La Historia de España explicada para los currelas que siempre perdemos

¿qué ha pasado y que pasa en nuestro país?
vaya tomadura de pelo!




una bebè de 16 mesos no està vacunada perquè Ajuntament de Figueres nega l’empadronament a la família.

Que en el mes de novembre del 2017, vam denunciar que una família amb una bebè de 16 mesos i, amb total vulnerabilitat econòmica, que necessitaven menjar, roba…, però, sobretot, vacunes per a la criatura, que no les hi havien posat a l’Hospital, per no estar empadronats, havien anat a Serveis Socials de Figueres i no els van voler atendre perquè no estaven empadronats i que els van fer fora.dient-los que no els ajudarien en res. Seguidament, van anar a Cáritas “Diocesana” que els hi van comunicar que tampoc no podien fer res per ells ja que només ajudaven la gent que estava empadronada, suposem que l’administració no els deu subvencionar si no és en el cas de persones empadronades S’entén que per Cáritas els interessos econòmics primen més que l’ajuda a les persones. O sigui que L’administració es va mostrar totalment indiferent als requeriments bàsics per a poder sobreviure una criatura que va quedar totalment desemparada tant per serveis socials com per Cáritas.

La nostra entitat va demanar auxili al Síndic de Greuges, el qual es va posar en contacte amb l’administració demanant un informe d’aquesta família. Avui hem rebut una comunicació del Síndic que diu que ja ha passat el termini de temps legal perquè l’administració respongués al seu requeriment, però que malgrat tot, no havien rebut cap contestació de l’Ajuntament.

Ens hem trobat moltíssimes vegades amb la negativa de l’Ajuntament de Figueres d’empadronar a persones, deixant-les en un estat de total desempar i incomplint la llei establerta sobre l’empadronament notificada en el BOE número 71 del 24 de març del 2015 que diu:

El Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio, incluso en ausencia total de techo…
…Se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y por otro que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida por los servicios sociales correspondientes.
Los servicios sociales indicarán la direccción que debe figurar en la inscripción padronal y se comprometen a intentar la práctica de la notificación de una comunicación de alguna administración pública..
En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los servicios sociales: la dirección del propio servicio, la del albergue, la del punto geográfico donde este vecino suele pernoctar…

A hores d’ara, aquesta família encara no està empadronada. o sigui que tenim a Figueres, una família amb una bebè que no tenen dret a la Sanitat Pública i que l’administració, a més d’incumplir amb la llei dels Drets humans i dels infants, infringeix la llei establerta sobre els empadronaments.

Aquest Ajuntament està actuant des de fa molts anys amb una manca d’ètica, desídia, insensibilitat i indiferència escandalosa davant de la pobresa dels seus ciutadans No informant-los dels seus drets, no fent cap política per reduir la pobresa, no multant els bancs que tenen pisos buits per poder fer un parc d’habitatges, no tenint un alberg en condicions per poder donar allotjament als transehunts, no posant recursos suficients per serveis socials, no fent conìxer la llei 24/2015 de l’Habitatge i de la pobresa energètica, incomplint les lleis…

Aquesta informació va estar enviada per escrit, en el seu moment, tant a la CUP com a Compromís d’Esquerra. L’oposició no hauria de permetre que el consistori vulneri els Drets humans sistemàticament. Fa falta uns partits polítics socials i activistes que denunciïn i impedeixin les injustícies socials.


+++ MÉS INFORMACIÓ+++




Vivienda: el despilfarro de dinero público en Figueres ¿es moneda corriente en el país?

LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES

certifica que

… el Ayuntamiento de Figueres está llevando una política de gestión económica nefasta, negligente, de mala praxis e indiferente hacia los ciudadanos de Figueres, malgastando el dinero del erario público y dejando de lado los aspectos sociales básicos: de la vivienda, agua, gas, luz, alimentación, educación, sanidad … Incluso, en casos de emergencia social, los servicios sociales, no pueden ofrecer ninguna vivienda para alojar a ninguna familia ni a ninguna persona enferma, ni de la tercera edad … Sencillamente porque no existe.

El mismo Hospital de Figueres, cuando se encuentra en algún caso en el que necesitan de algún lugar para ubicar un paciente, se encuentra totalmente impotente, y los médicos ante esta carencia tan grave, no saben cómo resolverlo.

Según comunica el Sr. Oscar Verges, Regidor de Compromiso de Izquierdas por Figueras, en este municipio hay 783 pisos vacíos que provienen de ejecuciones hipotecarias y que están en manos de entidades financieras, y, nuestro Ayuntamiento, a pesar de tener todo el derecho y la obligación, no les imponen la tasa correspondiente por el uso anómalo de la vivienda aprobada en el año 2016, lo que desmotivaría a los grandes tenedores de tenerlos vacíos y, que al mismo tiempo, permitiría recaudar fondos para políticas sociales. Tampoco se adhieren a la ley de la Generalitat 24/2015 que permite la expropiación temporal de usufructo de viviendas vacías para dotar al municipio de un parque de viviendas para atender a las personas que están en situación de exclusión residencial.

El Ayuntamiento, este año pasado, se gastó 146.000 euros del dinero de los contribuyentes para atender la emergencia en el ámbito de la vivienda de la siguiente manera: en hostales 80.600 euros y en pisos gestionados por entidades privadas 65.500 euros, o sea que todo este gasto ha resultado un derroche totalmente infructuoso y deshonesto del erario público, ya que con esta cantidad el ayuntamiento hubiera podido alquilar unos 24 pisos, a una media de alquiler de 500 euros mes aproximadamente, ahorrando mucho dinero público, dotando al municipio de un parque de viviendas de alquiler social, todo ello, sin perder su obligación de no aliarse con el poder financiero y efectuar las medidas pertinentes para conseguir los pisos vacíos de los bancos. Estas medidas también facilitarían la posibilidad más económica de poder compartir piso a personas solas y aportaría una comodidad para las familias, imposible de obtener en una habitación de un hostal. Somos conocedores de que hay alguna familia con criaturas que lleva más de un año en una pensión y que para una familia numerosa nuestro consistorio llegó a pagar casi 6.000 euros mensuales entre la pensión y la comida durante un periodo superior a 6 meses, y éstos, tan sólo, son dos ejemplos de todas las insensateces cometidas por este consistorio.

Como no hay recursos para servicios sociales, ya que nuestro ayuntamiento les dota de un presupuesto totalmente insuficiente para poder ejercer su trabajo, la política que utiliza su dirección está más encarada a la represión, amenazas, indiferencia y negligencia, que intentar arreglar y prevenir los asuntos sociales y económicos de los ciudadanos figuerenses. “No podemos hacer nada” repiten como un mantra a las personas que acuden para intentar encontrar un apoyo a sus necesidades.

Algunos penosos ejemplos:

Las familias que reciben una prestación de 425 euros, por más miembros que hayan y criaturas, se les quita el Derecho a poder tener alimentos.

Hay personas que viven en Figueres y el consistorio se niega a empadronarlos, dejándolos sin Derechos ni sanidad pública e incumpliendo la ley especificada en el BOE número 71 del 24 de marzo de 2015, que obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos que viven en el municipio.

-El caso de una una chica de 18 años, muy enferma, que estaba durmiendo en la calle y que había ido a servicios sociales pidiendo ayuda porque había huido de su domicilio por malos tratos y, que en vez de haberla acogido rápidamente por apoyarlo, la “derivaron” en la sección de transeúntes de Cáritas, como si encontrarse con una adolescente que pasa fuera lo más normal del mundo … como Cáritas vive de ayudas y de subvenciones, tampoco se rompió la cabeza en analizar el problema de esta chica ni en dedicarle un momento de atención, y toda la ayuda que se les ocurrió hacer para un caso de esta magnitud, fue ofrecerle un bocadillo y la compra de un billete de vuelta a casa. Esperpéntico, pero cierto …

-El caso de una persona que no tenía electricidad y que servicios sociales le indicó que no se dirigiera a la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres para que esta entidad no le podría resolver su situación ya que no se podía hacer nada …, o sea, que la administración en lugar de enfrentarse al poder de las eléctricas y seguir la ley 24/2015 que prohíbe que ningún ciudadano se quede sin luz, se desentendieron de su obligación de informar y ocuparse del cumplimiento de la ley, mintiendo al respecto, e intentando que esta víctima de la pobreza energética hablara con la Tabla energética para que se quedara más indefenso.

Amenazas reiteradas a las personas que pertenecen a la Taula Energètica i de l’Habitatge, intentando atemorizarlas en retirarles las ayudas en caso de que continuaran formando parte de nuestra entidad.

No velar por la salud pública de los ciudadanos permiten que vivan en pisos en malas condiciones con humedades, hongos, vidrios rotos, espacios de 37 metros cuadrados con 5 personas dentro y no hacer nada al respecto aunque haya criaturas.

El Ayuntamiento de Figueres tiene un piso de propiedad para alojar los desahuciados, con criaturas, el cual está ubicado en un quinto piso de una escalera tenebrosa que no reúne los mínimos requeridos por la Cédula de habitabilidad: La escalera no tiene puerta, ni electricidad, los escalones están agrietados, el pasillo es estrecho y totalmente oscuro …, o sea que en el caso de un incendio podría haber una masacre.

Respecto al asunto de la pobreza energética, el ayuntamiento sigue incumpliendo su obligación de poner un servicio de información hacia los usuarios con vulnerabilidad económica, para explicarles que las compañías energéticas no pueden cerrarlos los suministros, y que , en caso de hacerlo, que deben denunciarlo a su ayuntamiento para que los protejan y obliguen a las empresas a devolverles el consumo de inmediato. Hace dos años de este ley y continúan mirando hacia otro lado

En resumen, en Figueres hay un gobierno que está empobreciendo, despreciando y usurpando, cada vez más, los derechos de los ciudadanos, priorizando los beneficios de las grandes empresas y entidades financieras.

La pregunta clave es: ¿Hasta cuándo los vecinos continuaremos permitiendo este ultraje?

FUENTE: http://www.laverdadincomoda.com/la-taula-energetica-i-dhabitatge-de-figueres/.


+++ INFORMACIÓN…




Anomalias observadas en un piso a Figueres-Girona que fue entregado en febrero del 2016 por Habitatge de la Generalitat de Catalunya

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Anomalies observades en un pis va que va ser entregat al febrer del 2016, per Habitatge de la Generalitat, al carrer Ponent, nº 36 a Figueres, sense ascensor, a una família composta per una dona, ara, embarassada i dues criatures de 9 i de dotze anys.

