Estrategias y retos políticos y sociales del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Estrategias organizativas frente a los retos políticos y sociales que afronta el Sindicato de Inquilinos de Barcelona

por Salva Torres, activista de la Asociación 500×20



De aquellos polvos, vienen estos lodos.

Llevamos medio año largo desde el inicio de las primeras reuniones celebradas con el objetivo de construir el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Por parte de nuestra Asociación, la organización de los inquilinos ha sido siempre uno de los retos más importantes. En los años del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando todos los focos mediáticos mostraban el naufragio hipotecario, éramos de las escasas voces en la conurbación de Barcelona que prestamos apoyo a los inquilinos dentro de la defensa del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

Realizábamos una lucha unitaria que continuamos practicando hoy en día en la defensa de los hipotecados en riesgo de perder su vivienda, pero también del precariado que se las tiene que ver con la propiedad, los de las habitaciones alquiladas y de la ciudadanía en general que ocupa pisos viviendo en un estado de angustia permanente.

Desde 1985, cuando la LAU –Ley de Arrendamientos Urbanos- del ministro Boyer acabó con la protectora ley franquista de alquileres de renta antigua, las sucesivas reformas legislativas, basadas en la persecución del “inquilino moroso profesional” destruyeron la seguridad del alquiler. Estas reformas siempre venían acompañadas de un discurso hipócrita sobre “el fomento del alquiler”. En realidad, ocurría lo contrario: en 2009, nuestro país llegó a tener el récord mundial del 90,1% del parque de vivienda en régimen de propiedad (*1). Este “estreñimiento” record del mercado de alquiler, acompañado de la contrarreforma legislativa en el Estado español, tornó imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino debido a la total desprotección jurídica del mercado. La propiedad se convertía en una dictadura mientras los contratos de alquiler son como una vaca lechera de la que se extraen rentas del desvalido inquilino de manera profesionalizada (*2). Asimismo, el discurso del “fomento del alquiler” permitía y continúa permitiendo que las ayudas fiscales a la propiedad multipliquen por 30 a las recibidas por los inquilinos (*3).

Así pues, no es de extrañar que en aquellos días “de vino y rosas” todo el mundo entendiera que era “mejor comprar una casa que tirar el dinero alquilando”. La LAU, junto a la VPO –vivienda de protección oficial-, ambas bendecidas por PPsoe+CiU+PNV y ahora C’s, fueron las incubadoras de la sociedad de los propietarios y de la burbuja inmobiliaria. La derogación de la LAU es pues imprescindible para desmontar esta “leyenda urbana” y lograr que por fin se tambalee este arraigado principio ibérico.

Podemos afirmar pues sin margen posible de error que la LAU y la LEC –Ley de Enjuiciamiento Civil- se han convertido en los instrumentos para desalojar a nuestro vecindario pobre intercambiándolo, en un proceso brutal de gentrificación, por ricos compradores de segundas o terceras residencias así como por turistas que acuden en masa al Hub global en el que está inmersa Barcelona. “De aquellos polvos vienen estos lodos” donde la ley neoliberal –LAU- permite negocios rápidos y jugosos que nutran la voracidad de los inversores extranjeros, cuyos caudalosos flujos especulativos casi igualaron en 2015 el total del presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad.

Dos apuntes más: desde el punto de vista residencial, Barcelona no es una ciudad europea. El mercado regulado, es decir, el parque de vivienda de titularidad pública, no llega al 1% de las 820.000 viviendas totales en una de las ciudades del Estado con el porcentaje más alto de alquileres: 32%. Y esta ridícula cantidad de vivienda pública las convierte en guettos -como denuncian muchas de las comunidades de inquilinos a las que hemos dado apoyo estos años. Esta gestión de la vivienda, por parte del PMHB –Patronato Municipal de la vivienda- y del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, ha ayudado a la mala imagen de las viviendas sociales y a la gentrificación de la ciudad.

Volviendo a las cifras, si sumamos a las poco más de 6000 viviendas del PMHB los llamados pisos sociales propiedad de los bancos, Iglesia Católica y particulares de la Bolsa de vivienda social llegamos a duras penas al 1,5%. Conclusión: el 98% de los contratos de alquiler se negocian en el mercado libre en la Ciudad Condal.

Un segundo apunte: sin una radiografía exacta del reparto de la propiedad inmobiliaria en toda la ciudad entre las 820.000 viviendas que la componen, será difícil desplegar las medidas legislativas más adecuadas que necesita la ciudad. Todo hace pensar que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ha iniciado tímidamente un mapa de viviendas vacías. Insisto: viviendas vacías; no hablamos pues de un verdadero mapa de la propiedad inmobiliaria. Es una vergüenza, después de 40 años de “democracia”, en uno de los países donde la propiedad inmobiliaria tiene un peso más importante en la economía, que no haya un censo cruzado de la propiedad. Quizás es la manera de enmascarar el fraude sistemático de los rentistas sobre los impuestos directos a la riqueza (fraude en el que han colaborado las sucesivas administraciones). Sin conocer la radiografía inmobiliaria, me atrevo a afirmar que una buena parte de la propiedad está en manos de pequeños propietarios. Pero esta nueva burbuja inversora que vivimos actualmente concentrará la propiedad en unas pocas SOCIMIS, nacidas legislativamente al calor de esta burbuja en ciernes, de las manos del PPsoe. (*4)

Enriquecidos, subvencionados y defraudadores.

Este subtítulo no está pensado para ser efectista sino para focalizar el objetivo real contra el que luchamos los inquilinos de Barcelona.

Una gran parte del dinero se crea en la ingeniería financiera, no en la economía productiva, en un proceso que los economistas clásicos denominan “ingresos no ganados por el trabajo sino por la posesión de un título”. Más del 70% de los préstamos bancarios son al sector inmobiliario y a los bienes raíces –Real State-. El valor de un edificio de viviendas u oficinas vale el montante de lo que el banco está dispuesto a financiar. Y son los bancos comerciales los que determinan la cantidad de crédito y la oferta monetaria circulante –y no el Banco Central Europeo, como afirma falazmente la teoría convencional.

La Reserva Federal y después el BCE han creado en los últimos años de la nada miles de millones de euros –Quantitative easing- comprando activos inmobiliarios y deuda pública a la banca para ayudarla a vaciar sus balances de los activos tóxicos acumulados tras la crisis. Se trataba de “enriquecer a las entidades financieras con dinero fresco”.

Este programa de compra masiva de deuda titulizada del BCE –no es un préstamo con interés que se hace a la banca, sino que es el propio BCE el que está comprando deuda de la banca privada- es lo que ha permitido a la banca, con esta colosal cantidad de dinero en la hucha, lanzarse a la compra masiva de bienes raíces (*5) mediante sus fondos buitres radicados en paraísos fiscales.

Primero llegaron los Blackstone (Anticipa Real State) desde USA –inventores del Quantitative Easing- y después todos los fondos de inversión establecidos en el paraíso fiscal de Luxemburgo que desembarcan en Barcelona comprando la “morralla” hipotecaria, edificios enteros, hoteles, centros comerciales…

Y no dejamos de lado las SOCIMIS (*6) españolas participadas por la banca casi al 100%. Este monstruo determinará la clase de economía que habrá en la ciudad en los próximos años. Son los que crean el dinero, los que dicen quién tiene acceso al crédito y que es lo que no lo tiene. Aunque con cierto retraso, nuestros conciudadanos más adinerados se apuntan después a la fiesta. Y no olvidamos tampoco a los turistas, que en el delirio inversor son los convidados de piedra que llegan con el low-cost como muchos de nuestros compatriotas hacen en otros lugares. Los turistas no son la causa sino el resultado de un plan trazado desde hace años donde capitales, inversiones, leyes y empresas se unen para expulsar a la gente y hacerse con el control de todo el valor histórico y monumental de la ciudad, robándonos así el valor intangible de Barcelona, únicamente para monetizarla y venderla mejor.

Como el 98% del mercado de alquiler en la ciudad es libre, sin restricciones, está abonado el terreno para que el proceso de expulsión del vecindario más pobre se haga realidad con la finalización de los contratos. A pesar de ello, las enormes ventajas fiscales que tienen los propietarios sirven para justificar el discurso hipócrita del “fomento del alquiler” de manera que los propietarios físicos y jurídicos –SOCIMIS- están subvencionados en todos los conceptos: gastos, mantenimiento…Lucrándose además al aplicar una amortización anual de su propiedad.

La medida que se quiere introducir en el “Pla estatal de Vivienda 2017-20” (7*) de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900, si son jóvenes- ni siquiera es aplicable a ciudades como  la nuestra. Las ayudas al alquiler para familias sin recursos son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo. ¡Que no nos vengan con excusas!

Además son inflacionistas, los propietarios saben perfectamente quién las puede cobrar (*8). Las conceden las comunidades autónomas y el inquilino no llega siquiera a ver el dinero para evitar que lo pueda “malgastar” en comida. El PP criticó al PSOE cuando aprobó las ayudas a la emancipación de jóvenes pero, como todo hace pensar, este plan estatal se aprobará con 28 votos a favor y 8 abstenciones como señala El País en su noticia. ¿Cómo es posible que la izquierda no haya votado en contra de la Comisión? (*9).

A pesar de las descomunales ventajas, el fraude fiscal en el mercado del alquiler es enorme sobre todo entre el pequeño propietario. Damos fe de lo que dicen los portavoces de GHESTA –sindicato de los inspectores de Hacienda- que explican como año tras año la ocultación de alquileres supera los 3000 millones de euros. Muchos de los desahucios de inquilinos que nos llegan a la Asociación son de contratos no declarados porque la fianza no está registrada. ¿Por qué no se subvenciona el alquiler en el IRPF? La desgravación fiscal al inquilino es opaca para la propiedad y, al mismo tiempo, delata a los defraudadores cuando se cruzan los descuentos de los inquilinos y la declaración de la renta de los propietarios.

Un momento dulce de la movilización social por los derechos de los inquilinos

 La situación se ha agravado en toda Barcelona no sólo por la subida desmesurada de los precios y la enorme cantidad de desahucios de inquilinos y precarios. También han desaparecido los carteles de alquiler de habitaciones en los locutorios, un desesperado refugio habitual para muchas familias y ciudadanos en graves dificultades. Finalmente, el estreñimiento de la oferta de alquiler en todos los segmentos (vuelve a ser de nuevo rentable la venta) hace muy complicada la gestión de los 44.000 contratos de alquiler que, como media, se renuevan cada año en la ciudad. En los barrios más periféricos no podemos dejar de recordar la gran bolsa de viviendas ocupadas por hogares que no tenían otra alternativa que vivir guarecidos.

Lo que nuestra asociación no consiguió a lo largo de los años de la burbuja, ahora es posible por el cúmulo de circunstancias sobrevenidas y explicitadas en este documento. Con este panorama, la llegada de los “millenials” –la generación del NO CREDIT NO DEBT- y las especiales circunstancias del turismo en ciertos barrios han hecho surgir la idea de la defensa de los inquilinos. La constitución hace unos días del Sindicato de Inquilinos, en el cual estamos implicadas varias entidades, hará dar un salto cualitativo en el planteamiento del problema a toda la ciudad. Pero no nos será nada fácil puesto que el marco legislativo no permite muchas  alegrías. Tendremos que trabajar por la denuncia de que casi todos los contratos de alquiler son en realidad abusivos puesto que son de adhesión y muchas cláusulas que contienen también son abusivas. Pero será el trabajo barrio a barrio, calle a calle, el que permitirá la autoorganización de los inquilinos sobre problemáticas que muchas veces son diferentes entre barrios como el Raval, con una presión turística brutal, o la zona norte de la ciudad, con el índice más alto de desahucios de la ciudad y del país.

Estamos hablando entonces de la territorialización de la lucha pero también de la personalización, del conocimiento mutuo, etc. El sindicato tendrá que convivir pues con una estructura centralizada que permita aunar fuerzas pero al mismo tiempo sume las sinergias que en cada barrio generamos las organizaciones conocedoras del tejido asociativo y de las complejas tramas urbanísticas y habitacionales que genera la conurbación barcelonesa.

Éstos serían pues, en mi humilde opinión, los retos organizativos del Sindicato de Inquilinos: estructura centralizada, consejo de entidades de apoyo, territorialización de la lucha, sinergias transversales y verticales entre los barrios, las entidades y el sindicato. Nadie se ha de disolver porque haya llegado el Sindicato. El Sindicato de Barrio del Poble Sec ha hecho una acertada aproximación de conjunto en esta infografia de Barcelona.

batalla habitabilidad barcelona

 

Hay un reto más que quería dejar para el final. La creación del Sindicato no puede convertirse en un instrumento para separar a la ciudadanía en problemáticas diferentes en función del tipo de acceso a la vivienda: hipotecados, inquilinos y okupas. Lo que ha demostrado esta crisis es que un hipotecado puede convertirse en inquilino y después en okupa. Ni podemos permitir episodios en los que hipotecados hacen contratos ilegales a inquilinos que les pagan los recibos de la hipoteca ni tampoco la criminalización de la okupación o el desahucio de familias residentes en habitaciones o infraviviendas. Todo esto lo tendremos que combinar con un trabajo de presión y acompañamiento barrial con el sistema de los Servicios Sociales y emergencias municipales que permita el mejor tratamiento posible a los hogares en riesgo habitacional. El mapa elaborado por el Poble Sec muestra una rica complejidad que no puede ahogarse en una estructura vertical demasiado centralizada en el Sindicato ni olvidar que las asociaciones de vecinas y muchos casales de barrio son centros que ayudarán en la tarea de la lucha por la vivienda digna en Barcelona.

 

El manifiesto fundacional del Sindicato de Inquilinos es lo suficientemente genérico para que se permitan interpretaciones diferentes que puedan convivir. Pero la indefinición también puede ser un peligro a medio plazo. Tendremos que bregar con las diferencias, avanzar discutiendo, divergiendo y que al final ganen las mayorías de afiliados.

Y, como decía un tuit reciente: “Creemos que la labor de los sindicatos de inquilinas deben transcender de la de simples lobbies. (*10)


(1) López, Isidro – Rodríguez, Emmanuel, (2010), Fin de ciclo, Madrid -España, Traficantes de Sueños… pg.238 reseña 23

(2) Como en todas las generalizaciones ahí excepciones: conocemos propietarios que son conscientes de la función social de la (3) Salva TORRES, 2016, Las ventajas fiscales para los arrendadores, 500×20.prouespeculacio.org
(4) Salva TORRES, 2016, Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto, 500×20.prouespeculacio.org
(5) Europa Press, El balance del BCE rompe la barrera de los 4 billones de euros, Publicado 05/04/2017.
(6).Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(7) lamoncloa.gob.es Plan estatal de Vivienda 2017-20.
(8) nadaesgratis.es, Problemas del Nuevo Plan Estatal de Vivienda.
(9) elpais.com, El próximo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 busca impulsar el alquiler.
(10)


http://sindicatdellogateres.org/es/que-volem/

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LA TRAMPA DEL ALQUILER SOCIAL

Ese troyano de la Banca que es la PAH siempre ha reivindicado el alquiler social como corolario de su reivindicación estrella que es la dación en pago. Sin embargo, se ha “olvidado” de explicar a sus seguidores a los que miserablemente engaña, que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite desposeer al demandando que tras la subasta haya perdido la propiedad de su vivienda. Y que por tanto, el nuevo propietario de la vivienda habrá de instar otro proceso para proceder al desahucio.

alquilersocial1Actualmente un proceso de desahucio dura al menos tres años, es decir, desde que se recibe la demanda hasta que se fija una fecha para la entrega de la posesión y el lanzamiento, se pueden contar como seguros con tres años para usar la vivienda. Claro está que eso es así en el caso de defenderse en ese proceso, evidentemente si se renuncia a defenderse el proceso se acelera.
Con la actual ley de alquileres de viviendas instaurada por el gobierno del césar José María Aznar tras la reforma del gobierno de su delfín Mariano Rajoy, el inquilino solo tiene asegurado tres años.

Si se echan las cuentas, se percata que el alquiler social no merece la pena. Y no me refiero a la diferencia en el dinero entre el alquiler social y el mantener la posesión durante todo el tiempo que dure el proceso de desahucio. Porque a pesar de ser ese detalle muy importante hay otro que aún lo es más. Quien acepta el alquiler social acepta la pérdida de su vivienda. El alquiler social es la VASELINA que la Banca y su troyano la PAH proporcionan a los deudores para que acepten que les arrebaten la vivienda.

Algo de lo dicho en el primer párrafo seguramente os habrá causado incredulidad, que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite desposeer ni lanzar al demandado que tras la subasta ha perdido la propiedad de su vivienda. Porque es un hecho público y notorio que la Administración de Justicia sistemáticamente procede a desposeer y lanzar en los procesos de ejecución hipotecaria a los demandados que tras la subasta han perdido la propiedad de su vivienda. La razón de la contradicción es simple, entre la Ley y la aplicación de la Ley suele haber un abismo. Es decir, la Administración de Justicia en general y en particular en este caso concreto de la desposesión del demandado en una ejecución hipotecaria que tras la subasta pierde la propiedad de la vivienda,  infringe consciente y voluntariamente la Ley. Este indignante hecho es denunciable públicamente y debería haber sido denunciado por la PAH, y habría sido denunciado públicamente por la PAH si la PAH fuera lo que dice ser y no un troyano de la Banca. Pero la PAH se lo ha callado porque le convenía para su estrategia de endosarnos el venenoso regalo del alquiler social, su trampa para que aceptemos que la Banca nos arrebate nuestras viviendas. No solo no lo ha denunciado sino que nos ha hecho creer que el problema era solo que las leyes era injustas y que los jueces no podían hacer otra cosa porque no tienen más remedio que aplicar, cuando la realidad es que los jueces están violando sistemáticamente el procedimiento de ejecución hipotecaria desde que se inicia hasta que finaliza cada proceso. De eso no nos ha dicho nada. No le interesaba que lo supiéramos.

José Angel GALLEGOS

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La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.

OJO!!!!…….. Debería leer la primera parte de este documento antes de continuar en la que se encuentra ahora para entender mejor el conjunto del texto.

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2ª parte: La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

El parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades: ¿ objetivo de la vivienda social?

