte a los ciudadanos porqué no tiene un parque de vivienda pública ni social digno de ese nombre.


El contrato de alquiler no es un contrato privado entre ciudadanos libres.

Y eso es así si leemos de manera literal la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos – LAU- donde en su preámbulo expone: (*2)

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una condición necesaria para que ello se produzca. La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda…….

El preámbulo de esta ley de 1994 que reforma la del 85, ambas en gobiernos del Psoe de F.González, entiende que las antiguas leyes franquistas posteriores a la guerra civil y la del 1964 habían congelado las rentas que pagaban los inquilinos y el negocio era “ineconómico” como asegura la reforma del 94. Así pues, las modificaciones normativas especificadas están en relación a asegurar el incentivo económico de los propietarios a alquilar sus viviendas para hacer negocio y por otro lado que haya un parque de viviendas en alquiler que esa época ya se había reducido al 18%. Toda una anomalía europea. Esa ley sin decirlo recoge implícitamente pues que:

  • el Estado español renuncia a la construcción de un parque de vivienda pública y que deja a la iniciativa privada la existencia de un parque de viviendas en alquiler que asegure la aplicación del artículo 47, o sea, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
  • para asegurar que ese negocio no sea “ineconómicogarantiza contraprestaciones en este caso a la propiedad privada.
  • las contraprestaciones a la “inhibición pública” de garantizar el artículo 47 de la Constitución española – osea, NO! a un parque público de alquiler- son deducciones y desgravaciones fiscales a la propiedad en los impuestos, reducción de los tiempos de los contratos y
  • además la LAU asegura el derecho sustantivo de dicha norma y todas las consecuencias jurídicas en leyes como C.Civil o LEC que llevan parejo reformas posteriores como el desahucio express del 2011.

No hubo significativas voces discordantes en esta “apuesta del Estado español” que supone un enorme esfuerzo presupuestario para garantizar un mercado de viviendas en alquiler como mandato constitucional. ¡Ojo! No todos los negocios ni contratos tienen tan gran intervención pública porque la cantinela neoliberal aseguraría que estamos ante un Estado totalitario. O sea, cualquier negocio no tiene protección pública pero este sí. El “colmado del lado de casa” puede ser abandonado a su suerte, ¡que no se metiera en camisa de once varas!. Sin embargo, el propietario inmobiliario sí tiene la cobertura pública para asegurar a lo que el Estado se inhibe.

El carácter “constitucional” de ese servicio público encubierto que hacen los arrendadores privados está tan integrado en las leyes tributarias que es imposible que renuncien a él cuando se declaran los ingresos en sus obligaciones fiscales. Hasta el punto que un arrendador que se negará a colaborar con el Estado no puede imputarse los ingresos de las rentas inmobiliarias en el cálculo del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, más que aceptando los beneficios fiscales que ofrece cada impuesto. O dicho de otra manera, tanto si realiza fraude como si declara, el agujero fiscal se lo come la Hacienda Pública española…

Nosotros hemos podido cuantificar el esfuerzo presupuestario en una cifra anual entorno a los 10.000 millones anuales, pero la Hacienda pública española no da datos, hay un absoluto silencio estadístico, se oculta una cifra que es 2,5 veces el presupuesto de Sanidad en 2018. La cifra varía en función del número de viviendas alquiladas, por lo que, como cada vez hay menos hogares con perfil financiero solvente, hay más hogares que acuden al alquiler y por lo tanto más propietarios que se benefician de las ventajas fiscales estatales para alquilar sus viviendas y por lo tanto el agujero presupuestario del Estado español es más grande. Por eso nos permitimos afirmar que…

Creemos firmemente pues que todos los contratos privados firmados en el Estado español son de alquiler social -por iniciativa privada- pues el servicio constitucional que presta el casero al inquilino está recogido en las leyes y gozan del amparo económico estatal en los tributos. En todos menos en uno: el precio del arrendamiento y su duración es libre. A diferencia del trato con el propietario, el Estado genera un agravio comparativo enorme con el inquilino

+++ INFO SOBRE ESTE TEMA>>>>

En España se oculta que todos los contratos firmados son “de alquiler social” y eso debe tener consecuencias legales y procesales en la burbuja inmobiliaria


El IPC de la vivienda está manipulado

El alquiler siempre sube porqué incluye un aumento del coste de la vida o bien porqué en la renovación del contrato se imponen subidas arbitrarias. Pero el IPC nunca ha reflejado el coste de la vida para la mayoría de la población que sobrevive en el día a día. El IPC recoge los aumentos de los alquileres pero el peso del recibo del alquiler en la cesta del IPC es muy bajo en relación al peso que adquiere para la mayoría de hogares que viven en alquiler que desde inicios de siglo representa la mitad de la renta familiar disponible (*3). La ponderación del alquiler en la cesta del IPC es del 14% en 2017 cuando ese elemento se lleva en miles de hogares más de la mitad del presupuesto familiar. Pero el alquiler también sube cuando se renueva el contrato porque como contrato de adhesión el casero impone las condiciones…

Pero la ponderación de la vivienda en propiedad, mayoritaria en nuestro país, nunca se ha recogido en el IPC. Tampoco se recoge en otros países como EE.UU. No es un desliz, es una política para esconder el peso de la misma en el IPC. El aumento del precio de la vivienda en propiedad tiene mucho que ver con la del alquiler, por la sencilla razón que una de las maneras de calcular correctamente el precio de la renta es con el PER (Price Earnings Ratio), o sea, que si la vivienda de compra sube el que la alquila quiere más dinero (*4). Como los precios de la vivienda de compra, la misma burbuja, se refleja también en el alquiler. Al final es el capital financiero el que decide por nosotros nuestras vidas pues los bancos privados son los que tienen la palanca de la creación monetaria y la asignación a gran escala de financiación al sector inmobiliario. Pueden deducir fácilmente que una vivienda se amortiza entre 20 y 30 años con el alquiler y luego si encima se vende, el propietario recupera la inversión una vez más.

El proyecto Casas Tristes (*5) muestra a las claras para el período 1996-2007 como la inclusión del precio de la vivienda de compra -hinchada por la financiación hipotecaria bancaria y las desgravaciones fiscales a la primera vivienda que ayudaban al efecto rebote de precios- hubiera provocado un alza muy espectacular de los precios. Por ejemplo, en el año 2003, si se hubiera añadido la subida del precio de compra de la vivienda en la cesta el IPC hubiera pasado de 2,6% a 7,3… casi 5 puntos. La no inclusión de la vivienda de compra en el IPC es un acto político consciente, muchos países occidentales tienen el acuerdo de no incluir la vivienda de compra en el IPC como EE.UU, para esconder la sangría sobre los hogares.


En el proyecto casas Tristes se puede ver la serie estadística completa 1996-2007 si tiene visor de Flash instalado en el navegador. Desde aquí puede bajarse directamente el archivo y visualizarlo.


El mercado de alquiler está manipulado por la banca privada y el BCE

En nuestros blogs lo venimos repitiendo intencionadamente, como lluvia fina, porque el control de la banca en la creación monetaria – crea dinero de la nada en forma de deuda – es la base para que esos prestamistas privados, oligarcas tipo Botín o González, controlen la asignación de financiación a la economía y a los sectores económicos que ellos deciden sin intervención pública y por lo tanto democrática. Las repetidas burbujas del sector inmobiliario tienen su origen, causa y culpa en la Banca española, por lo que les será fácil deducir que en la burbuja del alquiler tienen una gran responsabilidad pues son parte interesada en extraer el máximo de rentas de las clases más humildes independientemente que luego se suban a la ola especulativa los propietarios marginales que son mayoría en este país. Practican la acumulación por desposesión de las clases más humildes: es lucha de clases.

El cabildeo entre el poder financiero europeo y español con los poderes públicos se oculta tras la apariencia de una democracia legislativa e institucional que en realidad ha sido vaciada de contenido, desnudada. Lo importante pasa al margen del poder legislativo o se oculta entre bambalinas al ojo fiscalizador de la opinión pública. Un ejemplo flagrante son las compras de emisiones de deuda desde paraísos fiscales dentro del programa

El Gobierno de España con el apoyo del Parlamento y el Senado están comprando deuda corporativa -CSPP- de las mismas Socimis que están hinchando la burbuja inmobiliaria que exprimen las rentas a los hogares en alquiler. Esta operativa la hemos estado trabajando desde hace tiempo porqué es muy importante. El Banco Central Europeo le indica al Banco de España -BdE- la proporción de deuda corporativa que tiene asignada por cuota-estado. El BdE compra en el mercado de renta fija – AIAF- esa proporción de miles de millones de euros, que tiene asignada, de deudas contraídas o de terceros que previamente han titulizado bancos y empresas. Esa deuda creada de la nada al ser comprada por el BCE reside en las bóvedas de cada uno de los bancos estatales, les reporta los beneficios de la emisión y la empresa obtiene liquidez inmediata. Esa es la operativa de “la expansión quantitativa”. Este enorme privilegio monetario, comunión de intereses, solo está reservado para las grandes corporaciones europeas y los bancos privados.

A Merlín Properties, Socimi lider del mercado español, participada por Blackstone, SATANder y Acciona, le hemos comprado todos los españoles desde el Banco de España, siguiendo esa operativa, deuda titulizada desde el paraíso fiscal de Luxemburgo, en “cantidad secreta” de una emisión de nada menos de 5.000 millones de euros de pagarés de renta fija. Es un escándalo que ha pasado sin pena ni gloria.

Igualmente como hemos dicho en el anterior apartado, si el IPC del 2003 – 2,6% se hubiera añadido el precio de la vivienda de compra que afecta luego a las rentas de  alquiler, el IPC hubiera sido de 7,3 %. En ese período mientras se subían los tipos de interés por el BCE en un plan conchabado por la patronal bancaria europea – EBA- para dar un golpe de estado financiero contra millones de hogares los índices de precios no reflejaban la realidad. Trichet y Pedro Solbes hablaban de recalentamiento de la economía mientras el IPC estaba manipulado para no subir los salarios pero si el EURIBOR que también más tarde se demostró que estaba manipulado también.


¿Los fondos buitres son los culpables de la especulación?

Las burbujas inmobiliarias están siendo recurrentes desde hace décadas pero su capacidad destructiva es ahora mucho mayor. Primero porqué los salarios han menguado de manera espectacular por la extorsión empresarial de una crisis fabricada por la Banca privada. Y segundo porqué la banca ya no presta a la industria. El inmobiliario se ha convertido en uno de sus sectores estratégicos. Si la expansión cuantitativa – QE – de los bancos centrales inició la especulación cebando de dinero empresas estratégicas como la Socimi Merlín cuando la ola especulativa llega a ciudades como Barcelona y Madrid los propietarios marginales que son mayoría se suman a la fiesta y se convierten en actores centrales de la extorsión al inquilino.

Aunque es evidente que hay una tendencia a la concentración inmobiliaria como hemos explicado aquí>>>, no es menos cierto que en nuestro país por la tradición franquista de la sociedad de los propietarios son los caseros marginales quienes ocupan espacio central de la oferta del alquiler. Una pequeña comparación basta para saber donde está el grueso de los caseros:

  • Blackstone a través de Testa Socimi: 23.000 en alquiler – 0,1% de los 25 millones de viviendas en España
  • Patronato Municipal de l’Habitatge de Barcelona -operador público – 8000 viviendas- 0,03% de los 25 millones de viviendas en España
  • Operador público de Vivienda de Viena – ciudad- 220.000 viviendas- en alquiler a partir de 5€ m2.

Quién especula más? Todos…


Los buitres se han apoderado de todo el mercado de alquiler!

La idea generalizada por los medios de comunicación que hay fondos buitre que se están apoderando del mercado comprando edificios enteros y son los culpables de los desahucios, está bastante lejos de la realidad mayoritaria. Aunque es una vergüenza que en nuestro país no exista datos estadísticos fiables sobre la concentración de la propiedad inmobiliaria esa idea de los fondos buitre es falsa. Los datos del Colegio de Registradores de España recogidos por el rotativo Cinco Días muestran que en el período 2010-2017, núcleo de la crisis, sólo el 12,5% de los más de 3 millones de viviendas compradas lo fueron por personas jurídicas, el resto eran personas físicas. (*6)

Sobran más palabras porqué además cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España. Según el INE, un 33,23% de las viviendas que se adquieren en España son al contado según los datos del INE, que incluyen también novaciones y renovaciones de hipoteca. Según los datos del Consejo General del Notariado, que no incluye estas dos últimas opciones, el porcentaje de vivienda comprada al contado en 2017 se elevó al 43,60% del total. (*7)


Los propietarios de viviendas alquiladas viven en un paraíso fiscal en España

No hay negocio más rentable. La inversión en vivienda se recupera en una década.

La victoria del neoliberalismo es que los estados nacionales capitalistas han renunciado a su papel distribuidor de la riqueza desde los treinta gloriosos años del capitalismo y las oligarquías que los habitan, desde siempre, han perdido el miedo al populacho. Esto lo vivimos en la victoria de los rentistas inmobiliarios que han conseguido escapar de los sistemas fiscales estatales practicando la elusión fiscal frente a administraciones no sólo dóciles sino colaboradoras necesarias incluso en el entramado de evasión fiscal. A pesar que los bienes inmobiliarios, que son bienes raíces pegados al suelo, no podrían escapar como las empresas de la presión fiscal está se encuentra en mínimos históricos. Las élites han perdido la vergüenza y lo quieren todo y tienen capacidad de extorsión internacional. Si las rentas inmobiliarias de los años dorados del capitalismo sufrían presiones fiscales de hasta el 90% hoy quien sufre la mayor presión es el asalariado. Cómo sino se entiende que un inquilino y asalariado pague hasta más del 30% en IRPF mientras que su casero sin trabajar pague sólo una décima parte.

Esto lo hemos explicado muy bien aqui <<< España es un paraíso fiscal de las rentas inmobiliarias >>>


Aún así los propietarios lo quieren todo

Por que la regulación de precios medios de alquiler fracasa

Recientemente, después del fracaso de la reforma de la LAU a propuesta por PSOE sin el acuerdo de Podemos el tema de la regulación de precios ha quedado de momento aparcada. El principal escollo entre el Gobierno y Unidos Podemos han sido, desde el principio, los llamados índices de precios que el Gobierno se comprometio a desarrollar a lo largo de 2019. El principal problema es que la única comunidad que tiene un índice de precios es Catalunya y lo hace a partir de las fianzas depositadas en el INCASOL de los contratos de arrendamiento.

En el diario.es se publicó una noticia sobre este tema “Preguntas y respuestas sobre el fallido decreto de vivienda y alquiler ” en la cual un comentario aludia a las dificultades de esa regulación (*8). Basta leer el comentario para darse cuenta que la regulación de precios sobre la base de las rentas medias cobradas se convierte en un laberinto donde propietario y casero acaban dilucidando las diferencias en los tribunales. Por lo tanto, esa regulación legaliza y legitima la burbuja inmobiliaria y además hay una judicialización de los conflictos que casi nunca beneficia al inquilino. Este es el comentario:

Bueno, después de ver este comentario en Internet a resultas del precio de la vivienda podrán imaginarse porqué en Berlín y en París estas medidas han fracasado al intentar casar zonas reguladas y calidad de la vivienda en alquiler, lo que explicamos muy bien aquí <<< Cómo boicotear una futura aplicación de la “regulación de precios de alquileres” en las grandes ciudades de España >>>

Por favor no nos metan en semejante fregado !

Es mucho más sencillo…

CONGELACIÓN DE RENTAS, PRÓRROGA FORZOSA, CONTRATO ÚNICO, DESGRAVACIÓN FISCAL A TODOS LOS INQUILINOS SEGÚN RENTA DEL HOGAR, RETIRADA DE TODAS LAS DESGRAVACIONES A LA PROPIEDAD Y ADECUACIÓN DE LAS EXENCIONES FISCALES AL ESTADO DE LA VIVIENDA.