1-CUINA

Veiem que a la cuina, al safareig, té rovellada tota la finestra, a causa de l’aigua que cau del sostre quan plou.

2-MENJADOR

a)La finestra que dóna a la Terrassa no tanca bé.

b)La persiana està trencada.

c)Els vidres, com observareu, estan totalment esberlats, el que representa un perill de mort per a la família i sobretot, per als infants. Ja que en sortir o entrar els hi poden caure tots els vidres a sobre i degollar-los. Això s’ha produït pel fet que les finestres són molt senzilles i els marcs com es mouen poden trencar els vidres de poc espessor.

3-PORTES

Estan fetes de fullola prima i 4 llistons, com les de niu d’abella, però de mala qualitat. Una porta, que ja hi havia un furat abans, la van tapar amb pasta abans d’entregar el pis, però d’una manera totalment matussera. L’altra se’ls hi va trencar a ells per caure-hi una fusta a sobre.

4-PERSIANES

En dues finestres no n’hi ha. A les altres finestres que hi són, estan totes espatllades.

5-FINESTRES

Vidres de poc espessor. No tanquen bé i hi passa el fred i la calor tant pel marc com pels tapajuntes. Amb el fred regalimen aigua i mullen els llits impedint que s’hi pugui dormir. Les finestres i els muntants son d’una ínfima qualitat, no tenen pont tèrmic, i ni els vidres son dobles i no aïllen del fred i la calor.

6-HUMITATS

Al ser les parets fredes amb molt poc aïllament, les habitacions estan plenes d’humitat per la condensació del vapor de la respiració, de la cocció d’aliments a la cuina i el vapor de la dutxa i s’hi han fet fongs. Quan els hi van entregar el pis, van pintar les parets perquè no es veiessin els senyals, però han anat sortint i fins i tot cau la pintura a trossos de la paret i del sostre

7-LAVABO

Ens trobem també amb importants problemes de la humitat. Mireu la fotografia.

8-AÏLLAMENT:

Ja ho hem comentat. No n’hi ha.

9-DIPÒSIT D’AIGUA SANITARIA:

l’escalfador és petit i no te suficient aigua per poder-se dutxar tota la família.

11-TEMPERATURA:

En un dia d’hivern es va mesurar la temperatura i es va comprovar que:

A les 17:00 hores la temperatura del pis era de 9 graus. A les 22 hores era de 7’5 graus

Nota: La Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres ha anat enviant diversos escrits a l’Ajuntament, amb fotografies del pis, des del mes de gener del 2017 advertint-los del perill que suposa aquest pis per tot l’ exposat, i mostrant-los el risc de mort que hi ha amb el vidre del menjador. Hem demanat que hi anés un tècnic que revisés l’estat d’aquest habitatge, però fins ara no hem rebut cap resposta, el que constata la manca de responsabilitat de l’Ajuntament de Figueres cap a l’atenció ciutadana. Deplorable




denuncies de la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres

Els nens sense recursos. La carn de canó dels Serveis Socials.

La X és una dona que ha sofert molt a la seva vida. Dona divorciada amb dos fills, sense cap recurs econòmic. La van desnonar de la seva vivenda per no poder pagar-la. Li van entregar un pis de la Generalitat en un estat lamentable: huminats, geló a l’hivern, fongs, goteres… Vam demanar reiterades vegades que li arreglessin el pis per protegir els menors, no ens van fer cas, Serveis Socials quan anaven a casa seva li miraven a sota el llit per si de cas hi tenia un tresor amagat i li obrien la nevera. Hi anaven sense avisar-la per descobrir-la en un flagrant delicte… Ella, una dona pobra, amb dos fills al seu càrrec, a punt ja de parir, de fet pot ser aquesta mateixa setmana, es va atrevir a posar-se en contacte amb el Síndic de Greuges per explicar la situació del seu domicilii demanar empar per als seus fills i el que ha de néixer… La resposta va arribar el passat dimarts, quan la van citar de (EAIA) irònicament anomenada: Equip d’atenció a la infancia i adolescència per dir-li amb tota fredor, amb despotisme, sense cap jutge… que li “robarien” el seu fill al momento del part Que li arrabassarien dels seus braços i del seu pit al seu nadó amb el cinisme de dir que és per la protección del menor.
Aquesta dona és pobra i vulnerable, però en tot momento ha tingut cura dels seus fills, els ha portat nets, escolaritzats, al pediatra, estimats, sempre amunt i avall amb ells agafats de la seva mà. Quins tipus de botxins tenim a l’administració?
Aquesta és la millor lliçó per als pares que es troben en una situación d’angoixa i de vulnerabilitat económica perquè no s’atansin a serveis socials, perquè no es demanin ajudes. És un càstig a la pobresa, és la pitjor vilesa que pot caure l’administració, és una màfia…

FAMÍLIES DESTROZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN: EL ROBO IMPUNE DE LOS NIÑOS.

Mis padres se les ocurrió pedir ayuda económica a la Administración y ahí empezó la pesadilla y la destrucción de mi familia”, dice María, la denunciante. La joven ha estado cuatro años tutelada por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Este organismo ha retirado, desde enero hasta septiembre de este año, a 652 menores de sus familias.

María explica que una mañana dos trabajadores de la Administración y dos ‘mossos’ fueron a su casa y se la llevaron a ella y a sus hermanos. “Corrían por las habitaciones recogiendo ropa en sacos de basura. Lo más impactante fue el momento en el que separaron a mi hermano de 9 meses del pecho de mi madre”, relata.

Este es uno de los últimos testimonios que ha recibido la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo “contra el sistema de protección de menores de los servicios de bienestar social” que funciona en España. Y argumenta que, con la excusa de proteger a los niños, “se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal”. A esta iniciativa se han sumado otras tres entidades.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Familias a las que la DGAIA les ha retirado en Catalunya a hijos o nietos se han organizado en Barcelona para coordinar las acciones legales. Un grupo de madres ha constituido la Marea Turquesa, coordinada en Catalunya por Rosa Gómez, y junto a Stop Impunidad Maltrato Infantil en Catalunya (Simicat), liderada por Judith Martínez Velasco, se manifiestan un domingo al mes en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Gemma Lienas, diputada del Parlament por el grupo Catalunya Sí Que Es Pot, ha pedido explicaciones a la ‘consellera’ de Afers Socials, Dolors Bassa. Actualmente, y según la DGAIA, en Catalunya hay 6.500 menores en desamparo: 3.840 en acogida, 2.850 en centros tutelados y el resto en otros espacios.
El proceso por el cual se abre un expediente a una familia puede comenzar con una denuncia anónima de vecinos, alertas de hospitales y colegios o bien denuncias cruzadas en divorcios complicados. O por “pedir ayuda a los servicios sociales municipales o comarcales”, apunta Sílvia Giménez-Salinas, abogada de familia. Si se detecta que hay menores, la Administración enciende el foco.

Los argumentos para investigar a la familia son variados. Por ejemplo, que el niño lleva la misma ropa durante varios días, no va a clase o va con sandalias en invierno. Hay otras situaciones en las que la resolución de desamparo se argumenta así: “Precaridad económica. Actualmente en paro. Presenta inestabilidad laboral y falta de ingresos propios”, consta en un documento al que ha tenido acceso este diario. Lienas lo ratifica: “La mayoría de las retiradas son en familias con pocos recursos”. Pero también las han sufrido abogados, pediatras, ginecólogos o ejecutivos.

SIN JUEZ

La retirada de un menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo. “La familia es conocedora y en la mayoría de los casos acepta los desamparos”, argumenta Ricard Calvo, director general de la DGAIA. La decisión la toma un equipo técnico formado por un psicólogo, un pedagogo y un educador social. Es una resolución administrativa “sin garantías judiciales”, señala Giménez-Salinas. “No tienen ningún control. Si no desamparan al menor y le ocurre algo la responsabilidad es de ellos y de la DGAIA, pero si desamparan y no hacía falta no pagan por su error”, insiste Lienas.

Por eso, en la denuncia colectiva que prepara Aprodeme se reclama “revisar todos los casos dudosos” y que se cambie el sistema actual para que intervenga desde el principio un juez, cosa que solo sucede cuando la familia quiere recuperar al menor. El abogado Enrique Vila, que coordina la denuncia de las familias de los menores, es contundente: “La retirada de un niño de su familia solo debe producirse en situaciones extremas, si el menor corre peligro físico o psíquico, y no siempre es así”.

RETIRADAS EN LA CALLE

“Los Mossos retiran a los niños en colegios y la familia se entera cuando va a recogerlos o en la guardería como le sucedió a C.S. La separación también se produce en plena calle o en el hospital donde está ingresado”, afirma Giménez-Salinas. Esto le ocurrió a C.C. con su hijo de 7 años. Vila concluye: “Procuran no ir a la casa porque precisan orden judicial”. A veces, se cita a la familia en servicios sociales. “Te dicen que no hagas dramas y el niño se queda con ellos”, afirma Rosa Goméz, que lleva 6 meses separada a la fuerza de su hijo Damià. Calvo afirma que la media para que un niño regrese a casa se sitúa entre de 2 y 3 años. Aunque hay ocasiones en las que la recuperación del menor se produce cuando este cumple 18 años, fecha en la que Administración los deja en la calle.

Francisco Cárdenas recuerda con una tristeza infinita cómo se llevaron a su hija preadoptiva. Fue el 12 de marzo del 2009 y no la ha vuelto a ver. “Me citaron en los servicios sociales del Paral·lel. Mi hija tenía 3 años y medio. Me acuerdo de que le había puesto un vestido blanco. Entré con mi hija y salí sin ella”, cuenta. “Sentí como si hubiera pasado un autobús y se la hubiera llevado”, dice. Su caso está en el Tribunal de Estrasburgo. “Quiero que siga con su familia actual, solo pido explicarle que yo no la abandoné, que me la quitaron”, dice. Cárdenas piensa cada día en ella: “No una, sino mil veces, pero su recuerdo ya no me produce dolor. Es un pensamiento positivo porque la sigo queriendo”.