En el anterior capítulo hemos visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social. Hay poderes fácticos (banca, inmobiliarias, inversionistas, la Iglesia católica y propietarios particulares) que controlan ese bien esencial para la vida, alterando la ley de la oferta y la demanda, porqué habiendo excedentes de producto (viviendas) los precios no bajan a pesar de la caída de salarios. Llegados a este punto, para poder extraer conclusiones, nos falta un análisis del objeto de disputa: el parque de viviendas secundarias y vacías de las ciudades (*1).
Lo primero que debería hacerse en la era de la digitalización es un censo fiable y cruzado entre el Registro de la Propiedad, las empresas de suministros, el catastro y el empadronamiento que arrojaría la verdad sobre como esta distribuida la propiedad inmobiliaria y cómo utiliza sus viviendas (*2). Ese censo demostraría que a pesar de lo que pudiera parecer no son las viviendas nuevas el objeto de disputa. En las grandes ciudades la nueva construcción en el largo decenio del boom inmobiliario no fue exagerada (*3). En Barcelona las viviendas nuevas construidas en la década del 2001-10 representan sólo un 5% del total del parque de viviendas que se sitúa en 811.106 viviendas (*4). El problema en las grandes ciudades,donde se concentra el alquiler es que la mayor proporción de vivienda vacía o secundaria es de segunda mano aunque hacía las periferias se igualan las vacías nuevas y de segunda mano. En el caso de Barcelona (*5) el gran problema son las viviendas vacías en número de 88.259 (12%) mientras que en Madrid el problema es un enorme parque de 200.000 viviendas secundarias (15%).
Nuestro estudio en base a las estadísticas del INE descubre interesantes datos. En Barcelona la mitad de las viviendas se construyeron entre los años 1940/80, por lo que 423.429 de ellas tienen entre 40 y 80 años. Han pasado largamente el ecuador de su “amortización catastral” que se sitúa en una orla de 20 a 35 años. En Madrid en ese período del 1940 -80 se construyeron 830.841 que representan más del 50%, por lo que resulta que la mitad del parque de pisos de la capital del estado español ha pasado también el ecuador de su amortización catastral(*6).
En las grandes ciudades la vivienda dedicada al alquiler suele ser la vivienda de segunda mano que en el 90% de los casos ha superado más de una vez el umbral de amortización si ha estado durante 25 años alquilada(*7) y además es propiedad sobre todo de particulares o personas físicas. Si ese segmento de viviendas que han pasado más de una vez el umbral de amortización son las candidatas a vivienda social ese dato debería ser tenido en consideración para no pagar un sobreprecio por ellas.
Veamos un ejemplo de vivienda privada construida en el año 1960 que ha sido hogar en propiedad hasta 1990 ha superado su umbral de amortización por su mismo valor en alquiler. Si en adelante el mismo propietario la arrendó libremente hasta la actualidad, 25 años, ha superado por segunda vez su amortización. Además hay que añadir el coste que para el erario público supusieron las ventajas fiscales de la compra y las del alquiler que hemos explicado. Si en 2016 esa vivienda entrara en la Bolsa de Vivienda Social, ¿sólo nos atrevemos a fijarle un precio ligeramente inferior de la renta media de viviendas iguales en la zona?. Ese precio regulado es el precio que la administración o un operador como Habitat3, etc. está dispuesto a pagar, no es el recibo pagado por el inquilino que se rige por otros baremos sociales (*8).
Por contra, una vivienda de alquiler público sólo debe amortizarse una sola vez por la Administración. A partir de ese momento los arrendamientos se pueden destinar a obras de mantenimiento o a construir otros edificios. Tampoco se debe amortizar el suelo que se mantiene al margen de la especulación. Por eso los países que han invertido en vivienda social de manera masiva han liberado recursos para investigación, industria. Aquí el suelo público se privatizó con las VPO que han acabado siendo un fraude masivo a la sociedad y la incubadora de la burbuja inmobiliaria porqué al introducir el crédito hipotecario se inyectó la financiarización de la vivienda, y “la cultura de la sociedad de los propietarios” para desproletarizar a la clase media trabajadora.
La demanda de alquiler asequible está estimada en Barcelona en 70.000 hogares y de 250.000 en toda Catalunya según las organizaciones sociales… Si las políticas de subvención indiscriminada de la propiedad no han conseguido movilizar esas viviendas en un país con una política fiscal tan desorbitadamente favorable a la propiedad, la solución pasa por ¿extender aún más la bonificación a la propiedad?
En nuestra humilde opinión, esta es una política presupuestariamente suicida si pretende alcanzar al conjunto de la población necesitada. Un ejemplo de lo que decimos es la famosa ley 24/2015 que pretende el fomento del alquiler social aprobada en el Parlament de Catalunya solemnemente por todos los partidos (*9). Después de 9 meses continua sin tener un acompañamiento presupuestario estimado en 800 millones de euros anuales.
Las ayudas públicas al alquiler social son sencillamente de derecha. Incentivar el alquiler social fomentando las bonificaciones a viviendas que han sido amortizadas más de una vez sólo refuerza el bucle del poder financiero de los rentistas y su modelo económico especulativo. Si Alemania es el ejemplo por su amplio parque de vivienda social, es porqué una buena parte de los ahorros y la inversión han ido a sectores productivos en lugar de incentivar la especulación de los bienes raíces y los rentistas inmobiliarios.

Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto

Los Bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, Api’s, etc dividen a los potenciales inquilinos por perfiles financieros asegurando los mejores para la fórmula “alquiler seguro”(*10). En el lado de los arrendadores tendríamos al pequeño propietario marginal que ha acumulado uno o más pisos por herencia familiar, al inversionista que quiere hacer “negocio” usando una vivienda arrendada y a los propietarios de múltiples viviendas o edificios por herencia o compra. Más allá tendríamos a los grandes tenedores.
Es en esta última franja donde nuestro país se esta produciendo una revolución del mercado, como hemos explicado, por la entrada masiva de capital especulativo. El PPsoe+CiU+PNV lleva años preparando el terreno en lo que sería una acción deliberada o que el lobby financiero-inmobiliario tiene mucha influencia entre sus señorías en los pasillos del Congreso de Diputados. No sólo han desarmado al inquilino con sucesivas reformas legislativas sino que han mejorado el poder financiero de los propietarios cambiando las condiciones fiscales para crear el llamado “mercado profesional del alquiler” con las SOCIMI que representaran un caballo de Troya contra los pequeños propietarios. Claro, todo se justifica con lo de facilitar el alquiler.
Asistimos a una batalla por el control del parque de vivienda en este país sobre todo en las ciudades. Por un lado, el tinglado inmobiliario de la Banca tiene cautivo el mercado de la vivienda en propiedad al controlar el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Por otro lado, el control lo extenderá al mercado de alquiler bajo ese eufemismo de “mercado profesional del alquiler“ cuya materia prima ha sido la compra masiva del parque de vivienda más nuevo y valioso a precios de derribo después que el Estado ha cubierto las pérdidas de las Cajas de Ahorro y la Sareb. Ese largo medio millón de viviendas hubieran sido la base de un parque de vivienda pública de alquiler asequible, hoy, son el vehículo disfrazado de la misma banca nacional o extranjera que les facilitará la fijación de rentas de alquiler al poseer la mayoría y mejor oferta del mercado. Igualmente, las ventajas fiscales les darán una oportunidad inigualable respecto de los pequeños caseros lo que les permitirá aplicar una agresiva política de rentas de alquiler. Este dominio del llamado “mercado profesional del alquiler” también se verá reforzado por el control de los perfiles financieros y de solvencia de los arrendatarios a través de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito dentro de la colaboración entre banca y fondos inmobiliarios. Asimismo, las tareas de mantenimiento de grandes propiedades y edificios abarata los costes de reparaciones y pagos, gestión de cobros e impagados. Y la ventaja competitiva la cerraran con el poder disuasorio de un ejército de abogados capaz de agilizar los desalojos por impago de alquileres uno de los dolores de cabeza de los pequeños propietarios.
Los pequeños propietarios no pueden competir con este mercado profesional de alquiler pero nunca se enfrentaran a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar su peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en “una guerra entre pobres” con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos.
Hay una izquierda que apuesta por esa opción: derribar todos los obstáculos legislativos a las SOCIMI con esa fiscalidad ventajosa y no quieren cambiar ni una coma de la actual LAU (*11). Basta leer los documentos de Fundación Alternativas, del Psoe, cuya presidenta es la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Delegan en las SOCIMI, como Azora (*12), creadas con el material de la Sareb, para generar un volumen de negocio que irrumpa en el mercado libre o subvencionado en lo que debería haber sido el papel del Estado con un parque de vivienda pública de alquiler. Ese trabajo sucio legislativo y patrimonial ya lo han hecho durante la crisis y sus resultados son observables porqué la guerra de pobres se ha agudizado en los desahucios del alquiler entre precarios y propietarios particulares. Esta configuración del mercado de alquiler tiene como efecto la existencia de miles de pisos vacíos de pequeños propietarios que se deterioran sin uso por miedo a los problemas con los inquilinos. Para esto tienen una solución: el alquiler social subvencionado. Pero son palabras: en un país con el presupuesto intervenido por la Troika comunitaria no hay dinero para una política de ese colosal tamaño.

Deshaciendo el nudo del derecho a la vivienda.

El gerente de Vivienda de Barcelona, sr.Javier Burón, es otro firme partidario de la colaboración público-privada, es decir, aumentar y extender los incentivos a los propietarios para que alquilen sus viviendas. Asegura que en España deberíamos dedicar unos 13.000 millones de euros a esa misión para compararnos con Alemania (*13). Nuestro estudio demuestra que ya lo hacemos pero se lo entregamos todo a los propietarios. El sr. Burón basa su política en su experiencia en Euskadi como gestor del Gobierno vasco (Alokabide) está avalada por su trabajo en su empresa URBANIA ZH GESTION (*14).

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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y el Regidor de Vivienda, Josep Maria Muntaner

Pero los resultados durante varios años de las experiencias más avanzadas como la SPA (Sociedad Pública de Alquiler), Avalloguer en Catalunya o Alokabide en Euskadi no han demostrado poder atraer el parque de vivienda vacía o infrautilizada de manera suficiente mediante la intermediación y la subvención de los arrendamientos. De hecho en Euskadi los datos muestran un aumento de las viviendas vacías en manos de particulares o propietarios marginales (*15). El problema de hecho está en que los propietarios marginales no se fían de los contratos, ni los avales, ni de los seguros ni de los plazos de pago de unas administraciones muchas veces sobreendeudadas.
Igualmente, la política de multas a los pisos vacíos de la Banca ha tenido hoy por hoy un recorrido confiscatorio- repito confiscatorio- muy limitado. Las leyes aprobadas de alquiler social de los pisos de la banca han sido aplicadas mayormente en viviendas para regularizar ocupaciones o para evitarlas se hacen contratos de alquiler a los antiguos propietarios que provienen de ejecuciones hipotecarias en las periferias de las ciudades. Los buenos pisos, los mejor situados, no entran en estos negocios.
Por otro lado, el hecho que el alquiler social se restrinja a determinadas capas de la población y a determinados barrios no hace más que aumentar la marginalidad de unos o fomentar la gentrificación de otros. Dicho de otro modo, los actuales ayuntamientos de izquierda no llegan más allá de la beneficencia ante el dilema de la emergencia habitacional que afrontan con la urgencia de la inmediatez.

El marco jurídico del derecho a la vivienda.

Deshacer el nudo del derecho a la vivienda pasaría, a nuestro modo de ver, por garantizar el alquiler social universal como un servicio público a cualquier ciudadano independientemente de las rentas. Sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público. Este marco se puede desarrollar dentro de la Disposición Adicional Primera de la LAU que permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública donde se pagaría en función de las rentas y no del mercado.
Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

La recuperación de la Sareb, etc como vivienda pública o social

En “lo inmediato” proponemos una campaña pública y persistente de todas las administraciones para que la banca entregue sus viviendas en cesión gratuita durante una década o más. En paralelo habría que destapar todas las propiedades de los grandes tenedores mediante un verdadero censo cruzado de propiedad de los parques de vivienda. Una campaña mediática de culpabilización de la banca con todos sus estragos demostrando como la mayoría de las ejecuciones hipotecarias fueron abusivas e ilegales por titulización de los créditos hipotecarios y como el Estado cubrió las pérdidas de los fondos de titulización privatizando ganancias y socializando las pérdidas. Todo ello prepararía el terreno para la recuperación de todas las viviendas de la Sareb y de las ejecuciones hipotecarias que se convertirían en un gran parque de vivienda pública con derecho de cesión a sus antiguos propietarios a cambio de la cancelación de la deuda. Igualmente se deberían derogar todas las figuras tributarias especiales como las SICAV y las Socimi.
La entrada de ese parque gratuito para el Estado en el mercado provocaría un hundimiento de precios que evitaría la guerra entre pobres, daría cobijo a las necesidades más inmediatas de alquiler asequible y permitiría las siguientes medidas legislativas encaminadas a movilizar la gran cantidad de viviendas de los pequeños propietarios.

Movilizar la vivienda secundaria y vacía de las ciudades.

En primer lugar proponemos la modificación de la ley tributaria derogando las desgravaciones fiscales y aplicando a los arrendamientos la tributación progresiva en el IRPF y la presión fiscal municipal sobre las viviendas secundarias y vacías de las ciudades. A ello se sumaría un censo real y una fuerte campaña institucional dirigida a que la vivienda cumpla la función social por la que fue construida. Igualmente para hacer aflorar el fraude todos los alquileres, en primera vivienda, podrían disfrutar de una desgravación fiscal (podría estar en el mismo borrador) con los parámetros más eficaces para investigar el fraude y ahuyentar el efecto inflacionario. Igualmente podría estudiarse una desgravación fiscal y ayudas a la rehabilitación para los propietarios sujetos a contratos de alquiler social a 5 o 10 años con clausula de prorrogable.
Ante el dilema de impuestos crecientes y un mercado difícil la movilización de la vivienda de particulares se podría hacer también con la figura ya utilizada de la cesión a la administración por x años a cambio de rehabilitación y exención de impuestos. Todas las medidas propuestas son constitucionales y tendrían un coste infinitamente más barato. Además el parque inmobiliario se adecuaría a estándares más modernos de eficiencia energética y de accesibilidad que podrían venir de proyectos cooperativos barriales que repartirían trabajo entre el precariado y la micro-inversión.
Pero la condición incondicional e inicial de este plan es recuperar las viviendas expropiadas por la banca a los hogares hipotecados y constructoras fallidas a lo largo de la llamada “crisis” y que hemos pagado todos. Habrá que vencer las resistencias que el complejo financiero-inmobiliario tiene incrustadas en la misma administración y en los pasillos de los parlamentos y cabildos.
Un último apunte, la limitación de alquileres por zonas es de muy difícil diseño, más costoso mantenimiento burocrático y generará múltiples agravios comparativos que levantará enemigos donde no los había. El golpe final, la guinda, vendría de una medida que debería estudiarse en el ordenamiento jurídico: la municipalización del suelo sería la mejor herramienta contra la especulación inmobiliaria al sacar el suelo del ámbito de las transacciones del mercado

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

OJO!!!!…….. 

Puede bajarse el documento completo con las dos partes listo para imprimir AQUÍ

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Notas:

1.- Vivienda principal es aquella donde esta empadronada una unidad familiar o hogar. Vivienda secundaria es aquella que no vive regularmente un hogar o no está empadronado nadie.
2.- Ciudad: nº de viviendas / viviendas principales / viviendas secundarias / viviendas vacías
Barcelona: 811.106 / 684.078 / 38.769 / 88.259
Madrid: 1.530.957 / 1.320.531 / 210.426 / 57.325
3.- En Barcelona se construyeron sólo 41.160 pisos entre el 2001 y el 2011 .
4.- Cifras de viviendas en TOTAL. INE- instituto Nacional de Estadística.
5.- Prouespeculacio.org / Alcalde Trías hay 90.000 pisos vacíos en Barcelona: 5 razones que lo evidencian.
6.- Fuente INE. ciudades+año construcción+número habitaciones.

7.- ElConfidencial.com / En España, la media histórica para recuperar una inversión a través del alquiler ha estado en 19,5 años. En plena burbuja llegó hasta 32,2 años y hoy se sitúa en 25,6.

8.- Hasta la fecha Habitat3 dispone de un presupuesto municipal 7.200.000 € para un total de 235 pisos utilizables durante 3 años, lo que supone un gasto de 851 €/mes, más lo que pagan los inquilinos. Creemos que el sobreprecio es exagerado.
9.- Prouespeculació.org / Crítica de la ley sobre la emergencia habitacional y la pobreza energética de Cataluña.
10.- Eleconomista.es / El temor al impago dispara los productos de alquiler seguro.
11.- Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado professional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años.
12.- Azora, Anticipa, Anida, Solvia, etc serían ejemplos muchos de ellos a cobijo de fondos públicos pagados desde la Sareb.
13.- eldiario.es / El aumento de los precios del alquiler en Barcelona pone en alerta al ayuntamiento de Colau.
14.- Lindekin, URBANIA ZH GESTION
15.- Eldiario.es / 2015: Solo el 20% de las 91.008 viviendas vacías está a la venta o en alquiler en Euzkadi.



La burbuja del mercado del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero.

La burbuja del alquiler: Un estudio social, económico, fiscal y financiero del mercado del alquiler – 1ª parte.


Ada Colau ha dicho que en Barcelona hay una nueva burbuja inmobiliaria después que los precios de los alquileres hayan subido de media un 7% en 2015 y de un piso de 75 m² se pidan rentas de casi 800€. Otro dato apunta en el mismo camino: en 2015 la ciudad recibió una inversión inmobiliaria de casi 2.000 millones de euros que se acerca al 85% del presupuesto municipal y supone el 20% de toda la inversión extranjera realizada en España en ese año (10.700 millones de euros) (1).
Barcelona se ha convertido en el laboratorio del mercado de alquiler del futuro. El Ayuntamiento ha dado la voz de alarma pero continúa la sistemática expulsión de vecinos para convertir los barrios populares en un parque temático para uso y disfrute de los turistas.

barcelona no esta en vendaLos hegde-funds y el turismo animan el sector inmobiliario y los precios

El sector inmobiliario en España está alborotado por la entrada masiva de dinero de los llamados fondos buitre y por la avalancha turística. Es evidente que hay una lluvia fina de dinero en muchas zonas de la península y una fuerte inversión en las grandes ciudades. Pero la inversión no viene de los hogares españoles que desde el 2007 continúan empobreciéndose como indican las estadísticas y la soñada recuperación económica va por barrios.
Todo empezó hace años con la máquina de creación de dinero bancario que inició la Reserva Federal de los EE.UU con el Quantitave Easing y el tipo de interés a cero para los bancos. Ahora “el bazooka monetario” lo tiene Mario Draghi, que desde el BCE dispara compras masivas de deuda empaquetada- titulizada – por valor de 80.000 millones de euros al mes, una deuda que los bancos europeos y españoles no paran de generar. Hay dinero “bancario” a raudales y los tipos de interés a largo plazo se desploman. La máquina para rentabilizar “los activos” necesita más combustible y las autoridades monetarias y políticas alimentan la avidez por el riesgo financiero para mantener artificialmente los precios de esos activos para que eviten una nueva caída de todo el tinglado financiero internacional. Pero todos sabemos quién sale beneficiado.
Sí, hay una lluvia inversora y viene desde los paraísos fiscales y lo hace a través de sociedades interpuestas propiedad de Fondos de inversión ( Cerberus-Haya, Blackstone, etc). Estos verdaderos dueños de esa inversión financiera, no va a producir cosas – hay sobrecapacidad industrial mundial- sino a rentabilizar lo que hay (2). El suelo urbano y las propiedades inmobiliarias se han convertido en una recurrente burbuja especulativa que extrae plusvalías de los edificios adquiridos en las ciudades hiperconectadas – hub- del capitalismo global. Son compras para revender con beneficio pero también hay adquisiciones de activos inmobiliarios para entrar en el sector de los arrendamientos. Este mercado está en crecimiento en las grandes ciudades porque los precarios ya no pueden comprar hipotecas pero pueden ser un negocio como inquilinos. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino por la desprotección jurídica, circunstancia que ven con muy buenos ojos los fondos de inversión que compran viviendas para alquilar.

Más de 6 millones de ciudadanos viven bajo la dictadura del casero.

Las inmobiliarias saben que no existe un parque de viviendas al margen de los vaivenes del mercado libre que controlan. El parque de vivienda pública de alquiler no supera el 1%, así pues los 2’5 millones de hogares que viven en viviendas alquiladas sufren la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos- LAU(3). Además hay casi otro millón de hogares en situaciones irregulares como subarrendamientos legales o ilegales, infraviviendas y ocupaciones(4). La mayoría de estos hogares concentran las capas de la población que, o bien, no pudieron cogerse al carro de la burbuja inmobiliaria comprando una hipoteca, o bien, son inmigración pobre o hogares de nueva formación joven: el precariado (5).
Son ejemplos tipo: una familia compuesta de 4 miembros, dos adultos y dos pequeños, uno de ellos un bebe y otra familia de 2 miembros con una madre y un hijo. Ambas viven en una gran ciudad o área metropolitana y sus ingresos no superan nunca los 600 euros. Este es el perfil en que coinciden más del 20% de las familias en el estado español. Es la miseria en una instantánea de un país con graves desigualdades sociales.
A la miseria se le suman las reformas legislativas de la LAU, de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que han facilitado los desahucios por impagos en medio de una profunda crisis económica. Por eso, no es de extrañar que esos hogares concentren el grueso de desahucios según los datos de lanzamientos judiciales y superan 5:1 a los lanzamientos hipotecarios en las grandes áreas urbanas (6). No existen datos fiables sobre la proporción de esta tragedia habitacional porque ni siquiera el INE (Instituto Nacional de Estadística) tiene series estadísticas sobre desahucios por alquiler ni ocupación y estos pasan desapercibidos en los medios de comunicación.
Sólo en unas pocas ciudades, como Barcelona, la presión social ha permitido una política de pisos de emergencia social donde el Ayuntamiento de Ada Colau asume lo que no debería ser su responsabilidad: dar vivienda a las familias precarias antes de verlas viviendo bajo un puente. Hoy esas ayudas a cuenta del presupuesto municipal están aseguradas porqué la ciudad disfruta de superávit primario.
Los hogares arrendados tienen pocas ventajas fiscales comparadas con los de compra. Al no estar organizados siempre han sido un sector marginal para la clase política ( no existe un sindicato de inquilinos como en otros países). Según GHESTA, sólo 820.914 hogares en alquiler se beneficiaron de las desgravaciones en el IRPF en el año 2014 que sumaban 353 millones de euros a repartir entre los inquilinos que no superaban los 1600€/mes de ingresos brutos familiares(7). En el 2015 el PP agrava el sesgo clasista de la política de vivienda al eliminar la desgravación a los inquilinos y mantenerla para los propietarios. (8)

¿El alquiler es un negocio arriesgado y poco rentable para el propietario?