Notas a pie de página.

  1. Wikipedia, la enciclopedia libre, Mercado libre.
  2. boe.es, Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
  3. Instituto Nacional de Estadística, INE-Base base cesta de la compra y ponderaciones.
  4. blog.bankinter.com, La tabla definitiva para saber si un piso está caro o barato.
  5. casas tristes, IPC con vivienda en propiedad añadida.
  6. cincodias.com, Casi 413.000 viviendas se han comprado con sociedad desde 2010.
  7. eldiario.es, Cuatro de cada diez viviendas se compran al contado en España.
  8. eldiario.es, Preguntas y respuestas sobre el fallido decreto de vivienda y alquiler .



El fraude de las fianzas de alquiler muestra que la Comunidad de Madrid es colaboradora necesaria – también- en el fraude fiscal

El necesario apagón estadístico sobre el fraude de los caseros de la Comunidad de Madrid

Es curioso la manera en cómo sucesos significativos de la vida diaria de millones de personas son ignorados, por lo tanto, no hay datos, por lo que no existen aunque sucedan. Es sospechoso que la clase política preste tan poca atención a la ausencia de datos estadísticos fiables, exhaustivos, sobre la vivienda que, en la España actual, se ha convertido en “LA INVERSIÓN” por los pingües que ofrece. A no ser que esa clase política sea colaboradora necesaria en ocultar a la población esos beneficios de unos pocos, ellos incluidos, en una comunidad autónoma, y sobre todo en Madrid, capital del Reino, tristemente famosa por el “Tamayazo”. No es una casualidad.

El caso es que el Confidencial ha publicado un buen documento de investigación, del periodista David Fernández, sobre la situación de las fianzas de contratos de alquiler depositadas en la Agencia de Vivienda Social – AVS -de la Comunidad de Madrid y el número total de viviendas en alquiler. Y dice: “No hay una estadística fiable. El INE señala que el 24,3% de los hogares madrileños vive de alquiler, es decir, 623.000 de los 2.564.100 que hay en la comunidad autónoma(*1).

El periodista lo hace a partir de las afirmaciones del diputado José Manuel López de Podemos que no entiende el desfase entre las fianzas depositadas en la AVS y el número de viviendas alquiladas a pesar que los hogares en alquiler se han incrementado en número y en proporción. El diputado señala que no ha habido un aumento de población sino que los hogares son ahora diferentes: “Hay parejas separadas, adultos que conviven temporalmente… lo que implica más necesidad de vivienda para la misma población

En la gráfica anterior se indica que en la Comunidad de Madrid, hay casi 2,9 millones de viviendas del censo del 2011 y que en la Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares del INE del 2017 se habían constituido 2,5 millones de hogares que se corresponden con las viviendas principales, donde esta empadronado la gente. De esos 2,5 millones 622.200 hogares viven de alquiler lo que representa un 24,3% (*2).

La ley obliga a que la fianza que el inquilino entrega al arrendador sea depositada en la Agencia de Vivienda Social (AVS). Según los últimos datos que maneja este organismo a 30 de noviembre de este año la AVS gestionaba 310.461 depósitos vivos, es decir, fianzas cuyos contratos de alquiler están vigentes. Cruzando estos datos con el INE la conclusión es sencilla: 623.000 hogares en alquiler menos 310.461 fianzas depositadas suponen 312.000 (52%) alquileres que en principio no están cumpliendo la ley. Los datos de la AVS incluyen pisos y locales comerciales, los del INE solo viviendas. Como esas fianzas depositadas son sobre locales y viviendas, quiere decir que:

  • en la Comunidad de Madrid, muchos locales, no tienen depositada la fianza.
  • en la Comunidad de Madrid, las viviendas, en situación legal, son muchas menos que 52%. Podríamos estar hablando entorno al 30%.
  • Como las fianzas que si están depositadas de locales y viviendas representan 109,6 millones de euros, el gobierno del Partido Popular renuncia a otros más 150 millones para su cometido legislado: “mientras gestiona ese dinero, la administración debe destinarlos a la promoción pública de viviendas y a obras de rehabilitación y remodelación de las zonas más desprotegidas“.

Para la directora-gerente de la AVS de la Comunidad de Madrid, Isabel PINILLA, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos,que seguramente el 65% de los contratos de alquiler de viviendas y locales no depositen la fianza no es ni fraude ni irregularidad, solo es una falta administrativa. La fianza es una garantía que el inquilino entrega al arrendador para garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. El depósito de esta fianza es obligatorio y gratuito. Y debe hacerla el arrendador. Si no lo hace es que se ha quedado la fianza en su bolsillo.

La Comunidad de Madrid realizó 426 inspecciones en 2017, que acabaron en 275 expedientes sancionadores y una recaudación de 116.256 euros. Por el volumen de fianzas fuera de ley se puede concluir que el Gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos no tiene mucho interés en destapar un fraude. Y eso, que saben que el arrendador que oculta la fianza a la administración quiere decir que, también oculta, defrauda a la Hacienda Pública.

¿Qué arrendadores defraudan en las fianzas y seguramente al fisco?

Si ante el fraude que denuncia Podemos en Madrid, la Administración de la derecha madrileña se inhibe quiere decir que hay poderosos intereses detrás. El inmobiliario es hoy de los pocos sectores económicos que muestran un vigor impresionante y unas rentabilidades por las nubes que el mismo Banco de España sitúa en el 11%. Hay mucho fraude en el alquiler, mucho dinero negro denunciado por GESTHA, los inspectores de Hacienda, y por el propio diputado López. Hablamos de muchos millones de euros si consideramos el incremento en el volumen de viviendas en alquiler en Madrid, 98.500 en 5 años, por los precios desorbitados de la burbuja, por las rentabilidades de dos dígitos y por el bien de perseguir el fraude fiscal de una Hacienda pública esquelética. ¿ Cúales son los caseros a los que PP y Ciudadanos no quieren ni investigar ni sancionar?

El rotativo del que analizamos la noticia – El Confidencial – afirma con datos que son los pequeños propietarios donde se condensa el fraude (*3). Dice que las grandes empresas: fondos de inversión, Socimi, grandes inmobiliarias y banca poseen un pequeño porcentaje de viviendas en alquiler y no suelen tener su negocio fuera del marco legal. Les basta con los enormes incentivos fiscales para practicar el llamado “alquiler profesional” (*4).

España es un país de muchos “pequeños propietarios que no de proletarios” como impuso el franquismo en 1959 y que explicamos muy bien nosotros en este reciente artículo: El incremento de los desahucios de alquiler y ocupaciones tienen su raíz y causa en la estructura franquista del Estado español. La sociedad de los propietarios iniciada en el franquismo y alimentada por el régimen del 78 ha creado una enorme base de pequeños propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Esos son los arrendadores que no quieren vigilar el PP ni Ciudadanos, con la vista gorda del PSOE, es el voto cautivo castizo que les ha mantenido en el poder desde el 2003 con el tamayazo. Como reconoce GHESTA en las grandes ciudades hay muchas sociedades patrimoniales, familiares, de uno a varios millones de euros. Los datos revelan que en Madrid los arrendadores practican el fraude en las fianzas y al fisco.

Poner orden legal y fiscal en el agujero negro de los arrendadores de viviendas y locales en la Comunidad de Madrid

A pesar que España es un paraíso fiscal para los propietarios físicos -IRPF- y jurídicos -Sociedades- de viviendas alquiladas para practicar la elusión fiscal (*5) los datos que hemos mostrado indican que hay mucho trabajo de las inspecciones de las administraciones autonómicas y locales en la capital y en los pueblos madrileños. Pero también hay que poner freno a la enorme burbuja del alquiler que provoca un enorme sufrimiento a más de dos millones de madrileños, que forman parte la mayoría de ellos del precariado.

El arraigo de la injusticia social, la cultura del pelotazo fiscal, de una Ley de Arrendamientos Urbanos totalmente sesgada contra el inquilino pone sobre la mesa de las organizaciones sociales y partidos de izquierda un enorme trabajo de unidad para dar un vuelco a la burbuja del alquiler. Hay que poner “luz y taquígrafos” en ese agujero en que se ha convertido el llamado mercado del alquiler totalmente desregulado. Pero la regulación no puede ser sólo de precios, también fiscal y legislativa. No nos podemos equivocar en el camino escogido porqué el trabajo a desarrollar es muy costoso frente al sector inmobiliario con fuertes intereses nacionales e internacionales económicos y financieros donde están implicados hegde funds, la banca, la titulización de deudas, el BCE etc…

España no posee un parque de vivienda pública y asequible que pueda aproximarlo a medidas que tampoco acaban de funcionar en Europa: la regulación de precios medios sobre las desorbitadas rentas de alquiler actuales sería legalizar por Ley la Burbuja inmobiliaria del alquiler desde el 2002.

Cómo regular una situación así de salvaje? Adelantamos lo que consideramos serían las medidas más lógicas evitando la picaresca de los arrendadores que ha acompañado la implementación de aquellas medidas en los países donde se ha intentado por el método de franjas de precios medios en “zonas tensionadas“. Todas las medidas que explicamos a continuación evitan el enorme colapso burocrático que supone el engorroso y escurridizo control de precios según índices en un mercado libre.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER: JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

  • Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).
  • contrato publico único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.
  • Si la Agencia Tributaria suprime las desgravaciones fiscales de los arrendadores (4 millones de caseros) se pueden realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible… relacionado con un 30%. Con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de los arrendadores pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.
  • Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más.
  • Gravar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas no poniendo en el mercado sus viviendas vacías en alquiler o vendiéndolas.

Medidas complementarias para hacer efectivas las anteriores

  • Ligar los gastos deducibles a la edad de la finca y de la vivienda. Las exenciones fiscales de gastos en fincas adultas sólo pueden estar relacionadas si hubo reformas y mejoras de habitabilidad, energéticas, etc.
  • Eliminar los incrementos del recibo del alquiler por mejoras arquitectónicas, instalaciones o estéticas de la vivienda para evitar el doble cobro a Hacienda y al inquilino.
  • La deducción por amortización catastral del edificio se suprimirá a partir de la edad adulta del edifico que se apruebe.
  • Municipalización del suelo urbano para que deje de formar parte del negocio inmobiliario de las transmisiones patrimoniales y las ventas

Salva TORRES, activista de 500×20


Notas a pie de página.

  1. El Confidencial, El mercado ¿real? del alquiler: 310.461 pisos y locales han legalizado la fianza en Madrid.
  2. Instituto Nacional de Estadística, Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y comunidades autónomas.
  3. El Confidencial, Socimis, promotoras y fondos irrumpen con fuerza en el mercado del alquiler.
  4. prouespeculacio.org, Blackstone: el mito de las socimis y la concentración de la propiedad inmobiliaria en España.
  5. wikipedia, elusión fiscal: es cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos…

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España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas

La rentabilidad bruta de la vivienda en alquiler se sitúa hoy en el 11% según el Banco de España pero fue del 23% en 2003

Un trabajador paga un 1000% más de impuestos que el propietario de la vivienda que tiene alquilada

No hay negocio más rentable

La inversión en vivienda se recupera en una década.

Dentro de los negocios legales del capitalismo hoy no hay negocio más rentable que la vivienda. No hay un sólo sector de la economía productiva que ofrezca las ganancias del sector inmobiliario excepto los bancos prestamistas de la financiación de la vivienda que la crean de la nada y encima cobran intereses. Ambos sectores encabezan desde hace tiempo la rentabilidad en la economía de cada vez más países. Este documento muestra que los dos pilares sobre los que descansa esa rentabilidad son el sistema fiscal y las leyes que protegen a los que más tienen. La Agencia Tributaria española exprime al trabajador hasta la última gota mientras aparca en un paraíso fiscal a los rentistas.

La rentabilidad de la vivienda en alquiler se ha basado en tres medidas conscientes de las élites del régimen del 78 aplicadas en los últimos 50 años:

  • la liberalización absoluta del mercado del alquiler con reformas que han reducido a cero la capacidad del inquilino para defenderse. Véase el apoyo de todos los partidos del régimen a la LAU y sus continuadas reformas para recortar los derechos del inquilinato.
  • el apoyo absoluto a la sociedad de los propietarios. Desde que en 1959, el ministro franquista de la vivienda José Luis ARRESE dijo: QUEREMOS UN PAÍS DE PROPIETARIOS QUE NO DE PROLETARIOS, esa política de la dictadura ha marcado las medidas que izquierda y derecha han implementado hasta la actualidad. En la década prodigiosa (1998-2008) se constituyeron 11 millones de hipotecas que espolearon el precio de la vivienda hasta un 200%. Los hogares con la vivienda en propiedad llegaron al máximo histórico mientras el mercado del alquiler en 2006 adelgazaba hasta el 9,9% (*1). El círculo virtuoso de crecimiento de Aznar, Zapatero y Solbes se basó en una doble burbuja hipotecaria y del alquiler, y esta última alcanzó la máxima rentabilidad de la historia: 23% en el 2002 como indica la gráfica siguiente.
  • la tercera medida ha sido y es el enorme esfuerzo presupuestario para políticas de vivienda del Estado durante más de una década para engordar la burbuja inmobiliaria. Nos atrevemos a decir que España es uno de los países que proporcionalmente más dinero ha gastado en vivienda. Pero no eran políticas para un parque de vivienda pública, que se redujo a mínimos, sino para crear una lluvia de dinero hacía los actores privados (banca, promotores, etc). Uno de los capítulos de mayor esfuerzo inversor estatal para engrasar la máquina de crecimiento fueron las desgravaciones fiscales a la vivienda en propiedad: 77.560 millones en tres décadas (*2) ¡Una locura! Igualmente hay que destacar las ayudas a la promoción de VPO – vivienda de protección oficial- incubadora de la sociedad de los propietarios y las ayudas a los promotores de VPO en alquiler que en el sumun llegaron a 12.000 € por piso.
  • O sea, el dinero público para la iniciativa privada en construcción y fomento del alquiler era la otra cara de la moneda: dejación de políticas públicas.

Por qué el estado español ha seguido ese modelo económico?

  • La sociedad de los propietarios iniciada en el franquismo y alimentada por el régimen del 78 ha creado una enorme base de pequeños propietarios que es el substrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Ha sido el esfuerzo presupuestario del Estado español durante 60 años el que ha creado esa acumulación primitiva de capital de la sociedad de los propietarios renunciando a un parque público de alquiler. Aunque la clase trabajadora de este país ha olvidado la revolución del 36 no ha sido así para esas élites que llevan 60 años contrabalanceando su miedo al populacho.
  • Con la entrada en la Unión europea, las políticas neoliberales de financierización de la vivienda casaron como anillo al dedo con la política franquista de la sociedad de los propietarios: el volumen de inversión desbocada en vivienda y infraestructuras, el llamado circuito secundario de acumulación capitalista, ha sido superior a cualquier otro de los países desarrollados. Ese circuito secundario de acumulación ha continuado teniendo un papel fundamental en las políticas anticíclicas del BCE y BdE para afrontar la crisis del 2007 y la caída del sector industrial.
  • Conservar ese substrato social cautivo sumado a la creciente presencia de los grandes inversores en el alquiler de viviendas (banca, socimis, etc) exige un creciente presupuesto. Con la crisis del 2007 se suprimen las costosas desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, pero el Estado español, continuará realizando su mayor esfuerzo presupuestario en vivienda subvencionando a los propietarios -caseros- a través del sistema fiscal.
  • Las subvenciones fiscales a los propietarios – exenciones y desgravaciones – sostenemos que superan los 10.000 millones anuales sumando las del IRPF y las del Impuesto de Sociedades. La Hacienda Pública regala cada año más y más dinero a los propietarios-rentistas- en la medida que crecen y crecen los hogares que viven en viviendas de alquiler que se acercan ya a los 4 millones. El crecimiento estatal de los hogares en alquiler hasta el 18% es consecuencia de la expulsión de la sociedad de los propietarios de amplias franjas de la población precaria que no tienen ya perfil financiero solvente. Dicho de otra manera, el Estado español renuncia desde hace décadas a miles de millones para supuestamente incentivar el mercado de alquiler y abaratarlo. Aunque el objetivo presupuestario de esa clase de fomento del alquiler ha sido un fracaso estrepitoso en realidad ha sido un éxito político y electoral de los partidos constitucionales.
  • Todo esto se resume en la disparatada diferencia de la tributación fiscal de las rentas del trabajo y las rentas del alquiler que declaran los propietarios caseros pues los trabajadores pagan 10 veces más, o sea, un 1000% más. El precariado es el más perjudicado tanto por pagar más impuestos como por ser exprimido por el propietario-casero, sea cual sea su condición. Al perro flaco todo son pulgas. Eso demuestra que vivimos en un país profundamente clasista, que no ha dejado atrás la herencia franquista, porque los que no trabajan, los rentistas, pagan menos impuestos o ninguno como la Iglesia católica.

