la banca española acumula muchos problemas judiciales con los abusos en las cláusulas de sus contratos hipotecarios

No va a ser una sorpresa para nadie, en uno de los países más bancarizados de Europa, decir que un contrato de crédito hipotecario es un compendio de cláusulas abusivas. Las hay a decenas. Sencillamente los bancos han impuesto sus normas a la clase política y a los ciudadanos impelidos por la necesidad de una vivienda o que por desear una propiedad han aceptado esos “contratos de adhesión”- o lo tomas o lo dejas– sin calcular las consecuencias a largo plazo que tenían el incumplimiento por su parte de ese contrato que dependía de las vicisitudes de la vida y del dinero que los mismos bancos usan para dirigir la economía del país a dónde quieren. Muchas veces en las consultas te haces cruces de lo crédula que es la gente con el capital financiero y que intolerante es con sus congéneres.

La mentira de la Banca ha llegado, como hemos denunciado en estas páginas, hasta la manipulación de los mismos índices de tipos de interés como el EURIBOR o los diferentes IRPH hoy en la picota. De hecho, varios bancos europeos fueron multados con la cantidad más grande jamás impuesta por la manipulación de su EURIBOR. Esperamos que no sean menos los distintos IRPH – Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios –  que o bien ya han desaparecido o están ahora en la casilla de salida de una nueva sentencia del TJUE – Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso del IRPH, el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona abrió pieza separada para la tramitación de la cuestión prejudicial ante el TJUE, como informamos en su momento. El caso es que esa sentencia está al caer y puede ser un duro revés dependiendo de como se resuelva, no sólo para la banca, sino para el propio Tribunal Supremo que salvó en extremis del pago de miles de millones de euros en reclamaciones a los cuatro grandes bancos que quedan. El mismo TS que no consideró que hubiera falta de transparencia tuvo a dos magistrados que con su discrepancia han permitido que pudiera solicitarse al TJUE que se pronunciará sobre este asunto. Pero ahora el hecho es que varios juzgados se han apuntado al carro – Gava y La Bisbal- y han suspendido cautelarmente autos sobre ejecuciones hipotecarias sobre IRPH, según informa El Boletín. (1)

Además esta semana ha entrado en el TJUE hasta 5 causas sobre la cláusula de vencimiento anticipado por Abanca, Bankia y BBVA. Esta cláusula situada en el apartado 6 en la mayoría de las escrituras hipotecarias, suponía la resolución del contrato hipotecario por el impago de una sola cuota. La pregunta era de cómo puede el impago de una fracción ínfima de un contrato (0,2%)) suponer la demanda por la totalidad de la deuda. Pero ojo, deuda es un derecho vencido y exigible…. y en este caso ¿las cuotas no vencidas hay que considerarlas como deuda?. Esa es la cuestión que tiene que dilucidar el TJUE al que han llegado un total de cinco cuestiones prejudiciales de diferentes juzgados empezando por el Tribunal Supremo que pregunta al Alto Tribunal europeo cuál es el alcance y los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario. (2)

El TJUE ya puso contra las cuerdas al Tribunal Supremo español en 2017 por el vencimiento anticipado

Después de tantas intervenciones del TJUE sobre la legislación hipotecaria española, uno llega a la conclusión que la Justicía española siempre se decanta del lado del más fuerte: la Banca. Como la normativa de defensa del consumidor de la Unión Europea era muy garantista, muchos valientes letrad@s continuaron exprimiendo esa normativa de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) por sentencia de 26 de enero de 2017 resuelve, por enésima vez, una de las cuestiones prejudiciales planteadas por Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander en relación con el préstamo hipotecario concedido por el Banco Primus a un cliente. Esta sentencia del TJUE pone nuevamente patas arriba la cláusula de vencimiento anticipado tal como viene dispuesta en la mayoría de las hipotecas y tal como se entendía hasta entonces.

De resultas de esta sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo español -TS- obligado a digerir la sentencia del TJUE en Auto de fecha 8 de febrero de 2017 eleva, y retrasa su aplicación, cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que se pronuncie si la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado impide al Juez nacional español continuar con el procedimiento hipotecario (sobreseerlo) o no. El caso llega al TS por un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, anulando una cláusula de vencimiento anticipado. Hoy estamos a la espera que el TJUE se pronuncie

El negocio de las titulizaciones también anda revuelto en el BCE.

También hemos sabido, a través de VoxPopuli, que el BCE quiere poner coto a las titulizaciones de créditos hipotecarios de la Banca. Este negocio financiero, responsable de la última crisis del 2007, supone una cifra de casi medio billón de euros a la Banca española y es un pozo sin fondo de porquería como hemos venido denunciando desde nuestros blogs.

En concreto, todas las titulizaciones hipotecarias: de bonos, cédulas, participaciones o certificados de transmisión hipotecaria deberán pasar por la supervisión del BCE. Debe estar la cosa muy mal, porqué precisamente es el BCE quién se ha negado sistemáticamente a poner transparencia en ese sector financiero adicto a la cleptomanía y al dinero ajeno como hemos denunciado desde siempre en estas páginas. (3)

La cesión de créditos a fondos buitre o cómo eximir al banco de comunicar al hipotecado la cesión de su préstamo a un tercero

Finalmente hemos sabido por Confilegal que 12 desahuciados por fondos buitre han presentado una queja formal ante el Tribunal de Derechos de los Consumidores contra la ley hipotecaria española que permite a través del art. 149 de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre  eximir al banco de comunicar al hipotecado la cesión de su préstamo a un tercero. Aunque otro artículo, el art. 242 del Reglamento Hipotecario establezca que el deudor deba ser notificado en caso de cesión del título, matiza que podrá renunciar a dicho derecho. Esta cláusula se encuentra en todas las escrituras de hipotecas pues es la que resuelve que el banco se libre de informar de la cesión-venta de su hipoteca a un fondo de titulización o en este caso, informar de la venta a un fondo inversor- hedge fund. Igualmente el poder legislativo – todos los partidos del régimen del 78- libraron en la normativa hipotecaria de inscribir las cesiones en el registro de la propiedad que ha llevado a un sinfín de protestas de los registradores más escrupulosos con las normas legales.

Todo ello significa que entre la legislación española y la comunitaria hay un desfase que es el que ha permitido presentar la queja de los afectados a Europa. La directiva 2008/48/CE de 23 de abril establece en su artículo 2ª que el consumidor será informado en caso de que su entidad financiera decidiera la cesión de su crédito. Lo mismo establece la llamada directiva hipotecaria, la 2014/17/UE de 4 de febrero en su art. 17. “Aún no ha sido traspuesta en España, pero está plenamente vigente en aplicación del principio de los principios de efectividad y primacía del Derecho de la UE”, explica el rotativo.

