La Iglesía católica -la mayor y más vitaminada SOCIMI española- y la emergencia habitacional.

edificio de viviendas propiedad de la Iglesia en el centro de Córdoba

Basta poner en su buscador favorito de Internet la siguiente búsqueda: “propiedades de la iglesia católica en España IBI” para encontrar centenares de noticias que explican de hecho la imposibilidad de conocer todas las propiedades inmobiliarias de la Santa Iglesia. Igualmente, aparecen noticias de administraciones que han intentado poner blanco sobre negro el dinero que se ahorra esa Institución religiosa en impuestos. O enlaces a censos de todas las propiedades urbanas exentas de impuestos (catedrales, iglesias, colegios, hospitales, tierras, hoteles, pisos, garajes, etc) así como de la propiedad rústica eclesiástica.

Europa Laica en su informe del 2015 (1) calcula que la Iglesia católica nos cuesta en subvenciones y exenciones fiscales 11.000 millones de euros, tanto a creyentes como no creyentes. Vale la pena leer su informe donde desgrana todas las partidas que recibe la Iglesia católica. Pero tres frases lo dicen todo:

  • Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España o el 4% de los presupuestos generales del Estado en un país con 10 años de crisis perpetua para las clases populares.
  • Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año o 20 € al mes.
  • La iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos

Un ejemplo en Córdoba

uno de los edificios en Córdoba que no paga impuestos ni por los negocios que genera

Sólo en Córdoba capital, la Iglesia tiene 443 inmuebles, repetimos, inmuebles con sus correspondientes viviendas. El listado de propiedades incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contar las que están incluidas en los recintos religiosos-. También existen 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios destinados a oficinas o uso comercial.  Se trataría, así, de una serie de propiedades sin vinculación al culto pero que, en la práctica, están exentos del pago del IBI y reportan rentas mundanas a los que pregonan el reino de los cielos. (2)

Además de esas propiedades, otros inmuebles de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -iglesias, ermitas, conventos, etc-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales -San Juan de Dios-, universidad -Loyola-, residencias de mayores, fundaciones y casas de cursillos o espiritualidad. Aparte de la propia Mezquita-Catedral, el principal enclave turístico de la ciudad, que ha recibido en el último año 1,8 millones de visitantes que pagan una entrada y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 51.000 euros anuales de IBI. Esta mezquita fue inmatriculada el 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009.

 

El caso de Valencia-capital

En la ciudad de Valencia la Iglesia cuenta con más de 1.280 propiedades, de las cuáles solo el 18 % están relacionadas con el culto. El resto, la mayoría, son viviendas, aparcamientos, bajos comerciales u otros inmuebles por los cuales las entidades católicas no solo no pagan impuestos sino que en algunos casos extraen beneficios gracias a las rentas de alquiler. (3)

Así se desprende del trabajo realizado por la plataforma Europa Laica, cuyos miembros llevan desde el pasado mes de junio cotejando los datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia en 2012 donde se detallaban las propiedades exentas de IBI con el registro catastral. Una por una, los integrantes de este observatorio han analizado la localización y el uso de estas propiedades, acudiendo al lugar y llamando a la puerta para contrastar su actividad. Para sorpresa de ellos, se han encontrado con restaurantes de kebab, boutiques de ropa, librerías, asesorías, sedes de entidades bancarias, relojerías, hostales, concesionarios de coches o incluso clínicas de tratamientos estéticos. «Aunque no lo hemos podido analizar todo todavía, la mayoría de esos locales, viviendas y aparcamientos están alquilados», explicó a Levante-EMV Guillermo González. De hecho, los datos que ahora maneja este colectivo corresponde justo a la mitad de los distritos de la capital.

El Ayuntamiento de Valencia deja de ingresar cada año cerca de 800.000 euros. A ellos habría que sumar las más de 1.040 fundaciones que tampoco pagan IBI, el 80 % de las cuales son católicas y en las que se albergan negocios y empresas ya mencionadas. Unos dos millones al año. Según Europa Laica, las más de 1.280 propiedades de la Iglesia no sólo no abonan el IBI, sino que tampoco lo hacen con otros impuestos derivados de sus actividades u obras (el IVA sí que lo pagan desde una modificación a finales de los años 90). «Resulta muy complicado establecer una cifra, pero cerca de 16 millones de euros han dejado de ingresarse en los últimos cuatro años en la ciudad», indicó González.

En una ciudad como Barcelona, las exenciones fiscales, más los tributos no pagados por actividades económicas, podrían suponer anualmente los 90 millones de euros que suponen el total de la inversión en políticas de vivienda del Ayuntamiento de Ada Colau.

Y otro ejemplo en Badajoz…

¿Sabía usted que en el año 2014 el Servicio Extremeño de Salud ingresó mediante transferencia bancaria en las arcas municipales del Ayuntamiento de Badajoz 5,1 millones de euros correspondiente al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de los años comprendidos entre 2008 y 2012 de los centros salud y hospitales públicos que existen en la ciudad?. Un dinero considerable que sirve para aumentar los caudales del Ayuntamiento. ¿Cuanto dinero ha ingresado el Ayuntamiento de Badajoz por los hospitales religiosos etc … de Badajoz en concepto de IBI? Cero, cero patatero.

Europa Laica y las inmatriculaciones eclesiásticas

Desde el año 1996 la Iglesia católica ha registrado miles de propiedades por toda la piel de toro simplemente haciendo lo mismo que en la mezquita de Córdoba.

Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. Con esta operación la Iglesia a registrado miles de propiedades en los últimos años. Finalmente el Congreso de los Diputados aprobó un cambio en la Ley hipotecaria que acababa con ese privilegio de la Iglesia.

La Iglesia Católica y la emergencia habitacional

El informe de Europa Laica es contundente: la Iglesia católica es la mayor SOCIMI española, vitaminada por el Estado con la exención generalizada de impuestos o la vista gorda. La iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado HOY A ESTO SE LE LLAMA EXPOLIACIÓN DE LOS COMUNES por la nueva izquierda municipalista –. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro) (Ver Anexo III). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. (ver más en 1)

Sobre lo que queremos llamar la atención no es sobre la cantidad de propiedades que tiene la Iglesia. Es verdad que hemos empezado este documento mostrando el conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia comparable a sociedades financieras de la categoría de un Banco. No hemos mostrado las relaciones de poder que ha habido en nuestro país entre la Banca y la Iglesia – un ejemplo de los cuales ha sido el Banco Popular – porque el documento se haría interminable y se desviaría de su objetivo.  El conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia católica en España podríamos definirlo como “un común” pues es fruto de la acumulación primaria de capital y propiedades sobre la base de la gestión del sentimiento religioso de decenas de generaciones y de siglos.

Podríamos decir sin error, que es fruto del trabajo del pueblo “sin el pueblo“, es un patrimonio común que la misma iglesia muchas veces habla de ponerlo al servicio de los desamparados – oprimidos – en su propio lenguaje. Es cierto que hay excepciones en muchas de sus sociedades y órdenes religiosas en donde se antepone la ayuda al necesitado a las ansias de acumulación. Pero dejamos bien claro que eso, dada la magnitud societaria de la Iglesia y los enormes beneficios fiscales que recibe, es una gota en un océano de necesidades de sus feligreses y no feligreses para el común de los mortales.

¿Se imaginan las políticas de vivienda pública o social que se podrían hacer con los 11.000 millones de exenciones fiscales, sumadas a  los negocios no declarados y a las propiedades inmobiliarias usadas como emergencia habitacional? El Ayuntamiento de Ada Colau que reivindica los comunes, ejemplo de políticas sociales de izquierda, ha puesto en el último presupuesto conocido cerca de 100 millones en políticas de vivienda. Hagamos nuevamente la comparación:

11.000.000.000 comparado sobre 100.000.000

¿Se imaginan la bomba que supondría sobre el mercado libre de vivienda en España (98%) la puesta en marcha de semejante patrimonio sin tocar siquiera los derechos de propiedad de la Iglesia?

El Papa Francisco, como hizo Jesucristo, está clamando contra los mercaderes del templo que se han apoderado del mismo. La Iglesia católica española, su gran jerarquía, es hipócrita con sus postulados de pobreza. Su patrimonio sería una salvación tan grande como la expropiación de las viviendas que la Banca privada se ha apropiado de las familias con la crisis que ella misma ha generado para enriquecerse. Usar su patrimonio al servicio de los “desamparados” del país sería como devolver el PATRIMONIO DEL PUEBLO, LOS COMUNES, a sus legítimos poseedores sin expropiarlo.

Pero lo realmente punible de la jerarquía eclesiástica española, su dominio sobre su patrimonio, que no esta descentralizado en sus comunidades de base, es que hacen lo contrario de lo que defienden. ESE ES SU PECADO MORTAL.

Es peor que la banca privada pues de ella ya sabemos lo que se puede esperar – de los Botín, González, March, etc – . La mayor SOCIMI vitaminada del Estado español – la Iglesia católica – es aún más punible que cualquier otra SOCIMI creada por la banca infernal o los buitres del mundo entero.

En tiempos del PSOE de Zapatero se creó la legislación que permitiría años más tarde las exenciones fiscales y las tropelías actuales de las SOCIMI en los barrios de las grandes ciudades. Ya nos hacíamos eco en nuestro blog en el año 2009 (6). Think Tank de la socialdemocracia están detrás de estas “sociedades maléficas” que supuestamente fueron legisladas para crear el desastre que hoy conocemos aunque supuestamente debían ser el crisol de un verdadero mercado profesional del alquiler – libre por supuesto- en nuestro país (7).

Las SOCIMI son malas, sí, muy malas. El desastre que estamos viviendo actualmente en nuestras ciudades con los desahucios de alquiler es fruto de políticas preparadas desde hace tiempo por la izquierda oficial y los partidos del régimen del 78.

Lo que resulta chocante es que “la nueva izquierda comunal” que ha ganado los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y que reivindica “los bienes comunes” olvide el patrimonio de la Iglesia católica en sus postulados reivindicativos. ¿El patrimonio de la Iglesia no es tan comunal como el agua o la sanidad pública?

De hecho, el discurso de la nueva izquierda municipalista asimila SOCIMI a PP cuando los artífices de ese artefacto fue el gobierno de Zapatero en su desarrollo de los REIT (Real Estate Investment Trust) anglosajones en su primera legislatura. El loable estudio sobre vivienda vacía de las entidades financieras que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona se podría extender a las propiedades inmobiliarias de la Iglesía no fuera que desde el 1995 la jerarquía eclesiástica haya inmatriculado más propiedades terrenales de la cuenta en la ciudad condal. Ada Colau contará con todo nuestro apoyo.

¿Por qué el foco de la maldad se pone en las SOCIMI capitalistas que nacieron para lo que son y se deja de lado sin siquiera nombrarla a la mayor SOCIMI española – el patrimonio inmobiliario de la Iglesía católica, los comunes de siglos de acumulación – si su uso social ayudaría a reventar la burbuja inmobiliaria, al menos momentáneamente ?