Las ventajas fiscales para los arrendadores

Por contra, el lobby propietario sí que está bien organizado y durante décadas ha conseguido enormes desgravaciones fiscales. Tienen voceros en todos los medios de comunicación alertando de la llegada del “inquilino moroso”. Su lobby está infiltrado en las entrañas del Estado como el hecho que Rajoy fuera registrador de la propiedad. En el ámbito de los propietarios como personas físicas sólo 1,18 millones (46%) declararon los alquileres cobrados por los que recibieron un monto de 3.241 millones de euros al poderse desgravar entre el 60 y el 100% del IRPF. Vamos que los que sí declaran lo que cobran casi no pagan impuestos.
Pero hay otros 1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda de GHESTA.(9) Por tanto, el bolsillo de los pequeños caseros es un pozo sin fondo. No sólo se traga los 3.241millones de desgravaciones fiscales del IRPF y otros 3000 millones del fraude fiscal ( la suma de estas cifras suponen 2’5 veces el presupuesto municipal de Barcelona).
Pero la fiscalidad en el caso de los grandes tenedores de vivienda (patrimonios jurídicos) es más escandaloso aún. Los grandes beneficiaros fiscales son la Iglesia Católica, las SICAV y las SOCIMI. Hay cálculos de cifran que la Iglesia posee más de 100.000 inmuebles que están libres de impuestos incluso cuando no son de culto como comercios, viviendas, colegios, etc. (10). Las SICAV se utilizan para no pagar el IVA o ITP ya que mansiones y viviendas entran como inversiones societarias. Las SOCIMI reciben escandalosas exenciones fiscales. Detrás de las unas y de las otras están los paraísos fiscales donde su patrimonio se vuelve opaco y los Panamá Papers dan fe de ello.
Además tanto los propietarios físicos como los jurídicos también reciben vía arrendamientos las cada vez más numerosas ayudas al pago de alquileres que salen de las arcas de las autonomías y de los municipios, que se han ido multiplicando por la gravedad de la crisis. Catalunya destinaba en el 2011 más de 71 millones de euros y su capital, Barcelona, gastaba 7 millones de euros en el 2015. Así cuando el hogar no llega a final de mes intervienen esas ayudas de manera que lo que no paga el inquilino lo hace la administración más próxima y sensible. El resultado es el mismo: se acaban cobrando alquileres inflados respecto del poder adquisitivo del país.
Por todo ello y realizando cálculos aproximativos afirmamos que las desgravaciones fiscales, el fraude y la evasión fiscal junto a las ayudas públicas al alquiler -que acaban en manos de los propietarios- podrían llegar a sumar 15.000 millones anuales que otorgan un notable poder financiero contra cualquier política que pretendiera poner coto a esos privilegios.
Que el alquiler sea un negocio poco rentable para el propietario con todos los datos de este documento podemos afirmar que es mentira aunque es evidente que pueda ser arriesgado en un país hundido en la miseria. Pero la pregunta es: ¿los negocios no son per se un riesgo y los mercados la ley? ¿O acaso la vivienda siempre ha de ser un negocio redondo sin riesgos del tipo que tienen los banqueros con las hipotecas?

este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo pagará por 2866,44€

este IRPF declara 8936 euros de rentas y sólo cotizará por 2866,44€

El poder financiero de los propietarios rentistas

Es evidente que los propietarios también reciben el monto de dinero que cobran mes tras mes en los recibos que cargan a sus inquilinos por usar sus pisos. Es importante ver en contexto su poder financiero en una ciudad tan importante como Barcelona. A grosso modo, los propietarios de Barcelona con un parque de más de 200.000 viviendas en alquiler, con una media de 70 m2 de superficie y un precio medio de 10,16€/m2 (11) reciben más de 2.000 millones de euros anualmente en arrendamientos de vivienda. Sin lugar a la duda, ese “Sindicato Unido de Caseros” tiene el mismo poder financiero que el todopoderoso Ayuntamiento de Ada Colau cuyo presupuesto no llega a 2400 millones de euros.
Aún así el “Sindicato Unido de Caseros” no tiene suficiente. El análisis de una declaración de la renta del 2014 permite observar que se puede deducir anualmente el 3% de amortización (del valor catastral del edificio excluido el suelo), más los gastos de mantenimiento y administración. Después de restar esos gastos al arrendamiento, al importe resultante se le aplica la comentada desgravación fiscal entre el 60 al 100 % de la diferencia ( que son los 3.241 millones de euros antes citados). Los caseros que declaran acaban pagando impuestos por poco más del 30% del arrendamiento que cobraron. Ninguna renta salarial tiene ese trato fiscal.
Pero las ventajas no se acaban aquí. Si ahora se analiza un recibo del alquiler se observa que los propietarios suelen añadir otros conceptos al arrendamiento, como los gastos de mantenimiento del edificio, tasas municipales y impuestos como el IBI 12. Por lo que por un lado se desgravan esos gastos pero por el otro se cobran al inquilino y Hacienda no vigila nada. ¿Cuanto dinero están costando a las arcas públicas el fomento del alquiler en un país que tiene uno de los índices de arrendamientos más bajos de Europa?
Así pues afirmamos que esas desgravaciones fiscales y otras ayudas aprobadas por los sucesivos gobiernos de la etapa democrática para incentivar el alquiler han sido un fracaso político… O ¿han sido un éxito porqué su objetivo era reforzar el poder de los propietarios y el fraude fiscal ?

La amortización de los edificios

Pero el sistema fiscal impositivo sobre los arrendamientos tiene más sorpresas. Aunque el tratamiento fiscal en SICAV o en las SOCIMI es lo más escandaloso (13), no lo es menos para las personas físicas que tienen en los arrendamientos una deducción del 3% sobre el valor catastral del edificio en el IRPF. Un cálculo rápido permite demostrar que una vivienda alquilada amortizaría su valor catastral entre 20 y 30 años. (14)
Entonces, si el edificio se amortiza en el IRPF y los gastos complementarios se cargan al inquilino ¿qué paga realmente el recibo del alquiler? Pues se nos ocurre que amortiza el capital invertido en el suelo urbano y el plusvalor de mercado que costó realmente la vivienda alquilada.
Si esa vivienda fuera declarada en ruina a los 100 años, el casero habrá rentabilizado hasta 3 veces el capital inicial invertido y aún así podría vender el suelo. Pero eso tampoco es cierto por la sencilla razón que cuando el propietario vende el piso recupera la inversión tanto del suelo como del edificio y la propia revalorización en el mercado libre lo cubre con creces como muestran las propias administraciones que para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ya suponen como mínimo que la vivienda vale el doble o el triple.

vivienda_edifico_amortizacion

La amortización de la vivienda viene determinada en el IRPF así como también en el Impuesto de Sociedades. Fiscalmente está excluido el suelo porqué se entiende que no tiene pérdida temporal

Ningún mercado de valores ni de renta fija da tanto retorno monetario. Resumiendo, en el 2014 los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por vivienda de compra habitual(15), nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y líder europeo en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero. ¡ Ni el ministro falangista José Luís ARRESE – “quiero un país de propietarios y no de proletarios”- se atrevió a ir tan lejos en políticas de vivienda en tiempos del dictador Franco !
Los economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, hubieran llamado esto parasitismo rentista: no se crea nada, no se produce nada. Sencillamente se extraen dividendos de un título de propiedad que tiene capacidad de chantaje: si no se paga a vivir debajo de un puente. Los datos de este documento son suficientemente elocuentes y incendiarios como para sacar lo mejor del alma rebelde de la nueva izquierda política y social para acabar con tanta injusticia. En la plataforma de participación del ayuntamiento -decidim.barcelona.cat- una de las propuestas más votadas fue la de limitar los precios de los alquileres, indicativo de que hay un gran sector de la sociedad que está siendo exprimida en el mercado del alquiler. Si realmente se quiere hacer frente a este expolio clasista Barcelona en Comú debería abandonar las políticas titubeantes y avanzar hacia objetivos más audaces y coherentes. Cuestión de valentía política.

Salva Torres, activista de la Asociación 500×20 de Barcelona
14 abril del 2016

– 2ª parte – … La burbuja del alquiler: Las ayudas públicas al alquiler social ¿son de derechas o de izquierdas?

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Notas:

1.- prouespeculacio.org / Disneyficación y desahucios en la Barceloneta, ¿ Hay otro modelo de ciudad?.
2.- elpais.com / Los fondos y el apetito por la promoción inmobiliaria // El sector residencial arroja una rentabilidad de más del 8,8% por el buen comportamiento de las rentas inmobiliarias.
3.- La LAU fue legislada en tiempos de Miguel BOYER, ministro de economia del Gobierno de F.González. Destruyó toda la protección de los inquilinos que ni el franquismo se había atrevido a modificar. Ha tenido sucesivas modificaciones aprobadas con el apoyo del Ppsoe+CiU+PNV que han agravado los derechos de los inquilinos y mejorado el de los propietarios.
4.- Se cree que en el área metropolitana de Barcelona hay un 40% de las viviendas vacías y ocupadas propiedad de la banca.
5.- Los hogares en régimen de alquiler son estadísticamente 2.438.574 (6.336.033 personas). Además los subarriendos y ocupaciones suponen otros 939.614 viviendas donde habitan 2.375.842 de personas. En total representan cerca de 9 millones de personas o el 20% de la población. Fuente Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/prensa/np824.pdf. Otros datos en contexto en el INE són: Hogares según tamaño del hogar por régimen de tenencia
6.- Noticía ElPeriodico // Fuente: APCE. El 90% de los desahucios en BCN son por impago de los alquileres.
7.- Fuente GHESTA. Más de dos millones de contribuyentes dirán adiós a incentivos fiscales por alquilar // otra Fuente www.congreso.es. Pg: 282- previsiones y desglose por tributos y conceptos // Una comparación: las deducciones por vivienda en propiedad absorben unos 2.050 millones de euros.
>8.- Al no haber una política generalizada de desgravación al alquiler, como sí existe en la propiedad, el Gobierno renuncia a tener un control real sobre el fraude fiscal de los propietarios al no declarar los arrendamientos.
9.- Más del 55% de los alquileres de viviendas se ocultan a Hacienda. La Carta de la Bolsa.
10.- Dos notas sobre este asunto – http://www.eleconomista.es/https://laicismo.org/.
11.- Xifres d’Habitatge, PMHB, 2014 – http://www.pmhb.org/repdoc/65895-20150518110633.pdf
12.- prouespeculacio.org / Impuesto de Bienes Inmuebles- Es opcional, no obligatorio, repercutir el IBI en el recibo alquiler de la vivienda.
13.- prouespeculació.org / Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario
14.- La renta justa de una vivienda comprada para el arrendamiento.
15.-Aunque la desgravación fiscal por compra de vivienda habitual ha desaparecido en el 2015, el 99’9% de las viviendas de este país han gozado de la misma pero Hacienda nunca pedirà su devolución una vez la vivienda entrara en el mercado del alquiler.



Banca, pisos vacíos, hogares y derecho al cabreo

El alud de declaraciones políticas, medidas, soluciones y datos contradictorios enmascara la emergencia habitacional que sufren los barrios populares de las ciudades. Los desahucios han dejado de ser noticia en los medios de comunicación pero los hay igual que siempre. Muy a pesar nuestro podemos afirmar que “el derecho a la vivienda no avanza en los nuevos ayuntamientos gobernados por la izquierda”.

Las tibias medidas de Colau y Carmena no dan miedo a la banca.

Los desahucios aumentaron un 2,1% en el primer trimestre de este año pese a la multitud de declaraciones políticas, leyes y normativas diversas de ayuntamientos, de comunidades como Madrid y Catalunya y de declaraciones de “buena voluntad” de entidades financieras, etc .  Se practicaron18.869 desahucios, o lanzamientos, en el primer trimestre del 2015 en nuestro país de los que 4.420 fueron en Catalunya, el 23,4% (1).

Lo que parece mentira es que no hayan cifras fiables sobre todo lo que ocurre en la grave problemática de la vivienda en un país donde la burbuja inmobiliaria, cebada por la banca, arrastró casi el 40% del PIB sumando todos los sectores. Sin cifras, estadísticas fiables y de referencia todo ese alud de buenas voluntades se queda en agua de borrajas. Es cierto que Carmena pero aún más Colau no tienen una mayoría institucional como tampoco las herramientas que podría desplegar el Estado. Pero sin medidas valientes y posicionamientos claros contra los culpables la agonía de decenas de hogares continua y el derecho a la vivienda no avanza en esos nuevos ayuntamientos gobernados por la izquierda.

La Regidora del popular distrito de Nou Barris de Barcelona (166.000 habitantes) confirmó en la Audiencia Pública que en setiembre se tramitaron 70 desahucios en su barrio. Nuestro distrito es el único de la ciudad que tiene un técnico de vivienda, desde tiempos del alcalde Trías, que se dedica a mediar en conjunción con los Servicios Sociales y la Oficina de Vivienda. Una medida que ha permitido que de los 70 lanzamientos sólo 15 desahucios se hayan parado a pie de calle por el esfuerzo y valentía de decenas de activistas y familias que organiza nuestra Asociación 500×20 conjuntamente con Ciutat Meridiana.

Los desahucios se concentran en los hogares que viven en precario (sin contrato) y en alquiler. Los Servicios Sociales y las Oficinas de vivienda en los barrios atienden muchos casos de emergencia habitacional. Pero aún así muchos de los desahucios se practican desde la Oficina de Lanzamientos de los Juzgados (SAC) sin que nadie medie. Otras veces pocos días o horas antes los servicios del CUESC (Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona) avisan en Nou Barris de desalojos inminentes. Y eso que es el único distrito de Barcelona que tiene un protocolo y una Mesa específica de vivienda. Qué ocurre en el resto de la ciudad?

En Madrid, la Oficina de Vivienda creada por Carmena sólo se encarga de ejecuciones hipotecarias. Los servicios de mediación se han dejado en manos de una fundación privada de notarios. La mediación se realiza con el ánimo de conseguir evitar la pérdida de la vivienda con refinanciaciones o carencias. Pero siempre indican hay que acabar pagando a la banca o entregarle la vivienda en dación. Carmen García de Pablos, coordinadora interna de la oficina dice que los bancos están muy colaboradores! (2) . Esta frase es un insulto a la inteligencia colectiva de los movimientos sociales que luchamos por el derecho a la vivienda. Y por el momento en Madrid los desahucios de alquiler o en precario ni tienen casi atención y pasan desapercibidos por la administración municipal.

Carmen García de Pablos, directora Oficina Ayuda al hipotecado de Madrid “… Los bancos se han mostrado muy colaboradores con nuestras propuestas. Esto hay que decirlo porque luego parecen el ogro…”

12 pisos de la banca a multar después de 150 días de nuevo Gobierno en Barcelona

Las inspecciones realizadas por el anterior equipo de gobierno del alcalde Trias han dado como resultado que nuestra nueva alcaldesa Ada Colau pueda multar a los bancos por 12 pisos vacíos en la ciudad de Barcelona (3 ). Un gran esfuerzo que ha acabado con unos magros resultados indicando que la vía escogida no es muy rápida para obtener vivienda social aunque sea la más legal. Considerando que hay una cifra cercana a 200 hogares esperando un piso de emergencia con los requisitos aprobados da una idea de la velocidad en que se desarrollan los acontecimientos y la lentitud de la respuesta institucional. Cada desahucio aplazado hace que la bola de nieve sea más grande y este adquiriendo velocidad de crucero.

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Pero hay miles de hogares pobres que necesitan una solución al margen del mercado. Hablamos de todas las unidades familiares que urgen de un piso asequible: jóvenes, familias monoparentales, hogares que viven en habitaciones, personas individuales o gente mayor. todos estos colectivos ven como sus demandas no son atendidas sencillamente porqué los pocos pisos de emergencia que hay se dan a familias con hijos y aún así hay una enorme cola.

…”hay miles de hogares pobres que necesitan una solución al margen del mercado”…

… “ Hay miles de hogares que no tienen perfil financiero solvente ni para los bancos ni para los caseros que reclaman la fórmula “alquiler seguro” …

A las puertas del primer invierno de los ayuntamientos de izquierda el panorama por desgracia no puede ser más descorazonador. Cataluña tiene 450.000 pisos vacíos y 230.000 familias que necesitan una vivienda asequible (4). Barcelona tiene 80.000 pisos vacíos y 70.000 familias que necesitan uno. Hay 30.000 hogares esperando un piso de alquiler social en la cola del Registre Únic d’Habitatge de Barcelona.

Estos ciudadanos ya no tienen perfil solvente para la banca. Tampoco tienen perfil solvente para el mercado libre de alquiler que supone el 98% que se ofrece en las grandes ciudades. Se ha generalizado el llamado “alquiler seguro” entre los agentes inmobiliarios. Se trata de un proceso de “selección” de candidatos ideales a un contrato de alquiler de 2 o 3 años…. donde te desnudas para que el casero tenga a bien concederte la vivienda. En Nou Barris hay serias dificultades para encontrar un piso de alquiler si no tienes un perfil alto. Si no hay oferta de vivienda fuera de ese mercado libre… ¿qué ofrecerán los ayuntamientos a los hogares sin recursos?

Banca, pisos vacíos, hogares y derecho al cabreo

Por lo tanto el problema de Colau , Carmena y otros consistorios es que un número creciente de ciudadanos ( más de uno de cada tres hogares) dejan de tener un perfil solvente en el mercado libre de la vivienda que ocupa el 98% del espacio inmobiliario de las grandes ciudades. Desgranar la realidad inmobiliaria es una tarea fundamental que necesita un censo de viviendas de toda la ciudad. Cuando Ada Colau habla de censos habla de viviendas vacías. Nosotros creemos que eso es un error. Vamos a poner cuatro cifras en conocimiento de nuestros lectores para desbrozar la realidad inmobiliaria de Barcelona, pero que seguramente será exportable a otras ciudades…

El pasado año en Barcelona había 822.118 viviendas en las que hay censadas 684.078 unidades familiares, de las que cómo mínimo 7000 estaban viviendo en habitaciones (5). Eso quiere decir que hay más de140.000 viviendas que no son residencia habitual de una familia. Esta distinción que hacemos es muy importante. ¿ Si no son residencia habitual de una familia, qué son? ¿Son viviendas vacías, son pisos turísticos, son segundas residencias o hay son alquileres en negro?

Es evidente que una ciudad global como Barcelona tiene un mercado inmobiliario que presiona al alza los precios y mantiene un parque elevado de viviendas “indefinidas” para cubrir la demanda turística que expulsa a los ciudadanos pobres de los barrios. Pero también el mercado libre de alquiler, marcado con la nueva moda del “contrato seguro”, necesita un parque de viviendas fluctuante para atender la demanda. En 2014 se realizaron más de 44.000 nuevos contratos de alquiler que necesitan mayoritariamente viviendas vacías. Ada Colau y el conseller de Vivienda, Josep Maria Montaner, deberían fijar la presión tributaria y la inspección sobre esas viviendas pues encontraremos seguramente datos sorprendentes. Uno de ellos es la enorme cantidad de viviendas alquiladas en poder del Obispado de la ciudad y órdenes religiosas que son son opacas al Ayuntamiento al no pagar el IBI.

Pero volviendo a la necesidad de un parque de vivienda social para los miles de familias pobres de la ciudad. La Mesa del tercer Sector habla de 70.000 unidades de convivencia que necesitan una vivienda fuera del mercado a un precio adecuado a sus ingresos (asequible). ¿De dónde sacamos esos pisos con la urgencia necesaria?

Romper el mercado libre de vivienda con la cesión gratuita o requisa de los pisos de la Banca y la SAREB

Los Bancos dicen al Ayuntamiento de Barcelona que tienen 4151 pisos “de su propiedad”. No hay quién se lo crea, seguro que los tienen enmascarados. Pero da igual vamos a por esos 4151 pisos!

Nosotros hemos propuesto al Ayuntamiento de Barcelona una SOLEMNE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de todos los partidos exigiendo la cesión gratuita de los 4151 pisos al consistorio por un período superior a una década (10 años). Repetimos… la cesión de los pisos de su propiedad, NO DE LOS PISOS VACÍOS de su propiedad.
¿Por qué todos y no solo los vacíos? Por dos razones:

  • una razón es que la cesión de todos los pisos ahorra los trámites costosos y largos de la declaración de vivienda vacía.
  • por que el peinado de pisos realizado en 3 barrios ha destapado que muchos están ocupados y que el Ayuntamiento sería mejor garante de la regularización que no un banco.