El resultado no puede ser solo peligroso para el banco sino para el propio Estado español que podría verse obligado a indemnizar a los afectados por daños y perjuicios siguiendo la sentencia Van Gend and Loos de 1963 o la sentencia Francovich de 1991 que declaró que “la pasividad por parte del Estado español no garantiza la protección del cliente bancario “.

El quid de la cuestión se encuentra, no solo en la clausula abusiva de los contratos hipotecarios, sino en la consideración de un crédito litigioso en el momento que se realiza la venta del mismo sin informar adecuadamente al deudor o sin tan siquiera saberlo adecuadamente como creemos ha pasado con miles de hipotecas vendidas a Blackstone y gestionadas por Anticipa.

Salva TORRES


+++ INFORMACIÓN>>>>>

  1. Los juzgados ‘ignoran’ al Supremo en los juicios por las hipotecas vinculadas al IRPH.
  2. Un nuevo calvario para la banca: el TJUE abre vistas por las cláusulas de vencimiento anticipado en las hipotecas.
  3. El BCE pone coto a las titulizaciones, un negocio de más de 30.000 millones para la banca española.
  4. La Comisión Europea estudiará las cesiones de crédito a los fondos buitre.

 




Despojados de su vivienda, un reportaje de la Ventana Rota

Despojados. Os traemos la Primera Parte del reportaje Despojados. Aquí, Luis Chamarro, coordinador de PAH Madrid, y otros afectados y expertos nos cuenta la situación actual de la vivienda en España. 🏦 Un tema que ha dejado de ser importante para los medios de comunicación y que afecta a miles de personas en nuestro país. La Ventana Rota.


La Ventana Rota trae la segunda parte de Despojados: testimonios personales de afectados directos del problema hipotecario, qué bancos son los mayores causantes, y conclusiones de Luís Chamarro, coordinador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 🏚 Una semana más, os pedimos difusión y colaboración para seguir tratando de aportar nuestro granito de arena con los puntos de vista de los más damnificados. 🗣⚖

La Ventana Rota.




procedimiento hipotecario ordinario: ¿se puede desvincular la deuda de la vivienda o garantía? y los avalistas a salvo.

Hoy en día los bancos utilizan dos métodos para proceder al desahucio de las casas. Uno es el de EJECUCIÓN HIPOTECARIA, digamos, el de toda la vida. El otro, la otra vía que están utilizando ahora es el PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

¿Qué sucede en una EJECUCIÓN HIPOTECARIA?

En una ejecución hipotecaria se va desarrollando mediante autos, es decir, mediante resoluciones judiciales pronunciadas sobre las peticiones que van realizando ambas partes.

Dentro de ese proceso se ejecuta la garantía hipotecaria, y se reclama el saldo deudor si quedara, tanto contra los deudores hipotecarios como contra sus avalistas.

¿Qué supone esta nueva vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO?

Primero que dicho procedimiento, ataca al dinero endeudado, pero no vincula la deuda directamente a la casa, sino al préstamo hipotecario.

Segundo, el banco utiliza este procedimiento ordinario para ir “más deprisa”, pero en este caso se reclama una cantidad de dinero y dicho procedimiento finaliza mediante sentencia, una vez firme la misma, el demandado dispone de 20 días hábiles para cumplirla.

Una vez firme la sentencia en el caso que sea con un pronunciamiento desfavorable a nuestros clientes, en referencia a que se dé por resuelto el préstamo, el mismo préstamo “dejaría” de existir.

Esto motivaría que al día siguiente de que sea una sentencia FIRME, la entidad financiera debería comunicar al REGISTRO DE LA PROPIEDAD la INEXISTENCIA del préstamo hipotecario, dejando LIBRE DE CARGAS LA FINCA.

LA DEUDA DEJA DE ESTAR LIGADA A LA VIVIENDA Y POR LO TANTO A LOS AVALISTAS.

Con esto no queremos decir que la deuda DESAPAREZCA y se esfume, pero sí dejará de estar ligada a la VIVIENDA y a los avalistas. El contrato en sí de esta hipoteca desaparece y la deuda tan solo quedaría referenciada como si se tratase de un préstamo personal.

Sigue existiendo la deuda, pero la casa y sus avalistas quedarían fuera de la ecuación, dejando así LIBRE DE CARGAS LA FINCA.

Transcurridos los días de cumplimiento voluntario por mis defendidos y si éstos no pagaran la deuda, la misma sería una deuda PERSONAL y COMÚN, como hemos dicho anteriormente, pero ya no sería una deuda REAL y los avalistas no estarían unidos a este proceso.

Una de las opciones que cabría sería realizar un CONCURSO DE ACREEDORES, donde la entidad financiera perdería toda la ventaja mientras era un préstamo hipotecario.

Andres Giordana, abogado

42861 Icab


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la banca inventa: ejecución hipotecaria? no! … demanda de juicio ordinario.




¿puede una niña de 12 años explicar la estafa bancaria en lenguaje comprensible? sí

Una niña de 12 años, Victoria GRANT, explica con sencillas preguntas y respuestas la estafa bancaria que sufre Canada, su país.

No puede haber una victoria GRANT aquí en España o en Catalunya que explique lo mismo pero con las instituciones de aquí y los responsables de aquí?

De momento nos conformamos con el vídeo de su intervención en el Public Banking Institute de Canada:




TODOS SABEN QUE ESE JUEZ TIENE ALGÚN PROBLEMA SINGULAR

publicado en: afectadosporlahipotecamadrid.net

Estas palabras las ha pronunciado el Ministro de Justicia Sr. Catalá en relación al Magistrado don Ricardo Javier González en referencia a lo manifestado por éste en su voto particular en la llamada ‘sentencia de La Manada’. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo niega, y parte de ese Poder se declara escandalizado por dichas afirmaciones, solicitando la dimisión o cese del Ministro.

El famoso paraguas de ‘NO NOS CONSTA’, que igual sirve para un  roto que para un descosido, pretende amparar una actitud profesional cuando menos discutible. Y venir a escudarse en que es al CGPJ al que le corresponde impulsar la labor disciplinaria puede resultar muy loable en el plano teórico pero si no se da, es completamente inútil en lo práctico.

Y estamos diciendo esto desde la PAH MADRID, con total conocimiento de causa. Es absolutamente incomprensible como determinados Titulares de concretos órganos judiciales pueden seguir ostentando dichos cargos cuando ejercen su autoridad con absoluta discrecionalidad, amparados en sus escuderos cervantinos: el Letrado de la Administración de Justicia, y emitiendo –al unísono-resoluciones sesgadas y arbitrarias, de efectos demoledores sobre la vida de miles de familias de este País, favoreciendo con un descaro insultante a las entidades que ejecutan en ‘fraude de ley y procesal’: entidades financieras, fondos buitre, y todo tipo de sociedades carroñeras que acuden a darse el festín ante los despojos que ha dejado en el camino la estafa inmobiliaria y la crisis financiera, montada por unos cuantos en detrimento de la gran mayoría del pueblo.

