Sobre el dinero III- Curanderos monetarios: excéntricos y herejes

Sobre el dinero (III)

Curanderos monetarios: excéntricos y herejes

Si nos vemos tentados de asegurar que el dinero es el tónico que incita la actividad del sistema económico, debemos recordar que el vino se puede caer entre la copa y la boca

John Maynard Keynes

Los excéntricos del dinero “seguro”

“Si tuviéramos un sistema de ‘dinero seguro’ no habría crisis financieras”. ¡Bum! Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO,  nada menos que gobernador del Banco de España desde 2006 a 2012, precisamente los años horribilis de la crisis global, revela la piedra filosofal de la estabilidad financiera que evitaría los catastróficos, y cada vez más frecuentes, cracks de las finanzas mundiales.

El eximio personaje, ya jubilado y dedicado, en piadoso propósito de enmienda, a la loable tarea de “corregir los defectos del sistema que nos llevó a la catástrofe”, argüía, en un reciente foro de economía monetaria crítica, que la solución a la recurrencia de las crisis financieras sería, ni más ni menos que prohibir a los bancos privados captar depósitos del público y facilitar el acceso de los ciudadanos a cuentas en el banco central. Cual bálsamo de Fierabrás, la genial propuesta del arrepentido exbanquero lograría, como por ensalmo, la desaparición de los riesgos sistémicos generados por la inestabilidad financiera: “Y este cambio tiene unas ventajas muy importantes pues, mientras el dinero actual es frágil e inseguro, ya que depende del éxito o fracaso de las inversiones de los bancos, pasaríamos a tener un dinero totalmente seguro e independiente de los azares del mercado de préstamos porque el banco central no prestaría el dinero depositado en el mismo. Con ello desaparecerían las crisis bancarias con los costes monstruosos que hemos sufrido”. ¡Albricias! La revolucionaria propuesta de MAFO se inspira en la organización británica Positive Money, colectivo activista en lucha incansable en pos del dinero soberano. Su postulado central es realmente subversivo: separar el dinero del público de los créditos bancarios, impidiendo asimismo a la banca privada crear, a través de la concesión de préstamos, el dinero circulante ‘del mismo aire’, que actualmente representa el 97% del flujo de liquidez de la economía. Al tener los ciudadanos su dinero seguro en depósitos en el banco central, los bancos asumirían los riesgos de sus préstamos erróneos o especulativos, sin arrastrar en su quiebra los ahorros del desvalido público. A través de esta cirugía de caballo se evita el riesgo de colapso del sistema y los costosísimos rescates de la banca con dinero público. Quedarían así radicalmente separadas las dos esferas financieras: el dinero del público–a buen recaudo en el banco central- y el crédito bancario -actuando únicamente como intermediario entre ahorristas y prestatarios-. En esta Arcadia feliz del dinero soberano –de ahí su sobrenombre de ‘excéntricos del dinero libre de deudas’-, las hipotéticas crisis financieras y las quiebras bancarias acabarían con los malos gestores –como en cualquier otro sector económico en el edén de la libre competencia- evitando el “riesgo moral” de que la asunción de riesgos excesivos por parte del casino financiero sea propulsada por la seguridad del rescate del Estado en caso de derrumbe del castillo de naipes. El manifiesto fundacional del lobby del dinero ‘positivo’ enuncia su propuesta principal, parcialmente coincidente, dicho sea de paso, con la ortodoxia neoclásica de todos los manuales convencionales: “este documento presenta una reforma del sistema bancario que quitar a los bancos la capacidad de crear dinero, en forma de depósitos bancarios, cuando conceden prestamos”. ¿Y qué harían los mutilados bancos comerciales en este idílico cuadro de dinero seguro? Lo cierto es que sus, ahora todopoderosas, funciones quedarían bastante laminadas, reducidas a administrar pagos y a actuar como intermediarios financieros puros. Ni más ni menos que el fulcro que sostiene la menguante rentabilidad del capital en la fase neoliberal –la generación de actividad económica a través del dinero-deuda creado por la banca privada- suprimido de raíz. Los dos pilares en los que se sustenta el modo de producción y circulación del dinero moderno, la banca central independiente –capo di tutti capi del sistema financiero global- y la generación de colosales niveles de deuda bancaria hacia las burbujas de activos financieros e inmobiliarios, fulminados por decreto. Los castillos de naipes de derivados, titulizaciones y demás entelequias financieras que propulsan los flujos de liquidez que recorren los circuitos financieros mundiales de la denominada banca en la sombra, derribados de un plumazo. ¡Qué sencillo resulta refundar el capitalismo! Sólo hay que extirpar de raíz su tumoral apéndice financiero-especulativo y asunto resuelto. Más allá de su utopismo anacrónico y su barniz populista, tales ocurrencias se inspiran en teorías profundamente enraizadas en la ortodoxia monetaria. Aunque los excéntricos del dinero ‘libre de deuda’ se sitúen entre las fuerzas progresistas, lo cierto es que tienen notables coincidencias con teóricos del otro extremo del espectro ideológico. Como refiere Alejandro Nadal: “Muchos de los análisis de los movimientos civiles sobre reforma monetaria carecen de solidez teórica. En algunos planteamientos sobre la inflación se acercan a las posturas del monetarismo más añejo. Ignoran, casi por completo, el papel de los bancos sombras y tampoco acaban de entender la relación que existe entre inversión y ahorro: con frecuencia afirman que la inversión sólo puede provenir del ahorro”. Afirman inspirarse en las ideas de David Ricardo, Irving Fischer e incluso el ultra monetarista Friedman, todos obsesionados con el peligro inflacionario y el control estricto de la oferta monetaria pública y del crédito bancario. Incluso los economistas del FMI exploran la revolucionaria medida de “prohibir a los bancos la creación de dinero”. La retrógrada ocurrencia implica asimismo un retroceso a la prehistoria monetaria. La ley Peel, el acta bancaria inglesa de 1844, fue el canto del cisne del intento de detener la expansión de la deuda sin respaldo y la creación de dinero por parte de la banca privada, rasgos sustanciales de la progresiva apertura de compuertas a los crecientes flujos de dinero-deuda hacia la financiación del circuito financiero de producción en la historia reciente del capitalismo. Incluso Friedrich Hayek, el gran pope del libertarianismo thatcheriano, suscribiría la propuesta de los paladines de la regeneración financiera: “los bancos deben erigirse en la conciencia de la colectividad rehusando prestar crédito puro”.

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Nueva vía: si hay nulidad de la cláusula de constitución de la hipoteca está debe ser borrada del Registro de la Propiedad

Hace unos días escribimos en nuestros blogs que el problema de los gastos de constitución de hipoteca y el de actos jurídicos documentados les acabábamos de dar un nuevo vuelco. Para los que no nos seguís les refrescamos la memoria.

CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA:

NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA,

TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA,

DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO

DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA

La cláusula de constitución de la hipoteca es una cláusula abusiva. ¿por qué? pues porque no ha sido negociada nunca en su términos y contraviene la directiva Directiva 93 13 CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.

La cláusula mal llamada de constitución de hipoteca, que debiera ser de “constitución de garantía hipotecaria“, es en realidad “contrato accesorio” a la “obligación principal” que recoge el objeto esencial de la escritura- el préstamo- y la adecuación entre la financiación concedida y su retribución, a través de sus correspondientes intereses. Ese “contrato accesorio”, que se ha añadido a la práctica hipotecaria española desde tiempos inmemoriales tiene un problema desde el año 1993 al subscribir nuestro país las leyes comunitarias y en este caso la de defensa del consumidor. Ese “contrato accesorio” no está legislado en ley alguna, es una imposición del banco contra usted, no existe en otros países.

Ese “contrato accesorio” que integra la garantía hipotecaria, constituye una exigencia de las entidades financieras para conseguir mayor seguridad ante la posibilidad que la parte prestataria pueda caer en morosidad en relación con la “obligación principal”. La “obligación principal” podría substituirse perfectamente sin el “contrato accesorio“. De hecho, sucede de forma cotidiana en los préstamos y créditos personales, dado que existe una responsabilidad patrimonial universal del deudor, establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, conforme a la cual éste responde con todos sus bienes presentes y futuros en tanto que la deuda no esté totalmente satisfecha.

Cómo se observa en la imagen superior la cláusula se describe a si misma diciendo que la hipoteca responde por:

  • con el valor del préstamo subscrito – principal– ,
  • añade otras cantidades de dinero como los – intereses – por un tipo de interés y un tiempo determinado,
  • por x meses de intereses moratorios
  • y una cantidad arbitraria, decidida por la entidad financiera, de costas y gastos, en caso de mora.

Pero el problema es que sobre eso luego se calculan impuestos, lo que significa, que sobre una cláusula no negociada se pagan por hechos que incluso no podrían suceder. Por ejemplo, si un deudor amortiza total o anticipadamente una parte del préstamo ¿por qué razón ha pagado impuestos por intereses moratorios y costas y gastos procesales? Si esa cláusula que es abusiva no existiera nunca hubiera pagado la parte correspondiente del IAJD por ejemplo. Eso puede bastante dinero con sus intereses desde el inicio del préstamo.

Hay mucha más consecuencias si esa cláusula es declarada nula. En el Registro de la Propiedad, lo que consta de su “hipoteca” es precisamente la garantía. En ningún lugar consta el préstamo, o sea, el contrato sobre “obligación principal”. Sólo se inscribe el “contrato accesorio” la garantía. Si usted gana en los juzgados una sentencia sobre esa cláusula debería ir al Registro de la Propiedad y exigir que la hipoteca fuera borrada del Registro. ¿Qué pasaría entonces? no se preocupe por el banco ya decidirá como se va a cobrar el préstamo pero seguro que no por la vía ejecutiva. Los servicios jurídicos de las entidades ya saben hace tiempo que están en falso y muchas no acuden a la vía de ejecución hipotecaria sino a la ordinaria.

Para muestra de lo que decimos les presentamos este vídeo de uno de los abogados que defienden a los afectados/as y que dio con otros abogados colaboradores la charla que organizamos el pasado 25 de noviembre en nuestro local sobre legislación hipotecaria y cláusulas abusivas.

