Los menores en los desahucios, ¿qué interés prevalece?

 

Uno de los principios esenciales de las sociedades occidentales es el derecho a la propiedad privada. Libertad y propiedad son indisociables. La Constitución Española reconoce en el artículo 33 este derecho.

A la vez la propiedad tiene una función social. Está supeditada al interés general. Por otro lado todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47) y los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39).

Los derechos nunca son absolutos. Están limitados por otros derechos, chocan unos con otros. El derecho a la propiedad de bienes inmuebles y fincas urbanas puede colisionar con el derecho a la vivienda y la protección a la familia. Y con la obligación del Estado de respetar los derechos de los niños, reconocidos en los acuerdos internacionales, que velan por sus derechos (artículo 39.4).

¿Y qué ocurre cuando hay menores en los desahucios de viviendas? Entre el derecho del propietario y el interés del menor la propiedad privada es preferente para la especulación y se deja sin protección social y jurídica y psicológica al menor.

Pero no siempre hay servicios de asistencia social, o no tienen suficientes medios para actuar,o no saben ni quieren saber cómo sufren los menores en los desahucios, pocas son las Audiencias que suspendan un desahucio hasta que se pudieran realizar las gestiones necesarias para llevarlo a cabo sin poner en peligro la salud y derechos de los dos menores de las familias que ocupaban un piso propiedad de alguna entidad después de haber tenido que vivir en un coche, en una tienda de campaña, debajo de puentes o en ocupación, o de alquiler, eso sí: el desahucio debía llevarse a cabo en un tiempo razonable y breve y mientras tantos casos de desprotección al menor que raya la “sin razón”

En nuestro caso, que sí hay buena predisposición por parte de los Técnicos de la Concejalía del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Ponferrada, que afortunadamente hemos paralizados todos los lanzamientos de desahucio, ello no quiere decir que los menores no sufran un desequilibrio en su ámbito familiar y personal, los mayores de ocho años a catorce no comprenden el desamparo que sufren desde la protección de las instituciones y organismos públicos. Algunos menores sufren una gran desorientación ante un asunto que desgraciadamente los adultos y los Fiscales de menores, Psicólogos, Psiquiatras Forenses no vean un claro efecto de maltrato bancario en sus vidas y tomen las oportunas indicaciones o formalicen un “Protocolo de Actuación de Oficio” ante situaciones extremas del desamparo en el interés del menor en los lanzamientos de desahucios como único interés del menor en los desahucios, claro está sin desmembrar al núcleo familiar.

¿Podemos alegar el interés superior de los menores para dilucidar todo conflicto jurídico en el que se vean inmersos? ¿Debe prevalecer este sobre cualquier otro interés legítimo con el que entre en conflicto? ¿Se puede crear un criterio y argumento jurídico que blinde apoyo a todos los menores frente a cualquier supuesto en el que se encuentren?

Es frecuente que el interés superior del menor sea el criterio que determine finalmente la adopción de decisiones en cuestiones como las crisis financieras en los núcleos familiares y la protección de menores. Así, sucede en la fijación del entorno familiar, la comunicación y su bienestar , y claramente un uso de la vivienda familiar, el derecho de los menores a ser oídos en los divorcios de los padres, etc. Pero la cuestión es si, en otros supuestos, por ejemplo, el de los desahucios, podría ser tenido en cuenta como el interés que finalmente guíe la decisión judicial, actualizar o ampliar el protocolo.

Nos encontramos con muchos supuestos de cesión de viviendas por los abuelos, que se ven privados de su uso como consecuencia de la atribución del mismo a sus nietos en virtud de resolución judicial o no. Existe un claro conflicto entre el derecho de estos terceros, ajenos a la crisis familiar, a disponer de su vivienda y el derecho de los menores, que se configura en el art. 96 CC como el “más necesitado de protección”. La cuestión es cómo se concreta este interés.

La peor parte:

Maltrato por sufrir una ruina, debido a la burbuja inmobiliaria que desencadena la crisis, la cual no provocamos.

Desde la PAH BIERZO CyL

Hacemos un especial hincapié a los daños morales y psíquicos que sufre todo el núcleo familiar en especial los menores.

No es de justicia desmembrar a las familias por tener problemas de Ejecuciones Hipotecarias, de alquileres, los menores necesitan a sus progenitores y dentro del núcleo familiar.

Que es deber proporcionar las ayudas sociales darles soporte para ello, y las Fiscalías de Menores comprobar que los menores de estas circunstancias tengan todo lo preciso para su protección y derecho habitacional en un desahucio antes de proceder la lanzamiento del mismo.

Desinterés social por los menores desde los ámbitos sociales, sea salud mental y protección desde las fiscalías de Menores, jurídica desde cero apoyo desde ayuda al menor. Los menores sufren bullying en sus aulas por ser “desahuciados” por las empresas privadas de los bancos que llaman al domicilio y le dicen al menor que sus padres deben dinero y pronto se los llevarán a un centro de menores etc…

Hay un claro interés en educar a la sociedad que los desahucios es un mal de todos.

Creemos desde nuestro colectivo, que existen suficientes razones para tratar estas situaciones dolosas y caóticas en el ámbito familiar.

Pedimos unas condiciones más equitativas para que nuestras familias y las de todos los colectivos en defensa de la vivienda sean tratadas en un proceso de ésta magnitud, como un núcleo maltratado social y psicológico, con dotación de los expertos y profesionales en Psicología, Psiquiatría forense, y Fiscales del menor al efecto, Procurador del Común y Defensor del Pueblo, que así se lo hemos comunicado ya.

Se fundamenta, asimismo, esta resolución en las siguientes disposiciones legales:

– Art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que proclama entre los principios básicos la primacía del interés superior de los menores sobre cualquier otro que pudiera concurrir.

– Art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que proclama que “los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social”. Añade que “los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente Ley y a la mencionada normativa internacional”.

– Art. 13.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que obliga a toda persona o autoridad, y especialmente a aquellos que, por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comuniquen a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

– Art. 27.1 de la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dispone que los Estados parte reconocen el derecho de todo niño a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social”.

– Art. 47 de la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” y el dolo a los menores con un alto nivel de degradación en sus vidas cotidianas y desarrollo intelectual.

Hemos de ser conscientes de no abortar la tranquilidad de nuestros menores, se haga visible su padecimiento ante los desahucios y se tomen todas las precauciones para no desintegrarlos.

Mary Flor ÁLVAREZ, Tierra Bierzo, menores en los desahucios.

Menores en los desahucios


Escrito Fiscalia de Menores que se puede adaptar a cada caso para paralizar desahucios.




un hipotecado valenciano demuestra que su firma fue falsificada en un desahucio

Un perito judicial acredita en un informe caligráfico que el vecino de Xàtiva no plasmó la rúbrica de la orden

En la bandeja de entrada de nuestra Asociación recibimos recientemente un correo de Mariam Popa, un residente europeo, en nuestro país que se quejaba amargamente que había sido engañado o estafado por falsedad documental. Su caso ha aparecido en el rotativo Levante donde explica la siguiente historia.


Ocho años después de ser desahuciado de su piso de la calle Cerdán de Tallada de Xàtiva por el impago de la hipoteca, Marian Popa ha conseguido presentar una prueba palpable que acredita que ni él ni su hermano Iancu firmaron la notificación oficial de embargo expedida por el juzgado de Xàtiva el 16 de marzo de 2009.

Un reciente informe caligráfico de 19 páginas elaborado por un perito judicial de València los descarta «sin que quepa la menor duda» como autores de la rúbrica y el NIE que aparecían en la orden, después de cotejar minuciosamente diferentes documentos.

El estudio, al que ha tenido acceso este diario, advierte de un claro «indicio de falsificación» y concluye que muy posiblemente se intentó suplantar la firma de los destinatarios de la diligencia judicial. Marian Popa, que ha adjuntado el escrito a una denuncia formalizada hace unos días en la comisaría de la Policía Nacional de Xàtiva, confía en que se abra una investigación que permita esclarecer lo que hasta ahora no ha podido demostrar pese a llevar su batalla a todos los frentes posibles, mucho más allá de la justicia ordinaria: desde el Defensor del Pueblo, hasta la Comisión de Peticiones del Congreso, pasando por el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, donde se quejó de los obstáculos en el turno de oficio para recabar diligencias.

En la orden de aviso del desahucio aparece el número de NIE de Marian, pero la firma que lo acompaña es similar a la de Iancu, que fue su avalista hipotecario. El especialista Juan José Mateu, vinculado a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, sin embargo, sostiene que los hermanos no plasmaron de su puño y letra ninguno de los dos elementos en duda, rechazando igualmente una posible autofalsificación. El perito señala una «tendencia a la exageración» en la firma cuestionada y una «búsqueda de ornato» que enmarca en la pretensión «de parecerse» a la rúbrica de Iancu. Pero «a poco que se profundice en el análisis», agrega el grafólogo, «se aprecian microgestos, detalles en el arranque y escape, en los enlaces y los óvalos» totalmente diferentes entre una muestra y otra. Una tiene tendencia a la curvatura, naturalidad en el trazo y tramo vertical superior al límite álgido de la figura, mientras que en la otra «se aprecia lo contrario: una tendencia a la recta, a la artificiosidad y un tramo vertical excesivamente corto». La notificación de desahucio indicaba que el destinatario había sido informado adecuadamente y entendía el procedimiento. Sin embargo, el aludido asegura que no estuvo presente cuando se certificó el mismo.

Falta de información

Inasequible al desaliento, Marian, de 44 años y origen rumano, permanece inmerso en una larga cruzada judicial para intentar demostrar no solo que no recibió personalmente la diligencia del juzgado informándole de la ejecución, sino que la hipoteca que suscribió «en pocos minutos» contenía cláusulas abusivas y engañosas que no le explicaron. Fue desahuciado después de quedarse sin trabajo en plena crisis: dejó de pagar la hipoteca y el banco le reclamó una deuda de casi 150.000 euros por la que a su hermano y a él siguen embargándoles parte de los ingresos. El denunciante tenía muchas dificultades con el idioma cuando firmó el crédito y llevó a los tribunales la falta de información sobre el mismo. Para más inri, una inmobiliaria hoy quebrada le había entregado la vivienda sin cédula de habitabilidad y sin reunir las condiciones sanitarias y de luz prometidas.