‘Como muestra de ello, un botón’. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez el porqué en Madrid capital existen dos juzgados de primera instancia dedicados exclusivamente al tema de la ejecución hipotecaria, sin que tengamos conocimiento que suceda lo mismo en el resto de España?. Y decimos bien, dos, el nº 31 y el 32, dado que el nº 100 no es exclusivamente hipotecario.
Siendo aún más reduccionistas, nos referiremos al altísimo porcentaje de demandas de ejecución que conoce y tramita el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid, que consideramos pudiera estar entre el 60 y 70% de todas aquellas que se despachan en Madrid capital

  • primero.-¿alguien, en concreto el CGPJ, lleva una estadística del número de ejecuciones que anualmente son gestiona
    das por el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid?,
  • segundo-¿alguien, en concreto el CGPJ, lleva control del número de procedimientos de ejecución hipotecaria que, sobre esa cantidad de tramitaciones, son sobreseídas a favor de la parte ejecutada?,dada la cifra de cláusulas que se han venido considerando abusivas por jurisprudencia europea y española (vencimiento anticipado, intereses de demora, suelo, IRPH, multidivisa, gastos de constitución,etc) sería muy conveniente –por higiene judicial-conocer cuántas y cuáles de estas cláusulas abusivas han provocado que el Titular del JPI nº 32 de Madrid sobreseyese el procedimiento de ejecución, y en qué cantidad. Probablemente, tuviéramos ante nosotros un auténtico “problema singular”
  • tercero – con la cantidad de cuestiones prejudiciales que se han planteado desde órganos judiciales de primera instancia españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ¿cómo es posible que el juzgado de España que más procedimientos de ejecución hipotecaria atiende, de todo el territorio español, no haya planteado nunca ninguna cuestión prejudicial al TJUE?, ¿lo tiene todo tan claro que nunca el Titular de dicho órgano judicial ha tenido la más mínima duda al respecto?, ¿o es que la línea doctrinal de ese juzgado es una, la ejecutante siempre tiene razón?, y si no es así ¿cuántas declaraciones de abusividad, y por lo tanto de nulidad, de las cláusulas nombradas anteriormente, han provocado el sobreseimiento de la ejecución, en los procedimientos seguidos en este JPI nº32?.

Este juzgado de primera instancia se mueve con una discrecionalidad y arbitrariedad absolutas, y no lo decimos gratuitamente, aquél estamento judicial o administrativo que desee pruebas contundentes, y suficientes, de cómo se manejan el Magistrado Juez don Agustín Gómez Salcedo y Letrado de dicho órgano judicial, don Fernando Cava García, pueden solicitarlas, por nuestras manos han pasado, y pasan, gran cantidad de documentación de cientos de procedimientos, muchos de ellos procedentes de ese JPI nº 32; y hemos encontrado auténticos abusos y atropellos absurdos a los derechos de la parte demandada de muchas de
esas ejecuciones.
Sinceramente, consideramos que estas dos personas, que pudieran tener ‘algún problema singular’, debieran estar apartados de sus funciones actuales desde hace mucho tiempo ya que su forma de resolver diligencias, decretos, providencias y autos, en demasiados casos dejan mucho que desear, lo que nos hace dudar de si no estamos ante un Estado de Derecho preocupantemente enfermo:
El Magistrado Juez del JPI nº 32 de Madrid dicta dos autos sobre un mismo título ejecutivo a cada uno de los dos miembros del matrimonio se les concede el mismo representante legal y defensa de oficio pero en momentos diferentes, semanas de diferencia en uno de los autos falla que dicho título no tiene cláusulas abusivas y en el otro dispone que si existe cláusula abusiva. Y estamos hablando de la misma escritura de crédito hipotecario. ¡Alucinante!.

A una ejecutada, viuda de 70 años y una pensión de 1.100 €, le concede la moratoria suspensión del lanzamiento aún reconociendo en el auto que la vivienda que constituía la garantía hipotecaria del título ejecutado la había comprado en 1978 y la hipoteca estaba constituida en 2006; sin embargo, a otra ejecutada, de 64 años y sin ingresos, no le concede la moratoria que le correspondería –suspensión del lanzamiento- ya que dispone en el auto que la vivienda estaba comprada en 1993 y el crédito hipotecario era de 2000. ¡Delirante!.

Una vez se dicta el archivo del procedimiento, el recurso directo de revisión que se puede plantear frente a dicha resolución es resuelto a través de auto, “ contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuándo ponga fin al procedimiento o impida su continuación ” (artículo 454 bis.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC). Esta disposición ha sido respetada por el Titular del JPI nº 32 de Madrid, y tenemos relación de procedimientos en los que ha sido así, hasta cuando decide dicho Magistrado Juez que ‘ donde  dije digo digo Diego’, y resulta que nos ha llegado algún caso en el que se niega en rotundo a conceder lo que la LEC otorga y, como ya hemos comprobado en multitud de ocasiones, no hay forma humana que reconozca el error cometido, persiste y persiste en el desatino, contra viento y marea. ¡Demencial!.

Claro qué, en esta labor le acompaña su fiel escudero, el Letrado de la Administración de Justicia, que no le va a la zaga: Este señor se cisca en la ‘unificación de
criterio’ de los principales Órganos jurídicos y administrativos como la Secretaria General del Ministerio de Justicia, la Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Oficina Judicial (CAJNOJ), el Consejo General del Poder Judicial, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Provincial Civil de Madrid e, inclusive, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Admón. de Justicia en relación a considerar que “NO cabe exigir depósito para recurrir en reposición contra resoluciones dictadas por el SSº/Letrado de la administración de Justicia, únicamente cuando se recurre en revisión”.

Fue durante una larga temporada SSº/Letrado de la administración de Justicia , a la vez, de los juzgados de primera instancia nº 31 y 32 de Madrid, pues mientras no requería consignación de depósito a la hora de plantear recurso de reposición ante diligencia de ordenación y decreto, en el JPI nº 31 de la capital, en las resoluciones coetáneas que emitía, en los procedimientos seguidos en el JPI nº 32, lo reclamaba; en contrándose las partes demandadas de multitud de ejecuciones hipotecarias, seguidas en esos órganos judiciales, con la disparatada situación en la que en el mismo día unas tenían que consignar depósito
para interponer uno de esos recursos de reposición mientras que las otras no; contraste entre dos juzgados a los que les separa una distancia física menor a diez
metros pero qué, sin embargo, les aleja procesalmente un auténtico abismo, sima que vulnera muy gravemente el artículo 14 de nuestra Constitución. ¡ Surrealista!.

Este mismo Letrado, se limpia los bajos una y otra vez, con los certificados que emite el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y lo dictado por el
Ministerio de Justicia en la web dedicada a la Plataforma LexNet, confundiendo lo que es la fecha de envío de la resolución con su notificación. Si envía una resolución judicial el -por ejemplo- 24 de mayo a las 23,30 h., ese es el día de notificación para don Fernando Cava García, bajo ningún concepto admite razonamiento alguno de nadie con respecto a ello; el recurso interpuesto lo considera inadmitido por plazo precluido y ¡santas pascuas!. ¡Aberrante!.

