Como prevarican los jueces contra los deudores hipotecarios en los procesos declarativos (I)

Dado que las ejecuciones hipotecarias están tocadas de muerte y en poco tiempo estarán rematadas, los bancos  salen ahora con uan reclamación de la deuda hipotecaria mediante una demanda de proceso declarativo en la que pretende conseguir una sentencia con el mismo efecto que la cláusula de vencimiento anticipado del contrato cuya declaración de nulidad les está cerrando la vía de la ejecución hipotecaria, para después ejecutar esa sentencia igual que antes ejecutaban la escritura hipotecaria.

Una de las normas en las que pretenden basar ese vencimiento anticipado no pactado es la del artículo 1129 CC. Cualquier persona sin necesidad de ser jurista, debería percatarse ya a primera vista que esta norma no es aplicable a las deudas hipotecarias, porque obviamente estas están garantizadas por la hipoteca. Tan obvio resulta que no se entiende como se pretende algo tan descabellado con un vencimiento anticipado basándose en esta norma. Cualquiera pensaría que esto sería desestimado de entrada por cualquier juez. Si nos fijamos con un poco de atención comprobaremos que tampoco se cumple el requisito de la insolvencia, pues el deudor hipotecario que incumple sus obligaciones de pago periódicas es moroso sin duda, pero no insolvente porque en su patrimonio existe al menos un bien para cubrir la deuda, lo habéis adivinado se trata del bien hipotecado. El que el patrimonio del deudor carezca de la liquidez para cumplir las obligaciones de pago periódicas no cambia el hecho que sea suficiente para cubrir la deuda. Por tanto, no cabe hablar de insolvencia. Por tanto, es ridículamente claro que la norma del artículo 1129 CC no es aplicable a las deudas hipotecarias.

Seguramente el lector perspicaz ya habrá adivinado que a pesar de lo anterior los jueces están prevaricando a favor del banco, estimando que el deudor hipotecario debe perder el derecho al plazo en base a este artículo. Otra prevariación de la Administración de Justicia contra los deudores hipotecarios en beneficio de la Banca.

Pero para ser justos y no crear falsas desesperanzas, hay que aclarar que dado que el número de estos procesos declarativos no alcanza aún ni de lejos el de las ejecuciones hipotecarias, no conozco sufientes casos para saber si esta prevaricación será de aplicación generalizada, o minoritaria y si costará más o menos vencerla.

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Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (I)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 688 LEC y 130 LH el fundamento de la ejecución hipotecaria es la inscripción registral de la hipoteca. Por tanto, el verdadero título ejecutivo en el que ha de basarse toda la ejecución hipotecaria, es la inscripción registral de la hipoteca. La copia válida de la escritura hipotecaria es el título que permite iniciar la ejecución y permite solicitar la certificación registral de la hipoteca en la que tendrá que basarse la ejecución, pero no es el titulo en que deba basarse la ejecución hipotecaria.

Quizás a primera vista no se vea la importancia de este crucial detalle porque evidentemente la copia de la escritura hipotecaria y la inscripción registral deberían ser idénticas y por tanto, basarse en una u otra para llevar a cabo la ejecución debería dar el mismo resultado. La importancia estriba en que en la práctica salvo raras excepciones no solo no coinciden si no que difieren en demasía. La inscripción registral de la hipoteca no suele ser una copia literal de la escritura hipotecaria sino una mención de algunos extremos, en muchas ocasiones solo la mención al valor de tasación del tipo de subasta y la existencia de la cláusula de vencimiento anticipado y en algunos ni siquiera estas.

Dado que el certificado registral de la hipoteca legalmente es el verdadero título en el que debe basarse la ejecución hipotecaria, antes de despachar la ejecución debería solicitarse al Registro para una vez que el juzgado disponga de él decidir sobre el despacho. Esto no sucede nunca. El certificado de dominio y cargas se solicita siempre después de despachar la ejecución en base a la escritura notarial de la hipoteca simplemente para incorporarlo al expediente sin más porque no se le da ninguna utilidad. Es decir, ni siquiera cuando ya se dispone de él la ejecución se basa en el certificado registral de la hipoteca. Siguen basándose en la copia de la escritura hipotecaria, que no es el verdadero título ejecutivo de la ejecución hipotecaria.