Con los 4151 pisos de las entidades financieras sumados a los más de 10.000 sociales de la ciudad casi de duplicaría el número de viviendas fuera del mercado. Aún siendo sólo un 2% de las más de 800.000 viviendas de la ciudad, seguro que supondrían un golpe al mercado libre controlado por los lobbies financieros y rentistas de la ciudad. Seguro que hasta los precios del mercado libre bajarían. Pero es necesaria valentía política para una declaración enérgica pero al tiempo fiscalizadora de esa cesión:

  • denuncia de los bancos que no colaboraran en acabar con la emergencia habitacional.
  • medidas financieras punitivas desde el Ayuntamiento ligadas al cierre de cuentas, contratos, etc con las entidades díscolas.

Salva TORRES, activista de 500×20

Postdata:

 




Los fondos inmobiliarios extranjeros imponen la ley del más fuerte en el país.

La Sareb se rinde a los fondos buitre!

  • El QE – quantitative easing yanqui y europeo- enmascarará la propiedad del millón de viviendas vacías en manos de los bancos españoles muchas en la SAREB.
  • La actual ola compradora en dólares y la próxima en euros de los QE cambiara la fisonomía de la propiedad inmobiliaria del estado español.
  • El QE es una maquinación compleja disfrazada de keynesianismo.
  • Políticos, banqueros, financieros y gestores venden sus “patrias” para impedir los aires de cambio en la política de vivienda en España.
  • El derecho a la vivienda chocará contra un enemigo enmascarado en la propiedad, origen y localización.
  • Inquilinos y ocupas se enfrentan a un enemigo salvaje como se ha demostrado en Madrid.

“Si protestas, te desahuciamos”

Ayer eldiario.es dio la campanada que cosas muy grandes están pasando a la superestructura financiera que lo impregna todo. Esta capa, la de las finanzas, cubre todas las relaciones sociales y económicas con una pátina de poder opaco en la que es difícil distinguir al enemigo. Por ello, los fondos de inversión a menudo son vehículos financieros de los bancos que actúan de manera autónoma. Están en tu ciudad pero pasan desapercibidos aunque mueven miles de millones. En España los fondos de inversión inmobiliaria fueron diseñados en época de la Chacón y Zapatero. Se llaman SOCIMI y fueron aprobados con todas las ventajas fiscales para PPSOE + CIU + PNV.

Concretamente eldiario.es informaba que CatalunyaCaixa está ofreciendo a los clientes que no pueden afrontar los pagos de la hipoteca un “ acuerdo de espera “-a tiempo mejores- para permanecer en la vivienda unos meses a cambio de un pago de entre 300 y 400 euros mensuales. La espera es al aterrizaje del fondo inmobiliario Blackstone que compró “los activos” de la caja catalana (títulos de deuda hipotecario senior ). buitres_web_imatge El Frob tras titulizar toda la deuda (6400 millones €) se quedó con los activos más problemáticos de cobrar, deuda junior, que ha trasladado a la Sareb. Las noticias sólo se detienen en los aspectos formales y financieros. Pero su lectura por una ciudadana normal no puede llevar más que indignación porque detrás de cada título de deuda hay un drama humano desligado de la mentira financiera.

Es la Sareb, un ente público, la que está detrás de muchos de los desahucios que suceden en los barrios populares. Es en estos barrios donde CatalunyaCaixa estafó en precios e hipotecas a miles de familias humildes e inmigrantes. Todo con la connivencia de directores de oficina (trabajando con objetivos fijados con la firma de Narcís Serra), inmobiliarias locales a comisión y notarios que miraban hacia el otro lado mientras cobraban sus emolumentos. Las transacciones hipotecarias eran a precios imposibles a personas que muchas veces no entendían ni siquiera el idioma, juntando avales cruzados entre gente desconocida o haciendo trampas contables en las posibilidades de pagar créditos … con la música de fondo que la vivienda nunca baja de precio, nosotros no tenemos hipotecas tóxicas pero sí tenemos los bancos más solventes del mundo y jugamos en la Champions League del mundo mundial.

Los hipotecados pensaban que, al firmar la hipoteca, el dinero que recibían venía de otros que previamente habían depositado sus ahorros en el banco. Pero esto es un mito que repiten intencionadamente muchos economistas ante la cámara. En un sistema fiduciario controlado, no por el estado sino por bancos privados, es la firma de la misma hipoteca que concede al banco privado la potestad de crear una anotación contable en su activo. No sólo crean dinero de la nada sino que encima te lo hacen devolver con intereses. Los estados modernos han delegado un derecho social y democrático a un ente “privado” que hace negocio “privado” con esta potestad. Es una estafa disfrazada, es una delegación imperdonable de soberanía de estados y parlamentos al poder financiero. Si el Parlamento catalán, español o europeo no tiene capacidad de emitir moneda, y ésta está secuestrada por un poder oscuro, financiero, esto no es soberanía.

De hecho, los bancos y fondos internacionales ya tienen el control de la emisión de moneda, el cobro de la deuda y la sumisión del aparato judicial, policial y si hace falta militar para cobrar a todos los países. Están escondidos detrás de una espesa cortina de humo de instituciones monetarias (FMI, BM, BCE …) y lobbys que hacen de muros de contención, repitiendo un discurso engañoso hasta hacerlo real ante la población. Es la democracia secuestrada.

Reginald Mc Kenna – jefe Banco Midlands Inglaterra
… “ Me da miedo pensar que la gente de la calle no quiere saber que los bancos pueden y crean dinero porqué aquellos que controlan el crédito del país dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos el destino de la humanidad”

En Cataluña algunos de los que pretenden crear estructuras de Estado esconden esta pérdida democrática y ni hablan de la derrota de Cataluña Caixa comprada por el BBVA. Algunos de los Prohombres Catalanes viven y hacen negocios en la esfera virtual de las finanzas o actúan como botiguers en un mundo global. Ni piensan en las viviendas de la gente que ahora se encuentran en manos de fondos buitres inmobiliarios agrandados con el “quantitative easing” (QE) de la Reserva Federal de EE.UU (FED)

En 2010 los bancos americanos atesoraban miles de cédulas hipotecarias inmovilizadas en sus balances esperando, a largo plazo, el retorno de los capitales y los intereses de los hipotecados, en gran parte afroamericanos. La FED “compró” durante más de dos años estos títulos hipotecarios y otras deudas de todo tipo a los bancos americanos a razón de más de 80.000 millones de dólares / mes (QE). Fíjense bien que ni siquiera la promesa de Obama de ayudar a la clase media americana, de la misma manera que a los bancos, tampoco se materializó. Aunque este hecho hubiera sido otro agravio comparativo respecto de los que no tienen nada.

La FED al comprar esta deuda inundó Wall Street de un dinero que estaba inmovilizado esperando el futuro. Son miles de millones que desde el futuro (la promesa de devolución del dinero de los hipotecados) llegan para ser utilizados en el presente. Y mira por donde, este dinero creado por la compra masiva de deuda hipotecaria impagable de los afroamericanos acaban de llegar a nuestro país comprando lo mismo: deudas.

Fernando Gumuzio, fundador de Azora, desde su despacho en la calle Serrano donde ve la enorme bandera española que preside la Plaza de Colón de Madrid.
… “Me parece injusto llamarlos buitre, es una descalificación. Prefiero el término de oportunistas. Ponen dinero en activos muy complicados y ayudan a limpiar los balances. …-hecha la faena- … vendrán los fondos institucionales”.

Para qué razón les resulta rentable comprar “activos” inmobiliarios en España?

Los fondos de inversión están marchando hacía la renta variable porque los bonos de deuda pública ya no rentan porqué los tipos de interés rozan el 0%. Y básicamente porque el dinero se ha de prestar para generar nuevo dinero ( creación de dinero como deuda de otros ). Primero el negocio lo hicieron los alemanes y franceses que prestaron a los bancos españoles para generar la Burbuja. Ahora, mientras Europa está entretenida en la rifirrafe de la creación de su “quantitative easing”, los fondos anglosajones hacen caja comprando activos rentables en nuestro país en una primera ola compradora en dólares. Después, cuando ya funcione la máquina monetaria Draghi, vendrá una segunda oleada de euros a nuestro país pues tanto las administraciones como empresas y miles de familias están atrapadas en la deuda eterna.

Para Blackstone ya no se trata de cobrar el capital, o sea, el supuesto precio que el mercado hizo pagar al crédulo hipotecado español que pensaba que compraba una “propiedad”. Este mismo fondo ha comprado con un descuento del FROB de más del 50% (~ 3000 millones) las viviendas de Cataluña Banc mientras que su plataforma de gestión inmobiliaria, CXI, pasaba a Kennedy Wilson y Varde Partners . Un enrevesado lío que enmascara el enemigo.

Unos tienen deudas y los otros las compran. Pero las compran con deudas que previamente han sido monetarizadas con magia de brujos en la sede de la FED o del BCE.

Es un cóctel perfecto: una administración endeudada, unos buenos contactos y un fondo buitre lleno de dinero para comprar.

Dónde está el lugar de encuentro donde se hacen estos negocios? Quien hace de mediador? Quien recibe comisiones? cuáles son las plusvalías que se generan? Qué régimen fiscal tienen? ¿Cuáles son los nombres y apellidos que tienen derecho a decidir sobre las vidas de miles de personas?

¿Por qué peligran los mini-parques de vivienda pública catalanes y estatales?

Pues que nos lo explique la gente que ha vivido la traumática venta de más de 3000 viviendas públicas en Madrid o los siete edificios de jóvenes de Barcelona, comprados por Azora Inmobiliaria a precios de risa a Regesa que se encuentra en quiebra. Lo hacen así porque la gestión de bloques enteros es más barata y sencilla.

Ahora hay que fijarse en las cuentas de cualquier empresa inmobiliaria pública para saber si las deudas pueden ahogar. Por los fondos buitres la vivienda pública es un caramelo para que las administraciones catalanas están ahogadas y porque son fáciles de manejar. La Agencia Catalana de la Vivienda es un ejemplo de que su secretario Carlos Sala no tiene ningún problema en airear: la venta de sus 14.000 pisos repartidos por Cataluña.

Se trata de juntar el hambre con las ganas de comer. La venta de las viviendas de Madrid acaba de llegar como denuncia por fraude a la propia ONU y hay una imputación de altos cargos políticos. En Cataluña, la venta de cuatro edificios de jóvenes en agosto de 2013 supuso automáticamente unas plusvalías del 40% para la inmobiliaria Azora que se presentaba “en solitario” en la subasta. Es un cóctel perfecto: una administración endeudada, unos buenos contactos y un fondo buitre lleno de dinero para comprar.

En cuanto a las cuentas del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMVB) y valorar como cual es peligroso su deuda que arrastra se puede visitar su web . Aunque la situación presupuestariamente del Ayuntamiento de Barcelona puede ayudar en cualquier momento, los más de 200 millones de euros de deudas con entidades financieras es mucho dinero. Asimismo el pasivo corriente del PMHB suponen pagos anuales de 25 millones de euros a los bancos. Demasiado deuda por poco más de 6000 viviendas de alquiler público.

Esto significa, que durante todos estos años, las administraciones han construido en base al crédito hipotecario y no con recursos propios, fruto de nuestros impuestos. Primero nuestros gobernantes renunciaron al derecho soberano de controlar la emisión de moneda y luego se han dejado seducir por el hechizo del crédito bancario.

En cuanto a las cuentas del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMVB) y valorar como cual es peligroso su deuda que arrastra se puede visitar su web . Aunque la situación presupuestariamente del Ayuntamiento de Barcelona puede ayudar en cualquier momento, los más de 200 millones de euros de deudas con entidades financieras es mucho dinero. Asimismo el pasivo corriente del PMVB suponen gastos anuales de 25 millones de euros que se pagan a los bancos. Demasiado deuda por poco más de 6000 viviendas de alquiler público en esta ciudad.

Esto significa, que durante todos estos años, las administraciones han construido en base al crédito hipotecario y no con recursos propios, fruto de nuestros impuestos. Primero nuestros gobernantes renunciaron al derecho soberano de controlar la emisión de moneda y luego se han dejado seducir por el hechizo del crédito bancario.

Qué se ha hecho de nuestros impuestos???




El alquiler social universal debería ser un servicio público, no simple beneficencia.

… La burbuja patrimonial española está centrifugando miles de ciudadanos a la emergencia habitacional sin que el Estado haga otra cosa que dejarlos devorar por el mercado.

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Una declaración de principios.

Aunque nos atrevemos a hablar de Catalunya y Barcelona este documento podría ser extensible a cualquier gran ciudad del Estado español. Sencillamente la vivienda de alquiler público, escasa y desatendida, que representa genuinamente el derecho de uso sobre el derecho de propiedad, no ha podido albergar ni una pequeña parte de la gente que ha sido centrifugada por la enorme burbuja patrimonial gestada durante medio siglo.

Hoy una tercera parte de los hogares de Cataluña vive al límite. No pueden hacer frente a ningún gasto extra que no sea comer o vestir e incluso esto es complicado. No hace falta dar muchos datos. El llamado precariado, aquellos ciudadanos o hogares que viven en menos de 1000 € son mayoritarios en las calles de pueblos y ciudades de Cataluña.

La burbuja patrimonial española está centrifugando miles de ciudadanos, el precariado, a la emergencia habitacional sin que el Estado haga otra cosa que dejarlos devorar por el mercado. Por eso, de todos los derechos robados en nombre de la crisis, quizás uno de los importantes sea la vivienda. Sin él no hay proyecto de vida (el 75% de los jóvenes viven con sus padres). Mayoritariamente el nuevo precariado ya no puede vivir en viviendas en propiedad o la perderá en los próximos tiempos. Ya no tienen perfil financiero solvente. Pero también en el mercado de alquiler la relación ingresos / renta de alquiler ya hace tiempo que no guarda relación con una estructura salarial en espiral deflacionista. No es de extrañar que el 70% de los desahucios en Barcelona sean por impago de la cuota del alquiler. Cuando esto sucede cae sobre el inquilino todo el peso dictatorial de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). Una de las leyes más regresivas de Europa.

El mercado del alquiler es casi 100% privado, controlado por el lobby del ladrillo, bancos y los API, que mantienen precios por encima de la realidad social chupando la sangre a los más pobres. Contradictoriamente todos buscan “el alquiler seguro” pescando en aguas turbulentas. Una contradicción insoluble en el mercado que acaba juntando los peor situados: los pequeños propietarios enfrentados a familias en precario imposibilitadas de pagar recibos que superan el 50% de la renta disponible. Son los centrifugados del sistema. En esta guerra entre pobres la LAU resuelve a favor de la propiedad. Es un contrato privado, supuestamente de libre concurrencia, donde las leyes y la justicia hacen prevalecer la propiedad sobre el derecho a la vivienda.

El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario. Si la Justicia, que es juez y parte, impone las condiciones del fuerte, la Administración mira hacia otro lado aduciendo que en los contratos privados no se meten. Ahora el equipo de Gobierno del alcalde Trias en Barcelona reconoce que tiene un problema con los desahucios de alquiler en la ciudad condal.

Los diferentes planes de incorporar los pisos privados a un fondo de vivienda social han fracasado estrepitosamente desde la Bolsa d’Habitatge Social de Barcelona a la Sociedad Pública de Alquiler que dejó un agujero de 21 millones de euros. La Banca “ha prestado” “la basura”. La Generalitat de Catalunya después de dos años negociando con Catalunya Caixa ha reconocido que los pisos eran morralla. Las promotoras, inmobiliarias o los pequeños propietarios no se fían de dejar los pisos a una Administración que es morosa profesional. Las únicas almas caritativas, para con los pobres, sólo “prestan sus propiedades” a la Iglesia aunque, aún así, Cáritas sólo gestiona poco más de 300 pisos en Catalunya.

La Taula del Tercer Sector de Catalunya y especialmente Cáritas, a través de Carme Trilla, continúan apostando para movilizar los pisos vacíos de particulares y la Banca por subvencionar con ayudas públicas para conseguir alquileres más sociales. Prouespeculació y nuestra Asociación 500×20 está en desacuerdo con esa propuesta en tanto distorsiona el mercado manteniendo los precios elevados de los alquileres y dando más poder económico al más fuerte en esta relación desigual entre propietarios y inquilinos. Carme Trilla tiene razón cuando exige medidas urgentes pero ofrece políticas que ya han fracasado y agravaran la situación porqué la beneficencia no empodera a la gente.

Tienen otra propuestra de tasar las zonas residenciales con precios máximos, como ocurre en algunos países, pero creemos que generará la estratificación social de las barriadas. ¿Acaso no pueden haber viviendas sociales en Tres Torres o en Chamberí?

Finalmente, cada vez más amplias capas de la población están recibiendo ayudas condicionadas a la firma de un “contrato familiar” con normas más que discutibles, a la que son forzadas por las Administraciones. Este sistema genera un proceso de burocratización de los Servicios Sociales, que se convierten en un sistema de monitorización de las clases populares por el “Gran Hermano”. Las negociaciones de la Generalitat y la Taula del Tercer Sector de Catalunya contribuirán aún más a convertir a los Servicios Sociales y a sus trabajadores en fiscales de un precariado postrado a la beneficencia. No quedan demasiado lejos las ideas de Thatcher que convirtieron derechos en beneficencia a cambio de los deberes bien hechos.

… El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario.

Alguién tiene una solución habitacional estable para el precariado?

Ahora bien, los datos de la Taula del Tercer Sector, avaladas por la propia Administración catalana, indican que 70.000 hogares en Barcelona necesitan un contrato estable de alquiler que no supere los 100 € de renta mensual. Todo incluido. Este debería ser el alcance mínimo de un parque de vivienda pública en Barcelona que no existe. Pero que no exista no significa que hoy 300.000 personas de nuestra ciudad esperan una solución malviviendo mientras hay miles de pisos vacíos. Estamos hablando pues de 70.000 viviendas de emergencia social o, dicho de otro modo, de alquiler muy asequible.

Las tenemos, pero no están accesibles porqué intereses muy poderosos controlan el mercado. Ganar el debate a la opinión pública sobre la necesidad de este parque de vivienda no puede quedar circunscrito sólo a un problema de beneficencia. Esta reducción nos llevaría a construir guetos a los que apartar a los perdedores de esta injusta sociedad.

No, nosotros hablamos de vivienda pública de alquiler como un derecho de cualquier ciudadano , tanto gane mucho o poco, a una vivienda digna y asequible a sus posibilidades razonadas entorno del 20 al 30% de la renta disponible. Todo el mundo paga impuestos y todo el mundo se beneficia de los derechos ciudadanos. Este es el debate necesario para una opción estable económica, legislativa, jurídica y socialmente. Sencillamente es poner la vivienda al margen del mercado.

Pero necesitamos una segunda condición. No aceptamos una aplicación restrictiva con contratos temporales a los que están sujetos actualmente los inquilinos, fruto de las modificaciones legislativas del PPsoe a la LAU, que han convertido el alquiler en la particular dictadura del arrendador. No es posible un proyecto estable de vida con contratos de 3 años renovables año a año .

Derecho o beneficencia. Vivienda protegida y arrendatario desamparado.

Barcelona tiene ahora un parque de vivienda social que apenas supera los 10.000 viviendas y ahora sí que está lleno. Algunas viviendas dotacionales de jóvenes incluso han sido vendidos a fondos de inversión privados (SOCIMI). En este pequeño parque de vivienda el papel de la Administración, en nuestro caso, el Consorcio de la Vivienda de Barcelona (CHB) ha sido nefasto.

Lejos de ser un modelo , el parque de vivienda ha sufrido como males endémicos los pisos vacíos, edificios en mal estado y fincas mal administradas . La cultura patrimonialista de los gestores, de derecha o izquierda, ha sido el ADN de una gestión opaca que ha primado la lógica del mercado privado, otras veces la beneficencia y la aplicación dura de la LAU .

El menosprecio del parque de viviendas ha sido una constante durante décadas por parte de los gestores públicos. Estas viviendas eran una molesta carga de la que había que desembarazarse. Y los inquilinos eran beneficiarios, no de un derecho, sino de beneficencia y por lo tanto siempre sospechosos de engañar. Hemos llegado a situaciones inverosímiles con viviendas vacías por largas temporadas tapiadas con puertas de hierro o, por el contrario, cuotas de alquiler que han superado incluso en el mercado privado. Las irregularidades en los cobros de los extras o del mantenimiento han igualado al Consorcio -CHB- con las prácticas más dudosas del mercado privado.

Muchas veces la vivienda pública se ha convertido en una especie de barraquismo vertical donde se han juntado problemáticas sociales con paro, familias desestructuradas, etc que reforzaba por un lado el carácter exclusivamente asistencial y, por otro lado, una opinión pública en contra. Si la vivienda social era mal vista, como un derroche de recursos, la opción neoliberal, la opción patrimonialista de acceso a la vivienda se reforzaba y reforzaba aún más la burbuja inmobiliaria, que a fin de cuentas era lo que interesaba.