¿que queremos demostrar en este documento?

  • que España ES UN PARAÍSO FISCAL para los propietarios de viviendas alquiladas. Es un “paraíso” porqué el sistema impositivo que grava sus ganancias no tiene parangón con ninguna otra renta, cosa que hemos demostrado muy bien AQUÍ>>.
  • que las rentas salariales, las que crean riqueza, están castigadas fiscalmente frente a las rentas del alquiler, de la propiedad. Los gobiernos justifican no gravar fiscalmente a las grandes empresas por el miedo que trasladen la fabricación a otro país y dejen a la gente en el paro. Pero justamente eso no ocurre con las viviendas, son bienes raíces, están atadas al suelo. Porqué a nadie se le ha ocurrido en 60 años plantear este debate: cargar de impuestos las rentas del alquiler, que paguen más fiscalidad que las rentas del trabajo para la acumulación primitiva de un parque público de alquiler.
  • Qué esa realidad es asumida por todo el mundo, en toda Europa, con la más absoluta normalidad como si se tratará de lo usual, de la vida misma. Hoy nuestros conciudadanos ni siquiera son conscientes, están idiotizados, no hay crítica, absoluta ignorancia.¿ por qué los sindicatos de inquilinos no se centren en la guerra fiscal contra la doble injusticia que sufrimos como trabajadores y como inquilinos.? ¿por qué no se olvidan del control de precios de ese mercado cautivo de los propietarios’
  • que los aumentos desmesurados de las rentas se pueden parar con la congelación durante 5 años de todos los alquileres, con la supresión de las desgravaciones y exenciones fiscales a los propietarios – que paguen más que los que sudamos trabajando – y que con el dinero obtenido de esa fiscalidad justa subvencionar todos los hogares en alquiler en función de su renta para regular su precio. Sumado a eso el castigo fiscal a las viviendas vacías y a las ventas para especular… etc …. Lo explicamos muy bien aquí>>>
  • que el control de precios del mercado de alquiler no es una buena estrategia. Desde hace tiempo avisamos que era una maniobra de distracción respecto de la batalla principal que es la derogación de la LAU y sobre todo la batalla por una fiscalidad justa: que los caseros tributen, al menos, con las mismas bases de cotización que los que nos ganamos el pan con el sudor. Esta semana un artículo de prensa confirmaba nuestras sospechas: que el control de precios -por topes- ha fracasado en París y Berlín y que esa estrategia era la de Merkel y Macron aunque aquí sea defendida por la izquierda institucional.
  • Qué hemos explicado mejor que nadie que las élites financieras están dando una batalla por la concentración de la propiedad con apoyo de los bancos centrales. Que las Socimi son el ejemplo de esa concentración de poder en los caseros y como el poder legislativo ha ayudado a ello. Pero prevenimos respecto de aquellos que de manera izquierdista ponen la culpabilidad de todos los males en las SOCIMI, como si por el hecho que no existieran el problema de los abusos del alquiler se solucionaran. Si esa estrategia CONTRA LAS SOCIMI es para esconder o distraer LA LUCHA POR UNA REFORMA FISCAL JUSTA CONTRA LAS RENTAS INMOBILIARIAS entonces no estaremos en la misma lucha.

¿Cómo rentabilizan los propietarios la vivienda de alquiler?

Los propietarios de viviendas en alquiler rentabilizan su inversión porqué cobran un precio de alquiler, muchas veces desmesurado, porque tienen enormes desgravaciones fiscales y muchas veces estafan en las exenciones fiscales, porque también amortizan la vivienda fiscalmente (la puede amortizar indefinidamente) y porqué además de haber cobrado todo eso, además, puede recuperar la inversión con plusvalías sencillamente vendiendo la vivienda. En otras palabras entre todos los españoles y el inquilino le amortizamos la vivienda varias veces. No existe ningún otro negocio que eso ocurra! Las viviendas de Barcelona que se alquilan tienen de media 72 años de existencia. Eso quiere decir que si siempre han estado alquiladas han sido amortizadas siguiendo la rentabilidad del Banco de España como mínimo 3 veces.

Esta simulación del gráfico la hemos hecho sobre un propietario físico, no jurídico, porque la fiscalidad del IRPF es menos compleja que en Impuesto de Sociedades -IS-. Pero las ventajas fiscales en un u otro régimen son similares aunque en el IS depende de la pericia del gestor fiscal para eludir pagar más impuestos. Independientemente del gravamen fiscal el gráfico anterior muestra a las claras que es el Estado – 50.000 euros- el que realiza una buena parte del esfuerzo inversor para crear el patrimonio inmobiliario de la persona A. Lo hemos calculado teniendo en cuanta los resultados del simulador de la AEAT explicados aquí>>>.

Si el Estado español cobrará todo dinero, que sería más legitimo que regalarlo, para crear un parque público de vivienda asequible con derecho a uso indefinido ¿se imaginan la cantidad de problemas hipotecarios y desahucios de alquiler que nos hubiéramos ahorrado en estos 50 años?

Agencia Tributaria

Las rentas del trabajo exprimidas frente a las rentas del alquiler

El paraíso fiscal del que gozan los propietarios de viviendas alquiladas debe necesariamente tener su reflejo en los dos principales impuestos que gravan las ganancias: el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

Analizando el Impuesto del Rendimiento de las personas Físicas- IRPF – se observa en la imagen que los datos relativos a los ingresos de los rendimientos del trabajo, los mobiliarios (capital, acciones y derechos) y las rentas provenientes de inmuebles arrendados entran en diferentes apartados pero no suman igual:

Cada uno tiene un tratamiento fiscal distinto!

¿Por qué? Como observamos, son las rentas del trabajo las más castigadas fiscalmente frente a las del capital en el TIPO IMPOSITIVO.

– GRÁFICO 1 –

Por ejemplo. siguiendo la tabla adjunta se ve como una renta del trabajo 38.000 euros amarillo – llega a pagar hasta un 37% en el último tramo mientras que las rentas del capital – naranja– sólo lo hacen sobre un 21%. Traducido significa que un trabajador que cobra 38.000€ pagará por la mitad de su salario el 30% de IRPF mientras que un accionista de una SOCIMI que cobra los mismos dividendos anuales – 38.000€- sólo tributa por un 21% de media

Un capítulo aparte lo son las rentas del alquilerazul -que aunque suman con las rentas del trabajo llegan a la BASE IMPONIBLE GENERAL ADELGAZADAS entre un 65 a 75%, o sea, sólo pagan por entre un 25 a 35% de lo que cobran por alquileres gracias a que el sistema PADRE introduce los alquileres en un epígrafe diferenciado que luego suma ya adelgazado a la BASE LIQUIDABLE GENERAL.

Para entender mejor la mecánica de estas explicaciones ver esta entrada>>>> desvelamos la verdad! los salarios pagan un 1.000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler>>>

La conclusión es bien clara: Sería de justicia que las rentas del capital y de los alquileres pagaran más que el TIPO GENERAL de las rentas del trabajo. Siempre fue así durante la época dorada del capitalismo. Sería de justicia que los impuestos fueran progresivos, de manera, que quién más tiene más paga. La doctrina neoliberal que han abrazado todas las clases pudientes y sus técnicos dirigentes ha modificado el esquema tributario, poco a poco, hasta esta injusticia actual donde quién trabaja- asalariado o empresario o autónomo- paga mucho más que los rentistas. La ley del Impuesto sobre las Personas Físicas -IRPF- y su Reglamento ha sido manipulado a lo largo de décadas para beneficiar las declaraciones de renta de los propietarios. Durante las últimas décadas casi todos los partidos y sus diputados del régimen del 78 tenían bien claro a quién beneficiar, a quién representaban, y ahí no había grandes diferencias ideológicas a la hora de que los de abajo pagaban la fiesta.

Cada una de estas figuras impositivas ha sido legislada por el Parlamento español, con negociaciones, en paralelo con los principales lobbys que representan esas figuras. Son trajes a medida para “la elusión fIscal” de cada una de las franjas de inversores en activos inmobiliarios. Todos los regímenes fiscales tienen una fiscalidad mucho más reducida o casi nula respecto de las rentas del trabajo

El coladero del Impuesto sobre Sociedades

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades -TRLIS – tiene suficientes agujeros interpretativos y una normativa bien enrevesada para que sea común ver anuncios de gestores fiscales que aseguran conocer los vericuetos de como pagar menos (*3). De hecho, en el Impuesto de Sociedades – IS – el tipo máximo es del 25% pero en la práctica las exenciones y bonificaciones fiscales hacen que el tipo efectivo llega a reducirse como dicen algunos expertos hasta el 3 o 4% real. Al igual, que en el IRPF, el IS contempla figuras impositivas muy especiales para el arrendamiento de viviendas que confirman nuestras afirmaciones que los últimos decenios ha habido una contrarevolución fiscal a favor de las rentas altas. En internet el debate sobre esta “elusión fiscal” es apasionado con testimonios confrontados pero hay un dato evidente: la recaudación del IS se ha vuelto irrelevante como muestra el gráfico 2. Por eso, el continuado adelgazamiento de la recaudación del IS de la gráfica siguiente -2- muestra a las claras que este impuesto es un gruyere:

– GRÁFICO 2 –

Cuatro son las figuras impositivas en el Impuesto de Sociedades que permite a los asesores fiscales alardear de ahorrarse mucho dinero y pagar el mínimo:

    1. Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). De ellas ya hemos hablado aquí en el 2009 >>>. Básicamente están exentas de pagar el -IS- y tienen bonificación del 95 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados (ITPAJD).
      • Régimen Fiscal. La sociedad  SOCIMI  tributará por regla general al tipo del 0%, o sea, no se tributa por el Impuesto de Sociedades. Si que se tributara como IS cuando alguno de  los socios cumpla los requisitos siguientes:
        • que ostenten una participación de al menos el 5% sobre el capital social, y
        • que tributen a un tipo inferior al 10 % por los dividendos que perciban
      • Cuando se reparten dividendos a las personas físicas se imputan como rentas del capital que tributan 19% por los primeros 6.000 euros y el 21% por el exceso (ver gráfico 1 – rentas del capital – color naranja). Así pues, la fiscalidad se concentra en el partícipe o accionista, en el momento de percibir el 80% del beneficio vía dividendo. (*4)
      • Cuando se reparten dividendos a las personas jurídicas se imputan en el IS con un gravamen general del 25% máximo
      • Cuando se reparten dividendos a personas jurídicas NO RESIDENTES – habrá que atender a la normativa comunitaria, y en particular a la Directiva 90/435/CEE, ya que por regla general las entidades de la Unión Europea que ostenten una participación superior al 10% sobre una SOCIMI estarán libres de tributación por los dividendos en España.
      • No hay exención por doble imposición.
    2. Sociedades -SII- y Fondos de Inversión Inmobiliaria – FII-. Los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria (FIM) son instituciones de inversión colectiva, osea, entidades de capital riesgo (*5). Se pueden comprar participaciones o acciones en fondos que invierten directamente en inmuebles o en aquellos que lo hacen indirectamente. Son famosos Blackrock y Blackstone por sus inversiones masivas en España y los bancos españoles ofrecen toda clase de inversiones. (*6). Muchos operan desde paraísos fiscales.
      • Régimen Fiscal. Tributan al 1% en el impuesto de Sociedades pero los dividendos obtenidos no tributan hasta que no se vende la participación en el fondo y en ese caso al accionista se le aplica escala gravamen del capital – ver gráfico 1- . Dicho de otra manera, los socios no pagan impuestos hasta que no venden sus participaciones. Esta estratagema fiscal haciendo una comparación con un trabajador sería que el trabajador no pagaría el IRPF hasta que se jubilara. Esto tendría una enorme ventaja pues durante toda su vida laboral podría acumular el capital de los impuestos, invertirlo y al final no perdería dinero.
    3. Sociedades patrimoniales. Han adquirido fama estas sociedades por los pasados y recientes “escándalos” patrimoniales de la familia Aznar,  el ex-ministro Màxim Huerta o el reciente Pedro Duque – ministro de P.Sanchez-. Aunque la figura patrimonial dedicada al arrendamiento difiere de estas. En concreto es necesario tener como mínimo 8 viviendas arrendadas. Los requisitos y régimen tributario de estas sociedades se puede consultar aquí pero principalmente el 55% del negocio debe venir del arrendamiento de viviendas y por ello, se considera necesario tener un trabajador a tiempo completo para la tarea.(*7).
      • Régimen fiscal. En caso de cumplir los requisitos, hay una bonificación del IS del 85% sobre lo ingresado por alquileres. O sea, se realiza esa bonificación del 85% sobre los ingresos minorados por las exenciones fiscales de los gastos directamente relacionados con la obtención de dichos ingresos. Además en el reparto de dividendos hay una deducción en IRPF del 50% para evitar la doble imposición interna aplicable a plusvalías de fuente interna (sociedad patrimonial).
    4. Sociedades Limitadas – SL. estas sociedades hoy no son recomendadas por ningún asesor fiscal pues si el arrendador tributa como empresa o persona jurídica debe presentar el impuesto de sociedades, con un coste fiscal del 25%, aunque también puede reducir este coste. Las otras figuras jurídicas son mejores a la hora de la “elusión fiscal“.

Cada una de estas figuras impositivas ha sido legislada por el Parlamento español, con negociaciones, en paralelo con los principales lobbys que representan esas figuras. Son trajes a medida para “la elusión fIscal” de cada una de las franjas de inversores en activos inmobiliarios. Todos los regímenes fiscales tienen una fiscalidad mucho más reducida o casi nula respecto de las rentas del trabajo que si que pagan muchos impuestos como hemos mostrado en el gráfico 2, lo que demuestra que es profundamente injusto y clasista pero ha necesita de la colaboración necesaria de sus señorías parlamentarias. Eso antes no era así, el sr. Ricardo Rodríguez (Técnico de Hacienda) relata en su libro publicado recientemente que en la primera reforma fiscal de la democracia la UCD estableció 29 tramos de IRPF, un marginal (no medio) máximo del 65,5% y mínimo del 15 (en la nota a pie de página nº3.

Si se mira al por menor, no es cierto como se explica en muchos sectores de la izquierda, que las SOCIMI sean el engendro fiscal por antonomasia para eludir impuestos si exceptuamos a los accionistas no residentes que no tributan. O sea, un fondo de inversión que actúa desde un paraíso fiscal como Luxemburgo no paga impuestos. Como mostraremos en el siguiente apartado de hecho una persona física que ingresa sólo ingresos como alquileres tiene una mejor tributación que un accionista – como persona física- de una SOCIMI.