Hay más consecuencias de la nulidad de la cláusula de constitución de la hipoteca o garantía. En el Registro de la Propiedad no podrían dar copias ejecutivas de la hipoteca, con lo cual al mismo tiempo se podrían exigir la nulidad de las ventas a terceros – fondos buitre- de los préstamos entrados en mora. Casi nada.

Lean el documento entero que publicamos con los descubrimientos realizados por nuestros compañeros de PAH Madrid >>>


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Pasa en Francia, ¿Cuándo, aquí?

El movimiento de los Chalecos Amarillos es el resultado de políticas capitalistas y estalla cuando se aumentan los impuestos del diésel: en una situación de tal complejidad, las propuestas supuestamente pensadas para luchar contra el cambio climático, no sólo son una carga insostenible para las clases populares, sino que no hacen que los ricos deban cambiar su manera de vivir y acaban pagando por el cambio climático los menos culpables.


No se puede entender ni encontrar soluciones a los conflictos que se están  dando en todo el mundo sin incorporar a la ecuación la crisis climática y de recursos materiales y energéticos. El capitalismo, como el animal malherido que lucha por asegurarse la supervivencia, es cada vez más feroz. Ha declarado tácitamente la guerra contra las clases populares / medias, la humanidad, la biosfera.

Un tweet de Donald Trump dirigiéndose a Francia y poniendo contra las cuerdas al presidente Macron, lo constata. Decía el presidente de Estados Unidos: “Tal vez sea el momento de acabar con los ridículos y extremadamente caros ‘Acuerdos de París’ y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos”. Un tweet que, además del ‘negacionismo climático’, la caridad económica y el rechazo de la crisis social derivada de las políticas capitalistas que rezuma, llama a la confrontación. ¡Execrable!

El movimiento de los ‘Chalecos amarillos’ es el resultado de las políticas de estabilización monetaria practicadas por la Unión Europea en todo este siglo y que han llevado a la precarización y hecho más pobres a las clases populares y medias, mientras enriquecían aún más a las élites. ‘Gilets jaunes‘ estalla cuando el gobierno aumenta los impuestos al diésel, carburante que muchos franceses de regiones deprimidas, deficitarias en escuelas y sanidad, y sin acceso al transporte público [porque el gobierno eliminó estaciones y ferrocarriles, que fueron sustituidos por autobuses ‘low cost’ y que en muchos casos también se han suprimido], necesitan para moverse y trabajar.

Para poder vivir con dignidad en Francia se necesitan 1.700€. Ni obreros, ni empleados, ni agricultores, ni artesanos, ni comerciantes ingresan esa cantidad, víctimas de sueldos estancados desde hace 10 años y un aumento de precios constante que les lleva a cruzar la frontera para comprar más barato. En consecuencia, ni las clases populares ni gran parte de las medias, disponen de un sueldo que las sitúe en el nivel de vida medio, 1.730€. Mientras que las clases más adineradas han aumentado en estos tiempos un 10% sus ingresos, unos 1.000€ de media, y han sido favorecidas, por ejemplo, con la reducción del impuesto sobre el patrimonio.

A la ecuación hay que añadir la de los migrantes de procedencia que ya viven en el país y la de sus hijos/as, nacidos en Francia pero la mayoría sin esperanzas de futuro atractivas, y también la de los que llegan huyendo de los resultados devastadores del calentamiento y de las gobernanzas explotadoras, dictatoriales, vendidas a las multinacionales que se llevan las riquezas. Todo ello, difícilmente se arregla con la propuesta de Macron de aumentar 100€ el salario mínimo y situarlo en los 1.285€/mes, aun muy por debajo de las necesidades reales. El salario mínimo en Francia es ahora de 1.498,47 euros brutos mensuales, lo que equivale a 1153 netos.

Pagar sin ser culpable

En una situación de tal complejidad, las propuestas capitalistas supuestamente pensadas para luchar contra el cambio climático (como subir el precio del diesel/carburantes), no sólo son una carga insostenible que castiga a las clases populares y medias, sino que no hacen que los ricos tengan que cambiar su manera de vivir. Por lo tanto, ni se aborda la raíz del problema ni se disminuyen las diferencias sociales. Y terminan pagando por el cambio climático los menos culpables.

En el cerebro de muchas personas, sin embargo, en Francia y otros lugares como España, permanece la idea de volver a 2007, al momento anterior a la última crisis, que ha despojado a tanta gente y ha enriquecido precisamente a sus causantes. Eran momentos en los que, en la memoria de las personas, había futuro, lo que ahora no vislumbran. Contrariamente, la crisis climática y de recursos materiales disponibles nos conduce a todo lo contrario, a una época en que ni la abundancia, ni el consumo, ni la posesión serán indicadores del buen vivir: ‘ser’ más que ‘tener’ es la motivación que debería definir el futuro. Una idea paradójica para aquellos que sueñan con volver a tiempos mejores. Y los tiempos mejores, por mucho que nos pese, no pueden volver.

No debemos olvidar que la temperatura, según los datos oficiales del IPCC, ha subido 1ºC desde la época preindustrial y hasta 2015, y que desde entonces aumenta a un ritmo de 0,2ºC por década. En otras palabras, que al ritmo actual el +1,5ºC de incremento que según los Acuerdos de París ‘no se debería sobrepasar, se alcanzarán en 2.040. Y que los + 1’7ºC que marcan la barrera – según asegura el informe IPCC presentado en Incheon, Corea del Sur, en octubre pasado – a partir de la cual no hay ni dinero ni energía para revertir el aumento de la temperatura, se alcanzarán en 2.050 como muy tarde.

[En Catalunya la situación es peor. La temperatura aumenta 0,25ºC por decenio desde 1950, lo que, según datos del Servicio Meteorológico, sitúa la anomalía de temperatura ya por encima de los + 1,7ºC. Y peor: desde 1991 el aumento por década es de 0,4ºC, lo que colocará los +2ºC a mediados de la próxima década].

Es urgente, pues, aplicar nuevas políticas que combatan el cambio climático, pero las clases adineradas, las que tienen los recursos económicos, no las quieren pagar y apuestan por continuar acumulando, buscarse la vida en condominios a los que sólo ellas tengan acceso y esforzarse en la búsqueda de tecnología que anule/revierta el calentamiento- como mínimo donde ellas habiten -, en inteligencia artificial que les asegure el dominio, convertirse en la conciencia de una máquina, les dé la eternidad o acceso a la última nave que lleve a privilegiados y sirvientes escogidos, a un ‘nuevo mundo’. Cualquier cosa salvo de perder sus privilegios de clase y el control de la sociedad. Están poniendo en marcha una estrategia autárquica. Se están asegurando disponer de energía, materiales, tierras, mano de obra barata/esclava modificando la legislación, de seguridad/ejércitos a su servicio, mientras se van aislando de las tensiones sociales.

Y las clases más desfavorecidas están cansadas de pagar, de ver como su vida cada día es más difícil, de no saber cómo será el futuro de sus hijas e hijos. Hartas, sin futuro, exprimidas y añoradas, salen a la calle a buscar lo que ya no les da – desde hace muchos años – la política. Y dado que dicha izquierda – mayoritariamente – los ha abandonado, porque nunca ha querido abandonar el capitalismo, porque nunca se ha creído los límites planetarios, porque ha preferido ser antes la casera de las élites que los dirigentes de la emancipación de la mayoría, votan falsa esperanza servida por visionarios mentirosos – Bannon, Trump, Aznar / Casado / Rivera / Vox, Salvini, Le Pen / Orban y demás demagogos: poner los que queráis – que les dicen que hay vida en la extrema derecha que es, de hecho, el último bastión del mismo capitalismo que les está despojando/oprimiendo – repasad la historia de los años 20 y 30 del siglo pasado -.

Todos contra dicha transición ecológica por motivos muy diferentes y no igual de justos. Unos, por interés -las clases adineradas favorecidas -, los demás, porque no tienen otro remedio, dada su situación económica y el peligro, cierto, de caer en la exclusión. La lucha entre dos necesidades, – que las élites que no sólo no tienen ninguna intención de resolver sino que alimentan para mantener a la mayoría dividida y enfrentada. Las necesidades del día a día confrontadas con la obtención de futuro. La paradoja perfecta que conduce al colapso mientras las clases adineradas hacen caja.

La transición ecológica, que en realidad es una revolución, no se hará si no es socialmente justa, equitativa, transparente, sincera. No se puede hacer beneficiando a los más ricos y perjudicando a las clases más necesitadas a las que se rebaja/margina/excluye. No tiene sentido que el presidente de Francia suba los carburantes imprescindibles para las personas con rentas bajas y que viven en sectores donde el transporte público no es eficiente o simplemente ni existe. Sería más lógico facilitar el transporte público suficiente y económicamente asequible y territorialmente próximo, antes de subir los carburantes.

Pero se ha dejado pasar el tiempo y ya no queda. Tampoco tiene sentido que suba el diesel justificándolo en el cambio climático, cuando la crisis de este combustible viene derivada de la disminución [pico] del petróleo convencional mientras que el petróleo ligero procedente del fracking – EEUU – y que ha inundado el mercado , no sirve para refinarlo. La crisis actual del diesel, pues, no es estrictamente climática, y justificar un aumento de tasas por este motivo es una mentira/fraude.

La gran mentira, sin embargo, es ‘vender’ la idea de que es posible la mal llamada ‘transición’ sin cambiar de sistema económico. Que es posible reducir emisiones creciendo indefinidamente. Que es posible financiar la transición/revolución sin perderlo todo por causa de la deuda – preguntad a los países del sur víctimas del consenso de Washington -.

Combatir el cambio climático, no a las clases populares

Sólo con decisiones políticas como la de los franceses Pierre Larrouturou, ingeniero, y Jean Jouzel, científico climático y Nobel de la Paz, que proponen la creación de un Banco del Clima, financiado con el dinero que el Banco Central Europeo  da cada año a los bancos privados, se puede abordar la crisis con alguna esperanza de solución sin romper con el sistema económico. La idea sería dedicar el billón de euros anuales que se destinan a financiar los bancos privados a financiar todas las inversiones necesarias para salvar el clima y crear trabajo. En otras palabras, que los gobiernos no tengan que ir a la banca privada a buscar financiación con tipos de interés que hipotecan el futuro de la ciudadanía, tal y como ahora mismo están obligados a hacer por causa de los tratados europeos.