La apuesta actual del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat para dar un papel dominante en la vivienda social en las entidades del tercer sector y especialmente a Cáritas, organización católica en manos del Obispado de la ciudad, reforzarán el carácter asistencial del alquiler público alejándolo aún más de su carácter de derecho universal básico. No es casualidad, que Cáritas, reciba donaciones de pisos de los bancos en lugar del estado que los ha salvado con el dinero de todos. Es un acercamiento cada vez más descarado al modelo anglosajón y thatcheriano. Por esta razón, nosotros reivindicamos la vivienda pública como un derecho fundamental de los ciudadanos y por lo tanto un derecho exigible al Estado. Tiene un nombre: alquiler social universal.

… Estos contratos de alquiler público por lo tanto no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial, sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público.

(*) Caminemos hacia otro modelo posible …

Dentro del marco legal actual, varios abogados y urbanistas, así como sentencias europeas y estatales permitirían modificar los parámetros en el que se mueve la gestión de la vivienda pública y social tanto en la ciudad de Barcelona como en todo el país. La Disposición Adicional Primera de la LAU permite establecer un régimen diferenciado en los contratos de alquiler de las viviendas en alguna de las modalidades de promoción pública. Estos contratos podrían no estar sujetos a la legislación en materia civil y patrimonial.

En primer lugar, su adjudicación está sujeta a un procedimiento de concurso transparente en base a unos criterios preestablecidos. En segundo lugar, las rentas vienen marcadas por ley y finalmente las condiciones no son objeto de la supuesta libertad contractual civil. El alquiler público se acercaría más a la prestación de un servicio público y, por tanto, sería el desarrollo de una competencia de la Administración en materia de vivienda que daría servicio mediante los contratos suscritos con sus inquilinos. Estos contratos, por lo tanto, no serían de naturaleza estrictamente civil y patrimonial sino que sus condiciones y las cuotas a satisfacer serían parte de la prestación del servicio público.

Esto es importante, porque en la venta a fondo buitres del parque de vivienda en Madrid o Barcelona, habría que preguntarse si las garantías a los inquilinos no deberían haber sido incluidas en los pliegos de condiciones de la venta. Este matiz es fonamental pues los concursos de compraventa no sólo han estado faltos de transparencia y concurrencia en el caso de Barcelona , sino que las condiciones de prestación del servicio público de las viviendas sociales están hoy en duda. Para el caso de las viviendas de jóvenes, considerados equipamientos dotacionales, añadiríamos aún más interrogantes.

Por otra parte, los contratos de alquiler social estarían determinados por las leyes de protección del consumidor en este caso de un bien fundamental como es la vivienda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) ha legislado profusamente sobre la materia en cláusulas abusivas como la revisión unilateral de las condiciones de los contratos de alquiler social que podrían causar la pérdida de la vivienda habitual. Esta cuestión se podría judicializar en tanto la revisión unilateral de las condiciones podría resultar una posición de indefensión del inquilino. Esta circunstancia ya ha sucedido en el edificio privatizado de pg Urrutia. No son palabras pues una sentencia contra Alokabide ha permitido detener un desahucio por negarse éste a revisar una cuota abusiva.

… Alquiler Social Universal.

Podría ser la firma de nuevos contratos de alquiler objeto de abuso? Se han mantenido las condiciones anteriores? La respuesta es no en el caso de Colon Viviendas en Barcelona. Desde el punto de vista de la jurisprudencia actual sería discutible que las condiciones de los contratos de alquiler, en prestación de un servicio público, sólo se limitaran a la vigencia de los contratos. Ha sido mucho más grave aún que se haya obligado a los inquilinos a suscribir nuevos contratos con las condiciones cambiadas y esto podría ser objeto controvertible ante tribunales de justicia civil.

Dicho de otro modo, en el momento de compra-venta a un tercero, lo relevante no es sólo el análisis del precio pagado por la venta en el expediente patrimonial de la Fundación Pisos de Alquiler (y por tanto el Consejo Comarcal del Barcelonés, REGESA) sino también las repercusiones que esta venta tendrá sobre los contratos de alquiler. Por lo tanto sería imputable a Regesa, y a su subsidiaria la Fundació “Pisos de Lloguer” – hoy desaparecida-, la falta de transparencia en todo el proceso en un sector como es el de pisos para jóvenes que debería tener la consideración de regulado.

No es una cuestión baladí porqué el interés de la Agencia Catalana de l’Habitatge como del Ayuntamiento de Barcelona, es externalizar toda la gestión de la vivienda pública pero sobre todo la emergencia social que se convertiría en pura beneficencia y no en la prestación de un servicio público. Se crearía una gestora de vivienda social que administraría la Fundación Habitat 3 que recibiría familias “teledirigidas” desde Servicios Sociales. Las actuales negociaciones con la Taula del Tercer Sector y otras entidades para la gestión de las viviendas sociales existentes y aquellas que se integren más adelante mediante dicha Fundación podrían contravenir todo lo expuesto.  Entre otras razones porque esa Fundación no está bajo la tutela pública sino de personas nombradas por entidades cuyo ideario no es el interés general sino entre otros por motivos religiosos que poco tienen que ver con la supuesta laicidad del Estado.

En ese terreno pantanoso la prestación del servicio público de vivienda por esas Fundaciones, cuyo nombre ya levanta sospechas, se alejaría de lo que defendemos en este artículo y se convertiría en una relación contractual privada en relación al alquiler. Los contratos de alquiler y las condiciones, por lo tanto, ya no serían parte de la prestación de un servicio público. La mejor demostración lo tenemos en la gestión de los edificios privatizados de jóvenes de Barcelona que cuando estaban bajo la tutela de la Fundación Pisos de Lloguer la gestión diaria estaba en manos de un API y las condiciones del alquiler sólo tenían algo de públicas porque la cuota base la imponía la administración.

Esta discusión es extensible a todas las viviendas que hoy gestiona la Agencia Catalana de la Vivienda como el Consorcio de la Vivienda de Barcelona con todos los pisos de emergencia que está concediendo. Y es nuestra lucha declarada por el alquiler social universal.

(*) Una parte de los razonamientos de este artículo han sido inspirados en las webs de LEOLO y Urbaniker.




Ocupación de vivienda pública vacía: por qué defendemos a las familias?

La ocupación muestra el desinterés de las administraciones por este derecho fundamental.

Se castiga la desesperación de las familias ocupantes con medidas represivas.

Pero los dictámenes del Defensor del Ciudadano siempre han defendido el derecho sobre el castigo a los ocupantes.

cartel en Navarra de denuncia pisos públicos vacíos.

cartel en Navarra de denuncia pisos públicos vacíos.

Barcelona: Poco más que palabras frente a la desesperación

En nuestra ciudad hay una proporción nada despreciable de gente que vive en una vivienda en precario, llamada también ocupación o patada en la puerta. Esta se ha generalizado en los últimos años como respuesta a una profunda crisis que ha llevado a la desesperación a miles de personas y hogares que viéndose en la calle, se han armado de valor, entrando en un piso sin mediar derecho legal alguno. Estas ocupaciones se han nutrido de esa fracción de precarios que incluso con un salario no pueden afrontar todos los pagos y además sobrevivir.

Hasta la ocupación han llegado directamente gente desahuciada como inquilinos y otra gran proporción de gente desahuciada por los bancos tras una ejecución hipotecaria. Antes de ocupar mucha gente ha pasado el calvario de vivir en pisos de familiares amontonados o alquilando habitaciones insalubres, mientras Barcelona y todo el país acumulaba millones de pisos vacíos. La misma área de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda. Necesidades que corresponderían al 20% de la población de la ciudad que vive por debajo del umbral de pobreza (menos de 7.040€/persona/año o 14.784 para un hogar de 3 miembros).

Para muchos hogares, en los distritos más pobres de la Ciudad Condal, incluso ese dinero sería una auténtica fortuna mensual. En esta fracción de ciudadanos es donde se concentran la mayoría de desahucios de la ciudad con una media de 20 desahucios/día. En un 90% son alquileres como muestran los datos judiciales de Barcelona en su página 13. No hay datos de desahucios por precario pero a la Asociación 500×20 le llegan una media de 1 al mes sólo en el distrito de Nou Barris. Nuestra Asociación cree en la ocupación de viviendas como un método de presión y alternativo pero no un fin en si mismo.

… l’Ajuntament de Barcelona calcula que se necesitarían más de 70.000 pisos de alquiler asequible como mucho a 100€/mes para satisfacer las necesidades de vivienda de la población pobre.

Cada hogar, cada familia que forma parte de esas cifras es una muestra de las profundas desigualdades que vive la actual historia de nuestro país. El 75% de las personas con menos de 35 años viven aún con sus padres. Batimos récord mundial en baja natalidad, en pisos vacíos per cápita y en amor paranóico por las piedras y los tochos. El derecho de propiedad inmobiliario ejerce una férrea dictadura sobre el derecho a una vivienda digna y asequible y sume en un oscuro futuro a una sociedad incapaz de imponerse a la férrea dictadura patrimonialista del lobby financiero-inmobiliario.

Barcelona: 300.000 personas o 70.000 hogares necesitan un alquiler social y asequible de 100€.

El Ayuntamiento nos ha reconocido en reuniones que 70.000 hogares necesitarían pagar alquileres no superiores a los 100€ (1). Esa cifra supone el 10% del parque útil que es de 812.000 pisos. Pero el parque de vivienda pública de alquiler asequible o social no supera los 10.000 pisos en toda la ciudad.

El equipo de gobierno del alcalde Trías habla, a bombo y platillo, de grandes inversiones en políticas sociales de vivienda. Ha usado todos los medios propagandísticos posibles en prensa y televisión para explicar como se ha gastado 7’2 millones de euros a lo largo de la legislatura. Si hablamos de la vivienda como derecho fundamental el esfuerzo presupuestario de Trías es minúsculo comparado con otros esfuerzos que sí son prioridad de CiU en la ciudad. Por poner comparaciones: Trias se gasta cada año 6 millones en el Mobile World Congress -WMC- o 7’5 millones de euros en el Paseo de Gracia para que turistas tengan wifi y 4G gratuito.

Aún reconociendo que las políticas de vivienda social no son sólo responsabilidad local las comparaciones son frustrantes. Las cifras en política de vivienda de Trias son poco más que palabras ante la avalancha de necesidades de los miles de familias que en la ciudad viven miserablemente:

  • 20 desahucios día en la ciudad.
  • sólo 743 pisos de emergencia concedidos en 5 años.
  • entre 9 y 12 meses de espera para quién ha tenido la suerte de recibir una vivienda de emergencia.
  • 20% hogares por debajo del umbral de pobreza.
  • 60% hogares de la ciudad (422.000 de 691.000) reciben algún tipo de prestación pública.
  • 50% no pueden hacer frente a gastos imprevistos (mucha dificultad en llegar a final de mes)

Demasiado tiempo, fotos, noticias, palabras para familias que han agotado las puertas y ventanillas públicas a las que llamar. Familias que han agotado su paciencia esperando la ayuda de las instituciones. Y por eso acaban ocupando un techo aunque sea sin derecho. La ciudad, el país, lleva demasiados años esperando una revolución en materia de vivienda que no llega. Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población. La política se ha plegado durante demasiado tiempo a los negocios de los oligarcas catalanes del tocho, las finanzas y el turismo.

… Es una vergüenza esta situación después de 40 años de Ayuntamientos democráticos que demuestran la incapacidad reformadora de la clase política para crear un parque de vivienda pública asequible extensible a amplios sectores de la población.

….

Castigar a los ocupantes de viviendas públicas y de bancos?

Para más inri, las familias que armadas de valor se atreven a ocupar pisos son castigadas prohibiéndoles poder acceder a vivienda social o de emergencia. La gente tiene hasta miedo que les quiten los niños por no ser capaces de darles un techo donde vivir.

Esta medida punitiva figura en el reglamento de las Oficinas de Vivienda de cada barrio. A las familias que ocupan pisos se les hace muy difícil negar la evidencia porque los trabajadores sociales hacen un seguimiento y es fácil descubrirlo. Los Servicios Sociales, en lugar de ayudar, se han convertido en un ente burocrático que controla y disciplina a las familias pobres. Ingentes recursos burocráticos para fiscalizar por contratos (de adhesión, como las hipotecas) a la gente humilde y comprobar el grado de pobreza o engaño. La Síndica de Greuges de Barcelona se ha quejado repetidamente que los convenios de vivienda social son contratos sociales y no un derecho en si mismos. Muchos de los requisitos rallan la ilegalidad al obligar a subscribir acuerdos de escolaridad, de buena vecindad, de ingresos mínimos e incluso un informe médico (supone vulneración extrema de datos íntimos).

Cómo toda medida punitiva, el castigo a las familias ocupantes de viviendas tiene su piedra en el zapato. Recientemente nuestra Asociación 500×20 ha defendido junto a todas las entidades vecinales, partidos de la oposición y la misma FAVB el derecho a una vivienda de una familia que ocupó por necesidad una vivienda del PMHB (Patronato Municipal de Vivienda de Barcelona) en el distrito de Sant Andrés. Una familia con el marido en un proceso de cáncer terminal que murió dejando a mujer y un hijo pequeño. El PMHB no se atreve a desalojar a la familia porque armaría una guerra y se muestra cómo sus reglamentos punitivos no sirven para arreglar ningún problema. Este caso esta bién explicado aquí y aquí.

El argumento más requerido para defender el desahucio de esta familia es que ocupan el piso que correspondería a otra según un baremo. Lo defiende el PMHB y el regidor del distrito de Sant Andreu de BCN. Esta claro… si se acepta una ocupación y se legaliza, se está haciendo efecto llamada. Se trata de enfrentar un pobre contra otro y administrar la escasez… ¡que despropósito en un país como el nuestro récord mundial en viviendas vacías per cápita!

… Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.

o castigar la vivienda vacía de la ciudad de Barcelona???

La gente no va a dormir al raso. Si realmente se quiere acabar con las ocupaciones hay que movilizar a precios asequibles e incluso subvencionados la vivienda vacía. Y aquí tenemos otro problema: la ausencia premeditada de datos fiables sobre vivienda vacía en la ciudad. Es curioso ver la enorme dificultad histórica de CiU y PP para definir que es un piso vacío. Es increíble los ingentes recursos municipales para fiscalizar a los pobres y la incapacidad política de poner medios y funcionarios a recopilar datos de pisos vacíos y clase de propiedad sobre los mismos en Barcelona.
Una vivienda vacía por largas temporadas ¿se contradice constitucionalmente con la función social de la vivienda? …. sólo lo recordamos porqué algunos partidos te dan en la cabeza con esa Constitución sólo cuando les interesa.
O en una vivienda vacía ¿debe prevalecer el derecho patrimonial a hacer con ella lo que quieras? no estamos hablando de una casa en medio de la nada… estamos hablando de un piso en medio de la conurbación de Barcelona donde supuestamente deben poder vivir los ciudadanos de este país o … ¿la gente pobre debe vivir al raso?
La web del Ayuntamiento de Barcelona los sitúa en 88.259 (11% del total, por debajo de la media nacional). Los políticos del Ayuntamiento niegan que sus cifras sean reales. Nosotros sí que creemos que existen 90.000 pisos vacíos y lo explicamos en este post con todo detalle.

Por eso creemos en las políticas que obliguen a mobilizar el parque de pisos vacios:

  • ¿ qué hay sr. Mas y Trias de las multas a pisos vacíos de la Banca y inmobiliarias?
  • ¿ cuando vamos a tener un censo fiable de vivienda vacía y del perfil de los propietarios?
  • ¿ cuando se van a hacer políticas verdaderas de rehabilitación de edificios y pisos viejos ofreciendo algunas condiciones favorables a los particulares que accedan a entregar sus pisos a la Administración?
  • ¿cómo pasar los pisos de la SAREB a vivienda social?

Prouespeculació.org y la Asociación 500×20 no apuesta por subvencionar los alquileres porque es una medida inflacionista que acaba hinchando los precios del mercado que debería regular. Verdaderas políticas de movilización de vivienda vacía es una medida largamente discutida pero no concluida. Nosotros tenemos nuestra opinión y no coincide con las mayoritarias…. pero será objeto de otra entrada porque es muy importante en este país.

(1). En las reuniones con Qualitat de Vida. La Taula del Tercer Sector cree que en Catalunya se necesitarían 200.000 viviendas de alquileres realmente asequibles. La Síndica de Barcelona ha urgido al Ayuntamiento ha nutrir el parque de vivienda para dar salida a la emergencia residencial.




Varapalo judicial: Un juez rechaza desalojar a los ocupantes de una vivienda social al estar vacía.

Buenas noticias para las familias que sufren emergencia habitacional: Un juzgado sevillano ha rechazado el desalojo de los ocupantes de una vivienda social de la empresa municipal Emvisesa.

Es una vergüenza que en el pais con más pisos vacíos per cápita haya tanta gente con dificultades en acceder a una vivienda pública.

Hoy otra familia en Torre-Baró (Barcelona) tiene un desahucio de un piso público que estaba vacío.
cartel-desahucio-eva-martorelles-1La vivienda no está adjudicada a ninguna otra familia en situación de exclusión social por lo que se considera que no se está cometiendo ningún daño.

  • La Asociación de Abogados Independientes de Sevilla, que defendían a la familia, aseguran que la decisión puede afectar a otros casos.
  • Aseguran que cientos de viviendas de protección social están desocupadas y se deberían activar los procesos de adjudicación.
Un juzgado de Sevilla ha rechazado desalojar a los ocupantes de una vivienda social de la empresa municipal Emvisesa porque el ayuntamiento sevillano no ha demostrado daño alguno, al no haberla adjudicado a otra persona necesitada.
La Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais), que defendió a la familia, informa en un comunicado de que Emvisesa solicitó la medida provisional de desalojo y el juzgado de instrucción 10 se la ha denegado porque no ha acreditado daño, ya que no hay adjudicatario de esa vivienda. En enero pasado, el juzgado requirió a Emvisesa para que acreditara si la vivienda ocupada por R.G.O. y R.R.A. había sido adjudicada a alguna otra familia en situación de exclusión social.
Sobreseimiento: A principios de febrero, Emvisesa no había remitido al juzgado documento alguno que justificara que el piso se encontrase en fase de adjudicación a una familia sin recursos y con necesidades de vivienda, por lo que el abogado de Adais ha solicitado el sobreseimiento de la causa por ocupación.
Con la ocupación no se ha producido ningún daño a la empresa municipal Argumenta que, con independencia de que se trate de una familia sin recursos, con la ocupación no se ha producido ningún daño a la empresa municipal y además, siendo una vivienda pública y con carácter social que se encuentra desocupada y sin adjudicación, en dicha situación no se cumpliría con la función social de la propiedad. Por tanto, nunca podría afirmarse que la ocupación incurriera en el delito de usurpación, según Adais.
El abogado de la familia que ocupa el inmueble, José Manuel Carrión, argumenta que, “con independencia de que se trate de una familia sin recursos y con necesidad de vivienda, con la ocupación para nada se le ha producido a Emvisesa una afectación relevante del pacífico uso y goce de la misma ya que, siendo una vivienda pública y con carácter social, que se encuentra desocupada y sin adjudicación, en dicha situación no se cumpliría con la función social de la propiedad, y, por tanto, nunca podría afirmarse que la ocupación poseyera la lesividad requerida por el tipo de usurpación”.La asociación de abogados afirma que esta decisión judicial “puede tener efectos respecto a otras muchas viviendas de protección oficial, propiedad de Emvisesa, que se encuentran desocupadas”. Explica: “Son cientos las viviendas que se encuentran en estado de desocupación y sin proceso de adjudicación y son muchísimas las familias que han venido solicitando una vivienda en alquiler social, sin que el proceso se active por Emvisesa de un modo u otro”.

¿ESPERAMOS QUE CUNDA EL EJEMPLO ENTRE MÁS JUZGADOS DE TODO EL PAÍS!

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MÁS INFORMACIÓN:

http://www.20minutos.es/noticia/2053997/0/juez-rechaza-desalojo/familia-vivienda-ocupada/adjudicatario-sevilla/




¡ ILEGAL ! Regesa y Barcelona ya estan adjudicando los pisos de jóvenes sin sorteo

Los Ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona daran los pisos a quién les interese.

Es un proceso para favorecer a las inmobiliarias privadas como Azora

Algunos portales inmobiliarios ofrecen los pisos como si fueran privados y mienten sobre las condiciones de los mismos.

Una nota descubierta en un edificio de Regesa muestra la ilegalidad del proceso de adjudicación.