Éstos son solo unos ejemplos de cómo se llevan los procedimientos en el juzgado de primera instancia nº 32 de Madrid, al que consideran algunos su cortijo particular, teniendo documentados unos cuantos ejemplos más. Después de leer cientos de resoluciones judiciales de estos dos funcionarios del tercer Poder, hemos llegado a considerar muy seriamente que “ tiene (n) algún problema singular ”, si no varios, por el/los que debieran estar, hace tiempo, apartados del sagrado ejercicio de impartir justicia, emitiendo sin embargo autos y decretos arbitrarios y con absoluta discrecionalidad. Ofrecemos la documentación que
avala lo manifestado, ahora queda que los organismos correspondientes estén dispuestos a curar, de una vez por todas, este Estado de Derecho enfermo, con pronóstico reservado, decidiendo con firmeza acabar con este tipo de ‘chiringuitos’ judiciales que dan la sensación de estar al servicio de las todopoderosas entidades financieras y sociedades satélite, incluidos fondos y carroñeros varios.

Por cierto, del JPI nº 31 de Madrid hablaremos en otro momento.




Estoy incluido en un fichero de inquilinos morosos, ¿qué hago?

En abril del 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, de profesión registrador de la propiedad, aprobaba una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos – LAU- dentro de la Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que entró en vigor el 6 de junio de 2013. En dicha reforma se introdujo por primera vez la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler en su artículo tercero:

Artículo tercero.
Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su organización y funcionamiento.
2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por dicho motivo, hayan sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 250.1.1.° o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo arbitral dictado al efecto.
4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario.
5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado Registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo.
6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

El objetivo de la enésima reforma del mercado del alquiler preveía, como las anteriores, incentivar el mercado de alquiler dando seguridad a los propietarios. Si bien es verdad que ese registro es una promesa incumplida lo cierto es que los resultados de aquella reforma salta a la vista: enésimo fracaso. Precios por las nubes y miles de inquilinos desahuciados por no poder pagar las rentas o sencillamente porqué no se les renueva un contrato que solo dura 3 años. En Prouespeculació ya escribíamos en febrero del 2013:

… Después se trata de contentar a la clientela pepera que en los foros de Internet piden a grito “mano dura contra los inquilinos morosos”. Entre los asiduos de estos foros están ese 60% de caseros que no declaran los alquileres a Hacienda en este país. Mano dura para los demás. Un fraude monumental que año tras año denuncian en su web los inspectores de Hacienda (GHESTA).

Al Ministerio de Fomento no se le ocurre hacer un listado de evasores fiscales de pisos de alquiler en negro. prefieren hacerlo de las decenas de familias que cada día pierden la casa por impago de las cuotas. La mayoría sobrevenidas por causa de la crisis. Ahí, hasta De Guindos hizo una distinción. Su decreto da una moratoria de dos años a los hipotecados…. pero se olvida de dar igual moratoria a los inquilinos.

Ahora como los inquilinos son todos unos jetas y destrozan los pisos hay que hacer una lista para escarnio público. Faltará saber en concreto hasta donde llega la protección de datos aunque hoy ya corren por ahí  listas privadas con nombres de inquilinos morosos…

Cinco años después de la  reforma de la LAU las únicas listas que corren son de empresas privadas como FIM (Fichero de Inquilinos Morosos).  EL principal problema que se ha encontrado el Gobierno es que hacía la competencia desleal a empresas que se dedican a ganar dinero listando los impagos de alquiler de “supuestos inquilinos gorrones“. Pero estas empresas también tienen sus problemas y han tenido múltiples tropiezos que han supuesto multas elevadas. El principal problema es el reconocimiento legal de que existe una deuda del inquilino. Los principales problemas que tienen para listar a un inquilino como moroso son:

  • El propietario insta el desahucio después del impago de un recibo. Si el inquilino no se defiende- ni paga, ni enerva y ni se opone judicialmente- entonces el secretario del Juzgado al no haber juicio realiza un decreto y no una sentencia firme.
  • Muchas veces el arrendatario o casero llega a un acuerdo de abandono de la vivienda a cambio de no reclamar la deuda. SI es el caso debe asegurarse un documento que especifique este acuerdo.
  • La tardanza en resolver un caso en el Juzgado lleva a que los datos no tengan utilidad.
  • La ley de Protección de Datos establece unos criterios muy estrictos a la hora de ceder datos a terceros

Los requisitos para incluir a un inquilino en una lista de morosidad son:

  • es necesario incluir en el contrato de alquiler una cláusula en la que el afectado acepte esa difusión de datos a terceros.
  • existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada. O sea, que se trate de deudas realmente existentes, sin condiciones pendientes de finalización o cumplimiento, de cuantía determinada y cuyo cumplimiento pueda exigirse por vía judicial.
  • requerimiento previo de pago de la obligación escrito y verificable.
  • cualquier ciudadano registrado debe ser informado. Sus datos económicos tendrán siempre una duración que no exceda los seis últimos años y siempre deberán estar actualizados.
  • el plazo temporal empieza en el momento de la obligación de pago del recibo de la renta.

¿Las leyes que regulan las listas de morosos?

La normativa que regula los datos personales de los deudores en los ficheros de morosidad es:

  • Artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
  • Artículos 38 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

La OCU advierte que hay demasiadas inclusiones por error.

Hasta el más honorable de los pagadores puede un día ver su nombre en un fichero. Muchas de las inclusiones se realizan sin que haya una deuda de por medio o sin cumplir los requisitos mencionados. También son frecuentes los casos de usurpación de personalidad, de contrataciones fraudulentas por las que pagamos el pato (en esos casos debes denunciarse cuanto antes a la policía). Según la Memoria de 2016 de la Agencia de Protección de Datos, un 21,5 % de sus resoluciones sancionadoras fue por inserciones indebidas en ficheros de morosos y el importe de las sanciones alcanzó los 5.836.000 euros.

La OCU explica las claves para que su nombre deje de figurar en un fichero

  • Paga la deuda y solicita la cancelación de tus datos. Si tiene una deuda cierta, vencida, exigible y reclamada por la empresa, para abandonar el fichero lo primero es pagarla. Una vez pagada, asegúrate de que eliminan los datos del fichero y no confíes en que lo hará la empresa acreedora. Para ello, solicita tu baja al titular del fichero adjuntando tu DNI y copia del pago.
  • Si reclamas la deuda… ¿No estás conforme con la deuda? La Agencia Espanola de Proteccion de Datos considera que impugnar una deuda ante un órgano arbitral, judicial o administrativo para determinar si tal deuda existe, impide que pueda hablarse de deuda “cierta”. Así pues, si reclamas, denuncia ante la AEPD que la inclusión en el fichero no procede.
  • Si no hay deuda. Si se trata de un error, no existe tal deuda o no se cumplen los requisitos para la inscripción en el fichero, solicita la baja al titular del fichero. El titular del fichero debe responder en 10 días. Si no lo hace, denuncia los hechos ante la AEPD: se abrirá un expediente que puede concluir en sanciones para la empresa acreedora y la gestora del fichero.
  • Indemnización. Si la inclusión es incorrecta puedes reclamar judicialmente una indemnización por los daños causados.