De todas formas, y se haga lo que se haga, al final aflora la contradicción que supone crecer indefinidamente en un planeta finito, una necesidad ineludible del sistema económico vigente y una paradoja señalada ya en los años 70 en los ‘Límites del Crecimiento’ [Meadows , Donella  H.; Dennis L., Meadows; Randers, Jørgen; Behrens], que inevitablemente lo hará implosionar.

La lucha contra el cambio climático no se limita a evitar el calentamiento, significa preservar la vida para todas, sin exclusiones, con igualdad y equidad para evitar el colapso y la extinción. Ante la crisis innegable, las contradicciones y las amenazas, hace falta una respuesta contundente de la ciudadanía, exigiendo a los gobiernos que digan la verdad y promuevan políticas legalmente vinculantes, que obliguen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducción ideal: cero emisiones en 2025. Sí, sí, 2025 si de verdad no se quieren rebasar los 1,5ºC de aumento de la temperatura respecto a la era preindustrial.

Pero se necesita algo más, una vez explicitada la contradicción de intereses entre las élites y la ciudadanía. Tal y como describe el movimiento Extinción/Rebelión nacido en Gran Bretaña, se precisa de una ‘Asamblea Nacional de la Ciudadanía ‘para superar los intereses electoralistas de los partidos, con capacidad para supervisar los cambios y como herramienta de una democracia avanzada. En Catalunya se la llamó ‘Parlamento Ciudadano’. Esta Asamblea Ciudadana debe tener la última palabra sobre las políticas que definan la transición/revolución, sobre la agenda ecosocial que debe regir el futuro. Y ello, metéroslo en la cabeza, será imposible sin desobedecer de manera no violenta, sin desobediencia civil y pacífica, sin romper con las inercias sociales, culturales, institucionales. Nos va en ello el futuro y la vida y sólo podemos salvaguardarlos juntas.

publicado en Catalunya Plural / autorización de Josep CABAYOL

Josep Cabayol | Ester González | Siscu Baiges




Los menores en los desahucios, ¿qué interés prevalece?

 

Uno de los principios esenciales de las sociedades occidentales es el derecho a la propiedad privada. Libertad y propiedad son indisociables. La Constitución Española reconoce en el artículo 33 este derecho.

A la vez la propiedad tiene una función social. Está supeditada al interés general. Por otro lado todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo 47) y los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39).

Los derechos nunca son absolutos. Están limitados por otros derechos, chocan unos con otros. El derecho a la propiedad de bienes inmuebles y fincas urbanas puede colisionar con el derecho a la vivienda y la protección a la familia. Y con la obligación del Estado de respetar los derechos de los niños, reconocidos en los acuerdos internacionales, que velan por sus derechos (artículo 39.4).

¿Y qué ocurre cuando hay menores en los desahucios de viviendas? Entre el derecho del propietario y el interés del menor la propiedad privada es preferente para la especulación y se deja sin protección social y jurídica y psicológica al menor.

Pero no siempre hay servicios de asistencia social, o no tienen suficientes medios para actuar,o no saben ni quieren saber cómo sufren los menores en los desahucios, pocas son las Audiencias que suspendan un desahucio hasta que se pudieran realizar las gestiones necesarias para llevarlo a cabo sin poner en peligro la salud y derechos de los dos menores de las familias que ocupaban un piso propiedad de alguna entidad después de haber tenido que vivir en un coche, en una tienda de campaña, debajo de puentes o en ocupación, o de alquiler, eso sí: el desahucio debía llevarse a cabo en un tiempo razonable y breve y mientras tantos casos de desprotección al menor que raya la “sin razón”

En nuestro caso, que sí hay buena predisposición por parte de los Técnicos de la Concejalía del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Ponferrada, que afortunadamente hemos paralizados todos los lanzamientos de desahucio, ello no quiere decir que los menores no sufran un desequilibrio en su ámbito familiar y personal, los mayores de ocho años a catorce no comprenden el desamparo que sufren desde la protección de las instituciones y organismos públicos. Algunos menores sufren una gran desorientación ante un asunto que desgraciadamente los adultos y los Fiscales de menores, Psicólogos, Psiquiatras Forenses no vean un claro efecto de maltrato bancario en sus vidas y tomen las oportunas indicaciones o formalicen un “Protocolo de Actuación de Oficio” ante situaciones extremas del desamparo en el interés del menor en los lanzamientos de desahucios como único interés del menor en los desahucios, claro está sin desmembrar al núcleo familiar.

¿Podemos alegar el interés superior de los menores para dilucidar todo conflicto jurídico en el que se vean inmersos? ¿Debe prevalecer este sobre cualquier otro interés legítimo con el que entre en conflicto? ¿Se puede crear un criterio y argumento jurídico que blinde apoyo a todos los menores frente a cualquier supuesto en el que se encuentren?

Es frecuente que el interés superior del menor sea el criterio que determine finalmente la adopción de decisiones en cuestiones como las crisis financieras en los núcleos familiares y la protección de menores. Así, sucede en la fijación del entorno familiar, la comunicación y su bienestar , y claramente un uso de la vivienda familiar, el derecho de los menores a ser oídos en los divorcios de los padres, etc. Pero la cuestión es si, en otros supuestos, por ejemplo, el de los desahucios, podría ser tenido en cuenta como el interés que finalmente guíe la decisión judicial, actualizar o ampliar el protocolo.

Nos encontramos con muchos supuestos de cesión de viviendas por los abuelos, que se ven privados de su uso como consecuencia de la atribución del mismo a sus nietos en virtud de resolución judicial o no. Existe un claro conflicto entre el derecho de estos terceros, ajenos a la crisis familiar, a disponer de su vivienda y el derecho de los menores, que se configura en el art. 96 CC como el “más necesitado de protección”. La cuestión es cómo se concreta este interés.

La peor parte:

Maltrato por sufrir una ruina, debido a la burbuja inmobiliaria que desencadena la crisis, la cual no provocamos.

Desde la PAH BIERZO CyL

Hacemos un especial hincapié a los daños morales y psíquicos que sufre todo el núcleo familiar en especial los menores.

No es de justicia desmembrar a las familias por tener problemas de Ejecuciones Hipotecarias, de alquileres, los menores necesitan a sus progenitores y dentro del núcleo familiar.

Que es deber proporcionar las ayudas sociales darles soporte para ello, y las Fiscalías de Menores comprobar que los menores de estas circunstancias tengan todo lo preciso para su protección y derecho habitacional en un desahucio antes de proceder la lanzamiento del mismo.

Desinterés social por los menores desde los ámbitos sociales, sea salud mental y protección desde las fiscalías de Menores, jurídica desde cero apoyo desde ayuda al menor. Los menores sufren bullying en sus aulas por ser “desahuciados” por las empresas privadas de los bancos que llaman al domicilio y le dicen al menor que sus padres deben dinero y pronto se los llevarán a un centro de menores etc…

Hay un claro interés en educar a la sociedad que los desahucios es un mal de todos.

Creemos desde nuestro colectivo, que existen suficientes razones para tratar estas situaciones dolosas y caóticas en el ámbito familiar.

Pedimos unas condiciones más equitativas para que nuestras familias y las de todos los colectivos en defensa de la vivienda sean tratadas en un proceso de ésta magnitud, como un núcleo maltratado social y psicológico, con dotación de los expertos y profesionales en Psicología, Psiquiatría forense, y Fiscales del menor al efecto, Procurador del Común y Defensor del Pueblo, que así se lo hemos comunicado ya.

Se fundamenta, asimismo, esta resolución en las siguientes disposiciones legales:

– Art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que proclama entre los principios básicos la primacía del interés superior de los menores sobre cualquier otro que pudiera concurrir.

– Art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que proclama que “los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social”. Añade que “los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente Ley y a la mencionada normativa internacional”.

– Art. 13.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que obliga a toda persona o autoridad, y especialmente a aquellos que, por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comuniquen a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

– Art. 27.1 de la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dispone que los Estados parte reconocen el derecho de todo niño a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social”.

– Art. 47 de la Constitución española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” y el dolo a los menores con un alto nivel de degradación en sus vidas cotidianas y desarrollo intelectual.

Hemos de ser conscientes de no abortar la tranquilidad de nuestros menores, se haga visible su padecimiento ante los desahucios y se tomen todas las precauciones para no desintegrarlos.

Mary Flor ÁLVAREZ, Tierra Bierzo, menores en los desahucios.

Menores en los desahucios


Escrito Fiscalia de Menores que se puede adaptar a cada caso para paralizar desahucios.




ESPAÑA, EL GRAN ROBO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO. Con la connivencia de todos los Poderes del Estado y los estamentos notarial y registral.

Un saqueo de veinticinco años supone la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales)

Sobre una cantidad ficticia e intangible de, más o menos, uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) se han estado calculando, en los últimos veinticinco años, que sepamos, los honorarios e impuestos de todos aquellos prestatarios que intervenían en la constitución de un préstamo o crédito con garantía hipotecaria, esquilmando los bolsillos de los ciudadanos que acudían a firmar una escritura de este tipo de financiación.

Si se acude a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística encontramos que en los últimos 25 años el capital prestado por las entidades financieras en la constitución de hipotecas, periodo 1994-2018, está algo por encima de los dos billones de euros.

