Catalunya: CGT denuncia opacidad y falta de control público en los centros de menores gestionados por grupos privados

Los escándalos de pederastia y la gestión caótica y de lucro privado ha vuelto insostenible la situación como indican muchas entidades como la nuestra y la Taula Energética i de l’Habitatge de Figueres.

Según un grupo de trabajadores de educación social de este sindicato, el aumento de incidentes y la degradación de condiciones está relacionado con el proceso de privatización que ha hecho que el 80% de las plazas actuales estén gestionadas por grupos privados.
Las trabajadoras y trabajadores sociales de la CGT consideran que la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.
Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente de entidades como Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores.

Varios trabajadores del ámbito de la educación social y afiliados al sindicato CGT han denunciado esta mañana en rueda de prensa la situación “insostenible” que, a su juicio, se vive en muchos centros residenciales para menores que dependen de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), marcada por un incremento de los episodios de incidentes. “Los niños titulados en centros de menores se encuentran un una situación de derechos, tal como ha denunciado el propio Síndic de Greuges en varios informes”, apuntó Robert Morral, de la sección de trabajo social de esta organización sindicato.

Según esta denuncia pública, “la falta de recursos terapéuticos se sustituye por medicación psiquiátrica, que debería estar bajo supervisión de personal médico, no bajo supervisión de educadores. Tampoco hay agilidad en la reubicación de los menores, ni en los procesos de acogida a familias “. Esta progresiva “degradación” de condiciones se traduce, según los representantes sindicales, en un aumento de denuncias por incidentes en el seno de los centros por causas vinculadas a conductas sexuadas, consumo de tóxicos o patologías de salud mental grave, que deben asumir centros que no cuentan con personal suficiente especializado. Las trabajadoras de la CGT recuentan hasta 150 incidentes reportados durante el año 2015 sólo en centros de gestión pública y “número inconcreto los privados, donde tenemos menos afiliados, y nos es mucho más difícil hacer seguimiento”. “Hay centros donde han tenido que ir los mozos dos veces en un solo día”, apunta el representante del sindicato.

Para la sección sindical de la CGT, “de incidentes ha habido siempre, pero la situación se ha agudizado en estos últimos años, debido a la saturación de los centros, la falta de inversión y recursos, la progresiva externalización de la gestión de las menores tuteladas a entidades privadas, tituladas por fundaciones o empresas del tercer sector, y la imposibilidad por parte de la administración de fiscalizar el uso de los recursos públicos que llevan a cabo estos agentes privados.

Desde CGT afirma que actualmente hay 2.720 plazas para menores tuteladas en Cataluña, de las que un 80% (unas 2.200) se gestionan de forma privada o concertada. Y de este 80%, el 30% son centros religiosos, como el CRAE Montserrat de Cerdanyola, gestionado por el Instituto Secular de la Cruzada Evangélica.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, junt al director de DGAIA, Ricard Calvo, en la presentació de l’estudi “El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya”. Pla general. 10 de juny del 2016.

Entre 3.000 i 4.000 euros por residente

Se gastan millones de euros con la construcción y reformas de centros que ya se encuentran impecables les dan a fundaciones para que las gestionen de manera privada, además de la donación de suelo público para la construcción de centros privados”, denuncia un comunicado que han difundido hoy las trabajadoras sociales de la CGT. Por cada niño que reside en estos centros gestionados por fundaciones, la DGAIA les paga al menos 3.000 euros; a veces 4.000, sin que haya ninguna fiscalización ni auditoría interna“, detalla la nota.

Fuentes de la DGAIA reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados, “sólo un servicio de inspección y registro del departamento que hace investigaciones motivadas por alguna denuncia”

En varias ocasiones nos dirigimos a la antigua directora de la DGAIA, Mercè Sanmartí, para pedirle que se auditaran los centros concertados y los de gestión privada. Y la respuesta siempre era ‘sí, sí, lo tenemos que hacer ‘, pero todavía estamos esperando, aseguró Morral. Fuentes de la misma DGAIA consultadas por la Directa reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados para la gestión de centros de menores. “Sólo existe un servicio de inspección y registro del departamento de Servicios Sociales que hace investigaciones periódicas, motivadas por alguna denuncia “. La falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.

Las trabajadoras sociales afiliadas a la CGT consideran que, la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio. Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente entidades Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores, como el Mas Garriga. La Plataforma Educativa, según la CGT, es una “fundación empresarial que según su propia página web gestiona más de 10 millones de euros, más del 80% proveniente de la financiación pública, sin ningún control ni auditoría pública independiente conocida”


+++ INFORMACIÓN…

Ricard Calvo
El responsable de Infancia de la generalitat de Catalunya dimite en plena polémica por los centros de menores

……..

Ricard Calvo alega cansancio y también abandona su cargo de regidor en Girona-ciudad.

 




Vivienda: el despilfarro de dinero público en Figueres ¿es moneda corriente en el país?

LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES

certifica que

… el Ayuntamiento de Figueres está llevando una política de gestión económica nefasta, negligente, de mala praxis e indiferente hacia los ciudadanos de Figueres, malgastando el dinero del erario público y dejando de lado los aspectos sociales básicos: de la vivienda, agua, gas, luz, alimentación, educación, sanidad … Incluso, en casos de emergencia social, los servicios sociales, no pueden ofrecer ninguna vivienda para alojar a ninguna familia ni a ninguna persona enferma, ni de la tercera edad … Sencillamente porque no existe.

El mismo Hospital de Figueres, cuando se encuentra en algún caso en el que necesitan de algún lugar para ubicar un paciente, se encuentra totalmente impotente, y los médicos ante esta carencia tan grave, no saben cómo resolverlo.

Según comunica el Sr. Oscar Verges, Regidor de Compromiso de Izquierdas por Figueras, en este municipio hay 783 pisos vacíos que provienen de ejecuciones hipotecarias y que están en manos de entidades financieras, y, nuestro Ayuntamiento, a pesar de tener todo el derecho y la obligación, no les imponen la tasa correspondiente por el uso anómalo de la vivienda aprobada en el año 2016, lo que desmotivaría a los grandes tenedores de tenerlos vacíos y, que al mismo tiempo, permitiría recaudar fondos para políticas sociales. Tampoco se adhieren a la ley de la Generalitat 24/2015 que permite la expropiación temporal de usufructo de viviendas vacías para dotar al municipio de un parque de viviendas para atender a las personas que están en situación de exclusión residencial.

El Ayuntamiento, este año pasado, se gastó 146.000 euros del dinero de los contribuyentes para atender la emergencia en el ámbito de la vivienda de la siguiente manera: en hostales 80.600 euros y en pisos gestionados por entidades privadas 65.500 euros, o sea que todo este gasto ha resultado un derroche totalmente infructuoso y deshonesto del erario público, ya que con esta cantidad el ayuntamiento hubiera podido alquilar unos 24 pisos, a una media de alquiler de 500 euros mes aproximadamente, ahorrando mucho dinero público, dotando al municipio de un parque de viviendas de alquiler social, todo ello, sin perder su obligación de no aliarse con el poder financiero y efectuar las medidas pertinentes para conseguir los pisos vacíos de los bancos. Estas medidas también facilitarían la posibilidad más económica de poder compartir piso a personas solas y aportaría una comodidad para las familias, imposible de obtener en una habitación de un hostal. Somos conocedores de que hay alguna familia con criaturas que lleva más de un año en una pensión y que para una familia numerosa nuestro consistorio llegó a pagar casi 6.000 euros mensuales entre la pensión y la comida durante un periodo superior a 6 meses, y éstos, tan sólo, son dos ejemplos de todas las insensateces cometidas por este consistorio.

Como no hay recursos para servicios sociales, ya que nuestro ayuntamiento les dota de un presupuesto totalmente insuficiente para poder ejercer su trabajo, la política que utiliza su dirección está más encarada a la represión, amenazas, indiferencia y negligencia, que intentar arreglar y prevenir los asuntos sociales y económicos de los ciudadanos figuerenses. “No podemos hacer nada” repiten como un mantra a las personas que acuden para intentar encontrar un apoyo a sus necesidades.

Algunos penosos ejemplos:

Las familias que reciben una prestación de 425 euros, por más miembros que hayan y criaturas, se les quita el Derecho a poder tener alimentos.

Hay personas que viven en Figueres y el consistorio se niega a empadronarlos, dejándolos sin Derechos ni sanidad pública e incumpliendo la ley especificada en el BOE número 71 del 24 de marzo de 2015, que obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos que viven en el municipio.

-El caso de una una chica de 18 años, muy enferma, que estaba durmiendo en la calle y que había ido a servicios sociales pidiendo ayuda porque había huido de su domicilio por malos tratos y, que en vez de haberla acogido rápidamente por apoyarlo, la “derivaron” en la sección de transeúntes de Cáritas, como si encontrarse con una adolescente que pasa fuera lo más normal del mundo … como Cáritas vive de ayudas y de subvenciones, tampoco se rompió la cabeza en analizar el problema de esta chica ni en dedicarle un momento de atención, y toda la ayuda que se les ocurrió hacer para un caso de esta magnitud, fue ofrecerle un bocadillo y la compra de un billete de vuelta a casa. Esperpéntico, pero cierto …

-El caso de una persona que no tenía electricidad y que servicios sociales le indicó que no se dirigiera a la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres para que esta entidad no le podría resolver su situación ya que no se podía hacer nada …, o sea, que la administración en lugar de enfrentarse al poder de las eléctricas y seguir la ley 24/2015 que prohíbe que ningún ciudadano se quede sin luz, se desentendieron de su obligación de informar y ocuparse del cumplimiento de la ley, mintiendo al respecto, e intentando que esta víctima de la pobreza energética hablara con la Tabla energética para que se quedara más indefenso.

Amenazas reiteradas a las personas que pertenecen a la Taula Energètica i de l’Habitatge, intentando atemorizarlas en retirarles las ayudas en caso de que continuaran formando parte de nuestra entidad.

No velar por la salud pública de los ciudadanos permiten que vivan en pisos en malas condiciones con humedades, hongos, vidrios rotos, espacios de 37 metros cuadrados con 5 personas dentro y no hacer nada al respecto aunque haya criaturas.

El Ayuntamiento de Figueres tiene un piso de propiedad para alojar los desahuciados, con criaturas, el cual está ubicado en un quinto piso de una escalera tenebrosa que no reúne los mínimos requeridos por la Cédula de habitabilidad: La escalera no tiene puerta, ni electricidad, los escalones están agrietados, el pasillo es estrecho y totalmente oscuro …, o sea que en el caso de un incendio podría haber una masacre.

Respecto al asunto de la pobreza energética, el ayuntamiento sigue incumpliendo su obligación de poner un servicio de información hacia los usuarios con vulnerabilidad económica, para explicarles que las compañías energéticas no pueden cerrarlos los suministros, y que , en caso de hacerlo, que deben denunciarlo a su ayuntamiento para que los protejan y obliguen a las empresas a devolverles el consumo de inmediato. Hace dos años de este ley y continúan mirando hacia otro lado

En resumen, en Figueres hay un gobierno que está empobreciendo, despreciando y usurpando, cada vez más, los derechos de los ciudadanos, priorizando los beneficios de las grandes empresas y entidades financieras.