Deberemos crear relato – que esta de moda -sobre este tema… nuestro blog ha abierto el melón!

salva torres

+++INFO COMPLEMENTARIA

  1. Opacidad y financiación de la iglesia católica. Informe 2015.
  2. La Iglesia posee 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI.
  3. La Iglesia no paga el IBI de más de 1.200 inmuebles pese a que solo el 18 % son de culto.
  4. Las injusticias del IBI y la Iglesia Católica.
  5. Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica.
  6. Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
  7. Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años..

+++ DATOS:

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El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

Después de la visita de José María Eurasquín a Barcelona convidado por diversos colectivos, entre los que está nuestra Asociación, publicamos una noticia muy importante…

El TJUE admite a trámite una cuestión prejudicial sobre IRPH

IRPH STOP GIPUZKOA RECOMIENDA LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA RESOLUCIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL EUROPEO

CUANDO SE CUMPLEN EXACTAMENTE CUATRO AÑOS DEL INICIO DE LA BATALLA JUDICIAL CONTRA EL IRPH, EL FIN DEL ABUSO ESTÁ CADA DÍA MÁS CERCA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido a trámite la cuestión prejudicial relativa al IRPH elevada por el juzgado de instrucción número 38 de Barcelona (ver el auto del juzgado de Barcelona). Se trata de una solicitud planteada por el abogado Alejandro Benavente, de Urbe Abogados, despacho que colabora con Abogados Res, firma donostiarra pionera a nivel estatal en la batalla contra el IRPH. El documento admitido por el Tribunal Europeo está por tanto avalado por el conocimiento de los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, que iniciaron la batalla legal contra el IRPH colaborando de manera gratuita con IRPH Stop Gipuzkoa.

Se da la circunstancia de que el 17 de febrero se han cumplido exactamente 4 años desde que se presentó la primera demanda de nulidad de la cláusula IRPH por ser abusiva. Fue obra de Maite Ortiz y José María Erauskin en colaboración con IRPH Stop Gipuzkoa, y resultó en la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Cuatro años más tarde, la batalla sigue abierta a pesar del reciente intento del Tribunal Supremo español de darle carpetazo.

Se trata de una muy buena noticia para todas las personas afectadas por este índice, que vieron con preocupación cómo el pasado 14 de diciembre de 2017 el Supremo avalaba con su sentencia la aplicación del IRPH sin ningún requerimiento de transparencia.

Se abre ahora un proceso que podría resultar en un nuevo revés desde Europa para el Tribunal Supremo español. No sería la primera ni la segunda ocasión en la que el tribunal europeo corrige al español en asuntos de abuso bancario. Las esperanzas de las personas afectadas por las más de 1.3 millones de hipotecas referidas a este índice están por tanto puestas en Europa. Y no se trata de esperanzas infundadas, pues la propia sentencia del Supremo incluía el voto particular de dos magistrados que afirmaban sin ambages que el fallo del alto tribunal español era contrario al derecho europeo.

Mientras el TJUE analiza la cuestión, desde IRPH Stop Gipuzkoa recomendamos a todas las personas afectadas que haya iniciado un proceso de demanda judicial contra el IRPH que insten su suspensión temporal hasta conocerse la respuesta del tribunal europeo al asunto, al que ha asignado la referencia C-125/18 (asunto Gómez del Moral Guasch). Y es que, a pesar de que son ya varias los juzgados que han dictado sentencias contrarias al criterio del Supremo (anulando por tanto la cláusula de IRPH por abusiva), no cabe duda que las entidades recurrirán y si el tema llega al Supremo éste volverá a fallar a favor de la banca.

El llamamiento de IRPH Stop Gipuzkoa se extiende a todos los juzgadores: suspendan de oficio todos los procesos abiertos en relación a la cláusula IRPH.

Y, por supuesto, el llamamiento se extiende también a las entidades bancarias: dejen de aplicar este índice abusivo. En el caso de IRPH Stop Gipuzkoa queremos hacer un llamamiento especial a Kutxabank, entidad con mayor número de hipotecas con IRPH en nuestro territorio y que hasta su privatización fue una entidad de todos los ciudadanos, creada a partir de las cajas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: detengan de inmediato la aplicación de este índice criminal. Tengan un poco de vergüenza.

 

La Audiencia Provincial de Araba ha iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al IRPH, a instancias los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin en un proceso contra Kutxabank. Cabe señalar que se trata de la misma audiencia, misma entidad bancaria y mismos abogados demandantes que en el caso resuelto por el Tribunal Supremo, en el que dicho tribunal anuló una sentencia de la Audiencia de Araba dando así la razón a Kutxabank y validando la aplicación de este índice.

Anteriormente, dos jueces de Barcelona y Mallorca ya iniciaron los mismos trámites. Además, tras un primer caso en Amurrio ya son varias las sentencias dictadas anulando la cláusula IRPH, en contradicción con el criterio del Supremo. La batalla judicial contra el IRPH sigue por tanto muy activa, a pesar del pronunciamiento del Supremo. A ello contribuye que la propia sentencia del Supremo incluyera un voto particular que afirmaba rotundamente que la misma era contraria al derecho comunitario.

En el caso de Araba Kutxabank ya ha respondido oponiéndose a la opción de preguntar a Europa, alegando que «lo que ocurre es que a los recurrentes no les satisface la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo». Habrá que ver qué decide ahora el juez. Lo que es obvio es que si no es este caso será otro, pero el tema del IRPH terminará llegando al Tribunal Europeo.

 

Después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo arrojara un jarro de agua fría sobre los afectados por IRPH con una sentencia que avalaba la aplicación de este índice, el inicio de año está trayendo muy buenas noticias para las personas afectadas.

Por un lado, durante el mes de enero se han conocido tres casos de juzgados que han dictado sentencias de nulidad de IRPH, contradiciendo al Supremo y aplicando la jurisprudencia europea. Se confirma por tanto que no todo estaba perdido en la batalla judicial contra el IRPH, algo que ya se vislumbraba con la lectura del voto crítico de dos magistrados del Tribunal Supremo, que afirmaban que la sentencia que avalaba la aplicación del IRPH era contraria al derecho comunitario.

Ahora además hemos conocido que un juzgado de primera instancia de Barcelona y la Audiencia Provincial de Mallorca han iniciado los trámites para elevar cuestión prejudicial relativa al IRPH ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, la providencia, la que ha tenido acceso IRPH Stop Gipuzkoa (y que puede consultarse haciendo clic aquí), declara que «se suscitan dudas sobre la conformidad del Derecho de la Unión con el derecho nacional», haciendo referencia expresa a la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, de fecha 14 de diciembre de 2017, que revocó una sentencia de nulidad de la cláusula IRPH.

El juez de Barcelona cuestiona el fondo de la sentencia del Supremo, que afirmaba que al ser el IRPH un índice oficial no cabe aplicar ningún control de transparencia a su incorporación al contrato. El juzgador se pregunta si para la comprensión de la cláusula por parte del consumidor sería necesario proporcionar todos los datos relativos a la configuración del IRPH, y destaca algunas de las características más controvertidas del índice, detallando «que este índice incluye las comisiones y demás gastos, que se trata de una media simple no ponderada sin ningún mecanismo de corrección de las desviaciones que se observen y que es opaco, en comparación con el otro habitual, el Euribor».

El juzgador plantea además una segunda duda, y se pregunta si, en caso de declarase la nulidad de la cláusula relativa al tipo de interés, el préstamo debe quedar con interés nulo.

La providencia abre una pieza separada para elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, iniciando así los trámites necesarios para que el TJUE evalúe la cuestión.

Cabe subrayar que el Tribunal Europeo no va a evaluar la configuración del IRPH ni va a dictar si es bueno o malo, sino que se limitará a determinar si, en aplicación de la directiva europea sobre cláusulas abusivas, su incorporación al contrato debe hacerse de una manera transparente. En caso afirmativo, el TJUE corregiría una vez más al Tribunal Supremo español, que en este caso determinó que al ser el IRPH un índice oficial no cabía exigir a las entidades bancarias que fueran transparentes en su aplicación ni que dieran las explicaciones oportunas a los consumidores.

Se trata de una muy buena noticia en opinión de IRPH Stop Gipuzkoa. Seguimos convencidos de que venceremos. Mientras tanto, queremos enviar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas. El camino está siendo muy largo, desde que hace cuatro años, en 2014, nuestra plataforma inició la batalla jurídica contra este abuso y consiguió la primera sentencia de nulidad de la cláusula IRPH. Pero terminaremos venciendo.

Un juzgado de Amurrio (Araba) dictó el pasado 15 de enero la primera sentencia conocida que anulaba por abusiva la cláusula de IRPH contradiciendo directamente la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017. Ahora se han conocido dos nuevas sentencias, de fechas 15 y 18 de enero y dictadas en Sagunto y Alicante respectivamente, que igualmente anulan por abusiva la cláusula de IRPH.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia, favorable al IRPH, era contraria al derecho europeo. Son ya como mínimo tres los juzgados que coinciden con el criterio de estos magistrados discrepantes, y no cabe duda que habrá más.

Y tampoco cabe duda alguna sobre cómo terminará todo esto: ante la falta de unanimidad en el propio Tribunal Supremo algún juzgador decidirá elevar cuestión prejudicial a Europa, y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien analice el caso. La esperanza de las miles de familias afectadas es ahora que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.


Nota: las sentencias están disponibles en el apartado Tribunales de nuestra web, y también las puedes descargar haciendo clic aquí (Sagunto) y aquí (Alicante).


 

PRIMERA SENTENCIA DE NULIDAD DE IRPH CONTRADICIENDO AL TRIBUNAL SUPREMO

UN JUZGADO DE AMURRIO (ARABA) DECLARA ABUSIVA LA CLÁUSULA DE IRPH Y LO HACE «EN APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA»

SE DEMUESTRA QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO NO HA AGOTADO LA VÍA JURÍDICA Y QUEDA CLARO QUE EL IRPH TERMINARÁ SIENDO JUZGADO POR EL TRIBUNAL EUROPEO

Donostia, 19-1-2018

Una sentencia fechada el 15 de enero en Amurrio (Araba) se ha convertido en la primera en contradecir al Tribunal Supremo y declarar nula la cláusula de IRPH. Es al menos la primera que conocemos.

Un mes después de que el 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo resolviera a favor de la banca en el primer caso de nulidad de IRPH admitido a trámite se ha publicado esta sentencia que, contradiciendo al Supremo, decide declarar abusiva la cláusula de interés IRPH y lo hace «en aplicación de la jurisprudencia europea».

Se trata de un avance de gran importancia en la lucha contra este índice abusivo. Y aunque sólo era cuestión de tiempo que algún juez decidiera dar el paso y negarse a aplicar la chapucera sentencia del Supremo, el fallo de Amurrio no deja de ser una muy buena noticia para todas las personas afectadas por el índice.

Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía un voto particular firmado por dos magistrados discrepantes que afirmaban sin tapujos que la sentencia era contraria al derecho europeo. La jueza de Amurrio comparte este criterio y anula la cláusula tras comprobar que los demandantes «no tuvieron posibilidad real de comprender el alcance de las disposiciones relativas al tipo de interés». Además, y también en aplicación de la jurisprudencia europea, la jueza de Amurrio no sustituye el IRPH por otro índice, sino que deja el préstamo sin interés.

Es especialmente significativo que esta sentencia haya sido dictada en Araba, pues el más que previsible recurso de la entidad bancaria (Caja Rural de Navarra) deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Araba, que es precisamente la autora de la sentencia que fue revocada por el Supremo el pasado 14 de diciembre. La Audiencia alavesa deberá decidir ahora si cambia de criterio y acata la sentencia del Supremo o si por el contrario se mantiene firme en su doctrina favorable a la nulidad de la cláusula IRPH. Existe una tercera opción, y es que la Audiencia decida plantear una cuestión prejudicial solicitando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida sobre la materia. Lo que es obvio es que si no es la Audiencia de Araba será algún otro Juzgado o Audiencia quien lo solicite, y por tanto se puede dar por hecho que el IRPH terminará siendo juzgado en Europa.

La esperanza de las miles de familias afectadas es por tanto que el tribunal europeo vuelva a corregir al Tribunal Supremo español.

Desde IRPH Stop Gipuzkoa valoramos muy positivamente la sentencia y enviamos un mensaje de ánimo a todas las familias afectadas. Costará, pero venceremos.

Nota: la sentencia está disponible en el apartado Tribunales de nuestra web, y también la puedes descargar haciendo clic aquí.




C’s y PP aprueban en el Congreso que las ocupaciones de inmuebles se resuelvan en juicios rápidos

Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción en la que llama a incluir en el Código Penal los delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido, así como endurecer las penas previstas y garantizar el cumplimiento íntegro del castigo.

La iniciativa, pactada entre el Partido Popular y Ciudadanos a raíz de una propuesta de la formación naranja, ha sido respaldada además por UPN y Foro Asturias, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Compromís han votado en contra. El PNV, el PDeCAT y Coalición Canaria han optado por abstenerse.

La propuesta aprobada por el Congreso llama a reformar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como ‘Ley Mordaza’, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

En este último caso, con el fin de endurecer las penas previstas a fin de garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen su castigo, disuadir a otros de cometer el mismo delito “e impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la ocupación”.

Juicios rápidos

En el caso de los juicios verbales, el Congreso apoya que se decidan a través de ellos cualquier demanda que pretenda el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario.

Respecto a uno de los puntos que más suspicacias generó en su debate en el Pleno del Congreso, la posibilidad de que la Policía pudiera entrar en una vivienda ocupada en caso de existir indicios suficientes de que se estaba utilizando para fines delictivos particularmente graves, como los de terrorismo, tráfico de drogas o trata de seres humanos, el texto finalmente pactado con el PP recoge explícitamente que esta entrada se podrá hacer “siempre que se aporte orden judicial o autorización del titular de la vivienda”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Por otro lado, la iniciativa también incluye medidas para asegurar la protección social, económica y jurídica en situaciones de vulnerabilidad, en particular habitacional, con la introducción de la dación en pago en caso de deudores vulnerables, y la posibilidad de permanecer tres años en la casa con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Asimismo, también reclama reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos con el fin de atender a las personas que hayan sido desalojadas tras una ocupación “cuando concurriese alguna justificada razón social” y la actualización en la página web del Ministerio de Fomento para publicar las ayudas previstas en el Plan Estatal de Vivienda, así como enlaces a los organismos autonómicos que gestionan programas de este plan.

Por último, el Congreso pide evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda, previsto en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y a través del cual entidades financieras ceden pisos para su alquiler social, adquiera carácter definitivo. (EP)

Fuente: confilegal.com




PSOE se alia con PP para evitar que los pisos de la Sareb sean de alquiler social como pide Unidos Podemos

El partido del renacido Pedro Sánchez se alía con la derecha ante un problema trascendental para miles de familias que ocupan pisos.

PP y Psoe se alían para tumbar una propuesta de Unidos -Podemos sobre pisos sociales de la Sareb

Aunque se preveía el apoyo de los socialistas a esta iniciativa de los de Iglesias, el desencuentro vuelve a ser la tónica entre PSOE y Unidos Podemos en un asunto tan relevante como la vivienda y la gestión de los miles de pisos vacíos en el país. En la comisión de Fomento del Senado de este martes el Grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea presentó una moción para convertir el Fondo Social de Viviendas en “un instrumento capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los grupos sociales más vulnerables”, en palabras de la formación.

Para ello, proponía obligar a la Sociedad de Gestión de Activos porcedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado ‘banco malo’, a ceder su parque inmobiliario al Fondo Social de Viviendas. Por otro lado, promover la creación de un “registro de viviendas vacías y desocupadas” que actualmente son propiedad de los bancos, como paso previo a obligarlos también a colaborar con el mismo fondo “mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas”.

Por último, la iniciativa de Unidos Podemos pedía que “el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda”, algo que en la actualidad no sucede y que, según el grupo, es “de sentido común”.

La moción fue bloqueada por PP y PSOE. Los socialistas incluyeron una enmienda de sustitución proponiendo “promover la flexibilización de los requisitos de acceso al Fondo Social de Vivienda” y “promover los acuerdos con la Sareb y las entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social”.

“Promover” frente a “obligar”: es la gran diferencia de las propuestas de PSOE y Unidos Podemos en la cuestión sobre si las Administraciones deben disponer del stock de viviendas vacías de la banca y del ‘banco malo’ de forma automática o mediante concesiones voluntarias de las propias entidades.

“Después de casi cuatro décadas desde la aprobación de la Carta Magna podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoels”, argumenta Podemos en su moción, insistiendo en que “la provisión de vivienda se ha dejado en manos del mercado y los bancos: desahucios sin alternativa habitacional (más de medio millón desde que estalló la crisis en 2007) al tiempo que España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas)”.

La propuesta del PP, que también incluye una enmienda de sustitución, propone ayudas para que estos “grandes tenedores” puedan animarse a ceder sus viviendas a colectivos vulnerables. Plantea que la comisión de Fomento del Senado “inste al Gobierno a que el Plan Estatal de Vivienda recoja un programa de ayudas que posibilite a los grandes tenedores de vivienda ofrecer sus viviendas desocupadas a quienes sean objeto de desahucio judicial y se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

“Hora de que los bancos asuman responsabilidades”

En este sentido, la formación morada y sus confluencias entienden “que no es necesario explicar la responsabilidad de las entidades financieras en la grave situación que viven muchas familias españolas”. Recuerdan las sentencias europeas “que declaran la ilegalidad de la normativa hipotecaria española” para expresar que “es hora de que los bancos asuman responsabilidades y obligaciones”.

“Existe una especial responsabilidad social corporativa de los grandes tenedores de vivienda con la crisis residencial de nuestro país”, destaca la moción, pidiendo que esa responsabilidad se traduzca en “la obligación de contribución con viviendas idóneas al Fondo Social de Vivienda”.

Ni siquiera la Sareb, creado para gestionar los activos procedentes de la reestructuración bancaria, forma parte del Fondo Social de Vivienda”, insiste Podemos, “aunque así se lo haya pedido el Defensor del Pueblo ante su posición en el mercado inmobiliario como poseedor de miles de viviendas”.

fuente: elboletin.com




La línea roja: la ocupación al debate entre abogados

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legislación y documentación sobre ocupación de viviendas




Estado policial contra la ocupación

20 familias ocupan viviendas en Madrid

Desde hace ya muchos años se viene ejecutando una campaña orquestada contra la ocupación y los ocupas mismos.
Esta campaña no es casual ni espontánea ni tienes fines nobles, sino bien espurios. La vivienda se viene empleando por la clase dominante como medio de explatación de la clase subalterna, obligando a pagar un elevado sobreprecio por alquileres e hipotecas. Sin embargo, este cerco no está completamente cerrado aún, tiene una vía de escape que es la ocupación. Por eso quieren acabar con ella.
La ocupación es la principal arma de la clase trabajadora en su lucha por el derecho a la vivienda. La ocupación es al derecho a la vivienda lo que la huelga es al derecho al trabajo. Con ella el ocupa tira a la baja de los sobreinflados precios de alquileres e hipotecas. Por tanto, su lucha beneficia al conjunto de la sociedad, incluso a aquellos que les rechazan porque se han dejado lavar el cerebro por efecto de esa demagógica campaña en su contra.
Con esta campaña a fuerza de repetirla quieren convertir en verdad la mentira que la ocupación es ilegal. Sus promotores creen que su admirado Goebbels tenía razón al afirmar que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pero la cruda realidad es que la mentira tiene la patas muy cortas.
La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC establece la adquisición de la propiedad por prescripción y los artículos 1957 y 1959 CC los requisitos en el caso de inmuebles. Esto es lo que se llama la usucapión, término que si alguno le suena a latín ya le habrá dado una pista para saber que este modo de adquirir la propiedad es tan antiguo como los romanos.

La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC.

Lo anterior no va en contra del derecho a la propiedad ni deja desprotegido a los propietarios, pues estos disponen de suficientes medios en el ordenamiento jurídico para proteger su propiedad. Por ejemplo los apartados 2º, 4,º y 7º del artículo 250.1 LEC que establecen procesos sumarios para recuperar la posesión en el menor tiempo posible. Si la Administración de Justicia estuviera bien dotada de medios personales y materiales como para resolver los procesos en tiempo razonable, los propietarios podrían recuperar la posesión en breve plazo y las ocupaciones solo prosperarían en el caso de inmuebles a los que sus propietarios han renunciado.
La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación. La ocupación solo se refiere a inmuebles en desuso, o dicho más claramente desocupados mientras que el allanamiento de morada tiene que ver con las viviendas habitadas. Sabedores que la entrada en viviendas habitadas ajenas no puede causar más que repulsa, estos charlatanes insisten en confundir a la gente para que crean la ocupación es o incluye el allanamiento de morada, cuando nada tiene que ver con ello. Para hacer creer a gente fácilmente manipulable que mientras están fuera de su casa en sus quehaceres diarios o de vacaciones, pueden encontrar a la vuelta sus casas “ocupadas”. Si eso sucediera no estaríamos ante una ocupación, sino ante un allanamiento de morada y la Policía podría desalojar e incluso detener a los allanadores de la morada, que no ocupas, pero lo que sin duda si haría es desalojarlo.

La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación.

Otra de las mentiras de la campaña contra la ocupación es que los ocupas son unos vividores. Suelen ir acompañada de la mentira que ocupan casas de lujo. La mentira sobre su condición de vividores es similar a la mentiras sobres los trabajadores en paro que tienen que soportar que se les califique de gandules y se les diga que si no tienen trabajo es porque no quieren, porque el que busca trabajo encuentra. O sea que lo del paro es un cuento. Al parecer el que exista gente que no pueda pagarse una vivienda de alquiler o compra también debe ser un cuento.