¡NO! las SOCIMIS no son las únicas malas en toda esta historia fiscal

Para muestra que el problema es complejo avanzamos la comparativa realizada en la web de la Agencia Tributaria española entre dos abuelitos: el abuelito C que vive de dos pisos en alquiler (ya vimos su caso aquí) y la abuelita D que vive de las acciones que posee de la SOCIMI, por ejemplo, Temporé o Testa Inmobiliaria. El abuelito C vive exclusivamente de dos viviendas alquiladas que le reportan 27.000 euros anuales. La abuelita D posee acciones de la SOCIMI que también le han reportado anualmente 27.000€ de dividendo. Por tanto, ambas declaran los mismos ingresos de 27.000€. Aquí las declaraciones de renta en la web de la AEAT:

Aún declarando lo mismo, 27000€ de ganancias, el abuelito C que vive como persona física de dos alquileres exclusivamente paga 9 veces menos impuestos que la abuelita D que vive de sus acciones en una SOCIMI.

NECESITAMOS UNA PROFUNDA REFORMA FISCAL QUE HAGA QUE QUIENES MÁS GANAN, Y SOBRE TODO SI SON RENTAS INMOBILIARIAS Y DE CAPITAL, PAGUEN MÁS QUE LOS QUE TRABAJAN. SOLO ASÍ, vía tributación, PODEMOS DAR UN CIERTO VUELCO A QUE HAYA UNA VÍA FISCAL PARA REGULAR EL MERCADO DE ALQUILER DANDO A LOS INQUILINOS CON UNA MANO LO QUE SE CONFISCA – vía impuestos- A LOS RENTISTAS CON LA OTRA.

salva torres


notas a pie de página:

    1. I.López – E.Rodríguez, Fin de ciclo: financierización, territorio y sociedad de los propietarios en la larga onda del capitalismo hispano (1959-2010), Traficantes de sueños. Página 238, nota 23.
    2. https://cincodias.elpais.com/, La deducción por vivienda ha costado 77.560 millones en tres décadas.
    3. eldiario.es, El sector privado está usando las puertas giratorias en la Agencia Tributaria para ahorrar impuestos.
    4. Agencia Tributaria, Régimen Especial de SOCIMI.
    5. Las FII están reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC), modificada por la Ley 31/2011, de 4 de octubre y por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se regulan las entidades de capital-riesgo.
    6. +++ INFO, Inversión Inmobiliaria: FII – SII – SOCIMI. Una comparativa muy buena sobre estas sociedades.
    7. Agencia Tributaria española, Régimen Especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

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Blackstone: el mito de las socimis y la concentración de la propiedad inmobiliaria en España

Blackstone: el mito de las socimis y la concentración de la propiedad inmobiliaria en España-web




desvelamos la verdad! los salarios pagan un 1.000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler

Por iguales ingresos una declaración de IRPF de rentas salariales paga un 1.000% más que una de un arrendador de viviendas

Las rentas salariales tienen un trato fiscal muy INJUSTO, CLASISTA Y NEOFEUDAL

Los vericuetos de las declaraciones de renta y del impuesto de sociedades permiten demostrar con números como las rentas salariales, las que crean riqueza, están castigadas fiscalmente frente a las rentas del alquiler, de la propiedad. Esa realidad es asumida por todo el mundo, en toda Europa, con la más absoluta normalidad como si se tratará de lo usual, de la vida misma. Pero dos siglos atrás, uno de los padres del capitalismo Adam Smith, clamaba contra las rentas no ganadas como un cáncer de la economía. Hoy nuestros conciudadanos ni siquiera son conscientes, están idiotizados, no hay crítica, absoluta ignorancia.

No es de extrañar entonces, que la recaudación fiscal sea injusta con profundos rasgos clasistas y neofeudales. Y lo de feudal porqué la revolución francesa quiso acabar con los ingresos no ganados, sin trabajo, de los aristócratas, que por el sólo hecho de nacer donde lo habían hecho podían vivir de rentas. En nuestra web aprendemos y denunciamos porque investigamos las injusticias y hoy toca explicar lo que descubrimos:

los asalariados españoles pagan un 1000% más de fiscalidad que las rentas inmobiliarias de alquiler.

Para mostrar la lógica INJUSTA, CLASISTA Y NEOFEUDAL DE LA LEY TRIBUTARIA ESPAÑOLA hemos hecho una comparativa de 3 personas, con los mismos condicionantes familiares, pero sus ingresos anuales son obtenidos de diferentes fuentes. La persona A es un asalariado de una empresa que gana 27.000€ y además es inquilino de la persona C. La persona B es un jubilado que declarará 27.000€ de una pensión de 15.000€ y una renta de alquiler de 12.000€ anual. Una tercera persona, también abuelito, que declarará 27.000€ por dos alquileres que cobra como únicos ingresos: uno de 12.000 – que le paga la persona A- y otro de 15.000€ anuales que podrían corresponderse a dos viviendas sitas en el centro de Madrid o Barcelona.

Esta comparativa más sencilla de explicar se hace sobre el IRPF pero también tendría efectos similares sobre el Impuesto de Sociedades. Un apunte para complementar nuestra afirmación. El sindicato de Inspectores de Hacienda -GHESTA- publicó este cuadro donde se observan las recaudaciones de impuestos en el Estado español. El cuadro muestra como la recaudación del Impuesto de Sociedades ha caído año tras año respecto al IVA y al IRPF. Mientras que el IRPF ha aumentado ligeramente, el impuesto de Sociedades se ha desplomado a la mitad (*1). Las razones son diversas pero una es el uso sistemático de las exenciones fiscales por parte de los empresarios. LOS ASALARIADOS SOPORTAN EL GRUESO DE LOS IMPUESTOS: el 77% de la recaudación de la AEAT en 2017.

¿Cómo se permite a las rentas inmobiliarias expoliar a las salariales?

Como hemos explicado numerosas veces en este blog, las exenciones y desgravaciones fiscales al arrendamiento de viviendas provoca un boquete de miles de millones cada año a las arcas del Estado español. Vamos a hacer un viaje al paraíso fiscal en el que viven las rentas de alquiler en nuestro país.

¿Por qué? Porqué supuestamente esa dejación de políticas públicas en manos de la iniciativa privada debían permitir el desarrollo de un mercado del alquiler – muy exiguo históricamente desde 1950- y abaratar precios. Después de 60 años de practicar esas políticas es evidente su fracaso viendo como está la situación. Pensamos que esas políticas han buscado siempre lo contrario: incrementar aún más fiscalmente los beneficios de los rentistas inmobiliarios grandes y los marginalmente pequeños. SÍ, porqué las rentabilidades DESCARADAS obtenidas por los caseros en el mercado del alquiler que hemos comentado >>>AQUÍ>>> se han realizado además sin tener en cuenta las enormes ventajas fiscales con que ya cuentan en nuestro país los caseros. Esto lo hemos muy bien en nuestro blog >>> AQUÍ>>> y también >>> AQUÍ>>>. Es por ello, que a las rentabilidades del negocio del arrendamiento de viviendas hay que sumar las exenciones y desgravaciones fiscales a sus propietarios.

LOS CÁLCULOS REALIZADOS EN EL SIMULADOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Hemos creado 3 modelos de personas físicas para averiguar su IRPF.

  1. La persona A es un asalariado de una empresa que gana 27.000€ y además es inquilino de la persona C.
  2. La persona B es un jubilado que declarará 27.000€ de una pensión de 15.000€ y una renta de alquiler de 12.000€ anual.
  3. Una tercera persona C es otro jubilado, rentista, que declarará 27.000€ por dos alquileres que cobra como ingresos: uno de 12.000 – que le paga la persona A- y otro de 15.000€ anuales que podrían corresponderse a dos viviendas sitas en el centro de Madrid o Barcelona.

PARA SABER CÓMO SE EXPOLIAN LOS SALARIOS respecto de LAS RENTAS DEL ALQUILER nos hemos dirigido para hacer los cálculos al el simulador de IRPF de la Agencia Tributaria >>>. No hay trampas. NOSOTROS HEMOS SIDO LOS PRIMEROS SORPRENDIDOS DE LA INJUSTA TRIBUTACIÓN FISCAL.


  • PERSONA A. Una persona física -A- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de una renta salarial, del trabajo en una empresa. De esta persona, después de restar el mínimo vital de 5.500 € que sirve para sobrevivir según el Estado, debe pagar 4640,35€ pues no hay ninguna retención previa. Paga el 18% de IRPF

RENTA ANUAL DISPONIBLE DESPUÉS IMPUESTOS Y VIVIENDA: Este asalariado vive alquilando el piso de la persona C. Por ello, si restamos a sus ingresos anuales – 27.000€- los pagos de IRPF y el alquiler que le paga a la persona C: 27.000€ – 12.000€ (alquiler) – 4640,35€ (IRPF) le quedan solamente 10.359,35€ para gastos anuales para sobrevivir. No recibe ninguna desgravación por alquiler porqué el PP las retiró en el 2013.

  • PERSONA B. Un abuelito jubilado -B- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de una pensión de 15.000€ y un arrendamiento de vivienda de 12.000€. Este abuelito – B- acaba pagando 2297 € del total de 27.000€ ingresados y representa que paga por un 8,5% de lo recibido.

RENTA ANUAL DISPONIBLE DESPUÉS IMPUESTOS Y VIVIENDA: Para el caso de este abuelito -B- debemos restar a sus ingresos anuales – 27.000€- los pagos de IRPF: 27.000€ – 2297,10€ (IRPF) le quedan solamente 24.702.90€ para gastos anuales para sobrevivir.
La vivienda es en propiedad por lo que no la hemos incluido como ingreso por considerarlo irrelevante.

Por la pensión tributa por la totalidad -15.000€- pero por el alquiler a pesar de cobrar 12.000€ sólo tributará por 3240. Tiene como gastos deducibles: 1200€ de gastos de reparación y conservación de la vivienda arrendada, 300 del IBI y 2400€ de amortización de la vivienda alquilada. Esto se ve en esta declaración parcial del arrendamiento urbano:

  • PERSONA C. Un abuelito jubilado -C- que declara ingresos por valor de 27.000€, obtenidos de dos arrendamientos de vivienda de 12.000€ y 15000€ respectivamente en una gran ciudad, o sea, no tiene otra clase de entradas ni pensión. A los dos arrendamientos de este abuelito -C- les hemos aplicado iguales exenciones fiscales. En la declaración acabará pagando 432€ que representa el 1,6% de todo lo declarado. Ello ha sido posible gracias a las exenciones fiscales (se pueden ver en la imagen anterior) y a la desgravación fiscal que hace que el ingreso declarado de 27.000 euros acabe en sólo 7560 de base imponible.

    RENTA ANUAL DISPONIBLE DESPUÉS IMPUESTOS Y VIVIENDA: Para el caso de este abuelito -C- debemos restar a sus ingresos anuales – 27.000€- los pagos de IRPF: 27.000€ – 432.15€ (IRPF) le quedan 26.567.85€ para gastos anuales para sobrevivir.
    La vivienda es en propiedad por lo que no la hemos incluido como ingreso por considerarlo irrelevante.

Las tres personas tienen los mismos ingresos -27.000€-, el mismo mínimo vital- 5500- por el que supuestamente deberían poder subsistir, las mismas circunstancias fiscales. El asalariado inquilino deberá sobrevivir con 10.359,35€, el abuelito jubilado B vivrá holgadamente con 24.702.90€ y el abuelito rentista -C- prácticamente vivirá con todos sus ingresos.

Cual es el origen de este trato fiscal tan INJUSTO? pues el origen de los ingresos. Si los ingresos son del trabajo contribuyen por su totalidad. En cambio, si los ingresos son de rentas inmobiliarias ya no pagan lo mismo:

  • tienen exención fiscal por el mantenimiento de la vivienda (el trabajador no le ocurre lo mismo?), tiene exención por los impuestos (el asalariado paga impuestos pero no los descuenta) y por la amortización de la vivienda alquilada se desgrava el 3% del valor catastral cada año (el asalariado no tiene exención…parece ser que puede vivir en la intemperie)
  • tienen desgravación fiscal entre el 50 0 60% de la diferencia de lo ingresado menos las exenciones antes citadas.
  • finalmente en el ejemplo de la vivienda alquilada por 12000. € anuales…. la base imputable sólo es por 3240 de 12.000 originales.
  • en el 2013 el PP eliminó las pocas desgravaciones fiscales que tenían los inquilinos. No quería saber que caseros defraudaban.
  • en 2014, GHESTA, el sindicato de inspectores de Hacienda, cifró en el 54% los arrendadores que defraudaban a Hacienda. 3200. millones anuales.

La declaración de IRPF de los abuelitos se la hace un gestor. Este gestor deduce como gasto el IBI, que han pagado los abuelitos, pero no sabe que en el contrato el inquilino a instancias del administrador de fincas también paga el IBI. Ambos abuelitos acaban recuperando 380€ por arte de birlibirloque. En el caso de los dos abuelitos, uno de los pisos en el que vivieron antes, era VPO y ahora está alquilado. Eso quiere decir que recibieron ayudas por la vivienda del Estado, recibieron desgravaciones del IRPF por ser de propiedad pero además ahora vuelven a desgravarse la amortización de la vivienda. Esta desgravación del 3% anual no tiene límite de tiempo, es eterna hasta que la vivienda sea derruida. O bien, en el caso que algún día se la venden volverán a cobrarse la vivienda entera y encima a precios de mercado. ESTO ES UNA OBSCENIDAD!


EL ESCÁNDALO FISCAL DE LOS DOS ABUELITOS: EL RENTISTA Y EL JUBILADO

Nos hemos sorprendido nosotros mismos del descubrimiento que hemos hecho en la Agencia Tributaria – AEAT- respecto de las diferencias retributivas entre estas tres personas ficticias pero expresamente dimos un papel relevante en este análisis fiscal a los dos abuelitos escogidos.

  • Uno – la PERSONA B- trabajó toda su vida desde los 16 años cotizando en diferentes empresas por lo que al jubilarse recibe una pensión de 15.000€ anuales, ingreso que mejora con el alquiler de otra vivienda por 12.000€ anuales.
  • El otro abuelito – PERSONA C – nunca cotizó. Pero puede vivir holgadamente con los dos alquileres que le rentan también 27.000€. Pero al ser RENTISTA PROFESIONAL disfruta de casi 2000€ más anuales, gracias al sesgo clasista del IRPF, que el abuelito que trabajó creando riqueza en cualquier rama de la producción.

ES UN ESCÁNDALO QUE AL ABUELITO TRABAJADOR SE LE CASTIGUE FISCALMENTE POR VALOR DE CASI 2000€ POR EL SIMPLE HECHO DE HABER TRABAJADO Y AL RENTISTA SE LE PREMIA POR EL MISMO VALOR POR VIVIR DE RENTAS


IRPF: EXPOLIADO SI TRABAJAS, PREMIADO SI VIVES DE RENTAS

La persona -A- el asalariado duplica el pago de IRPF de la persona -B- el abuelito con pensión y como arrendador. El asalariado multiplica por 10 su aportación de impuestos respecto del abuelito sólo arrendador. El asalariado paga un 1.000% más por trabajar creando riqueza que viviendo de rentas.

O DICHO DE OTRA MANERA: LA HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA CASTIGA FISCALMENTE AL TRABAJADOR CONFISCÁNDOLE 3.800€ SIMPLEMENTE POR SU CONDICIÓN DE CLASE SOCIAL: TRABAJA! POR CONTRA, LA AGENCIA TRIBUTARIA, el Estado español, PREMIA CON 3.800€ AL RENTISTA QUE NUNCA DECLARÓ TRABAJO ALGUNO.