Pese a acumular pronunciamientos judiciales desfavorables a sus pretensiones, Marian no pierde la esperanza: se muestra convencido de que un día sus denuncias serán reconocidas.

esta noticia la vimos aquí>>>


Mariam Popa nos ha enviado la presentación de una petición al Juzgado de primera instancia de Xàtiva para revisar el caso y hacer justicia. Pide la entrega de los documentos compulsados de su ejecución hipotecaria que obran en dichos juzgados:

juzgado-xativa-mariam-popa-peticion

 




SE HA PARADO UN DESAHUCIO . SÍ PODEMOS!

Estamos en servicios sociales, para acompañar a nuestra compañera q mañana la echan de su casa con sus tres hijos y no tienen ningun lugar para ir. La Sra. Gemma, T. Social q estaba en recepción, atendiendo a un señor, nos ha dicho que saliéramos pq molestábamos, perdiendo los estribos y las formas alzando la voz, diciendo que llamaría a la policia, y llamándola inmediatamente, comentando sobre una compañera de la Taula que en lugar de perder el tiempo trabajara…

Nosotros estábamos todos en silencio. El señor al que atendía hacía cara de pánico, porque lo que no se puede esperar es que cuando una persona que está en apuros vaya a servicios sociales, esperando encontrar una respuesta tranquilizadora a sus problemas, y se encuentre con un “profesional” perdiendo los nervios ante un grupo pacífico que va a dar apoyo a una mujer amenazada con quedarse sin casa al día siguiente. Atender a los desprotegidos era para ella una pérdida de tiempo. Entonces creo que se ha equivocado de trabajo. Al cabo de 5 minutos teníamos una patrulla de la Guardia Civil. Nos han tomado nota y se han marchado.

Han hecho esperar a esta señora dos horas, para decirle que no la pensaban ayudar, que esta tarde se buscara un piso. Ella no tiene un contrato de trabajo y no puede alquilar ningún piso. Los servicios sociales han desprotegido a una mujer divorciada y a sus hijos menores. Mañana estaran en la calle. De verdad aceptamos tener una administración que no haga nada para obtener viviendas de los bancos vacias (unas 700) y que tengamos unos servicios sociales con algunos profesionales que humillan, no informan, no contestan a las demandas y desamparan a los más vulnerables.

El ayuntamiento de Figueras ( en los servicios sociales) están aplicando la ley mordaza a las entidades que defienden a los más vulnerables. Por cierto agradecer al portavoz de la PAH que ha estado con nosotros. Aplican la fuerza, no los derechos.




para qué luchamos en la Asociación 500×20? un programa para el debate de las elecciones municipales

La lucha por el derecho a la vivienda de las clases populares

{tercera revisión desde el 2011-2015}

Las organizaciones políticas son un hervidero de propuestas, a menudo precipitadas, y búsqueda de soluciones a un problema fundamental, desde el punto de vista social y económico, como es la vivienda. Las próximas elecciones municipales de 2015 nos obligan a las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda a afinar nuestras propuestas en este sentido.

Por lo tanto, primero debemos decir que entendemos la vivienda habitual como una necesidad vital incuestionable y por eso creemos que debe ser un bien que quede fuera del mercado y de la especulación. Para ello, se deben desarrollar políticas del bien común, entendiendo las instituciones y los ciudadanos como actores de la gestión de este «patrimonio de todas» a través del movimiento asociativo. Este desarrollo debe contemplar una implementación a corto y medio plazo así como una transparencia ejemplar.

Diferenciamos tres niveles en la coyuntura actual: estatal, autonómica y municipal, haciendo hincapié en la municipal ya que es el espacio donde finalmente se concretan estas políticas.

Las PREMISAS que modulan nuestro discurso:

  • La presumible reducción de la población a medio plazo. La presumible reducción de creación de unidades familiares / año. El aumento de unidades familiares unipersonales o monoparentales.
  • El urbanismo debe entenderse como un proceso global y sostenible que adquiere dimensión de derecho a la ciudad a través de las políticas municipales. Hablamos de un urbanismo denso y no extensivo que acabe con la destrucción ambiental del país bajo la bota del cemento. Por lo tanto, reivindicamos la recuperación de espacios naturales dentro de las ciudades y la huerta de proximidad.
  • La promoción de una cultura del derecho a la vivienda basada en la regulación financiera, la sostenibilidad y el decrecimiento.
  • La necesidad de conservación, rehabilitación y solo renovación del enorme parque de viviendas existente. La promoción de vivienda nueva sólo en sustitución de edificios en mal estado o en caso de demanda no cubierta reconocible por la administración.
  • Apertura de una auditoría social, Juicio y Castigo, Reparación y no Repetición sobre la deuda hipotecaria en manos de tenedores nacionales e internacionales generada entorno a la burbuja inmobiliaria de las últimas décadas.
  • Iniciar un proceso consensuado y no traumático, con las autoridades monetarias europeas, de negociación de una quita de la deuda de las economías familiares, sociales y del Estado español.

Las Medidas legislativas y el desarrollo de los Reglamentos necesarios

Las siguientes son los principales herramientas legislativas que un poder popular debería implementar para asegurar el derecho universal a la vivienda. dada la emergencia habitacional que viven ciudades y pueblos del país.

Hay que entenderlas como 1 conjunto de medidas de programa mínimo y máximo, ha que de algunas son hasta cierto punto contradictorias con otras aplicadas al MISMO espacio social y / o temporal. Igualmente hay medidas que no tienen total consenso pero las abrimos para generar debate que es el más Importante hoy.
[(+) Medidas CON Consenso. (?) Medidas en discusión. ]

 

Hablamos de Necesidades Legislativas a nivel estatal

  1. (+) Proponemos la creación de un verdadero Parque Público de Vivienda.
    1. (?) sobre la base de la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la banca, de la Sareb, de grandes constructoras y los fondos inmobiliarios.
    2. (+) Estos pisos rescatados a la Banca para Vivienda de Alquiler Público Asequible.
  2. En este punto se dan dos soluciones diferentes al problema de las hipotecas sumergidas y la ampliación del Parque Público de Viviendas.
    1. (?) Proponemos la consolidación de este Parque Público de Vivienda en base de la dación de las viviendas principales hipotecadas al Estado o municipios para las familias que no deseen o no puedan asumir la hipoteca o el valor de la misma fuera desmesurado con respecto al mercado. La unidad familiar recibe el derecho de uso a cambio de que el Estado asume la deuda hipotecaria ilegítima (deuda pública) para acabar con la impunidad financiera.
    2. (?) Elaboración de una nueva ley hipotecaria. Esta ley debe comprender entre otras las siguientes medidas: Tasación al precio actual de las viviendas de 1ª residencia. A esta tasación será restado el principal ya devuelto, así como los intereses dolosos. La diferencia resultante se aplicará en cuotas que no superen el 25% de los ingresos de la unidad familiar. (?) En todo caso se contempla la dación en pago con derecho a alquiler social.
  3. (+) Apertura de una auditoria social sobre la deuda hipotecaria en manos de los tenedores nacionales y internacionales en los terminos expresados anteriormente y que son de consenso entre las organizaciones sociales.
  4. (?) Discusión y propuestas porqué el suelo urbano pase a ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y deje de ser un bien privado, especulativo y con derecho a herencia.
  5. (+) Ningún desahucio sin alternativa sobre viviendas principales .
  1. (?) Defendemos la limitación de la deuda hipotecaria a la cantidad que se obtenga por la subasta del inmueble hipotecado de tal manera que con ella quede saldada o en todo caso la dación en pago. [ahora defendemos la inembargabilidad de la vivienda habitual]
  2. (+) Derogación de la LAU, del desahucio express y de las leyes hipotecarias regresivas.
  • Fiscalidad y Régimen tributario.
    (+)
    Impuestos directos progresivos sobre patrimonio y sobre IRPF en caso de vivienda en propiedad no principal.
  • Imposto de Bienes Inmuebles (IBI). Se dan dos soluciones diferentes que se podrían sumar.

    1. (?) Derogación del IBI para viviendas principales con valores inferiores a 300.000 euros .
    2. (?) Confección de una tabla progresiva por el IBI en función del valor del inmueble desde el 0,1% para los de menos valor en el 1,2% para los de más valor.
  • (+) Derogación de las figuras fiscales no progresivas como SICAV y SOCIMI.
  • (?) Se buscaran, en las grandes i medianas ciudades, diferentes modalidades de esta fiscalidad directa costosa sobre las viviendas en propiedad que no sean principales. Se ofrecerá a los pequeños propietarios o provenientes de herencias la dación a la Administración local, autonómica o estatal de los edificios en mal estado de conservación.
  • (+) Banca pública para gestionar lineas de crédito directas a los ciutadanos para abordar la mejora y rehabilitación de viviendas y edificios.
  • (+) Plan general de ahorro energético en edificios y desarrollo de infraestructuras de transporte colectivo.
  • (+) Plan general de recuperación pública de espacios en las ciudades para las generaciones futuras y recuperación de las huertas de proximidad con apoyo administrativo.

Hablamos de necesidades legislativas a nivel municipal.