La pregunta clave es: ¿Hasta cuándo los vecinos continuaremos permitiendo este ultraje?

FUENTE: http://www.laverdadincomoda.com/la-taula-energetica-i-dhabitatge-de-figueres/.


+++ INFORMACIÓN…




más comentarios sobre usurpación y allanamiento de morada vs ocupación

Los continuados comentarios en la web sobre este tema nos han obligado a puntualizar más en la terminologia jurídica y policial. Reproducimos modificados algunos fragmentos de dos webs sobre este tema..

web 1

Voy a exponer varias situaciones en las que me gustaría me dijeseis si estamos ante ALLANAMIENTO DE MORADA u OCUPACIÓN DE VIVIENDA.
Caso 1.- Salgo de casa para pasar el fin de semana en casa de unos amigos, o simplemente, salgo de casa para ir a hacer una gestión, no quedando en ambos casos, nadie en casa, entiendo que en ambos casos es ALLANAMIENTO, no? si alguien no lo ve así que lo fundamente
Caso 2.- Apartamento que tengo en la playa y al que voy en Semana Santa y verano, nada más. Si un día del mes de noviembre, por poner una fecha, alguien entra en él, qué es ALLANAMIENTO u OCUPACION?
Caso 3. Tengo un apartamento que alquilo esporádicamente. si durante el período en que alguien entra en él, no hay nadie que lo tenga arrendado, entiendo que es OCUPACIÓN. si alguien no lo ve así que lo fundamente!

Una respuesta:

1º Supuesto: Sin lugar a dudas, en mi opinión, es un ALLANAMIENTO DE MORADA.
2º Supuesto: En este supuesto también estaría ante un ALLANAMIENTO de morada, dado que aunque en la vivienda sus moradores estén por los motivo que sean, sigue siendo morada.
Para que lo veas más claro, si en esa casa se produce un robo con fuerza, sin lugar a dudas se le aplicará el tipo cualificado del 241.2 Código Penal, es decir de casa habitada.
Hay que tener en cuenta, que aunque en un casa no estén sus moradores por lo motivos que sea, sigue constituyendo morada. Lo más importante demostrar que en esa vivienda se desarrolla una morada, por ejemplo: Elementos mínimos necesario para desarrollar la vida cotidiana, camas, presencia de ropa en armarios………….. Las segundas viviendas constituirían una morada.
3º Supuesto: es una Usupación, si la estancia de las personas que entran es duradera, ya que no esa vivienda no constituía morada alguna.

Hay en cuenta una cosa, que el delito de allanamiento de morada, normalmente se da como consecuencia o desencadenante de la comisión de otro delito o falta, como por ejemplo: Robos, hurtos, lesiones, detenciones ilegales, agresiones sexuales……. Como delito autónomo raras veces se da, pero existen casos. En la USURPACIÓN (sin violencia e intimidación), un elemento que se tiene que dar de forma obligatoria es que el inmueble NO contituya MORADA.

otro comentario en otra web, en este caso policial, indaga sobre delito “in fraganti”….. sobre si la ocupación- usurpación se ha consolidado.

En cuanto a tu referencia a delito “in fraganti”, supongo que en referencia a viviendas desocupadas en propiedad de entidades bancarias, no existe tal, pues la diferencia entre allanamiento de morada y usurpación, se establecerá en la intencionalidad que se desprenda del autor. Una vez cambiada la cerradura la intención estará muy clara, será la usurpación del inmueble, pero antes de esto, se deberá entender tal, en la continuidad de la acción. Así pues, únicamente se podrá basar en las manifestaciones de los propios vecinos y siempre con denuncia del propietario del inmueble, aunque no se podrá realizar entrada en la vivienda, pues en este delito – usurpación- no se debe olvidar que se trata de una morada y aunque la acción se realice mediante una acción ilícita, nosotros como funcionarios públicos no deberemos quebrantarla sin autorización judicial. El ejemplo claro se tiene en que a sabiendas que existe una usurpación, se debe seguir el proceso judicial pertinente, que en el caso de presencia de secretaria judicial, siempre aportan notificaciones de desalojo anteriores y comprobación de existencia de familias en interior de viviendas antes del cambio de cerradura, exponiendo en la puerta el acta judicial de tal hecho. Si fuese tan fácil dicha entrada, el mismo propietario podría cambiar la cerradura de su inmueble y eso no es posible cuando existen moradores en la vivienda, se debe seguir el proceso judicial.


la información obtenida en …

  • https://www.legalitas.com/actualidad/Es-lo-mismo-allanamiento-que-usurpacion-de-vivienda
  • https://www.infopolicial.com/t13269-consulta-diferencia-entre-usurpacion-de-inmueble-y-allanamiento-morada-con-animo-de-ocupacion

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al tener la exclusiva de crear dinero de la nada, la banca privada tiene un poder desmesurado y antidemocrático.

“Los bancos no pueden tener la exclusiva de crear dinero”
“A los bancos no les cuesta nada y, además, cobran interés”

Susana Martín Belmonte Economista, autora de ‘ Nada está perdido

fuente: La Vanguardia.(1)

Cuando la sucursal de un banco concede un préstamo a un cliente, no posee en absoluto ese dinero en la caja. En realidad, lo crea de la nada en el momento de prestarlo. A los bancos no les cuesta nada y, además, cobran interés. Y lo hacen sin que nadie les controle. La economista Susana Martín Belmonte está embarcada desde hace años en el objetivo de hacer inteligible para el ciudadano esta cuestión fundamental del capitalismo financiero: cómo se crea el dinero y por qué las entidades financieras tienen la exclusiva de creación del dinero, ya que los bancos centrales sólo crean el efectivo (dinero en metálico)

Lo explica con rigor y pedagogía en su libro Nada está perdido. Un sistema monetario y financiero alternativo y sano (Icaria, 2011) (2). Su afán es claro: con más regulación y sin esta exclusividad, “la economía se democratiza y se pueden tomar decisiones valorando -el interés social- de las inversiones“. martín Belmonte, que trabaja en el proyecto europeo, juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, para crear una moneda social, argumenta sus teorias económicas.

Capitalismo imperfecto

El capitalismo no funciona bien, tiene crisis periódicas y la idea general es que hemos de conformarnos que así sea. Este conformismo se debe al hecho que las soluciones se buscan fuera de la esencia del capitalismo, fuera del sistema monetario y financiero. Por ello es básico conocer como se crean los dineros

Dineros mágicos

Los Bancos crean dinero de la nada cuando los prestan. Ya lo escribí en el 2011, al libro, y no era nada nuevo, pero se conocía poco fuera del ámbito bancario. En el 2014, el Banco de Inglaterra publicó un artículo que explicaba lo mismo: que en la economía moderna los dineros se crean, esencialemnte, cuando los bancos los prestan, que es cuando crean depósitos (en la cuenta de los clientes – el préstamo). Pero una encuesta entre diputados del Reino Unido demostró que el 90% no conocían del todo como se crean los dineros… y se dedican a la función pública!!!! La crisis financiera ha incentivado estudios sobre estas cuestiones y cada vez hay más movimientos que reclaman modificar el sistema monetario y financiero.

Economía fuera de control

Mucha gente predijo la crisis, pero, en que momento se manifiesta, eso no lo sabe nadie. Está en manos de infinidad de personas el hecho de mantener la confianza en unos activos o perderla de golpe y entonces comienzan a vender y se precipita la caída. Se llega a esa situación por una combinación de factores: la prensa, la actualidad, la confianza de la gente, basada en temas absurdos, irreales…. No hay nadie allí, delante de todo esto y eso es muy peligroso.

La regulación (como mínimo)

Cuando tomas conciencia que los bancos crean dineros, la regulación se hace cada vez más necesaria. La experiencia nos ha demostrado que la capacidad  de crear dinero es un poder tan fuerte, por ejemplo, tu puedes prestar el dinero a un partido político y olvidarte de ese préstamo, no pedir que te lo devuelvan nunca. Con favores así, que sólo tu puedes conceder, puedes conseguir que los que regulan se olviden de regularte o que no cambien nunca la ley. Cuando tienes el poder de crear el dinero, es muy difícil que alguien te regule de verdad.

Más creadores de dinero

La única salida, en el ámbito político, es que, además de regular a los bancos, haya más personas y entidades con capacidad dec rear dinero: democratizar la creación monetaria. Ahora necesitas tener una riqueza enorme para entrar en el club de los creadores de dinero, que son los que tienen una licencia bancaria. Este cblub, reducido, tiene la prerrogativa de poder comprar al poder político, porqué realmente nadie más puede hacerlo.

Confianza más repartida

“Es esencial democratizar la creación monetaria y para conseguirlo necesitamos unas estructuras, que aún no existen, que no están perfeccionadas, de creación de confianza, de creación de un registro de reputación de empresas ……………..” (2)

Nuevos actores

“a los bancos, el objetivo de la inversión les es bastante igual si la recuperan: estudian el riesgo y la rentabilidad pero no tienen en cuenta el objetivo social……………”

¿Y las monedas sociales?

“Son los nuevos actores pero también generan un nuevo tipo de dinero digital. Ahora, el banco te da la garantía que tu depósito bancario son dinero que puedes cambiar en efectivo o los puedes transferir a otra entidad financiera. Es una garnatía difícil de cumplir, por la cualcosa los reguladores -BCE-  exigen requisitos muy duros a los bancos para crear este tipo de dinero. pero es inútil, el sistema financiero es absolutamente inestable, ya que depende que la gente no vaya al banco a retirar todos los depósitos……….”

Fuente de desigualdad

“Los intereses  son un mecanismo de desigualdades económicas enormes: llevan dinero de las capas bajas de la población a las capas altas. El interés lo pagamos todos porqué está incluido en el precio de los productos. En todo pagamos intereses; pagamos el coste del capital y este coste va directamente a quién más dinero tiene. -Las monedas sociales- no cobrarían interés y no contribuirían a la desigualdad”

Adiós, interés

“Normalmente las monedas sociales se crean sin interés. Normalmente, el tipo de crédito que se da con las monedas sociales es para circulante, para bienes que están a punto de entrar en el mercado, y en este caso, el cobro e intereses no tiene ninguna justificación cuando piensas que el dinero se crea de la nada……”


  1. La Vanguardia. http://www.lavanguardia.com/economia/20170702/423834976169/los-bancos-no-pueden-tener-la-exclusiva-de-crear-dinero.html
  2. Icaria editorial, http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1261
  3. el artículo entero en la web, http://www.cepta.es/web/binary/saveas?model=ir.attachment&field=datas&filename_field=name&id=17336


+++ info

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la banca inventa: ejecución hipotecaria? no! … demanda de juicio ordinario.