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500×20 y Prouespeculació se adhieren a la Federación estatal “Vivienda en Lucha ” como socia fundadora

Después de algunos meses de debates y más de un año de trabajo en común entre diversas entidades a escala estatal, entre ellas Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid-PAH Madrid, Associació pel lloguer públic i asequible-500×20, Associació pel Dret a l’Habitatge i pel Dret a una Vida Digna -PAH Girona Salt, Asociación en Defensa de los Afectados por la Vivienda – ADAV Parla, Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios AltMaresme, PAH Léganes, Asociación Civic y Social Ciutats Solidaries- PAH L`Hospitalet, AEDEVI, etc hemos decidido constituir una entidad estatal en forma de Federación, legalmente constituida a nivel nacional.

Ocho entidades forman la Federación y otras muchas que están a la expectativa en diversas localidades y regiones. Es fácil entender que ante la dispersión de las luchas y lo enconada que es especialmente la de la vivienda hayamos decidido dar ese paso en una situación política y social que cambia a velocidad de vértigo. La vivienda, junto al trabajo, es el lugar donde las personas nos convertimos en ciudadanos de pleno derecho. Las que hemos decidido juntarnos sabemos que no es un camino de rosas por ello trabajaremos sobre cuatro ideas básicas:

  • Nos hemos dotado de un decálogo: UN DIEZ A LA VIVIENDA DIGNA. En este documento fundacional hablamos de cómo las personas tienen el derecho de vivir dignamente y legalmente con un título de propiedad, alquiler o cualquier otra forma de acceso a este bien básico. No nos hemos olvidado de los cada vez más miles de hogares que viven en el limbo jurídico de la ocupación. Por eso, el primer punto de nuestro decálogo es el derecho jurídico de cualquier ciudadano de reclamar a la administración una vivienda del parque público de alquiler social sea cual sea su situación económica y consecueentemente la regularización de la ocupación.
  • el decálogo no es un programa completo porqué sabemos que nada es perpetuo pero indica a los de fuera que sí tenemos ideología, que sí tenemos cuatro ideas claras y que queremos compartirlas. Por eso, nadie nos ha impuesto su proyecto de éxito, tampoco queremos imponerlo a los que se acercan. Venimos de fracasos de los que humildemente hemos aprendido y nos han curtido.
  • También tenemos unos estatutos (los publicaremos próximamente cuando estén legalizados). No son una panacea para los problemas que vendrán pero si el lugar donde podremos dirimir nuestras diferencias. Habrá diferencias seguro y queremos convivir con esas diferencias pero buscaremos el consenso. Pero esas diferencias estarán valoradas por la diversidad que aportan, como nos ha enseñado la madre naturaleza, y porqué en las diferencias y en la crítica política honesta está escondida la solución colectiva de debates enconados. Las mayorías simples evitaran la paralización de la Federación delante de minorías de bloqueo pero los estatutos van a permitir valorar esa diversidad y la posibilidad de la confederación como libre-asociado a las organizaciones.
  • No estamos construyendo un partido político de la vivienda. Por eso, queremos mantener nuestra independencia política y social y como Federación no vamos a depender de las subvenciones regulares de partidos, ONG’s o empresas.

La vivienda se ha convertido en un activo financiero de primera magnitud en el mundo actual. Los bancos centrales compran deuda hipotecaria titulizada a la banca comercial privada. La Banca con su dominio de la creación de dinero-deuda mueve la economía hacía caminos donde la ciudadanía se ve obligada a adquirir esa deuda y hipoteca su vida para acceder a una vivienda. Los poderes públicos en su dejación de funciones políticas han dejado en manos del mercado, de la ley de la selva, los derechos ciudadanos de acceso a la vivienda.

No es de extrañar pues que la Federación luche contra la titulización de deudas, el control democrático de la emisión de moneda y unos tipos de interés públicos, transparentes que ayuden, en lugar de gravar, la economía productiva respetuosa con los límites del planeta. Un medio de pago esencial no puede estar en manos de las élites financieras, nos jugamos la vida.

DECÁLOGO

UN 10 A LA VIVIENDA DIGNA

INTRODUCCIÓN

Llevamos muchos años trabajando por el Derecho Universal a una Vivienda Digna junto a miles de activistas. Esa lucha la hemos desarrollado con personas que han perdido ese derecho humano porque el sistema económico capitalista de las últimas décadas ha convertido ese derecho, reconocido en todas las constituciones nacionales, en puro mercadeo. Lejos de rescatarse a las personas, los gobiernos han priorizado el salvamento de los negocios de las élites financieras.

Vivienda Digna es aquella vivienda donde las personas viven con seguridad, paz y dignidad, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Somos una federación de colectivos que creemos necesario esforzarnos en consensuar las finalidades, estrategias y acciones a corto, medio y largo plazo para aunar voluntades, por encima de la visión cortoplacista de la clase política y de algunos movimientos sociales.

Salva Torres


¡UN 10 A LA VIVIENDA DIGNA!

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FEDERACIÓN VIVIENDA EN LUCHA

  1. La vivienda es un derecho universal reclamable.
    Stop a los desahucios sin alternativa asegurada por ley.
  2. Parque público de vivienda social y alquiler asequible.
    Fijar las rentas de los alquileres en función de los ingresos y circunstancias familiares.
  3. Suministros mínimos garantizados por ley.
    Ninguna persona sin agua, luz y calefacción.
  4. La vivienda habitual en régimen de propiedad no es embargable ni ejecutable.
    Adecuación de las deudas teniendo en cuenta lo pagado, el valor actualizado de la garantía y la renta familiar disponible.
  5. Prohibición de la venta y titulización de hipotecas sobre vivienda habitual.
    Limitación, información y transparencia en los procesos de venta de deudas.
  6. Despenalización y regulación de la ocupación por necesidad.
    Censo nacional de viviendas vacías.
  7. Derogación de la LAU. Contratos de alquiler indefinidos.
    Para acabar con la burbuja del alquiler y asegurar un proyecto de vida estable.
  8. Democratización y control de la emisión de moneda y del precio del dinero.
    Un medio de pago esencial no puede estar en manos de las élites financieras que saquean los pueblos. Los tipos de interés deben ser públicos y transparentes.
  9. La justicia no ha de ejercerse contra los Derechos Humanos Universales.
    Los tribunales no deben administrar la justicia contra los derechos humanos y sociales reconocidos. El turno de oficio con justicía gratuita -para personas sin recursos o con recursos insuficientes- debe asegurar una defensa eficaz y profesional.
  10. Nos organizamos desde el asamblearismo y defendemos la independencia política y económica sin ánimo de lucro, el apoyo mutuo y la lucha colectiva.