  1. (+) La vivienda y los servicios básicos serán un derecho ciudadano:
    1. el alquiler social universal será considerado como la prestación de un servicio público a la ciutadania.
    2. el precio del alquiler nunca podrá superar el 20% de la renta familiar disponible.
    3. la renta de alquiler no estará indexada, por tanto, al coste de la vida sino a los ingresos familiares.
    4. Municipalización de los Servicios básicos que, por tanto, deben ser garantizados por parte de empresas públicas.
  2. (+) Garantizar un fondo de vivienda pública y social suficiente como para asegurar el alquiler social universal mediante:
    1. La conversión de vivienda VPO y con derecho de superficie vacias para alquiler público o con derecho de uso.
    2. Paralización inmediata de cualquier proceso de privatización de la vivienda pública.
    3. Se ofrecerá a los pequeños propietarios la posibilidad de cesiones de uso de sus viviendas a la administración por 5 o 10 años a cambio de su reparación, mantenimiento y la asunción y / o exención de todos los impuestos.
    4. Actualización de padrones y registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas. Campaña institucional para el uso social de la vivienda vacía y contra el acaparamiento.
    5. Se defenderán y firmaran acuerdos con todas las administraciones, tanto de carácter legislativo, jurídico y económico para dar cobertura a las medidas anteriores
  3. (+) Adecuación de los requisitos económicos de acceso a la vivienda protegida al nivel de vida y escalas salariales actuales. Los alquileres sobre rentas familiares por debajo de la Renta Garantizada de Ciudadanía (664 €) no superaran nunca los 100 € o el 10% de los ingresos por unidad familiar.
  4. (+) Patronatos Municipales de Vivienda que gestionen, de manera transparente y paritaria, junto con los movimientos vecinales, asociaciones de inquilinos, el Parque de vivienda pública y social, su conservación y precio relacionado con la renta familiar. Para ello se crearán Tablas de Vivienda paritarias que por acuerdo decidirán por consenso o por mayorías y la Administración ejecutará.
  5. (+) El papel de las Oficinas de Vivienda y del Registro Único de Solicitantes de Vivienda pública o social.
    1. El Registro Único de Solicitantes de Vivienda Pública estará abierto a la inscripción exclusivamente personal. Trabajará con la lógica del alquiler social universal y no del reparto “esto es lo que hay”. Los requisitos deberán ser exclusivamente el empadronamiento y no poseer ninguna vivienda de propiedad en el territorio del Estado.
    2. Toda la vivienda pública y social acogerá a la normativa de este Registro, independientemente de la fecha de calificación del inmueble, para evitar distorsiones en la adjudicación.
    3. En las grandes ciudades y pueblos reservar una cuota de hasta un 25% para vecinos del barrio y / o distrito empadronados más de 2 años con el fin de agilizar el proceso de adjudicación y que un menor porcentaje renuncie al piso adjudicado.
    4. Promover la diversidad social mediante políticas de asignación de vivienda pública por tramos de uso, edades, barrios, etc. (No a la creación de guetos)
    5. Municipalización de las Oficinas de Vivienda. Será un servicio gestionado totalmente por trabajadores públicos. Garantizaran el acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda en colaboración con los Servicios Sociales para los casos de emergencia habitacional. Potenciación de la labor fiscalizadora del parque de viviendas de cada distrito o barrio de la ciudad y por tanto del mapeado de la propiedad y uso de las viviendas correspondientes a su jurisdicción.
  6. (+) Ningún desahucio sin alternativa! Medidas ante la emergencia habitacional.
    1. Estudio detallado a través de Servicios Sociales de las familias tanto en proceso o riesgo de desahucio. Debería acompañar de una campaña de comunicación y un protocolo de actuación transparente.
    2. Las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión mantendrán los contratos de alquiler adecuándolos a la anterior normativa. Los desahucios de pequeños propietarios se asegurará una alternativa y un protocolo entre las partes, los Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda del municipio.
    3. En el parque público y social se firmaran contratos de alquiler por tres años renovables indefinidamente. También derecho de uso para aquellas unidades familiares que así lo soliciten a cambio de compartir gastos de mantenimiento. En todos los contratos las partes podrán revisar las condiciones de acceso a la vivienda, las rentas o los posibles derechos de propiedad sobrevenidos.
    4. Todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social tendrán preferencia siguiendo las recomendaciones y baremos de los Servicios Sociales. Defendemos el derecho al empleo por necesidad y su regularización para la ciudadanía en precario.
  7. (+) Derecho a la ciudad, a un urbanismo sostenible y consensuado.
    1. En el parque público de viviendas municipales, el ayuntamiento debe ser titular no sólo del suelo sino también del derecho de superficie.
    2. Moratoria general de planes urbanísticos e infraestructuras que tengan oposición general comprobable de los movimientos sociales.
    3. Moratoria de licencias de obras en promociones de vivienda en propiedad.
    4. Estudio de la cesión de suelo y edificios a la gestión en régimen de cooperativas de usuarios.
    5. Impulso del cooperativismo para la reparación, rehabilitación de edificios, ahorro energético y climatización sostenible.

material elaborado en diferenets asamblas de nuestra Asociación entre noviembre y febrero del 2015
documento aprobado para el 2015.

PÁGINA PUBLICADA INICIALMENTE EL 17 DE JULIO DEL 2011




La Iglesía católica -la mayor y más vitaminada SOCIMI española- y la emergencia habitacional.

edificio de viviendas propiedad de la Iglesia en el centro de Córdoba

Basta poner en su buscador favorito de Internet la siguiente búsqueda: “propiedades de la iglesia católica en España IBI” para encontrar centenares de noticias que explican de hecho la imposibilidad de conocer todas las propiedades inmobiliarias de la Santa Iglesia. Igualmente, aparecen noticias de administraciones que han intentado poner blanco sobre negro el dinero que se ahorra esa Institución religiosa en impuestos. O enlaces a censos de todas las propiedades urbanas exentas de impuestos (catedrales, iglesias, colegios, hospitales, tierras, hoteles, pisos, garajes, etc) así como de la propiedad rústica eclesiástica.

Europa Laica en su informe del 2015 (1) calcula que la Iglesia católica nos cuesta en subvenciones y exenciones fiscales 11.000 millones de euros, tanto a creyentes como no creyentes. Vale la pena leer su informe donde desgrana todas las partidas que recibe la Iglesia católica. Pero tres frases lo dicen todo:

  • Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España o el 4% de los presupuestos generales del Estado en un país con 10 años de crisis perpetua para las clases populares.
  • Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año o 20 € al mes.
  • La iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos

Un ejemplo en Córdoba

uno de los edificios en Córdoba que no paga impuestos ni por los negocios que genera

Sólo en Córdoba capital, la Iglesia tiene 443 inmuebles, repetimos, inmuebles con sus correspondientes viviendas. El listado de propiedades incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contar las que están incluidas en los recintos religiosos-. También existen 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios destinados a oficinas o uso comercial.  Se trataría, así, de una serie de propiedades sin vinculación al culto pero que, en la práctica, están exentos del pago del IBI y reportan rentas mundanas a los que pregonan el reino de los cielos. (2)

Además de esas propiedades, otros inmuebles de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -iglesias, ermitas, conventos, etc-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales -San Juan de Dios-, universidad -Loyola-, residencias de mayores, fundaciones y casas de cursillos o espiritualidad. Aparte de la propia Mezquita-Catedral, el principal enclave turístico de la ciudad, que ha recibido en el último año 1,8 millones de visitantes que pagan una entrada y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 51.000 euros anuales de IBI. Esta mezquita fue inmatriculada el 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009.

 

El caso de Valencia-capital

En la ciudad de Valencia la Iglesia cuenta con más de 1.280 propiedades, de las cuáles solo el 18 % están relacionadas con el culto. El resto, la mayoría, son viviendas, aparcamientos, bajos comerciales u otros inmuebles por los cuales las entidades católicas no solo no pagan impuestos sino que en algunos casos extraen beneficios gracias a las rentas de alquiler. (3)

Así se desprende del trabajo realizado por la plataforma Europa Laica, cuyos miembros llevan desde el pasado mes de junio cotejando los datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia en 2012 donde se detallaban las propiedades exentas de IBI con el registro catastral. Una por una, los integrantes de este observatorio han analizado la localización y el uso de estas propiedades, acudiendo al lugar y llamando a la puerta para contrastar su actividad. Para sorpresa de ellos, se han encontrado con restaurantes de kebab, boutiques de ropa, librerías, asesorías, sedes de entidades bancarias, relojerías, hostales, concesionarios de coches o incluso clínicas de tratamientos estéticos. «Aunque no lo hemos podido analizar todo todavía, la mayoría de esos locales, viviendas y aparcamientos están alquilados», explicó a Levante-EMV Guillermo González. De hecho, los datos que ahora maneja este colectivo corresponde justo a la mitad de los distritos de la capital.

El Ayuntamiento de Valencia deja de ingresar cada año cerca de 800.000 euros. A ellos habría que sumar las más de 1.040 fundaciones que tampoco pagan IBI, el 80 % de las cuales son católicas y en las que se albergan negocios y empresas ya mencionadas. Unos dos millones al año. Según Europa Laica, las más de 1.280 propiedades de la Iglesia no sólo no abonan el IBI, sino que tampoco lo hacen con otros impuestos derivados de sus actividades u obras (el IVA sí que lo pagan desde una modificación a finales de los años 90). «Resulta muy complicado establecer una cifra, pero cerca de 16 millones de euros han dejado de ingresarse en los últimos cuatro años en la ciudad», indicó González.

En una ciudad como Barcelona, las exenciones fiscales, más los tributos no pagados por actividades económicas, podrían suponer anualmente los 90 millones de euros que suponen el total de la inversión en políticas de vivienda del Ayuntamiento de Ada Colau.

Y otro ejemplo en Badajoz…

¿Sabía usted que en el año 2014 el Servicio Extremeño de Salud ingresó mediante transferencia bancaria en las arcas municipales del Ayuntamiento de Badajoz 5,1 millones de euros correspondiente al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de los años comprendidos entre 2008 y 2012 de los centros salud y hospitales públicos que existen en la ciudad?. Un dinero considerable que sirve para aumentar los caudales del Ayuntamiento. ¿Cuanto dinero ha ingresado el Ayuntamiento de Badajoz por los hospitales religiosos etc … de Badajoz en concepto de IBI? Cero, cero patatero.