A partir de la retirada del niño, se comunica la resolución a la familia. “La medida es temporal y revisable anualmente. Cuando la familia ha cumplido el programa individualizado que se le pone recupera a los niños”, apunta Calvo. El menor puede ingresar en un centro de la Generalitat, vivir con una familia de acogida o con parientes cercanos. Mientras dura el proceso, la familia no suele ver a sus pequeños y si lo hace es como, cuando y donde deciden los técnicos. El lugar es el llamado Espai de Visitas d’Infants i Adolescents. Aquí padres e hijos se ven durante un corto espacio de tiempo, pero siempre vigilados por un técnico. Rosa Gómez explica en una de las visitas le recriminaron que su hijo le hablara al oído. “Tiene miedo de decir cosas”, apunta.
TERESA PÉREZ / BARCELONA


Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal

Canal Parlament|Parlament de Catalunya

 




Estrategias y retos políticos y sociales del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Estrategias organizativas frente a los retos políticos y sociales que afronta el Sindicato de Inquilinos de Barcelona

por Salva Torres, activista de la Asociación 500×20



De aquellos polvos, vienen estos lodos.

Llevamos medio año largo desde el inicio de las primeras reuniones celebradas con el objetivo de construir el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Por parte de nuestra Asociación, la organización de los inquilinos ha sido siempre uno de los retos más importantes. En los años del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando todos los focos mediáticos mostraban el naufragio hipotecario, éramos de las escasas voces en la conurbación de Barcelona que prestamos apoyo a los inquilinos dentro de la defensa del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

Realizábamos una lucha unitaria que continuamos practicando hoy en día en la defensa de los hipotecados en riesgo de perder su vivienda, pero también del precariado que se las tiene que ver con la propiedad, los de las habitaciones alquiladas y de la ciudadanía en general que ocupa pisos viviendo en un estado de angustia permanente.

Desde 1985, cuando la LAU –Ley de Arrendamientos Urbanos- del ministro Boyer acabó con la protectora ley franquista de alquileres de renta antigua, las sucesivas reformas legislativas, basadas en la persecución del “inquilino moroso profesional” destruyeron la seguridad del alquiler. Estas reformas siempre venían acompañadas de un discurso hipócrita sobre “el fomento del alquiler”. En realidad, ocurría lo contrario: en 2009, nuestro país llegó a tener el récord mundial del 90,1% del parque de vivienda en régimen de propiedad (*1). Este “estreñimiento” record del mercado de alquiler, acompañado de la contrarreforma legislativa en el Estado español, tornó imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino debido a la total desprotección jurídica del mercado. La propiedad se convertía en una dictadura mientras los contratos de alquiler son como una vaca lechera de la que se extraen rentas del desvalido inquilino de manera profesionalizada (*2). Asimismo, el discurso del “fomento del alquiler” permitía y continúa permitiendo que las ayudas fiscales a la propiedad multipliquen por 30 a las recibidas por los inquilinos (*3).

Así pues, no es de extrañar que en aquellos días “de vino y rosas” todo el mundo entendiera que era “mejor comprar una casa que tirar el dinero alquilando”. La LAU, junto a la VPO –vivienda de protección oficial-, ambas bendecidas por PPsoe+CiU+PNV y ahora C’s, fueron las incubadoras de la sociedad de los propietarios y de la burbuja inmobiliaria. La derogación de la LAU es pues imprescindible para desmontar esta “leyenda urbana” y lograr que por fin se tambalee este arraigado principio ibérico.

Podemos afirmar pues sin margen posible de error que la LAU y la LEC –Ley de Enjuiciamiento Civil- se han convertido en los instrumentos para desalojar a nuestro vecindario pobre intercambiándolo, en un proceso brutal de gentrificación, por ricos compradores de segundas o terceras residencias así como por turistas que acuden en masa al Hub global en el que está inmersa Barcelona. “De aquellos polvos vienen estos lodos” donde la ley neoliberal –LAU- permite negocios rápidos y jugosos que nutran la voracidad de los inversores extranjeros, cuyos caudalosos flujos especulativos casi igualaron en 2015 el total del presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad.

Dos apuntes más: desde el punto de vista residencial, Barcelona no es una ciudad europea. El mercado regulado, es decir, el parque de vivienda de titularidad pública, no llega al 1% de las 820.000 viviendas totales en una de las ciudades del Estado con el porcentaje más alto de alquileres: 32%. Y esta ridícula cantidad de vivienda pública las convierte en guettos -como denuncian muchas de las comunidades de inquilinos a las que hemos dado apoyo estos años. Esta gestión de la vivienda, por parte del PMHB –Patronato Municipal de la vivienda- y del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, ha ayudado a la mala imagen de las viviendas sociales y a la gentrificación de la ciudad.

Volviendo a las cifras, si sumamos a las poco más de 6000 viviendas del PMHB los llamados pisos sociales propiedad de los bancos, Iglesia Católica y particulares de la Bolsa de vivienda social llegamos a duras penas al 1,5%. Conclusión: el 98% de los contratos de alquiler se negocian en el mercado libre en la Ciudad Condal.

Un segundo apunte: sin una radiografía exacta del reparto de la propiedad inmobiliaria en toda la ciudad entre las 820.000 viviendas que la componen, será difícil desplegar las medidas legislativas más adecuadas que necesita la ciudad. Todo hace pensar que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ha iniciado tímidamente un mapa de viviendas vacías. Insisto: viviendas vacías; no hablamos pues de un verdadero mapa de la propiedad inmobiliaria. Es una vergüenza, después de 40 años de “democracia”, en uno de los países donde la propiedad inmobiliaria tiene un peso más importante en la economía, que no haya un censo cruzado de la propiedad. Quizás es la manera de enmascarar el fraude sistemático de los rentistas sobre los impuestos directos a la riqueza (fraude en el que han colaborado las sucesivas administraciones). Sin conocer la radiografía inmobiliaria, me atrevo a afirmar que una buena parte de la propiedad está en manos de pequeños propietarios. Pero esta nueva burbuja inversora que vivimos actualmente concentrará la propiedad en unas pocas SOCIMIS, nacidas legislativamente al calor de esta burbuja en ciernes, de las manos del PPsoe. (*4)

Enriquecidos, subvencionados y defraudadores.

Este subtítulo no está pensado para ser efectista sino para focalizar el objetivo real contra el que luchamos los inquilinos de Barcelona.

Una gran parte del dinero se crea en la ingeniería financiera, no en la economía productiva, en un proceso que los economistas clásicos denominan “ingresos no ganados por el trabajo sino por la posesión de un título”. Más del 70% de los préstamos bancarios son al sector inmobiliario y a los bienes raíces –Real State-. El valor de un edificio de viviendas u oficinas vale el montante de lo que el banco está dispuesto a financiar. Y son los bancos comerciales los que determinan la cantidad de crédito y la oferta monetaria circulante –y no el Banco Central Europeo, como afirma falazmente la teoría convencional.

La Reserva Federal y después el BCE han creado en los últimos años de la nada miles de millones de euros –Quantitative easing- comprando activos inmobiliarios y deuda pública a la banca para ayudarla a vaciar sus balances de los activos tóxicos acumulados tras la crisis. Se trataba de “enriquecer a las entidades financieras con dinero fresco”.

Este programa de compra masiva de deuda titulizada del BCE –no es un préstamo con interés que se hace a la banca, sino que es el propio BCE el que está comprando deuda de la banca privada- es lo que ha permitido a la banca, con esta colosal cantidad de dinero en la hucha, lanzarse a la compra masiva de bienes raíces (*5) mediante sus fondos buitres radicados en paraísos fiscales.

Primero llegaron los Blackstone (Anticipa Real State) desde USA –inventores del Quantitative Easing- y después todos los fondos de inversión establecidos en el paraíso fiscal de Luxemburgo que desembarcan en Barcelona comprando la “morralla” hipotecaria, edificios enteros, hoteles, centros comerciales…

Y no dejamos de lado las SOCIMIS (*6) españolas participadas por la banca casi al 100%. Este monstruo determinará la clase de economía que habrá en la ciudad en los próximos años. Son los que crean el dinero, los que dicen quién tiene acceso al crédito y que es lo que no lo tiene. Aunque con cierto retraso, nuestros conciudadanos más adinerados se apuntan después a la fiesta. Y no olvidamos tampoco a los turistas, que en el delirio inversor son los convidados de piedra que llegan con el low-cost como muchos de nuestros compatriotas hacen en otros lugares. Los turistas no son la causa sino el resultado de un plan trazado desde hace años donde capitales, inversiones, leyes y empresas se unen para expulsar a la gente y hacerse con el control de todo el valor histórico y monumental de la ciudad, robándonos así el valor intangible de Barcelona, únicamente para monetizarla y venderla mejor.

Como el 98% del mercado de alquiler en la ciudad es libre, sin restricciones, está abonado el terreno para que el proceso de expulsión del vecindario más pobre se haga realidad con la finalización de los contratos. A pesar de ello, las enormes ventajas fiscales que tienen los propietarios sirven para justificar el discurso hipócrita del “fomento del alquiler” de manera que los propietarios físicos y jurídicos –SOCIMIS- están subvencionados en todos los conceptos: gastos, mantenimiento…Lucrándose además al aplicar una amortización anual de su propiedad.

La medida que se quiere introducir en el “Pla estatal de Vivienda 2017-20” (7*) de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900, si son jóvenes- ni siquiera es aplicable a ciudades como  la nuestra. Las ayudas al alquiler para familias sin recursos son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo. ¡Que no nos vengan con excusas!

Además son inflacionistas, los propietarios saben perfectamente quién las puede cobrar (*8). Las conceden las comunidades autónomas y el inquilino no llega siquiera a ver el dinero para evitar que lo pueda “malgastar” en comida. El PP criticó al PSOE cuando aprobó las ayudas a la emancipación de jóvenes pero, como todo hace pensar, este plan estatal se aprobará con 28 votos a favor y 8 abstenciones como señala El País en su noticia. ¿Cómo es posible que la izquierda no haya votado en contra de la Comisión? (*9).

A pesar de las descomunales ventajas, el fraude fiscal en el mercado del alquiler es enorme sobre todo entre el pequeño propietario. Damos fe de lo que dicen los portavoces de GHESTA –sindicato de los inspectores de Hacienda- que explican como año tras año la ocultación de alquileres supera los 3000 millones de euros. Muchos de los desahucios de inquilinos que nos llegan a la Asociación son de contratos no declarados porque la fianza no está registrada. ¿Por qué no se subvenciona el alquiler en el IRPF? La desgravación fiscal al inquilino es opaca para la propiedad y, al mismo tiempo, delata a los defraudadores cuando se cruzan los descuentos de los inquilinos y la declaración de la renta de los propietarios.