La caradura cómo la clase política barcelonesa está liquidando el patrimonio público de viviendas roza ya lo obsceno. Está nota descubierta en uno de los dos edificios de jóvenes, que le queda a Regesa para privatizar en Barcelona, muestra que la misma Administración se salta sus propios reglamentos para llenar los edificios.

El Reglamento del Registro Oficial de Vivienda protegida en Barcelona obliga a realizar sorteos para adjudicar las viviendas entre los inscritos. Si se hace de manera directa es por tres razones:

  • que tienen muchos pisos vacios, porqué los alquileres son caros por unos pisos pequeños y llenos de defectos de construcción y instalaciones en lamentable estado desde su inicio.
  • porqué estan a punto de privatizar los dos edificios que quedan de Regesa en la capital condal y para ello los llenan de inquilinos para aumentar la ocupación (item valorado por Azora)
  • practicar el amigismo y adjudicar los pisos protegidos no a quienes tienen más necesidades sino a quienens pueden pagar más.

Esta operación indica que los edificios de La Selva i Teodoro Llorente están a punto de ser privatizados

Esta nueva operación de Regesa no puede quedar impune. Desde la Asociación 500×20 y Prouespeculació pedimos a las entidades sociales y vecinales que muestren su repulsa a estas prácticas y se presente conjuntamente una denuncia y que la Sindica de Greuges de Barcelona ponga luz sobre esta nueva actuación administrativa.

edifici de regesa en c/la selva 57-61 donde se encontró la nota en el popular distrito barcelones de Nou Barris




Los 298 pisos para jóvenes de Regesa en Barcelona podrían ser revendidos.

Las condiciones actuales y futuras de los inquilinos no están garantizadas.

Goldman Sachs intenta deshacerse de sus inquilinos en Madrid.

edificio de la calle sagrera 77 de alquiler para jóvenes en Barcelona

edificio de la calle sagrera 77 de alquiler para jóvenes en Barcelona

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La venta de los cuatro edificios de alquiler joven de Regesa, descubierta por Prouespeculació, ha destapado las puertas giratorias e intereses cruzados entre la burbuja inmobiliaria, los fondos de inversión y nuestra clase política. Esta ha realizado una gestión deleznable del parque de vivienda pública para acabar malvendiendo un patrimonio de la ciudad de Barcelona.

¿Quién se fía de las palabras bienintencionadas de esos políticos y sus técnicos sobre las condiciones en que vivirán los inquilinos de ahora en adelante? ¿Algún cándido inquilino piensa encontrar a algún político o técnico que les defienda las condiciones contractuales dentro de un año? ¿Alguién ha leído las condiciones de la concesión administrativa firmada?

Ayer más de 100 familias afectadas por la venta de los pisos de la Comunidad de Madrid se manifestaban contra el posible desahucio de los pisos que alquilaban con opción a compra. Si no los compran a precios desorbitados Goldman Sachs los desaloja en un mes.

Para los actuales inquilinos de los 298 pisos de Regesa esta noticia pone muchos interrogantes sobre el futuro inmediato. Azora, o su gestora Colon Viviendas, no lo tiene muy difícil para superar la gestión nefasta de la anterior propietaria: Fundación Privada Pisos de Lloguer. Muchos pensaran que peor que antes es difícil. Otra gente pensara que mientras pagas no hay problemas. Pero seamos claros, esta gente de Azora deben rendir cuentas a sus inversores y estos exigen grandes rendimientos en poco tiempo. No han venido para quedarse 75 años ni 25 de alquiler social. ¿En dónde tiene el negocio de Azora?

El negocio podría estar en las menudencias. Cobrar cualquier mejora o arreglo, se cobra el IBI (deberia pagarlo el propietario), obligar a alquilar el parking aún sin coche, repercutir conceptos diversos sobre el recibo de arreglos de la finca o piso, hacerte la vida imposible (no cobrar un recibo inicia el desahucio inmediato). La nueva ley de arrendamientos del PP permite cambiar las condiciones del contrato cada 3 años y aumentar los alquileres sin tener en cuanta el IPC… quién dijo qué de viviendas sociales? Reclamar, ¿el qué? ¿dónde? Algún inquilino piensa reclamar frente a una cohorte de abogados pagando la justicía (ya no es gratuita) y encima si pierde pagando las costas y hasta reclamaciones de Azora. ¿Algún inquilino piensa desbrozar el entramado societario y de responsabilidades de estos fondos opacos que son las SOCIMI?

Pero el negocio ha estado aquí….

Inmobiliaria Azora se adjudica los 4 edificios a precio de saldo (11,4 millones de €) que se presentó como única candidata. Poco después TINSA valora las fincas por 18’65 millones, con una plusvalía de 7’4 millones de € >40%.

Una vez nuestra web destapó la venta el único que ha dado la cara es el gerente de Regesa. La supuesta propietaria de los edificios, Fundación Privada Pisos de Lloguer está desaparecida. Su página web está muerta: difícil encontrar los nombres de sus patronos y sus cuentas. Todo parece indicar que está en proceso de liquidación al igual que el Consell Comarcal del Barcelonés, un ente parido por el PSC, para oponerse al largo período de poder convergente en la Generalitat

Por boca de Jaume Vendrell, Director de Regesa, la venta se hizo sobre 11’4 millones de euros. En la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la empresa Colon Inmobiliaria, recién creada exprofeso para gestionar los edificios, valora el negocio por 18’65 millones de euros. Hay una plusvalía del 40%.

 Pero el negocio continuará así….

Al igual que en Madrid, la reventa de los edificios es una posibilidad. Azora ha comprado el derecho de superficie por 75 años. Pero puede venderlo porqué la legislación lo permite. La venta supondría la realización automática de la plusvalía. Es más, hay edificios como el de Sagrera, junto a la estación, podrían ser alquilados como pisos turísticos. ¿Alguien cree que es imposible? Estos pisos sociales ya están siendo ofrecidos en los portales inmobiliarios como si fueran privados: Idealista.com… pero ¿no era que había que pasar por las condiciones de las listas de las Oficinas de Habitatge? entonces ¿Por qué las Oficinas d’Habitatge niegan que esos ya sean pisos sociales?

¿Quién fue quién en la Fundación Privada Lloguer de Pisos?

Hemos encontrado indicios que la Fundación Privada fue creada entorno al año 2003 por el Consell del Barcelonés dominado por el PSC. Era la época en que todas las empresas públicas se gestionaban como empresas privadas, por aquello de la eficacia. Regesa encargó a constructores privados la construcción de los edificios 10HJ sobre suelo para equipamientos. Para salvar el obstáculo, la gente del PSC inventó los pisos como equipamientos dotacionales. En los bajos de los edificos hay una escuela de música municipal, un CAP, un instituto adjunto a la Autónoma, los Servicios Sociales, etc. Los sótanos se comercializaron aparte como aparcamientos.

Regesa constituyó la Fundación privada Pisos de Lloguer a la que traspasó sus propiedades en 2008. Se trataba de ampliar el pesebre de políticos y tècnicos de partido a cuenta del herario público, el expolio. La Fundación Privada a su vez delegó en Finques Feliu la gestión diaria de las fincas. Entonces ¿para qué servia la Fundación? Las quejas sobre el trato recibido están en boca de todos los inquilinos. ¿Por qué Fincas Feliu y no otra inmobiliaria?… nadie lo sabe que pinta aqui esta agencia inmobiliaria. ¿por qué repite con el nuevo propietario? Muchos deberían dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas en todo este embrollo.

Los responsables políticos localizados en Internet: Patronat de la Fundació Pisos de Lloguer.

(psc- Sta Coloma) VOCAL- Esteban Serrano Ortín, psc sta coloma, primer tinent alcalde

(psc- Sta Coloma) gerencia- Angel Garcia Rosique– gabinete presidencia zona franca / Juventudes Socialistes del Vallès

(pp- badalona) VOCAL- Miguel Jurado Tejada. Militante del PSC en la transición, más tarde cargo de confianza de CiU, activista vecinal de larga trayectoria. Hoy es el embajador del líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol.

(pp- badalona) VOCAL- Juan Fernández Benítez– joves generaciones pp-badalona

(CiU – Barcelona) Patró de la Fundació Pisos de Lloguer – Carles Esquerra, Gerent Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Vicepresidente de la Fundación y Director General de Regesa, Jaume Vendrell. Esta persona se encuentra ligado a multitud de empresas públicas donde destaca La marina de Badalona y GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES  Sociedad Anónima como Consejero (Gavà).

Este es el pequeño rastro de datos que se puede obtener de Internet sobre la Fundación.

La venta podría ser reversible.

Las entidades sociales y las asambleas de inquilinos deberían escudriñar las posibilidades jurídicas de una demanda por nulidad de venta y al mismo tiempo estudiar la movilización como herramienta de presión sobre la inmobiliaria y la casta política privatizadora. Igualmente los equipamientos muncipales y de salud, sus usuarios, personal adscrito que habitan en los bajos deberían movilizarse porqué se encuentran en una situación especial. Por ejemplo, la escuela de música de Manuel Sancho, obligará al Intituto Municipal d’Educació a pagar el alquiler a Colón Viviendas. ¿Quién hará y pagará las obras de mantenimiento?

Los edificios se construyeron sobre terrenos municipales calificados como equipamientos. Para construir los pisos, se creó la figura de equipamiento dotacional, para no llamarlos viviendas. Si no son viviendas ¿cómo se han vendido? Hay ahí un terreno judicial a explorar.

Pero como en Madrid la movilización de los afectados y las organizaciones sociales es la mejor garantía de estar vigilantes ante cualquier otra privatización y especialmente el parque de vivienda pública del Incasol y del  Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMHB).




Precarios: de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler.

Una perspectiva económica, política y social de la crisis inmobiliaria española.

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DOCUMENTO PARA IMPRIMIR
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Una perspectiva política, económica y social de la crisis inmobiliaria española.

I. Precarios en la esclavitud de la hipoteca.

En el capitalismo para tener derecho a la vivienda hay que tener dinero para pagarlo. No importa si vives en propiedad o en alquiler. De hecho, el arrendamiento de “todo” está de moda. Le llaman leasing. Desde el coche, a la impresora y pasando por la casa. El mayor banco español, el Santander, vive de alquiler en sus oficinas después de vender casi todo su patrimonio inmobiliario en el 2007. Con la crisis los propietarios se rifan los “buenos inquilinos”, los cuales presionan a la baja los alquileres para pagar menos. Libre de las ataduras de la propiedad puedes ir al lugar dónde más se pague la hora trabajada. Marx aconsejaba a los obreros no dejarse atar por la vivienda.
Por Carlos Marx también sabemos que el capitalismo, por un lado, debe sacar la máxima plusvalía del asalariado, incrementando el beneficio, y que por otro lado, está obligado a reinvertir esos beneficios en más máquinas, fábricas y tecnología pero también en la urbanización a través de infraestructuras o viviendas. Por eso, como desde hace décadas la capacidad productiva de la humanidad está sobredimensionada, buena parte de esos excedentes financieros, en su deseo irrefrenable de rentabilidad, se han invertido en la urbanización como válvula de escape (1).
Hoy, la población no tiene capacidad adquisitiva para consumir toda la producción mundial. Los economistas lo explican como una crisis de sobreproducción y subconsumo mundial. Un cuello de botella para el capital ya que está obligado a vender para obtener el beneficio que necesita para seguir creciendo. El capital financiero ensaya la salida a ese dilema desde los años 70 atacando con políticas neoliberales las condiciones de vida de las clases populares, el Estado del bienestar y el medioambiente. En esta ruptura del pacto social de postguerra están conchabados desde Wall Street hasta Bruselas y en España la mayoría de partidos parlamentarios. Es una lucha de clases, que están ganando desde hace décadas, que les ha permitido apropiarse de grandes riquezas reduciendo salarios y privatizando los servicios públicos. Con ese dinero se sostienen las ingentes fortunas que se revalorizan en un sistema financiero concentrado en pocas manos.
La brecha entre lo que los trabajadores ganaban y la sobreproducción mundial que debían consumir se cerró con la aparición de la deuda que anestesió las penurias de las clases populares. Liberados del corsé del patrón oro, los bancos centrales se han lanzado a una loca carrera creando dinero en base a esa deuda, para así auxiliar al capital con una larga etapa de crédito barato canalizada con vehículos monetarios y financieros (tarjetas de crédito y facilidades para endeudar a las clases populares). En palabras llanas, la gente cobraba cada vez menos en proporción, pero el crédito generaba esa ficción de riqueza que financiaba el consumo milagrosamente.
En el centro de ese milagro se sitúa la vivienda que se convierte en una especie de gallina de los huevos de oro. Vamos, que la gente consumía vorazmente de todo, no porqué comprara con los ahorros, sino porqué financiaba el consumo suponiendo que su casa, la acción, etc siempre aumentaría de valor. El resultado ha sido que se constituyeron el doble de hipotecas que casas nuevas construidas (2).
El sector inmobiliario, y toda la economía que arrastra, se convierte en la válvula de escape del capital financiero para mantener los beneficios. Le llaman burbujas patrimoniales. Es la vieja quimera del capitalismo popular que se ensaya cada X años porqué la gente pierde la memoria generacional(3).

La memoria histórica para entender el presente

Cuando en 1957, el entonces ministro falangista de Vivienda, José Luís ARRESE sentenció: “queremos una patria de propietarios no de proletarios“ no estaba inventando nada nuevo. EE.UU, que pronto acudió al rescate de esa dictadura, vivía desde la segunda contienda mundial una década de boom inmobiliario basada en el sueño americano de la vivienda en propiedad. Como dicen por allí, cuando el gigante americano está en crisis construye casas y las llena de cosas. En el 2004 el 70% de los estadounidenses vivían en propiedad. En el 2006 en nuestro país el sueño americano del franquista ARRESE batía el récord planetario con un 90’1% de propietarios (4).
En ese 2006 el Ministro socialista Pedro SOLBES repetía como un mantra lo de la riqueza patrimonial de las familias españolas y el aterrizaje suave de la economía y bla, bla, bla…. Pero los datos de la Contabilidad Nacional del INE indicaban que todo el país había entrado en una “pirámide de Ponzi” pues el 43’5% del empleo total estaba generado en torno al ciclo inmobiliario, industrias y sectores afines. Fueron bonitos esos 12 años de capitalismo “popular” desde Aznar, que en el 96 desbancó al último Gobierno de Felipe González, hasta bien entrado el 2008 cuando la onda expansiva de las hipotecas tóxicas americanas llegó aquí. El 2012, con cerca de 6 millones de parados contabilizados, devolvió a la realidad a una generación de precarios que habían olvidado las crisis y una generación de jóvenes que creían que eran cuentos que explicaban los abuelos.
Con el desarrollismo franquista y después con la entrada en el euro nuestro país se “benefició” de la entrada masiva de ese fetiche llamado dinero prestado. Sol, playa, grandes proyectos de transporte (AVE, aeropuertos, carreteras, …) para atraer millones de turistas y, por supuesto, la construcción de millones de viviendas, hoteles, etc. Una orgía en manos de nuestra oligarquía financiero – turístico – constructora que hunde sus raíces en el régimen franquista y llega hasta esta democracia secuestrada sin haber dejado nunca de vivir del papá Estado. Un cocktail para la aparición de los miles de casos de corrupción donde se solapa la codicia, los negocios, la política y la institución monárquica, piedra angular de la Transición.

..Una burbuja patrimonial que permitió la mayor expropiación de riqueza de las clases populares que se adhirieron a ese paradigma con ilusión e ignorancia histórica.

Hasta aquí nuestro discurso es un poco histórico, épico y hasta socarrón pero era preciso recordar que estamos llegando al final de un ciclo histórico. Durante décadas los ciudadanos de este país han estado pagando un sobreprecio por comprar una vivienda en el mercado controlado por esos oligarcas. Una burbuja patrimonial que permitió la mayor expropiación de riqueza de las clases populares que se adhirieron a ese paradigma con ilusión e ignorancia histórica. Tal como entendieron varias generaciones el derecho a una vivienda digna está hoy en crisis porqué 2 de cada 3 hogares españoles no tienen dinero ni crédito para comprar una vivienda. Este junio del 2013 se llegó al mínimo histórico de hipotecas constituidas. Ahora que la casa está más barata que nunca, y los fondos internacionales anglosajones y los magnates rusos vienen a comprar las gangas, ironías de la vida, una mayoría de hogares no tienen la solvencia financiera para “comprar una casa” en ese mercado. ¡Este modelo se hunde!

La crisis habitacional: desalojos, resistencias y alquiler social de los banqueros

La crisis, el paro y el desplome de los salarios han hecho emerger los desahucios de viviendas habituales que muestran el lado más violento del “mercado de desposesión” de los hogares humildes. La explosión de la burbuja inmobiliaria y los desalojos han dado empuje a las resistencias encabezadas por la PAH que ha abierto diferentes frentes de lucha legislativos, jurídicos y en la calle creando expectativas de solución. Esta lucha contra los desahucios, en paralelo a las de otros colectivos, ha quedado fijada en el imaginario popular. La gente se ha empoderado justificando la defensa del hogar en propiedad ante los desalojos (aunque en verdad sólo era propietario de una deuda).
El propio gobierno de Rajoy ante la presión de la calle legisló una moratoria de desahucios de 2 años, a través del Decreto-Ley -el 27/2012, pero exclusivamente para hogares “hipotecados”. Esta distinción que hizo el ejecutivo de Rajoy es interesada e importante pues categoriza los desahucios en hipotecarios y los otros. Los otros son los hogares que viven sobre todo en alquiler (libre, de renta antigua sufriendo mobbing, realquilados y ocupaciones), que son tanto o más vulnerables no sólo desde el punto de vista jurídico sino también porqué tras el desalojo del inquilino ni Estado, ni Ayuntamientos ni Servicios Sociales ofrecen alternativas. Incluso el miserable Fondo Social de viviendas de la Banca del citado Decreto, de unos 6000 pisos, sólo es para alojar familias víctimas de procesos de ejecución hipotecaria o daciones en pago, el llamado “alquiler social de los banqueros”. Este alquiler social se debe entender como una concesión, una limosna.
Así el triunfo de la propiedad sobre cualquier otra tenencia de vivienda se ha agravado con la crisis porqué se convierte aún más en la única opción estable de vivienda. Pero ni de lejos los hogares hipotecados son el colectivo que más ha sufrido los desalojos. Sí son quienes más han luchado por su vivienda y más adhesión social han tenido por la responsabilidad de las entidades financieras en la gestación de la crisis.(5)

La sociedad de propietarios en el imaginario colectivo.

Ante la pregunta: si tuvieras dinero, ¿vivirías de alquiler o comprarías?, la mayoría de hipotecados y desahuciados continua respondiendo que compraría la casa. Así pues, el concepto de vivienda en propiedad ha sido gravado a fuego en el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación y las políticas gubernamentales. Subjetivamente, la vivienda representa en España el principal medio de adhesión a “la clase media”, la principal riqueza de “la familia” para acceder al consumo, un seguro en la vejez y la herencia que convierte a los hijos en pequeños arrendadores (objetivo de propaganda reaccionaria contra el alquiler). En otras palabras, el triunfo franquista sobre las clases populares del 36, generó un raquítico estado del bienestar, que permitió ensayar con la vivienda un instrumento de domesticación y desproletarización muy sofisticado. Los americanos hicieron buena pedagogía.
El actual colapso de aquella “sociedad de propietarios del franquista Arrese” se sitúa en el epicentro de un seísmo que sacude a las clases populares. Un fin de época que hace aflorar una precariedad que supura por todos los rincones del país. El último informe de condiciones de vida en España indica que un 40% de los hogares tienen muy serias dificultades en afrontar los pagos de la vivienda y los servicios básicos. Hay 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro y etc, etc. Este panorama ha hecho que los impagos de hipotecas aún no dejando de crecer supongan sólo el 4% del total. En 2012 se registraron 38.976 adjudicaciones a la banca por ejecución de hipoteca sobre vivienda sobre un total de 6,1 millones de viviendas hipotecadas. Estas ejecuciones se hacen sobre personas físicas en vivienda habitual, segundas residencias o inversores privados(6). Son el 0,5% del total de hogares hipotecados lo que da a entender que la cuota hipotecaria se paga religiosamente, gracias también a un colchón familiar que amortigua la caída, y que a pesar de las penurias esas deudas disciplinan y acobardan a los ciudadanos(7).
De aquellas adjudicaciones la banca aceptó 14.229 daciones en pago que permitió liberar de la deuda a esos hogares, pero asimismo suponen la pérdida de todos los ahorros personales. Es una transferencia enorme de riqueza al capital financiero. La dación en pago en EE.UU no ha evitado la distorsión del mercado inmobiliario pues millones de familias entregan la casa para ir a vivir a barrios de roulotes porqué acaban como morosos financieros.
Obama propusó que el Estado pagara las cuotas hipotecarias para que la clase media no perdiera la vivienda. El conflicto moral era que si se ayudaba al capital financiero también había que ayudar a las familias. Es mejor que nada pero al final toda la riqueza acaba en manos de la Banca. No es una solución socialmente progresiva porque ayudar a la “clase media propietaria” implica un agravio comparativo con las clases populares que no lo son.
En España, con el récord planetario de propietarios, lo de Obama hubiera tenido adhesión nacional si a algún político o banquero se le hubiera ocurrido proponerlo. Pero, ni controlamos el pasivo hipotecario que está en manos extranjeras y a un interés que determina Frankfurt, ni podemos emitir moneda al estar adheridos al euro. Pero ensayamos con éxito la creación de una clase media propietaria con la VPO de compra (8) y con las desgravaciones fiscales, que han sido una transferencia encubierta de riqueza a nuestros amos.