Europa Laica y las inmatriculaciones eclesiásticas

Desde el año 1996 la Iglesia católica ha registrado miles de propiedades por toda la piel de toro simplemente haciendo lo mismo que en la mezquita de Córdoba.

Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. Con esta operación la Iglesia a registrado miles de propiedades en los últimos años. Finalmente el Congreso de los Diputados aprobó un cambio en la Ley hipotecaria que acababa con ese privilegio de la Iglesia.

La Iglesia Católica y la emergencia habitacional

El informe de Europa Laica es contundente: la Iglesia católica es la mayor SOCIMI española, vitaminada por el Estado con la exención generalizada de impuestos o la vista gorda. La iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado HOY A ESTO SE LE LLAMA EXPOLIACIÓN DE LOS COMUNES por la nueva izquierda municipalista –. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro) (Ver Anexo III). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. (ver más en 1)

Sobre lo que queremos llamar la atención no es sobre la cantidad de propiedades que tiene la Iglesia. Es verdad que hemos empezado este documento mostrando el conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia comparable a sociedades financieras de la categoría de un Banco. No hemos mostrado las relaciones de poder que ha habido en nuestro país entre la Banca y la Iglesia – un ejemplo de los cuales ha sido el Banco Popular – porque el documento se haría interminable y se desviaría de su objetivo.  El conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia católica en España podríamos definirlo como “un común” pues es fruto de la acumulación primaria de capital y propiedades sobre la base de la gestión del sentimiento religioso de decenas de generaciones y de siglos.

Podríamos decir sin error, que es fruto del trabajo del pueblo “sin el pueblo“, es un patrimonio común que la misma iglesia muchas veces habla de ponerlo al servicio de los desamparados – oprimidos – en su propio lenguaje. Es cierto que hay excepciones en muchas de sus sociedades y órdenes religiosas en donde se antepone la ayuda al necesitado a las ansias de acumulación. Pero dejamos bien claro que eso, dada la magnitud societaria de la Iglesia y los enormes beneficios fiscales que recibe, es una gota en un océano de necesidades de sus feligreses y no feligreses para el común de los mortales.

¿Se imaginan las políticas de vivienda pública o social que se podrían hacer con los 11.000 millones de exenciones fiscales, sumadas a  los negocios no declarados y a las propiedades inmobiliarias usadas como emergencia habitacional? El Ayuntamiento de Ada Colau que reivindica los comunes, ejemplo de políticas sociales de izquierda, ha puesto en el último presupuesto conocido cerca de 100 millones en políticas de vivienda. Hagamos nuevamente la comparación:

11.000.000.000 comparado sobre 100.000.000

¿Se imaginan la bomba que supondría sobre el mercado libre de vivienda en España (98%) la puesta en marcha de semejante patrimonio sin tocar siquiera los derechos de propiedad de la Iglesia?

El Papa Francisco, como hizo Jesucristo, está clamando contra los mercaderes del templo que se han apoderado del mismo. La Iglesia católica española, su gran jerarquía, es hipócrita con sus postulados de pobreza. Su patrimonio sería una salvación tan grande como la expropiación de las viviendas que la Banca privada se ha apropiado de las familias con la crisis que ella misma ha generado para enriquecerse. Usar su patrimonio al servicio de los “desamparados” del país sería como devolver el PATRIMONIO DEL PUEBLO, LOS COMUNES, a sus legítimos poseedores sin expropiarlo.

Pero lo realmente punible de la jerarquía eclesiástica española, su dominio sobre su patrimonio, que no esta descentralizado en sus comunidades de base, es que hacen lo contrario de lo que defienden. ESE ES SU PECADO MORTAL.

Es peor que la banca privada pues de ella ya sabemos lo que se puede esperar – de los Botín, González, March, etc – . La mayor SOCIMI vitaminada del Estado español – la Iglesia católica – es aún más punible que cualquier otra SOCIMI creada por la banca infernal o los buitres del mundo entero.

En tiempos del PSOE de Zapatero se creó la legislación que permitiría años más tarde las exenciones fiscales y las tropelías actuales de las SOCIMI en los barrios de las grandes ciudades. Ya nos hacíamos eco en nuestro blog en el año 2009 (6). Think Tank de la socialdemocracia están detrás de estas “sociedades maléficas” que supuestamente fueron legisladas para crear el desastre que hoy conocemos aunque supuestamente debían ser el crisol de un verdadero mercado profesional del alquiler – libre por supuesto- en nuestro país (7).

Las SOCIMI son malas, sí, muy malas. El desastre que estamos viviendo actualmente en nuestras ciudades con los desahucios de alquiler es fruto de políticas preparadas desde hace tiempo por la izquierda oficial y los partidos del régimen del 78.

Lo que resulta chocante es que “la nueva izquierda comunal” que ha ganado los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y que reivindica “los bienes comunes” olvide el patrimonio de la Iglesia católica en sus postulados reivindicativos. ¿El patrimonio de la Iglesia no es tan comunal como el agua o la sanidad pública?

De hecho, el discurso de la nueva izquierda municipalista asimila SOCIMI a PP cuando los artífices de ese artefacto fue el gobierno de Zapatero en su desarrollo de los REIT (Real Estate Investment Trust) anglosajones en su primera legislatura. El loable estudio sobre vivienda vacía de las entidades financieras que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona se podría extender a las propiedades inmobiliarias de la Iglesía no fuera que desde el 1995 la jerarquía eclesiástica haya inmatriculado más propiedades terrenales de la cuenta en la ciudad condal. Ada Colau contará con todo nuestro apoyo.

¿Por qué el foco de la maldad se pone en las SOCIMI capitalistas que nacieron para lo que son y se deja de lado sin siquiera nombrarla a la mayor SOCIMI española – el patrimonio inmobiliario de la Iglesía católica, los comunes de siglos de acumulación – si su uso social ayudaría a reventar la burbuja inmobiliaria, al menos momentáneamente ?

Deberemos crear relato – que esta de moda -sobre este tema… nuestro blog ha abierto el melón!

salva torres

+++INFO COMPLEMENTARIA

  1. Opacidad y financiación de la iglesia católica. Informe 2015.
  2. La Iglesia posee 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI.
  3. La Iglesia no paga el IBI de más de 1.200 inmuebles pese a que solo el 18 % son de culto.
  4. Las injusticias del IBI y la Iglesia Católica.
  5. Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica.
  6. Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
  7. Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años..

+++ DATOS:

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La Historia de España explicada para los currelas que siempre perdemos

¿qué ha pasado y que pasa en nuestro país?
vaya tomadura de pelo!




Vivienda: el despilfarro de dinero público en Figueres ¿es moneda corriente en el país?

LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES

certifica que

… el Ayuntamiento de Figueres está llevando una política de gestión económica nefasta, negligente, de mala praxis e indiferente hacia los ciudadanos de Figueres, malgastando el dinero del erario público y dejando de lado los aspectos sociales básicos: de la vivienda, agua, gas, luz, alimentación, educación, sanidad … Incluso, en casos de emergencia social, los servicios sociales, no pueden ofrecer ninguna vivienda para alojar a ninguna familia ni a ninguna persona enferma, ni de la tercera edad … Sencillamente porque no existe.

El mismo Hospital de Figueres, cuando se encuentra en algún caso en el que necesitan de algún lugar para ubicar un paciente, se encuentra totalmente impotente, y los médicos ante esta carencia tan grave, no saben cómo resolverlo.

Según comunica el Sr. Oscar Verges, Regidor de Compromiso de Izquierdas por Figueras, en este municipio hay 783 pisos vacíos que provienen de ejecuciones hipotecarias y que están en manos de entidades financieras, y, nuestro Ayuntamiento, a pesar de tener todo el derecho y la obligación, no les imponen la tasa correspondiente por el uso anómalo de la vivienda aprobada en el año 2016, lo que desmotivaría a los grandes tenedores de tenerlos vacíos y, que al mismo tiempo, permitiría recaudar fondos para políticas sociales. Tampoco se adhieren a la ley de la Generalitat 24/2015 que permite la expropiación temporal de usufructo de viviendas vacías para dotar al municipio de un parque de viviendas para atender a las personas que están en situación de exclusión residencial.

El Ayuntamiento, este año pasado, se gastó 146.000 euros del dinero de los contribuyentes para atender la emergencia en el ámbito de la vivienda de la siguiente manera: en hostales 80.600 euros y en pisos gestionados por entidades privadas 65.500 euros, o sea que todo este gasto ha resultado un derroche totalmente infructuoso y deshonesto del erario público, ya que con esta cantidad el ayuntamiento hubiera podido alquilar unos 24 pisos, a una media de alquiler de 500 euros mes aproximadamente, ahorrando mucho dinero público, dotando al municipio de un parque de viviendas de alquiler social, todo ello, sin perder su obligación de no aliarse con el poder financiero y efectuar las medidas pertinentes para conseguir los pisos vacíos de los bancos. Estas medidas también facilitarían la posibilidad más económica de poder compartir piso a personas solas y aportaría una comodidad para las familias, imposible de obtener en una habitación de un hostal. Somos conocedores de que hay alguna familia con criaturas que lleva más de un año en una pensión y que para una familia numerosa nuestro consistorio llegó a pagar casi 6.000 euros mensuales entre la pensión y la comida durante un periodo superior a 6 meses, y éstos, tan sólo, son dos ejemplos de todas las insensateces cometidas por este consistorio.

Como no hay recursos para servicios sociales, ya que nuestro ayuntamiento les dota de un presupuesto totalmente insuficiente para poder ejercer su trabajo, la política que utiliza su dirección está más encarada a la represión, amenazas, indiferencia y negligencia, que intentar arreglar y prevenir los asuntos sociales y económicos de los ciudadanos figuerenses. “No podemos hacer nada” repiten como un mantra a las personas que acuden para intentar encontrar un apoyo a sus necesidades.