La ley del IRPF, aprobada por el PP, PSOE, CiU, C’s y PNV penaliza al abuelito que tiene una pensión, porqué trabajó, respecto del que es sólo rentista. Increíble!!

La ley del IRPF, aprobada por el PP, PSOE, CiU, C’s y PNV penaliza al trabajador activo, que está creando riqueza,, respecto del rentista profesional. Increíble!!

Esto sólo tiene un nombre : EXPOLIO DEL ASALARIADO como trabajador y doblemente EXPOLIADO SI ES ADEMÁS INQUILINO. SE CASTIGA A QUIÉN CREA RIQUEZA Y SE PREMIA A QUIÉN VIVE DE RENTAS absorbiendo LA RIQUEZA DEL PAÍS. Esto es lucha de clases.

Sólo hay una especie más parásita que el arrendador, los prestamistas privados, creadores de dinero de la deuda, LOS BANQUEROS. Pero eso es tema de otro día.

EL ESTADO ESPAÑOL RENUNCIA A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA PARA REGALAR CADA AÑO MILES DE MILLONES A LOS PROPIETARIOS INMOBILIARIOS

Si usted pregunta a los abuelitos rentistas por sus desgravaciones fiscales seguramente le dirán que la declaración la hace un gestor. Se justifican porqué la declaración de iRPF es muy complicada y la mayoría de arrendadores desconocen los vericuetos fiscales que resuelven sus gestores, que como profesionales, sirven a sus clientes y intentan ahorrar, o sea, que no paguen impuestos.

Los trabajadores están pillados. Siempre se sabe todo. No hay posibilidad de ningún ahorro fiscal. Los arrendadores tienen numerosas exenciones fiscales por gastos, por impuestos y por amortización de la vivienda arrendada. El gestor desgravará en el IRPF del abuelito el IBI de la vivienda pero no sabe que en el contrato privado con el inquilino que le ha hecho su administrador de fincas el IBI va a cargo del inquilino. El gestor desgravará las obras de rehabilitación y mejora de la vivienda y al mismo tiempo se las está cobrando al inquilino. ESTAS IRREGULARIDADES, el doble cobro, al inquilino y a la Hacienda pública, SON UN FRAUDE. NADIE LAS VIGILA NI LA AEAT TIENE CAPACIDAD INSPECTORA PARA HACERLO ANUALMENTE EN MILLONES DE FACTURAS QUE SE GIRAN POR LOS CASI 4 MILLONES DE ARRENDAMIENTOS EN ESPAÑA.

El sábado 2 de mayo de 1959, delante del primer Congreso nacional de administradores de fincas, el primer ministro franquista de Vivienda José Luis ARRESE decía: QUEREMOS UN PAÍS DE PROPIETARIOS QUE NO DE PROLETARIOS, entre aplausos de los enfervorecidos asistentes. 60 años después la máquina infernal de extracción de plusvalías a los inquilinos continua agravada por las reformas de la LAU. Todo bajo la más absoluta ignorancia de la sociedad española, todo soterrado, como si fuera ADN patrio.

EL ESTADO ESPAÑOL RENUNCIA A POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA PARA REGALAR CADA AÑO MILES DE MILLONES A LOS PROPIETARIOS INMOBILIARIOS

Aunque esto tiene una fácil solución fiscal: Contratos únicos de alquiler fiscalizados por el Estado y con timbre. Exenciones fiscales? iguales para todos: EL MÍNIMO VITAL DEL CONTRIBUYENTE -5.500€ – lo demás es una ESTAFA.

Salva Torres, activista de asc.500×20


Portal del inquilino – espacio de derechos y empoderamiento




para qué luchamos en la Asociación 500×20? un programa para el debate de las elecciones municipales

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

{tercera revisión desde el 2011-2015}

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales de 2015 nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en este sentido.

Por lo tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares / año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.
  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas municipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por lo tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.
  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.
  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva sólo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.
  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada entorno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.
  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las Medidas legislativas y el desarrollo de los Reglamentos necesarios

Las siguientes son los principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país.

Hay que entenderlas como 1 conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, ha que de algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas al MISMO espacio social y / o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es el más Importante hoy.
[(+) Medidas CON Consenso. (?) Medidas en discusión. ]

 

Hablamos de Necesidades Legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la Sareb, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Estos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones diferentes al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Viviendas.
    1. (?) Proponemos la consolidación de este Parque Público de Vivienda en base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado o municipios para las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio de que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegítima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de una nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoria social sobre la deuda hipotecaria en manos de los tenedores nacionales y internacionales en los terminos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas porqué el suelo urbano pase a ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales .
  1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal manera que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago. [ahora defendemos la inembargabilidad de la vivienda habitual]
  2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  • Fiscalidad y Régimen tributario.
    (+)
    Impuestos directos progresivos sobre patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  • Imposto de Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.

    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros .
    2. (?) Confección de una tabla progresiva por el IBI en función del valor del inmueble desde el 0,1% para los de menos valor en el 1,2% para los de más valor.
  • (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  • (?) Se buscaran, en las grandes i medianas ciudades, diferentes modalidades de esta fiscalidad directa costosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  • (+) Banca pública para gestionar lineas de crédito directas a los ciutadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  • (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  • (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones futuras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciutadania.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará indexada, por tanto, al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacias para alquiler público o con derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio de su reparación, mantenimiento y la asunción y / o exención de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional para el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664 €) no superaran nunca los 100 € o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Tablas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública o social.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar una cuota de hasta un 25% para vecinos del barrio y / o distrito empadronados más de 2 años con el fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio detallado a través de Servicios Sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañar de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Defendemos el derecho al empleo por necesidad y su regularización para la ciudadanía en precario.
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no sólo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras en promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.

material elaborado en diferenets asamblas de nuestra Asociación entre noviembre y febrero del 2015
documento aprobado para el 2015.

PÁGINA PUBLICADA INICIALMENTE EL 17 DE JULIO DEL 2011




La Iglesía católica -la mayor y más vitaminada SOCIMI española- y la emergencia habitacional.

edificio de viviendas propiedad de la Iglesia en el centro de Córdoba

Basta poner en su buscador favorito de Internet la siguiente búsqueda: “propiedades de la iglesia católica en España IBI” para encontrar centenares de noticias que explican de hecho la imposibilidad de conocer todas las propiedades inmobiliarias de la Santa Iglesia. Igualmente, aparecen noticias de administraciones que han intentado poner blanco sobre negro el dinero que se ahorra esa Institución religiosa en impuestos. O enlaces a censos de todas las propiedades urbanas exentas de impuestos (catedrales, iglesias, colegios, hospitales, tierras, hoteles, pisos, garajes, etc) así como de la propiedad rústica eclesiástica.

Europa Laica en su informe del 2015 (1) calcula que la Iglesia católica nos cuesta en subvenciones y exenciones fiscales 11.000 millones de euros, tanto a creyentes como no creyentes. Vale la pena leer su informe donde desgrana todas las partidas que recibe la Iglesia católica. Pero tres frases lo dicen todo:

  • Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España o el 4% de los presupuestos generales del Estado en un país con 10 años de crisis perpetua para las clases populares.
  • Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año o 20 € al mes.
  • La iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos

Un ejemplo en Córdoba

uno de los edificios en Córdoba que no paga impuestos ni por los negocios que genera

Sólo en Córdoba capital, la Iglesia tiene 443 inmuebles, repetimos, inmuebles con sus correspondientes viviendas. El listado de propiedades incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contar las que están incluidas en los recintos religiosos-. También existen 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios destinados a oficinas o uso comercial.  Se trataría, así, de una serie de propiedades sin vinculación al culto pero que, en la práctica, están exentos del pago del IBI y reportan rentas mundanas a los que pregonan el reino de los cielos. (2)

Además de esas propiedades, otros inmuebles de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -iglesias, ermitas, conventos, etc-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales -San Juan de Dios-, universidad -Loyola-, residencias de mayores, fundaciones y casas de cursillos o espiritualidad. Aparte de la propia Mezquita-Catedral, el principal enclave turístico de la ciudad, que ha recibido en el último año 1,8 millones de visitantes que pagan una entrada y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 51.000 euros anuales de IBI. Esta mezquita fue inmatriculada el 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009.

 

El caso de Valencia-capital

En la ciudad de Valencia la Iglesia cuenta con más de 1.280 propiedades, de las cuáles solo el 18 % están relacionadas con el culto. El resto, la mayoría, son viviendas, aparcamientos, bajos comerciales u otros inmuebles por los cuales las entidades católicas no solo no pagan impuestos sino que en algunos casos extraen beneficios gracias a las rentas de alquiler. (3)

Así se desprende del trabajo realizado por la plataforma Europa Laica, cuyos miembros llevan desde el pasado mes de junio cotejando los datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia en 2012 donde se detallaban las propiedades exentas de IBI con el registro catastral. Una por una, los integrantes de este observatorio han analizado la localización y el uso de estas propiedades, acudiendo al lugar y llamando a la puerta para contrastar su actividad. Para sorpresa de ellos, se han encontrado con restaurantes de kebab, boutiques de ropa, librerías, asesorías, sedes de entidades bancarias, relojerías, hostales, concesionarios de coches o incluso clínicas de tratamientos estéticos. «Aunque no lo hemos podido analizar todo todavía, la mayoría de esos locales, viviendas y aparcamientos están alquilados», explicó a Levante-EMV Guillermo González. De hecho, los datos que ahora maneja este colectivo corresponde justo a la mitad de los distritos de la capital.

El Ayuntamiento de Valencia deja de ingresar cada año cerca de 800.000 euros. A ellos habría que sumar las más de 1.040 fundaciones que tampoco pagan IBI, el 80 % de las cuales son católicas y en las que se albergan negocios y empresas ya mencionadas. Unos dos millones al año. Según Europa Laica, las más de 1.280 propiedades de la Iglesia no sólo no abonan el IBI, sino que tampoco lo hacen con otros impuestos derivados de sus actividades u obras (el IVA sí que lo pagan desde una modificación a finales de los años 90). «Resulta muy complicado establecer una cifra, pero cerca de 16 millones de euros han dejado de ingresarse en los últimos cuatro años en la ciudad», indicó González.

En una ciudad como Barcelona, las exenciones fiscales, más los tributos no pagados por actividades económicas, podrían suponer anualmente los 90 millones de euros que suponen el total de la inversión en políticas de vivienda del Ayuntamiento de Ada Colau.

Y otro ejemplo en Badajoz…

¿Sabía usted que en el año 2014 el Servicio Extremeño de Salud ingresó mediante transferencia bancaria en las arcas municipales del Ayuntamiento de Badajoz 5,1 millones de euros correspondiente al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de los años comprendidos entre 2008 y 2012 de los centros salud y hospitales públicos que existen en la ciudad?. Un dinero considerable que sirve para aumentar los caudales del Ayuntamiento. ¿Cuanto dinero ha ingresado el Ayuntamiento de Badajoz por los hospitales religiosos etc … de Badajoz en concepto de IBI? Cero, cero patatero.

Europa Laica y las inmatriculaciones eclesiásticas

Desde el año 1996 la Iglesia católica ha registrado miles de propiedades por toda la piel de toro simplemente haciendo lo mismo que en la mezquita de Córdoba.

Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. Con esta operación la Iglesia a registrado miles de propiedades en los últimos años. Finalmente el Congreso de los Diputados aprobó un cambio en la Ley hipotecaria que acababa con ese privilegio de la Iglesia.

La Iglesia Católica y la emergencia habitacional

El informe de Europa Laica es contundente: la Iglesia católica es la mayor SOCIMI española, vitaminada por el Estado con la exención generalizada de impuestos o la vista gorda. La iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado HOY A ESTO SE LE LLAMA EXPOLIACIÓN DE LOS COMUNES por la nueva izquierda municipalista –. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro) (Ver Anexo III). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. (ver más en 1)

Sobre lo que queremos llamar la atención no es sobre la cantidad de propiedades que tiene la Iglesia. Es verdad que hemos empezado este documento mostrando el conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia comparable a sociedades financieras de la categoría de un Banco. No hemos mostrado las relaciones de poder que ha habido en nuestro país entre la Banca y la Iglesia – un ejemplo de los cuales ha sido el Banco Popular – porque el documento se haría interminable y se desviaría de su objetivo.  El conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia católica en España podríamos definirlo como “un común” pues es fruto de la acumulación primaria de capital y propiedades sobre la base de la gestión del sentimiento religioso de decenas de generaciones y de siglos.

Podríamos decir sin error, que es fruto del trabajo del pueblo “sin el pueblo“, es un patrimonio común que la misma iglesia muchas veces habla de ponerlo al servicio de los desamparados – oprimidos – en su propio lenguaje. Es cierto que hay excepciones en muchas de sus sociedades y órdenes religiosas en donde se antepone la ayuda al necesitado a las ansias de acumulación. Pero dejamos bien claro que eso, dada la magnitud societaria de la Iglesia y los enormes beneficios fiscales que recibe, es una gota en un océano de necesidades de sus feligreses y no feligreses para el común de los mortales.

¿Se imaginan las políticas de vivienda pública o social que se podrían hacer con los 11.000 millones de exenciones fiscales, sumadas a  los negocios no declarados y a las propiedades inmobiliarias usadas como emergencia habitacional? El Ayuntamiento de Ada Colau que reivindica los comunes, ejemplo de políticas sociales de izquierda, ha puesto en el último presupuesto conocido cerca de 100 millones en políticas de vivienda. Hagamos nuevamente la comparación:

11.000.000.000 comparado sobre 100.000.000

¿Se imaginan la bomba que supondría sobre el mercado libre de vivienda en España (98%) la puesta en marcha de semejante patrimonio sin tocar siquiera los derechos de propiedad de la Iglesia?

El Papa Francisco, como hizo Jesucristo, está clamando contra los mercaderes del templo que se han apoderado del mismo. La Iglesia católica española, su gran jerarquía, es hipócrita con sus postulados de pobreza. Su patrimonio sería una salvación tan grande como la expropiación de las viviendas que la Banca privada se ha apropiado de las familias con la crisis que ella misma ha generado para enriquecerse. Usar su patrimonio al servicio de los “desamparados” del país sería como devolver el PATRIMONIO DEL PUEBLO, LOS COMUNES, a sus legítimos poseedores sin expropiarlo.

Pero lo realmente punible de la jerarquía eclesiástica española, su dominio sobre su patrimonio, que no esta descentralizado en sus comunidades de base, es que hacen lo contrario de lo que defienden. ESE ES SU PECADO MORTAL.

Es peor que la banca privada pues de ella ya sabemos lo que se puede esperar – de los Botín, González, March, etc – . La mayor SOCIMI vitaminada del Estado español – la Iglesia católica – es aún más punible que cualquier otra SOCIMI creada por la banca infernal o los buitres del mundo entero.

En tiempos del PSOE de Zapatero se creó la legislación que permitiría años más tarde las exenciones fiscales y las tropelías actuales de las SOCIMI en los barrios de las grandes ciudades. Ya nos hacíamos eco en nuestro blog en el año 2009 (6). Think Tank de la socialdemocracia están detrás de estas “sociedades maléficas” que supuestamente fueron legisladas para crear el desastre que hoy conocemos aunque supuestamente debían ser el crisol de un verdadero mercado profesional del alquiler – libre por supuesto- en nuestro país (7).

Las SOCIMI son malas, sí, muy malas. El desastre que estamos viviendo actualmente en nuestras ciudades con los desahucios de alquiler es fruto de políticas preparadas desde hace tiempo por la izquierda oficial y los partidos del régimen del 78.