    Nuestro objetivo es unir esfuerzos para asegurar el acceso a una Vivienda Digna




Debate: Los hogares que perdieron su piso x ejecución hipotecaria reclamarán perjuicios al Banco según sentencia del Tribunal Supremo

.- LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/14/2013

.- PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

.- ES UNA SENTENCIA QUE AFECTA A MILES DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

.- LA PRENSA PANIAGUADA HA OCULTADO SU IMPORTANCIA

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…

+++ info SOBRE LA SENTENCIA>>>>




La Iglesía católica -la mayor y más vitaminada SOCIMI española- y la emergencia habitacional.

edificio de viviendas propiedad de la Iglesia en el centro de Córdoba

Basta poner en su buscador favorito de Internet la siguiente búsqueda: “propiedades de la iglesia católica en España IBI” para encontrar centenares de noticias que explican de hecho la imposibilidad de conocer todas las propiedades inmobiliarias de la Santa Iglesia. Igualmente, aparecen noticias de administraciones que han intentado poner blanco sobre negro el dinero que se ahorra esa Institución religiosa en impuestos. O enlaces a censos de todas las propiedades urbanas exentas de impuestos (catedrales, iglesias, colegios, hospitales, tierras, hoteles, pisos, garajes, etc) así como de la propiedad rústica eclesiástica.

Europa Laica en su informe del 2015 (1) calcula que la Iglesia católica nos cuesta en subvenciones y exenciones fiscales 11.000 millones de euros, tanto a creyentes como no creyentes. Vale la pena leer su informe donde desgrana todas las partidas que recibe la Iglesia católica. Pero tres frases lo dicen todo:

  • Esa cantidad supone más del 1% del Producto Interior Bruto de España o el 4% de los presupuestos generales del Estado en un país con 10 años de crisis perpetua para las clases populares.
  • Ello significa que cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 € al año o 20 € al mes.
  • La iglesia católica española es inmensamente rica, NO ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos

Un ejemplo en Córdoba

uno de los edificios en Córdoba que no paga impuestos ni por los negocios que genera

Sólo en Córdoba capital, la Iglesia tiene 443 inmuebles, repetimos, inmuebles con sus correspondientes viviendas. El listado de propiedades incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contar las que están incluidas en los recintos religiosos-. También existen 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios destinados a oficinas o uso comercial.  Se trataría, así, de una serie de propiedades sin vinculación al culto pero que, en la práctica, están exentos del pago del IBI y reportan rentas mundanas a los que pregonan el reino de los cielos. (2)

Además de esas propiedades, otros inmuebles de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -iglesias, ermitas, conventos, etc-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales -San Juan de Dios-, universidad -Loyola-, residencias de mayores, fundaciones y casas de cursillos o espiritualidad. Aparte de la propia Mezquita-Catedral, el principal enclave turístico de la ciudad, que ha recibido en el último año 1,8 millones de visitantes que pagan una entrada y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 51.000 euros anuales de IBI. Esta mezquita fue inmatriculada el 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009.

 

El caso de Valencia-capital

En la ciudad de Valencia la Iglesia cuenta con más de 1.280 propiedades, de las cuáles solo el 18 % están relacionadas con el culto. El resto, la mayoría, son viviendas, aparcamientos, bajos comerciales u otros inmuebles por los cuales las entidades católicas no solo no pagan impuestos sino que en algunos casos extraen beneficios gracias a las rentas de alquiler. (3)

Así se desprende del trabajo realizado por la plataforma Europa Laica, cuyos miembros llevan desde el pasado mes de junio cotejando los datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia en 2012 donde se detallaban las propiedades exentas de IBI con el registro catastral. Una por una, los integrantes de este observatorio han analizado la localización y el uso de estas propiedades, acudiendo al lugar y llamando a la puerta para contrastar su actividad. Para sorpresa de ellos, se han encontrado con restaurantes de kebab, boutiques de ropa, librerías, asesorías, sedes de entidades bancarias, relojerías, hostales, concesionarios de coches o incluso clínicas de tratamientos estéticos. «Aunque no lo hemos podido analizar todo todavía, la mayoría de esos locales, viviendas y aparcamientos están alquilados», explicó a Levante-EMV Guillermo González. De hecho, los datos que ahora maneja este colectivo corresponde justo a la mitad de los distritos de la capital.

El Ayuntamiento de Valencia deja de ingresar cada año cerca de 800.000 euros. A ellos habría que sumar las más de 1.040 fundaciones que tampoco pagan IBI, el 80 % de las cuales son católicas y en las que se albergan negocios y empresas ya mencionadas. Unos dos millones al año. Según Europa Laica, las más de 1.280 propiedades de la Iglesia no sólo no abonan el IBI, sino que tampoco lo hacen con otros impuestos derivados de sus actividades u obras (el IVA sí que lo pagan desde una modificación a finales de los años 90). «Resulta muy complicado establecer una cifra, pero cerca de 16 millones de euros han dejado de ingresarse en los últimos cuatro años en la ciudad», indicó González.

En una ciudad como Barcelona, las exenciones fiscales, más los tributos no pagados por actividades económicas, podrían suponer anualmente los 90 millones de euros que suponen el total de la inversión en políticas de vivienda del Ayuntamiento de Ada Colau.

Y otro ejemplo en Badajoz…

¿Sabía usted que en el año 2014 el Servicio Extremeño de Salud ingresó mediante transferencia bancaria en las arcas municipales del Ayuntamiento de Badajoz 5,1 millones de euros correspondiente al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de los años comprendidos entre 2008 y 2012 de los centros salud y hospitales públicos que existen en la ciudad?. Un dinero considerable que sirve para aumentar los caudales del Ayuntamiento. ¿Cuanto dinero ha ingresado el Ayuntamiento de Badajoz por los hospitales religiosos etc … de Badajoz en concepto de IBI? Cero, cero patatero.

Europa Laica y las inmatriculaciones eclesiásticas

Desde el año 1996 la Iglesia católica ha registrado miles de propiedades por toda la piel de toro simplemente haciendo lo mismo que en la mezquita de Córdoba.

Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica. Con esta operación la Iglesia a registrado miles de propiedades en los últimos años. Finalmente el Congreso de los Diputados aprobó un cambio en la Ley hipotecaria que acababa con ese privilegio de la Iglesia.