Un momento dulce de la movilización social por los derechos de los inquilinos

 La situación se ha agravado en toda Barcelona no sólo por la subida desmesurada de los precios y la enorme cantidad de desahucios de inquilinos y precarios. También han desaparecido los carteles de alquiler de habitaciones en los locutorios, un desesperado refugio habitual para muchas familias y ciudadanos en graves dificultades. Finalmente, el estreñimiento de la oferta de alquiler en todos los segmentos (vuelve a ser de nuevo rentable la venta) hace muy complicada la gestión de los 44.000 contratos de alquiler que, como media, se renuevan cada año en la ciudad. En los barrios más periféricos no podemos dejar de recordar la gran bolsa de viviendas ocupadas por hogares que no tenían otra alternativa que vivir guarecidos.

Lo que nuestra asociación no consiguió a lo largo de los años de la burbuja, ahora es posible por el cúmulo de circunstancias sobrevenidas y explicitadas en este documento. Con este panorama, la llegada de los “millenials” –la generación del NO CREDIT NO DEBT- y las especiales circunstancias del turismo en ciertos barrios han hecho surgir la idea de la defensa de los inquilinos. La constitución hace unos días del Sindicato de Inquilinos, en el cual estamos implicadas varias entidades, hará dar un salto cualitativo en el planteamiento del problema a toda la ciudad. Pero no nos será nada fácil puesto que el marco legislativo no permite muchas  alegrías. Tendremos que trabajar por la denuncia de que casi todos los contratos de alquiler son en realidad abusivos puesto que son de adhesión y muchas cláusulas que contienen también son abusivas. Pero será el trabajo barrio a barrio, calle a calle, el que permitirá la autoorganización de los inquilinos sobre problemáticas que muchas veces son diferentes entre barrios como el Raval, con una presión turística brutal, o la zona norte de la ciudad, con el índice más alto de desahucios de la ciudad y del país.

Estamos hablando entonces de la territorialización de la lucha pero también de la personalización, del conocimiento mutuo, etc. El sindicato tendrá que convivir pues con una estructura centralizada que permita aunar fuerzas pero al mismo tiempo sume las sinergias que en cada barrio generamos las organizaciones conocedoras del tejido asociativo y de las complejas tramas urbanísticas y habitacionales que genera la conurbación barcelonesa.

Éstos serían pues, en mi humilde opinión, los retos organizativos del Sindicato de Inquilinos: estructura centralizada, consejo de entidades de apoyo, territorialización de la lucha, sinergias transversales y verticales entre los barrios, las entidades y el sindicato. Nadie se ha de disolver porque haya llegado el Sindicato. El Sindicato de Barrio del Poble Sec ha hecho una acertada aproximación de conjunto en esta infografia de Barcelona.

batalla habitabilidad barcelona

 

Hay un reto más que quería dejar para el final. La creación del Sindicato no puede convertirse en un instrumento para separar a la ciudadanía en problemáticas diferentes en función del tipo de acceso a la vivienda: hipotecados, inquilinos y okupas. Lo que ha demostrado esta crisis es que un hipotecado puede convertirse en inquilino y después en okupa. Ni podemos permitir episodios en los que hipotecados hacen contratos ilegales a inquilinos que les pagan los recibos de la hipoteca ni tampoco la criminalización de la okupación o el desahucio de familias residentes en habitaciones o infraviviendas. Todo esto lo tendremos que combinar con un trabajo de presión y acompañamiento barrial con el sistema de los Servicios Sociales y emergencias municipales que permita el mejor tratamiento posible a los hogares en riesgo habitacional. El mapa elaborado por el Poble Sec muestra una rica complejidad que no puede ahogarse en una estructura vertical demasiado centralizada en el Sindicato ni olvidar que las asociaciones de vecinas y muchos casales de barrio son centros que ayudarán en la tarea de la lucha por la vivienda digna en Barcelona.

 

El manifiesto fundacional del Sindicato de Inquilinos es lo suficientemente genérico para que se permitan interpretaciones diferentes que puedan convivir. Pero la indefinición también puede ser un peligro a medio plazo. Tendremos que bregar con las diferencias, avanzar discutiendo, divergiendo y que al final ganen las mayorías de afiliados.

Y, como decía un tuit reciente: “Creemos que la labor de los sindicatos de inquilinas deben transcender de la de simples lobbies. (*10)


(1) López, Isidro – Rodríguez, Emmanuel, (2010), Fin de ciclo, Madrid -España, Traficantes de Sueños… pg.238 reseña 23

(2) Como en todas las generalizaciones ahí excepciones: conocemos propietarios que son conscientes de la función social de la (3) Salva TORRES, 2016, Las ventajas fiscales para los arrendadores, 500×20.prouespeculacio.org
(4) Salva TORRES, 2016, Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto, 500×20.prouespeculacio.org
(5) Europa Press, El balance del BCE rompe la barrera de los 4 billones de euros, Publicado 05/04/2017.
(6).Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(7) lamoncloa.gob.es Plan estatal de Vivienda 2017-20.
(8) nadaesgratis.es, Problemas del Nuevo Plan Estatal de Vivienda.
(9) elpais.com, El próximo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 busca impulsar el alquiler.
(10)


Manifiesto

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Estado policial contra la ocupación

20 familias ocupan viviendas en Madrid

Desde hace ya muchos años se viene ejecutando una campaña orquestada contra la ocupación y los ocupas mismos.
Esta campaña no es casual ni espontánea ni tienes fines nobles, sino bien espurios. La vivienda se viene empleando por la clase dominante como medio de explatación de la clase subalterna, obligando a pagar un elevado sobreprecio por alquileres e hipotecas. Sin embargo, este cerco no está completamente cerrado aún, tiene una vía de escape que es la ocupación. Por eso quieren acabar con ella.
La ocupación es la principal arma de la clase trabajadora en su lucha por el derecho a la vivienda. La ocupación es al derecho a la vivienda lo que la huelga es al derecho al trabajo. Con ella el ocupa tira a la baja de los sobreinflados precios de alquileres e hipotecas. Por tanto, su lucha beneficia al conjunto de la sociedad, incluso a aquellos que les rechazan porque se han dejado lavar el cerebro por efecto de esa demagógica campaña en su contra.
Con esta campaña a fuerza de repetirla quieren convertir en verdad la mentira que la ocupación es ilegal. Sus promotores creen que su admirado Goebbels tenía razón al afirmar que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pero la cruda realidad es que la mentira tiene la patas muy cortas.
La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC establece la adquisición de la propiedad por prescripción y los artículos 1957 y 1959 CC los requisitos en el caso de inmuebles. Esto es lo que se llama la usucapión, término que si alguno le suena a latín ya le habrá dado una pista para saber que este modo de adquirir la propiedad es tan antiguo como los romanos.

La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC.

Lo anterior no va en contra del derecho a la propiedad ni deja desprotegido a los propietarios, pues estos disponen de suficientes medios en el ordenamiento jurídico para proteger su propiedad. Por ejemplo los apartados 2º, 4,º y 7º del artículo 250.1 LEC que establecen procesos sumarios para recuperar la posesión en el menor tiempo posible. Si la Administración de Justicia estuviera bien dotada de medios personales y materiales como para resolver los procesos en tiempo razonable, los propietarios podrían recuperar la posesión en breve plazo y las ocupaciones solo prosperarían en el caso de inmuebles a los que sus propietarios han renunciado.
La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación. La ocupación solo se refiere a inmuebles en desuso, o dicho más claramente desocupados mientras que el allanamiento de morada tiene que ver con las viviendas habitadas. Sabedores que la entrada en viviendas habitadas ajenas no puede causar más que repulsa, estos charlatanes insisten en confundir a la gente para que crean la ocupación es o incluye el allanamiento de morada, cuando nada tiene que ver con ello. Para hacer creer a gente fácilmente manipulable que mientras están fuera de su casa en sus quehaceres diarios o de vacaciones, pueden encontrar a la vuelta sus casas “ocupadas”. Si eso sucediera no estaríamos ante una ocupación, sino ante un allanamiento de morada y la Policía podría desalojar e incluso detener a los allanadores de la morada, que no ocupas, pero lo que sin duda si haría es desalojarlo.

La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación.

Otra de las mentiras de la campaña contra la ocupación es que los ocupas son unos vividores. Suelen ir acompañada de la mentira que ocupan casas de lujo. La mentira sobre su condición de vividores es similar a la mentiras sobres los trabajadores en paro que tienen que soportar que se les califique de gandules y se les diga que si no tienen trabajo es porque no quieren, porque el que busca trabajo encuentra. O sea que lo del paro es un cuento. Al parecer el que exista gente que no pueda pagarse una vivienda de alquiler o compra también debe ser un cuento.

Pues bien, yo no he conocido ningún ocupa de estos vividores, todos los que conozco son personas que no tenía otro medio de conseguir una vivienda. Pero si conociera a alguien que pudiendo pagarse una vivienda optase por ocupar no le reprocharía nada sino que le aplaudiría porque la ocupación es una lucha, una lucha por el derecho a la vivienda, y la gente que tiene suficiente dinero para vivir e incluso para malvivir suele rehuir la lucha. En cuanto a lo de las casas de lujo, no he visto a ningún ocupa en una casa de lujo. Y quienes les acusan de tal cosa no saben lo que es una casa de lujo, ¿cómo iban a mantener una casa de lujo? Para mantener una auténtica casa de lujo hay que ser rico y no conozco a ningún ocupa rico. Lo que si he visto es ocupar casas grandes y nuevas. Y me parece bien, porque eso significa que se considera una persona digna y que por ello no va a ocupar un cuchitril, sino la mejor casa posible.

El asedio a la ocupación no se limita a la propaganda, sino que existe una activa guerra sucia por parte de jueces corruptos y policías corruptos, que sistemáticamente privan de sus derechos a los ocupas. Son de lo más normal las prevaricaciones favorables a los propietarios en pleitos que legalmente deberían ganar los ocupas. Son muy habituales también los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por iniciativa propia de policías que integran una suerte de escuadrones de la muerte antiocupación.

De la enésima y una de las últimas escaramuzas de esta guerra sucia contra la ocupación ya hemos hablado en anteriores entradas: La ocupación no es ilegal y La ocupación tiene la culpa de todo. Pero tenemos que volver a hablar porque los propagandistas de este sucio ejército irregular contra la ocupación, han decidido que aún se podía exprimir más para sacar otro libelo.