EL BBVA MÁS PERDIDO QUE RAJOY HABLANDO EN INGLÉS

En vista que últimamente en los Juzgados, los bancos están de capa caída. No les queda otra que INVENTAR NUEVOS CAMINOS para poder seguir con los desahucios. Esto está haciendo BBVA.

Y es que como hemos dicho bien en nuestro titular, el BBVA va más perdido que Rajoy hablando en inglés. Aunque por las últimas intervenciones de éste, también podríamos decir que en castellano no se defiende mucho mejor.

Aquí nos encontramos con esta nueva forma de encarar los juicios. Y es que ya están empezando a ver que les está saliendo el tiro por la culata.

Así que se sacan un conejo de la chistera, y “tachaaaan” ¡¡magia!! .Ya no van por el procedimiento ESPECIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA, que es un procedimiento hecho a medida por los legisladores para los bancos.

Ahora su nueva “estrategia”, su nuevo conejo que sale de la chistera se llama, “PROCEDIMIENTO ORDINARIO”, que es básicamente, un procedimiento general para toda clase de demandas.

NUEVA ESTRATEGIA PARA SEGUIR CON LOS DESAHUCIOS PREPARADA POR LOS BANCOS

La pregunta del millón, ¿ Por qué?.  Por que han ido perdiendo terreno en los procedimientos que ellos mismos han inventado. Como en la clausula del vencimiento anticipado, donde están y siguen perdiendo día tras día en las distintas demandas.

Ahora bien, qué hacer ante esta nueva estrategia del Banco.  Hemos realizado una reunión de trabajo con distintos actores entre otros, Asociación Estafados por la Banca, Asociación 500×20 de Barcelona, Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Vendrell( PAH VENDRELL), y el escritor Jose Manuel Novoa Novoa, y entre todos hemos elaborado un plan de choque para que el banco se dé de nuevo de bruces contra él mismo.

Obviamente, no revelaremos la “estrategia”. Lo haremos donde debe ser, que es en los Juzgados, para que el banco no sepa por donde le van a caer las hostias.

Aunque suene un poco brusco, es la mejor frase que representa al mismo banco, ya que son ellos mismos los que reparten hostias a discreción y sin anestesia a los ciudadanos.

AQUI OS DEJO EL NUEVO ENCABEZADO DE LA NUEVA DEMANDA QUE HEMOS RECIBIDO. ¿QUÉ OS PARECE LA ACTITUD DEL BBVA?

La otra gran novedad, es que el BBVA no presenta SOLITO la demanda. Sino que la hacen en conjunto con ANTICIPA. Ahora bien, ¿alguién sabe quién es realmente ANTICIPA?.

Podríamos decirlo de esta forma, ” ANTICIPA, es una mercantil, que hacen de TAPADERA del fondo buitre americano BLACKSTONE”. El motivo por el cual el BBVA los agrega en las demandas en contra de las familias, se debe, a que CATALUNYA BANK había vendido sus préstamos hipotecarios a éste fondo buitre.

Lo que significa que en su momento, CATALUNYA BANK ahora BBVA, había dejado de ser el acreedor legítimo, es decir, el dueño.  Este es otro de los hechos por los cuales los bancos han perdido muchos de los juicios por falta de legitimación activa.

En resumen, el BBVA ha introducido dos novedades:

  • PRIMERO, utilizan otro procedimiento.
  • SEGUNDO, incorporan al fondo buitre para poder seguir desahuciando a la gente.

¡¡ Bravo BBVA !!

Andres Giordana, abogado colaborador de asc.500×20 //

http://abogadoslowcostag.com/el-bbva-mas-perdido-que-rajoy-hablando-en-ingles/

también le puede interesar…

Cómo actuar delante de Anticipa Real State: ¿ponemos una piedra en el zapato de Blackstone?




Sí…. se puede y se debe denunciar al casero por fraude fiscal y por fianza no declarada del alquiler.

este documento habla de:

  • DENUNCIA FISCAL CONTRA EL ARRENDADOR – PROPIEDAD
  • DENUNCIA por fianza no declarada del alquiler CONTRA EL ARRENDADOR – PROPIEDAD.
  • DEMANDA CONTRA EL ARRENDADOR – PROPIEDAD POR DAÑOS Y PERJUCIOS DE FIANZA NO DECLARADA y paralela de Hacienda.

DENUNCIA FISCAL

Las rentas del alquiler no son de las cosas que se declaran a Hacienda en este país. Esta es la información que se obtiene año tras año de los inspectores de Hacienda, del sindicato GESTHA, que reconoce que aún así en los últimos años los alquileres no declarados han pasado del 54 al 41% (1). Si se hacen cuatro números por las enormes ventajas fiscales que suponían declararlos no vale la pena arriesgarse (2).

En la propiedad jurídica, o sea, las empresas especializadas en la gestión de comunidades de alquiler el fraude es menor porque las ventajas de declarar son tan grandes que no hacerlo significan en realidad pérdidas. Nos referimos a las inmobiliarias de bancos, socimis, API’s, etc… De hecho fiscalmente para los propietarios, con un buen asesoramiento fiscal y todas las triquiñuelas posibles, las rentas de alquiler son fiscalmente neutras. O sea, si eres inquilino pagas el alquiler y casi nadie recibe desgravaciones fiscales. Si eres propietario, recibes tantas desgravaciones fiscales y deducciones que no pagas nada a Hacienda por las rentas que cobras de tus inquilinos. Así es, los rentistas profesionales, los que viven de rentas – sin sudar- tienen un régimen tributario mil veces mejor que los que sí trabajan y se sudan la camisa.

En los segmentos de la propiedad que más se da esta circunstancia de fraude es en las personas físicas, o sea, los pequeños propietarios. No está de más recordar dos cosas:

  • el porcentaje de caseros defraudadores es 10 a 1 superior al de inquilinos morosos.
  • por tanto, la figura del inquilino moroso es una entelequia comparada con la del casero evasor de impuestos.
  • la medida del PP en el 2014 consistente en eliminar las desgravaciones a los inquilinos (3) volverá a incrementar el fraude porqué los inquilinos no desgravan y Hacienda no sabe quién alquila. ¿no está hecha a medida esta reforma para incrementar el fraude?

Así es, los rentistas profesionales, los que viven de rentas – sin sudar- tienen un régimen tributario mil veces mejor que los que sí trabajan y se sudan la camisa.

Indicios que el casero no declara su alquiler a Hacienda.

Primero decir que cualquier contrato, incluso verbal, es legal. Una cosa es que el contrato sea legal y otra que se declare, o sea, se eleva a público. No tenga miedo en ese sentido. Cualquiera de los siguientes indicios pueden descubrir que su casero no tributa al fisco. Cuantos más indicios tenga es más evidente que hay fraude. Los indicios que las rentas que paga usted por su alquiler no se declaran a Hacienda son:

  • un contrato de alquiler con papel no adecuado, hecho a mano, etc. Aunque hemos visto contratos con papel timbrado que no se declaran.
  • comprobar que la fianza esta depositada en la agencia de vivienda de tu comunidad. . También se la puedes pedir a la propiedad pero entonces le estas enseñando las cartas.
  • comprobar si el contrato esta inscrito en el Registro de la Propiedad.
  • comprobar el censo por si cualquier casualidad el propietario vive con usted (jolin!)
  • no tiene una dirección del propietario o carece de su NIF.
  • se cobra siempre en mano o con un recibo que no identifica al propietario.

¿Por qué debe denunciar al casero defraudador?

A lo largo de la vida del contrato de alquiler, la interpretación y aplicación de las cláusulas del contrato de alquiler, suelen dar lugar a multitud de situaciones que el inquilino las vive como injusticias. Seguramente la finalización de un contrato, las situaciones de mobing inmobiliario u encarecimientos de los recibos por causas de dudosa justificación pueden llevarle a decir ¡¡¡ BASTA !!!

Si ha acumulado información sobre el casero defraudador puede utilizarla según crea conveniente pero la web de la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad anónima de denunciar este tipo de fraudes. (4)

¿Cómo denunciar un fraude fiscal en el alquiler? Instrucciones para presentar la denuncia:

  1. Pueden presentar denuncias públicas tributarias cualquier persona física o jurídica que conozca hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos.
  2. Para presentar la denuncia se procederá a rellenar los datos que se solicitan en el modelo de presentación on line. La denuncia debe ser clara y concreta y ha de contener el mayor número de datos conocidos que sean necesarios para la identificación del denunciado.
  3. Junto con la denuncia es posible anexar los ficheros que se estimen oportunos y que sirvan deprueba de los hechos denunciados. Para ello se adjuntarán los ficheros haciendo uso de la opciónindicada en el modelo de presentación on line. Se pueden anexar hasta 10 ficheros, que pueden ser tanto documentos como imágenes.
  4. Sólo se permiten leer ficheros ubicados en un directorio raiz con nombre aeat . Mueva los ficheros que desea leer a un directorio raiz cuyo nombre comience por aeat o un subdirectorio de éste.
  5. La presentación de la denuncia no da lugar al inicio de actuaciones inspectoras ni origina derecho alguno para el denunciante en cuanto al cobro de ningún tipo de gratificación o la posibilidad de recibir información alguna en relación con la investigación de los datos denunciados o la tramitación de los procedimientos. El denunciante no tiene, en ningún caso, la condición de interesado en la actuación administrativa.
  6. Una vez enviada la denuncia, el sistema comprobará que contiene el contenido mínimo exigido y asignará a la misma un número de registro de entrada que aparecerá en pantalla. El denunciante podrá imprimir o guardar en disco este número de registro.
  7. Con posterioridad a la presentación de la denuncia, el denunciante podrá aportar nuevosdatos, ficheros o documentación ya sea online o directamente en una delegación o administración de la A.E.A.T.para ello deberá indicar el número de registro de entrada, al objeto de incorporar dicha información a la denuncia presentada.
  8. La presentación de la denuncia supone que el denunciante conoce y está conforme con los requisitos aquí expresados.
  9. El máximo número de imágenes por denuncia es de 10 anexos y el tamaño no debe de exceder de 2 Megabytes.

direcciones y documentos de denuncia:

Seguramente necesitará certificado digital para identificarse aunque también puede hacerlo presencialmente. Su anonimato está garantizado pero tampoco tiene derecho a saber si la denuncia ha prosperado…


1.- Gestha denuncia que cuatro de cada diez alquileres de vivienda no se declaran a Hacienda.
2.- asc.500×20: Un estudio comparativa de las ventajas fiscales de los propietarios de rentas de alquiler.
3.- El Mundo, La vivienda pierde atractivo fiscal, 2015
4.- elconfidencialdigital,  Delatores fiscales. Hacienda ha puesto en marcha 2.000 inspecciones a partir de chivatazos anónimos.


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DENUNCIA por fianza no declarada del alquiler.