Algunos penosos ejemplos:

Las familias que reciben una prestación de 425 euros, por más miembros que hayan y criaturas, se les quita el Derecho a poder tener alimentos.

Hay personas que viven en Figueres y el consistorio se niega a empadronarlos, dejándolos sin Derechos ni sanidad pública e incumpliendo la ley especificada en el BOE número 71 del 24 de marzo de 2015, que obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos que viven en el municipio.

-El caso de una una chica de 18 años, muy enferma, que estaba durmiendo en la calle y que había ido a servicios sociales pidiendo ayuda porque había huido de su domicilio por malos tratos y, que en vez de haberla acogido rápidamente por apoyarlo, la “derivaron” en la sección de transeúntes de Cáritas, como si encontrarse con una adolescente que pasa fuera lo más normal del mundo … como Cáritas vive de ayudas y de subvenciones, tampoco se rompió la cabeza en analizar el problema de esta chica ni en dedicarle un momento de atención, y toda la ayuda que se les ocurrió hacer para un caso de esta magnitud, fue ofrecerle un bocadillo y la compra de un billete de vuelta a casa. Esperpéntico, pero cierto …

-El caso de una persona que no tenía electricidad y que servicios sociales le indicó que no se dirigiera a la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres para que esta entidad no le podría resolver su situación ya que no se podía hacer nada …, o sea, que la administración en lugar de enfrentarse al poder de las eléctricas y seguir la ley 24/2015 que prohíbe que ningún ciudadano se quede sin luz, se desentendieron de su obligación de informar y ocuparse del cumplimiento de la ley, mintiendo al respecto, e intentando que esta víctima de la pobreza energética hablara con la Tabla energética para que se quedara más indefenso.

Amenazas reiteradas a las personas que pertenecen a la Taula Energètica i de l’Habitatge, intentando atemorizarlas en retirarles las ayudas en caso de que continuaran formando parte de nuestra entidad.

No velar por la salud pública de los ciudadanos permiten que vivan en pisos en malas condiciones con humedades, hongos, vidrios rotos, espacios de 37 metros cuadrados con 5 personas dentro y no hacer nada al respecto aunque haya criaturas.

El Ayuntamiento de Figueres tiene un piso de propiedad para alojar los desahuciados, con criaturas, el cual está ubicado en un quinto piso de una escalera tenebrosa que no reúne los mínimos requeridos por la Cédula de habitabilidad: La escalera no tiene puerta, ni electricidad, los escalones están agrietados, el pasillo es estrecho y totalmente oscuro …, o sea que en el caso de un incendio podría haber una masacre.

Respecto al asunto de la pobreza energética, el ayuntamiento sigue incumpliendo su obligación de poner un servicio de información hacia los usuarios con vulnerabilidad económica, para explicarles que las compañías energéticas no pueden cerrarlos los suministros, y que , en caso de hacerlo, que deben denunciarlo a su ayuntamiento para que los protejan y obliguen a las empresas a devolverles el consumo de inmediato. Hace dos años de este ley y continúan mirando hacia otro lado

En resumen, en Figueres hay un gobierno que está empobreciendo, despreciando y usurpando, cada vez más, los derechos de los ciudadanos, priorizando los beneficios de las grandes empresas y entidades financieras.

La pregunta clave es: ¿Hasta cuándo los vecinos continuaremos permitiendo este ultraje?

FUENTE: http://www.laverdadincomoda.com/la-taula-energetica-i-dhabitatge-de-figueres/.


+++ INFORMACIÓN…




Anomalias observadas en un piso a Figueres-Girona que fue entregado en febrero del 2016 por Habitatge de la Generalitat de Catalunya

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Anomalies observades en un pis va que va ser entregat al febrer del 2016, per Habitatge de la Generalitat, al carrer Ponent, nº 36 a Figueres, sense ascensor, a una família composta per una dona, ara, embarassada i dues criatures de 9 i de dotze anys.

1-CUINA

Veiem que a la cuina, al safareig, té rovellada tota la finestra, a causa de l’aigua que cau del sostre quan plou.

2-MENJADOR

a)La finestra que dóna a la Terrassa no tanca bé.

b)La persiana està trencada.

c)Els vidres, com observareu, estan totalment esberlats, el que representa un perill de mort per a la família i sobretot, per als infants. Ja que en sortir o entrar els hi poden caure tots els vidres a sobre i degollar-los. Això s’ha produït pel fet que les finestres són molt senzilles i els marcs com es mouen poden trencar els vidres de poc espessor.

3-PORTES

Estan fetes de fullola prima i 4 llistons, com les de niu d’abella, però de mala qualitat. Una porta, que ja hi havia un furat abans, la van tapar amb pasta abans d’entregar el pis, però d’una manera totalment matussera. L’altra se’ls hi va trencar a ells per caure-hi una fusta a sobre.

4-PERSIANES

En dues finestres no n’hi ha. A les altres finestres que hi són, estan totes espatllades.

5-FINESTRES

Vidres de poc espessor. No tanquen bé i hi passa el fred i la calor tant pel marc com pels tapajuntes. Amb el fred regalimen aigua i mullen els llits impedint que s’hi pugui dormir. Les finestres i els muntants son d’una ínfima qualitat, no tenen pont tèrmic, i ni els vidres son dobles i no aïllen del fred i la calor.

6-HUMITATS

Al ser les parets fredes amb molt poc aïllament, les habitacions estan plenes d’humitat per la condensació del vapor de la respiració, de la cocció d’aliments a la cuina i el vapor de la dutxa i s’hi han fet fongs. Quan els hi van entregar el pis, van pintar les parets perquè no es veiessin els senyals, però han anat sortint i fins i tot cau la pintura a trossos de la paret i del sostre

7-LAVABO

Ens trobem també amb importants problemes de la humitat. Mireu la fotografia.

8-AÏLLAMENT:

Ja ho hem comentat. No n’hi ha.

9-DIPÒSIT D’AIGUA SANITARIA:

l’escalfador és petit i no te suficient aigua per poder-se dutxar tota la família.

11-TEMPERATURA:

En un dia d’hivern es va mesurar la temperatura i es va comprovar que:

A les 17:00 hores la temperatura del pis era de 9 graus. A les 22 hores era de 7’5 graus

Nota: La Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres ha anat enviant diversos escrits a l’Ajuntament, amb fotografies del pis, des del mes de gener del 2017 advertint-los del perill que suposa aquest pis per tot l’ exposat, i mostrant-los el risc de mort que hi ha amb el vidre del menjador. Hem demanat que hi anés un tècnic que revisés l’estat d’aquest habitatge, però fins ara no hem rebut cap resposta, el que constata la manca de responsabilitat de l’Ajuntament de Figueres cap a l’atenció ciutadana. Deplorable




denuncies de la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres

Els nens sense recursos. La carn de canó dels Serveis Socials.

La X és una dona que ha sofert molt a la seva vida. Dona divorciada amb dos fills, sense cap recurs econòmic. La van desnonar de la seva vivenda per no poder pagar-la. Li van entregar un pis de la Generalitat en un estat lamentable: huminats, geló a l’hivern, fongs, goteres… Vam demanar reiterades vegades que li arreglessin el pis per protegir els menors, no ens van fer cas, Serveis Socials quan anaven a casa seva li miraven a sota el llit per si de cas hi tenia un tresor amagat i li obrien la nevera. Hi anaven sense avisar-la per descobrir-la en un flagrant delicte… Ella, una dona pobra, amb dos fills al seu càrrec, a punt ja de parir, de fet pot ser aquesta mateixa setmana, es va atrevir a posar-se en contacte amb el Síndic de Greuges per explicar la situació del seu domicilii demanar empar per als seus fills i el que ha de néixer… La resposta va arribar el passat dimarts, quan la van citar de (EAIA) irònicament anomenada: Equip d’atenció a la infancia i adolescència per dir-li amb tota fredor, amb despotisme, sense cap jutge… que li “robarien” el seu fill al momento del part Que li arrabassarien dels seus braços i del seu pit al seu nadó amb el cinisme de dir que és per la protección del menor.
Aquesta dona és pobra i vulnerable, però en tot momento ha tingut cura dels seus fills, els ha portat nets, escolaritzats, al pediatra, estimats, sempre amunt i avall amb ells agafats de la seva mà. Quins tipus de botxins tenim a l’administració?
Aquesta és la millor lliçó per als pares que es troben en una situación d’angoixa i de vulnerabilitat económica perquè no s’atansin a serveis socials, perquè no es demanin ajudes. És un càstig a la pobresa, és la pitjor vilesa que pot caure l’administració, és una màfia…

FAMÍLIES DESTROZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN: EL ROBO IMPUNE DE LOS NIÑOS.

Mis padres se les ocurrió pedir ayuda económica a la Administración y ahí empezó la pesadilla y la destrucción de mi familia”, dice María, la denunciante. La joven ha estado cuatro años tutelada por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Este organismo ha retirado, desde enero hasta septiembre de este año, a 652 menores de sus familias.

María explica que una mañana dos trabajadores de la Administración y dos ‘mossos’ fueron a su casa y se la llevaron a ella y a sus hermanos. “Corrían por las habitaciones recogiendo ropa en sacos de basura. Lo más impactante fue el momento en el que separaron a mi hermano de 9 meses del pecho de mi madre”, relata.

Este es uno de los últimos testimonios que ha recibido la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo “contra el sistema de protección de menores de los servicios de bienestar social” que funciona en España. Y argumenta que, con la excusa de proteger a los niños, “se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal”. A esta iniciativa se han sumado otras tres entidades.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Familias a las que la DGAIA les ha retirado en Catalunya a hijos o nietos se han organizado en Barcelona para coordinar las acciones legales. Un grupo de madres ha constituido la Marea Turquesa, coordinada en Catalunya por Rosa Gómez, y junto a Stop Impunidad Maltrato Infantil en Catalunya (Simicat), liderada por Judith Martínez Velasco, se manifiestan un domingo al mes en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Gemma Lienas, diputada del Parlament por el grupo Catalunya Sí Que Es Pot, ha pedido explicaciones a la ‘consellera’ de Afers Socials, Dolors Bassa. Actualmente, y según la DGAIA, en Catalunya hay 6.500 menores en desamparo: 3.840 en acogida, 2.850 en centros tutelados y el resto en otros espacios.
El proceso por el cual se abre un expediente a una familia puede comenzar con una denuncia anónima de vecinos, alertas de hospitales y colegios o bien denuncias cruzadas en divorcios complicados. O por “pedir ayuda a los servicios sociales municipales o comarcales”, apunta Sílvia Giménez-Salinas, abogada de familia. Si se detecta que hay menores, la Administración enciende el foco.