Pues bien, yo no he conocido ningún ocupa de estos vividores, todos los que conozco son personas que no tenía otro medio de conseguir una vivienda. Pero si conociera a alguien que pudiendo pagarse una vivienda optase por ocupar no le reprocharía nada sino que le aplaudiría porque la ocupación es una lucha, una lucha por el derecho a la vivienda, y la gente que tiene suficiente dinero para vivir e incluso para malvivir suele rehuir la lucha. En cuanto a lo de las casas de lujo, no he visto a ningún ocupa en una casa de lujo. Y quienes les acusan de tal cosa no saben lo que es una casa de lujo, ¿cómo iban a mantener una casa de lujo? Para mantener una auténtica casa de lujo hay que ser rico y no conozco a ningún ocupa rico. Lo que si he visto es ocupar casas grandes y nuevas. Y me parece bien, porque eso significa que se considera una persona digna y que por ello no va a ocupar un cuchitril, sino la mejor casa posible.

El asedio a la ocupación no se limita a la propaganda, sino que existe una activa guerra sucia por parte de jueces corruptos y policías corruptos, que sistemáticamente privan de sus derechos a los ocupas. Son de lo más normal las prevaricaciones favorables a los propietarios en pleitos que legalmente deberían ganar los ocupas. Son muy habituales también los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por iniciativa propia de policías que integran una suerte de escuadrones de la muerte antiocupación.

De la enésima y una de las últimas escaramuzas de esta guerra sucia contra la ocupación ya hemos hablado en anteriores entradas: La ocupación no es ilegal y La ocupación tiene la culpa de todo. Pero tenemos que volver a hablar porque los propagandistas de este sucio ejército irregular contra la ocupación, han decidido que aún se podía exprimir más para sacar otro libelo.


La situación de la ocupación en el pueblo de Calafell

En sus tres primeros párrafos se dice que el Ayuntamiento de Calafell va a instaurar un Estado policial contra la ocupación. Aunque quienes conocen Calafell dirán que no es que lo vayan a instaurar porque ya existe desde no se sabe cuantos años, sino que el Estado policial calafellense va a ampliar sus actividades al tema de la ocupación. Como todo Estado policial entre los miembros de sus cuerpos represores no solo se encuentran policías y ejército sino también una red de civiles que actúan de espías, delatores y chivatos. Por eso la primera medida del jefe del Estado policial calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, ha sido una llamada a los ciudadanos que quieran integrar este cuerpo de chivatos. Y por lo que cuenta en estos primeros párrafos parece que ser que ha tenido éxito.

Los Estados policiales suelen reprimir actividades y suprimir libertades a los ciudadanos que en otros Estados no tan autoritarios,  parecen normales. Esta premisa también se da en el Estado policial calafellense antiocupación. Pues la ocupación no es ilegal y por tanto al impedir a los ciudadanos ocupar viviendas esta perpetrando los delitos de coacciones y de organizacion criminal. Por ello el Estado policial calafellense es además un Estado criminal.

Además de a ciudadanos individuales, el jefe del Estado policial y criminal calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, también ha pedido la colaboración en su guerra sucia contra la ocupación a dos supuestas asociaciones de defensa del derecho a la vivienda con presencia en su territorio, la PAH y 500×20 Costa Daurada. En el último párrafo del libelo se dice que a esta última le ha faltado tiempo para atender la petición del Caudillo de Calafell y ofrecerse con entusiasmo para ello. Los que la conocemos ya sabíamos que es una falsa asociación de defensa del derecho a la vivienda y de su servilismo hacía el Caudillo de Calafell. Así que no nos ha sorprendido en absoluto. Es una gran fichaje para el Estado policial y criminal calafellense, porque ¿qué mejor arma contra el derecho a la vivienda que una asociación que supuestamente defiende el derecho a la vivienda? Esto lo entendió muy bien la Banca cuando decidió crear la PAH para convencer a los hipotecados que lo mejor era entregar sus viviendas a la Banca en lugar de luchar por ellas.

Estos quintacolumnistas de 500×20 Costa Daurada aprovechan para arremeter contra los ocupas a que se refiere esta noticia del mismo medio de lavado de cerebros de masas. Esta familia es una más de las muchas familias a las que al estallar la actual crisis, el Estado español gobernado por el PSOE y el PP dejo tiradas, es una de las muchas familias desahuciadas en la gran estafa hipotecaria al no poder continuar pagando su préstamo. Después de eso alquilaron una vivienda, hasta que ya no pudieron pagar más. Entonces ocuparon una vivienda usurpada por un banco, es decir, en el Registro de la Propiedad constaba como propietario un banco. Este banco les denunció por usurpación, delito del fueron absueltos. La vivienda lleva más de tres años en su posesión y por tanto, legalmente no se les puede privar de su posesión. Unos aprovechados que dicen ser los propietarios de esa vivienda, pero que en absoluto lo son, compraron al banco usurpador la vivienda a bajo precio por el hecho de estar ocupada y a sabiendas que estaba ocupada. ¿Pueden explicar estos traidores de 500×20 Costa Daurada porque están en contra de esta familia? No es necesario, simplemente porque están al servicio del poder y en contra del derecho a la vivienda como colaboracionistas.


José Angel GALLEGOS




detrás de un suicidio, detrás de una familia con problemas económicos … hay un banco

declaraciones a pie de Juzgado de Luís Chamarro, coordinador PAH Madrid, sobre la violencia de los bancos contra los hogares.

“…La desesperación de las familias se inicia con las ejecuciones hipotecarias…”

“….detrás de un suicidio, detrás de una familia con problemas económicos … hay un banco…”

“… 5 suicidios diarios a razón de la crisis económica…”

>>> video original en >>>




Las titulaciones hipotecarias son las que han empujado al PP a recurrir la ley de emergencia habitacional catalana

El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de abril ha recurrido las leyes y normativas aprobadas solemnemente por unanimidad por el Parlament de Catalunya conocida como la “ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética“. Esta ley que fue fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha sido recurrida delante del Tribunal Constitucional dentro del plazo que termina el día 5 de mayo. A falta del dictamen del Tribunal el Gobierno interino del PP recurre contra determinados apartados: los artículos 2, 3, 4, 5, 7, y las disposiciones adicional transitoria segunda y final tercera de la mencionada Ley.

saenz_santamaria_junqueres¿Qué se recurre exactamente?

Contra lo que pudiera haberle parecido u oido no se ha recurrido la emergencia energética. La misma Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, califica el articulado sobre emergencia energética como “miserable… todo menos ambiciosa“. La ley catalana, aprobada por todos los partidos incluido el PP, lo que hace es: “si tú no pagas la luz este mes, lo pagas dentro de tres meses… con los intereses, te estoy acumulando una deuda… o bien el Gobierno paga a través de un fondo social que hay que crear“.

Tampoco se recorre el Decret-Llei 1/2015 sobre tanteo y retracto de pisos provinentes de ejecuciones hipotecarias (se compran pisos a los bancos que se los cobran dos o más veces). Igualmente la normativa de multas a los pisos vacios de grandes tenedores del Decret-Llei 14/2015 tampoco se recurre.

Los que sí se recurren son los artículos de la ley 24/2015 referidos a la emergencia habitacional porque invaden competencias estatales y/o hacen peligrar el derecho a la propiedad privada y generan un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero (se puede ver la nota de prensa del Consejo de Ministros al final de esta entrada en prouespeculacio.org).

Se recurre especialmente el artículo 5 que impone el alquiler social tasado, por 3 años nada más, en los procesos de desahucio de ejecuciones hipotecarias y de alquiler porque pone trabas a la libre competencia en el mercado inmobiliario. Este artículo se aplica sólo a los hogares en riesgo de lanzamiento pero tiene su contrapartida. La ley catalana en su intento de evitar la foto de la familia desalojada exige al gran tenedor de vivienda que ofrezca un alquiler social. Pero para la realización del contrato de alquiler el ejecutado debe aceptar pacíficamente la pérdida definitiva de la posesión de la vivienda. El gran tenedor resuelve así por la vía pacífica con la ley en la mano el desalojo violento que tanta ampolla levantó estos años. En cierto sentido, la moratoria de Guindos es más beneficiosa pues desde que se aprobó en el 2012, no ha permitido desalojos y las familias no pierden la posesión de la vivienda. Esa es la razón por la que ahora los Fondos de Titulización y la Banca están usando masivamente la ley catalana por medio de requerimientos de alquiler social de 3 años. Es un poco perverso porqué precisamente la posesión de la vivienda es la última arma para negociar la deuda pendiente. En poco menos de tres años la Banca y los Fondos inmobiliarios habrán limpiado sus balances y tienen a tiro echar a los inquilinos con la dictadura de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).

Por su parte el artículo 7, sobre la función social de la vivienda, proponía la cesión obligatoria de los pisos de grandes tenedores para alquiler social que impide maniobrar con facilidad con propiedades vacías u ocupadas exigiendo el alquiler social forzoso. Podemos concluir que se recurre aquel articulado que no permite a la Banca, a los fondos de titulización hipotecaria adquirir en pleno dominio las viviendas que una tras otra caen en sus manos después de fraudulentos procesos de ejecución donde ni siquiera son titulares de la deuda ni de la garantía. Esa es la razón: crean inseguridad jurídica que desmejora la carátula de los folletos de emisión de las titulizadoras ante los inversores o posibles bonistas-rentistas. Igualmente las SOCIMI tienen mermadas durante tres años su pleno derecho de propiedad al verse obligadas en los casos de familias en riesgo de negociar un alquiler social.

Es una tímida ley a la que ahora se le despoja de cualquier molestía que retrase los negocios inmobiliarios. Por eso, no compartimos totalmente el entusiasmo de los portavoces políticos y sociales que calificaron la ley catalana como “la más garantista de Europa” (1). Nuestra crítica a esa ley se fundamentaba en que no había un desarrollo normativo y además después de un año tampoco hay partidas presupuestarias que la avalen y que el mismo Conseller Vila cifraba en 800 millones de euros. El ahogo financiero de Catalunya desde el ministerio de Montoro hace casi imposible su aplicación si no es por la vía directa del enfrentamiento soberanista (2). Por eso nosotros la calificabamos esa ley de BRINDIS AL SOL, poco antes de las trascendentales elecciones catalanas del pasado año.

La inseguridad jurídica de las titulaciones hipotecarias son las que han empujado al PP a recurrir.

No, no somos aguafiestas en nuestra Asociación 500×20 o prouespeculacio.org. Creemos firmemente en que la verdad se debe explicar a la gente para que el pueblo pueda tomar decisiones valientes y sabias. No compartimos los llamamientos a la supuesta maldad innata de PP. El PP ha movido pieza, no porqué tenga miedo a la ley catalana, sino porqué como partido del régimen representa, al igual que otros, los intereses de las élites financieras del país. Y esa ley catalana creaba inseguridad jurídica a las emisiones de las titulizadoras españolas en el mercado de renta fija que anda muy paralizado.