El depósito de la fianza en el organismo oficial encargado en cada Comunidad autónoma es de obligado cumplimiento por la LAU. Si no está registrada la fianza Hacienda mismo puede denegarle las desgravaciones por ayudas al alquiler. Usted mismo puede saber si su fianza se ha depositado donde toca y el propietario-casero no lo ha hecho. Si el propietario no ingresa la fianza en el organismo oficial correspondiente entonces incurre en sanción: hay multa, intereses de demora y recargo. O incluso daños y perjuicios al arrendatario si este se ha visto mermado en sus derechos fiscales.

En la actual LAU -2017- es obligatorio que el arrendatario-casero cobre en concepto de fianza la cantidad de UNA MENSUALIDAD del importe de la renta convenida al inquilino como fianza. En caso de arrendamiento para uso distinto del de vivienda (ej: locales de negocio) la fianza será de dos mensualidades.

Una vez cobrada la fianza arrendador, el casero tiene la obligación de proceder al depósito de la misma en el organismo correspondiente que cada Comunidad Autónoma haya designado, en el plazo y forma que igualmente se establezca en la cada una de estas legislaciones.

Además del depósito obligatorio el contrato podría determinar si las partes así lo acuerdan – eufemismo de imposición– otras fianzas pero u depósitos que no tienen que ver con está obligación inicial.

Legislaciones de los depósitos de fianzas de alquiler:

– Comunidad Autónoma de ANDALUCIA:  Ley 8/1997 de 23 de diciembre.

– Comunidad de MADRID:  Decreto 181/1996 de 5 de diciembre.

– Generalitat de CATALUNYA:  Ley 13/1996 de 29 de Julio.

– Generalitat VALENCIANA:  Decreto 333/1995 de 3 de noviembre.

– Comunidad Autónoma de CANARIAS: Disposición Adicional Séptima Ley 5/1996 de 27 de diciembre.

La responsabilidad por no depositar la fianza será exclusivamente del arrendador. Este incumplimiento puede provocar la imposición de distintas sanciones pecuniarias (MULTAS) dependiendo de la Comunidad Autónoma donde debe depositarse la fianza. Pero además de esta responsabilidad administrativa del arrendador, también puede tener otra CIVIL frente al inquilino por los daños y perjucios que le puede haber ocasionado  NO HABER DEPOSITADO la fianza en la comunidad Autónoma.

EJEMPLO:

Si el arrendador no ha depositado la fianza, es casi seguro que la Agencia Tributaria (Hacienda) no le va a conceder al inquilino los beneficios fiscales por deducción del alquiler, en los supuestos que procedan, ya que es una exigencia legal el previo depósito de la fianza para acogerse a estas deducciones.

Imaginaros que el arrendatario o inquilino ha pagado la fianza establecida en el contrato de arrendamiento y se ve perjudicado cuando pretende deducirse el alquiler de la vivienda y no puede, o una vez efectuada Hacienda le envía una declaración paralela reclamándole dichas deducciones. En estos casos es evidente que se ha producido un daño imputable al arrendador por incumplimiento de sus obligaciones legales, lo que según nuestra opinión derivaría en una responsabilidad por no depositar la fianza arrendaticia con la consecuencia de indemnización de daños y perjuicios.

Por tanto, el inquilino podría demandar civilmente al arrendador exigiéndole la reparación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El obligado a probar los perjuicios es el inquilino, de ahí la importancia para el éxito de la pretensión ante el Juzgado de que acredite o pruebe suficientemente todos estos extremos, como por ejemplo el importe deducido por el alquiler que ha sido rechazado por Hacienda, las devoluciones que haya tenido que hacer a Hacienda, etcétera.

Antes de iniciar el procedimiento judicial, es conveniente enviarle al arrendador un burofax con acuse de recibo y certificación de texto, donde se le especifique el importe de los perjuicios ocasionados y la concesión de un breve plazo para su pago, con la advertencia de que en caso contrario se ejercitarán acciones judiciales. Este burofax, también nos servirá en el caso de acudir a un juicio, para acreditar el intento de solución extraprocesal del asunto y para que le impongan, en su caso, las costas del juicio al demandado. Resumiendo: La responsabilidad por no depositar la fianza puede derivar en responsabilidad administrativa (MULTA) y  en la condena del arrendador a la indemnización de los daños y perjuicios que acredite el inquilino por el incumplimiento de sus obligaciones.

extraido de: mundo jurídico


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Anomalias observadas en un piso a Figueres-Girona que fue entregado en febrero del 2016 por Habitatge de la Generalitat de Catalunya

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Anomalies observades en un pis va que va ser entregat al febrer del 2016, per Habitatge de la Generalitat, al carrer Ponent, nº 36 a Figueres, sense ascensor, a una família composta per una dona, ara, embarassada i dues criatures de 9 i de dotze anys.

1-CUINA

Veiem que a la cuina, al safareig, té rovellada tota la finestra, a causa de l’aigua que cau del sostre quan plou.

2-MENJADOR

a)La finestra que dóna a la Terrassa no tanca bé.

b)La persiana està trencada.

c)Els vidres, com observareu, estan totalment esberlats, el que representa un perill de mort per a la família i sobretot, per als infants. Ja que en sortir o entrar els hi poden caure tots els vidres a sobre i degollar-los. Això s’ha produït pel fet que les finestres són molt senzilles i els marcs com es mouen poden trencar els vidres de poc espessor.

3-PORTES

Estan fetes de fullola prima i 4 llistons, com les de niu d’abella, però de mala qualitat. Una porta, que ja hi havia un furat abans, la van tapar amb pasta abans d’entregar el pis, però d’una manera totalment matussera. L’altra se’ls hi va trencar a ells per caure-hi una fusta a sobre.

4-PERSIANES

En dues finestres no n’hi ha. A les altres finestres que hi són, estan totes espatllades.

5-FINESTRES

Vidres de poc espessor. No tanquen bé i hi passa el fred i la calor tant pel marc com pels tapajuntes. Amb el fred regalimen aigua i mullen els llits impedint que s’hi pugui dormir. Les finestres i els muntants son d’una ínfima qualitat, no tenen pont tèrmic, i ni els vidres son dobles i no aïllen del fred i la calor.

6-HUMITATS

Al ser les parets fredes amb molt poc aïllament, les habitacions estan plenes d’humitat per la condensació del vapor de la respiració, de la cocció d’aliments a la cuina i el vapor de la dutxa i s’hi han fet fongs. Quan els hi van entregar el pis, van pintar les parets perquè no es veiessin els senyals, però han anat sortint i fins i tot cau la pintura a trossos de la paret i del sostre

7-LAVABO

Ens trobem també amb importants problemes de la humitat. Mireu la fotografia.

8-AÏLLAMENT:

Ja ho hem comentat. No n’hi ha.

9-DIPÒSIT D’AIGUA SANITARIA:

l’escalfador és petit i no te suficient aigua per poder-se dutxar tota la família.

11-TEMPERATURA:

En un dia d’hivern es va mesurar la temperatura i es va comprovar que:

A les 17:00 hores la temperatura del pis era de 9 graus. A les 22 hores era de 7’5 graus

Nota: La Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres ha anat enviant diversos escrits a l’Ajuntament, amb fotografies del pis, des del mes de gener del 2017 advertint-los del perill que suposa aquest pis per tot l’ exposat, i mostrant-los el risc de mort que hi ha amb el vidre del menjador. Hem demanat que hi anés un tècnic que revisés l’estat d’aquest habitatge, però fins ara no hem rebut cap resposta, el que constata la manca de responsabilitat de l’Ajuntament de Figueres cap a l’atenció ciutadana. Deplorable




denuncies de la Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres

Els nens sense recursos. La carn de canó dels Serveis Socials.

La X és una dona que ha sofert molt a la seva vida. Dona divorciada amb dos fills, sense cap recurs econòmic. La van desnonar de la seva vivenda per no poder pagar-la. Li van entregar un pis de la Generalitat en un estat lamentable: huminats, geló a l’hivern, fongs, goteres… Vam demanar reiterades vegades que li arreglessin el pis per protegir els menors, no ens van fer cas, Serveis Socials quan anaven a casa seva li miraven a sota el llit per si de cas hi tenia un tresor amagat i li obrien la nevera. Hi anaven sense avisar-la per descobrir-la en un flagrant delicte… Ella, una dona pobra, amb dos fills al seu càrrec, a punt ja de parir, de fet pot ser aquesta mateixa setmana, es va atrevir a posar-se en contacte amb el Síndic de Greuges per explicar la situació del seu domicilii demanar empar per als seus fills i el que ha de néixer… La resposta va arribar el passat dimarts, quan la van citar de (EAIA) irònicament anomenada: Equip d’atenció a la infancia i adolescència per dir-li amb tota fredor, amb despotisme, sense cap jutge… que li “robarien” el seu fill al momento del part Que li arrabassarien dels seus braços i del seu pit al seu nadó amb el cinisme de dir que és per la protección del menor.
Aquesta dona és pobra i vulnerable, però en tot momento ha tingut cura dels seus fills, els ha portat nets, escolaritzats, al pediatra, estimats, sempre amunt i avall amb ells agafats de la seva mà. Quins tipus de botxins tenim a l’administració?
Aquesta és la millor lliçó per als pares que es troben en una situación d’angoixa i de vulnerabilitat económica perquè no s’atansin a serveis socials, perquè no es demanin ajudes. És un càstig a la pobresa, és la pitjor vilesa que pot caure l’administració, és una màfia…

FAMÍLIES DESTROZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN: EL ROBO IMPUNE DE LOS NIÑOS.

Mis padres se les ocurrió pedir ayuda económica a la Administración y ahí empezó la pesadilla y la destrucción de mi familia”, dice María, la denunciante. La joven ha estado cuatro años tutelada por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Este organismo ha retirado, desde enero hasta septiembre de este año, a 652 menores de sus familias.

María explica que una mañana dos trabajadores de la Administración y dos ‘mossos’ fueron a su casa y se la llevaron a ella y a sus hermanos. “Corrían por las habitaciones recogiendo ropa en sacos de basura. Lo más impactante fue el momento en el que separaron a mi hermano de 9 meses del pecho de mi madre”, relata.

Este es uno de los últimos testimonios que ha recibido la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo “contra el sistema de protección de menores de los servicios de bienestar social” que funciona en España. Y argumenta que, con la excusa de proteger a los niños, “se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal”. A esta iniciativa se han sumado otras tres entidades.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Familias a las que la DGAIA les ha retirado en Catalunya a hijos o nietos se han organizado en Barcelona para coordinar las acciones legales. Un grupo de madres ha constituido la Marea Turquesa, coordinada en Catalunya por Rosa Gómez, y junto a Stop Impunidad Maltrato Infantil en Catalunya (Simicat), liderada por Judith Martínez Velasco, se manifiestan un domingo al mes en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Gemma Lienas, diputada del Parlament por el grupo Catalunya Sí Que Es Pot, ha pedido explicaciones a la ‘consellera’ de Afers Socials, Dolors Bassa. Actualmente, y según la DGAIA, en Catalunya hay 6.500 menores en desamparo: 3.840 en acogida, 2.850 en centros tutelados y el resto en otros espacios.
El proceso por el cual se abre un expediente a una familia puede comenzar con una denuncia anónima de vecinos, alertas de hospitales y colegios o bien denuncias cruzadas en divorcios complicados. O por “pedir ayuda a los servicios sociales municipales o comarcales”, apunta Sílvia Giménez-Salinas, abogada de familia. Si se detecta que hay menores, la Administración enciende el foco.