Los argumentos para investigar a la familia son variados. Por ejemplo, que el niño lleva la misma ropa durante varios días, no va a clase o va con sandalias en invierno. Hay otras situaciones en las que la resolución de desamparo se argumenta así: “Precaridad económica. Actualmente en paro. Presenta inestabilidad laboral y falta de ingresos propios”, consta en un documento al que ha tenido acceso este diario. Lienas lo ratifica: “La mayoría de las retiradas son en familias con pocos recursos”. Pero también las han sufrido abogados, pediatras, ginecólogos o ejecutivos.

SIN JUEZ

La retirada de un menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo. “La familia es conocedora y en la mayoría de los casos acepta los desamparos”, argumenta Ricard Calvo, director general de la DGAIA. La decisión la toma un equipo técnico formado por un psicólogo, un pedagogo y un educador social. Es una resolución administrativa “sin garantías judiciales”, señala Giménez-Salinas. “No tienen ningún control. Si no desamparan al menor y le ocurre algo la responsabilidad es de ellos y de la DGAIA, pero si desamparan y no hacía falta no pagan por su error”, insiste Lienas.

Por eso, en la denuncia colectiva que prepara Aprodeme se reclama “revisar todos los casos dudosos” y que se cambie el sistema actual para que intervenga desde el principio un juez, cosa que solo sucede cuando la familia quiere recuperar al menor. El abogado Enrique Vila, que coordina la denuncia de las familias de los menores, es contundente: “La retirada de un niño de su familia solo debe producirse en situaciones extremas, si el menor corre peligro físico o psíquico, y no siempre es así”.

RETIRADAS EN LA CALLE

“Los Mossos retiran a los niños en colegios y la familia se entera cuando va a recogerlos o en la guardería como le sucedió a C.S. La separación también se produce en plena calle o en el hospital donde está ingresado”, afirma Giménez-Salinas. Esto le ocurrió a C.C. con su hijo de 7 años. Vila concluye: “Procuran no ir a la casa porque precisan orden judicial”. A veces, se cita a la familia en servicios sociales. “Te dicen que no hagas dramas y el niño se queda con ellos”, afirma Rosa Goméz, que lleva 6 meses separada a la fuerza de su hijo Damià. Calvo afirma que la media para que un niño regrese a casa se sitúa entre de 2 y 3 años. Aunque hay ocasiones en las que la recuperación del menor se produce cuando este cumple 18 años, fecha en la que Administración los deja en la calle.

Francisco Cárdenas recuerda con una tristeza infinita cómo se llevaron a su hija preadoptiva. Fue el 12 de marzo del 2009 y no la ha vuelto a ver. “Me citaron en los servicios sociales del Paral·lel. Mi hija tenía 3 años y medio. Me acuerdo de que le había puesto un vestido blanco. Entré con mi hija y salí sin ella”, cuenta. “Sentí como si hubiera pasado un autobús y se la hubiera llevado”, dice. Su caso está en el Tribunal de Estrasburgo. “Quiero que siga con su familia actual, solo pido explicarle que yo no la abandoné, que me la quitaron”, dice. Cárdenas piensa cada día en ella: “No una, sino mil veces, pero su recuerdo ya no me produce dolor. Es un pensamiento positivo porque la sigo queriendo”.

A partir de la retirada del niño, se comunica la resolución a la familia. “La medida es temporal y revisable anualmente. Cuando la familia ha cumplido el programa individualizado que se le pone recupera a los niños”, apunta Calvo. El menor puede ingresar en un centro de la Generalitat, vivir con una familia de acogida o con parientes cercanos. Mientras dura el proceso, la familia no suele ver a sus pequeños y si lo hace es como, cuando y donde deciden los técnicos. El lugar es el llamado Espai de Visitas d’Infants i Adolescents. Aquí padres e hijos se ven durante un corto espacio de tiempo, pero siempre vigilados por un técnico. Rosa Gómez explica en una de las visitas le recriminaron que su hijo le hablara al oído. “Tiene miedo de decir cosas”, apunta.
TERESA PÉREZ / BARCELONA


Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal

Canal Parlament|Parlament de Catalunya

 




Estrategias y retos políticos y sociales del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Estrategias organizativas frente a los retos políticos y sociales que afronta el Sindicato de Inquilinos de Barcelona

por Salva Torres, activista de la Asociación 500×20



De aquellos polvos, vienen estos lodos.

Llevamos medio año largo desde el inicio de las primeras reuniones celebradas con el objetivo de construir el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Por parte de nuestra Asociación, la organización de los inquilinos ha sido siempre uno de los retos más importantes. En los años del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando todos los focos mediáticos mostraban el naufragio hipotecario, éramos de las escasas voces en la conurbación de Barcelona que prestamos apoyo a los inquilinos dentro de la defensa del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

Realizábamos una lucha unitaria que continuamos practicando hoy en día en la defensa de los hipotecados en riesgo de perder su vivienda, pero también del precariado que se las tiene que ver con la propiedad, los de las habitaciones alquiladas y de la ciudadanía en general que ocupa pisos viviendo en un estado de angustia permanente.

Desde 1985, cuando la LAU –Ley de Arrendamientos Urbanos- del ministro Boyer acabó con la protectora ley franquista de alquileres de renta antigua, las sucesivas reformas legislativas, basadas en la persecución del “inquilino moroso profesional” destruyeron la seguridad del alquiler. Estas reformas siempre venían acompañadas de un discurso hipócrita sobre “el fomento del alquiler”. En realidad, ocurría lo contrario: en 2009, nuestro país llegó a tener el récord mundial del 90,1% del parque de vivienda en régimen de propiedad (*1). Este “estreñimiento” record del mercado de alquiler, acompañado de la contrarreforma legislativa en el Estado español, tornó imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino debido a la total desprotección jurídica del mercado. La propiedad se convertía en una dictadura mientras los contratos de alquiler son como una vaca lechera de la que se extraen rentas del desvalido inquilino de manera profesionalizada (*2). Asimismo, el discurso del “fomento del alquiler” permitía y continúa permitiendo que las ayudas fiscales a la propiedad multipliquen por 30 a las recibidas por los inquilinos (*3).

Así pues, no es de extrañar que en aquellos días “de vino y rosas” todo el mundo entendiera que era “mejor comprar una casa que tirar el dinero alquilando”. La LAU, junto a la VPO –vivienda de protección oficial-, ambas bendecidas por PPsoe+CiU+PNV y ahora C’s, fueron las incubadoras de la sociedad de los propietarios y de la burbuja inmobiliaria. La derogación de la LAU es pues imprescindible para desmontar esta “leyenda urbana” y lograr que por fin se tambalee este arraigado principio ibérico.

Podemos afirmar pues sin margen posible de error que la LAU y la LEC –Ley de Enjuiciamiento Civil- se han convertido en los instrumentos para desalojar a nuestro vecindario pobre intercambiándolo, en un proceso brutal de gentrificación, por ricos compradores de segundas o terceras residencias así como por turistas que acuden en masa al Hub global en el que está inmersa Barcelona. “De aquellos polvos vienen estos lodos” donde la ley neoliberal –LAU- permite negocios rápidos y jugosos que nutran la voracidad de los inversores extranjeros, cuyos caudalosos flujos especulativos casi igualaron en 2015 el total del presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad.

Dos apuntes más: desde el punto de vista residencial, Barcelona no es una ciudad europea. El mercado regulado, es decir, el parque de vivienda de titularidad pública, no llega al 1% de las 820.000 viviendas totales en una de las ciudades del Estado con el porcentaje más alto de alquileres: 32%. Y esta ridícula cantidad de vivienda pública las convierte en guettos -como denuncian muchas de las comunidades de inquilinos a las que hemos dado apoyo estos años. Esta gestión de la vivienda, por parte del PMHB –Patronato Municipal de la vivienda- y del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, ha ayudado a la mala imagen de las viviendas sociales y a la gentrificación de la ciudad.

Volviendo a las cifras, si sumamos a las poco más de 6000 viviendas del PMHB los llamados pisos sociales propiedad de los bancos, Iglesia Católica y particulares de la Bolsa de vivienda social llegamos a duras penas al 1,5%. Conclusión: el 98% de los contratos de alquiler se negocian en el mercado libre en la Ciudad Condal.

Un segundo apunte: sin una radiografía exacta del reparto de la propiedad inmobiliaria en toda la ciudad entre las 820.000 viviendas que la componen, será difícil desplegar las medidas legislativas más adecuadas que necesita la ciudad. Todo hace pensar que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ha iniciado tímidamente un mapa de viviendas vacías. Insisto: viviendas vacías; no hablamos pues de un verdadero mapa de la propiedad inmobiliaria. Es una vergüenza, después de 40 años de “democracia”, en uno de los países donde la propiedad inmobiliaria tiene un peso más importante en la economía, que no haya un censo cruzado de la propiedad. Quizás es la manera de enmascarar el fraude sistemático de los rentistas sobre los impuestos directos a la riqueza (fraude en el que han colaborado las sucesivas administraciones). Sin conocer la radiografía inmobiliaria, me atrevo a afirmar que una buena parte de la propiedad está en manos de pequeños propietarios. Pero esta nueva burbuja inversora que vivimos actualmente concentrará la propiedad en unas pocas SOCIMIS, nacidas legislativamente al calor de esta burbuja en ciernes, de las manos del PPsoe. (*4)

Enriquecidos, subvencionados y defraudadores.