Hablamos del motor financiero de la banca, de la financiación de la burbuja, de la creación privada de dinero con la deuda hipotecaria. Ese es el ojo del huracán.

No tenemos espías en el Consejo de Ministros. Tampoco sabemos los caminos obscuros por los que los poderes financieros hacen llegar hasta el Consejo de Ministros sus necesidades. Tal vez más de un ministro es lobista de la Banca. No, nuestra información la tenemos a la vista como todo el mundo: Grandes bancos españoles y algunos de los mayores fondos de inversión del mundo esperaban que el Consejo de Ministros anunciase la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley 24/2015 de la Generalitat de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (3). VoxPupuli publicaba esa noticia sin tan siquiera el periodista citar la titulización hipotecaria. Esa palabra maldita que no hay manera que aparezca en los medios de comunicación.

La Asociación 500×20 cree firmemente en el uso de las titulizaciones hipotecarias como arma contra la banca y creemos que la entrega de los pisos de las familias a los bancos sólo redunda en la estafa financiera. Por eso estamos con la mosca detrás de la oreja cada vez que oímos grandes cifras en el negocio hipotecario: “BBVA se encomienda hoy a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones”…. dice el periodista de VoxPopuli.

mordor¿Venta de hipotecas del BBVA por 1500 millones?

No, el BBVA no va a vender préstamos hipotecarios, para reactivar el mercado inmobiliario. Lo que ocurre es que el BBVA, en una situación de pérdidas y con el balance cogido con pinzas, quiere vender una cartera de 1500 millones de euros en hipotecas ya concedidas, durante el 2015 y 2016, creando un fondo de titulización para cobrarlas y volver a la ruleta. La fuente del periodista la desconocemos pero si sabemos ver que el mercado de titulizaciones del BBVA, como mínimo, anda seco desde hace un año. Será la ley catalana, el soberanismo o el singobierno del país pero Europea de Titulizaciones SGFT, la titulizadora del BBVA, no saca un fondo hipotecario desde el RMBS15 BBVA del 11/05/2015 (4). Un año entero cuando lo normal ha sido incluso dos emisiones por año en medio de la crisis financiera.

No, no es el PP, arcángel del mal, … es Mordor el Señor al que hay que matar!!

Lo que es seguro que estaremos todos los movimientos sociales en la calle juntos para defender el derecho a la vivienda independientemente de los matices y opiniones.

Salva TORRES, activista de asc.500×20

POSTDATA:

(1) .- VientoSur : “Tenemos la ley más garantista de Europa. Ahora falta voluntad política”.

(2).- VientoSur : Quema de la Constitución, pobreza energética y vivienda.

(3).- VoxPopuli. BBVA se encomienda hoy a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones.

(4).- ET-SGFT.- Listado de fondos de titulización.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE CATALUÑA DE MEDIDAS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA EN LA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Además, se solicita la suspensión cautelar de la norma al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.

En concreto, se interpone recurso contra determinados apartados de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, y las disposiciones adicional transitoria segunda y final tercera de la mencionada Ley, por los siguientes motivos:

  • El artículo 2 regula un procedimiento extrajudicial, al que se atribuyen facultades que podrían tener efectos sobre los procedimientos judiciales o en órganos administrativos, como las Comisiones de Valoración. Por ello, ha de considerarse inconstitucional, ya que infringe las competencias que el artículo 149 reserva al Estado en materia de legislación civil y procesal.
  • El artículo 3 regula el procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, un procedimiento distinto al que contiene la Ley Concursal, de competencia estatal exclusiva.
  • El artículo 4 alude a la extensión al fiador de la cancelación del pasivo no satisfecho, por lo que vulnera las competencias estatales, ya que este precepto no se encuentra entre las competencias autonómicas en materia de consumo.
  • El artículo 5, la disposición transitoria segunda y la final tercera vulneran la competencia estatal en materia de legislación procesal, al establecer un requisito previo a la interposición de una demanda judicial de ejecución hipotecaria. Introduce, como novedad, que la propuesta de alquiler social se efectúe antes de la adquisición de la vivienda, por lo que se entiende que la regulación autonómica condiciona la libertad civil de contratación y el ejercicio de acciones judiciales, y vulnera las competencias estatales sobre la legislación civil y procesal.
  • El artículo 7 hace referencia a la cesión obligatoria de viviendas y constituye una transferencia coactiva y temporal de la titularidad de la vivienda que incide en el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de la Constitución. Supone, además, una discriminación arbitraria de las personas jurídicas o grandes tenedores de vivienda, a las que se imponen obligaciones más gravosas. Esta normativa genera un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero.
  • La disposición adicional prevé que, en caso de cesión de un crédito garantizado con la vivienda, el deudor podrá liberarse de la deuda abonando el precio que haya pagado el propietario más los intereses legales y los gastos que haya causado la reclamación de la deuda. En esta materia, la norma catalana presenta lagunas esenciales que determinan un apartamiento de la regulación civil, competencia del Estado.



La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.

OJO!!!!…….. Debería leer la primera parte de este documento antes de continuar en la que se encuentra ahora para entender mejor el conjunto del texto.

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2ª parte: La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

El parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades: ¿ objetivo de la vivienda social?

En el anterior capítulo hemos visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social. Hay poderes fácticos (banca, inmobiliarias, inversionistas, la Iglesia católica y propietarios particulares) que controlan ese bien esencial para la vida, alterando la ley de la oferta y la demanda, porqué habiendo excedentes de producto (viviendas) los precios no bajan a pesar de la caída de salarios. Llegados a este punto, para poder extraer conclusiones, nos falta un análisis del objeto de disputa: el parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades (*1).
Lo primero que debería hacerse en la era de la digitalización es un censo fiable y cruzado entre el Registro de la Propiedad, las empresas de suministros, el catastro y el empadronamiento que arrojaría la verdad sobre como esta distribuida la propiedad inmobiliaria y cómo utiliza sus viviendas (*2). Ese censo demostraría que a pesar de lo que pudiera parecer no son las viviendas nuevas el objeto de disputa. En las grandes ciudades la nueva construcción en el largo decenio del boom inmobiliario no fue exagerada (*3). En Barcelona las viviendas nuevas construidas en la década del 2001-10 representan sólo un 5% del total del parque de viviendas que se sitúa en 811.106 viviendas (*4). El problema en las grandes ciudades,donde se concentra el alquiler es que la mayor proporción de vivienda vacía o secundaria es de segunda mano aunque hacía las periferias se igualan las vacías nuevas y de segunda mano. En el caso de Barcelona (*5) el gran problema son las viviendas vacías en número de 88.259 (12%) mientras que en Madrid el problema es un enorme parque de 200.000 viviendas secundarias (15%).
Nuestro estudio en base a las estadísticas del INE descubre interesantes datos. En Barcelona la mitad de las viviendas se construyeron entre los años 1940/80, por lo que 423.429 de ellas tienen entre 40 y 80 años. Han pasado largamente el ecuador de su “amortización catastral” que se sitúa en una orla de 20 a 35 años. En Madrid en ese período del 1940 -80 se construyeron 830.841 que representan más del 50%, por lo que resulta que la mitad del parque de pisos de la capital del estado español ha pasado también el ecuador de su amortización catastral(*6).
En las grandes ciudades la vivienda dedicada al alquiler suele ser la vivienda de segunda mano que en el 90% de los casos ha superado más de una vez el umbral de amortización si ha estado durante 25 años alquilada(*7) y además es propiedad sobre todo de particulares o personas físicas. Si ese segmento de viviendas que han pasado más de una vez el umbral de amortización son las candidatas a vivienda social ese dato debería ser tenido en consideración para no pagar un sobreprecio por ellas.
Veamos un ejemplo de vivienda privada construida en el año 1960 que ha sido hogar en propiedad hasta 1990 ha superado su umbral de amortización por su mismo valor en alquiler. Si en adelante el mismo propietario la arrendó libremente hasta la actualidad, 25 años, ha superado por segunda vez su amortización. Además hay que añadir el coste que para el erario público supusieron las ventajas fiscales de la compra y las del alquiler que hemos explicado. Si en 2016 esa vivienda entrara en la Bolsa de Vivienda Social, ¿sólo nos atrevemos a fijarle un precio ligeramente inferior de la renta media de viviendas iguales en la zona?. Ese precio regulado es el precio que la administración o un operador como Habitat3, etc. está dispuesto a pagar, no es el recibo pagado por el inquilino que se rige por otros baremos sociales (*8).
Por contra, una vivienda de alquiler público sólo debe amortizarse una sola vez por la Administración. A partir de ese momento los arrendamientos se pueden destinar a obras de mantenimiento o a construir otros edificios. Tampoco se debe amortizar el suelo que se mantiene al margen de la especulación. Por eso los países que han invertido en vivienda social de manera masiva han liberado recursos para investigación, industria. Aquí el suelo público se privatizó con las VPO que han acabado siendo un fraude masivo a la sociedad y la incubadora de la burbuja inmobiliaria porqué al introducir el crédito hipotecario se inyectó la financiarización de la vivienda, y “la cultura de la sociedad de los propietarios” para desproletarizar a la clase media trabajadora.
La demanda de alquiler asequible está estimada en Barcelona en 70.000 hogares y de 250.000 en toda Catalunya según las organizaciones sociales… Si las políticas de subvención indiscriminada de la propiedad no han conseguido movilizar esas viviendas en un país con una política fiscal tan desorbitadamente favorable a la propiedad, la solución pasa por ¿extender aún más la bonificación a la propiedad?
En nuestra humilde opinión, esta es una política presupuestariamente suicida si pretende alcanzar al conjunto de la población necesitada. Un ejemplo de lo que decimos es la famosa ley 24/2015 que pretende el fomento del alquiler social aprobada en el Parlament de Catalunya solemnemente por todos los partidos (*9). Después de 9 meses continua sin tener un acompañamiento presupuestario estimado en 800 millones de euros anuales.
Las ayudas públicas al alquiler social son sencillamente de derecha. Incentivar el alquiler social fomentando las bonificaciones a viviendas que han sido amortizadas más de una vez sólo refuerza el bucle del poder financiero de los rentistas y su modelo económico especulativo. Si Alemania es el ejemplo por su amplio parque de vivienda social, es porqué una buena parte de los ahorros y la inversión han ido a sectores productivos en lugar de incentivar la especulación de los bienes raíces y los rentistas inmobiliarios.

Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto

Los Bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, Api’s, etc dividen a los potenciales inquilinos por perfiles financieros asegurando los mejores para la fórmula “alquiler seguro”(*10). En el lado de los arrendadores tendríamos al pequeño propietario marginal que ha acumulado uno o más pisos por herencia familiar, al inversionista que quiere hacer “negocio” usando una vivienda arrendada y a los propietarios de múltiples viviendas o edificios por herencia o compra. Más allá tendríamos a los grandes tenedores.
Es en esta última franja donde nuestro país se esta produciendo una revolución del mercado, como hemos explicado, por la entrada masiva de capital especulativo. El PPsoe+CiU+PNV lleva años preparando el terreno en lo que sería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorías en los pasillos del Congreso de Diputados. No sólo han desarmado al inquilino con sucesivas reformas legislativas sino que han mejorado el poder financiero de los propietarios cambiando las condiciones fiscales para crear el llamado “mercado profesional del alquiler” con las SOCIMI que representaran un caballo de Troya contra los pequeños propietarios. Claro, todo se justifica con lo de facilitar el alquiler.
Asistimos a una batalla por el control del parque de vivienda en este país sobre todo en las ciudades. Por un lado, el tinglado inmobiliario de la Banca tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Por otro lado, el control lo extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“ cuya materia prima ha sido la compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso a precios de derribo después que el Estado ha cubierto las pérdidas de las Cajas de Ahorro y la Sareb. Ese largo medio millón de viviendas hubieran sido la base de un parque de vivienda pública de alquiler asequible, hoy, son el vehículo disfrazado de la misma banca nacional o extranjera que les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría y mejor oferta del mercado. Igualmente, las ventajas fiscales les darán una oportunidad inigualable respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler. Este dominio del llamado “mercado profesional del alquiler” también se verá reforzado por el control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros e impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de agilizar los desalojos por impago de alquileres uno de los dolores de cabeza de los pequeños propietarios.
Los pequeños propietarios no pueden competir con este mercado profesional de alquiler pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en “una guerra entre pobres” con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos.
Hay una izquierda que apuesta por esa opción: derribar todos los obstáculos legislativos a las SOCIMI con esa fiscalidad ventajosa y no quieren cambiar ni una coma de la actual LAU (*11). Basta leer los documentos de Fundación Alternativas, del Psoe, cuya presidenta es la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Delegan en las SOCIMI, como Azora (*12), creadas con el material de la Sareb, para generar un volumen de negocio que irrumpa en el mercado libre o subvencionado en lo que debería haber sido el papel del Estado con un parque de vivienda pública de alquiler. Ese trabajo sucio legislativo y patrimonial ya lo han hecho durante la crisis y sus resultados son observables porqué la guerra de pobres se ha agudizado en los desahucios del alquiler entre precarios y propietarios particulares. Esta configuración del mercado de alquiler tiene como efecto la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Para esto tienen una solución: el alquiler social subvencionado. Pero son palabras: en un país con el presupuesto intervenido por la Troika comunitaria no hay dinero para una política de ese colosal tamaño.

Deshaciendo el nudo del derecho a la vivienda.

El gerente de Vivienda de Barcelona, sr.Javier Burón, es otro firme partidario de la colaboración público-privada, es decir, aumentar y extender los incentivos a los propietarios para que alquilen sus viviendas. Asegura que en España deberíamos dedicar unos 13.000 millones de euros a esa misión para compararnos con Alemania (*13). Nuestro estudio demuestra que ya lo hacemos pero se lo entregamos todo a los propietarios. El sr. Burón basa su política en su experiencia en Euskadi como gestor del Gobierno vasco (Alokabide) está avalada por su trabajo en su empresa URBANIA ZH GESTION (*14).

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y el Regidor de Vivienda, Josep Maria Muntaner

Pero los resultados durante varios años de las experiencias más avanzadas como la SPA (Sociedad Pública de Alquiler), Avalloguer en Catalunya o Alokabide en Euskadi no han demostrado poder atraer el parque de vivienda vacía o infrautilizada de manera suficiente mediante la intermediación y la subvención de los arrendamientos. De hecho en Euskadi los datos muestran un aumento de las viviendas vacías en manos de particulares o propietarios marginales (*15). El problema de hecho está en que los propietarios marginales no se fían de los contratos, ni los avales, ni de los seguros ni de los plazos de pago de unas administraciones muchas veces sobreendeudadas.
Igualmente, la política de multas a los pisos vacíos de la Banca ha tenido hoy por hoy un recorrido confiscatorio- repito confiscatorio- muy limitado. Las leyes aprobadas de alquiler social de los pisos de la banca han sido aplicadas mayormente en viviendas para regularizar ocupaciones o para evitarlas se hacen contratos de alquiler a los antiguos propietarios que provienen de ejecuciones hipotecarias en las periferias de las ciudades. Los buenos pisos, los mejor situados, no entran en estos negocios.
Por otro lado, el hecho que el alquiler social se restrinja a determinadas capas de la población y a determinados barrios no hace más que aumentar la marginalidad de unos o fomentar la gentrificación de otros. Dicho de otro modo, los actuales ayuntamientos de izquierda no llegan más allá de la beneficencia ante el dilema de la emergencia habitacional que afrontan con la urgencia de la inmediatez.

El marco jurídico del derecho a la vivienda.

Deshacer el nudo del derecho a la vivienda pasaría, a nuestro modo de ver, por garantizar el alquiler social universal como un servicio público a cualquier ciudadano independientemente de las rentas. Sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público. Este marco se puede desarrollar dentro de la Disposición Adicional Primera de la LAU que permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública donde se pagaría en función de las rentas y no del mercado.
Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

La recuperación de la Sareb, etc como vivienda pública o social

En “lo inmediato” proponemos una campaña pública y persistente de todas las administraciones para que la banca entregue sus viviendas en cesión gratuita durante una década o más. En paralelo habría que destapar todas las propiedades de los grandes tenedores mediante un verdadero censo cruzado de propiedad de los parques de vivienda. Una campaña mediática de culpabilización de la banca con todos sus estragos demostrando como la mayoría de las ejecuciones hipotecarias fueron abusivas e ilegales por titulización de los créditos hipotecarios y como el Estado cubrió las pérdidas de los fondos de titulización privatizando ganancias y socializando las pérdidas. Todo ello prepararía el terreno para la recuperación de todas las viviendas de la Sareb y de las ejecuciones hipotecarias que se convertirían en un gran parque de vivienda pública con derecho de cesión a sus antiguos propietarios a cambio de la cancelación de la deuda. Igualmente se deberían derogar todas las figuras tributarias especiales como las SICAV y las Socimi.
La entrada de ese parque gratuito para el Estado en el mercado provocaría un hundimiento de precios que evitaría la guerra entre pobres, daría cobijo a las necesidades más inmediatas de alquiler asequible y permitiría las siguientes medidas legislativas encaminadas a movilizar la gran cantidad de viviendas de los pequeños propietarios.

Movilizar la vivienda secundaria y vacía de las ciudades.

En primer lugar proponemos la modificación de la ley tributaria derogando las desgravaciones fiscales y aplicando a los arrendamientos la tributación progresiva en el IRPF y la presión fiscal municipal sobre las viviendas secundarias y vacías de las ciudades. A ello se sumaría un censo real y una fuerte campaña institucional dirigida a que la vivienda cumpla la función social por la que fue construida. Igualmente para hacer aflorar el fraude todos los alquileres, en primera vivienda, podrían disfrutar de una desgravación fiscal (podría estar en el mismo borrador) con los parámetros más eficaces para investigar el fraude y ahuyentar el efecto inflacionario. Igualmente podría estudiarse una desgravación fiscal y ayudas a la rehabilitación para los propietarios sujetos a contratos de alquiler social a 5 o 10 años con clausula de prorrogable.
Ante el dilema de impuestos crecientes y un mercado difícil la movilización de la vivienda de particulares se podría hacer también con la figura ya utilizada de la cesión a la administración por x años a cambio de rehabilitación y exención de impuestos. Todas las medidas propuestas son constitucionales y tendrían un coste infinitamente más barato. Además el parque inmobiliario se adecuaría a estándares más modernos de eficiencia energética y de accesibilidad que podrían venir de proyectos cooperativos barriales que repartirían trabajo entre el precariado y la micro-inversión.
Pero la condición incondicional e inicial de este plan es recuperar las viviendas expropiadas por la banca a los hogares hipotecados y constructoras fallidas a lo largo de la llamada “crisis” y que hemos pagado todos. Habrá que vencer las resistencias que el complejo financiero-inmobiliario tiene incrustadas en la misma administración y en los pasillos de los parlamentos y cabildos.
Un último apunte, la limitación de alquileres por zonas es de muy difícil diseño, más costoso mantenimiento burocrático y generará múltiples agravios comparativos que levantará enemigos donde no los había. El golpe final, la guinda, vendría de una medida que debería estudiarse en el ordenamiento jurídico: la municipalización del suelo sería la mejor herramienta contra la especulación inmobiliaria al sacar el suelo del ámbito de las transacciones del mercado

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

OJO!!!!…….. 

Puede bajarse el documento completo con las dos partes listo para imprimir AQUÍ

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Notas:

1.- Vivienda principal es aquella donde esta empadronada una unidad familiar o hogar. Vivienda secundaria es aquella que no vive regularmente un hogar o no está empadronado nadie.
2.- Ciudad: nº de viviendas / viviendas principales / viviendas secundarias / viviendas vacías
Barcelona: 811.106 / 684.078 / 38.769 / 88.259
Madrid: 1.530.957 / 1.320.531 / 210.426 / 57.325
3.- En Barcelona se construyeron sólo 41.160 pisos entre el 2001 y el 2011 .
4.- Cifras de viviendas en TOTAL. INE- instituto Nacional de Estadística.
5.- Prouespeculacio.org / Alcalde Trías hay 90.000 pisos vacíos en Barcelona: 5 razones que lo evidencian.
6.- Fuente INE. ciudades+año construcción+número habitaciones.

7.- ElConfidencial.com / En España, la media histórica para recuperar una inversión a través del alquiler ha estado en 19,5 años. En plena burbuja llegó hasta 32,2 años y hoy se sitúa en 25,6.

8.- Hasta la fecha Habitat3 dispone de un presupuesto municipal 7.200.000 € para un total de 235 pisos utilizables durante 3 años, lo que supone un gasto de 851 €/mes, más lo que pagan los inquilinos. Creemos que el sobreprecio es exagerado.
9.- Prouespeculació.org / Crítica de la ley sobre la emergencia habitacional y la pobreza energética de Cataluña.
10.- Eleconomista.es / El temor al impago dispara los productos de alquiler seguro.
11.- Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado professional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años.
12.- Azora, Anticipa, Anida, Solvia, etc serían ejemplos muchos de ellos a cobijo de fondos públicos pagados desde la Sareb.
13.- eldiario.es / El aumento de los precios del alquiler en Barcelona pone en alerta al ayuntamiento de Colau.
14.- Lindekin, URBANIA ZH GESTION
15.- Eldiario.es / 2015: Solo el 20% de las 91.008 viviendas vacías está a la venta o en alquiler en Euzkadi.



La burbuja del mercado del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero.

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.