La situación de la ocupación en el pueblo de Calafell

En sus tres primeros párrafos se dice que el Ayuntamiento de Calafell va a instaurar un Estado policial contra la ocupación. Aunque quienes conocen Calafell dirán que no es que lo vayan a instaurar porque ya existe desde no se sabe cuantos años, sino que el Estado policial calafellense va a ampliar sus actividades al tema de la ocupación. Como todo Estado policial entre los miembros de sus cuerpos represores no solo se encuentran policías y ejército sino también una red de civiles que actúan de espías, delatores y chivatos. Por eso la primera medida del jefe del Estado policial calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, ha sido una llamada a los ciudadanos que quieran integrar este cuerpo de chivatos. Y por lo que cuenta en estos primeros párrafos parece que ser que ha tenido éxito.

Los Estados policiales suelen reprimir actividades y suprimir libertades a los ciudadanos que en otros Estados no tan autoritarios,  parecen normales. Esta premisa también se da en el Estado policial calafellense antiocupación. Pues la ocupación no es ilegal y por tanto al impedir a los ciudadanos ocupar viviendas esta perpetrando los delitos de coacciones y de organizacion criminal. Por ello el Estado policial calafellense es además un Estado criminal.

Además de a ciudadanos individuales, el jefe del Estado policial y criminal calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, también ha pedido la colaboración en su guerra sucia contra la ocupación a dos supuestas asociaciones de defensa del derecho a la vivienda con presencia en su territorio, la PAH y 500×20 Costa Daurada. En el último párrafo del libelo se dice que a esta última le ha faltado tiempo para atender la petición del Caudillo de Calafell y ofrecerse con entusiasmo para ello. Los que la conocemos ya sabíamos que es una falsa asociación de defensa del derecho a la vivienda y de su servilismo hacía el Caudillo de Calafell. Así que no nos ha sorprendido en absoluto. Es una gran fichaje para el Estado policial y criminal calafellense, porque ¿qué mejor arma contra el derecho a la vivienda que una asociación que supuestamente defiende el derecho a la vivienda? Esto lo entendió muy bien la Banca cuando decidió crear la PAH para convencer a los hipotecados que lo mejor era entregar sus viviendas a la Banca en lugar de luchar por ellas.

Estos quintacolumnistas de 500×20 Costa Daurada aprovechan para arremeter contra los ocupas a que se refiere esta noticia del mismo medio de lavado de cerebros de masas. Esta familia es una más de las muchas familias a las que al estallar la actual crisis, el Estado español gobernado por el PSOE y el PP dejo tiradas, es una de las muchas familias desahuciadas en la gran estafa hipotecaria al no poder continuar pagando su préstamo. Después de eso alquilaron una vivienda, hasta que ya no pudieron pagar más. Entonces ocuparon una vivienda usurpada por un banco, es decir, en el Registro de la Propiedad constaba como propietario un banco. Este banco les denunció por usurpación, delito del fueron absueltos. La vivienda lleva más de tres años en su posesión y por tanto, legalmente no se les puede privar de su posesión. Unos aprovechados que dicen ser los propietarios de esa vivienda, pero que en absoluto lo son, compraron al banco usurpador la vivienda a bajo precio por el hecho de estar ocupada y a sabiendas que estaba ocupada. ¿Pueden explicar estos traidores de 500×20 Costa Daurada porque están en contra de esta familia? No es necesario, simplemente porque están al servicio del poder y en contra del derecho a la vivienda como colaboracionistas.


José Angel GALLEGOS




La ocupación tiene la culpa de todo

La manera en que la venerable La Vanguardia cuenta esta noticia es otro ejemplo de la manipulación que la sistemática campaña contra la ocupación y la caza de brujas contra los ocupas conlleva.

Si la casa hubiera sido propiedad de los heridos o estos fueran los inquilinos, ¿hubieran titulado Dos heridos graves tras una deflagración en la casa de su propiedad, o Dos heridos graves tras una deflagración en la casa alquilada? Entonces, ¿por qué destacan el hecho que la casa fuera ocupada?

¿Para aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, relacionar ocupación con drogas? Si la casa hubiera sido de propiedad o alquilada, ¿aprovecharían esta circunstancia para relacionarla con el mundo de las drogas? Muy probablemente no, porque no existe ninguna campaña contra el alquiler ni la propiedad de la vivienda.

Si leemos la noticia con atención descubrimos que el hecho de la ocupación no tiene ni conexión ni relevancia con el hecho de la noticia, que es la explosión de productos químicos durante el proceso de elaboración de drogas. Para el caso hubiera dado igual que la casa fuera de su propiedad o alquilada.

Pero no todo es negativo, pues al menos no han incurrido en la mentira tan habitual de afirmar que la ocupación era ilegal. No puede serlo de acuerdo con el artículo 609 CC.




03/10/16 Día Mundial del Hábitat – La vivienda lo primero

dia-mundial-habitat2 La vivienda lo primero

El acceso a una vivienda adecuada es un reto global de rápido crecimiento con la urbanización. Alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo sigue viviendo en asentamientos precarios e informales.

Un número creciente de habitantes de las ciudades, especialmente los pobres y los grupos vulnerables (mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad y VIH, ancianos, jóvenes y personas LGBT) están viviendo en condiciones precarias, haciendo frente a sus necesidades de vivienda de manera informal, sin acceso a los servicios básicos y el espacio vital, aislados de los medios de subsistencia y vulnerables a los desalojos forzosos o la falta de vivienda.

Todos los días, ya que las personas nacen o se trasladan a los centros urbanos en busca de oportunidades, la demanda de vivienda crece. A nivel mundial, unos mil millones de casas nuevas se necesitan para el año 2025 para dar cabida a 50 millones de nuevos habitantes urbanos por año.

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

La vivienda adecuada debe proporcionar más que cuatro paredes y un techo. Una serie de condiciones se deben cumplir antes de que ciertas formas de vivienda se puedan considerar que constituyen «una vivienda adecuada».

Por estos motivos, el lema del Día Mundial del Hábitat 2016 es «Vivienda en el centro».

 

Hábitat III Disponible en inglés, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible se celebrará en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de de 2016.

Objetivos del Día 2016

  • Crear conciencia sobre la necesidad del accesso universal a una vivienda asequible en las zonas urbanas, los pueblos y las ciudades.
  • Desarrollar procesos y herramientas con el fin defender el acceso a la vivienda para los grupos pobres y vulnerables.
  • Mejorar la cohesión comunitaria y la seguridad de todos los ciudadanos a través de actividades y eventos celebrados en espacios públicos y calles.
  • Contribuir a los diálogos sobre políticas que se centren en la amplia gama de condiciones que constituyen una vivienda adecuada.
  • Identificar las principales partes interesadas y que participan activamente en los debates que ofrecen soluciones para el desarrollo sostenible, especialmente en relación con el tema de la vivienda adecuada.
  • Promover la participación de la Conferencia Hábitat III Disponible en inglés y los compromisos con la Nueva Agenda Urbana a través del Plan de Acción de Quito Disponible en inglés.
  • Contribuir a la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, como el instrumento principal para llegar a una vivienda adecuada para todo el mundo.

El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución 40/202 Documento PDF, adoptada por la Asamblea General en 1985.

Este día se lleva acabo el lanzamiento de «Octubre Urbano», mes de celebraciones, eventos y actividades.




Banc expropiat, Xarxa Aliments de Gràcia, Banco Alimentos de Nou Barris y los alquileres de Xavier Trias

Los sucesos del barrio de Gracia nos han hecho pensar

En el local del Banc expropiat de Gràcia realizaba una labor encomiable la Xarxa d’Aliments de Gràcia que en el 2014 visitaron la asamblea de familias de la Asc. 500×20 de Nou Barris para ofrecer su colaboración. Esta entidad tiene por objetivo satisfacer una necesidad básica como es la alimentación mediante el apoyo mutuo y la solidaridad en su barrio. Básicamente sus rasgos principales son:

  • Consiste en organizar de manera colectiva y horizontal tanto la recogida de alimentos como su reparto en asamblea a través de un grupo de más de 30 voluntarias.
  • Esta red de soporte mutuo realiza diferentes actividades para crear vínculos y confianza entre todas las participantes para romper el estereotipo donante-receptor con la implicación y colaboración de todo el mundo.
  • Tiendas de comida ecológica, comercios del barrio, un huerto urbano y donaciones de redes de consumo o individuales eran la base de la recogida de alimentos para evitar su desaprovechamiento.
  • Esas donaciones no desgravan a Hacienda al 25% en personas físicas ni al Impuesto de Sociedades un 35% para entidades jurídicas. Era pura solidaridad artesanal entre iguales del barrio.
  • La solidaridad entre los de abajo iba en paralelo a la crítica de la hipócrita caridad institucional que al tiempo que tiende la mano caritativa participa en la desgravación fiscal de las empresas que hacen donaciones al Banco de Alimentos de Barcelona, etc.
  • Esas mismas empresas que perpetuán un modelo de producción y distribución que destruye al pequeño campesino y comercio, la diversidad ecológica y perpetua un sistema que empobrece a sus trabajadores con salarios miserables y muchas veces fomenta la comida basura.

Esta red finalmente después del desalojo del Banc Expropiat de Gràcia por la policia, “Mossos d’Esquadra” se ha perdido de momento. Seguramente unas cuantas familias necesitadas no reciben comida y esa comida se debe desperdiciar. Es una lástima que tan encomiable labor no haya recibido la solidaridad del  Banco de Alimentos de Barcelona. Experiencias similares las hay en muchos lugares y quedan todas muy lejos de los estereotipos interesados de algunos medios de comunicación y sus periodistas u opinadores paniaguados.
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El Banco de Alimentos de Nou Barris

Hacía finales del 2012 el Arciprestazgo de Trinitat-Roquetes, que agrupa nueve parroquias, no daba a basto para repartir bolsas de comida entre la gente que se acercaba. La crisis era durísima. Los responsables de las parroquias fueron a hablar con la entonces Regidora del distrito, Irma Rognoni- Unió Democrática, y el Ayuntamiento de Barcelona de Xavier Trias, accedió a pagar el alquiler de un local privado (antiguamente un local de la cadena Día – supermercados) entorno a los 40 o 50.000 euros (ciertamente no sabemos la cifra exacta). El llamado banco de alimentos de Nou Barris lo gestiona DISA- Distribución Solidaria de Alimentos- una entidad ligada a las iglesias católicas del barrio. Básicamente los rasgos principales son:

  1. atiende a cientos de familias de todo el distrito que son enviadas exclusivamente por puntuaciones desde los Servicios Sociales.
  2. Las puntuaciones dan derecho como si fuera dinero “a comprar” en el local la comida que hay disponible.
  3. La donación de alimentos ha sido loada por muchos por su eficacia y una entrega que dignifica a las personas que las reciben acompañadas siempre de un voluntario que las ayuda en la tría.
  4. Una red de voluntarias del barrio atiende toda la infraestructura compleja para atender tanta demanda y cada día se reciben entregas provenientes del Banco de Alimentos de Barcelona, de supermercados y de particulares que hacen las entregas.
  5. La entrega de albaranes y/o facturas de las donaciones de supermercados, empresas, de manera ordenada entre Banco de Alimentos de Barcelona y suponemos que DISA también, debe permitir que entre “particulares” se certifican esas entregas que luego desgravan fiscalmente públicamente.