La gente no vive en cédulas hipotecarias!

Medidas progresivas frente al pasivo hipotecario.

A la gran mentira nacional ayudaron el ministro Pedro Solbes en el 2006 y la Champions League en el 2010 de Zapatero que aún nos provoca vergüenza ajena. En cuanto en 2008 dejó de fluir el crédito exterior, los precios inmobiliarios se hundieron y tras cinco años de caída de ventas e hipotecas los sacrosantos mercados no saben cuanto vale la propiedad inmobiliaria. ¡Sólo funcionan cuando hay espuma!
Las deudas de 375.000 millones de las promociones invendidas y los campos de patatas convertidos en suelo urbanizable se han saldado con quitas y daciones en pago a la Banca convertida en la principal inmobiliaria europea con más de un millón de pisos. Dentro de la predación capitalista la solidaridad entre el magnate Botín y los caciques Bañuelos o Florentinos aún existe. Ese agujero de la envidiada Banca española de Zapatero ha necesitado de más de 200.000 millones de dinero público y un terrible plan de ajuste de la Troika comunitaria que ha hecho retroceder décadas a las clases populares que aún no han despertado del sueño del “capitalismo popular”.
La clase política no sólo ha renunciado a crear una Banca pública competitiva sino también a ejercer como el verdadero propietario que es de los pisos de la Sareb y crear un pequeño parque de vivienda pública de alquiler.
A falta de una revolución democrática ciudadana, la gran banca ha recibido una enorme transferencia de riqueza y poder: la entrega del sistema de Cajas de Ahorro, sus carteras industriales y propiedades inmobiliarias y la eliminación de la competencia. Si en el 2008 se decía que no podían haber entidades sistémicas, hoy en nuestro país, los siete grandes Bancos son más sistémicos que nunca. Pero esa socialización de pérdidas no funciona cuando se trata de un hogar. Los más de 6 millones de hogares hipotecados que deben 700.000 millones de capital más los intereses que pagarán durante décadas, no tienen el mismo trato de favor.
El cierre del mercado interbancario después de Lehmann Brothers en 2008 supuso el fin de las Cajas pero, los grandes bancos españoles aún tienen un gazapo escondido: las cédulas hipotecarias. (9)
Los millones de hogares hipotecados no saben que nuestros bancos, sobre todo Santander y Caixa Bank, se han lanzado a vender sus hipotecas en forma de cédulas hipotecarias para obtener liquidez en un mercado de capitales seco. Para los banqueros los deudores son como vacas a las que ordeñan sin parar. La vivienda que debería ser un derecho universal, se convierte por un lado, en una deuda hipotecaria y, por un lado, las revenden como cédulas por valor de hasta 450.000 millones ( ¡OJO! Son las 2/3 partes del saldo hipotecario español) De este modo pueden obtener liquidez al depositar ese monto de cédulas como contravalor de los préstamos que obtienen al 0,5% del Banco Central Europeo. Con ese dinero compran deuda del Estado que les renta hasta el 7’5% en un país que se hunde en la depresión. ¡Qué chollo!
Pero la vaca lechera continua con la reventa de esas cédulas a los fondos de pensiones, la Seguridad Social, etc. Le llaman renta fija porque dicen que son seguras gracias al trasfondo de la sacrosanta ley hipotecaria. Son seguras hasta que la familia deja de pagar. Entonces son ya dudosas y se juntan con otras hipotecas y créditos al consumo morosos que se revenden con descuento. Ni las deudas se desperdician en este macabro monopoly de vender y comprar papel, de cosas artificiales, cuyos valores dependen de que unos cuantos millones de familias paguen religiosamente su cuota hipotecaria para formar parte de la quimera de la “sociedad de los propietarios”. (10)
Esta dictadura hipotecaria va a salir muy cara. Por eso una salida socialmente progresiva sería por un lado, una rebelión de los hogares bajo la bandera del “no debemos, no pagamos”. Y, por otro, el auxilio del Estado a esa rebelión imponiendo una quita generalizada a los tenedores propios y extranjeros de deudas, como contraprestación de todas las ayudas regaladas a la Banca, cuyos accionistas asumirían las pérdidas. La adhesión de las familias a esta quita, por cesión o dación en pago, las liberaría de la deuda pero también de la propiedad jurídica de la vivienda que quedaría en manos del Estado. A cambio podrían vivir en régimen de alquiler indefinido, un derecho de superficie pero sin poder comerciar con él.
Sería sin duda un gran acto de soberanía nacional frente al capital financiero nacional e internacional. Sería un atajo rápido para crear un parque público de viviendas que, aunque disperso, mejoraría la movilidad de las clases populares. Este escenario sería posible si el país se acercara a la suspensión de pagos. Pero es dudoso, que los hipotecados, que aún pagan sus cuotas, puedan liberarse del sueño de la vivienda como activo financiero.

…Para los banqueros los deudores son como vacas a las que ordeñan sin parar.

En la desesperación, muchos hipotecados han tomado medidas excepcionalmente reaccionarias para evitar el impago de la cuota. Ir a vivir a casa de los padres o a un piso alquilado barato mientras la carga financiera del suyo intentaban pagarla alquilándolo más caro a otra familia. Hay centenares de desalojos, en que los desahuciados, que pagaban religiosamente su alquiler, se han enterado que vivían en un piso subastado, donde por supuesto no mediaba ni contrato ni se pagaban impuestos ni gastos de escalera.
Muchos propietarios colaboran con los bancos llamando a la polícia cuando detectan una ocupación. Las ocupaciones devalúan su propiedad. ¡Con el dinero que me ha costado el piso y ese vive sin pagar! Los edificios y barrios con ocupas hacen perder dinero a la “sociedad de los propietarios”. Y los que tienen más dificultades para pagar las cuotas hipotecarias suelen ser los más beligerantes. Todo es muy perverso. Pobres, pero mini-propietarios con todas las consecuencias.

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II. Precarios en la dictadura del alquiler.

El 12% del parque inmobiliario en alquiler, sufre el grueso de desalojos

Lejos de la sociedad de propietarios viven los 2,5 millones de hogares en alquiler y un millón más seguramente realquilado. La mayoría son viviendas de más de 20 años y que necesitan rehabilitación. Se concentran en las grandes ciudades y la mayoría los ocupan personas con bajo poder adquisitivo, rentas antiguas, jóvenes y la inmigración que en un 70% vive en alquiler o en habitaciones. Incluso hay muchos desalojos por impago de alquileres sociales en la poca vivienda pública que hay en las ciudades importantes. Desahucios instigados por la propia Administración contra hogares en precario aplicando una gran brutalidad como ha sucedido en Madrid.
Es un 12% del parque inmobiliario nacional pero que concentra más de la mitad de los desalojos(11). En el año 2012 se han ejecutado 54.718 desalojos de inquilinos según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Suponen más del 2% sobre el total de hogares en alquiler en España. La mayoría son sobre vivienda habitual y una minoría sobre comercios. En ciudades como Barcelona donde el alquiler supone el 30% de las primeras residencias, los desahucios por impago de alquiler suponen el 95% según el Decanato de los Juzgados de la Ciudad Condal, datos corroborados por el propio Ayuntamiento para el 2012(12).

..El un 12% del parque inmobiliario nacional en alquiler concentra más de la mitad de los desalojos.

Los desahucios de inquilinos por causas económicas han caído como una tromba sobre los hogares más precarios de los barrios populares en las principales ciudades. Son morosos porqué son pobres, excluidos, precarios o ni siquiera tienen un colchón familiar en el que apoyarse. Los desahucios de alquiler pasan desapercibidos, casi sin focos ni apoyo social. Tal vez los inquilinos no saben defender su derecho a techo como los hipotecados (por el fetiche de la propiedad). Pero en los años 20 del siglo pasado las asociaciones de vecinos nacieron al calor de las huelgas de alquileres a las que se adhirieron centenares de miles de familias y que se alargaron hasta bien entrada la guerra civil en las grandes ciudades(13).

Los inquilinos y pequeños propietarios cautivos del gran capital

Los desahucios de alquiler no sólo existen por las penurias económicas actuales, sino también porqué en este país rige una de las leyes más regresivas de Europa con el objetivo deliberado de que, el alquiler marginal, sin derechos, sería la pieza clave de la burbuja inmobiliaria. Desde la ley de Arrendamientos Urbanos de 1985 del ministro socialista Boyer hasta los cambios legislativos de los últimos gobiernos de Zapatero y Rajoy se han triturado los derechos de los inquilinos, haciendo inviable cualquier proyecto de vida: con 3 años de contrato, el desahucio express al dejar de pagar una sola cuota por un percance económico y la inclusión en una culpabilizadora lista de morosos creada por el Gobierno de Rajoy, dando a entender que todo aquel que no paga lo hace por mala fe. Pero le podemos dar la vuelta a ese argumento ¿por qué el Estado carga sobre los pequeños propietarios la responsabilidad de proporcionar vivienda a las familias pobres y no la asume él?
El Gobierno central, los autonómicos y los Ayuntamientos se han desentendido de este problema esgrimiendo la defensa de los pequeños propietarios. En los foros económicos y mediáticos hay un run-run de una “caverna reaccionaria” especializada en descalificaciones tipo: “los inquilinos llevan un año sin pagar mientras que el propietario paga la hipoteca y luego le dejaran el piso destrozado”. Pero en realidad la propiedad inmobiliaria en este país está ahora más concentrada que en otras épocas. No hablamos de las primeras residencias donde viven los 17’5 millones de hogares españoles, no!, hablamos de los otros 8 millones de viviendas, de las segundas residencias pero sobre todo de las viviendas vacías. ¿Por qué?
Porqué los pisos vacíos, en venta o alquiler, son los que fijan el precio en el mercado y precisamente porqué están vacíos. Según la Junta de Andalucía, del millón de pisos vacíos de su comunidad, un 60% está en manos de personas jurídicas. Sabemos que la Banca española concentra más de un millón de pisos nuevos y de segunda mano. Sin datos fiables, los estudios de José Manuel Naredo nos permiten afirmar que las viviendas vacías en alquiler o venta pertenecen en un 70% a personas jurídicas, bancos, inmobiliarias y a la Iglesia católica que también participa en sociedades de gestión patrimonial como Renta Corporación.
Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de la vivienda, porqué controla el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de alquiler, porqué tiene un ejército de abogados capaz de maniobrar y presionar para agilizar los procesos de desalojo por impago de alquileres, lo que no está al alcance de los pequeños propietarios.
También porqué todo el dinero que ganaron expropiando las viviendas de segunda mano a familias pobres, vía ejecuciones hipotecarias, les permite ahora aplicar una agresiva política de rentas de alquiler frente a los pequeños propietarios. Los mini-propietarios se van a comer “sus pisos con patatas” porqué no pueden competir con lo que ofertan los banqueros que tienen línea directa con el “buen inquilino” ya que conocen su estado financiero a través de nóminas y tarjetas de crédito.
Además, el aterrizaje reciente de agresivos fondos de inversión, comprando las sociedades de gestión del patrimonio inmobiliario de la Banca, ayudará a ésta a enmascarar jurídicamente su responsabilidad futura en la avalancha de desahucios de alquiler.
Y finalmente, las políticas fiscales para las grandes fortunas y los fondos inmobiliarios especulativos, como las SICAV y las SOCIMI, supone otra ventaja más sobre los pequeños propietarios.
Esto no es una defensa del pequeño inversor que quiere ganar dinero en un mercado cuyas variables no controla. A pesar de ser maltratados, son el granero de votos de la mayoría absoluta del PP y se conforman con las migajas que reciben. La derecha española, con Rajoy a la cabeza de los registradores de la propiedad inmobiliaria, mira hacía el otro lado ante la histórica bolsa de fraude fiscal en las declaraciones de las rentas de alquiler, que año tras año, denuncian los inspectores de Hacienda. Y eso que desgravan entre el 70 al 100% en el IRPF. Ninguna nómina tiene ese trato fiscal.
¡Tan larga lectura nos acerca ya a la tesis final! ¿Por qué razón algunas organizaciones sociales y sectores de la izquierda renuncian a defender a los inquilinos frente a los pequeños propietarios? ¿Están atrapados en el argumentario reaccionario del conflicto entre propietarios e inquilinos? ¿Prefieren que la caridad de Cáritas pague las rentas de alquiler? O ¿ aceptan que esos hogares sean desahuciados porqué no tuvieron a bien hipotecarse en su momento?
No discutimos el derecho del pequeño propietario a recuperar su propiedad (que devolverá a la ley de la selva del mercado al que tanto ama). En cambio exigimos la aplicación del artículo 47 de la constitución y la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que el Estado español, a través de sus Administraciones, GARANTIZE A LOS CIUDADANOS UNA VIVIENDA DIGNA ALTERNATIVA ANTE EL DESAHUCIO por impagos de alquiler. Si tenemos más de 3 millones de viviendas vacías en manos de la oligarquía ¿qué problema hay?
Es una medida socialmente progresiva porqué traslada la responsabilidad de tener vivienda pública a la Administración. Se convierte en un derecho humano exigible y, por la ausencia histórica de un verdadero parque de vivienda pública en España, sería un reclamo a la expropiación de los pisos vacíos propiedad de esa oligarquía financiera, rentista y reaccionaria. Pero hay que organizar a los inquilinos en esa lucha para llevarla lo más lejos posible.

… Las Administraciones deben garantizar a los ciudadanos una vivienda alternativa ante el desahucio por impagos de alquiler

¿Por que hablamos de disputa? Porqué es una pelea de las clases populares para reducir las rentas de alquiler y así tener dinero para el consumo básico. Y ese consumo está ligado a la producción de comida y cosas útiles. La reducción de la riqueza de los rentistas cortocircuitaría la economía especulativa inmobiliaria facilitando otro modelo económico.
Las ayudas públicas al pago de alquileres o de entidades como Cáritas Diocesana o Cruz Roja no son una solución a esa disputa. No se pueden mantener artificialmente las rentas de alquiler en un país que sufre una auténtica deflación de precios y salarios. Lo único que consiguen es, incrementar el poder de los propietarios y sumir a los inquilinos en una caridad paralizante.
Pero todo esto es palabrería en un mercado de alquiler libre donde impera la ley de la selva. Un mercado donde miles de hogares, sin ingresos regulares, se ven abocados a sobrevivir con la angustia de perder la vivienda ante cualquier vicisitud económica. El precariado está transitando de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler. Por eso creemos que esos millones de hogares, que viven en el salvaje mercado del alquiler, se acabaran convirtiendo en sujeto político de las reivindicaciones más progresivas de tenencia y uso de la vivienda en este país.

… exigirla reconversión de las actuales Oficinas de Vivienda en un verdadero Servicio Público de Vivienda, lejos del papel burocrático que ahora cumplen

Resistencias actuales y medidas para después.

Las ocupaciones silenciosas de viviendas propiedad de la Banca se han generalizado como medida desesperada de muchas familias(14). Pero la primera ocupación de un edificio de la Banca en el 2011 en Barcelona por la Asociación 500×20 y el reciente éxito del edificio conocido como @blogSALT de la PAH han puesto sobre la mesa que el derecho a la vivienda a de ser exigible al Estado.
Estas ocupaciones viven en una precariedad jurídica que obliga a la lucha para su legalización. El sujeto de este proceso debería ser cualquier Administración. Desde el Ministerio hasta el Ayuntamiento y, como no, la SAREB. La presión social no se ha hecho esperar pues no es difícil identificar la responsabilidad de la casta política en la crisis habitacional. Ocupaciones de las Oficinas de Vivienda de cualquier Administración exigiendo soluciones, las ha habido en Madrid Barcelona, Andalucia… Es una estrategia de la Asociación 500×20 de Barcelona utilizada para exigir la reconversión de las actuales Oficinas de Vivienda en un verdadero Servicio Público de Vivienda, lejos del papel burocrático que ahora cumplen. Estas Oficinas, que pagamos entre todos, son una gestora de inmobiliarias y Bancos a los que les salen gratis los trámites y encima les garantizan las rentas de alquiler con un seguro, que también pagamos entre todos. Negocio seguro, externalización de costes… y ¡alfombra roja!
Por contra, los Ayuntamientos responden a los desahucios, sólo si se les presiona, pagando la pensión por unos días (después del desalojo) o bien otorgando los pocos “pisos de alquiler social de los banqueros” y las pocas viviendas de emergencia de que disponen. La gestión de estas medidas de gracia o beneficencia social las hacen las Oficinas de Vivienda con los informes de los Servicios Sociales. Se trata de la resolución individual y burocrática de cada caso pero nunca un derecho exigible.
La Administración se escuda en que no hay un parque de pisos de alquiler público, un objetivo que siempre aparece a muy largo plazo y bla, bla, bla. (15). La casta política que nos gobierna, que son pantalla de los magnates, caciques y oligarcas de este país, sólo entienden la vivienda más que como un negocio.
Este país necesita una auténtica revolución democrática para sacar la vivienda del mercado y de la sociedad de los propietarios. Por ello, necesitamos la expropiación forzosa o negociada de las viviendas vacías de la oligarquía inmobiliaria (16). Mientras eso no sea posible: multas (por incremento de IBI) a los pisos vacíos de los oligarcas del ladrillo y las finanzas; alquiler público acorde con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar; moratoria generalizada de construcción de viviendas. Nos urge racionalizar el enorme parque de viviendas existente (17), para acabar con las agresiones urbanizadoras sobre la tierra y las costas.

… Este país necesita una auténtica revolución democrática para sacar la vivienda del mercado y de la sociedad de los propietarios. Por ello, necesitamos la expropiación forzosa o negociada de las viviendas vacías de la oligarquía inmobiliaria

Pero hoy nos encontramos en una situación de impasse. Las resistencias no son capaces de convertir en leyes el derecho a la vivienda y la oligarquía está esperando un momento propicio para pasar al contraataque en cuando se despeje la incertidumbre sobre la Banca española.
Todas esas medidas socialmente progresivas necesitan una gran mayoría social para implementarlas. Cuanto más mayoría seamos más profundos serán los cambios. Pero por encima de todo la solidaridad y la organización del precariado es lo que permitirá un salto cualitativo en el derecho a la vivienda y un cambio legislativo profundo. En eso hay luz al final del túnel.
Recientemente en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Barcelona los inquilinos del pequeño parque de vivienda pública se están organizando para exigir una reducción de los alquileres acorde a los salarios y luchar contra los desahucios. Una vieja reivindicación del movimiento obrero del siglo pasado. Las rentas de alquiler que les cobra el Ayuntamiento incluso superan a las del mercado libre. 700 euros no es un alquiler público. Cientos de familias ya no pueden pagar esos abusos de la época de la burbuja inmobiliaria y preparan estrategias de lucha. La implicación del movimiento vecinal y el 15M junto a las organizaciones de defensa de la vivienda digna también han permitido una mayor presión sobre la Administración. Esas tímidas respuestas permiten albergar esperanzas de más casos en toda la geografía urbana.
La Asociación 500×20 de Barcelona está recibiendo demandas de ayuda de inquilinos en situación límite del área metropolitana. En el distrito de Nou Barris, con el apoyo del movimiento vecinal y el 15-M, 500×20 ha conseguido paralizar todos los desahucios “conocidos” de alquiler e hipoteca. Más de cien en poco más de dos años. La familia no abandona la vivienda alquilada hasta que tiene una solución alternativa. La movilización de hipotecados, inquilinos y ocupas ha obligado al Ayuntamiento a poner vivienda pública y de la banca, en alquileres que van de los 100 a 200 euros, para alojar a las familias que abandonan sus pisos ya sea por dación, ya sea por impagos de alquiler e incluso en ocupaciones de pisos públicos. Un delegado de Vivienda del distrito intermedia para negociar. La Asociación 500×20, llevó a cabo en octubre del 2011 la ocupación (dentro del Estado español) de un edificio vacío propiedad de un banco alojando 11 familias (1). Fue la primera que se hizo en el estado español. Esta Asociación con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana puso sobre el mapa la calle con más desahucios del país en VillaDesahucio. Y esta marea reivindicativa ha hecho que sea el distrito de Barcelona en el que más familias se lanzan a ocupar pisos de los bancos, crean bancos de alimentos, exigiendo una renta básica garantizada o trabajo comunitario.
La lucha de los colectivos por el derecho a la vivienda ha permitido aislar la xenofobia en los lugares donde se combina con un trabajo territorial con el 15-M o Asociaciones de Vecinos. El discurso de “los de aquí y los de fuera”, ha sido arrinconado por la solidaridad contra los desahucios. Pero hay peligros latentes. Cuando en Ciutat Meridiana hay quién culpa a la Asociación de Vecinos que su barrio se llame Villadesahucio expresan su temor a la pérdida de valor de su “propiedad inmobiliaria”. Cuando algunos desaprueban que los “morenos” del edificio de Salt puedan vivir del “cuento” mientras el paga su hipoteca o los ocupas molestan a los vecinos o pinchan la corriente… supura la “sociedad de los propietarios”. Esos peligros latentes deben recordarnos que el aislamiento de las luchas puede favorecer su reaparición.