Ada Colau ha dicho que en Barcelona hay una nueva burbuja inmobiliaria después que los precios de los alquileres hayan subido de media un 7% en 2015 y de un piso de 75 m² se pidan rentas de casi 800€. Otro dato apunta en el mismo camino: en 2015 la ciudad recibió una inversión inmobiliaria de casi 2.000 millones de euros que se acerca al 85% del presupuesto municipal y supone el 20% de toda la inversión extranjera realizada en España en ese año (10.700 millones de euros) (1).
Barcelona se ha convertido en el laboratorio del mercado de alquiler del futuro. El Ayuntamiento ha dado la voz de alarma pero continúa la sistemática expulsión de vecinos para convertir los barrios populares en un parque temático para uso y disfrute de los turistas.

barcelona no esta en vendaLos hegde-funds y el turismo animan el sector inmobiliario y los precios

El sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre y por la avalancha turística. Es evidente que hay una lluvia fina de dinero en muchas zonas de la península y una fuerte inversión en las grandes ciudades. Pero la inversión no viene de los hogares españoles que desde el 2007 continúan empobreciéndose como indican las estadísticas y la soñada recuperación económica va por barrios.
Todo empezó hace años con la máquina de creación de dinero bancario que inició la Reserva Federal de los EE.UU con el Quantitave Easing y el tipo de interés a cero para los bancos. Ahora “el bazooka monetario” lo tiene Mario Draghi, que desde el BCE dispara compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos europeos y españoles no paran de generar. Hay dinero “bancario” a raudales y los tipos de interés a largo plazo se desploman. La máquina para rentabilizar “los activos” necesita más combustible y las autoridades monetarias y políticas alimentan la avidez por el riesgo financiero para mantener artificialmente los precios de esos activos para que eviten una nueva caída de todo el tinglado financiero internacional. Pero todos sabemos quién sale beneficiado.
Sí, hay una lluvia inversora y viene desde los paraísos fiscales y lo hace a través de sociedades interpuestas propiedad de Fondos de inversión ( Cerberus-Haya, Blackstone, etc). Estos verdaderos dueños de esa inversión financiera, no va a producir cosas – hay sobrecapacidad industrial mundial- sino a rentabilizar lo que hay (2). El suelo urbano y las propiedades inmobiliarias se han convertido en una recurrente burbuja especulativa que extrae plusvalías de los edificios adquiridos en las ciudades hiperconectadas – hub- del capitalismo global. Son compras para revender con beneficio pero también hay adquisiciones de activos inmobiliarios para entrar en el sector de los arrendamientos. Este mercado está en crecimiento en las grandes ciudades porque los precarios ya no pueden comprar hipotecas pero pueden ser un negocio como inquilinos. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino por la desprotección jurídica, circunstancia que ven con muy buenos ojos los fondos de inversión que compran viviendas para alquilar.

Más de 6 millones de ciudadanos viven bajo la dictadura del casero.

Las inmobiliarias saben que no existe un parque de viviendas al margen de los vaivenes del mercado libre que controlan. El parque de vivienda pública de alquiler no supera el 1%, así pues los 2’5 millones de hogares que viven en viviendas alquiladas sufren la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos- LAU(3). Además hay casi otro millón de hogares en situaciones irregulares como subarrendamientos legales o ilegales, infraviviendas y ocupaciones(4). La mayoría de estos hogares concentran las capas de la población que, o bien, no pudieron cogerse al carro de la burbuja inmobiliaria comprando una hipoteca, o bien, son inmigración pobre o hogares de nueva formación joven: el precariado (5).
Son ejemplos tipo: una familia compuesta de 4 miembros, dos adultos y dos pequeños, uno de ellos un bebe y otra familia de 2 miembros con una madre y un hijo. Ambas viven en una gran ciudad o área metropolitana y sus ingresos no superan nunca los 600 euros. Este es el perfil en que coinciden más del 20% de las familias en el estado español. Es la miseria en una instantánea de un país con graves desigualdades sociales.
A la miseria se le suman las reformas legislativas de la LAU, de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que han facilitado los desahucios por impagos en medio de una profunda crisis económica. Por eso, no es de extrañar que esos hogares concentren el grueso de desahucios según los datos de lanzamientos judiciales y superan 5:1 a los lanzamientos hipotecarios en las grandes áreas urbanas (6). No existen datos fiables sobre la proporción de esta tragedia habitacional porque ni siquiera el INE (Instituto Nacional de Estadística) tiene series estadísticas sobre desahucios por alquiler ni ocupación y estos pasan desapercibidos en los medios de comunicación.
Sólo en unas pocas ciudades, como Barcelona, la presión social ha permitido una política de pisos de emergencia social donde el Ayuntamiento de Ada Colau asume lo que no debería ser su responsabilidad: dar vivienda a las familias precarias antes de verlas viviendo bajo un puente. Hoy esas ayudas a cuenta del presupuesto municipal están aseguradas porqué la ciudad disfruta de superávit primario.
Los hogares arrendados tienen pocas ventajas fiscales comparadas con los de compra. Al no estar organizados siempre han sido un sector marginal para la clase política ( no existe un sindicato de inquilinos como en otros países). Según GHESTA, sólo 820.914 hogares en alquiler se beneficiaron de las desgravaciones en el IRPF en el año 2014 que sumaban 353 millones de euros a repartir entre los inquilinos que no superaban los 1600€/mes de ingresos brutos familiares(7). En el 2015 el PP agrava el sesgo clasista de la política de vivienda al eliminar la desgravación a los inquilinos y mantenerla para los propietarios. (8)

¿El alquiler es un negocio arriesgado y poco rentable para el propietario?

Las ventajas fiscales para los arrendadores

Por contra, el lobby propietario sí que está bien organizado y durante décadas ha conseguido enormes desgravaciones fiscales. Tienen voceros en todos los medios de comunicación alertando de la llegada del “inquilino moroso”. Su lobby está infiltrado en las entrañas del Estado como el hecho que Rajoy fuera registrador de la propiedad. En el ámbito de los propietarios como personas físicas sólo 1,18 millones (46%) declararon los alquileres cobrados por los que recibieron un monto de 3.241 millones de euros al poderse desgravar entre el 60 y el 100% del IRPF. Vamos que los que sí declaran lo que cobran casi no pagan impuestos.
Pero hay otros 1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda de GHESTA.(9) Por tanto, el bolsillo de los pequeños caseros es un pozo sin fondo. No sólo se traga los 3.241millones de desgravaciones fiscales del IRPF y otros 3000 millones del fraude fiscal ( la suma de estas cifras suponen 2’5 veces el presupuesto municipal de Barcelona).
Pero la fiscalidad en el caso de los grandes tenedores de vivienda (patrimonios jurídicos) es más escandaloso aún. Los grandes beneficiaros fiscales son la Iglesia Católica, las SICAV y las SOCIMI. Hay cálculos de cifran que la Iglesia posee más de 100.000 inmuebles que están libres de impuestos incluso cuando no son de culto como comercios, viviendas, colegios, etc. (10). Las SICAV se utilizan para no pagar el IVA o ITP ya que mansiones y viviendas entran como inversiones societarias. Las SOCIMI reciben escandalosas exenciones fiscales. Detrás de las unas y de las otras están los paraísos fiscales donde su patrimonio se vuelve opaco y los Panamá Papers dan fe de ello.
Además tanto los propietarios físicos como los jurídicos también reciben vía arrendamientos las cada vez más numerosas ayudas al pago de alquileres que salen de las arcas de las autonomías y de los municipios, que se han ido multiplicando por la gravedad de la crisis. Catalunya destinaba en el 2011 más de 71 millones de euros y su capital, Barcelona, gastaba 7 millones de euros en el 2015. Así cuando el hogar no llega a final de mes intervienen esas ayudas de manera que lo que no paga el inquilino lo hace la administración más próxima y sensible. El resultado es el mismo: se acaban cobrando alquileres inflados respecto del poder adquisitivo del país.
Por todo ello y realizando cálculos aproximativos afirmamos que las desgravaciones fiscales, el fraude y la evasión fiscal junto a las ayudas públicas al alquiler -que acaban en manos de los propietarios- podrían llegar a sumar 15.000 millones anuales que otorgan un notable poder financiero contra cualquier política que pretendiera poner coto a esos privilegios.
Que el alquiler sea un negocio poco rentable para el propietario con todos los datos de este documento podemos afirmar que es mentira aunque es evidente que pueda ser arriesgado en un país hundido en la miseria. Pero la pregunta es: ¿los negocios no son per se un riesgo y los mercados la ley? ¿O acaso la vivienda siempre ha de ser un negocio redondo sin riesgos del tipo que tienen los banqueros con las hipotecas?

este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo pagará por 2866,44€
este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo cotizará por 2866,44€

El poder financiero de los propietarios rentistas

Es evidente que los propietarios también reciben el monto de dinero que cobran mes tras mes en los recibos que cargan a sus inquilinos por usar sus pisos. Es importante ver en contexto su poder financiero en una ciudad tan importante como Barcelona. A grosso modo, los propietarios de Barcelona con un parque de más de 200.000 viviendas en alquiler, con una media de 70 m2 de superficie y un precio medio de 10,16€/m2 (11) reciben más de 2.000 millones de euros anualmente en arrendamientos de vivienda. Sin lugar a la duda, ese “Sindicato Unido de Caseros” tiene el mismo poder financiero que el todopoderoso Ayuntamiento de Ada Colau cuyo presupuesto no llega a 2400 millones de euros.
Aún así el “Sindicato Unido de Caseros” no tiene suficiente. El análisis de una declaración de la renta del 2014 permite observar que se puede deducir anualmente el 3% de amortización (del valor catastral del edificio excluido el suelo), más los gastos de mantenimiento y administración. Después de restar esos gastos al arrendamiento, al importe resultante se le aplica la comentada desgravación fiscal entre el 60 al 100 % de la diferencia ( que son los 3.241 millones de euros antes citados). Los caseros que declaran acaban pagando impuestos por poco más del 30% del arrendamiento que cobraron. Ninguna renta salarial tiene ese trato fiscal.
Pero las ventajas no se acaban aquí. Si ahora se analiza un recibo del alquiler se observa que los propietarios suelen añadir otros conceptos al arrendamiento, como los gastos de mantenimiento del edificio, tasas municipales y impuestos como el IBI 12. Por lo que por un lado se desgravan esos gastos pero por el otro se cobran al inquilino y Hacienda no vigila nada. ¿Cuanto dinero están costando a las arcas públicas el fomento del alquiler en un país que tiene uno de los índices de arrendamientos más bajos de Europa?
Así pues afirmamos que esas desgravaciones fiscales y otras ayudas aprobadas por los sucesivos gobiernos de la etapa democrática para incentivar el alquiler han sido un fracaso político… O ¿han sido un éxito porqué su objetivo era reforzar el poder de los propietarios y el fraude fiscal ?