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Y ahora los agravios comparativos.

Irma Rognoni, Regidora del anterior equipo, aseguró cuando recibió el encargo de buscar un local a las parroquias que: “Estamos muy satisfechos de la labor de las entidades, por eso nos hemos implicado en este proyecto. Ahora trabajamos para poder facilitarles lo antes posible un local definitivo. Por su parte, ese modelo de distribución solidaria fue motivo de alabanza para el entonces gerente del Àrea de Calidad de Vida, del Ayuntamiento de Barcelona, Àngel Miret (propuesto por CiU para Síndic de Greuges de BCN) que sorprendido pidió extenderlo a otras zonas de la ciudad, ya que mejoraba la eficiencia de la entrega de alimentos y, sobre todo, la dignificaba.

Nosotras siempre hemos visto que los Bancos de Alimentos institucionalizados cumplen una función importante para las grandes empresas pues estas obtienen los siguientes beneficios de la existencia de esas redes solidarias de distribución legal:

  • Los sobrantes que empujan el precio a la baja se eliminan por la donación al Banco de alimentos.
  • No se necesita gastar dinero para destruir comida.
  • Los sobrantes se los van a buscar, no pagan transporte.
  • Las donaciones desgravan el 35% de la cuota integra del Impuesto de Sociedades o del 25% del IRPF en personas físicas…. significan una reducción de la recaudación fiscal de todas a causa que esas empresas eliminan su sobreproducción. Su sobreproducción nos cuesta dinero a todas!!!
  • En el caso que conocemos del banco de alimentos de Nou Barris esas grandes empresas no pagan el local que les distribuirá sus sobrantes ( había sido un supermercado Día). Se lo pagamos entre todas. Se lo pagaba Trias desde hacía 3 años y lo continua pagando el actual equipo de Ada Colau porque se realiza una labor social.

Nosotros no entendemos el encarnizamiento de algunos medios de comunicación como el Grup Godó (La Vanguardia, 8Tv..) contra el Banc Expropiat. Hay que leerse sus titulares de la época para leer las loanzas a todo el modelo de gestión de Trias con los bancos de alimentos cuando se descubrió que en Nou Barris había escolares que pasaban hambre.

Por contra, el grupo de comunicación Godó hace un giro editorial que se vuelve tosco y agresivo cuando un ejemplo parecido se gestiona desde colectivos que se niegan a seguir las pautas económicas mayoritarias. Ahora el Grup Godó se ha  convertido en el ariete de los medios de comunicación más reaccionarios. Lo del Banc Expropiat les ha servido para emprenderla con Colau, Trias y los okupas sin distinción. Cuando Trías pagaba el alquiler en Nou Barris nunca se preguntaron nada ni investigaron… ahora hasta critican sus tuits por los queridos ocupas.

La Fiscal provincial jefe de Barcelona, Ana Magaldi, cita La Vanguardia, ha ordenado investigar el caso y tiene seis meses para pronunciarse. Se trata de saber si ha habido malversación de fondos públicos según el rotativo. La Fiscalía provincial deberá apurar mucho sus argumentos para no errar en desagravios comparativos. Si Trias realizó malversación con Gràcia el caso del banco de alimentos de Nou Barris sería peor para los dos últimos alcaldes de Barcelona.

Trias no se equivocó con “sus queridos ocupas” de Gràcia. Sencillamente vio un objetivo social y aplicó la política de subvenciones a locales privados que hacía en Nou Barris para distribuir alimentos. El Grup  Godó no tiene el mismo rasero moral para valorar las noticias o colocar titulares. És una vergüenza.

Seguramente debe ser verdad que lo de la Xarxa d’Aliments de Gràcia es mucho más artesanal que la DISA de los Arciprestazgos de la Iglesia en Nou Barris pero no por ello no se realizaba una encomiable labor que además recuperaba comida que no nos ha supuesto recaudar menos impuestos por las desgravaciones fiscales. Era solidaridad pura sin atender a beneficios colaterales monetarios.

Información adicional:

Salva TORRES

activista vecinal y de la Asc. 500×20




Las titulaciones hipotecarias son las que han empujado al PP a recurrir la ley de emergencia habitacional catalana

El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de abril ha recurrido las leyes y normativas aprobadas solemnemente por unanimidad por el Parlament de Catalunya conocida como la “ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética“. Esta ley que fue fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha sido recurrida delante del Tribunal Constitucional dentro del plazo que termina el día 5 de mayo. A falta del dictamen del Tribunal el Gobierno interino del PP recurre contra determinados apartados: los artículos 2, 3, 4, 5, 7, y las disposiciones adicional transitoria segunda y final tercera de la mencionada Ley.

saenz_santamaria_junqueres¿Qué se recurre exactamente?

Contra lo que pudiera haberle parecido u oido no se ha recurrido la emergencia energética. La misma Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, califica el articulado sobre emergencia energética como “miserable… todo menos ambiciosa“. La ley catalana, aprobada por todos los partidos incluido el PP, lo que hace es: “si tú no pagas la luz este mes, lo pagas dentro de tres meses… con los intereses, te estoy acumulando una deuda… o bien el Gobierno paga a través de un fondo social que hay que crear“.

Tampoco se recorre el Decret-Llei 1/2015 sobre tanteo y retracto de pisos provinentes de ejecuciones hipotecarias (se compran pisos a los bancos que se los cobran dos o más veces). Igualmente la normativa de multas a los pisos vacios de grandes tenedores del Decret-Llei 14/2015 tampoco se recurre.

Los que sí se recurren son los artículos de la ley 24/2015 referidos a la emergencia habitacional porque invaden competencias estatales y/o hacen peligrar el derecho a la propiedad privada y generan un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero (se puede ver la nota de prensa del Consejo de Ministros al final de esta entrada en prouespeculacio.org).

Se recurre especialmente el artículo 5 que impone el alquiler social tasado, por 3 años nada más, en los procesos de desahucio de ejecuciones hipotecarias y de alquiler porque pone trabas a la libre competencia en el mercado inmobiliario. Este artículo se aplica sólo a los hogares en riesgo de lanzamiento pero tiene su contrapartida. La ley catalana en su intento de evitar la foto de la familia desalojada exige al gran tenedor de vivienda que ofrezca un alquiler social. Pero para la realización del contrato de alquiler el ejecutado debe aceptar pacíficamente la pérdida definitiva de la posesión de la vivienda. El gran tenedor resuelve así por la vía pacífica con la ley en la mano el desalojo violento que tanta ampolla levantó estos años. En cierto sentido, la moratoria de Guindos es más beneficiosa pues desde que se aprobó en el 2012, no ha permitido desalojos y las familias no pierden la posesión de la vivienda. Esa es la razón por la que ahora los Fondos de Titulización y la Banca están usando masivamente la ley catalana por medio de requerimientos de alquiler social de 3 años. Es un poco perverso porqué precisamente la posesión de la vivienda es la última arma para negociar la deuda pendiente. En poco menos de tres años la Banca y los Fondos inmobiliarios habrán limpiado sus balances y tienen a tiro echar a los inquilinos con la dictadura de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).

Por su parte el artículo 7, sobre la función social de la vivienda, proponía la cesión obligatoria de los pisos de grandes tenedores para alquiler social que impide maniobrar con facilidad con propiedades vacías u ocupadas exigiendo el alquiler social forzoso. Podemos concluir que se recurre aquel articulado que no permite a la Banca, a los fondos de titulización hipotecaria adquirir en pleno dominio las viviendas que una tras otra caen en sus manos después de fraudulentos procesos de ejecución donde ni siquiera son titulares de la deuda ni de la garantía. Esa es la razón: crean inseguridad jurídica que desmejora la carátula de los folletos de emisión de las titulizadoras ante los inversores o posibles bonistas-rentistas. Igualmente las SOCIMI tienen mermadas durante tres años su pleno derecho de propiedad al verse obligadas en los casos de familias en riesgo de negociar un alquiler social.

Es una tímida ley a la que ahora se le despoja de cualquier molestía que retrase los negocios inmobiliarios. Por eso, no compartimos totalmente el entusiasmo de los portavoces políticos y sociales que calificaron la ley catalana como “la más garantista de Europa” (1). Nuestra crítica a esa ley se fundamentaba en que no había un desarrollo normativo y además después de un año tampoco hay partidas presupuestarias que la avalen y que el mismo Conseller Vila cifraba en 800 millones de euros. El ahogo financiero de Catalunya desde el ministerio de Montoro hace casi imposible su aplicación si no es por la vía directa del enfrentamiento soberanista (2). Por eso nosotros la calificabamos esa ley de BRINDIS AL SOL, poco antes de las trascendentales elecciones catalanas del pasado año.

La inseguridad jurídica de las titulaciones hipotecarias son las que han empujado al PP a recurrir.

No, no somos aguafiestas en nuestra Asociación 500×20 o prouespeculacio.org. Creemos firmemente en que la verdad se debe explicar a la gente para que el pueblo pueda tomar decisiones valientes y sabias. No compartimos los llamamientos a la supuesta maldad innata de PP. El PP ha movido pieza, no porqué tenga miedo a la ley catalana, sino porqué como partido del régimen representa, al igual que otros, los intereses de las élites financieras del país. Y esa ley catalana creaba inseguridad jurídica a las emisiones de las titulizadoras españolas en el mercado de renta fija que anda muy paralizado.

Hablamos del motor financiero de la banca, de la financiación de la burbuja, de la creación privada de dinero con la deuda hipotecaria. Ese es el ojo del huracán.