La Iglesia Católica y la emergencia habitacional

El informe de Europa Laica es contundente: la Iglesia católica es la mayor SOCIMI española, vitaminada por el Estado con la exención generalizada de impuestos o la vista gorda. La iglesia católica oficial española es propietaria o presuntamente se ha apropiado, a lo largo de la historia, de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado HOY A ESTO SE LE LLAMA EXPOLIACIÓN DE LOS COMUNES por la nueva izquierda municipalista –. A través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONGS, fundaciones, universidades, centros de Enseñanza, etc.) conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios: Ejemplos: más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio). Aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. Aunque las más de 40.000 instituciones tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial, cuya dependencia de la Santa Sede es absoluta. También participa en el sector financiero español (fundamentalmente cajas de ahorro) (Ver Anexo III). Posee innumerables empresas mediáticas y de comunicación social, así como del mundo editorial. Es partícipe, además, de acciones en multitud de grupos empresariales de diversos ámbitos. (ver más en 1)

Sobre lo que queremos llamar la atención no es sobre la cantidad de propiedades que tiene la Iglesia. Es verdad que hemos empezado este documento mostrando el conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia comparable a sociedades financieras de la categoría de un Banco. No hemos mostrado las relaciones de poder que ha habido en nuestro país entre la Banca y la Iglesia – un ejemplo de los cuales ha sido el Banco Popular – porque el documento se haría interminable y se desviaría de su objetivo.  El conglomerado societario y patrimonial de la Iglesia católica en España podríamos definirlo como “un común” pues es fruto de la acumulación primaria de capital y propiedades sobre la base de la gestión del sentimiento religioso de decenas de generaciones y de siglos.

Podríamos decir sin error, que es fruto del trabajo del pueblo “sin el pueblo“, es un patrimonio común que la misma iglesia muchas veces habla de ponerlo al servicio de los desamparados – oprimidos – en su propio lenguaje. Es cierto que hay excepciones en muchas de sus sociedades y órdenes religiosas en donde se antepone la ayuda al necesitado a las ansias de acumulación. Pero dejamos bien claro que eso, dada la magnitud societaria de la Iglesia y los enormes beneficios fiscales que recibe, es una gota en un océano de necesidades de sus feligreses y no feligreses para el común de los mortales.

¿Se imaginan las políticas de vivienda pública o social que se podrían hacer con los 11.000 millones de exenciones fiscales, sumadas a  los negocios no declarados y a las propiedades inmobiliarias usadas como emergencia habitacional? El Ayuntamiento de Ada Colau que reivindica los comunes, ejemplo de políticas sociales de izquierda, ha puesto en el último presupuesto conocido cerca de 100 millones en políticas de vivienda. Hagamos nuevamente la comparación:

11.000.000.000 comparado sobre 100.000.000

¿Se imaginan la bomba que supondría sobre el mercado libre de vivienda en España (98%) la puesta en marcha de semejante patrimonio sin tocar siquiera los derechos de propiedad de la Iglesia?

El Papa Francisco, como hizo Jesucristo, está clamando contra los mercaderes del templo que se han apoderado del mismo. La Iglesia católica española, su gran jerarquía, es hipócrita con sus postulados de pobreza. Su patrimonio sería una salvación tan grande como la expropiación de las viviendas que la Banca privada se ha apropiado de las familias con la crisis que ella misma ha generado para enriquecerse. Usar su patrimonio al servicio de los “desamparados” del país sería como devolver el PATRIMONIO DEL PUEBLO, LOS COMUNES, a sus legítimos poseedores sin expropiarlo.

Pero lo realmente punible de la jerarquía eclesiástica española, su dominio sobre su patrimonio, que no esta descentralizado en sus comunidades de base, es que hacen lo contrario de lo que defienden. ESE ES SU PECADO MORTAL.

Es peor que la banca privada pues de ella ya sabemos lo que se puede esperar – de los Botín, González, March, etc – . La mayor SOCIMI vitaminada del Estado español – la Iglesia católica – es aún más punible que cualquier otra SOCIMI creada por la banca infernal o los buitres del mundo entero.

En tiempos del PSOE de Zapatero se creó la legislación que permitiría años más tarde las exenciones fiscales y las tropelías actuales de las SOCIMI en los barrios de las grandes ciudades. Ya nos hacíamos eco en nuestro blog en el año 2009 (6). Think Tank de la socialdemocracia están detrás de estas “sociedades maléficas” que supuestamente fueron legisladas para crear el desastre que hoy conocemos aunque supuestamente debían ser el crisol de un verdadero mercado profesional del alquiler – libre por supuesto- en nuestro país (7).

Las SOCIMI son malas, sí, muy malas. El desastre que estamos viviendo actualmente en nuestras ciudades con los desahucios de alquiler es fruto de políticas preparadas desde hace tiempo por la izquierda oficial y los partidos del régimen del 78.

Lo que resulta chocante es que “la nueva izquierda comunal” que ha ganado los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y que reivindica “los bienes comunes” olvide el patrimonio de la Iglesia católica en sus postulados reivindicativos. ¿El patrimonio de la Iglesia no es tan comunal como el agua o la sanidad pública?

De hecho, el discurso de la nueva izquierda municipalista asimila SOCIMI a PP cuando los artífices de ese artefacto fue el gobierno de Zapatero en su desarrollo de los REIT (Real Estate Investment Trust) anglosajones en su primera legislatura. El loable estudio sobre vivienda vacía de las entidades financieras que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona se podría extender a las propiedades inmobiliarias de la Iglesía no fuera que desde el 1995 la jerarquía eclesiástica haya inmatriculado más propiedades terrenales de la cuenta en la ciudad condal. Ada Colau contará con todo nuestro apoyo.

¿Por qué el foco de la maldad se pone en las SOCIMI capitalistas que nacieron para lo que son y se deja de lado sin siquiera nombrarla a la mayor SOCIMI española – el patrimonio inmobiliario de la Iglesía católica, los comunes de siglos de acumulación – si su uso social ayudaría a reventar la burbuja inmobiliaria, al menos momentáneamente ?

Deberemos crear relato – que esta de moda -sobre este tema… nuestro blog ha abierto el melón!

salva torres

+++INFO COMPLEMENTARIA

  1. Opacidad y financiación de la iglesia católica. Informe 2015.
  2. La Iglesia posee 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI.
  3. La Iglesia no paga el IBI de más de 1.200 inmuebles pese a que solo el 18 % son de culto.
  4. Las injusticias del IBI y la Iglesia Católica.
  5. Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica.
  6. Las SOCIMI – Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario.
  7. Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional – Alejandro Inurrieta Beruete- ex-presidente de la Sociedad Pública de Alquiler que cerró con pérdidas de 21 millones de euros para poner en alquiler poco mas de 9000 viviendas en todo el país en 3 años..

+++ DATOS:

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cada día fueron desahuciados 36 hogares durante el 2017 según el CGPJ

CADA DÍA 36 FAMILIAS han sido expulsadas DE SU CASA DURANTE EL 2017 SEGÚN DATOS DEL CGPJ

A LAS COMARCAS DE GIRONA EL 2017 HAN HABIDO 2041 DESAHUCIOS

programa “SI que es pot” – Marta AFUERA – femgirona ràdio.