Los argumentos para investigar a la familia son variados. Por ejemplo, que el niño lleva la misma ropa durante varios días, no va a clase o va con sandalias en invierno. Hay otras situaciones en las que la resolución de desamparo se argumenta así: “Precaridad económica. Actualmente en paro. Presenta inestabilidad laboral y falta de ingresos propios”, consta en un documento al que ha tenido acceso este diario. Lienas lo ratifica: “La mayoría de las retiradas son en familias con pocos recursos”. Pero también las han sufrido abogados, pediatras, ginecólogos o ejecutivos.

SIN JUEZ

La retirada de un menor se produce cuando la Administración dictamina que el pequeño está en situación de desamparo. “La familia es conocedora y en la mayoría de los casos acepta los desamparos”, argumenta Ricard Calvo, director general de la DGAIA. La decisión la toma un equipo técnico formado por un psicólogo, un pedagogo y un educador social. Es una resolución administrativa “sin garantías judiciales”, señala Giménez-Salinas. “No tienen ningún control. Si no desamparan al menor y le ocurre algo la responsabilidad es de ellos y de la DGAIA, pero si desamparan y no hacía falta no pagan por su error”, insiste Lienas.

Por eso, en la denuncia colectiva que prepara Aprodeme se reclama “revisar todos los casos dudosos” y que se cambie el sistema actual para que intervenga desde el principio un juez, cosa que solo sucede cuando la familia quiere recuperar al menor. El abogado Enrique Vila, que coordina la denuncia de las familias de los menores, es contundente: “La retirada de un niño de su familia solo debe producirse en situaciones extremas, si el menor corre peligro físico o psíquico, y no siempre es así”.

RETIRADAS EN LA CALLE

“Los Mossos retiran a los niños en colegios y la familia se entera cuando va a recogerlos o en la guardería como le sucedió a C.S. La separación también se produce en plena calle o en el hospital donde está ingresado”, afirma Giménez-Salinas. Esto le ocurrió a C.C. con su hijo de 7 años. Vila concluye: “Procuran no ir a la casa porque precisan orden judicial”. A veces, se cita a la familia en servicios sociales. “Te dicen que no hagas dramas y el niño se queda con ellos”, afirma Rosa Goméz, que lleva 6 meses separada a la fuerza de su hijo Damià. Calvo afirma que la media para que un niño regrese a casa se sitúa entre de 2 y 3 años. Aunque hay ocasiones en las que la recuperación del menor se produce cuando este cumple 18 años, fecha en la que Administración los deja en la calle.

Francisco Cárdenas recuerda con una tristeza infinita cómo se llevaron a su hija preadoptiva. Fue el 12 de marzo del 2009 y no la ha vuelto a ver. “Me citaron en los servicios sociales del Paral·lel. Mi hija tenía 3 años y medio. Me acuerdo de que le había puesto un vestido blanco. Entré con mi hija y salí sin ella”, cuenta. “Sentí como si hubiera pasado un autobús y se la hubiera llevado”, dice. Su caso está en el Tribunal de Estrasburgo. “Quiero que siga con su familia actual, solo pido explicarle que yo no la abandoné, que me la quitaron”, dice. Cárdenas piensa cada día en ella: “No una, sino mil veces, pero su recuerdo ya no me produce dolor. Es un pensamiento positivo porque la sigo queriendo”.

A partir de la retirada del niño, se comunica la resolución a la familia. “La medida es temporal y revisable anualmente. Cuando la familia ha cumplido el programa individualizado que se le pone recupera a los niños”, apunta Calvo. El menor puede ingresar en un centro de la Generalitat, vivir con una familia de acogida o con parientes cercanos. Mientras dura el proceso, la familia no suele ver a sus pequeños y si lo hace es como, cuando y donde deciden los técnicos. El lugar es el llamado Espai de Visitas d’Infants i Adolescents. Aquí padres e hijos se ven durante un corto espacio de tiempo, pero siempre vigilados por un técnico. Rosa Gómez explica en una de las visitas le recriminaron que su hijo le hablara al oído. “Tiene miedo de decir cosas”, apunta.
TERESA PÉREZ / BARCELONA


Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal

Canal Parlament|Parlament de Catalunya

 




Estrategias y retos políticos y sociales del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Estrategias organizativas frente a los retos políticos y sociales que afronta el Sindicato de Inquilinos de Barcelona

por Salva Torres, activista de la Asociación 500×20



De aquellos polvos, vienen estos lodos.

Llevamos medio año largo desde el inicio de las primeras reuniones celebradas con el objetivo de construir el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Por parte de nuestra Asociación, la organización de los inquilinos ha sido siempre uno de los retos más importantes. En los años del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando todos los focos mediáticos mostraban el naufragio hipotecario, éramos de las escasas voces en la conurbación de Barcelona que prestamos apoyo a los inquilinos dentro de la defensa del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

Realizábamos una lucha unitaria que continuamos practicando hoy en día en la defensa de los hipotecados en riesgo de perder su vivienda, pero también del precariado que se las tiene que ver con la propiedad, los de las habitaciones alquiladas y de la ciudadanía en general que ocupa pisos viviendo en un estado de angustia permanente.

Desde 1985, cuando la LAU –Ley de Arrendamientos Urbanos- del ministro Boyer acabó con la protectora ley franquista de alquileres de renta antigua, las sucesivas reformas legislativas, basadas en la persecución del “inquilino moroso profesional” destruyeron la seguridad del alquiler. Estas reformas siempre venían acompañadas de un discurso hipócrita sobre “el fomento del alquiler”. En realidad, ocurría lo contrario: en 2009, nuestro país llegó a tener el récord mundial del 90,1% del parque de vivienda en régimen de propiedad (*1). Este “estreñimiento” record del mercado de alquiler, acompañado de la contrarreforma legislativa en el Estado español, tornó imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino debido a la total desprotección jurídica del mercado. La propiedad se convertía en una dictadura mientras los contratos de alquiler son como una vaca lechera de la que se extraen rentas del desvalido inquilino de manera profesionalizada (*2). Asimismo, el discurso del “fomento del alquiler” permitía y continúa permitiendo que las ayudas fiscales a la propiedad multipliquen por 30 a las recibidas por los inquilinos (*3).

Así pues, no es de extrañar que en aquellos días “de vino y rosas” todo el mundo entendiera que era “mejor comprar una casa que tirar el dinero alquilando”. La LAU, junto a la VPO –vivienda de protección oficial-, ambas bendecidas por PPsoe+CiU+PNV y ahora C’s, fueron las incubadoras de la sociedad de los propietarios y de la burbuja inmobiliaria. La derogación de la LAU es pues imprescindible para desmontar esta “leyenda urbana” y lograr que por fin se tambalee este arraigado principio ibérico.

Podemos afirmar pues sin margen posible de error que la LAU y la LEC –Ley de Enjuiciamiento Civil- se han convertido en los instrumentos para desalojar a nuestro vecindario pobre intercambiándolo, en un proceso brutal de gentrificación, por ricos compradores de segundas o terceras residencias así como por turistas que acuden en masa al Hub global en el que está inmersa Barcelona. “De aquellos polvos vienen estos lodos” donde la ley neoliberal –LAU- permite negocios rápidos y jugosos que nutran la voracidad de los inversores extranjeros, cuyos caudalosos flujos especulativos casi igualaron en 2015 el total del presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad.

Dos apuntes más: desde el punto de vista residencial, Barcelona no es una ciudad europea. El mercado regulado, es decir, el parque de vivienda de titularidad pública, no llega al 1% de las 820.000 viviendas totales en una de las ciudades del Estado con el porcentaje más alto de alquileres: 32%. Y esta ridícula cantidad de vivienda pública las convierte en guettos -como denuncian muchas de las comunidades de inquilinos a las que hemos dado apoyo estos años. Esta gestión de la vivienda, por parte del PMHB –Patronato Municipal de la vivienda- y del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, ha ayudado a la mala imagen de las viviendas sociales y a la gentrificación de la ciudad.

Volviendo a las cifras, si sumamos a las poco más de 6000 viviendas del PMHB los llamados pisos sociales propiedad de los bancos, Iglesia Católica y particulares de la Bolsa de vivienda social llegamos a duras penas al 1,5%. Conclusión: el 98% de los contratos de alquiler se negocian en el mercado libre en la Ciudad Condal.

Un segundo apunte: sin una radiografía exacta del reparto de la propiedad inmobiliaria en toda la ciudad entre las 820.000 viviendas que la componen, será difícil desplegar las medidas legislativas más adecuadas que necesita la ciudad. Todo hace pensar que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ha iniciado tímidamente un mapa de viviendas vacías. Insisto: viviendas vacías; no hablamos pues de un verdadero mapa de la propiedad inmobiliaria. Es una vergüenza, después de 40 años de “democracia”, en uno de los países donde la propiedad inmobiliaria tiene un peso más importante en la economía, que no haya un censo cruzado de la propiedad. Quizás es la manera de enmascarar el fraude sistemático de los rentistas sobre los impuestos directos a la riqueza (fraude en el que han colaborado las sucesivas administraciones). Sin conocer la radiografía inmobiliaria, me atrevo a afirmar que una buena parte de la propiedad está en manos de pequeños propietarios. Pero esta nueva burbuja inversora que vivimos actualmente concentrará la propiedad en unas pocas SOCIMIS, nacidas legislativamente al calor de esta burbuja en ciernes, de las manos del PPsoe. (*4)

Enriquecidos, subvencionados y defraudadores.

Este subtítulo no está pensado para ser efectista sino para focalizar el objetivo real contra el que luchamos los inquilinos de Barcelona.

Una gran parte del dinero se crea en la ingeniería financiera, no en la economía productiva, en un proceso que los economistas clásicos denominan “ingresos no ganados por el trabajo sino por la posesión de un título”. Más del 70% de los préstamos bancarios son al sector inmobiliario y a los bienes raíces –Real State-. El valor de un edificio de viviendas u oficinas vale el montante de lo que el banco está dispuesto a financiar. Y son los bancos comerciales los que determinan la cantidad de crédito y la oferta monetaria circulante –y no el Banco Central Europeo, como afirma falazmente la teoría convencional.

La Reserva Federal y después el BCE han creado en los últimos años de la nada miles de millones de euros –Quantitative easing- comprando activos inmobiliarios y deuda pública a la banca para ayudarla a vaciar sus balances de los activos tóxicos acumulados tras la crisis. Se trataba de “enriquecer a las entidades financieras con dinero fresco”.

Este programa de compra masiva de deuda titulizada del BCE –no es un préstamo con interés que se hace a la banca, sino que es el propio BCE el que está comprando deuda de la banca privada- es lo que ha permitido a la banca, con esta colosal cantidad de dinero en la hucha, lanzarse a la compra masiva de bienes raíces (*5) mediante sus fondos buitres radicados en paraísos fiscales.