Lo que resulta chocante es que “la nueva izquierda comunal” que ha ganado los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y que reivindica “los bienes comunes” olvide el patrimonio de la Iglesia católica en sus postulados reivindicativos. ¿El patrimonio de la Iglesia no es tan comunal como el agua o la sanidad pública?

De hecho, el discurso de la nueva izquierda municipalista asimila SOCIMI a PP cuando los artífices de ese artefacto fue el gobierno de Zapatero en su desarrollo de los REIT (Real Estate Investment Trust) anglosajones en su primera legislatura. El loable estudio sobre vivienda vacía de las entidades financieras que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona se podría extender a las propiedades inmobiliarias de la Iglesía no fuera que desde el 1995 la jerarquía eclesiástica haya inmatriculado más propiedades terrenales de la cuenta en la ciudad condal. Ada Colau contará con todo nuestro apoyo.

¿Por qué el foco de la maldad se pone en las SOCIMI capitalistas que nacieron para lo que son y se deja de lado sin siquiera nombrarla a la mayor SOCIMI española – el patrimonio inmobiliario de la Iglesía católica, los comunes de siglos de acumulación – si su uso social ayudaría a reventar la burbuja inmobiliaria, al menos momentáneamente ?

Deberemos crear relato – que esta de moda -sobre este tema… nuestro blog ha abierto el melón!

salva torres

+++INFO COMPLEMENTARIA

  1. Opacidad y financiación de la iglesia católica. Informe 2015.
  2. La Iglesia posee 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI.
  3. La Iglesia no paga el IBI de más de 1.200 inmuebles pese a que solo el 18 % son de culto.
  4. Las injusticias del IBI y la Iglesia Católica.
  5. Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica.
  6. Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
  7. Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años..

+++ DATOS:

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LOS BANCOS Y LAS SOCIMI PRESENTARON A TRAVES DEL GOBIERNO SU PLAN DE NEGOCIO CON LA VIVIENDA PARA 2018-2021

El pasado viernes se conoció la propuesta que el gobierno de la corrupción, los recortes, la ley mordaza, los desahucios……  aprobaba en  beneficio de los Bancos y las Sociedades de Inversión en los Mercados inmobiliarios, SOCIMI.

Desde el estallido de la crisis financiera, tal como tenían previsto los diseñadores de la misma, se generó la materia prima que iba a dar otro tipo de negocio de sustanciosos resultados para las entidades financieras y sus tentáculos inmobiliarios. En el SIMA, Salón Inmobiliario de  Madrid, de 2013 ya se presentaron  programas sobre como  como hacer negocio con las viviendas de los Bancos y las ventajas de las SOCIMI para los inversores de todo pelo y plumaje.  Allí estuvo la ministra de vivienda entonces, la señora Pastor, ahora presidenta del Congreso de los (¿Financieros?)  Diputados. Allí estuvimos PAH Madrid  para darle el cante y denunciar sus connivencias.

No es posible admitir en silencio la farsa de esta propuesta del gobierno de la corrupción,…. Es obligado recordarle, también a las demás  “fuerzas políticas”  que cualquier iniciativa respecto de la vivienda requiere la consideración, propuestas y actuaciones con respecto a todas  las existentes y futuras.

Detrás de cada vivienda en España hay circunstancias que todavía hoy no se explican ni abordan. La práctica totalidad de las que han precisado de una hipoteca han sido liquidadas en base a un tipo, el Euribor, declarado ilegal en Europa y alguna sentencia ya en España.  Los intereses devengados serían susceptibles de ser reclamados por quienes los sufrieron.

La problemática derivada de la pérdida de la capacidad económica de las familias, autónomos y pequeños empresarios llevo a cientos de miles de ejecuciones hipotecarias que no hubieran sido posibles de haberse traspuesto la directiva europea 93-13. Ese expolio fue y es posible por la  acción cómplice y sometida de los poderes legislativo,  judicial y ejecutivo  a las entidades financieras. Ese expolio ha surtido de materia  prima, ladrillo organizado o a medias, a las nuevas iniciativas inversoras que se están quedando con todo el suelo y el vuelo patrio  a precio de saldo.

Por medio el activismo subvencionado que encima defiende la entrega de las viviendas, la dación en pago con carácter retroactivo. Se facilita perder lo pagado, capital e intereses, perder el techo, y facilitar los requisitos legales del negocio del alquiler a los que se quedan en remate con las viviendas, o a aquellos que las compran, no ya a precio de saldo, si no de mierda.

Hay quien define las SOCIMI como el paraíso fiscal en las tierras de Botín, Fainé, Blázquez, Goirigolzarri…….. y demás.  No vamos nosotros a decir más sobre lo que es evidente.

Sobre la letra  mediana y pequeña del Plan de Negocio presentado por el gobierno de la corrupción, los recortes,   los desahucios, la ley mordaza,…. ya seguiremos hablando.

De 2008 a 2016 imputamos al terrorismo financiero más quince mil suicidios, además de otros males colaterales sobre la salud y la dignidad de las familias, autónomos y pequeños empresarios.

Fuente: Plataforma Afectados Hipoteca – Madrid




El banco malo quiere ser un buitre: Inflará la burbuja del alquiler especulando en Bolsa con su propia SOCIMI

La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA), también conocida como banco malo, en vez de contribuir a solucionar el grave problema de vivienda convirtiéndose en el gran parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, harto de repartir los pisos de las familias desahuciadas entre fondos buitre de todo plumaje, se quiere convertir en uno de ellos: Inflará la burbuja del alquiler especulando en Bolsa a través de su propia SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Para mayor escándalo, ha puesto las viviendas en las garras de Azora, una buitrecilla local que fue la que sacó tajada de la venta de pisos protegidos del IVIMA junto con el carroñero global Goldman Sachs. Operación que está denunciada en los tribunales y de la que la Fiscalía de Madrid ha dicho que está “trufada de irregularidades”.

A finales del pasado mes de noviembre, la propia SAREB informó en su página web que el banco malo había constituido su propia SOCIMI, llamada Tempore Properties, con 1.554 activos, de los que 1.383 son viviendas y el resto anejos (trasteros y garajes), con un valor total de 175 millones de euros. Las viviendas se concentran “en un 80% en áreas metropolitanas de grandes capitales y el resto en áreas geográficas con alta demanda en el mercado del alquiler, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga o Almería. Tienen un tamaño medio de 93 metros cuadrados y cuentan con dos o tres dormitorios.

El buitre disfrazado de filántropo George Soros es el mayor accionista de la SOCIMI Hispania

La gestión de esta cartera de viviendas públicas en alquiler del banco malo ha sido asignada a Azora, que se encargará directamente de su administración y comercialización. Cabe recordar que Azora es una córvida local que lleva desde 2003 sacando provecho de la vivienda de protección oficial. Una de sus operaciones más sonadas fue la adquisición en 2013 de casi 3.000 pisos en alquiler del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) junto con el buitre global Goldman Sachs por 201 millones de euros. Operación sospechosa hasta tal punto que el Tribunal Supremo recientemente ha avalado que los afectados la puedan impugnar, porque la compra por parte de los buitres “menoscaba la protección social” de las viviendas, gestionadas por la instrumental Encasa Cibeles. Más recientemente, la Fiscalía Provincial de Madrid ha determinado que se trata de “un procedimiento de contratación trufado de irregularidades”.

Azora gestiona la SOCIMI Hispania, dedicada a especular con la vivienda desde el mercado continuo. Entre su equipo figuran gestores procedentes del Santander (Concha Osácar y Fernando Gumuzio), Goldman Sachs (Juan del Rivero), Merrill Lynch y JP Morgan (Cristina García-Peri). Tiene como consejero dominical a un analista de Soros Fund Management, Benjamin D. Barnett. De hecho, el buitre disfrazado de filántropo George Soros es el mayor accionista de Hispania. Soros también se está aprovechando del rescate público y posterior privatización de Bankia, entre otras posiciones en las finanzas y las empresas españolas.

En paralelo, SAREB continúa trabajando con sus asesores Renta 4 y Clifford Chance en la salida a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB) de Tempore, que se producirá en las próximas fechas, una vez queden completados todos los trámites necesarios. Al frente de la SOCIMI del banco malo estará el director de alquileres de SAREB, Nicolás Díaz Saldaña, que ha estado a sueldo del BBVA y la inmobiliaria Metrovacesa, hoy en manos del Santander y el BBVA.

La cueva del MaB y las 48 SOCIMIS

¿Qué es una SOCIMI? Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario tienen como objeto social principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles urbanos para su arrendamiento. Entre sus ventajas: no pagan impuesto de sociedades; las operaciones de constitución y aumento de capital, así como las aportaciones no dinerarias a dichas sociedades quedan exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; no tienen límite de endeudamiento; y permiten a sus accionistas obtener dinero efectivo inmediato.

Teniendo en cuenta estos regalos fiscales, en los últimos meses, estas sociedades han proliferado como champiñones. Sólo en la cueva del Mercado Alternativo Bursátil (MaB) ya hay 48 SOCIMIS. Según los datos que ofrece la propia web del MaB, SOCIMIS y Empresas en Expansión (EE) suman una capitalización total de 9.851 millones de euros. Las hermanas mayores son: Merlin Properties y Colonial (Ibex 35), Axiare, Lar e Hispania (Mercado Continuo). En total suman un valor conjunto en bolsa de más de 20.000 millones de euros.

La burbuja del alquiler

Una década después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la Finca España, se vuelve a hinchar una nueva burbuja alrededor de una necesidad básica como es la vivienda. En este caso, gira en torno al alquiler y se agrava con el ‘boom’ turístico. Así es como ven la situación desde 500×20, una asociación de Barcelona que lucha contra la especulación, por un alquiler 100% público y asequible y por el derecho a la vivienda fuera del mercado: “La alta demanda de pisos de alquiler por una población que ya no tiene acceso al mercado hipotecario, conjuntamente con la presión turística y un segmento poblacional de alto poder adquisitivo (profesionales liberales, ejecutivos, etc.) que desea vivir en ciudades atractivas, producen la burbuja del alquiler. A este fenómeno lo alimenta también una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) totalmente regresiva con los intereses del alquilador: Contratos de 3 años, posibilidad de demanda si se deja de pagar un mes, etc.”

Esta asociación, que orienta gratuitamente a inquilinos, hipotecados y precarios de la vivienda, explica: “Así pues el coctel especulativo está servido: Cuando finalizan los contratos de alquiler, (en el caso de Barcelona unos 60.000 anuales) los propietarios o bien no renuevan el contrato, o piden aumentos del 20% al 50%, lo que provoca gentrificación, es decir, la población con un poder adquisitivo medio-bajo debe abandonar su barrio y marcharse fuera de la ciudad, hacia los límites del área metropolitana. En el caso de Barcelona, (extrapolable a otras ciudades) la presión turística es otro factor de presión al alza. Los propietarios ganan más alquilando las viviendas a turistas por días o semanas que alquilándolo por 3 años. En consecuencia, en Barcelona tenemos a una gran parte de la población excluida del mercado privado y a la que los ayuntamientos han de dar alternativas con un escaso parque de alquiler público (1,5% del total de viviendas)”.

Según su experiencia, el modelo de negocio de los fondos buitre tiene tres variantes: “Rehabilitar viviendas compradas a bajo precio para revenderlas después; dedicar parte del parque al alquiler, sobre todo en capitales de alta demanda; y comprar edificios enteros en zonas de alto valor en ciudades de alta densidad”.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona informan que “se ha empezado a implementar el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025, que entre otras medidas prevé construir durante este periodo 10.000 viviendas de alquiler asequible doblando en número a las actuales. Pero mientras estas viviendas no están construidas (se necesita un mínimo de 3-4 años para que un proyecto esté acabado), las órdenes de desahucio por motivos económicos no paran: Aproximadamente 2.800 anuales para Barcelona capital y 5.000 para la provincia, de las cuales el 87% son por alquiler (datos de BCN), mientras que en el resto del Estado, los desahucios por impago de alquiler son el 47%”. Y añaden un dato más, que es el gasto en materia de vivienda por administraciones: “El Ayuntamiento de Barcelona destina 100 euros por habitante; la Administración Autonómica, 30 euros; y el Gobierno Central, 10 euros.

artículo extraido de:




¿De verdad están por el derecho a la vivienda?

Hoy me llega la noticia de esta iniciativa aparentemente en pos del derecho a la vivienda. Pero tras leerla detenidamente descubro con indignación que se trata justo de lo contrario, de una iniciativa en contra del derecho a la vivienda convenientemente disfrazada, de otro lobo con piel de cordero. Unas son contrarias al derecho a la vivienda por tibias y otras por estar abiertamente en su contra.

La primera de las medidas sería permitir a las Administraciones Locales regular los precios abusivos de alquileres cuando comprueben incrementos desmesurados las rentas. Leyendo de pasada sin prestar mucha atención suena bastante bien, pero la realidad es que simplemente nefasto. En este país se paga un elevado sobreprecio por la vivienda y por tanto, el objetivo debería ser cambiar la leyes para cambiar la situación del mercado de la vivienda de modo que los precios se ajustarán a valor de la vivienda. De esto nada dice la medida. De hecho en ella se acepta con ello esta situación del pago generalizado de un elevado sobreprecio por la vivienda. Las Administraciones Locales solo podrían intervenir cuando comprobaran incrementos desmesurados de los precios, pero para reducir los ya muy elevados sobreprecios a su valor real. Pero esta medida ni siquiera impediría la continua alza de los precios del alquiler pues solo se podría intervenir cuando el incremento fuera desmesurado, pero no cuando el el incremento fuera el normal en comparación con el incremento de precio en el resto de viviendas y recordemos que lo normal es la continua alza de los precios. Pero es que ni siquiera nos asegura que se atajasen estos incrementos desmesurados en comparación con los incrementos normal, pues además deberían tener la consideración de abusivos, por tanto, podría haber incrementos desmesurados que no se considerasen abusivos y no se impidiesen. En resumen, esta propuesta ayuda a sus autores a quedar muy bien pareciendo muy buenos samaritanos, pero de ponerse en práctica no ayudaría a satisfacer el derecho a la vivienda sino a que se siga empleando la vivienda como medio de explotación.

La segunda medida es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ahí vamos muy bien porque LAU es la clave en el uso de la vivienda como medio explotación. Cuando los poderosos del sistema decidieron que emplearían la vivienda como medio de explotación de la población y trazaron su plan para ello, como medida fundamental modificaron LAU del año 1964 para incrementar los precios de los alquileres, primero con el decreto Boyer del año 1985, después con la LAU de 1994 y por último con la reforma de esta del 2013. Cuando los precios de los alquileres ya eran suficientemente elevados resultaba sensato el pensar que alquilar era tirar el dinero porque por la misma cantidad mensual o incluso por menos se podía adquirir una vivienda hipotecándose. Había comenzado la segunda fase del plan de explotación mediante la vivienda. Sin la reforma de la LAU no se hubiera dado, no hubiese existido burbuja hipotecaria. Así que parece más que lógico de cajón una reforma de LAU para revertir el camino, bajar el precio de los alquileres hasta su valor real, acabar con la burbuja hipotecaria, acabar con la explotación y satisfacer por fin el derecho a la vivienda de la población.