Si se actuase correctamente no podría despacharse casi ninguna ejecución hipotecaria porque este certificado de dominio y cargas raramente contiene la totalidad del contrato hipotecario sino solo referencia a alguna de sus cláusulas, que no transcripción. Estos es así porque las entidades financieras ya no inscriben la transcripción literal de todo el contrato hipotecario en el Registro de la Propiedad, quizás por ahorrar dinero, o quizás mejor dicho por avaricia. Si ni siquiera se puede despachar la ejecución, ¿cómo puede tramitarse? ¿cómo pueden tomarse decisiones sobre un contrato hipotecario? Los jueces seguramente responderían que en realidad si lo conocen porque disponen de la copia de la escritura hipotecaria. Pero el problema es que legalmente solo lo pueden conocer a través de la certificación registral de la hipoteca, el conocimiento no puede proceder de otros documentos por más fiables que los consideremos, el Legislador así lo ha dispuesto. Y dado que la certificación registral de la hipoteca en la inmensa mayoría de los casos no solo es que sea incompleta sino que aporta escasísimos datos, es imposible tramitar la ejecución.

En consecuencia una abrumadora mayoría de las ejecuciones hipotecarias despachadas y tramitadas son nulas de pleno derecho. Los jueces han violado estas normas para despacharlas y tramitarlas. Las han violado en beneficio de la Banca y en perjuicio de los deudores hipotecarios. Han prevaricador en beneficio de la Banca.

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Como prevarican los jueces contra los deudores hipotecarios en los procesos declarativos (II)

La otra norma en la que pretenden basar ese vencimiento anticipado no pactado es la del artículo 1124 CC. Que está prevista para aquellos contratos como los de suminitros en los que ambas partes periódicamente deben cumplir obligaciones y la obligación periódica de cada parte es la recíproca de la de la otra parte. Buen ejemplo de ello es el contrato de suministro eléctrico. La compañía tiene la obligación de suministrar cada mes al usuario la electricidad que este necesite consumir y el usuario la obligación recíproca de pagar cada mes esta electricidad consumida. Si el usuario incumple su obligación de pago mensual, la compañía eléctrica puede rescindir su obligación de suministro mensual y dejar de suministrar.

Sin embargo, esto no se parace en nada a los contratos de préstamos bancarios. Pues los bancos suministran de una sola vez el dinero del préstamo y por tanto, no tienen obligaciones periódicas de suministro. Si el prestatario, deja de pagar sus cuotas, es lógico que reclamen y quieran recuperar el dinero prestado y los intereses. Pero lo que no pueden hacer es rescindir sus obligaciones de suministro de dinero, porque no tienen ninguna, ya que todo el dinero que tenía que prestar ya lo prestaron. No hay pues obligaciones recíprocas y por tanto, no hay nada que rescindir.

Para profundizar en lo anterior con mayor abundancia de argumentos recomiendo encarecidamente la visión de esta charla del Juez del Juzgado de Primera Instancia 1 de Barcelona sobre el tema con el siguiente enlace http://www.iuristel.tv/cicac/embed.php?id=497 . Su intervención comienza en el minuto 29:30 y finaliza en el minuto 1:16:00.

Para cualquier jurista ya al salir de la Facultad de Derecho, es claro que el artículo 1124 CC no es aplicable al contrato de préstamo. También los es para los abogados y los jueces de los bancos. Pero dado el callejón sin salida al que ha llegado la Banca por abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de los contratos de préstamos hipotecarios, no les ha quedado más remedio que “inventarse” salidas legalmente imposible. Pero dado que cuentan con poder suficiente y la gran mayoría de sus jueces a su servicio, en la práctica pueden forzar esta salida ilegal, prevaricando obviamente.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (II)

Lo habitual en las ejecuciones hipotecarias es reclamar la totalidad de la deuda, incluida la aún no vencida, que suele ser de mucho mayor cuantía que la ya vencida y con gran diferencia.

