¿Para qué luchamos en 500×20-Prouespeculació?

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en ese sentido.

Por tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

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Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares/año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.

  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas muncipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.

  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.

  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva solo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.

  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada en torno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.

  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las medidas legislativas y el desarrollo de los reglamentos necesarios

Las siguientes son las principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país. Hay que entenderlas como un conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, pues algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas en el mismo espacio social y/o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es lo más importante hoy.

[ (+) medidas con consenso. (?) medidas en discusión. ]

Hablamos de necesidades legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la SAREB, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Esos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones distintas al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Vivienda.
    1. (?) Proponemos la consolidación de ese Parque Público de Vivienda sobre la base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado por las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegitima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoría social sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales en los términos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas para que el suelo urbano pase a ser de dominio público y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales.
    1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal modo que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago.
    2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio-express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  6. Fiscalidad y Régimen tributario. (+) Impuestos directos progresivos sobre Patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  7. Impuesto Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.
    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros.
    2. (?) Confección de una tabla progresiva para el IBI en función valor del inmueble desde el 0,1%
      para los de menor valor al 1,2% para los de mayor valor.
  8. (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  9. (?) Se buscarán, en las grandes y medianas ciudades, diferentes modalidades de esa fiscalidad directa gravosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  10. (+) Banca pública para gestionar líneas de crédito directas a los ciudadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  11. (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  12. (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones venideras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciudadanía.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará, por tanto, indexada al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacías a alquiler público o derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio del su reparación, mantenimiento y la asunción y/o execión de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional por el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las Administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664€) no superaran nunca los 100€ o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de la Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Mesas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social se acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar un cupo de hasta un 25% para vecinos del barrio y/o Distrito empadronados más de 2 años a fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por lo tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio pormenorizado a través de Servicios sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañarse de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También de derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Regularización de la ocupación por necesidad
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no solo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras a promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.



Ocupación de vivienda pública vacía: por qué defendemos a las familias?

La ocupación muestra el desinterés de las administraciones por este derecho fundamental.

Se castiga la desesperación de las familias ocupantes con medidas represivas.

Pero los dictámenes del Defensor del Ciudadano siempre han defendido el derecho sobre el castigo a los ocupantes.

cartel en Navarra de denuncia pisos públicos vacíos.

cartel en Navarra de denuncia pisos públicos vacíos.

Barcelona: Poco más que palabras frente a la desesperación

En nuestra ciudad hay una proporción nada despreciable de gente que vive en una vivienda en precario, llamada también ocupación o patada en la puerta. Esta se ha generalizado en los últimos años como respuesta a una profunda crisis que ha llevado a la desesperación a miles de personas y hogares que viéndose en la calle, se han armado de valor, entrando en un piso sin mediar derecho legal alguno. Estas ocupaciones se han nutrido de esa fracción de precarios que incluso con un salario no pueden afrontar todos los pagos y además sobrevivir.

Hasta la ocupación han llegado directamente gente desahuciada como inquilinos y otra gran proporción de gente desahuciada por los bancos tras una ejecución hipotecaria. Antes de ocupar mucha gente ha pasado el calvario de vivir en pisos de familiares amontonados o alquilando habitaciones insalubres, mientras Barcelona y todo el país acumulaba millones de pisos vacíos. La misma área de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda. Necesidades que corresponderían al 20% de la población de la ciudad que vive por debajo del umbral de pobreza (menos de 7.040€/persona/año o 14.784 para un hogar de 3 miembros).

Para muchos hogares, en los distritos más pobres de la Ciudad Condal, incluso ese dinero sería una auténtica fortuna mensual. En esta fracción de ciudadanos es donde se concentran la mayoría de desahucios de la ciudad con una media de 20 desahucios/día. En un 90% son alquileres como muestran los datos judiciales de Barcelona en su página 13. No hay datos de desahucios por precario pero a la Asociación 500×20 le llegan una media de 1 al mes sólo en el distrito de Nou Barris. Nuestra Asociación cree en la ocupación de viviendas como un método de presión y alternativo pero no un fin en si mismo.

… l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda de la población pobre.

Cada hogar, cada familia que forma parte de esas cifras es una muestra de las profundas desigualdades que vive la actual historia de nuestro país. El 75% de las personas con menos de 35 años viven aún con sus padres. Batimos récord mundial en baja natalidad, en pisos vacíos per cápita y en amor paranóico por las piedras y los tochos. El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la férrea dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario.

Barcelona: 300.000 personas o 70.000 hogares necesitan un alquiler social y asequible de 100€.