El jueves 08 de noviembre de 2018 publicamos en esta web el artículo “CLÁUSULA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA: NO SUPERA EL ANÁLISIS DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA, TORNÁNDOSE EN ABUSIVA, POR LO TANTO NULA, DEBIENDO TENERSE POR NO PUESTA DESDE EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, CONSTITUYÉNDOSE LA `OBLIGACIÓN PRINCIPAL´ EN PRÉSTAMO O CRÉDITO PERSONAL”, en el que intentábamos explicar esa desconocida figura económico-financiera que aparece empotrada en la cláusula de “constitución de hipoteca”, denominada “responsabilidad hipotecaria

Si saliéramos a la calle a realizar una encuesta sobre dicha figura nos encontraríamos con la realidad que prácticamente el 100% de los ciudadanos que tienen un préstamo o crédito hipotecario no tienen ni idea de para qué sirve dicha responsabilidad, el alcance de la misma y en relación a que asuntos o temas nos afecta. Es la gran desconocida de los contratos de adhesión que firmamos a la hora de solicitar financiación externa, por lo que no es de extrañar que resulte la menos transparente, clara y comprensible de la escritura notarial. Una figura absolutamente oscura, opaca y sombría que conlleva un total sableo del ciudadano, total desconocedor del esquilme que le están haciendo.

Ya comentamos en nuestro anterior artículo, del pasado jueves 08 de noviembre de 2018, que la «responsabilidad hipotecaria» la conformaban cuatro conceptos:

  • cantidad que ha sido concedida como «obligación principal» por el acreedor en el préstamo o crédito otorgado,
  • más una cantidad de intereses remuneratorios – u ordinarios – devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede llegar a los dos años- al tipo máximo establecido en la escritura,
  • más una cantidad por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que puede llegar a los tres años, y
  • más una cantidad en concepto de costas y gastos, que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la «obligación principal».

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se calculan los gastos e impuestos de constitución de la garantía hipotecaria, «contrato accesorio» a la «obligación principal». La «responsabilidad hipotecaria» no está unificada dado que tiene un cálculo distinto en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% y el 200% de la «obligación principal», o valor del préstamo/crédito.

La «responsabilidad hipotecaria» no ha sido nunca negociada, acordada o convenida entre las partes que conforman el «contrato accesorio» , ha sido radicalmente impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una entidad impone una determinada responsabilidad – en cuanto al segundo, tercer y cuarto concepto que la componen – y otra sociedad financiera una diferente, es todo un enigma para “el común de los mortales”. Por lo tanto, tenemos un capital prestado para hipotecas, en los últimos 25 años, según el I.N.E., de dos billones de euros. Si calculamos una «responsabilidad hipotecaria» media, entre la fluctuación que tiene ésta figura de entre 135% y 200%, de 160% – tirando por lo bajo- estamos ante una cantidad estratosférica de uno coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) que no tiene ningún tipo de contraprestación para la parte prestataria pero que, sin embargo, esta ficticia y falaz cifra constituye, igualmente a la «obligación principal»: capital prestado, la base imponible sobre la que se calcularán los honorarios de los notarios, registros, gestorías e impuestos como el A.J.D.

la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula, y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal…

Siendo el tipo impositivo para el cálculo del I.A.J.D., según la comunidad autónoma, de entre el 0.5% y el 1,5%. Si cogemos un tipo medio entre ambas cifras, el 1,00%, tendríamos el auténtico escandalazo que, en los últimos 25 años, y de esa cantidad fingida de uno coma dos billones de euros, los prestatarios hemos abonado a las arcas tributarias de las comunidades autónomas: la exorbitante cantidad de doce mil millones de euros (12.000.000.000 €), que si la dividimos por los veinticinco años que lleva vigente el saqueo da la cantidad de quinientos millones de euros anuales (500.000.000 €/anuales). No es de extrañar que se hayan construido aeropuertos sin aviones o instalaciones de toda índole en medio de la nada, sinónimos del despilfarro que trajo el dinero fácil, el esquilmado a millones de prestatarios que sin saberlo, dado que ni el banco ni el notario le informaron de ello, ponía de su bolsillo en exceso, alrededor de, un 60%.

Y a todo esto, ¿dónde estaban los medios de comunicación?, desde luego no en su función principal, la de informar al ciudadano de temas que realmente le interesan como el caso del empobrecimiento al que era sistemáticamente sometido. Prueba de ello es lo sucedido estas semanas pasadas con el tema del Tribunal Supremo y el impuesto A.J.D. en las que se han oído y leído idioteces y majaderías de todo pelaje, como ha sido el mensaje de que en otros países de nuestro entorno existían impuestos parecidos al nuestro y lo abonaba el cliente, ¡claro que si, estúpidos! pero porque la base imponible de dichos impuestos es el importe principal del préstamo, no una bazofia de figura denominada «responsabilidad hipotecaria». ¿Hay algún medio que ha deshecho el entuerto?, que se sepa ninguno. Entonces, poco podemos esperar de ellos.

¿Sería posible que alguno de esos medios periodísticos que gastan tiempo y recursos para saber a ciencia cierta si ha sido “escupitajo o bufido” podrían dedicar algo de tiempo a denunciar el ordeño sistemático del bolsillo del consumidor de financiación hipotecaria, en la estimable cantidad de 12.000.000.000 € en veinticinco años, amén de lo abonado en un, más o menos, 60% de exceso en honorarios de notarios, registros y gestorías?. Pues, somos pesimistas al respecto.

Poco esperamos, también, de las instituciones españolas. Parodiando el final del filme “Casablanca”, siempre nos quedará el TJUE, y probablemente tendrá que ser él el que sentencie que la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria, mal llamada hipoteca, contiene una figura económico- financiera radicalmente abusiva, por lo tanto nula y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal, con la responsabilidad que contempla el artículo 1911 del Código Civil.


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Un decreto judicial de El Vendrell cuestiona la mayoría de las ejecuciones hipotecarias

Un letrado de la Administración de Justicia -antes secretario judicial- de este municipio del Penedès decreta que lo ejecutado no puede ser desahuciado en la misma ejecución hipotecaria.

Josep Cabayol / Siscu Baiges / Xavier Mostacero

El 11 de octubre había previsto un lanzamiento hipotecario en El Vendrell. El abogado José Ángel Gallegos presentó, una vez más, recurso de reposición convencido de que la ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’ (LEC) no permite el desahucio en el mismo proceso de ejecución hipotecaria si aún vivos a la vivienda. Y el Letrado de la Administración de Justicia -antes secretario judicial-, Leandro Sánchez García, le ha dado la razón y ha dejado sin efecto el lanzamiento / desahucio. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas ejecutadas conservan la posesión de la vivienda y pueden -de momento- continuar en la finca subastada y adjudicada. El decreto es firme y por tanto no se puede recurrir.

Nuevo Proceso

El adjudicatario del inmueble subastado, con esta interpretación de la ley, no pierde sus derechos, pero si quiere obtener la posesión deberá formular la correspondiente demanda e iniciar otro proceso judicial.

En cuanto a los ejecutados y en el caso de que el adjudicatario demande, además del tiempo que puedan ganar con la dilatación judicial, podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, incluso aquellas que, contraviniendo las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE -, el juez haya podido rechazar en el trámite de la ejecución hipotecaria, como serían las cláusulas abusivas denunciadas fuera de plazo y no tenidas en consideración.

Los hechos y la ley

El artículo 675 – ‘Posesión judicial y ocupantes del inmueble’ – de la ‘Ley de Enjuiciamiento Civil’- explica / explicita cuando se puede hacer la entrega de la posesión al adjudicatario de la subasta del bien inmueble y lo condiciona a dos casos:

Primero: cuando la vivienda está vacío. Y segundo: cuando los ocupantes de esta vivienda son terceros.

Precisamos: el artículo 675 dice en su primer apartado: ‘Si el adquirente lo solicita, se le pondrá en posesión del inmueble que no esté ocupado’. Y segundo: en caso de estar ocupado, el adquirente podrá pedir al tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente ‘. Es decir, personas diferentes a los ejecutados: precaristas, inquilinos, ocupas. Entonces también se le otorga la posesión al adjudicatario si la solicita.

En ningún caso se hace referencia al ejecutado. En ningún momento se contempla que se le pueda desahuciar si el piso no está vacío, si el ejecutado continúa viviendo / ocupando la vivienda.

Conclusiones

El decreto no es intrascendente. De la lectura legal de estos artículos se deduce que el antiguo propietario, si todavía habita el inmueble, no ha perdido la posesión, porque vivo / ocupa la vivienda. En consecuencia, no debe ser desahuciado. Las preguntas son cuánta gente ha sido desahuciada ilegalmente y por qué la justicia no sólo ha hecho esta interpretación de la ley sino también por qué le cuesta tanto analizar / revisar el posible grave / fatal error en la aplicación de la norma.

Si se generalizaran decisiones como la decretada por el tribunal de El Vendrell, muchos de los desahucios realizados, dice Gallegos, se convertirían ilegales. Es difícil saber cuántos pero no es atrevido afirmar que lo serían la mayoría.

Así las cosas, la inmensa mayoría de las ejecuciones hipotecarias realizadas no deberían ser válidas.



DOCUMENTOS

recurso reposición abogado : jose Ángel GALLEGOS

…………………

Decreto J.A.gallegos anula lanzamiento-copia-publica

…………………


Artículo 675. Posesión judicial y ocupantes del inmueble.

  1. Si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado.
  2. Si el inmueble estuviera ocupado, el Secretario judicial acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que corresponda.

Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda.

  1. La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista que señalará el Secretario judicial dentro del plazo de diez días, en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa.
  2. El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados, que podrán ejercitarse en el juicio que corresponda.

[Los apartados 2 y 3 de este artículo están redactados conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click aquí.]


+++ INFO RELACIONADA

 




Coches, cambio climático y periodismo

No participéis de la manipulación de los fabricantes.

Josep Cabayol, Siscu Baiges, Ester González, Frederic Pahisa.  SICOM 16/11/18

En català -> Cotxes, canvi climàtic i periodisme.

El Gobierno acaba de anunciar que no se podrán matricular coches que emitan dióxido de carbono a partir de 2040: diésel, gasolina, híbridos y gas natural. Y que estarán prohibidos hacia mediados del siglo. Lo especifica en el borrador de la ‘Ley de Cambio Climático y Transición Energética’. Los fabricantes de vehículos ya han levantado el grito en el cielo, a pesar de la tibieza de la medida propuesta.

Actuar sobre el transporte es clave para reducir la contaminación [el transporte es responsable del 25% de las emisiones de GEI en España y del 33% de los emitidos por la UE].[ GEH Món ]. A pesar de la evidencia, la industria sigue negando los datos y utiliza sus lobbies para conformar / modificar las informaciones de los medios, también los públicos, condicionados como están por el peso de la publicidad en sus presupuestos.