Pero no es esta la reforma que nos propone esta iniciativa, sino modificar los procedimientos arrendaticios para dotar en él a los inquilinos de una mejor posición procesal para defenderse. Es cierto que el procedimiento arrendaticio ha sufrido en los últimos años reformas en favor de los arrendadores y en contra de los arrendatarios. Pero no ha eliminado el derecho a la defensa de estos. Con el actual procedimiento arrendaticio el inquilino sigue manteniendo mecanismos procesales de defensa efectivos. Se dice que se quiere permitirles a los inquilinos oponerse al desahucio, dando a entender falsamente que ahora no puede hacerlo cuando no es así, actualmente el inquilino puede oponerse al desahucio. El problema es que si no tiene dinero para pagar la renta, no le sirven de nada, porque no los va a emplear. Dotar de más y mejores mecanismos procesales  de defensa no le servirá de nada, si no tiene dinero para pagar la renta. De lo que se trata es de que los inquilinos puedan pagar las rentas y eso se consigue bajando los precios del alquiler a su valor real. De que serviría una mediación previa preceptiva a la demanda, si el inquilino no puede pagar el alquiler, ¿para alargar la agonía e incrementar la deuda del inquilino con el casero?

Esta iniciativa pretende alargar la duración de los contratos. Y ahí de nuevo ponen el dedo en la llaga, pues la duración de los contratos de alquiler es la clave de que la vivienda sea o no un medio de explotación. Pero de nuevo lo hacen para no solucionar nada y limitarse a un ligero maquillaje. La propuesta es aumentar la duración mínima hasta la que el inquilino puede prorrogar el contrato con su única voluntad de 3 a 5 años, como con anterioridad a la reforma de la LAU de 2013. ¿Acaso con LAU en su redacción original de 1994 estábamos en el paraíso? La reforma de 2013 no fue más que una vuelta de tuerca más, pero el daño ya estaba hecho y era muy profundo. Con la LAU de 1964 el inquilino podía permanecer de por vida en la vivienda alquilada e incluso el alquiler se podía heredar. Qué casualidad que entonces no hubiera explotación mediante la vivienda, el derecho a la vivienda estuviera satisfecho ni hubiera burbuja hipotecaria. ¿Les da miedo proponer la vuelta a esta situación o es que simplemente no quieren acabar con la explotación mediante la vivienda sino aparentar lo que no son?

Por último con esta reforma de la LAU pretenden que la alza de los precios de los alquileres se adecuen al incremento del IPC. Es decir, que aceptan que los muy elevados sobreprecios de los alquileres sigan subiendo. Ni asomo de intención de que los precios se ajusten al valor real del alquiler.

Después se descuelgan con las famosas ayudas al alquiler, que son más falsas que Judas, pues no son ayudas a los inquilinos sino ayudas a los arrendadores, ya que el dinero pasa del Estado, que lo recoge previamente de todos nosotros a las manos de los arrendadores y los inquilinos simplemente hacen de intermediarios, pues transmiten el dinero del Estado a los arrendadores dándole con ello a esta subvención encubierta una noble apariencia, el resultado sería el mismo que si el Estado entregara el dinero a los arrendadores, pero entonces ¿cómo podría justificar este regalo? En cambio encargando a los inquilinos que entreguen su regalo a los arrendadores y vistiéndolo como una ayuda a los inquilinos y a la satisfacción del derecho a la vivienda, se libran de las objeciones contra este desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Esta más que probado que las mal ayudas al alquiler encarecen el precio de los alquileres y de la vivienda. ¿Por que habría el arrendador abaratar el precio del alquiler para que fuera accesible a la población si aquello que el inquilino no puede pagar se lo pagaremos entre todos por medio del Estado?

Luego “arrementen” contra las SOCIMIS. Bueno en realidad no, pues lo único pretenden es que los ricachones que amasan fortunas con lo que roban a través de las SOCIMIS, donen un exiguo porcentaje de sus ganancias vía impuestos, para hacer un poco de caridad con el tema de la vivienda y así continuar con el lavado de imagen. En un país donde el derecho a la vivienda efectivamente se puede ejercer y no existe explotación mediante la vivienda, las SOCIMIS no tienen cabida, porque no tienen de que vivir, si no pueden usar la vivienda para robar como se van a mantener. ¿Existían SOCIMIS antes del año 1985? Aceptar las SOCIMIS  es aceptar la explotación mediante la vivienda y la ausencia del derecho a la vivienda. El artículo 31 CE establece la progresividad de los tributos. Norma que por cierto nunca se ha cumplido y ahora menos que nunca. ¿Por qué no piden una fiscalidad progresiva como es obligatorio por mandato de la Constitución? ¿Por que acabaría con las SOCIMIS y no se trata de eso, no se trata de tocar las fortunas de los ricachones ni de molestarles, no se vayan a enfadar?

Después vienen con el famoso parque público de viviendas de alquiler de los grandes tenedores, SAREB, Banca. No parece mala idea, pero es tan vaga que el que se convierta en una buena práctica dependería de detalles que en la iniciativa no se explican. Lo cierto es que hasta el momento siempre que los grandes tenedores han puesto a disposición viviendas en alquiler a precios asequibles han sido las peores de su patrimonio. Y mucho me temo que por ahí va la propuesta. ¿No sería mejor que en lugar de un parque público de viviendas, regular el mercado de la vivienda de modo que todas tuvieran precios en su justo valor? En lugar de un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles, todas las viviendas a precios asequibles. Lo del parque público no es más que un regalo envenenado que nos aparta del derecho a la vivienda para todos.

La última medida es ya el acabose y la guinda de la tremenda burla que supone esta iniciativa: que se financie la construcción de viviendas con destino a alquiler a precios asequibles. ¿Acaso tenemos déficit de viviendas? ¿Necesitamos más viviendas? ¿Qué fue de aquello de, no se entiende, gente sin casas y casas sin gente? ¿No sería mejor regular el mercado para que todas las viviendas tengan precio asequible y todos puedan satisfacer sin mayor dificultad su derecho a la vivienda? ¿O se trata precisamente de que no sea así? ¿Se trata de mantener un mercado de la vivienda sobrevalorado en el que para acceder a la vivienda haya que pagar un elevado sobreprecio para así explotar a la mayoría de gente y un mercado secundario subsidiado para que aquellos que no pueden acceder a este al menos tengan una vivienda de segunda?

Los autores de esta fantástica iniciativa es Unidos Podemos, coalición que se presenta como defensora de los intereses del pueblo. Pero más bien parece que defiende los intereses de los amos del pueblo y que se disfraza de lo que no es para confundir al pueblo y conseguir que no luche por si mismo poniendo sus esperanzas en sus falsos adalides. Pablo Inglesias dijo en una ocasión que la gente no se confundiera con Ciudadanos pues no es más que el recambio del PP. Se le olvidó comentar que Podemos es el recambio del PSOE. No está tan lejos de este partido cuando continuamente quiere pactar con él, e incluso pretendió gobernar con él. Y el PSOE era aquel partido que se presentaba como defensor de los intereses del pueblo y que no tardó en descubrir que defendía los intereses del los amos del pueblo.

Muchos piensan que para solucionar los problemas de la sociedad, y con ello quiero decir gobernar en interés del pueblo y no de sus amos, hace falta un cambio de gobierno. Pero esta manera de pensar nos aleja de la solución, pues se renuncia a luchar por cambiar las cosas directamente y se concentran los esfuerzos en conseguir el cambio de gobierno, si además cuando después de tanto esfuerzo por fin en alguna ocasión se consigue el cambio de gobierno, resulta que se le ha entregado a alguno de estos partidos del sistema que van de partidos del pueblo pero en realidad son partidos de los amos del pueblo.

En el caso del derecho a la vivienda mejor que esperar la solución en una hipotética victoria electoral de Unidos Podemos, sería luchar desde ya por forzar al gobierno a respetarlo. Para ello tenemos una buena arma, la ocupación.




Sí…. se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada del alquiler.

este documento habla de:

  • DENUNCIA FISCAL CONTRA EL ARRENDADOR – PROPIEDAD
  • DENUNCIA por fianza no declarada del alquiler CONTRA EL ARRENDADOR – PROPIEDAD.
  • DEMANDA CONTRA EL ARRENDADOR – PROPIEDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE FIANZA NO DECLARADA y paralela de Hacienda.

DENUNCIA FISCAL

Las rentas del alquiler no son de las cosas que se declaran a Hacienda en este país. Esta es la información que se obtiene año tras año de los inspectores de Hacienda, del sindicato GESTHA, que reconoce que aún así en los últimos años los alquileres no declarados han pasado del 54 al 41% (1). Si se hacen cuatro números por las enormes ventajas fiscales que suponían declararlos no vale la pena arriesgarse (2).

En la propiedad jurídica, o sea, las empresas especializadas en la gestión de comunidades de alquiler el fraude es menor porque las ventajas de declarar son tan grandes que no hacerlo significan en realidad pérdidas. Nos referimos a las inmobiliarias de bancos, socimis, API’s, etc… De hecho fiscalmente para los propietarios, con un buen asesoramiento fiscal y todas las triquiñuelas posibles, las rentas de alquiler son fiscalmente neutras. O sea, si eres inquilino pagas el alquiler y casi nadie recibe desgravaciones fiscales. Si eres propietario, recibes tantas desgravaciones fiscales y deducciones que no pagas nada a Hacienda por las rentas que cobras de tus inquilinos. Así es, los rentistas profesionales, los que viven de rentas – sin sudar- tienen un régimen tributario mil veces mejor que los que sí trabajan y se sudan la camisa.

En los segmentos de la propiedad que más se da esta circunstancia de fraude es en las personas físicas, o sea, los pequeños propietarios. No está de más recordar dos cosas:

  • el porcentaje de caseros defraudadores es 10 a 1 superior al de inquilinos morosos.
  • por tanto, la figura del inquilino moroso es una entelequia comparada con la del casero evasor de impuestos.
  • la medida del PP en el 2014 consistente en eliminar las desgravaciones a los inquilinos (3) volverá a incrementar el fraude porqué los inquilinos no desgravan y Hacienda no sabe quién alquila. ¿no está hecha a medida esta reforma para incrementar el fraude?

Así es, los rentistas profesionales, los que viven de rentas – sin sudar- tienen un régimen tributario mil veces mejor que los que sí trabajan y se sudan la camisa.

Indicios que el casero no declara su alquiler a Hacienda.

Primero decir que cualquier contrato, incluso verbal, es legal. Una cosa es que el contrato sea legal y otra que se declare, o sea, se eleva a público. No tenga miedo en ese sentido. Cualquiera de los siguientes indicios pueden descubrir que su casero no tributa al fisco. Cuantos más indicios tenga es más evidente que hay fraude. Los indicios que las rentas que paga usted por su alquiler no se declaran a Hacienda son:

  • un contrato de alquiler con papel no adecuado, hecho a mano, etc. Aunque hemos visto contratos con papel timbrado que no se declaran.
  • comprobar que la fianza esta depositada en la agencia de vivienda de tu comunidad. . También se la puedes pedir a la propiedad pero entonces le estas enseñando las cartas.
  • comprobar si el contrato esta inscrito en el Registro de la Propiedad.
  • comprobar el censo por si cualquier casualidad el propietario vive con usted (jolin!)
  • no tiene una dirección del propietario o carece de su NIF.
  • se cobra siempre en mano o con un recibo que no identifica al propietario.

¿Por qué debe denunciar al casero defraudador?

A lo largo de la vida del contrato de alquiler, la interpretación y aplicación de las cláusulas del contrato de alquiler, suelen dar lugar a multitud de situaciones que el inquilino las vive como injusticias. Seguramente la finalización de un contrato, las situaciones de mobing inmobiliario u encarecimientos de los recibos por causas de dudosa justificación pueden llevarle a decir ¡¡¡ BASTA !!!

Si ha acumulado información sobre el casero defraudador puede utilizarla según crea conveniente pero la web de la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad anónima de denunciar este tipo de fraudes. (4)

¿Cómo denunciar un fraude fiscal en el alquiler? Instrucciones para presentar la denuncia:

  1. Pueden presentar denuncias públicas tributarias cualquier persona física o jurídica que conozca hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos.
  2. Para presentar la denuncia se procederá a rellenar los datos que se solicitan en el modelo de presentación on line. La denuncia debe ser clara y concreta y ha de contener el mayor número de datos conocidos que sean necesarios para la identificación del denunciado.
  3. Junto con la denuncia es posible anexar los ficheros que se estimen oportunos y que sirvan deprueba de los hechos denunciados. Para ello se adjuntarán los ficheros haciendo uso de la opciónindicada en el modelo de presentación on line. Se pueden anexar hasta 10 ficheros, que pueden ser tanto documentos como imágenes.
  4. Sólo se permiten leer ficheros ubicados en un directorio raiz con nombre aeat . Mueva los ficheros que desea leer a un directorio raiz cuyo nombre comience por aeat o un subdirectorio de éste.
  5. La presentación de la denuncia no da lugar al inicio de actuaciones inspectoras ni origina derecho alguno para el denunciante en cuanto al cobro de ningún tipo de gratificación o la posibilidad de recibir información alguna en relación con la investigación de los datos denunciados o la tramitación de los procedimientos. El denunciante no tiene, en ningún caso, la condición de interesado en la actuación administrativa.
  6. Una vez enviada la denuncia, el sistema comprobará que contiene el contenido mínimo exigido y asignará a la misma un número de registro de entrada que aparecerá en pantalla. El denunciante podrá imprimir o guardar en disco este número de registro.
  7. Con posterioridad a la presentación de la denuncia, el denunciante podrá aportar nuevosdatos, ficheros o documentación ya sea online o directamente en una delegación o administración de la A.E.A.T.para ello deberá indicar el número de registro de entrada, al objeto de incorporar dicha información a la denuncia presentada.
  8. La presentación de la denuncia supone que el denunciante conoce y está conforme con los requisitos aquí expresados.
  9. El máximo número de imágenes por denuncia es de 10 anexos y el tamaño no debe de exceder de 2 Megabytes.

direcciones y documentos de denuncia:

Seguramente necesitará certificado digital para identificarse aunque también puede hacerlo presencialmente. Su anonimato está garantizado pero tampoco tiene derecho a saber si la denuncia ha prosperado…


1.- Gestha denuncia que cuatro de cada diez alquileres de vivienda no se declaran a Hacienda.
2.- asc.500×20: Un estudio comparativa de las ventajas fiscales de los propietarios de rentas de alquiler.
3.- El Mundo, La vivienda pierde atractivo fiscal, 2015
4.- elconfidencialdigital,  Delatores fiscales. Hacienda ha puesto en marcha 2.000 inspecciones a partir de chivatazos anónimos.


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DENUNCIA por fianza no declarada del alquiler.

El depósito de la fianza en el organismo oficial encargado en cada Comunidad autónoma es de obligado cumplimiento por la LAU. Si no está registrada la fianza Hacienda mismo puede denegarle las desgravaciones por ayudas al alquiler. Usted mismo puede saber si su fianza se ha depositado donde toca y el propietario-casero no lo ha hecho. Si el propietario no ingresa la fianza en el organismo oficial correspondiente entonces incurre en sanción: hay multa, intereses de demora y recargo. O incluso daños y perjuicios al arrendatario si este se ha visto mermado en sus derechos fiscales.

En la actual LAU -2017- es obligatorio que el arrendatario-casero cobre en concepto de fianza la cantidad de UNA MENSUALIDAD del importe de la renta convenida al inquilino como fianza. En caso de arrendamiento para uso distinto del de vivienda (ej: locales de negocio) la fianza será de dos mensualidades.

Una vez cobrada la fianza arrendador, el casero tiene la obligación de proceder al depósito de la misma en el organismo correspondiente que cada Comunidad Autónoma haya designado, en el plazo y forma que igualmente se establezca en la cada una de estas legislaciones.

Además del depósito obligatorio el contrato podría determinar si las partes así lo acuerdan – eufemismo de imposición– otras fianzas pero u depósitos que no tienen que ver con está obligación inicial.