Este subtítulo no está pensado para ser efectista sino para focalizar el objetivo real contra el que luchamos los inquilinos de Barcelona.

Una gran parte del dinero se crea en la ingeniería financiera, no en la economía productiva, en un proceso que los economistas clásicos denominan “ingresos no ganados por el trabajo sino por la posesión de un título”. Más del 70% de los préstamos bancarios son al sector inmobiliario y a los bienes raíces –Real State-. El valor de un edificio de viviendas u oficinas vale el montante de lo que el banco está dispuesto a financiar. Y son los bancos comerciales los que determinan la cantidad de crédito y la oferta monetaria circulante –y no el Banco Central Europeo, como afirma falazmente la teoría convencional.

La Reserva Federal y después el BCE han creado en los últimos años de la nada miles de millones de euros –Quantitative easing- comprando activos inmobiliarios y deuda pública a la banca para ayudarla a vaciar sus balances de los activos tóxicos acumulados tras la crisis. Se trataba de “enriquecer a las entidades financieras con dinero fresco”.

Este programa de compra masiva de deuda titulizada del BCE –no es un préstamo con interés que se hace a la banca, sino que es el propio BCE el que está comprando deuda de la banca privada- es lo que ha permitido a la banca, con esta colosal cantidad de dinero en la hucha, lanzarse a la compra masiva de bienes raíces (*5) mediante sus fondos buitres radicados en paraísos fiscales.

Primero llegaron los Blackstone (Anticipa Real State) desde USA –inventores del Quantitative Easing- y después todos los fondos de inversión establecidos en el paraíso fiscal de Luxemburgo que desembarcan en Barcelona comprando la “morralla” hipotecaria, edificios enteros, hoteles, centros comerciales…

Y no dejamos de lado las SOCIMIS (*6) españolas participadas por la banca casi al 100%. Este monstruo determinará la clase de economía que habrá en la ciudad en los próximos años. Son los que crean el dinero, los que dicen quién tiene acceso al crédito y que es lo que no lo tiene. Aunque con cierto retraso, nuestros conciudadanos más adinerados se apuntan después a la fiesta. Y no olvidamos tampoco a los turistas, que en el delirio inversor son los convidados de piedra que llegan con el low-cost como muchos de nuestros compatriotas hacen en otros lugares. Los turistas no son la causa sino el resultado de un plan trazado desde hace años donde capitales, inversiones, leyes y empresas se unen para expulsar a la gente y hacerse con el control de todo el valor histórico y monumental de la ciudad, robándonos así el valor intangible de Barcelona, únicamente para monetizarla y venderla mejor.

Como el 98% del mercado de alquiler en la ciudad es libre, sin restricciones, está abonado el terreno para que el proceso de expulsión del vecindario más pobre se haga realidad con la finalización de los contratos. A pesar de ello, las enormes ventajas fiscales que tienen los propietarios sirven para justificar el discurso hipócrita del “fomento del alquiler” de manera que los propietarios físicos y jurídicos –SOCIMIS- están subvencionados en todos los conceptos: gastos, mantenimiento…Lucrándose además al aplicar una amortización anual de su propiedad.

La medida que se quiere introducir en el “Pla estatal de Vivienda 2017-20” (7*) de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900, si son jóvenes- ni siquiera es aplicable a ciudades como  la nuestra. Las ayudas al alquiler para familias sin recursos son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo. ¡Que no nos vengan con excusas!

Además son inflacionistas, los propietarios saben perfectamente quién las puede cobrar (*8). Las conceden las comunidades autónomas y el inquilino no llega siquiera a ver el dinero para evitar que lo pueda “malgastar” en comida. El PP criticó al PSOE cuando aprobó las ayudas a la emancipación de jóvenes pero, como todo hace pensar, este plan estatal se aprobará con 28 votos a favor y 8 abstenciones como señala El País en su noticia. ¿Cómo es posible que la izquierda no haya votado en contra de la Comisión? (*9).

A pesar de las descomunales ventajas, el fraude fiscal en el mercado del alquiler es enorme sobre todo entre el pequeño propietario. Damos fe de lo que dicen los portavoces de GHESTA –sindicato de los inspectores de Hacienda- que explican como año tras año la ocultación de alquileres supera los 3000 millones de euros. Muchos de los desahucios de inquilinos que nos llegan a la Asociación son de contratos no declarados porque la fianza no está registrada. ¿Por qué no se subvenciona el alquiler en el IRPF? La desgravación fiscal al inquilino es opaca para la propiedad y, al mismo tiempo, delata a los defraudadores cuando se cruzan los descuentos de los inquilinos y la declaración de la renta de los propietarios.

Un momento dulce de la movilización social por los derechos de los inquilinos

 La situación se ha agravado en toda Barcelona no sólo por la subida desmesurada de los precios y la enorme cantidad de desahucios de inquilinos y precarios. También han desaparecido los carteles de alquiler de habitaciones en los locutorios, un desesperado refugio habitual para muchas familias y ciudadanos en graves dificultades. Finalmente, el estreñimiento de la oferta de alquiler en todos los segmentos (vuelve a ser de nuevo rentable la venta) hace muy complicada la gestión de los 44.000 contratos de alquiler que, como media, se renuevan cada año en la ciudad. En los barrios más periféricos no podemos dejar de recordar la gran bolsa de viviendas ocupadas por hogares que no tenían otra alternativa que vivir guarecidos.

Lo que nuestra asociación no consiguió a lo largo de los años de la burbuja, ahora es posible por el cúmulo de circunstancias sobrevenidas y explicitadas en este documento. Con este panorama, la llegada de los “millenials” –la generación del NO CREDIT NO DEBT- y las especiales circunstancias del turismo en ciertos barrios han hecho surgir la idea de la defensa de los inquilinos. La constitución hace unos días del Sindicato de Inquilinos, en el cual estamos implicadas varias entidades, hará dar un salto cualitativo en el planteamiento del problema a toda la ciudad. Pero no nos será nada fácil puesto que el marco legislativo no permite muchas  alegrías. Tendremos que trabajar por la denuncia de que casi todos los contratos de alquiler son en realidad abusivos puesto que son de adhesión y muchas cláusulas que contienen también son abusivas. Pero será el trabajo barrio a barrio, calle a calle, el que permitirá la autoorganización de los inquilinos sobre problemáticas que muchas veces son diferentes entre barrios como el Raval, con una presión turística brutal, o la zona norte de la ciudad, con el índice más alto de desahucios de la ciudad y del país.

Estamos hablando entonces de la territorialización de la lucha pero también de la personalización, del conocimiento mutuo, etc. El sindicato tendrá que convivir pues con una estructura centralizada que permita aunar fuerzas pero al mismo tiempo sume las sinergias que en cada barrio generamos las organizaciones conocedoras del tejido asociativo y de las complejas tramas urbanísticas y habitacionales que genera la conurbación barcelonesa.

Éstos serían pues, en mi humilde opinión, los retos organizativos del Sindicato de Inquilinos: estructura centralizada, consejo de entidades de apoyo, territorialización de la lucha, sinergias transversales y verticales entre los barrios, las entidades y el sindicato. Nadie se ha de disolver porque haya llegado el Sindicato. El Sindicato de Barrio del Poble Sec ha hecho una acertada aproximación de conjunto en esta infografia de Barcelona.

batalla habitabilidad barcelona

 

Hay un reto más que quería dejar para el final. La creación del Sindicato no puede convertirse en un instrumento para separar a la ciudadanía en problemáticas diferentes en función del tipo de acceso a la vivienda: hipotecados, inquilinos y okupas. Lo que ha demostrado esta crisis es que un hipotecado puede convertirse en inquilino y después en okupa. Ni podemos permitir episodios en los que hipotecados hacen contratos ilegales a inquilinos que les pagan los recibos de la hipoteca ni tampoco la criminalización de la okupación o el desahucio de familias residentes en habitaciones o infraviviendas. Todo esto lo tendremos que combinar con un trabajo de presión y acompañamiento barrial con el sistema de los Servicios Sociales y emergencias municipales que permita el mejor tratamiento posible a los hogares en riesgo habitacional. El mapa elaborado por el Poble Sec muestra una rica complejidad que no puede ahogarse en una estructura vertical demasiado centralizada en el Sindicato ni olvidar que las asociaciones de vecinas y muchos casales de barrio son centros que ayudarán en la tarea de la lucha por la vivienda digna en Barcelona.

 

El manifiesto fundacional del Sindicato de Inquilinos es lo suficientemente genérico para que se permitan interpretaciones diferentes que puedan convivir. Pero la indefinición también puede ser un peligro a medio plazo. Tendremos que bregar con las diferencias, avanzar discutiendo, divergiendo y que al final ganen las mayorías de afiliados.