+ 1,5ºC: inevitable.

Según los datos facilitados por el informe especial del IPCC publicado en Incheon, Corea del Sur, la temperatura había subido de promedio 1ºC en todo el mundo a 2017. Y crece a un ritmo de 0.20ºC por decenio. Forma parte del consenso científico que la gran inercia de los GEI hace que sus efectos perduren en toda su intensidad alrededor de 25 años. En consecuencia, la temperatura, hagamos lo que hagamos, subirá 0,5ºC al inicio de la década de los 40, situándose en los + 1,5ºC que no se deberían superar según los Acuerdos de París ‘.

+1,7: no retorno.

El IPCC publicado en Incheon, pero, en el apartado D.1.2 del ‘Summary for Policymakers’ va más allá. Y dice: superar en 0.20ºC el +1,5ºC, es decir, sobrepasar el 1,7ºC, supondría un esfuerzo de captura de carbono técnica y económicamente, tal vez imposible de conseguir. En otras palabras, que ir más allá de los + 1,7ºC conduce a una situación, ahora mismo, irreversible.

Aplicando los datos ‘oficiales’ de aumento de la temperatura, si no hacemos nada, llegaremos a los + 1,7ºC a comienzos del decenio de los 50. Y si los GEI perduran en toda su intensidad al menos 25 años, tenemos, como máximo y siendo generosos, hasta 2030 para aplicar las medidas correctoras. De hecho y para ir bien, debería ser reducción a la mitad de las emisiones realizadas en 2010 como muy tarde en 2025.

Transporte

Decíamos que los datos oficiales aseguran que en la UE el transporte supone 1/3 de las emisiones y en España la cuarta parte. No actuar sobre este sector hasta 2040 y no prohibir hasta entonces las energías fósiles es una temeridad que conducirá irremediablemente a un fatal aumento de la temperatura.

Llamada a los y las periodistas

El daño que están haciendo los medios de comunicación, todos, pero en especial los públicos por su misión de servicio a la ciudadanía, polemizando y dando la voz principal a los fabricantes de vehículos contaminantes (que los tienen atornillados a través de la publicidad y que sólo ven el futuro a través de sus negocios), es de una irresponsabilidad que raya el delito, porque no sólo crea confusión y confunde a la ciudadanía, sino que contribuye al deterioro de la salud pública.

Hacemos un llamamiento a los periodistas para que, en el ejercicio de su código deontológico, no participen de este atentado contra el derecho a la salud de todas y todos.

Traducción: Teresa Abril




Sobre el dinero (I)

Primera parte

Los mitos de la ortodoxia: el dinero-lubricante

Hay que preguntarse si la economía pura es una ciencia o si es “alguna otra cosa”, aunque trabaje con un método que, en cuanto método, tiene su rigor científico. La teología muestra que existen actividades de este género. También la teología parte de una serie de hipótesis y luego construye sobre ellas todo un macizo edificio doctrinal sólidamente coherente y rigurosamente deducido. Pero, ¿es con eso la teología una ciencia?

Antonio Gramsci

No debiera resultar difícil concitar acuerdo unánime acerca de la consideración del dinero como el elemento más importante de la vida social. En su extraordinario fresco del mundo económico precapitalista, el reputado maestro de la escuela de los Annales, Fernand Braudel, recoge la lapidaria sentencia de Scipion de Gramont: “El dinero, decían los siete sabios de Grecia, es la sangre y el alma de los hombres y aquél que no lo tiene es un muerto que camina entre los vivos”. Similar dramatismo desprende la famosa cita marxiana: “El dinero, en cuanto tiene la propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es, pues, el objeto por excelencia. Es la alcahueta entre la necesidad y el objeto, entre la vida humana y su medio de subsistencia”.

En el tiempo transcurrido desde tan descarnadas afirmaciones, el ‘vil metal’ ha penetrado, en una escala sin precedentes, en todos los aspectos de la reproducción social. No deja por tanto de resultar pasmosa, como señala la economista postkeynesiana Ann Pettifor, autora del best seller ‘La producción del dinero’, la ignorancia entre los usuarios del ‘poderoso caballero’ acerca del papel neurálgico que juega en los engranajes de la maquinaria económica que determinan sus propias condiciones de vida: “Una de las constataciones más impactantes de la última fase de la evolución del capitalismo es la total incomprensión de la naturaleza del dinero en nuestras sociedades”.

Diríase pues que no hemos avanzado mucho en el conocimiento común sobre la materia pecuniaria desde la irónica reflexión de un arbitrista francés del siglo XVII, recogida por el historiador marxista, experto en historia monetaria, Pierre Vilar: “Como la justicia, la moneda es una necesidad de todos; tiene que inspirar confianza a todos; posee el mismo valor en el bolsillo del pobre que en el del rico; la única diferencia está en la cantidad (sic)”. Hasta ahí todos estaríamos sin duda de acuerdo. ¿Pero qué ocurre cuando escarbamos un poco más allá del conocimiento trivial sobre ‘el objeto por excelencia’?…

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PODER JUDICIAL, “BRAZO ARMADO” DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Publicado el 12 octubre, 2018 por Pah Madrid

A algunos les podrá chocar el título, pero la experiencia diaria, durante años, de releer miles de resoluciones judiciales en relación a las ejecuciones hipotecarias planteadas por bancos, cajas y todo tipo de lumpen económico-societario que ha sobrevolado, y lo sigue haciendo, como aves carroñeras, los despojos que van dejando por el camino miles de familias deprimidas y acosadas por ese mundo financiero, por otro lado, insaciable por adueñarse y lucrarse con ese patrimonio de centenares de miles de ciudadanos, es lo que provoca el afirmar que eso no hubiera sucedido si la gran mayoría de los Titulares de los órganos judiciales correspondientes hubieran aplicado, desde el primer momento, la Directiva europea 93/13, transpuesta a nuestra legislación en 1998. En lugar de cumplir con esa obligación, de carácter imperativo, han estado `mariposeando´ haciendo el papel de `ejecutor´ a favor de las peticiones y demandas de las voraces entidades financieras.

El pasado 14 de septiembre de 2018 se publicaron las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros, de los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona). Leer la argumentación que realiza nuestro Tribunal Supremo, sin olvidar al Gobierno español, para evitar que las entidades financieras & Cia pierdan la posibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, sonrojaría al más desvergonzado. Amparándose en una hipotética defensa del consumidor, que es más falsa que `un duro sevillano´, realiza una serie de afirmaciones que giran alrededor de dos hipócritas premisas:

  • El procedimiento de ejecución hipotecaria es mucho más favorable para defender los intereses del consumidor que el declarativo. Si dicha afirmación la hubiera hecho Pinocho, su nariz no hubiera tenido cabida ni en el Santiago Bernabéu.
  • Para que eso no suceda –irse al declarativo- lo ideal es sustituir la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por el apartado 2 del artículo 693 LEC. Falaz propuesta del TS que no se alcanza a comprender como no fue total y fácilmente desarbolada por las defensas de las partes consumidoras en las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE.

Ante la primera premisa, tenemos que él declarativo no es un procedimiento `sumario ́ como el de ejecución hipotecaria, ni está capado como éste último en el que solamente existen Autos, por lo tanto imposibilidad absoluta de plantear recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo. También a la contestación a la demanda se puede añadir una reconvención por diferentes causas, entre ellas las cláusulas abusivas. Lo que denominaríamos como un completo, defensa y ataque.

Ante la segunda premisa, la cuestión está bastante más clara. El Tribunal Supremo pretende sustituir la cláusula de vencimiento anticipado, declarada abusiva, por el apartado 2 del artículo 693 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Pero vamos a recapacitar: ante la necesidad de ayudar como sea a las entidades financieras & Cia., aunque sea disfrazándolo torpemente de lo contrario, ¿no se percata tan alto Tribunal que para aplicar dicho apartado es preciso de un fehaciente convenio o pacto entre las partes? …… ¿dónde está ese acuerdo, o es que la parte consumidora no tiene que intervenir en él?. Lo dicho, en esa alocada carrera por guardar las espaldas a las entidades financieras & Cia. se pierden las formas y se pretende tapar un desatino con otro mayor. Es evidente que no se puede realizar dicho intercambio, aunque sea en aras de una hipócrita y cínica estabilidad financiera, que no es más que permitir que sigan engordando los stock inmobiliarios de dichas entidades, para poder seguir haciendo “a posteriori” sus pingües negocios de ventajosos beneficios.

Lo que cabría preguntarse es porqué el Tribunal Supremo pretende sustituir la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por el apartado 2 del artículo 693 LEC, cuando en realidad es lo mismo ya que lo que contemplan las cláusulas 6ª bis – dado que en general suele ser ésta – en todas las escrituras de créditos y préstamos hipotecarios es dicho artículo 693.2 LEC. Es como si el médico le prohíbe a su paciente tomar pan, y éste decide no tomar hogaza y cambiarlo por barra. Así de patosa y ridícula parece la solución que se ha presentado ante el TJUE.

¿Y no hubiera sido más fácil plantear la sustitución por el apartado 1 del artículo 693 LEC?. Ese apartado 1 dice “ Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de constitución y por el Registrador en el asiento correspondiente. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha.”. Lo dice claramente, “ Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos,…”, por lo tanto no es necesario acudir a un procedimiento declarativo para instar este apartado ya que se puede hacer en un procedimiento de ejecución hipotecaria. De hecho, ese Capitulo es el V del Título IV del Libro III de la Ley de Ritos, que contempla ` las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados ́, y que reúne todo lo expresado en los artículos 681 al 698 LEC.

¿Entonces? ……, es bastante inexplicable el porqué las defensas de la parte consumidora representada en esos Asuntos ante el TJUE, no han defendido `con uñas y dientes ́ ésta última posibilidad …… ??????.