La amortización de los edificios

Pero el sistema fiscal impositivo sobre los arrendamientos tiene más sorpresas. Aunque el tratamiento fiscal en SICAV o en las SOCIMI es lo más escandaloso (13), no lo es menos para las personas físicas que tienen en los arrendamientos una deducción del 3% sobre el valor catastral del edificio en el IRPF. Un cálculo rápido permite demostrar que una vivienda alquilada amortizaría su valor catastral entre 20 y 30 años. (14)
Entonces, si el edificio se amortiza en el IRPF y los gastos complementarios se cargan al inquilino ¿qué paga realmente el recibo del alquiler? Pues se nos ocurre que amortiza el capital invertido en el suelo urbano y el plusvalor de mercado que costó realmente la vivienda alquilada.
Si esa vivienda fuera declarada en ruina a los 100 años, el casero habrá rentabilizado hasta 3 veces el capital inicial invertido y aún así podría vender el suelo. Pero eso tampoco es cierto por la sencilla razón que cuando el propietario vende el piso recupera la inversión tanto del suelo como del edificio y la propia revalorización en el mercado libre lo cubre con creces como muestran las propias administraciones que para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ya suponen como mínimo que la vivienda vale el doble o el triple.

vivienda_edifico_amortizacion
La amortización de la vivienda viene determinada en el IRPF así como también en el Impuesto de Sociedades. Fiscalmente está excluido el suelo porqué se entiende que no tiene pérdida temporal

Ningún mercado de valores ni de renta fija da tanto retorno monetario. Resumiendo, en el 2014 los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por vivienda de compra habitual(15), nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y líder europeo en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero. ¡ Ni el ministro falangista José Luís ARRESE – “quiero un país de propietarios y no de proletarios”- se atrevió a ir tan lejos en políticas de vivienda en tiempos del dictador Franco !
Los economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, hubieran llamado esto parasitismo rentista: no se crea nada, no se produce nada. Sencillamente se extraen dividendos de un título de propiedad que tiene capacidad de chantaje: si no se paga a vivir debajo de un puente. Los datos de este documento son suficientemente elocuentes y incendiarios como para sacar lo mejor del alma rebelde de la nueva izquierda política y social para acabar con tanta injusticia. En la plataforma de participación del ayuntamiento -decidim.barcelona.cat- una de las propuestas más votadas fue la de limitar los precios de los alquileres, indicativo de que hay un gran sector de la sociedad que está siendo exprimida en el mercado del alquiler. Si realmente se quiere hacer frente a este expolio clasista Barcelona en Comú debería abandonar las políticas titubeantes y avanzar hacia objetivos más audaces y coherentes. Cuestión de valentía política.

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

– 2ª parte – … La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

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Notas:

1.- prouespeculacio.org / Disneyficación y desahucios en la Barceloneta, ¿ Hay otro modelo de ciudad?.
2.- elpais.com / Los fondos y el apetito por la promoción inmobiliaria // El sector residencial arroja una rentabilidad de más del 8,8% por el buen comportamiento de las rentas inmobiliarias.
3.- La LAU fue legislada en tiempos de Miguel BOYER, ministro de economia del Gobierno de F.González. Destruyó toda la protección de los inquilinos que ni el franquismo se había atrevido a modificar. Ha tenido sucesivas modificaciones aprobadas con el apoyo del Ppsoe+CiU+PNV que han agravado los derechos de los inquilinos y mejorado el de los propietarios.
4.- Se cree que en el área metropolitana de Barcelona hay un 40% de las viviendas vacías y ocupadas propiedad de la banca.
5.- Los hogares en régimen de alquiler son estadísticamente 2.438.574 (6.336.033 personas). Además los subarriendos y ocupaciones suponen otros 939.614 viviendas donde habitan 2.375.842 de personas. En total representan cerca de 9 millones de personas o el 20% de la población. Fuente Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/prensa/np824.pdf. Otros datos en contexto en el INE són: Hogares según tamaño del hogar por régimen de tenencia
6.- Noticía ElPeriodico // Fuente: APCE. El 90% de los desahucios en BCN son por impago de los alquileres.
7.- Fuente GHESTA. Más de dos millones de contribuyentes dirán adiós a incentivos fiscales por alquilar // otra Fuente www.congreso.es. Pg: 282- previsiones y desglose por tributos y conceptos // Una comparación: las deducciones por vivienda en propiedad absorben unos 2.050 millones de euros.
>8.- Al no haber una política generalizada de desgravación al alquiler, como sí existe en la propiedad, el Gobierno renuncia a tener un control real sobre el fraude fiscal de los propietarios al no declarar los arrendamientos.
9.- Más del 55% de los alquileres de viviendas se ocultan a Hacienda. La Carta de la Bolsa.
10.- Dos notas sobre este asunto – http://www.eleconomista.es/https://laicismo.org/.
11.- Xifres d’Habitatge, PMHB, 2014 – http://www.pmhb.org/repdoc/65895-20150518110633.pdf
12.- prouespeculacio.org / Impuesto de Bienes Inmuebles- Es opcional, no obligatorio, repercutir el IBI en el recibo alquiler de la vivienda.
13.- prouespeculació.org / Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario
14.- La renta justa de una vivienda comprada para el arrendamiento.
15.-Aunque la desgravación fiscal por compra de vivienda habitual ha desaparecido en el 2015, el 99’9% de las viviendas de este país han gozado de la misma pero Hacienda nunca pedirà su devolución una vez la vivienda entrara en el mercado del alquiler.



2016/03/12 presentación de PROCESO A LA BANCA: movimiento x la soberanía económica.

Proceso a la Banca

Estructura de la presentación de Proceso a la Banca:

  • 11h. Presentación movimiento y ponentes. Marta Afuera
  • 11,15h. Sistema Monetario y emisión moneda. Ramón FRANQUESA.
  • 11,35h. Mercados de Renta Fija y Titulització Hipotecaria. J.M.Novoa
  • 11,55h. Deuda pública y deuda privada. Iolanda Fresnillo
  • 12,15h. El Tratado TTIP. Mónica VARGAS
  • 12,30h. Presentación del primer Tribunal Popular. Proceso a la Banca
  • 12,35h. Debate y respuesta de ponentes.
  • 14h Cierre.

Manifiesto proceso a la Banca: manifiesto castellano -.- català

2016-03-12 debate proceso a la banca__CAST_cartel_webProcés a la banca es un movimiento ciudadano que quiere abrir el debate sobre el control de la moneda. Hoy está en manos de los banqueros y las élites financieras.

La privatización de la moneda es el origen del saqueo de los pueblos y naciones europeas. Los medios tecnológicos no hacen mas que agravar el control orwelliano sobre la ciudadanía.

Las entidades adheridas creemos que sin soberanía económica la libertad está hoy más comprometida que nunca. Por ello, mediante Tribunales populares iniciamos juicios de la verdad, sobre cada uno de los derechos ciudadanos que están en disputa con los banqueros. Estos tribunales sumarios armarán los juicios reales ante la Justicia ordinaria.

Procés a la Banca quiere ser lugar de libre expresión para todas aquellas iniciativas que luchen contra la dictadura financiera.

Entidades adheridas

SICOM Televisió, Asociación Hipotecados Activos, ATTAC-Acordem, PAH girona-Salt, Plataforma Sortida Euro, Associació 500×20




LAS CINCO DE LA PAH Y LOS OTROS MOVIMIENTOS.

serie: #NIdaciónNIpago
esto es una estafaLa peor complicidad es aquella que en tiempos de crisis pretende mantenerse equidistante o cubrirse de neutralidad, al abrigo de la ley. Unos alegan que el Estado de Derecho nos protege, a todos los ciudadanos, otros que la democracia acaba siempre imponiéndose, los más te dicen que si no haces política, otros la harán por ti.  Hay que preguntarse quién saca beneficio de todo esto.

Estamos hablando de los desahucios!

Todos los movimientos sociales están de acuerdo en la gravedad del problema y además hablamos de crisis económica, de mala praxis bancaria, de coyuntura global, de necesidades básicas humanas, de bienestar económico social (buen vivir). Hasta se habla de reconocimientos de nuestros derechos ciudadanos, aunque, con demasiada facilidad se pasen por alto.

O se confunden los conceptos, o no se entienden!

Un desahucio, una dación, o incluso abandonar tu vivienda para empezar otra vez de nuevo en otra ciudad o país, no deja de ser una renuncia, aceptando que la culpa es nuestra y por eso claudicamos como perdedores convirtiendo la entrega de la vivienda en una rendición incondicional. Ni tan siquiera la gente conoce que vendieron sus deudas a terceros y que se entrega la vivienda a unos estafadores (titulizacion). La clase política legisló, por imposición de las élites financieras, que la gente no debería saber varias cosas esenciales de las hipotecas que conceden la Banca. Primero que el montante de la hipoteca se creó en el momento de la firma del deudor, ese dinero no existía antes. Segundo que luego de hacer aflorar el dinero en la pantalla de un ordenador se vendió la deuda a un tercero (titulización) por lo que recuperó el dinero que supuestamente había prestado. Luego la ignorancia, de ese proceso, es la que permite que la gente entregue su vivienda de manera sumisa y culpabilizada a la Banca cuando ya no puede hacer frente a la hipoteca. Con ello,  el banco vuelve a cobrar por segunda vez. Pero además ya cobró enormes sumas de dinero de intereses y amortización e incluso puede quedarse con la vivienda de los avalistas. Querer esconder o ignorar estos métodos de extorsión es muy peligroso socialmente.

Unos pierden y otros ganan!

Ya saben, la banca siempre gana, los políticos elección tras elección también ganan, sea en intención de voto, en nº de votos, en escaños, etc., la justicia no puede perder, está en el centro de la balanza, el estado garantiza la seguridad, el orden y el control de todo, y hasta eso lo tiene ganado. Deberíamos los ciudadanos exigir, junto con los movimientos sociales, que se nos tenga más en cuenta, a los otros movimientos sociales también.

Hablemos de exigencias, ….

la Pah habla de CIN-CO,…no se entiende bien, se confunden,…el orden es importante.

Primero, ante todo, deberíamos exigirnos:  STOP DESAHUCIOS, así continuaríamos viviendo en nuestras casas, es un DERECHO.
Segundo, se nos deberían garantizar los SUMINISTROS BÁSICOS, agua, luz, gas, electricidad, porque también, es un DERECHO.
Tercero, los desahuciados, facilitarles acceso a VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL, son más de seiscientos mil desde el 2007, eso es un DERECHO.
Cuarto, garantizándoles a las familias, un ALQUILER ASEQUIBLE, y es un DERECHO,….solo CUATRO, pero…

PEDIMOS a los partidos políticos, a nuestros representantes, alcaldesas incluidas, que la DACIÓN sea una EXIGENCIA?, La dación no puede ser una exigencia. En todo caso una opción, que por cierto esta prohibida por el Código Civil (artículo 1859)

¡No! no puede ser una exigencia. Si se cumplieran las cuatro primeras, son CUATRO, serían más justas, necesarias pues las personas no entregarían como corderos su vivienda.

Ha empezado la campaña electoral pero también dentro de los movimientos sociales hay otras opciones.

DICIEMBRE 2015

Pere Julià

+++ INFO sobre #NIdaciónNIpago