Legislaciones de los depósitos de fianzas de alquiler:

– Comunidad Autónoma de ANDALUCIA:  Ley 8/1997 de 23 de diciembre.

– Comunidad de MADRID:  Decreto 181/1996 de 5 de diciembre.

– Generalitat de CATALUNYA:  Ley 13/1996 de 29 de Julio.

– Generalitat VALENCIANA:  Decreto 333/1995 de 3 de noviembre.

– Comunidad Autónoma de CANARIAS: Disposición Adicional Séptima Ley 5/1996 de 27 de diciembre.

La responsabilidad por no depositar la fianza será exclusivamente del arrendador. Este incumplimiento puede provocar la imposición de distintas sanciones pecuniarias (MULTAS) dependiendo de la Comunidad Autónoma donde debe depositarse la fianza. Pero además de esta responsabilidad administrativa del arrendador, también puede tener otra CIVIL frente al inquilino por los daños y perjucios que le puede haber ocasionado  NO HABER DEPOSITADO la fianza en la comunidad Autónoma.

EJEMPLO:

Si el arrendador no ha depositado la fianza, es casi seguro que la Agencia Tributaria (Hacienda) no le va a conceder al inquilino los beneficios fiscales por deducción del alquiler, en los supuestos que procedan, ya que es una exigencia legal el previo depósito de la fianza para acogerse a estas deducciones.

Imaginaros que el arrendatario o inquilino ha pagado la fianza establecida en el contrato de arrendamiento y se ve perjudicado cuando pretende deducirse el alquiler de la vivienda y no puede, o una vez efectuada Hacienda le envía una declaración paralela reclamándole dichas deducciones. En estos casos es evidente que se ha producido un daño imputable al arrendador por incumplimiento de sus obligaciones legales, lo que según nuestra opinión derivaría en una responsabilidad por no depositar la fianza arrendaticia con la consecuencia de indemnización de daños y perjuicios.

Por tanto, el inquilino podría demandar civilmente al arrendador exigiéndole la reparación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El obligado a probar los perjuicios es el inquilino, de ahí la importancia para el éxito de la pretensión ante el Juzgado de que acredite o pruebe suficientemente todos estos extremos, como por ejemplo el importe deducido por el alquiler que ha sido rechazado por Hacienda, las devoluciones que haya tenido que hacer a Hacienda, etcétera.

Antes de iniciar el procedimiento judicial, es conveniente enviarle al arrendador un burofax con acuse de recibo y certificación de texto, donde se le especifique el importe de los perjuicios ocasionados y la concesión de un breve plazo para su pago, con la advertencia de que en caso contrario se ejercitarán acciones judiciales. Este burofax, también nos servirá en el caso de acudir a un juicio, para acreditar el intento de solución extraprocesal del asunto y para que le impongan, en su caso, las costas del juicio al demandado. Resumiendo: La responsabilidad por no depositar la fianza puede derivar en responsabilidad administrativa (MULTA) y  en la condena del arrendador a la indemnización de los daños y perjuicios que acredite el inquilino por el incumplimiento de sus obligaciones.

extraido de: mundo jurídico


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Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

CIADI

“Trato injusto e inequitativo”. Esta es la contundente fundamentación del reciente varapalo legal propinado por el CIADI  (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) al Estado español en la primera sentencia por el llamado “hachazo” a las renovables. El título de la historia podría ser: “los recortes ‘austericidas’ y el efecto boomerang”. El objeto de la disputa eran las nefastas consecuencias financieras para los inversores de la supresión “de manera drástica y abrupta” –y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas a las energías renovables instauradas en los “días de vino y rosas” de la burbuja inmobiliaria por los gobiernos de Aznar y Zapatero. La chapuza provocó un aluvión de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje internacionales: “Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP), las compañías demandaron a España”.

Y ya ha caído el primer mazazo por la torticera “transformación radical del marco regulatorio” perpetrada atropelladamente por el “izquierdoso” Zapatero y continuada -con más virulencia, si cabe- por su “rival” político en el régimen del 78. Ambos hermanados en el estricto cumplimiento de las medidas de austeridad impuestas por la cúpula de la UE tras el colapso financiero de 2008 : “El laudo del CIADI da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg y condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses”. El repaso recibido por la parte demandada es abrumador: “España eliminó un régimen regulatorio favorable, otorgado a los demandantes para alentar su inversión, y lo reemplazó luego por un sistema normativo basado en premisas totalmente diferentes. Este nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo al despojar a los demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.

La esperpéntica historia es una excelente parábola acerca de la estructura real de las relaciones de poder en el ultrafinanciarizado capitalismo de la era neoliberal. Los representantes de la sacrosanta soberanía popular no salen precisamente muy bien parados.

“La triste cara de los suicidas”. De esta guisa describía Rafael Chirbes la expresión de “Bambi” Zapatero cuando, debido al brutal impacto conjunto sobre la maltrecha economía española de la crisis financiera internacional y del colapso de la burbuja del ladrillo, anunciaba cariacontecido en el Congreso en mayo de 2010 el primer “paquetazo” neoliberal de recortes impuesto por los tecnócratas de Bruselas y del BCE. En las sarcásticas palabras del brillante cronista valenciano del ambiente de podredumbre moral que imperó durante los días de “vino y rosas” de los pelotazos y el “España va bien”: “en pocos minutos se venía abajo todo el armazón ideológico sobre el que se ha sostenido durante seis años esta variante contemporánea de la socialdemocracia, (…) caracterizada por la puesta en primer plano de conflictos más o menos intrascendentes, cuya dramática escenificación ha servido para mantener la ficción de una política progresista; obviando que el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se gana el pan de cada día y con la estrategia con que se reparte la gran tarta nacional entre los ciudadanos”. Imposible explicar mejor el núcleo del derrumbe del reformismo socialdemócrata que presenciamos en la actualidad.

La escueta justificación (“dependíamos del BCE para financiarnos”) esgrimida en sus memorias por Zapatero ilustra la inanidad de la tramoya de progresismo light de los tiempos de vacas gordas. Cual disciplinado cadete, el mandatario de un país “soberano” se dedicó a aplicar con fruición las medidas draconianas exigidas sin embozo por el “guardián del euro”. Véase el tono conminatorio de la carta-requisitoria de Trichet a Zapatero de agosto del 11 y la sumisa respuesta de éste: un excelente botón de muestra del ejercicio de “mando en plaza”. Todo ello supuestamente a cambio de la promesa de aflojar la soga de la “prima de riesgo” española a través de la compra masiva de deuda pública soberana en el mercado secundario por parte del BCE. En roman paladino: llenar los bolsillos de los tiburones financieros y rescatar indirectamente a la maltrecha banca patria a costa del expolio de las arcas públicas y de la masa laborante de la “piel de toro” –‘devaluación interna’, en la aséptica jerga tecnocrática-.

Una de las promesas de reducción del gasto contenidas en la vergonzante carta de Zapatero al mandamás del euro versaba sobre  “mejorar el ajuste entre los precios y los costes de producción en los mercados energéticos y la reducción del déficit del sistema eléctrico”.

Durante los años de bonanza y de superávit presupuestario que precedieron al derrumbe, la necesidad de reducir el enorme déficit comercial -causado por la dependencia petrolera y la perversa estructura de la zona euro- y la intención de acercarse a los objetivos de emisiones del protocolo de Kioto (España era el país que estaba más alejado de ellos en la UE), propiciaron una política gubernamental de incentivos a la inversión en energías alternativas a la hegemonía fosilista.

“El sol puede ser tuyo”, rezaba una promoción del Ministerio de Industria de 2006 en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía solar. ¿Qué más se puede pedir? Rendimiento y financiación asegurados a largo plazo, garantía pública y bendición moral al contribuir al desarrollo sostenible mediante las energías limpias.

Como abejas a la miel, decenas de fondos de inversión internacionales, que huían del hipertrofiado y tambaleante sector inmobiliario buscando nichos rentables donde verter las riadas de liquidez obtenidas en el casino de las finanzas mundiales, se lanzaron a por la chocolatina del sector renovable español. Junto con miles de pequeños y medianos agricultores-inversores -que hicieron de cobayas del experimento-, provocaron una enorme burbuja especulativa –la “burbuja del sol”- basada en la confianza en que, al calor de las primas, podrían generar rentas blindadas a costa del erario público: “La solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)”. No hay nada más goloso para un “tiburón” financiero que la seguridad de un flujo de pagos regulares que posibilite iniciar la maquinaria de la titulización -espoleta de la crisis hipotecaria de 2008- mediante la obtención de pingües réditos por la venta de productos financieros estructurados que permiten la inyección de liquidez inmediata: he aquí el quid del proceso de financiarización.

“Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto, que es una energía limpia, que no contamina, y que además puede complementar la pensión de 400 euros que te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún inconveniente”. Así explicaba el agricultor-inversor Pascual Hortelano los irresistibles atractivos de la panacea. Al carecer Don Pascual de dotes proféticas, no podía en absoluto llegar a imaginarse que, tras el impacto del crack de 2008 en la economía española, el gobierno “soberano” acabaría sacrificando las efímeras primas y el cacareado “nuevo modelo energético” en el altar del “austericidio”: la luna de miel de las políticas públicas con la sostenibilidad ambiental y la reducción de la dependencia energética tenía los días contados.

La onda expansiva del derrumbe del castillo de naipes del casino financiero mundial provocó el colapso del sistema bancario español y su colosal rescate posterior con cargo al erario público. Para aliviar el déficit galopante que comenzaba a lastrar las cuentas del Estado, en 2010, dentro del paquete de medidas comprometidas con Bruselas por el ejecutivo “socialista” en la primera andanada de recortes, el gobierno decide suprimir gran parte de los incentivos y primas a las renovables.

Los “hachazos” a las energías alternativas continuaron: ya con Mariano Rajoy en La Moncloa y el “ejemplar” ministro Soria en la cartera de Industria se suspendieron los estímulos económicos para nuevos proyectos de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La energía solar fotovoltaica recibió la puntilla: el llamado ‘impuesto al sol’ que se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas solares para producir su propia electricidad. Medida recibida, dicho sea de paso, con gran alborozo por el todopoderoso oligopolio eléctrico que, con la penalización del autoconsumo de los pequeños productores, mantiene el control del suculento mercado de suministro de electricidad a través del modelo centralizado de producción y el control de las costosísimas redes de distribución.

Las draconianas medidas mandaron a la ruina a decenas de miles de pequeños inversores y sumieron al sector en una crisis brutal: en 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas mientras que hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. Pocas pruebas más contundentes de la catástrofe a la que se vieron abocados las legiones de autónomos del medio rural que la lectura de la lastimosa carta al Congreso de un productor fotovoltaico en “fase terminal”. Cuál “preferentistas del sol”, quisieron apañarse la jubilación con las primas gubernamentales y las facilidades financieras proporcionadas por la banca y acabaron enterrados en las deudas impagables y el abandono absoluto por parte de los mismos que les tendieron el cebo.

Otros agraviados, con más recursos que nuestros infortunados “hortelanos”, tenían una carta bajo la manga que iba a provocar que al gobierno “trilero” le saliera el tiro por la culata. Los cambios sobrevenidos en las condiciones que se les garantizaron vía Boletín Oficial del Estado y la vulneración de la seguridad jurídica que implica el alcance retroactivo de las medidas tomadas provocaron un aluvión de demandas de los grandes inversores en los tribunales de arbitraje internacionales. España figura ya como el país con más litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en la materia. Hasta la Policía Montada de Canadá está involucrada en la avalancha de demandas contra el “chanchullero” Estado español. Sin embargo, los 30000 pequeños inversores que decidieron invertir sus ahorros en “huertos solares” para “complementar la pensión” vieron bloqueada cualquier posibilidad de resarcimiento: las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central denegando las indemnizaciones a los afectados.

Pero las grandes corporaciones y fondos de inversión no sólo tienen un enorme poder económico, político y cultural sino también jurídico: la nueva lex mercatoria internacional y el recurso a tribunales internacionales de arbitraje para resolver los conflictos con los Estados son la sólida armadura que protege jurídicamente sus intereses comerciales y blinda los contratos de estas compañías.

Eiser Infrastructure Limited, un “private equity fund” con sede en la City de Londres que, a través de su filial en el paraíso fiscal luxemburgués Energía Solar Luxembourg, adquirió participaciones en tres centrales termosolares, ha sido el primero en llevarse “el gato al agua” con su mencionada victoria en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo pugna por ampliar su competencia a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales -entidades de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden así demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales; prevalece el interés privado de las corporaciones sobre el interés general. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal de que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Es una asimetría al servicio del capital. Se trata de uno de los principales objetivos de los tratados de “libre comercio e inversiones” –CETA, TTIP, TPP- que proliferan como hongos al compás de la hegemonía de la financiarización neoliberal: crear una “justicia privatizada”, que se sitúa por encima de la “soberanía popular” y que permite a las transnacionales denunciar a los estados cuando sus negocios puedan verse afectados.

Así pues, un fondo de “capital riesgo” con sede en el “agujero negro” financiero de la City londinense, operando a través de la inevitable filial luxemburguesa para eludir las cargas fiscales sobre los réditos, se sitúa en pie de igualdad para pleitear con un Estado soberano ante un tribunal internacional de muy dudosa legitimidad: “hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, utilizan los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante por el ‘grave quebranto’ ocasionado a sus inversiones por una ‘alteración drástica del marco regulatorio’”.

Se trata de una inmensa partida en la que hay en juego miles de millones de euros de dinero público y que se celebra de forma casi secreta en hoteles de Estocolmo, París, Ginebra y Nueva York. Sara Pizzicato, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, resume excelentemente el ‘efecto boomerang’: “Paradójicamente, se atribuía el recorte a las renovables a motivos económicos, aunque la realidad es que España afronta ahora pleitos por valor de miles de millones de euros que serán pagados por la ciudadanía que, debido a la salvaje política de recortes, no se beneficiará de las ventajas de las energías limpias”.

La moraleja del caso ilustra el absurdo surrealismo de los mimbres sobre los que se sustenta el capitalismo financiarizado con mando en plaza en nuestras dolientes sociedades: un fondo de inversión especulativo, atiborrado de liquidez producto de las colosales ganancias obtenidas con la ingeniería financiera -causante directa del colosal crack de 2008- y con la política monetaria de “expansión cuantitativa” de la banca central mundial, invierte en la burbuja solar española atraído por la golosa rentabilidad garantizada por el erario público. A continuación, ante el fracaso de la inversión, provocado por los recortes que ese gobierno se ve obligado a hacer en aras de salvaguardar su credibilidad ante los mercados financieros responsables de su ruina, uno de los culpables del monumental desaguisado obtiene una sentencia favorable de un tribunal internacional “imparcial” que obliga a indemnizarle, con dinero público, por el quebranto sufrido.

Financiarización, capital especulativo transfronterizo, expolio de rentas y bienes públicos, soberanía nacional demediada, justicia privatizada y explotación e indefensión crecientes de las clases populares son los inicuos rasgos de la historia relatada que no pueden ser más tristemente representativos del cariz crecientemente depredador del sistema de la mercancía.

Henos aquí –por si hicieran falta más- ante una prueba irrefutable, como denuncia Greenpeace, de que la conservación del crucificado planeta no ocupa lugar prioritario –ni secundario, más bien no ocupa lugar alguno- en las políticas neoliberales: “Se ha paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economía”. Según datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al contrario de la tendencia europea”.


*El sol puede ser tuyo” era el slogan de la campaña lanzada por el gobierno socialista en 2006 para promocionar las inversiones en placas solares fotovoltaicas ofreciendo como señuelo las primas públicas y las facilidades financieras “irresistibles” proporcionadas por la banca privada.


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https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/05/25/el-sol-tambien-era-suyo/