Esto lo permite la norma del artículo 693.2 LEC para el caso que así se haya pactado. Pero incluye como requisitos que este pacto conste en la escritura hipotecaria y en su correspondiente asiento del Registro de la Propiedad.

Por tanto, para aceptar la reclamación por la totalidad de la deuda incluida la no vencida, al juzgado le debe constar la inscripción registral de la cláusula de vencimiento. Sin embargo, este requisito nunca es tenido en cuenta, se despacha la ejecución sin tener presente el certificado de la inscripción registral y cuando se solicita al Registro de la Propiedad una vez ya despachada la ejecución y este lo remite, el juzgado se limita a incorporarlo al expediente sin comprobar los asientos. Si lo hicieran comprobarían que en muchos casos no consta la cláusula de vencimiento anticipado. Y por tanto, dado que al juzgado no le consta la inscripción registral de la cláusula de vencimiento anticipado, no debería proseguir con la ejecución, sino archivarla. Pero nada de eso sucede, porque de lo que se trata no es de ponerles pegas a los bancos, sino de facilitarles el expolio colaborando como cómplices en él.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (III)

Debería ser obvio que para el despacho y la tramitación de la ejecución hipotecaria, el ejecutante debería constar como titular registral de la garantía hipotecaria. Entre otros motivos, porque así lo establece el artículo 688.1 LEC.

Pues bien en muchos casos en los que no es así debido sobre todo a las numerosas transformaciones de las entidades financieras de los últimos tiempos, se pasa por alto completamente violando
flagrantemente esta norma y se permite que ejecute quien no consta como titular registral de la garantía hipotecaria.

A algunos les parece peccata minuta, sobre todo a los jueces que defienden los interese de la Banca, porque de todos modos se aporta documentación a la demanda de ejecución que acredita que el ejecutante es el sucesor del titular registral de la garantía hipotecaria. Pero dejando al margen que esta documentación deberían aportarse al Registro de la Propiedad para que inscribiese al nuevo titular y que no se hace simplemente, para ahorrarse el enorme coste económico que supondría  a la Banca, primando así la avaricia de la Banca sobre la seguridad jurídica, no siempre es así.

Pongo dos ejemplos reales de ellos. Una ejecución hipotecaria en la que Banco Sabadell ejecuta una hipoteca inicialemente de Caja Granada. Ya de por sí es llamativo porque Caja Granada nunca ha formado parte de Banco Sabadell, sino que se integró en BMN. Banco Sabadell adquirió a BMN el negocio de Caixa Penedès que al igual que Caja Granada se había integrado previamente en BMN. Aunque no es imposible que una hipoteca de Caja Granada haya acabado en el Banco de Sabadell. El problema es que Banco Sabadell no ha aportado ninguna documentación que acredite ser el titular de la garantía hipotecaria y sin embargo la ejecución ya está finalizando. Para mayor inri recientemente el Banco Sabadell ha reconocido al ejecutado por escrito mediante un correo electrónico no ser el titular de esa hipoteca.

En el otro caso también está implicado BMN que es quien ejecuta una hipoteca de Caixa Penedès, que en principio debería pensarse que es del Banco Sabadell. No es imposible que realmente sea de BMN, pero no se acredita de ningún modo.

Estos problemas no se darían si se respetase la Ley, exigiendo que el ejecutante coincida con el titular registral de la garantía hipotecaria.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (IV)

 

El artículo 550.1.1º LEC establece que a la demanda se acompañará el título ejecutivo en que se funde. El artículo 517.2.4º LEC requiere cuando el título sea escritura pública que sean primera copia. El cuarto párrafo del artículo 17.1 LN requiere que para que la copia tenga carácter ejecutivo que se expida con tal carácter. La interpretación sistemática de estos dos últimos artículos lleva a la conclusión que la copia de la escritura pública que ha de acompañar a la demanda ejecutiva ha de cumplir la doble condición de ser primera copia y expedida con carácter ejecutivo. Para las hipotecas anteriores a diciembre de 2006 solo primero copia la norma que exige que se expidan con carácter ejecutivo entró en vigor en esa fecha.