Primero llegaron los Blackstone (Anticipa Real State) desde USA –inventores del Quantitative Easing- y después todos los fondos de inversión establecidos en el paraíso fiscal de Luxemburgo que desembarcan en Barcelona comprando la “morralla” hipotecaria, edificios enteros, hoteles, centros comerciales…

Y no dejamos de lado las SOCIMIS (*6) españolas participadas por la banca casi al 100%. Este monstruo determinará la clase de economía que habrá en la ciudad en los próximos años. Son los que crean el dinero, los que dicen quién tiene acceso al crédito y que es lo que no lo tiene. Aunque con cierto retraso, nuestros conciudadanos más adinerados se apuntan después a la fiesta. Y no olvidamos tampoco a los turistas, que en el delirio inversor son los convidados de piedra que llegan con el low-cost como muchos de nuestros compatriotas hacen en otros lugares. Los turistas no son la causa sino el resultado de un plan trazado desde hace años donde capitales, inversiones, leyes y empresas se unen para expulsar a la gente y hacerse con el control de todo el valor histórico y monumental de la ciudad, robándonos así el valor intangible de Barcelona, únicamente para monetizarla y venderla mejor.

Como el 98% del mercado de alquiler en la ciudad es libre, sin restricciones, está abonado el terreno para que el proceso de expulsión del vecindario más pobre se haga realidad con la finalización de los contratos. A pesar de ello, las enormes ventajas fiscales que tienen los propietarios sirven para justificar el discurso hipócrita del “fomento del alquiler” de manera que los propietarios físicos y jurídicos –SOCIMIS- están subvencionados en todos los conceptos: gastos, mantenimiento…Lucrándose además al aplicar una amortización anual de su propiedad.

La medida que se quiere introducir en el “Pla estatal de Vivienda 2017-20” (7*) de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900, si son jóvenes- ni siquiera es aplicable a ciudades como  la nuestra. Las ayudas al alquiler para familias sin recursos son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo. ¡Que no nos vengan con excusas!

Además son inflacionistas, los propietarios saben perfectamente quién las puede cobrar (*8). Las conceden las comunidades autónomas y el inquilino no llega siquiera a ver el dinero para evitar que lo pueda “malgastar” en comida. El PP criticó al PSOE cuando aprobó las ayudas a la emancipación de jóvenes pero, como todo hace pensar, este plan estatal se aprobará con 28 votos a favor y 8 abstenciones como señala El País en su noticia. ¿Cómo es posible que la izquierda no haya votado en contra de la Comisión? (*9).

A pesar de las descomunales ventajas, el fraude fiscal en el mercado del alquiler es enorme sobre todo entre el pequeño propietario. Damos fe de lo que dicen los portavoces de GHESTA –sindicato de los inspectores de Hacienda- que explican como año tras año la ocultación de alquileres supera los 3000 millones de euros. Muchos de los desahucios de inquilinos que nos llegan a la Asociación son de contratos no declarados porque la fianza no está registrada. ¿Por qué no se subvenciona el alquiler en el IRPF? La desgravación fiscal al inquilino es opaca para la propiedad y, al mismo tiempo, delata a los defraudadores cuando se cruzan los descuentos de los inquilinos y la declaración de la renta de los propietarios.

Un momento dulce de la movilización social por los derechos de los inquilinos

 La situación se ha agravado en toda Barcelona no sólo por la subida desmesurada de los precios y la enorme cantidad de desahucios de inquilinos y precarios. También han desaparecido los carteles de alquiler de habitaciones en los locutorios, un desesperado refugio habitual para muchas familias y ciudadanos en graves dificultades. Finalmente, el estreñimiento de la oferta de alquiler en todos los segmentos (vuelve a ser de nuevo rentable la venta) hace muy complicada la gestión de los 44.000 contratos de alquiler que, como media, se renuevan cada año en la ciudad. En los barrios más periféricos no podemos dejar de recordar la gran bolsa de viviendas ocupadas por hogares que no tenían otra alternativa que vivir guarecidos.

Lo que nuestra asociación no consiguió a lo largo de los años de la burbuja, ahora es posible por el cúmulo de circunstancias sobrevenidas y explicitadas en este documento. Con este panorama, la llegada de los “millenials” –la generación del NO CREDIT NO DEBT- y las especiales circunstancias del turismo en ciertos barrios han hecho surgir la idea de la defensa de los inquilinos. La constitución hace unos días del Sindicato de Inquilinos, en el cual estamos implicadas varias entidades, hará dar un salto cualitativo en el planteamiento del problema a toda la ciudad. Pero no nos será nada fácil puesto que el marco legislativo no permite muchas  alegrías. Tendremos que trabajar por la denuncia de que casi todos los contratos de alquiler son en realidad abusivos puesto que son de adhesión y muchas cláusulas que contienen también son abusivas. Pero será el trabajo barrio a barrio, calle a calle, el que permitirá la autoorganización de los inquilinos sobre problemáticas que muchas veces son diferentes entre barrios como el Raval, con una presión turística brutal, o la zona norte de la ciudad, con el índice más alto de desahucios de la ciudad y del país.

Estamos hablando entonces de la territorialización de la lucha pero también de la personalización, del conocimiento mutuo, etc. El sindicato tendrá que convivir pues con una estructura centralizada que permita aunar fuerzas pero al mismo tiempo sume las sinergias que en cada barrio generamos las organizaciones conocedoras del tejido asociativo y de las complejas tramas urbanísticas y habitacionales que genera la conurbación barcelonesa.

Éstos serían pues, en mi humilde opinión, los retos organizativos del Sindicato de Inquilinos: estructura centralizada, consejo de entidades de apoyo, territorialización de la lucha, sinergias transversales y verticales entre los barrios, las entidades y el sindicato. Nadie se ha de disolver porque haya llegado el Sindicato. El Sindicato de Barrio del Poble Sec ha hecho una acertada aproximación de conjunto en esta infografia de Barcelona.

batalla habitabilidad barcelona

 

Hay un reto más que quería dejar para el final. La creación del Sindicato no puede convertirse en un instrumento para separar a la ciudadanía en problemáticas diferentes en función del tipo de acceso a la vivienda: hipotecados, inquilinos y okupas. Lo que ha demostrado esta crisis es que un hipotecado puede convertirse en inquilino y después en okupa. Ni podemos permitir episodios en los que hipotecados hacen contratos ilegales a inquilinos que les pagan los recibos de la hipoteca ni tampoco la criminalización de la okupación o el desahucio de familias residentes en habitaciones o infraviviendas. Todo esto lo tendremos que combinar con un trabajo de presión y acompañamiento barrial con el sistema de los Servicios Sociales y emergencias municipales que permita el mejor tratamiento posible a los hogares en riesgo habitacional. El mapa elaborado por el Poble Sec muestra una rica complejidad que no puede ahogarse en una estructura vertical demasiado centralizada en el Sindicato ni olvidar que las asociaciones de vecinas y muchos casales de barrio son centros que ayudarán en la tarea de la lucha por la vivienda digna en Barcelona.

 

El manifiesto fundacional del Sindicato de Inquilinos es lo suficientemente genérico para que se permitan interpretaciones diferentes que puedan convivir. Pero la indefinición también puede ser un peligro a medio plazo. Tendremos que bregar con las diferencias, avanzar discutiendo, divergiendo y que al final ganen las mayorías de afiliados.

Y, como decía un tuit reciente: “Creemos que la labor de los sindicatos de inquilinas deben transcender de la de simples lobbies. (*10)


(1) López, Isidro – Rodríguez, Emmanuel, (2010), Fin de ciclo, Madrid -España, Traficantes de Sueños… pg.238 reseña 23

(2) Como en todas las generalizaciones ahí excepciones: conocemos propietarios que son conscientes de la función social de la (3) Salva TORRES, 2016, Las ventajas fiscales para los arrendadores, 500×20.prouespeculacio.org
(4) Salva TORRES, 2016, Inquilinos precarizados, propietarios y fondos de inversión en conflicto, 500×20.prouespeculacio.org
(5) Europa Press, El balance del BCE rompe la barrera de los 4 billones de euros, Publicado 05/04/2017.
(6).Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
(7) lamoncloa.gob.es Plan estatal de Vivienda 2017-20.
(8) nadaesgratis.es, Problemas del Nuevo Plan Estatal de Vivienda.
(9) elpais.com, El próximo Plan Estatal de Vivienda 2017-2020 busca impulsar el alquiler.
(10)


Manifiesto

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la capitalización de intereses o anatocismo tocado de muerte como cláusula hipotecaria abusiva.

SI QUIERE ENTENDER LAS DIFERENCIAS ENTRE ANATOCISMO, CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE DEMOSRA O PRINCIPAL LEA PRIMERO ESTA OTRA ENTRADA QUE LE ACLARA DE MANERA SENCILLA TODO EL LENGUAJE MATEMÁTICO Y JUDICIAL QUE TRATAMOS.

Una sentencia pionera en España anuló el pacto de anatocismo en una hipoteca.

La Audiencia Provincial de Alicante declaró, el 12 de junio del 2014, nula la cláusula del pacto de anatocismo -capitalización de “los intereses de demora”- en un préstamo hipotecario a un consumidor, lo que supuso la primera sentencia que se emite en España en este sentido.  Así lo expuso el abogado alicantino Carlos Javier Zarco Pleguezuelos, autor del recurso presentado contra una sentencia dictada por un Juzgado de lo Mercantil de Alicante que rechazó declarar la nulidad de la citada cláusula.

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Aunque contra este fallo de la Audiencia de Alicante cabía interponer un recurso de casación, el letrado explicaba que esta sentencia “abría una brecha” contra el anatocismo, una cláusula muy presente y también “muy escondida” en los contratos hipotecarios y, en general, en los préstamos.

Se trata de la primera sentencia en España que admite que el anatocismo es “una cláusula abusiva cuando se impone a un consumidor en una escritura de préstamo hipotecario“.

El anatocismo consiste en que a la persona que no pague la totalidad o una parte de la cuota que le correspondía para un período determinado, el monto de intereses dejado de pagar se le sumará al capital prestado, y por ende pasará a formar parte del monto al cual se le calcularán los nuevos intereses. Esta cláusula infringe las normas de las matemáticas financieras y el Derecho según el abogado que participó en esta sentencia. “Una cosa es el capital, y otra los intereses ordinarios y de demora”, ha explicado Zarco, porque no se pueden confundir “churras con merinas”.

Aunque el pacto de anatocismo ha sido recientemente prohibido a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria en 2013, la Audiencia de Alicante ha determinado la nulidad del mismo a préstamos anteriores a dicha fecha.

Además, en el caso objeto del fallo los magistrados observan una infracción de las condiciones generales de contratación al no cumplir los requisitos de transparencia, ya que el anatocismo fue plasmado por la entidad bancaria de forma “muy encubierta”.