El Ayuntamiento nos ha reconocido en reuniones que 70.000 hogares necesitarían pagar alquileres no superiores a los 100€ (1). Esa cifra supone el 10% del parque útil que es de 812.000 pisos. Pero el parque de vivienda pública de alquiler asequible o social no supera los 10.000 pisos en toda la ciudad.

El equipo de gobierno del alcalde Trías habla, a bombo y platillo, de grandes inversiones en políticas sociales de vivienda. Ha usado todos los medios propagandísticos posibles en prensa y televisión para explicar como se ha gastado 7’2 millones de euros a lo largo de la legislatura. Si hablamos de la vivienda como derecho fundamental el esfuerzo presupuestario de Trías es minúsculo comparado con otros esfuerzos que sí son prioridad de CiU en la ciudad. Por poner comparaciones: Trias se gasta cada año 6 millones en el Mobile World Congress -WMC- o 7’5 millones de euros en el Paseo de Gracia para que turistas tengan wifi y 4G gratuito.

Aún reconociendo que las políticas de vivienda social no son sólo responsabilidad local las comparaciones son frustrantes. Las cifras en política de vivienda de Trias son poco más que palabras ante la avalancha de necesidades de los miles de familias que en la ciudad viven miserablemente:

  • 20 desahucios día en la ciudad.
  • sólo 743 pisos de emergencia concedidos en 5 años.
  • entre 9 y 12 meses de espera para quién ha tenido la suerte de recibir una vivienda de emergencia.
  • 20% hogares por debajo del umbral de pobreza.
  • 60% hogares de la ciudad (422.000 de 691.000) reciben algún tipo de prestación pública.
  • 50% no pueden hacer frente a gastos imprevistos (mucha dificultad en llegar a final de mes)

Demasiado tiempo, fotos, noticias, palabras para familias que han agotado las puertas y ventanillas públicas a las que llamar. Familias que han agotado su paciencia esperando la ayuda de las instituciones. Y por eso acaban ocupando un techo aunque sea sin derecho. La ciudad, el país, lleva demasiados años esperando una revolución en materia de vivienda que no llega. Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población. La política se ha plegado durante demasiado tiempo a los negocios de los oligarcas catalanes del tocho, las finanzas y el turismo.

… Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población.

….

Castigar a los ocupantes de viviendas públicas y de bancos?

Para más inri, las familias que armadas de valor se atreven a ocupar pisos son castigadas prohibiéndoles poder acceder a vivienda social o de emergencia. La gente tiene hasta miedo que les quiten los niños por no ser capaces de darles un techo donde vivir.

Esta medida punitiva figura en el reglamento de las Oficinas de Vivienda de cada barrio. A las familias que ocupan pisos se les hace muy difícil negar la evidencia porque los trabajadores sociales hacen un seguimiento y es fácil descubrirlo. Los Servicios Sociales, en lugar de ayudar, se han convertido en un ente burocrático que controla y disciplina a las familias pobres. Ingentes recursos burocráticos para fiscalizar por contratos (de adhesión, como las hipotecas) a la gente humilde y comprobar el grado de pobreza o engaño. La Síndica de Greuges de Barcelona se ha quejado repetidamente que los convenios de vivienda social son contratos sociales y no un derecho en si mismos. Muchos de los requisitos rallan la ilegalidad al obligar a subscribir acuerdos de escolaridad, de buena vecindad, de ingresos mínimos e incluso un informe médico (supone vulneración extrema de datos íntimos).

Cómo toda medida punitiva, el castigo a las familias ocupantes de viviendas tiene su piedra en el zapato. Recientemente nuestra Asociación 500×20 ha defendido junto a todas las entidades vecinales, partidos de la oposición y la misma FAVB el derecho a una vivienda de una familia que ocupó por necesidad una vivienda del PMHB (Patronato Municipal de Vivienda de Barcelona) en el distrito de Sant Andrés. Una familia con el marido en un proceso de cáncer terminal que murió dejando a mujer y un hijo pequeño. El PMHB no se atreve a desalojar a la familia porque armaría una guerra y se muestra cómo sus reglamentos punitivos no sirven para arreglar ningún problema. Este caso esta bién explicado aquí y aquí.

El argumento más requerido para defender el desahucio de esta familia es que ocupan el piso que correspondería a otra según un baremo. Lo defiende el PMHB y el regidor del distrito de Sant Andreu de BCN. Esta claro… si se acepta una ocupación y se legaliza, se está haciendo efecto llamada. Se trata de enfrentar un pobre contra otro y administrar la escasez… ¡que despropósito en un país como el nuestro récord mundial en viviendas vacías per cápita!

… Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.

o castigar la vivienda vacía de la ciudad de Barcelona???

La gente no va a dormir al raso. Si realmente se quiere acabar con las ocupaciones hay que movilizar a precios asequibles e incluso subvencionados la vivienda vacía. Y aquí tenemos otro problema: la ausencia premeditada de datos fiables sobre vivienda vacía en la ciudad. Es curioso ver la enorme dificultad histórica de CiU y PP para definir que es un piso vacío. Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.
Una vivienda vacía por largas temporadas ¿se contradice constitucionalmente con la función social de la vivienda? …. sólo lo recordamos porqué algunos partidos te dan en la cabeza con esa Constitución sólo cuando les interesa.
O en una vivienda vacía ¿debe prevalecer el derecho patrimonial a hacer con ella lo que quieras? no estamos hablando de una casa en medio de la nada… estamos hablando de un piso en medio de la conurbación de Barcelona donde supuestamente deben poder vivir los ciudadanos de este país o … ¿la gente pobre debe vivir al raso?
La web del Ayuntamiento de Barcelona los sitúa en 88.259 (11% del total, por debajo de la media nacional). Los políticos del Ayuntamiento niegan que sus cifras sean reales. Nosotros sí que creemos que existen 90.000 pisos vacíos y lo explicamos en este post con todo detalle.

Por eso creemos en las políticas que obliguen a mobilizar el parque de pisos vacios:

  • ¿ qué hay sr. Mas y Trias de las multas a pisos vacíos de la Banca y inmobiliarias?
  • ¿ cuando vamos a tener un censo fiable de vivienda vacía y del perfil de los propietarios?
  • ¿ cuando se van a hacer políticas verdaderas de rehabilitación de edificios y pisos viejos ofreciendo algunas condiciones favorables a los particulares que accedan a entregar sus pisos a la Administración?
  • ¿cómo pasar los pisos de la SAREB a vivienda social?

Prouespeculació.org y la Asociación 500×20 no apuesta por subvencionar los alquileres porque es una medida inflacionista que acaba hinchando los precios del mercado que debería regular. Verdaderas políticas de movilización de vivienda vacía es una medida largamente discutida pero no concluida. Nosotros tenemos nuestra opinión y no coincide con las mayoritarias…. pero será objeto de otra entrada porque es muy importante en este país.

(1). En las reuniones con Qualitat de Vida. La Taula del Tercer Sector cree que en Catalunya se necesitarían 200.000 viviendas de alquileres realmente asequibles. La Síndica de Barcelona ha urgido al Ayuntamiento ha nutrir el parque de vivienda para dar salida a la emergencia residencial.




¡ ILEGAL ! Regesa y Barcelona ya estan adjudicando los pisos de jóvenes sin sorteo

Los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona daran los pisos a quién les interese.

Es un proceso para favorecer a las inmobiliarias privadas como Azora

Algunos portales inmobiliarios ofrecen los pisos como si fueran privados y mienten sobre las condiciones de los mismos.

Una nota descubierta en un edificio de Regesa muestra la ilegalidad del proceso de adjudicación.

La caradura cómo la clase política barcelonesa está liquidando el patrimonio público de viviendas roza ya lo obsceno. Está nota descubierta en uno de los dos edificios de jóvenes, que le queda a Regesa para privatizar en Barcelona, muestra que la misma Administración se salta sus propios reglamentos para llenar los edificios.

El Reglamento del Registro Oficial de Vivienda protegida en Barcelona obliga a realizar sorteos para adjudicar las viviendas entre los inscritos. Si se hace de manera directa es por tres razones:

  • que tienen muchos pisos vacios, porqué los alquileres son caros por unos pisos pequeños y llenos de defectos de construcción y instalaciones en lamentable estado desde su inicio.
  • porqué estan a punto de privatizar los dos edificios que quedan de Regesa en la capital condal y para ello los llenan de inquilinos para aumentar la ocupación (item valorado por Azora)
  • practicar el amigismo y adjudicar los pisos protegidos no a quienes tienen más necesidades sino a quienens pueden pagar más.

Esta operación indica que los edificios de La Selva i Teodoro Llorente están a punto de ser privatizados

Esta nueva operación de Regesa no puede quedar impune. Desde la Asociación 500×20 y Prouespeculació pedimos a las entidades sociales y vecinales que muestren su repulsa a estas prácticas y se presente conjuntamente una denuncia y que la Sindica de Greuges de Barcelona ponga luz sobre esta nueva actuación administrativa.

edifici de regesa en c/la selva 57-61 donde se encontró la nota en el popular distrito barcelones de Nou Barris