Lo que sí es entendible es que el Gobierno es pañol y el Tribunal Supremo, en defensa de los intereses de las entidades financieras & Cia., que no de los ciudadanos, hayan huido de esa potencial propuesta como si de la peste se tratara. Dicha posibilidad en la actual coyuntura económica no favorecería a esas entidades financieras & Cia., pero y ¿eso por qué? dado que ese apartado 1 existe y se supone que el legislador no lo ha puesto en la Ley como adorno si no para su utilización, ¿qué problema existe?. Pues uno muy sencillo, el mercado inmobiliario ha sido tradicionalmente alcista, sus precios se han ido incrementando, unas veces más otras menos, pero nadie se esperaba – cuando se dictó por el legislador la Ley de Enjuiciamiento Civil – un batacazo inmobiliario como el que ha acontecido en los últimos diez años. Pero lo que no puede ser, y mucho menos tolerarse por la ciudadanía, es que una debacle inmobiliaria de ésta índole repercuta en los consumidores y se pretenda que, sin embargo, las entidades financieras & Cia. se “vayan de rositas“. Si hay que aplicar el apartado 1 del artículo 693 LEC y dichas entidades han de quedarse con los inmuebles y la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha, pues deberá ser así . ¡Basta ya! de tanto superproteccionismo para dichas entidades financieras & Cia., y empecemos a pensar un poco más en la ciudadanía que lo ha pasado francamente mal, “dejándose muchos pelos en la gatera” y prácticamente sin ayuda estatal, no como otros.

Que el ciudadano, como consumidor, se haya tenido que enfrentar a las todopoderosas entidades financieras & Cia., es una cosa, y otra muy diferente que haya tenido que hacer lo mismo ante los Poderes del Estado, sobre todo ante el “brazo armado” de dichas entidades, el ejecutor de sus más elementales y depredadores sueños húmedos, quedarse con el patrimonio inmobiliario de centenares de miles de familias. Y luego, si es posible, apropiarse de las migajas que han podido quedar entre esas ruinas, con remanentes pendientes, intereses y costas que, curiosamente, garantiza – en buena parte – la responsabilidad hipotecaria del inmueble que constituye la hipoteca. Pero esto es “otra historia para no dormir” de la que hablaremos en otro momento, destapando las vergüenzas – de nuevo – del Poder Judicial.

En definitiva, lo que se saca en claro de las Conclusiones del Abogado General del TJUE, en los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona), igual que de los otros tres Asuntos pendientes que les acompañan, es que:
  • Una cláusula contractual que permite declarar el vencimiento anticipado de un contrato de préstamo, o crédito, hipotecario, en caso de falta de pago de una única cuota mensual, es abusiva y, por lo tanto, nula …… sin peros que valga.
  • Las cláusulas abusivas no producen efectos vinculantes para el consumidor, por lo que «los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación» dichas cláusula.
  • Determinar si la cláusula ha sido o no efectivamente aplicada carece de pertinencia a efectos de apreciar su carácter abusivo. El hecho de que el umbral esté fijado en tres cuotas mensuales, en lugar de una, no es tampoco pertinente. La práctica comercial de los bancos no puede subsanar la nulidad de esta cláusula de vencimiento anticipado.
  • Una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor.Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, constituyéndose un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva.
  • Dado que una cláusula abusiva declarada nula se considera que nunca ha existido y no ha producido efectos, tendría como consecuencia práctica que no podría iniciarse el procedimiento de ejecución hipotecaria o, si estuviera ya iniciado, no podría proseguir, ya que el pacto entre las partes y la referencia a un vencimiento inscritos en el registro han sido declarados abusivos y, por tanto, nulos y sin efectos. Dejando bien claro que el Tribunal de Justicia europeo declaró en la sentencia Gutiérrez Naranjo y otros, « al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores».

Conviene recordar, que en la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores – Sentencia de 27 de junio de 2000 (Asuntos C-240/98 a C-244/98)- el Tribunal de Justicia declaró por vez primera que « el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas». Esta idea en la que se basa dicha Directiva implica que el juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva y, en consecuencia, deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. Y esa apreciación no debe situarse en el momento de la ejecución del contrato, sino en el momento de su celebración o firma.

Procede recalcar que el momento exacto en que la entidad bancaria ejerce la facultad de resolución anticipada es una cuestión de hecho que carece de pertinencia a efectos del examen de una cláusula que contempla el impago de una sola cuota mensual. No se trata aquí de dilucidar si el comportamiento comercial del banco fue abusivo, sino si una cláusula contractual es abusiva. En contra de lo que se desprende del auto de remisión del asunto C-70/17, un comportamiento comercial  razonable en un marco contractual abusivo no puede privar de utilidad a la declaración del juez sobre el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato. Esta afirmación es válida aún con mayor motivo cuando es precisamente la cláusula controvertida la que permite al banco reclamar la totalidad del importe adeudado restante en el marco de una ejecución hipotecaria a raíz del impago de una sola cuota de capital e intereses.” (Considerando 108 de las Conclusiones del Abogado General del TJUE sobre los Asuntos C-70/17 (Tribunal Supremo) y C-179/17 (JPI nº 1 Barcelona), publicadas el 14 de septiembre de 2018).

En definitiva, ese `brazo armado ́ en el que se ha constituido el Poder Judicial, ejecutando procedimientos hipotecarios a centenares de miles, a favor de las entidades financieras, cuando en sus manos tenían todas las herramientas legales, europeas y nacionales, para declarar NULOS todos esos intentos de instar procesos en base a la abusiva y nula cláusula de vencimiento anticipado, deberá responder de su negligente e insidiosa actuación , y serán los damnificados de esta forma de actuar quienes reclamarán todas aquellas indemnizaciones que les corresponda, al amparo de la “doctrina Francovich“y “sentencia Factortame

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diez años después del colapso financiero: Tomemos el control de las finanzas!

“Furia digna”, diez años después del colapso financiero

Tomemos el control de las finanzas!

Diez años después del colapso de Lehman Brothers, es hora de explicar la historia de la crisis financiera mundial desde la perspectiva de la ciudadanía y de proponer soluciones comunes positivas para dar prioridad al interés público en el futuro. Lehman Brothers se convirtió en un símbolo inolvidable del fracaso de un sistema financiero desregulado, liberalizado e interconectado. El colapso fue el punto de inflexión de una crisis económica y financiera que provocó que millones de personas perdieran sus trabajos, viviendas y acceso a la protección social, tales como prestaciones de paro decentes, pensiones y atención de la salud.

Las negligentes estrategias, y la irresponsabilidad hacia la sociedad mostrada por las corporaciones financieras fueron puestas en evidencia, igual que la pasividad o la complicidad de los políticos en los años anteriores a la crisis y en la imposición del paquete de medidas de ajuste y austeridad como respuesta a la crisis. Se permitió dirigir los mercados a las grandes corporaciones financieras, y el precio fue considerable.

Se nos pide que creamos que han aprendido las lecciones, y que, posiblemente, los cambios necesarios sean inminentes. En cambio, a pesar de las fuertes críticas a la ideología del libre mercado financiero expresadas por muchos desde que empezó la crisis financiera, el neoliberalismo sigue ejerciendo un fuerte control sobre las políticas, normas e instituciones financieras. Esto ha supuesto un ataque total a la calidad de nuestras vidas y a nuestra dignidad. La ciudadanía de todo Europa ha protestado y propuesto soluciones sociales más eficaces para a hacer frente a esta crisis. Hemos tenido un éxito parcial significativo a nivel local, pero todavía tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Los lobbies financieros siguen teniendo un acceso casi ilimitado a los responsables políticos de la Unión Europea, con el resultado de que los mercados financieros siguen siendo hoy peligrosamente inestables, sino más. Las nuevas regulaciones son tímidas e insuficientes, y actualmente se está produciendo una reacción «desreguladora».

El riesgo de otro colapso persiste, y una vez más podríamos vernos obligados a rescatar megabancos con miles de millones de dinero público. Millones de nuevas víctimas podrían unirse a las filas de los que ya están sufriendo la crisis. Incluso ahora, millones de personas se encuentran empobrecidas y endeudadas, lo que constituye un recordatorio constante de que la crisis sigue con nosotros.

Los bancos centrales inyectan grandes cantidades de dinero a la banca y a las empresas privadas, mediante mecanismos de expansión cuantitativa. Y mientras que los grandes bancos y corporaciones disfrutan de sus grandes beneficios gracias a los bajos costes de financiación -una especie de subvención-, cada vez se destina menos dinero a inversiones en infraestructuras, servicios públicos, protección del medio ambiente y lucha contra la pobreza.

Ahora, con motivo del décimo aniversario de la crisis financiera, hacemos un llamamiento a la acción. El aniversario es una oportunidad para crear un nuevo espacio de debate público sobre las causas profundas de la crisis y el futuro de las finanzas. Es una oportunidad para mostrar nuestra indignación: necesitamos una solución socialmente justa a la deuda existente y tenemos que adoptar una postura de cara al futuro. No hemos de pagar deudas ilegítimas ni ahora ni en el futuro. Exigimos que los bancos y las finanzas sirvan a la sociedad. En 2018, empezaremos el difícil proceso de poner las finanzas bajo control democrático.

Tenemos que desmantelar los grandes bancos, acabar con la especulación inútil, introducir una fiscalidad efectiva y justa en el sector financiero y emprender inversiones públicas en servicios e infraestructuras que mejoren la vida y creen puestos de trabajo dignos para muchos y muchas. Tenemos que transformar el sistema financiero para ponerlo al servicio de una economía por una vida en común.

Nos oponemos al enorme impacto negativo de los mercados financieros especulativos, que alimentan la desigualdad social, la pobreza, la escasez de servicios públicos el cambio climático. Queremos adoptar una nueva forma de producir y reproducir, compartir recursos y riqueza. Un nuevo modelo económico que ponga las vidas en su centro. Empezaremos a tomar el control democrático uniendo fuerzas con diferentes personas y grupos que se ven afectados por el impacto negativo de las finanzas en la sociedad. Como prioridad, tenemos que presionar para que se adopten medidas y normas políticas que acaben con la era de la financiarización, en la que la sociedad está dominada por la lógica depredadora de los bancos y de los mercados financieros. Las grandes finanzas son poderosas, pero si nos unimos podemos formar parte de la indispensable acción política para oponernos con éxito. Necesitamos que los colectivos ciudadanos se unan a nuestra campaña y conviertan en 2018 en un punto de inflexión, de forma que los próximos 10 años sean finalmente el momento en que se pueda asumir el control de las finanzas.