Y, como decía un tuit reciente: “Creemos que la labor de los sindicatos de inquilinas deben transcender de la de simples lobbies. (*10)


(1) López, Isidro – Rodríguez, Emmanuel, (2010), Fin de ciclo, Madrid -España, Traficantes de Sueños… pg.238 reseña 23

(2) Como en todas las generalizaciones ahí excepciones: conocemos propietarios que son conscientes de la función social de la (3) Salva TORRES, 2016, Las ventajas fiscales para los arrendadores, 500×20.prouespeculacio.org
(4) Salva TORRES, 2016, Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto, 500×20.prouespeculacio.org
(5) Europa Press, El balance del BCE rompe la barrera de los 4 billones de euros, Publicado 05/04/2017.
(6).Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(7) lamoncloa.gob.es Plan estatal de Vivienda 2017-20.
(8) nadaesgratis.es, Problemas del Nuevo Plan Estatal de Vivienda.
(9) elpais.com, El próximo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 busca impulsar el alquiler.
(10)


Manifiesto

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Estado policial contra la ocupación

20 familias ocupan viviendas en Madrid

Desde hace ya muchos años se viene ejecutando una campaña orquestada contra la ocupación y los ocupas mismos.
Esta campaña no es casual ni espontánea ni tienes fines nobles, sino bien espurios. La vivienda se viene empleando por la clase dominante como medio de explatación de la clase subalterna, obligando a pagar un elevado sobreprecio por alquileres e hipotecas. Sin embargo, este cerco no está completamente cerrado aún, tiene una vía de escape que es la ocupación. Por eso quieren acabar con ella.
La ocupación es la principal arma de la clase trabajadora en su lucha por el derecho a la vivienda. La ocupación es al derecho a la vivienda lo que la huelga es al derecho al trabajo. Con ella el ocupa tira a la baja de los sobreinflados precios de alquileres e hipotecas. Por tanto, su lucha beneficia al conjunto de la sociedad, incluso a aquellos que les rechazan porque se han dejado lavar el cerebro por efecto de esa demagógica campaña en su contra.
Con esta campaña a fuerza de repetirla quieren convertir en verdad la mentira que la ocupación es ilegal. Sus promotores creen que su admirado Goebbels tenía razón al afirmar que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pero la cruda realidad es que la mentira tiene la patas muy cortas.
La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC establece la adquisición de la propiedad por prescripción y los artículos 1957 y 1959 CC los requisitos en el caso de inmuebles. Esto es lo que se llama la usucapión, término que si alguno le suena a latín ya le habrá dado una pista para saber que este modo de adquirir la propiedad es tan antiguo como los romanos.

La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC.

Lo anterior no va en contra del derecho a la propiedad ni deja desprotegido a los propietarios, pues estos disponen de suficientes medios en el ordenamiento jurídico para proteger su propiedad. Por ejemplo los apartados 2º, 4,º y 7º del artículo 250.1 LEC que establecen procesos sumarios para recuperar la posesión en el menor tiempo posible. Si la Administración de Justicia estuviera bien dotada de medios personales y materiales como para resolver los procesos en tiempo razonable, los propietarios podrían recuperar la posesión en breve plazo y las ocupaciones solo prosperarían en el caso de inmuebles a los que sus propietarios han renunciado.
La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación. La ocupación solo se refiere a inmuebles en desuso, o dicho más claramente desocupados mientras que el allanamiento de morada tiene que ver con las viviendas habitadas. Sabedores que la entrada en viviendas habitadas ajenas no puede causar más que repulsa, estos charlatanes insisten en confundir a la gente para que crean la ocupación es o incluye el allanamiento de morada, cuando nada tiene que ver con ello. Para hacer creer a gente fácilmente manipulable que mientras están fuera de su casa en sus quehaceres diarios o de vacaciones, pueden encontrar a la vuelta sus casas “ocupadas”. Si eso sucediera no estaríamos ante una ocupación, sino ante un allanamiento de morada y la Policía podría desalojar e incluso detener a los allanadores de la morada, que no ocupas, pero lo que sin duda si haría es desalojarlo.

La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación.

Otra de las mentiras de la campaña contra la ocupación es que los ocupas son unos vividores. Suelen ir acompañada de la mentira que ocupan casas de lujo. La mentira sobre su condición de vividores es similar a la mentiras sobres los trabajadores en paro que tienen que soportar que se les califique de gandules y se les diga que si no tienen trabajo es porque no quieren, porque el que busca trabajo encuentra. O sea que lo del paro es un cuento. Al parecer el que exista gente que no pueda pagarse una vivienda de alquiler o compra también debe ser un cuento.

Pues bien, yo no he conocido ningún ocupa de estos vividores, todos los que conozco son personas que no tenía otro medio de conseguir una vivienda. Pero si conociera a alguien que pudiendo pagarse una vivienda optase por ocupar no le reprocharía nada sino que le aplaudiría porque la ocupación es una lucha, una lucha por el derecho a la vivienda, y la gente que tiene suficiente dinero para vivir e incluso para malvivir suele rehuir la lucha. En cuanto a lo de las casas de lujo, no he visto a ningún ocupa en una casa de lujo. Y quienes les acusan de tal cosa no saben lo que es una casa de lujo, ¿cómo iban a mantener una casa de lujo? Para mantener una auténtica casa de lujo hay que ser rico y no conozco a ningún ocupa rico. Lo que si he visto es ocupar casas grandes y nuevas. Y me parece bien, porque eso significa que se considera una persona digna y que por ello no va a ocupar un cuchitril, sino la mejor casa posible.

El asedio a la ocupación no se limita a la propaganda, sino que existe una activa guerra sucia por parte de jueces corruptos y policías corruptos, que sistemáticamente privan de sus derechos a los ocupas. Son de lo más normal las prevaricaciones favorables a los propietarios en pleitos que legalmente deberían ganar los ocupas. Son muy habituales también los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por iniciativa propia de policías que integran una suerte de escuadrones de la muerte antiocupación.

De la enésima y una de las últimas escaramuzas de esta guerra sucia contra la ocupación ya hemos hablado en anteriores entradas: La ocupación no es ilegal y La ocupación tiene la culpa de todo. Pero tenemos que volver a hablar porque los propagandistas de este sucio ejército irregular contra la ocupación, han decidido que aún se podía exprimir más para sacar otro libelo.


La situación de la ocupación en el pueblo de Calafell

En sus tres primeros párrafos se dice que el Ayuntamiento de Calafell va a instaurar un Estado policial contra la ocupación. Aunque quienes conocen Calafell dirán que no es que lo vayan a instaurar porque ya existe desde no se sabe cuantos años, sino que el Estado policial calafellense va a ampliar sus actividades al tema de la ocupación. Como todo Estado policial entre los miembros de sus cuerpos represores no solo se encuentran policías y ejército sino también una red de civiles que actúan de espías, delatores y chivatos. Por eso la primera medida del jefe del Estado policial calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, ha sido una llamada a los ciudadanos que quieran integrar este cuerpo de chivatos. Y por lo que cuenta en estos primeros párrafos parece que ser que ha tenido éxito.

Los Estados policiales suelen reprimir actividades y suprimir libertades a los ciudadanos que en otros Estados no tan autoritarios,  parecen normales. Esta premisa también se da en el Estado policial calafellense antiocupación. Pues la ocupación no es ilegal y por tanto al impedir a los ciudadanos ocupar viviendas esta perpetrando los delitos de coacciones y de organizacion criminal. Por ello el Estado policial calafellense es además un Estado criminal.

Además de a ciudadanos individuales, el jefe del Estado policial y criminal calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, también ha pedido la colaboración en su guerra sucia contra la ocupación a dos supuestas asociaciones de defensa del derecho a la vivienda con presencia en su territorio, la PAH y 500×20 Costa Daurada. En el último párrafo del libelo se dice que a esta última le ha faltado tiempo para atender la petición del Caudillo de Calafell y ofrecerse con entusiasmo para ello. Los que la conocemos ya sabíamos que es una falsa asociación de defensa del derecho a la vivienda y de su servilismo hacía el Caudillo de Calafell. Así que no nos ha sorprendido en absoluto. Es una gran fichaje para el Estado policial y criminal calafellense, porque ¿qué mejor arma contra el derecho a la vivienda que una asociación que supuestamente defiende el derecho a la vivienda? Esto lo entendió muy bien la Banca cuando decidió crear la PAH para convencer a los hipotecados que lo mejor era entregar sus viviendas a la Banca en lugar de luchar por ellas.

Estos quintacolumnistas de 500×20 Costa Daurada aprovechan para arremeter contra los ocupas a que se refiere esta noticia del mismo medio de lavado de cerebros de masas. Esta familia es una más de las muchas familias a las que al estallar la actual crisis, el Estado español gobernado por el PSOE y el PP dejo tiradas, es una de las muchas familias desahuciadas en la gran estafa hipotecaria al no poder continuar pagando su préstamo. Después de eso alquilaron una vivienda, hasta que ya no pudieron pagar más. Entonces ocuparon una vivienda usurpada por un banco, es decir, en el Registro de la Propiedad constaba como propietario un banco. Este banco les denunció por usurpación, delito del fueron absueltos. La vivienda lleva más de tres años en su posesión y por tanto, legalmente no se les puede privar de su posesión. Unos aprovechados que dicen ser los propietarios de esa vivienda, pero que en absoluto lo son, compraron al banco usurpador la vivienda a bajo precio por el hecho de estar ocupada y a sabiendas que estaba ocupada. ¿Pueden explicar estos traidores de 500×20 Costa Daurada porque están en contra de esta familia? No es necesario, simplemente porque están al servicio del poder y en contra del derecho a la vivienda como colaboracionistas.


José Angel GALLEGOS




La ocupación tiene la culpa de todo

La manera en que la venerable La Vanguardia cuenta esta noticia es otro ejemplo de la manipulación que la sistemática campaña contra la ocupación y la caza de brujas contra los ocupas conlleva.

Si la casa hubiera sido propiedad de los heridos o estos fueran los inquilinos, ¿hubieran titulado Dos heridos graves tras una deflagración en la casa de su propiedad, o Dos heridos graves tras una deflagración en la casa alquilada? Entonces, ¿por qué destacan el hecho que la casa fuera ocupada?

¿Para aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, relacionar ocupación con drogas? Si la casa hubiera sido de propiedad o alquilada, ¿aprovecharían esta circunstancia para relacionarla con el mundo de las drogas? Muy probablemente no, porque no existe ninguna campaña contra el alquiler ni la propiedad de la vivienda.

Si leemos la noticia con atención descubrimos que el hecho de la ocupación no tiene ni conexión ni relevancia con el hecho de la noticia, que es la explosión de productos químicos durante el proceso de elaboración de drogas. Para el caso hubiera dado igual que la casa fuera de su propiedad o alquilada.

Pero no todo es negativo, pues al menos no han incurrido en la mentira tan habitual de afirmar que la ocupación era ilegal. No puede serlo de acuerdo con el artículo 609 CC.