Como también informó el Diario de Girona, los juzgados han ejecutado 2.042 desahucios en las comarcas de Girona durante el 2017, un 5,8% más que el año pasado. Según recoge la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el drama de aquellos que pierden la vivienda, de momento, no va a la baja. Entre enero y diciembre, 823 familias y particulares de la demarcación se quedaron sin techo por no poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Una situación que, en muchos casos, los lleva aparejado una deuda de por vida. Pero junto a estos casos, los datos también muestran otra cruda realidad: la que viven aquellos que no pueden afrontar las cuotas del alquiler y ven como los echan del piso. En un año, en las comarcas gerundenses, los juzgados han ejecutado 1.161 desahucios por este motivo.

El Diari Ara también ha publicado que:

CADA DÍA 36 FAMILIAS SE QUEDAN SIN CASA EN CATALUNYA SEGÚN LAS ÚLTIMAS DATOS CORRESPONDIENTES AL 2017 PUBLICADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Más de 13.300 familias se quedaron sin casa este 2017 porque no podían pagar el alquiler o la hipoteca, según los últimos datos que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El goteo sigue siendo constante: 36 familias cada día se quedan sin casa, o lo que es lo mismo, cada hora se producen entre uno y dos desahucios en Cataluña.

Según los datos, Cataluña lidera un año más el ranking de desahucios, muy por encima de Andalucía y Valencia, las comunidades autónomas que la siguen. El tercer trimestre del año coincidiendo con los meses en los que ya estaba en vigor la ley catalana antidesahucios aprobada en diciembre 2016, fue el momento en que menos se produjeron. En cambio, tras la suspensión del Tribunal Constitucional de octubre, los tribunales ejecutaron 3.400 lanzamientos, casi un millar más que en el trimestre anterior.

La Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres también ahonda en esta problemática en su Facebook

facebook: Taula Energètica i de l’Habitatge de Figueres.

Figueres cuenta con 783 pisos vacíos de instituciones financieras, mientras que muchos de sus ciudadanos malviven hacinados en pisos insalubres. Las familias desahuciadas van a las pensiones con un promedio de 6 meses de estancia con todos los gastos públicos que ello conlleva. Ha llegado el momento de obligar a la ciudad a expropiar o multar a los pisos vacíos de los bancos.

La portavoz de la Taula, Rosa Chía cree que tras levantar la suspensión de la ley 24/2015 de la Generalitat por el Constitucional se deberían expropiar temporalmente todos los pisos de los bancos como ha decidido ya el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque el Constitucional no ha levantado la suspensión obligatoria del alquiler social en las ejecuciones hipotecarias Rosa cree que una medida así en Figueres ayudaría mucho a salvar la emergencia habitacional que vive la capital de la comarca de l’Alt Empordà. Hoy por hoy el Ayuntamiento de Figueres hace caso omiso a sus demandas.

SE DESALOJAN LOS SIN TECHO DE LA PLAZA CATALUNYA DE BARCELONA por la Guardia Urbana de la ciudad condal.

Rosa Chía y su compañera Carmen, también se exclaman contra la situación de los centenares de personas que viven en la calle en todas las ciudades del Estado sin que ninguna administración haga absolutamente nada mientras miles de viviendas son vendidas a fondos especulativos o ricachones extranjeros que así obtienen la nacionalidad española. Han pasado un rato con los acampados de la plaza Catalunya de Barcelona preguntando por su situación y dando su apoyo.

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Las familias que perdieron su vivienda antes del 03/04/2013 podrán revocar la sentencia y reclamar daños al Banco y al Estado

versión actualizada: mayo 2018

.- LAS FAMILIAS QUE PERDIERON SU VIVIENDA ANTES DEL 03/04/2013

PODRÁN REVOCAR LA SENTENCIA Y RECLAMAR DAÑOS AL BANCO Y AL ESTADO

.- ES UNA SENTENCIA QUE AFECTA A MILES DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

.- LA PRENSA PANIAGUADA HA OCULTADO SU ENORME IMPORTANCIA

El pasado 27 de septiembre del 2017, el Tribunal Supremo -TS- dictaba la inexistencia de “cosa juzgada” en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia 526/2017 de este Tribunal supone, en la práctica, que miles de deudores -el grueso de las ejecuciones hipotecarias de la crisis – que fueron desahuciados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. La verdad es que antes no se podía porqué las entidades financieras se oponían porqué la causa estaba juzgada, pero ahora con esta sentencia la cosa se pone fea para la Banca.

La sentencia dictada el 27 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo es muy importante porqué recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 después del caso Aziz y la aplica al caso de Dña. Leticia y D. Ovidio contra la financiera Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, hoy extinta….. después de una existencia llena de litigios en los tribunales…


El fallo del alto tribunal dice:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Dña. Leticia y D. Ovidio contra la sentencia n.º 682/2014, de 4 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el recurso de apelación núm. 229/2014 , que anulamos y dejamos sin efecto.
  2. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Celeris Servicios Financieros S.A., EFC, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao, en el juicio ordinario n.º 642/2013, con fecha 16 de enero de 2014, que confirmamos.
  3. No hacer expresa imposición de las costas causadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, e imponer a Celeris Servicios Financieros S.A., EFC las costas del recurso de apelación.
  4. Ordenar la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y la pérdida del prestado para el recurso de apelación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala. Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.


El Supremo sentencia que los casos aparentemente juzgados pueden no estar cerrados porque el TS considera que en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 03/14/2013, los jueces no podían revisar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos hipotecarios ni los deudores podían oponerse aduciendo dichas cláusulas. por todo ello, el Alto Tribunal resuelve que las ejecuciones hipotecarias anteriores a esa fecha no tienen  por lo que entiende el TS que dichos procedimientos de ejecución hipotecaria no tienen fuerza de cosa juzgada.

El Tribunal Supremo abre la Caja de Pandora para la Banca: no sólo no es cosa juzgada sino que se podrá reclamar por daños y perjuicios derivados de la pérdida de la vivienda habitual de resultas de la aplicación indebida de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado. El deudor podrá por lo tanto, recuperar su vivienda y si no es posible exigir una compensación económica por ello. No sólo eso, se abre la posibilidad de reclamar al estado posibles perjuicios derivados.

LA ENORME IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA HA PASADO DESAPERCIBIDA POR LA MAYORÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PANIAGUADOS DE LA GRAN BANCA.

DOCUMENTACIÓN ÚTIL>>>>>



La sentencia 526/2017 del Tribunal Supremo nos ha dejado estas noticias relevantes en Internet:


En el siguiente video nuestro compañero Antonio Muñoz de la Ventana Esmeralda explica muy bien EL ALCANCE DE ESTA SENTENCIA.




La Historia de España explicada para los currelas que siempre perdemos

¿qué ha pasado y que pasa en nuestro país?
vaya tomadura de pelo!