Participa el 15 de septiembre en Barcelona en la Jornada de lucha:

Pongamos las finanzas al servicio de les persones i el planeta!


Organizaciones europeas que participan en esta campaña:

Action from Ireland, AktiveArbeitslose (Àustria), Ander Europa (NL+BE), Associació de Permacultura, ATTAC França, ATTAC Alemania, ATTAC Polònia, ATTAC Àustria, ATTAC Irlanda, ATTAC Espanya, Brotfür die Welt/Bread for the World, CADTM Europa, CNCD-11.11.11, Corporate Europe Observatory, CUP, Observatori del deute en la Globalització (ODG), Debt Resistance UK, Ena Banda (Eslovènia), EuroMemo Group, European Network on Debt and Development (Eurodad), FairFin, FinanceWatch, Friends of the Earth Europe.


Colectivos que dan soporte en Cataluña:

Aigua és Vida, Aliança contra la pobresa energética, Assemblea Groga de Gràcia, Associació Erradicar la pobresa, ATTAC Acordem, Ca la Dona, Campanya Banca Armada, Campanya No als TCI, CADTM, Associació 500X20 Lloger públic i asequible, Coordinadora de treballadors i treballadores en atur de Catalunya, Ecologistes en Acció, EKONA, Entrepobles, FAVB-Federació d’Associacions de Veins i veines de Barcelona, FAPAC-Federació d’Associacions de Pares i mares d’Alumnes de Catalunya, FETS-Finances Ètiques i Solidàries, Finance Wacht, Fundació FIARE, Front Cívic de Catalunya, Greenpeace Barcelona, Grup impulsor de la Renda Garantida de Ciutadanía, Icaria Editorial, Marea Blanca, Marea Pensionista, Marxa de la Dignitat, Marxa Mundial de Dones, ODG (Observatori del deute en la globalització), Oikocredit Catalunya, Oxfam Intermón, PAH-Plataforma d’Afectats i afectades per l’Hipoteca, Plataforma D’atenció domiciliària SAD, Plataforma de Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, Plataforma Lleida Social, Plataforma Sortir del Euro, PLEEC – Plataforma per una educació en economía crítica, Radio Rebelde Republicana, REVO Prosperitat Sostenible, SETEM Catalunya, SICOM-Solidaritat i Comunicació, Sindicat de Llogaters i Llogateres, Vidas Sostenibles, XSE-Xarxa de Sobiranía Energética, 350 Org




Foro Vivienda: reseñas ampliadas de talleres y documentación de las ponencias

reseñas ampliadas de talleres, ponencias y documentos.

PONENCIA -HORA
RESEÑA
PERSONA

SÁBADO 7 DE JULIO : ESPACIO 1 : MAÑANA : 9,30- 14horas

Titulizaciones hipotecarias.
estructura financiera- legislación – oposición.

9,30- 11 horas

Ponencia que explica la estructura financiera básica de la titulización hipotecaria. Estudia la escritura de un fondo de titulización para buscar los fundamentos de derecho de oposición a la legitimación activa del Banco en las ejecuciones hipotecarias. Desmonta el argumentario jurídico- legislativo de algunas Audiencias y muestra las contradicciones de la legislación actual. Dirigido a abogados, afectados y personas activistas.

Documento de la Ponencia. Formato pdf>>>

Salva TORRES – fundador de Asc.500×20 de Barcelona y activista vecinal. Responsable de redes de la Asociación.
Taller práctico para encontrar la titulización de su hipoteca.

11- 12,25 horas

APRENDE – ENCUENTRE LA TITULIZACIÓN

*Qué datos necesito para localizar mi titulización?

* Donde los encuentro?

* En que fondos he de buscar?

* Cómo compruebo si mi préstamo está en el fondo que estoy mirando?

*Trucos y estrategias y así hacer más fácil encontrar tú Titulizacion en los fondos.

Los participantes deben traer la siguiente documentación para poder buscar la titulización:

Algún recibo del banco, una nota simple del Registro Propiedad y la escritura de préstamo hipotecario.

Charo Ferrero CAT VALENCIA
(Comunidad Activos TITULIZADOS)
Cambios legislativos, judiciales y defensa jurídica de la ocupación en precario.

12,25- 14 horas

Miles de hogares viven con angustia la espera del desahucio de una vivienda que no les pertenece. La criminalización de la ocupación agrava las consecuencias. El abogado explica sus experiencias en la defensa del precario. José Ángel Gallegos, abogado y activista del derecho a la vivienda

Puede encontrar información complementaria de las charlas de José Angel GALLEGOS sobre ocupación aquí>>>

SÁBADO 7 DE JULIO : ESPACIO 1 : TARDE : 16:00-20:20

El vencimiento anticipado hipotecario y la nulidad de procedimiento.

16- 17,25 horas

Ante la demanda de ejecución de la acreedora, en base al vencimiento anticipado, el Titular del Juzgado correspondiente tiene la obligación de realizar dos tipos de análisis: el del control de transparencia: si dicha cláusula es abusiva y nula en base a la Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia europea, cuestión a la que no nos vamos a referir en este taller dado que existen multitud de pronunciamientos al respecto, y el del control de legalidad: dado que estamos ante un contrato de adhesión en el que la parte predisponente –la entidad financiera- impone el clausulado a la parte adherente –la parte prestataria- sin previo, expreso y fehaciente convenio, pacto o acuerdo de esa introducción, como así requiere el apartado 2 del artículo 693 LEC, un apartado de carácter accesorio, ni imperativo ni supletorio. Por lo qué, la admisión a trámite de dicha demanda, sin ese análisis, determina un procedimiento NULO.
Miguel Beitia- PAH Madrid – periodista
El nuevo contrato hipotecario en el Congreso de los Diputados.

17,30- 19 horas

La UE ha exigido modificar la legislación hipotecaria para adecuarla al marco regulatorio europeo en materia de derechos del consumidor. Luís Chamarro nos hablará del borrador de la nueva ley, las negociaciones parlamentarias, el papel de la Banca en todo ello y la realidad de la calle en el día a día de las ejecuciones hipotecarias Luis Chamarro – presidente de PAH Madrid

PONENCIA
RESEÑA
PERSONA

SÁBADO 7 DE JULIO : ESPACIO 2 : MAÑANA : 9,30- 14horas

La vivienda como mercancía.

9,30- 11 horas

Lógicas y actores de la inversión inmobiliaria. (Buitres y otras bestias.) Marc Iglesias – periodista
La burbuja del alquiler y el rentismo financiero. Herramientas económicas, legislativas y fiscales para pincharla.

Ponencia en formato tertulia entre los conferenciantes

11- 12,25 horas

La ponencia explica y compara el volumen financiero de la burbuja del alquiler y su relación con los presupuestos municipales. Repasa la demografía del inquilinato y su relación con las viviendas alquiladas o vacías. También muestra como revertir “el golpe de estado fiscal” a favor de la rentas inmobiliarias. Y con ello, se concluye con posibles medidas legislativas, económicas y fiscales contra la burbuja del alquiler. Irene Sabaté – Sindicat de Llogaters de BCN- antropóloga social.

documento ponencia>>>

Salva Torres– Asc.500×20

documento ponencia>>>

1936: Cataluña en guerra y en revolución- El Decreto de Municipalización del suelo urbano de la Generalitat de Catalunya.

12,25- 14 horas

Presentación del libro.

La guerra civil de 1936-1939 ha sido, sin duda alguna, el acontecimiento más importante de la historia contemporánea de España, hasta tal punto que sus consecuencias se prolongaron durante buena parte del siglo XX. Cataluña, que durante los años 30 fue considerada «el baluarte de la República», vivió la guerra desde una perspectiva diferente al resto de la España republicana. La profunda revolución social, que se desarrolló como consecuencia del estallido bélico, impregnó todos los niveles de la sociedad catalana: la política, la economía, la cultura, etc., hasta tal punto que sin la revolución se hace difícil entender la guerra civil en Cataluña y la propia evolución de la España republicana. Partiendo de las causas y de los antecedentes del conflicto bélico, el libro muestra la evolución política y militar, los conflictos que enfrentaron a las diferentes fuerzas políticas del bloque antifascista, las disidencias que existieron entre los Gobiernos de la República y de la Generalitat, sin olvidar las dificultades de todo tipo ?especialmente las alimenticias? que sufrió la población durante la guerra y sin pasar por alto aspectos más conflictivos y polémicos ?como la represión o la persecución religiosa? que se produjeron en la retaguardia catalana. El libro concluye con la derrota republicana y con un análisis sobre las profundas consecuencias que esta derrota comportó para Cataluña y para el conjunto de España. Una cuidada selección de documentos sirve para aproximar al lector, a través de unas fuentes coetáneas, al abanico de aspectos que, desde las luchas en la calle del 19 de julio de 1936, hasta la ocupación de Cataluña por parte del ejército de Franco, configuraron la compleja realidad histórica que vivió Cataluña durante el período bélico.
Pelai Pagès I Blanch (Sant Pere Pescador, 1949). Doctor en historia contemporánea y profesor de la misma disciplina en la Universidad de Barcelona desde 1975. Entre otros libros ha publicado Andreu Nin: su evolución política (1911-1937) (1975), El movimiento trotskista en España (1930-1935) (1977), Historia del Partido Comunista de España (1920-1930) (1978), Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios históricos (1983), La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1939) (1987), Las claves del Nacionalismo y el Imperialismo, (1848-1914) (1991), La presó Model de Barcelona. Història d?un centre penintenciari en temps de guerra (1936-1939) (1996) y Aquella guerra tan llunyana i tan propera (1936-1939). Testimonis i records de la Guerra Civil a Catalunya (2003). Ha sido el coordinador para el siglo XX del Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans (2000) y ha dirigido Història del moviment obrer als Països Catalans (2001), Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (2004), La transició democràtica als Països Catalans. Història i memòria (2005) y Guerra, franquisme i transició als Països Catalans (2006). Ha participado en congresos, seminarios y coloquios en Bruselas, Moscú, Turín, ciudad de México, Marsella, Lausana, etc. Es codirector de la revista internacional sobre la guerra civil española «Ebre 38» y ha sido coordinador de «El Temps d?Història» (2001-2005). Ha publicado más de dos centenares de artículos en revistas de divulgación y especializadas. Fue miembro de la Comisión organizadora del I y del II Coloquio Internacional sobre la guerra civil española, celebrados en Barcelona, en 1979 y 1986 y coordinador del Congreso sobre la guerra civil en los Países Catalanes, que se ha celebrado en Valencia en 2006.