No tenemos espías en el Consejo de Ministros. Tampoco sabemos los caminos obscuros por los que los poderes financieros hacen llegar hasta el Consejo de Ministros sus necesidades. Tal vez más de un ministro es lobista de la Banca. No, nuestra información la tenemos a la vista como todo el mundo: Grandes bancos españoles y algunos de los mayores fondos de inversión del mundo esperaban que el Consejo de Ministros anunciase la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley 24/2015 de la Generalitat de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (3). VoxPupuli publicaba esa noticia sin tan siquiera el periodista citar la titulización hipotecaria. Esa palabra maldita que no hay manera que aparezca en los medios de comunicación.

La Asociación 500×20 cree firmemente en el uso de las titulizaciones hipotecarias como arma contra la banca y creemos que la entrega de los pisos de las familias a los bancos sólo redunda en la estafa financiera. Por eso estamos con la mosca detrás de la oreja cada vez que oímos grandes cifras en el negocio hipotecario: “BBVA se encomienda hoy a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones”…. dice el periodista de VoxPopuli.

mordor¿Venta de hipotecas del BBVA por 1500 millones?

No, el BBVA no va a vender préstamos hipotecarios, para reactivar el mercado inmobiliario. Lo que ocurre es que el BBVA, en una situación de pérdidas y con el balance cogido con pinzas, quiere vender una cartera de 1500 millones de euros en hipotecas ya concedidas, durante el 2015 y 2016, creando un fondo de titulización para cobrarlas y volver a la ruleta. La fuente del periodista la desconocemos pero si sabemos ver que el mercado de titulizaciones del BBVA, como mínimo, anda seco desde hace un año. Será la ley catalana, el soberanismo o el singobierno del país pero Europea de Titulizaciones SGFT, la titulizadora del BBVA, no saca un fondo hipotecario desde el RMBS15 BBVA del 11/05/2015 (4). Un año entero cuando lo normal ha sido incluso dos emisiones por año en medio de la crisis financiera.

No, no es el PP, arcángel del mal, … es Mordor el Señor al que hay que matar!!

Lo que es seguro que estaremos todos los movimientos sociales en la calle juntos para defender el derecho a la vivienda independientemente de los matices y opiniones.

Salva TORRES, activista de asc.500×20

POSTDATA:

(1) .- VientoSur : “Tenemos la ley más garantista de Europa. Ahora falta voluntad política”.

(2).- VientoSur : Quema de la Constitución, pobreza energética y vivienda.

(3).- VoxPopuli. BBVA se encomienda hoy a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones.

(4).- ET-SGFT.- Listado de fondos de titulización.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE CATALUÑA DE MEDIDAS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA EN LA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Además, se solicita la suspensión cautelar de la norma al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.

En concreto, se interpone recurso contra determinados apartados de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, y las disposiciones adicional transitoria segunda y final tercera de la mencionada Ley, por los siguientes motivos:

  • El artículo 2 regula un procedimiento extrajudicial, al que se atribuyen facultades que podrían tener efectos sobre los procedimientos judiciales o en órganos administrativos, como las Comisiones de Valoración. Por ello, ha de considerarse inconstitucional, ya que infringe las competencias que el artículo 149 reserva al Estado en materia de legislación civil y procesal.
  • El artículo 3 regula el procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, un procedimiento distinto al que contiene la Ley Concursal, de competencia estatal exclusiva.
  • El artículo 4 alude a la extensión al fiador de la cancelación del pasivo no satisfecho, por lo que vulnera las competencias estatales, ya que este precepto no se encuentra entre las competencias autonómicas en materia de consumo.
  • El artículo 5, la disposición transitoria segunda y la final tercera vulneran la competencia estatal en materia de legislación procesal, al establecer un requisito previo a la interposición de una demanda judicial de ejecución hipotecaria. Introduce, como novedad, que la propuesta de alquiler social se efectúe antes de la adquisición de la vivienda, por lo que se entiende que la regulación autonómica condiciona la libertad civil de contratación y el ejercicio de acciones judiciales, y vulnera las competencias estatales sobre la legislación civil y procesal.
  • El artículo 7 hace referencia a la cesión obligatoria de viviendas y constituye una transferencia coactiva y temporal de la titularidad de la vivienda que incide en el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de la Constitución. Supone, además, una discriminación arbitraria de las personas jurídicas o grandes tenedores de vivienda, a las que se imponen obligaciones más gravosas. Esta normativa genera un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero.
  • La disposición adicional prevé que, en caso de cesión de un crédito garantizado con la vivienda, el deudor podrá liberarse de la deuda abonando el precio que haya pagado el propietario más los intereses legales y los gastos que haya causado la reclamación de la deuda. En esta materia, la norma catalana presenta lagunas esenciales que determinan un apartamiento de la regulación civil, competencia del Estado.



La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.

OJO!!!!…….. Debería leer la primera parte de este documento antes de continuar en la que se encuentra ahora para entender mejor el conjunto del texto.

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2ª parte: La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

El parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades: ¿ objetivo de la vivienda social?

En el anterior capítulo hemos visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social. Hay poderes fácticos (banca, inmobiliarias, inversionistas, la Iglesia católica y propietarios particulares) que controlan ese bien esencial para la vida, alterando la ley de la oferta y la demanda, porqué habiendo excedentes de producto (viviendas) los precios no bajan a pesar de la caída de salarios. Llegados a este punto, para poder extraer conclusiones, nos falta un análisis del objeto de disputa: el parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades (*1).
Lo primero que debería hacerse en la era de la digitalización es un censo fiable y cruzado entre el Registro de la Propiedad, las empresas de suministros, el catastro y el empadronamiento que arrojaría la verdad sobre como esta distribuida la propiedad inmobiliaria y cómo utiliza sus viviendas (*2). Ese censo demostraría que a pesar de lo que pudiera parecer no son las viviendas nuevas el objeto de disputa. En las grandes ciudades la nueva construcción en el largo decenio del boom inmobiliario no fue exagerada (*3). En Barcelona las viviendas nuevas construidas en la década del 2001-10 representan sólo un 5% del total del parque de viviendas que se sitúa en 811.106 viviendas (*4). El problema en las grandes ciudades,donde se concentra el alquiler es que la mayor proporción de vivienda vacía o secundaria es de segunda mano aunque hacía las periferias se igualan las vacías nuevas y de segunda mano. En el caso de Barcelona (*5) el gran problema son las viviendas vacías en número de 88.259 (12%) mientras que en Madrid el problema es un enorme parque de 200.000 viviendas secundarias (15%).
Nuestro estudio en base a las estadísticas del INE descubre interesantes datos. En Barcelona la mitad de las viviendas se construyeron entre los años 1940/80, por lo que 423.429 de ellas tienen entre 40 y 80 años. Han pasado largamente el ecuador de su “amortización catastral” que se sitúa en una orla de 20 a 35 años. En Madrid en ese período del 1940 -80 se construyeron 830.841 que representan más del 50%, por lo que resulta que la mitad del parque de pisos de la capital del estado español ha pasado también el ecuador de su amortización catastral(*6).
En las grandes ciudades la vivienda dedicada al alquiler suele ser la vivienda de segunda mano que en el 90% de los casos ha superado más de una vez el umbral de amortización si ha estado durante 25 años alquilada(*7) y además es propiedad sobre todo de particulares o personas físicas. Si ese segmento de viviendas que han pasado más de una vez el umbral de amortización son las candidatas a vivienda social ese dato debería ser tenido en consideración para no pagar un sobreprecio por ellas.
Veamos un ejemplo de vivienda privada construida en el año 1960 que ha sido hogar en propiedad hasta 1990 ha superado su umbral de amortización por su mismo valor en alquiler. Si en adelante el mismo propietario la arrendó libremente hasta la actualidad, 25 años, ha superado por segunda vez su amortización. Además hay que añadir el coste que para el erario público supusieron las ventajas fiscales de la compra y las del alquiler que hemos explicado. Si en 2016 esa vivienda entrara en la Bolsa de Vivienda Social, ¿sólo nos atrevemos a fijarle un precio ligeramente inferior de la renta media de viviendas iguales en la zona?. Ese precio regulado es el precio que la administración o un operador como Habitat3, etc. está dispuesto a pagar, no es el recibo pagado por el inquilino que se rige por otros baremos sociales (*8).
Por contra, una vivienda de alquiler público sólo debe amortizarse una sola vez por la Administración. A partir de ese momento los arrendamientos se pueden destinar a obras de mantenimiento o a construir otros edificios. Tampoco se debe amortizar el suelo que se mantiene al margen de la especulación. Por eso los países que han invertido en vivienda social de manera masiva han liberado recursos para investigación, industria. Aquí el suelo público se privatizó con las VPO que han acabado siendo un fraude masivo a la sociedad y la incubadora de la burbuja inmobiliaria porqué al introducir el crédito hipotecario se inyectó la financiarización de la vivienda, y “la cultura de la sociedad de los propietarios” para desproletarizar a la clase media trabajadora.
La demanda de alquiler asequible está estimada en Barcelona en 70.000 hogares y de 250.000 en toda Catalunya según las organizaciones sociales… Si las políticas de subvención indiscriminada de la propiedad no han conseguido movilizar esas viviendas en un país con una política fiscal tan desorbitadamente favorable a la propiedad, la solución pasa por ¿extender aún más la bonificación a la propiedad?
En nuestra humilde opinión, esta es una política presupuestariamente suicida si pretende alcanzar al conjunto de la población necesitada. Un ejemplo de lo que decimos es la famosa ley 24/2015 que pretende el fomento del alquiler social aprobada en el Parlament de Catalunya solemnemente por todos los partidos (*9). Después de 9 meses continua sin tener un acompañamiento presupuestario estimado en 800 millones de euros anuales.
Las ayudas públicas al alquiler social son sencillamente de derecha. Incentivar el alquiler social fomentando las bonificaciones a viviendas que han sido amortizadas más de una vez sólo refuerza el bucle del poder financiero de los rentistas y su modelo económico especulativo. Si Alemania es el ejemplo por su amplio parque de vivienda social, es porqué una buena parte de los ahorros y la inversión han ido a sectores productivos en lugar de incentivar la especulación de los bienes raíces y los rentistas inmobiliarios.

Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto

Los Bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, Api’s, etc dividen a los potenciales inquilinos por perfiles financieros asegurando los mejores para la fórmula “alquiler seguro”(*10). En el lado de los arrendadores tendríamos al pequeño propietario marginal que ha acumulado uno o más pisos por herencia familiar, al inversionista que quiere hacer “negocio” usando una vivienda arrendada y a los propietarios de múltiples viviendas o edificios por herencia o compra. Más allá tendríamos a los grandes tenedores.
Es en esta última franja donde nuestro país se esta produciendo una revolución del mercado, como hemos explicado, por la entrada masiva de capital especulativo. El PPsoe+CiU+PNV lleva años preparando el terreno en lo que sería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorías en los pasillos del Congreso de Diputados. No sólo han desarmado al inquilino con sucesivas reformas legislativas sino que han mejorado el poder financiero de los propietarios cambiando las condiciones fiscales para crear el llamado “mercado profesional del alquiler” con las SOCIMI que representaran un caballo de Troya contra los pequeños propietarios. Claro, todo se justifica con lo de facilitar el alquiler.
Asistimos a una batalla por el control del parque de vivienda en este país sobre todo en las ciudades. Por un lado, el tinglado inmobiliario de la Banca tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Por otro lado, el control lo extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“ cuya materia prima ha sido la compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso a precios de derribo después que el Estado ha cubierto las pérdidas de las Cajas de Ahorro y la Sareb. Ese largo medio millón de viviendas hubieran sido la base de un parque de vivienda pública de alquiler asequible, hoy, son el vehículo disfrazado de la misma banca nacional o extranjera que les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría y mejor oferta del mercado. Igualmente, las ventajas fiscales les darán una oportunidad inigualable respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler. Este dominio del llamado “mercado profesional del alquiler” también se verá reforzado por el control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros e impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de agilizar los desalojos por impago de alquileres uno de los dolores de cabeza de los pequeños propietarios.
Los pequeños propietarios no pueden competir con este mercado profesional de alquiler pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en “una guerra entre pobres” con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos.
Hay una izquierda que apuesta por esa opción: derribar todos los obstáculos legislativos a las SOCIMI con esa fiscalidad ventajosa y no quieren cambiar ni una coma de la actual LAU (*11). Basta leer los documentos de Fundación Alternativas, del Psoe, cuya presidenta es la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Delegan en las SOCIMI, como Azora (*12), creadas con el material de la Sareb, para generar un volumen de negocio que irrumpa en el mercado libre o subvencionado en lo que debería haber sido el papel del Estado con un parque de vivienda pública de alquiler. Ese trabajo sucio legislativo y patrimonial ya lo han hecho durante la crisis y sus resultados son observables porqué la guerra de pobres se ha agudizado en los desahucios del alquiler entre precarios y propietarios particulares. Esta configuración del mercado de alquiler tiene como efecto la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Para esto tienen una solución: el alquiler social subvencionado. Pero son palabras: en un país con el presupuesto intervenido por la Troika comunitaria no hay dinero para una política de ese colosal tamaño.

Deshaciendo el nudo del derecho a la vivienda.

El gerente de Vivienda de Barcelona, sr.Javier Burón, es otro firme partidario de la colaboración público-privada, es decir, aumentar y extender los incentivos a los propietarios para que alquilen sus viviendas. Asegura que en España deberíamos dedicar unos 13.000 millones de euros a esa misión para compararnos con Alemania (*13). Nuestro estudio demuestra que ya lo hacemos pero se lo entregamos todo a los propietarios. El sr. Burón basa su política en su experiencia en Euskadi como gestor del Gobierno vasco (Alokabide) está avalada por su trabajo en su empresa URBANIA ZH GESTION (*14).

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y el Regidor de Vivienda, Josep Maria Muntaner

Pero los resultados durante varios años de las experiencias más avanzadas como la SPA (Sociedad Pública de Alquiler), Avalloguer en Catalunya o Alokabide en Euskadi no han demostrado poder atraer el parque de vivienda vacía o infrautilizada de manera suficiente mediante la intermediación y la subvención de los arrendamientos. De hecho en Euskadi los datos muestran un aumento de las viviendas vacías en manos de particulares o propietarios marginales (*15). El problema de hecho está en que los propietarios marginales no se fían de los contratos, ni los avales, ni de los seguros ni de los plazos de pago de unas administraciones muchas veces sobreendeudadas.
Igualmente, la política de multas a los pisos vacíos de la Banca ha tenido hoy por hoy un recorrido confiscatorio- repito confiscatorio- muy limitado. Las leyes aprobadas de alquiler social de los pisos de la banca han sido aplicadas mayormente en viviendas para regularizar ocupaciones o para evitarlas se hacen contratos de alquiler a los antiguos propietarios que provienen de ejecuciones hipotecarias en las periferias de las ciudades. Los buenos pisos, los mejor situados, no entran en estos negocios.
Por otro lado, el hecho que el alquiler social se restrinja a determinadas capas de la población y a determinados barrios no hace más que aumentar la marginalidad de unos o fomentar la gentrificación de otros. Dicho de otro modo, los actuales ayuntamientos de izquierda no llegan más allá de la beneficencia ante el dilema de la emergencia habitacional que afrontan con la urgencia de la inmediatez.

El marco jurídico del derecho a la vivienda.

Deshacer el nudo del derecho a la vivienda pasaría, a nuestro modo de ver, por garantizar el alquiler social universal como un servicio público a cualquier ciudadano independientemente de las rentas. Sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público. Este marco se puede desarrollar dentro de la Disposición Adicional Primera de la LAU que permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública donde se pagaría en función de las rentas y no del mercado.
Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

La recuperación de la Sareb, etc como vivienda pública o social

En “lo inmediato” proponemos una campaña pública y persistente de todas las administraciones para que la banca entregue sus viviendas en cesión gratuita durante una década o más. En paralelo habría que destapar todas las propiedades de los grandes tenedores mediante un verdadero censo cruzado de propiedad de los parques de vivienda. Una campaña mediática de culpabilización de la banca con todos sus estragos demostrando como la mayoría de las ejecuciones hipotecarias fueron abusivas e ilegales por titulización de los créditos hipotecarios y como el Estado cubrió las pérdidas de los fondos de titulización privatizando ganancias y socializando las pérdidas. Todo ello prepararía el terreno para la recuperación de todas las viviendas de la Sareb y de las ejecuciones hipotecarias que se convertirían en un gran parque de vivienda pública con derecho de cesión a sus antiguos propietarios a cambio de la cancelación de la deuda. Igualmente se deberían derogar todas las figuras tributarias especiales como las SICAV y las Socimi.
La entrada de ese parque gratuito para el Estado en el mercado provocaría un hundimiento de precios que evitaría la guerra entre pobres, daría cobijo a las necesidades más inmediatas de alquiler asequible y permitiría las siguientes medidas legislativas encaminadas a movilizar la gran cantidad de viviendas de los pequeños propietarios.

Movilizar la vivienda secundaria y vacía de las ciudades.

En primer lugar proponemos la modificación de la ley tributaria derogando las desgravaciones fiscales y aplicando a los arrendamientos la tributación progresiva en el IRPF y la presión fiscal municipal sobre las viviendas secundarias y vacías de las ciudades. A ello se sumaría un censo real y una fuerte campaña institucional dirigida a que la vivienda cumpla la función social por la que fue construida. Igualmente para hacer aflorar el fraude todos los alquileres, en primera vivienda, podrían disfrutar de una desgravación fiscal (podría estar en el mismo borrador) con los parámetros más eficaces para investigar el fraude y ahuyentar el efecto inflacionario. Igualmente podría estudiarse una desgravación fiscal y ayudas a la rehabilitación para los propietarios sujetos a contratos de alquiler social a 5 o 10 años con clausula de prorrogable.
Ante el dilema de impuestos crecientes y un mercado difícil la movilización de la vivienda de particulares se podría hacer también con la figura ya utilizada de la cesión a la administración por x años a cambio de rehabilitación y exención de impuestos. Todas las medidas propuestas son constitucionales y tendrían un coste infinitamente más barato. Además el parque inmobiliario se adecuaría a estándares más modernos de eficiencia energética y de accesibilidad que podrían venir de proyectos cooperativos barriales que repartirían trabajo entre el precariado y la micro-inversión.
Pero la condición incondicional e inicial de este plan es recuperar las viviendas expropiadas por la banca a los hogares hipotecados y constructoras fallidas a lo largo de la llamada “crisis” y que hemos pagado todos. Habrá que vencer las resistencias que el complejo financiero-inmobiliario tiene incrustadas en la misma administración y en los pasillos de los parlamentos y cabildos.
Un último apunte, la limitación de alquileres por zonas es de muy difícil diseño, más costoso mantenimiento burocrático y generará múltiples agravios comparativos que levantará enemigos donde no los había. El golpe final, la guinda, vendría de una medida que debería estudiarse en el ordenamiento jurídico: la municipalización del suelo sería la mejor herramienta contra la especulación inmobiliaria al sacar el suelo del ámbito de las transacciones del mercado

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

OJO!!!!…….. 

Puede bajarse el documento completo con las dos partes listo para imprimir AQUÍ

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Notas:

1.- Vivienda principal es aquella donde esta empadronada una unidad familiar o hogar. Vivienda secundaria es aquella que no vive regularmente un hogar o no está empadronado nadie.
2.- Ciudad: nº de viviendas / viviendas principales / viviendas secundarias / viviendas vacías
Barcelona: 811.106 / 684.078 / 38.769 / 88.259
Madrid: 1.530.957 / 1.320.531 / 210.426 / 57.325
3.- En Barcelona se construyeron sólo 41.160 pisos entre el 2001 y el 2011 .
4.- Cifras de viviendas en TOTAL. INE- instituto Nacional de Estadística.
5.- Prouespeculacio.org / Alcalde Trías hay 90.000 pisos vacíos en Barcelona: 5 razones que lo evidencian.
6.- Fuente INE. ciudades+año construcción+número habitaciones.

7.- ElConfidencial.com / En España, la media histórica para recuperar una inversión a través del alquiler ha estado en 19,5 años. En plena burbuja llegó hasta 32,2 años y hoy se sitúa en 25,6.

8.- Hasta la fecha Habitat3 dispone de un presupuesto municipal 7.200.000 € para un total de 235 pisos utilizables durante 3 años, lo que supone un gasto de 851 €/mes, más lo que pagan los inquilinos. Creemos que el sobreprecio es exagerado.
11.- Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado professional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años.
12.- Azora, Anticipa, Anida, Solvia, etc serían ejemplos muchos de ellos a cobijo de fondos públicos pagados desde la Sareb.
14.- Lindekin, URBANIA ZH GESTION