Su ubicación en el contrato estaba separada de la cláusula de los intereses de demora y, en general, de las cláusulas financieras, “sin título ni advertencia y entre un conjunto de apartados distintos que hacían que aquél pacto de anatocismo quedara enmascarado diluyendo la atención del consumidor”.

Pacto –añade la sentencia- que en realidad sólo lo era en apariencia, pues, en realidad, no consta negociado“.

Pero el fallo no se queda aquí ya que rebaja a un 12 por ciento el interés de demora, aproximadamente, -al triple del interés legal del dinero- ya que había sido fijado por la entidad bancaria en un 25% y que califica de “abusivo”. Esta sentencia ha tenido una gran trascendencia aunque el Tribunal Supremo mantiene la figura de la cláusula del anatocismo como legal si está pactado entre las partes, aunque una de ellas sea consumidora.

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El principio del fin del supuesto “pacto” de anatocismo en préstamos con consumidores

site: https://carloszarcoblog.wordpress.com/

Actualmente, ya ha sido sancionada negativamente por el legislador la capitalización de los intereses de demora, cuando se aplica en el marco de los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, a virtud del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, texto refundido del Decreto de 8 de febrero de 1946 , tras la nueva redacción dada al mismo a virtud del artículo 3, dos de la Ley 1/2013, señalando en concreto que:

” Los intereses de demora de préstamos o créditos destinados a la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas  constituidas sobre la misma vivienda…no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil”

(El mencionado precepto contempla la posibilidad de llegar a acuerdos de recapitalización entre la entidad financiera-adjudicataria y el demandado-ejecutado, tras la subasta y remate de la vivienda, para el pago de la posible deuda remanente, con quitas del 35% o del 20%,  en el plazo, respectivamente, de 5 o 10 años).

Si bien dicha prohibición legal del anatocismo “por defecto y contra los consumidores” era algo tan necesario y justo como largamente esperado, el problema es que la nueva reforma legal ha dejado en el “limbo jurídico” a los miles de hipotecas que contengan cláusula de anatocismo y que se hayan suscrito antes del 15 de Mayo del 2013 (fecha de publicación en el BOE de la reiterada Ley 1/2013, de 14 de mayo). Y esta es la cuestión principal que se ha abordado a lo largo de esta litis, de forma muy distinta-como vamos a ver-en sus dos instancias.


 La sentencia…. >>>>AQUÍ>>>>

Jurisprudencia…

  • Sentencia Civil Nº 42/2016, AP – Barcelona, Sec. 15, Rec 403/2014, 24-02-2016 Órden: Civil Fecha: 24/02/2016 Tribunal: Ap – Barcelona Ponente: Boet Serra, Maria Elena Num. Sentencia: 42/2016 Num. Recurso: 403/2014PRIMERO.- 1.La demandante, Doña Sofía , invocando su condición de consumidora, pretendió en su demanda la declaración de nulidad de dos condiciones generales de la contratación, la cláusula sexta de capitalización de los intereses moratorios vencidos al capital pendiente (pacto de anatocismo) y la cláusula sexta bis de vencimiento anticipado, contenidas en un contrato de préstamo hipotecario, concertado en escritura pública de fecha 2 de agosto de 2004, por considerarlas abusivas de…
  • Sentencia Civil Nº 45/2015, AP – Albacete, Sec. 1, Rec 303/2014, 04-03-2015 Órden: Civil Fecha: 04/03/2015 Tribunal: Ap – Albacete Ponente: Martinez Palacios, Maria Otilia Num. Sentencia: 45/2015 Num. Recurso: 303/2014MATERIAS NO ESPECIFICADAS
  • Sentencia Civil Nº 791/2012, AP – Barcelona, Sec. 16, Rec 881/2011, 19-11-2012 Órden: Civil Fecha: 19/11/2012 Tribunal: Ap – Barcelona Ponente: Zapata Camacho, Inmaculada Concepcion Num. Sentencia: 791/2012 Num. Recurso: 881/2011PRIMERO.- Trae causa la controversia del contrato de préstamo concertado en fecha 9 de junio de 2006 entre Banco Santander SA y D. Dimas por importe de 12.500 euros y con vencimiento el 9 de junio de 2011 (v. documento unido a los folios 9 a 15). Indiscutido el impago que motivó la decisión de la acreedora de dar por vencida anticipadamente la operación, al contestar a la demanda opuso el demandado, entre otras cuestiones que ya no se reproducen en esta alzada, lo excesivo de la suma de co…
  • Auto Civil Nº 279/2009, AP – Pontevedra, Sec. 6, Rec 4317/2008, 29-12-2009 Órden: Civil Fecha: 29/12/2009 Tribunal: Ap – Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Num. Sentencia: 279/2009 Num. Recurso: 4317/2008MATERIAS NO ESPECIFICADAS
  • Sentencia Civil Nº 14/2014, JM Alicante/Alacant, Sec. 2, Rec 521/2013, 30-12-2013 Órden: Civil Fecha: 30/12/2013 Tribunal: Juzgados De Lo Mercantil – Alicante/alacant Ponente: Calero Garcia, Salvador Num. Sentencia: 14/2014 Num. Recurso: 521/2013Primero. La parte actora solicita que dicte sentencia por la que se declare la nulidad de diversas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario de 5 de abril de 2004; en concreto se trata de las clausulas: Tercera, que regula los intereses; Quinta que recoge que serán de cargo del prestatario los gastos, costas y gastos procesales así como los derivados de las escrituras de subsanación o aclaración; Sexta reguladora de los intereses de demora y de un pacto de anatocismo; Sexta Bis regula…

fuente: https://www.iberley.es




el sol también era suyo

La especulación financiera gana con la producción centralizada con renovables
España perderá las disputas con los fondos buitre especializados en capturar subvenciones públicas.

El sol también era suyo*

Alfredo Apilánez y Salva Torres

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje.

Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

CIADI

“Trato injusto e inequitativo”. Esta es la contundente fundamentación del reciente varapalo legal propinado por el CIADI  (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) al Estado español en la primera sentencia por el llamado “hachazo” a las renovables. El título de la historia podría ser: “los recortes ‘austericidas’ y el efecto boomerang”. El objeto de la disputa eran las nefastas consecuencias financieras para los inversores de la supresión “de manera drástica y abrupta” –y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas a las energías renovables instauradas en los “días de vino y rosas” de la burbuja inmobiliaria por los gobiernos de Aznar y Zapatero. La chapuza provocó un aluvión de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje internacionales: “Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP), las compañías demandaron a España”.

Y ya ha caído el primer mazazo por la torticera “transformación radical del marco regulatorio” perpetrada atropelladamente por el “izquierdoso” Zapatero y continuada -con más virulencia, si cabe- por su “rival” político en el régimen del 78. Ambos hermanados en el estricto cumplimiento de las medidas de austeridad impuestas por la cúpula de la UE tras el colapso financiero de 2008 : “El laudo del CIADI da la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg y condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses”. El repaso recibido por la parte demandada es abrumador: “España eliminó un régimen regulatorio favorable, otorgado a los demandantes para alentar su inversión, y lo reemplazó luego por un sistema normativo basado en premisas totalmente diferentes. Este nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo al despojar a los demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.

La esperpéntica historia es una excelente parábola acerca de la estructura real de las relaciones de poder en el ultrafinanciarizado capitalismo de la era neoliberal. Los representantes de la sacrosanta soberanía popular no salen precisamente muy bien parados.

“La triste cara de los suicidas”. De esta guisa describía Rafael Chirbes la expresión de “Bambi” Zapatero cuando, debido al brutal impacto conjunto sobre la maltrecha economía española de la crisis financiera internacional y del colapso de la burbuja del ladrillo, anunciaba cariacontecido en el Congreso en mayo de 2010 el primer “paquetazo” neoliberal de recortes impuesto por los tecnócratas de Bruselas y del BCE. En las sarcásticas palabras del brillante cronista valenciano del ambiente de podredumbre moral que imperó durante los días de “vino y rosas” de los pelotazos y el “España va bien”: “en pocos minutos se venía abajo todo el armazón ideológico sobre el que se ha sostenido durante seis años esta variante contemporánea de la socialdemocracia, (…) caracterizada por la puesta en primer plano de conflictos más o menos intrascendentes, cuya dramática escenificación ha servido para mantener la ficción de una política progresista; obviando que el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se gana el pan de cada día y con la estrategia con que se reparte la gran tarta nacional entre los ciudadanos”. Imposible explicar mejor el núcleo del derrumbe del reformismo socialdemócrata que presenciamos en la actualidad.

La escueta justificación (“dependíamos del BCE para financiarnos”) esgrimida en sus memorias por Zapatero ilustra la inanidad de la tramoya de progresismo light de los tiempos de vacas gordas. Cual disciplinado cadete, el mandatario de un país “soberano” se dedicó a aplicar con fruición las medidas draconianas exigidas sin embozo por el “guardián del euro”. Véase el tono conminatorio de la carta-requisitoria de Trichet a Zapatero de agosto del 11 y la sumisa respuesta de éste: un excelente botón de muestra del ejercicio de “mando en plaza”. Todo ello supuestamente a cambio de la promesa de aflojar la soga de la “prima de riesgo” española a través de la compra masiva de deuda pública soberana en el mercado secundario por parte del BCE. En roman paladino: llenar los bolsillos de los tiburones financieros y rescatar indirectamente a la maltrecha banca patria a costa del expolio de las arcas públicas y de la masa laborante de la “piel de toro” –‘devaluación interna’, en la aséptica jerga tecnocrática-.

Una de las promesas de reducción del gasto contenidas en la vergonzante carta de Zapatero al mandamás del euro versaba sobre  “mejorar el ajuste entre los precios y los costes de producción en los mercados energéticos y la reducción del déficit del sistema eléctrico”.

Durante los años de bonanza y de superávit presupuestario que precedieron al derrumbe, la necesidad de reducir el enorme déficit comercial -causado por la dependencia petrolera y la perversa estructura de la zona euro- y la intención de acercarse a los objetivos de emisiones del protocolo de Kioto (España era el país que estaba más alejado de ellos en la UE), propiciaron una política gubernamental de incentivos a la inversión en energías alternativas a la hegemonía fosilista.

“El sol puede ser tuyo”, rezaba una promoción del Ministerio de Industria de 2006 en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía solar. ¿Qué más se puede pedir? Rendimiento y financiación asegurados a largo plazo, garantía pública y bendición moral al contribuir al desarrollo sostenible mediante las energías limpias.

Como abejas a la miel, decenas de fondos de inversión internacionales, que huían del hipertrofiado y tambaleante sector inmobiliario buscando nichos rentables donde verter las riadas de liquidez obtenidas en el casino de las finanzas mundiales, se lanzaron a por la chocolatina del sector renovable español. Junto con miles de pequeños y medianos agricultores-inversores -que hicieron de cobayas del experimento-, provocaron una enorme burbuja especulativa –la “burbuja del sol”- basada en la confianza en que, al calor de las primas, podrían generar rentas blindadas a costa del erario público: “La solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)”. No hay nada más goloso para un “tiburón” financiero que la seguridad de un flujo de pagos regulares que posibilite iniciar la maquinaria de la titulización -espoleta de la crisis hipotecaria de 2008- mediante la obtención de pingües réditos por la venta de productos financieros estructurados que permiten la inyección de liquidez inmediata: he aquí el quid del proceso de financiarización.

“Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto, que es una energía limpia, que no contamina, y que además puede complementar la pensión de 400 euros que te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún inconveniente”. Así explicaba el agricultor-inversor Pascual Hortelano los irresistibles atractivos de la panacea. Al carecer Don Pascual de dotes proféticas, no podía en absoluto llegar a imaginarse que, tras el impacto del crack de 2008 en la economía española, el gobierno “soberano” acabaría sacrificando las efímeras primas y el cacareado “nuevo modelo energético” en el altar del “austericidio”: la luna de miel de las políticas públicas con la sostenibilidad ambiental y la reducción de la dependencia energética tenía los días contados.

La onda expansiva del derrumbe del castillo de naipes del casino financiero mundial provocó el colapso del sistema bancario español y su colosal rescate posterior con cargo al erario público. Para aliviar el déficit galopante que comenzaba a lastrar las cuentas del Estado, en 2010, dentro del paquete de medidas comprometidas con Bruselas por el ejecutivo “socialista” en la primera andanada de recortes, el gobierno decide suprimir gran parte de los incentivos y primas a las renovables.

Los “hachazos” a las energías alternativas continuaron: ya con Mariano Rajoy en La Moncloa y el “ejemplar” ministro Soria en la cartera de Industria se suspendieron los estímulos económicos para nuevos proyectos de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. La energía solar fotovoltaica recibió la puntilla: el llamado ‘impuesto al sol’ que se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas solares para producir su propia electricidad. Medida recibida, dicho sea de paso, con gran alborozo por el todopoderoso oligopolio eléctrico que, con la penalización del autoconsumo de los pequeños productores, mantiene el control del suculento mercado de suministro de electricidad a través del modelo centralizado de producción y el control de las costosísimas redes de distribución.

Las draconianas medidas mandaron a la ruina a decenas de miles de pequeños inversores y sumieron al sector en una crisis brutal: en 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas mientras que hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. Pocas pruebas más contundentes de la catástrofe a la que se vieron abocados las legiones de autónomos del medio rural que la lectura de la lastimosa carta al Congreso de un productor fotovoltaico en “fase terminal”. Cuál “preferentistas del sol”, quisieron apañarse la jubilación con las primas gubernamentales y las facilidades financieras proporcionadas por la banca y acabaron enterrados en las deudas impagables y el abandono absoluto por parte de los mismos que les tendieron el cebo.

Otros agraviados, con más recursos que nuestros infortunados “hortelanos”, tenían una carta bajo la manga que iba a provocar que al gobierno “trilero” le saliera el tiro por la culata. Los cambios sobrevenidos en las condiciones que se les garantizaron vía Boletín Oficial del Estado y la vulneración de la seguridad jurídica que implica el alcance retroactivo de las medidas tomadas provocaron un aluvión de demandas de los grandes inversores en los tribunales de arbitraje internacionales. España figura ya como el país con más litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en la materia. Hasta la Policía Montada de Canadá está involucrada en la avalancha de demandas contra el “chanchullero” Estado español. Sin embargo, los 30000 pequeños inversores que decidieron invertir sus ahorros en “huertos solares” para “complementar la pensión” vieron bloqueada cualquier posibilidad de resarcimiento: las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central denegando las indemnizaciones a los afectados.

Pero las grandes corporaciones y fondos de inversión no sólo tienen un enorme poder económico, político y cultural sino también jurídico: la nueva lex mercatoria internacional y el recurso a tribunales internacionales de arbitraje para resolver los conflictos con los Estados son la sólida armadura que protege jurídicamente sus intereses comerciales y blinda los contratos de estas compañías.

Eiser Infrastructure Limited, un “private equity fund” con sede en la City de Londres que, a través de su filial en el paraíso fiscal luxemburgués Energía Solar Luxembourg, adquirió participaciones en tres centrales termosolares, ha sido el primero en llevarse “el gato al agua” con su mencionada victoria en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo pugna por ampliar su competencia a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas transnacionales -entidades de Derecho Privado que representan intereses particulares- pueden así demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales; prevalece el interés privado de las corporaciones sobre el interés general. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión formal de que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Es una asimetría al servicio del capital. Se trata de uno de los principales objetivos de los tratados de “libre comercio e inversiones” –CETA, TTIP, TPP- que proliferan como hongos al compás de la hegemonía de la financiarización neoliberal: crear una “justicia privatizada”, que se sitúa por encima de la “soberanía popular” y que permite a las transnacionales denunciar a los estados cuando sus negocios puedan verse afectados.

Así pues, un fondo de “capital riesgo” con sede en el “agujero negro” financiero de la City londinense, operando a través de la inevitable filial luxemburguesa para eludir las cargas fiscales sobre los réditos, se sitúa en pie de igualdad para pleitear con un Estado soberano ante un tribunal internacional de muy dudosa legitimidad: “hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, utilizan los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante por el ‘grave quebranto’ ocasionado a sus inversiones por una ‘alteración drástica del marco regulatorio’”.

Se trata de una inmensa partida en la que hay en juego miles de millones de euros de dinero público y que se celebra de forma casi secreta en hoteles de Estocolmo, París, Ginebra y Nueva York. Sara Pizzicato, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, resume excelentemente el ‘efecto boomerang’: “Paradójicamente, se atribuía el recorte a las renovables a motivos económicos, aunque la realidad es que España afronta ahora pleitos por valor de miles de millones de euros que serán pagados por la ciudadanía que, debido a la salvaje política de recortes, no se beneficiará de las ventajas de las energías limpias”.

La moraleja del caso ilustra el absurdo surrealismo de los mimbres sobre los que se sustenta el capitalismo financiarizado con mando en plaza en nuestras dolientes sociedades: un fondo de inversión especulativo, atiborrado de liquidez producto de las colosales ganancias obtenidas con la ingeniería financiera -causante directa del colosal crack de 2008- y con la política monetaria de “expansión cuantitativa” de la banca central mundial, invierte en la burbuja solar española atraído por la golosa rentabilidad garantizada por el erario público. A continuación, ante el fracaso de la inversión, provocado por los recortes que ese gobierno se ve obligado a hacer en aras de salvaguardar su credibilidad ante los mercados financieros responsables de su ruina, uno de los culpables del monumental desaguisado obtiene una sentencia favorable de un tribunal internacional “imparcial” que obliga a indemnizarle, con dinero público, por el quebranto sufrido.

Financiarización, capital especulativo transfronterizo, expolio de rentas y bienes públicos, soberanía nacional demediada, justicia privatizada y explotación e indefensión crecientes de las clases populares son los inicuos rasgos de la historia relatada que no pueden ser más tristemente representativos del cariz crecientemente depredador del sistema de la mercancía.

Henos aquí –por si hicieran falta más- ante una prueba irrefutable, como denuncia Greenpeace, de que la conservación del crucificado planeta no ocupa lugar prioritario –ni secundario, más bien no ocupa lugar alguno- en las políticas neoliberales: “Se ha paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economía”. Según datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al contrario de la tendencia europea”.


*El sol puede ser tuyo” era el slogan de la campaña lanzada por el gobierno socialista en 2006 para promocionar las inversiones en placas solares fotovoltaicas ofreciendo como señuelo las primas públicas y las facilidades financieras “irresistibles” proporcionadas por la banca privada.


MAS INFO DEL AUTOR

https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/05/25/el-sol-tambien-era-suyo/




¿El impago del deudor faculta al acreedor a quedarse la vivienda dada en garantía?

Este documento trata sobre el ordenamiento jurídico contrario al pacto comisorio

La jurisprudencia del Tribunal Supremo habla sobre una simulación de dación en pago.

El acuerdo que faculta al acreedor a adueñarse del bien que garantiza el cumplimiento de una obligación en caso de que se incumpla, se conoce como pacto comisorio. Los contratantes, no obstante, deben tener en cuenta que las condiciones que convengan no podrán ser contrarias a la ley, la moral y el orden público. El Tribunal Supremo ha clarificado si el impago del deudor faculta al acreedor a quedarse el bien dado en garantía.

En el supuesto enjuiciado se presentó demanda solicitando la condena a otorgar escritura pública de transmisión de propiedad de una vivienda que fue adquirida mediante un préstamo hipotecario. Los demandantes, que se constituyeron en fiadores solidarios del prestatario, reclaman la titularidad de la vivienda adquirida por éste en virtud del acuerdo alcanzado por ambas partes, documentado mediante un acta notarial de manifestaciones, en el que convinieron que si a consecuencia del impago total o parcial del crédito tuviesen que hacerse cargo de éste los referidos fiadores, el prestatario se comprometía a transmitirles la finca hipotecada. Lo cierto es que el prestatario dejó de abonar las cuotas del préstamo hipotecario, y la entidad bancaria exigió el cumplimiento de las mismas a los fiadores, habiendo abonado éstos a la fecha de la interposición de la demanda cuatro cuotas.

Desestimada que fue la demanda en primera instancia, contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación que fue estimado revocando la sentencia de primera instancia por entender que el acuerdo alcanzado constituye una obligación asumida libre y voluntariamente por el comprador de la vivienda. Pronunciamiento frente al que se interpuso por el prestatario-comprador recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De este modo, como cuestión de fondo se plantea la validez de un compromiso obligacional del deudor hipotecario otorgado a los fiadores, en garantía de la indemnización que les pudiera corresponder por hacerse cargo del pago total o parcial de la deuda hipotecaria, teniendo en cuenta la prohibición de pacto comisorio que establece el artículo 1.859 del Código Civil.

Dicha prohibición impide que el acreedor verificado el incumplimiento del deudor hipotecario o pignoraticio, haga suya la cosa entregada en garantía, bien directamente mediante su apropiación, o bien indirectamente mediante su disposición. En este sentido, señala el Tribunal Supremo, dos son los presupuestos que caracterizan la aplicación de esta figura. En primer lugar, que el pacto de apropiación o disposición, previo o coetáneo a la garantía, se halle causalmente vinculado al nacimiento del crédito cuyo cumplimiento se garantiza. En segundo lugar, que la apropiación o disposición del bien no esté sujeta a un procedimiento objetivable de valoración de la adquisición, esto es, que se realice haciendo abstracción de su valor.

Esto es lo que ocurre en el presente caso, en donde la configuración de la garantía atípica otorgada en favor de los fiadores reúne los presupuestos del pacto comisorio que prohíbe la citada norma, que prevé a su nulidad absoluta. Circunstancia que necesariamente conlleva la estimación del recurso de casación interpuesto por el prestatario, la revocación de la sentencia recurrida y la desestimación del recurso de apelación.