SÁBADO 7 DE JULIO : ESPACIO 2 : TARDE : 16:00-20:20

La creación de Dinero-Deuda – La conjura neoliberal del BCE y la Banca Europea.

Ponencia en formato tertulia entre los conferenciantes

16- 17,25 horas

Una aproximación a ¿qué es dinero? Una explicación de como la banca privada y Quantitative Easing del BCE crean el dinero de la nada. Los Balances, activos y pasivos bancarios de la Banca privada y el BCE (eurosistema). Dinero endógeno y exógeno. El papel de la titulización de deudas en la conjura neoliberal.
Documento de la Ponencia. Formato pdf>>>
Salva Torres y Alfredo Apilánez.
El fascismo financiero y la irreformabilidad del sistema.

17,30- 19 horas

Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida digna a la mitad del planeta y que soluciona los que tiene amenazando a la otra mitad, funciona sin duda perfectamente, grandiosamente, con recursos y fuerzas sin precedentes, pero se parece más a un virus que a una sociedad. Puede preocuparnos que el virus tenga problemas para reproducirse o podemos pensar, más bien, que el virus es precisamente nuestro problema. El problema no es la crisis del capitalismo, no, sino el capitalismo mismo. Y el problema es que esta crisis reveladora, potencialmente aprovechable para la emancipación, alcanza a una población sin conciencia y a una izquierda sin una alternativa elaborada.

Santiago Alba Rico

Es proverbial el pánico que produce en la población, incluso en las personas con alto capital cultural, cualquier alusión a las enrevesadas cuestiones relacionadas con temas financieros. Podríamos decir que hay una relación inversamente proporcional entre la relevancia de los formidables efectos sociales causados por las finanzas sobre la vida cotidiana de las personas y el conocimiento que tiene la mayor parte de la población del funcionamiento de esos mecanismos. El papel de la banca en la creación masiva de deuda, la función neurálgica de la banca central “independiente”, el funcionamiento de los sacrosantos mercados financieros, la teoría económica y monetaria con mando en plaza en todos los altavoces mediáticos y cátedras académicas y los resortes ocultos de las políticas económicas austericidas, desarrolladas por los sedicentes representantes de la soberanía popular en su afán de servir al bien común son incomprensibles para el común de los mortales. Todo ello dista mucho de ser casual. La masiva incomprensión de los mecanismos profundos a través de los cuales se ejerce el poder social efectivo es perfectamente funcional a la docilidad y la alienación que facilitan enormemente el alejamiento de la clase trabajadora de la peligrosa tentación del antagonismo. Las reglas que rigen el poder real que ejercen las instituciones que más influencia tienen en los parámetros que determinan la vida cotidiana de la ciudadanía son ajenas a cualquier control mínimamente transparente.

……………

Alfredo Apilánez, economista, activista de 500×20.

Documento de la Ponencia>>>


DOMINGO 8 DE JULIO : ESPACIO 1 : MAÑANA : 9,30- 14horas

PONENCIA y/o TALLER
RESEÑA
PERSONA
Gestión emocional y cuidados del activismo social. La lucha no nos permite muchas veces la reflexión.

Taller

9,30- 11 horas

“La lucha”, el objetivo principal y las problemáticas de las personas con las que trabajamos, cubren todos los espacios de las organizaciones que trabajan en la intervención comunitaria, sin dejar hueco para la reflexión, las emociones y los cuidados.
Este taller trata de evidenciar estas situaciones. Dar diferentes herramientas al activista social para el autocuidado y la gestión emocional desde una metodología práctica
Elena Aragüés Gutiérrez.
Psicòloga General de la Salut. Especialista en Intervenció Comunitària.
Activista de 500×20
La vivienda para quien la habita. Informe sobre la ocupación de viviendas vacías en Catalunya.

Ponencia

11- 12,25 horas

un estudio social estadístico sobre temas salud, género, causas, propiedades.. como la gentrificación y el coste de la vivienda empuja a las personas a ocupar.
Mara Ferrari i Aina Gomà de Obra Social BCN
Simulación de acción.

Taller

12,25- 14 horas

Simulaciones de situaciones de conflicto social Diversos



Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid….. corporativismo en el Consejo General del Poder Judicial

PAH Madrid publica un documento dónde analiza el doble rasero corporativista de la Comisión Permanene del CGPJ respecto de la estafa inmobiliaria

El pasado jueves 16/08/2018 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó por amplia mayoría dar amparo al magistrado del tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, frente a lo que considera `un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional´ frente a demanda interpuesta por políticos catalanes independentistas, ubicados en Escocía y Bélgica, y ante el Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas, por supuesta `vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política.

Es curioso, y a la vez sangrante, contemplar la rapidez en conceder dicho amparo a `uno de los nuestros´, puro y vetusto corporativismo rancio y, sin embargo, abandonar a su suerte a centenares de miles de familias a las que, en la vorágine de la estafa inmobiliaria-financiera, que ya viene durando diez años, se les ha desposeído totalmente de su patrimonio vital en un auténtico contubernio cuyo vórtice lo constituye determinados órganos judiciales –como los juzgados de primera instancia nº 31 y 32 de Madrid, por poner un ejemplo- en una auténtica marabunta alegal de resoluciones judiciales que benefician unívocamente a una de las partes del procedimiento judicial que, ¡oh, casualidad!, suele ser siempre la misma, la parte ejecutante. Dicha forma de emitir fallos convierten a los procedimientos -de ejecución hipotecaria, sobre todo- en radicalmente NULOS.

Ésta Plataforma está recopilando una ingente documental, al respecto de lo manifestado en el párrafo anterior, que hará saltar en añicos la tan patente falta de independencia judicial en este tipo de procesos. Será en la esfera nacional, y si no encontramos apoyos a ello, en la internacional, en las que denunciaremos tan nauseabunda actitud jurisdiccional. ¿Y el C.G.P.J.?, ni está ni se le espera.

¿Dónde quedan esos Principios de Ética Judicial que configuran el Código Ético para la Carrera Judicial, acordado en la sesión celebrada en la sede del C.G.P.J. el 16 de diciembre de 2016?. ¿Dónde está el Principio de Independencia, el de Imparcialidad, el de Integridad, y el de Diligencia y Transparencia que contempla dicho Código?. Por la amplia y abrumadora documentación que obra en poder de esta PAH MADRID, recopilada a través de miles de casos que han transitado por nuestras sedes a lo largo de estos aciagos años, han brillado por su ausencia con una desesperante asiduidad que nos hace afirmar, con conocimiento de causa, que resulta repugnante analizar, sobre todo en determinados procedimientos, los Fundamentos de Derecho y Partes Dispositivas contempladas en resoluciones judiciales que consideramos prácticamente de juzgado de guardia. Y que, evidentemente, ni compartimos ni respetamos. ¿Y donde ha estado el C.G.P.J. que no ha apoyado a esas familias en sus reivindicaciones y denuncias?, lo dicho, ni está ni se le espera.

Triste, muy triste, el inexistente amparo que obtiene el ciudadano, caído en desgracia por la estafa inmobiliaria -financiera de los últimos diez años, cuya salida–
a veces – ha sido el trágico suicidio o la grave enfermedad ocasionada por el estrés provocado por la voracidad financiera que previamente había titulizado dichas deudas y pretende – con posterioridad – sacar tajada, en forma de delito de apropiación indebida y de enriquecimiento injusto, frente a desvalidas familias cuyas armas es la angustia y desesperación de verse con sus menores de edad en la puñetera calle, y todo ello en un país a cuyos representantes político se les llenaba la boca sobre la existencia de tres millones de viviendas vacías.

Y ahora se vuelve a construir de forma desenfrenada y a dar financiación por el 100% del valor del inmueble. ¿Quién es capaz de a firmar que no estuvimos, y  estamos, ante una gigantesca estafa inmobiliaria – financiera? que constituye un enorme fraude institucionalizado a la ciudadanía, a la cual se pretende dejar  exclusivamente con una mano delante y otra detrás. ¿Y dónde está el C.G.P.J. que no apoya a esa ciudadanía cuando la codicia y ambición de unos cuantos, muy
poderosos, pretende devorarlos?, idem de idem, ni está ni se le espera.

Desde aquí, se reclama a dicho Consejo General del Poder Judicial menos corporativismo y proteger los más elementales derechos fundamentales de las familias que se están enfrentando a una terrible situación vital de encontrarse en la calle a través de unos procedimientos de ejecución que debieran ser instantáneamente– desde ya – suspendidos para su posterior revisión, ya que contienen una buena cantidad de infracciones legales y procesales que anulan radicalmente los mismos, convirtiendo a España en la Isla Tortuga del siglo XXI, y el albergue de todos los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros que proliferan hoy día por el proceloso mundo de las finanzas internacionales.

Es evidente, y que no quede duda alguna de ello, que si no se realiza dicha investigación de `motu proprioo, por las autoridades competentes correspondientes, lo hará PAH MADRID con todas las armas legales a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, y acudiendo a todas las instancias a las que podamos tener acceso. Empeñamos nuestra palabra para que esta felonía, canallada, ruindad y vileza no queden impunes, o por lo menos pondremos todos los medios a nuestro alcance para que dichas actitudes tengan su castigo legal y social. ¿Podremos contar, para revertir este `ataque planificado a las condiciones vitales en la independencia de los miembros menos favorecido que componen esta sociedad, con el C.G.P.J.? , nos gustaría pero…………

PAH Madrid