¡Sin lucha y unidad no hay futuro!
Salva TORRES, activista de 500×20
20-10-2013

Notas:

1.- David HARVEY, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Akal 2012

2.- En Barcelona se construyeron en la década 2001-11 poco más de 30.000 viviendas mientras que las compra-ventas sextuplicaron ese número.

3.- Los datos del titanic inmobiliario español. Desde el año 2000 hasta hoy se construyeron 6 millones de viviendas que generaron una burbuja engordada con 9 millones de compraventas y 11 millones de hipotecas constituidas. Una locura para sólo 45 millones de habitantes y 17’5 millones de hogares. El pasivo hipotecario alcanzó el billón de euros, igual al PIB español, de los que 700.000 millones correspondería a familias y los otros 375.000 millones a viviendas y suelo de los promotores inmobiliarios. Estamos hablando de deuda, intereses aparte. Citado en “Las ocupaciones de viviendas: creando riqueza frente a la estrategia de expolio financiero del Banco Malo de Rajoy” en prouespeculacio.org

4.- citado en pg 238 por Isidro López y Emmanuel Rodríguez. Fin de ciclo: Financierización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano. Traficantes de sueños

5.- prouespeculacio.org, De la esclavización hipotecaria a la dictadura del alquiler, 5 junio, 2012

6.- Fuente Asociación Hipotecaria Española (AHE). También Panorama Registral de Impagos de Hipotecas de vivienda en 2012, >www.registradores.org

7.- El Confidencial “Medio millón de viviendas en España valen menos ya que sus hipotecas” y aún así las pagan

8.- La Vivienda de protección Oficial de compra (VPO) se ensayó como una auténtica incubadora de propietarios que ayudó a inchar aún más la burbuja por el lado de las políticas gubernamentales. Hoy aún muchos pisos en alquiler siempre añaden la coletilla “con opción a compra”. Realmente la gente es muy crédula y no hace números.

9.- Cualquier búsqueda por Internet ofrece buenas explicaciones de la naturaleza de las cédulas hipotecarias y sus implicaciones económicas y políticas.

10.- http://lamiradarevoltosa.blogspot.de/2013/07/la-gente-no-vive-en-cedulas-hipotecarias.html

11.- Fuente: Prouespeculacio.org – “2,5 millones de hogares en alquiler sufren el grueso de los desahucios

12.- Fuente : BarcelonaTelevisio – “los alquileres impagados copan el 95% de los desahucios de Barcelona

13.- Fuente: Prouespeculacio.org – “huelga de alquileres: ayer y hoy en España

14 – Fuente: Prouespeculacio.org, Las ocupaciones de viviendas: creando riqueza frente a la estrategia de expolio financiero del Banco Malo de Rajoy, http://prouespeculacio.org/ocupaciones-de-viviendas-creando-riqueza-frente-al-expolio-financiero-del-banco-malo-de-rajoy

15 – En Barcelona hay casi 90.000 pisos vacios según el web del Ayuntamiento. Un 12% del parque inmobiliario. Cuando se increpa a un político siempre dice que son cifras. Pero el propio Ayuntamiento certifica que en el 2012 se realizaron + de 50.000 contratos de alquiler. No se puede alquilar si el piso no está vacío. Fuente: prouespeculacio.org- http://prouespeculacio.org/?p=3745

16.- Como el reciente decreto del gobierno andaluz.

17.- Tenemos la tasa más lata de viviendas por habitante del mundo: 1’2 viviendas por cada dos ciudadanos

18.- Asociación 500×20 “Por el Alquiler Público y Asequible” http://500×20.prouespeculacio.org/

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Precarios: de la esclavitud de la hipoteca a la dictadura del alquiler de Salva TORRES està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons
Creat a partir d’una obra disponible a http://prouespeculacio.org/2013/10/24/precarios-de-la-esclavitud-de-la-hipoteca-a-la-dictadura-del-alquiler.html




Sevilla inicia la nueva versión de las huelgas de alquileres de los años 20 y 30

Una comunidad de vecinos de Sevilla deposita sólo el 30% de sus ingresos
Sus pisos son propiedad municipal y el alquiler supone ya el 45% de los ingresos de las familias.

concentración delante Ayuntamiento Sevilla - eldiario.es

Varias Avv de Zaragoza abogan también por renegociar los alquileres de los pisos públicos.

El precariado español comienza a disputar las rentas de alquiler a los propietarios
No podía ser menos. La crisis ha ido apretando las economias familiares cuando prácticamente una de cada dos familias trabajadoras españolas, con o sin trabajo, no llegan a fin de mes o lo hacen con dificultad.

El Diario.es se hace eco de la noticia que ha pasado desapercibida por la mayoría de medios de comunicación. De hecho, no hemos encontrado casi documentación para elaborar la notícia a través de las búsquedas en Internet. Es un hecho de relevancia que ante la grave situación de las clases populares desde hace 6 años no se hubiera producido un hecho así.

La huelga de alquileres de Sevilla no es aún tal huelga. De hecho, están depositando un 30% de las rentas familiares para pagar el alquiler. Uno de los responsables de la acción, Francisco Parra, hizó un estudio de su comunidad, M.A.-3.1, ubicada en Sevilla Este, y la renta familiar media era de 890€ mientras que la renta sólo del alquiler suponía 430€.

Exigen a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) una rebaja de alquileres acorde a los salarios, pero han ido más lejos, por lo que solicitan indexar los alquileres a los salarios reales. Una reivindicación que en Barcelona nuestra Asociación hermana 500×20, viene solicitando desde su fundación.

Hasta ahora se han apuntado a la iniciativa 69 familias y piden que se agreguen gentes de otras partes. La Emvisesa ya ha solicitado “documentación económica justificativa” a aproximadamente 15 miembros del colectivo de inquilinos.

Otros colectivos o familias por toda la geografía tienen el mismo problema

Los alzamientos o desalojos en la poca vivienda pública que hay en nuestro país están a la orden del día. En Barcelona la Asociación 500×20 va recibiendo un goteo progresivo de familias con deudas contraidas por la imposibilidad de pagar alquileres de pisos públicos que se llevan casi la totalidad de los ingresos de la unidad familiar.

En Zaragoza, la Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya, que integra Avv y entidades sociales, está apoyando la demanda de ayudas al pago de alquileres del Ayuntamiento, porque las familias están ahogadas de deudas o no llegan a final de mes.

En los próximos meses esto irá a más porqué el gobierno del PP ha endurecido las condiciones de vida para los arrendatarios. La nueva ley de alquileres que ya va haciendo su efecto, relega aún más el alquiler a una forma marginal de uso del derecho a la vivienda.

Prouespeculació y la Asociación 500×20 estamos luchando por lo mismo en Barcelona, por lo que apoyaremos cualquier coordinación y daremos publicidad a todas estas iniciativas.

Lee más información histórica y actual sobre estas huelgas en:

huelga de alquileres: ayer y hoy en España

La noticia ha sido elaborada con estos links:




Los 1000 pisos sociales de Trias: privatizar parquings o multar pisos vacíos de bancos

Trias mueve ficha por la presión sobre todo en Nou Barris.
Con esos pisos Barcelona llega al 1’3% de alquiler público.
Los 100 millones de euros son por la privatización a 25 años de 26 aparcamientos del centro de Barcelona.
Se obtendría + dinero y + rápido multando los 90.000 pisos vacíos de la ciudad.

Aún sin conocer la letra pequeña, como afirma Trias, es un anuncio de legislatura.

Sí se puede… pero aún es una gota en un océano de necesidades

ProuEspeculació acababa de denunciar anteayer que existen 90.000 pisos vacíos en Barcelona cuando el Ayuntamiento a través del Alcalde, Xavier Trias, detallaba la noticia de la construcción de 1000 pisos sociales por el Consistorio.

Aunque la letra pequeña será muy importante, la construcción de mil pisos sociales, supone un 10% de los cerca de 10.000 pisos sociales de la ciudad. Es un incremento de una décima hasta el 1’3% de las 812.000 viviendas de la ciudad. Lejísimos de los estándares europeos. Pero son mil pisos. Y vemos con buenos ojos que sea el PMHB quién gestione ese incremento de pisos antes que entidades ligadas a la Iglesia.

La chequera que blande el alcalde Trias proviene de la privatización de 26 céntricos aparcamientos que hasta ahora gestionaba la empresa pública B:SM, dependiente del Consorci de l’Habitatge. Son 100 millones de euros obtenidos por una concesión a 25 años, que se adjudicará mediante concurso. El instituto municipal B:SM tendrá un 40% del capital y las empresas privadas el 60% restante de la empresa resultante. Es pan para hoy y hambre para mañana

Es un caramelo para la banca por partida doble. Seguramente gente afín al partido ganará el concurso (que suponemos se hará) . La banca ganará porque indirectamente controlará esa sociedad a través de empresas pantalla (Saba, una empresa cuyo accionista de referencia es Criteria CaixaHolding) y además seguramente adelantará ese dinero. Pero además todo el mundo sabe que las obras acaban “costando” más dinero que lo presupuestado y la banca siempre tiene una hipoteca que vender. Como ocurre en los pisos de Torre-Baró.

Esta noticia muestra el lado más social-liberal del Equipo de Gobierno de Trias. Los pormenores financieros de la operación no se conocerán pero seguro que serán mucho más generosos para la oligarquía de la ciudad condal que para los hogares humildes que se beneficiaran de ese alquiler público asequible.

Se obtendría + dinero y + rápido multando los 90.000 pisos vacíos de la ciudad

Prouespeculació y la Asociación 500×20 no defiende la medida de Trias porque es pan para hoy y hambre para mañana. Es posible otra política aún más popular y al mismo tiempo dura contra los poderosos.

Lo decía nuestro blog amigo de 500×20:  “… Si Trias aplica la legislación vigente (como ocurre en muchos países de Europa) podría aumentar la recaudación por IBI de esos 60.000 pisos vacíos propiedad de bancos, entidades y personas jurídicas recaudando entre 30 a 50 millones de euros anuales. Con ese dinero podría comprar a precio de saldo los pisos de los mini-inversores que llevan años intentando liberarse de la carga de pisos vacíos y onerosos…”. Y podría usarla muchos años pues con las tendencias actuales la cifra de pisos vacíos no hará no más que aumentar.

Pero está medida, que no sería nada del otro mundo en Europa, daría aquí un golpe de efecto muy importante sobre la cultura de la oligarquía barcelonesa y española acostumbrada al negocio seguro, sin riesgos y un mercado controlado. Un “cártel” que les permite cobrar alquileres por encima de la media europea gracias a la dictadura del alquiler que permiten las leyes antisociales aprobadas por socialistas y populares desde el 85 con la LAU de Boyer.

No sólo eso, sino que además Barcelona, ciudad densa como las que más, se ahorraría ocupar más espacio. Pero aún más importante podría entrar en una operación de Rehabilitación de los pisos comprados que crearía igual número de puestos de trabajo que construir los 1000 pisos. Y no sólo eso, la rehabilitación suele interesar a empresas pequeñas del sector y además se podría ampliar el parque con operaciones de cooperativas de uso o cesión con pequeños inversores que ahora tienen pisos demasiado onerosos.

Defendemos esta otra política mucho más activa en la defensa del territorio. Una política que castigue a la oligarquía barcelonesa y que le sustraiga poder vía impuestos progresivos sobre los que más tienen y que acumulan miles de pisos vacíos para controlar el precio de mercado como un cártel.

Prouespeculació continuará luchando por el alquiler social universal y señalamos el objetivo de un amplio Parque de Alquiler Público Asequible al 20% de la renta como defiende la Asociación 500×20 para Barcelona.




alquiler y ocupación: pariente pobre del derecho a la vivienda

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA PARA TODAS

LOS DESAHUCIOS POR NO PODER PAGAR EL ALQUILER TAMBIÉN EXISTEN

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES: LA LUCHA TERRITORIAL.

Como ya manifestábamos en el artículo de prouespeculació la mayoría de desahucios en el estado español (ejemplo en Barcelona es del 90%) son de familias que no puede hacer frente a los importes del alquiler. Familias en paro, con ingresos precarios o con cero recursos, víctimas de la crisis que han provocado entre políticos inepto-corruptos y empresarios especuladores.
También nos encontramos muchos casos de familias que fueron desalojadas por procesos hipotecarios y que sus ingresos no le permiten acceder al mercado libre de alquiler cuyos precios siguen siendo altos gracias a las políticas de rescate bancario del gobierno. Familias que en la mayoría de los casos tienen que irse a vivir a casa de algún familiar, vivir todos sus miembros en una sola habitación e incluso tener que repartirse en casa de amigos. Nadie puede vivir así. Hay incluso familias que deciden ocupar pisos de la banca, opción que a muchos a dado buenos resultados pues al final les han ofrecido un alquiler social.

Ningún colectivo puede llevar la consigna por el derecho a la vivienda universal y mirar para otro lado cuando llega una familia que no puede pagar el alquiler. Aquí incluimos también las ocupaciones por motivos económicos o de desobediencia legítima.

Las últimas reformas de la ley de arrendamientos agrava esta problemática pues hace que el desalojo por no pagar la mensualidad sea de una rapidez inusitada.
Estos casos no son visibles, aunque igualmente dramáticos, al no haber prácticamente colectivos organizados que les hagan frente, encontrándose estas familias si saber donde dirigirse.
En este situación nos encontramos con plataformas que no quieren abordar esta problemática, escudándose en que ya piden alquiler social y que es complejo socialmente ir contra los arrendatarios:

  • El alquiler social se está dando a cuentagotas y la emergencia de la situación no nos permite esperar sentados a soluciones políticas que siempre son tardías, rácanas y excluyentes
  • A quien hay que pedir soluciones no es al arrendatario (salvo especuladores) sino a una administración que se permite tener miles de pisos vacíos propios o pagados con nuestro dinero (cajas rescatadas, banco malo) .
  • Ningún colectivo puede llevar la consigna por el derecho a la vivienda universal y mirar para otro lado cuando llega una familia que no puede pagar el alquiler. Aquí incluimos también las ocupaciones por motivos económicos o de desobediencia legítima.

¿COMO HACER FRENTE?: PRESIÓN SOCIAL TERRITORIAL.
1. Concienciar a la familia que no va a pedir caridad y que va a exigir sus derechos, lo que comporta su implicación con el tejido de soporte.
2. Los colectivos (AVV Vecinos, 15 M, Stop desahucios, PAH, Asociaciones por los derechos sociales, Redes de soporte y familias) deben organizarse en los barrios, distritos y pueblos para acompañar a estas familias y ponerlas delante de la administración local para exigirles una vivienda de alquiler social o público acorde con su situación.
3. Promover todas las acciones reivindicativas que sean necesarias para que estas familias puedan ejercer su derecho a una vivienda: Manifestaciones y acciones en audiencias públicas, plenos, oficinas de vivienda, servicios sociales, cajas rescatadas, etc.. Señalización y aumento de la presión si no hay respuesta.
4. Exigir a la administración local un interlocutor político al cual nos podamos dirigir y que no nos mareen de un sitio a otro.
5. Exigir mesas locales de vivienda con participación de los grupos sociales.
6. Exigir a la administración listado de pisos vacíos en nuestro territorio y emplazarla a que los sancionen económicamente e incluso que se contemple su expropiación.
7. Publicitar el hecho de que hay desalojos mientras hay vivienda en deshuso. Esto no les gusta i les obliga a mover ficha.
8. Envíar los casos a defensores del pueblo, sindic/as, etc y solicitar reunión para pedir su intervención.
9. Pedir a los organismos autonómicos la declaración de emergencia habitacional.

Este llamamiento nace desde la experiencia que hemos ido adquiriendo en el distrito de Nou Barris en colaboración con la Asociación de Vecinos/as de Ciutat Maridiana y otras entidades, dónde vamos consiguiendo más objetivos cada día, fruto de un trabajo constante y reivindicativo.
Nosotros podemos actuar en nuestro distrito pero no nos podemos hacer cargo de todos los desahucios por alquiler de Catalunya.

Desde nuestra asociación nos ofrecemos a asesorar a los grupos o personas que quieran organizarse y emprender esta lucha. Hay vidas en juego.

En 500×20 creemos que la organización local es el campo de batalla del empoderamiento social y donde la teoría política transformadora puede y debe pasar a la práctica.

¡¡¡NINGUNA PERSONA SIN VIVIVIENDA, NINGUNA VIVIENDA SIN PERSONAS¡¡¡.




el PP responde con una lista negra de inquilinos morosos a la demanda de alquiler social.

Fátima Bañez en primer término en una comparescencia despúes del Consejo de Ministros junto a la portavoz Sáenz de Santamaria y Ana Pastor, la de Fomento, en último lugar

Los inquilinos sufren el grueso de los desahucios (+ del 70%)

Fomento de Ana Pastor quiere aún más seguridad para los propietarios

La filosofia que subyace es que los inquilinos son unos jetas

El Decreto Guindos de moratoria desahucios sólo sirve para hipotecados.

Mientras la calle pide + alquiler social el Gobierno de Rajoy deja al inquilino frente a la ley de la selva.

Desde que en el 2010 se vio que está crisis iba para largo y los bancos se convertirían en las principales inmobiliarias del país se han disparado las reformas sobre el régimen de alquiler. Empezó Carmé Chacon para agilizar los desahucios y luego vinieron el desahucio express, la modificación de la LEC, el desahucio en 10 dias y ahora la guinda la vuelve a poner el PP. Se trata de dejar el mercado de alquiler preparado para la ley de la selva, vamos, a gusto del capital financiero.

Después se trata de contentar a la clientela pepera que en los foros de Internet piden a grito “mano dura contra los inquilinos morosos”. Entre los asiduos de estos foros están ese 60% de caseros que no declaran los alquileres a Hacienda en este país. Mano dura para los demás. Un fraude monumental que año tras año denuncian en su web los inspectores de Hacienda (GHESTA).

Al Ministerio de Fomento no se le ocurre hacer un listado de evasores fiscales de pisos de alquiler en negro. prefieren hacerlo de las decenas de familias que cada día pierden la casa por impago de las cuotas. La mayoría sobrevenidas por causa de la crisis. Ahí hasta De Guindos hizó una distinción. Su decreto da una moratoria a los hipotecados de dos años…. pero se olvida de dar igual moratoria a los inquilinos.

Ahora como los inquilinos son todos unos jetas y destrozan los pisos hay que hacer una lista para escarnio público. Faltará saber en concreto hasta donde llega la protección de datos aunque hoy ya corren por ahí miles de listas privadas con nombres de inquilinos morosos.

Todos los pisos de la Banca para alojar a los inquilinos desahuciados a precios de vivienda pública.

A punto de admitir a trámite parlamentario la ILP por la dación en pago y el alquiler social está medida del PP es una nueva burla a todos los movimientos en defensa del derecho a la vivienda.

Sin falta continuaremos luchando para que todas las familias puedan realojarse en los pisos de la banca, asegurando que no harán ningún negocio más en años.

Los pisos de los caseros, que son la minoría se quedaran vacíos, sin los inquilinos morosos, como deseaban. pero se los comerán con patatas porque el marcado esta reventado y los bancos y los grandes fondos inmobiliarios a través de sus instrumentos fiscales, como las SOCIMI, podrán siempre alquilar más barato. Eso si no podemos expropiarlos aún por sinvergüenzas.