Sin embargo, el artículo 685.4 LEC permiten a las entidades que legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o que, al iniciarse la ejecución, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, presentar copias sin los requisitos anteriores si la acompañan de de una certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.

En la práctica cuando los bancos no aportan las copias con los requisitos exigidos ni la acompañan con la certificación del Registro ni acreditan que legalmente pueden emitir cédulas hipotecarias o que garantizan préstamos afectos a una emisión de bonos, suceden exactamente lo mismo que si lo aportasen con todos los requisitos legales, se despacha ejecución igualmente, porque todo esto los juzgados ni se lo miran ni parece que lo sepan.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (V)

El artículo 10 LEC establece quienes pueden ser partes de un proceso civil, es decir, quien puede demandar y quien puede ser demandado. En general, serán los titulares de la relación jurídica litigiosa. En el caso de un contrato de préstamo hipotecario, el prestamista titular de la garantía hipotecaria, los prestatarios y los hipotecantes. Pero también pueden ser otros distintos de los titulares cuando una ley se le atribuya esa condición. Es el caso en una ejecución hipotecaria del nuevo propietario del bien hipotecado que no es parte del contrato hipotecario al que la norma del artículo 685 LEC con todo el sentido del mundo obliga a demandar.

En los últimos tiempos ha levantado mucha polvareda la polémica sobre la legitimación activa de las entidades financieras que habían titulizado los créditos de sus contratos hipotecarios.

Evidentemente al titulizar dejaban de ser acreedores, es decir, titulares de la relación jurídica. Esta es la parte no polémica ni discutible del follón de las titulizaciones, porque de ser titulares no habría discusión posible.

La discusión y la polémica venía por si existía alguna ley que les concediese esa legitimación activa. Los prevaricadores jueces que defienden los intereses de la Banca, afirma que tal norma se halla en los artículos 26.3, 30 y 31 del RD 706/2009 pero omiten que tal norma es posterior a las hipotecas que actualmente se ejecutan, que no es una ley sino un reglamento y que se refiere a los casos en que las entidades financieras no ceden la totalidad del crédito sino que lo ceden parcialmente, por lo que obviamente estas normas no son aplicables al caso.

Pero claro no hay mas ciego que el que no quiere ver. Afortunadamente recientemente dos AP han dictado sendos autos que ponen el punto sobre la i.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (VI)

Cuando se denuncia la infracción de los actos procesales de la ejecución, basándose en el artículo 562 LEC que es la que lo permite, la respuesta suele ser la inadmisión o la desestimación con el burdo pretexto que el acto no es impugnable.

Si el defecto conlleva la nulidad de actuaciones, la respuesta normal es inadmitirlo, basándose en la norma del artículo 228 LEC que es la prevista para los procesos ya finalizados en lugar de aplicar la correcta del artículo 227.2 LEC prevista para los procesos en curso y admitirla. Ambos procedimientos de nulidad previstos para situaciones diferentes, tienen requisitos diferentes, y se tramitan y resuelven de forma diferente. Hacerse el sueco y tomar el procedimiento del 228 LEC en lugar del 227.2 LEC permite quitarse de encima el engorro de la nulidad de actuaciones.  Si por casualidad se le señala al señor o señora juez la “confusión” de procedimientos de nulidad, no hay problema, con seguir haciéndose el sueco todo solucionado.

Ahora bien si, es al señor o señora juez, a quien interesa anular un acto procesal, no hay problema, el mismo de oficio lo abre, y entonces por algún milagro del dios de la judicatura no hay confusión ninguna, eligen el procedimiento correcto, el del artículo 227.2 LEC entre otros motivos porque es el único que permite iniciar la tramitación de una nulidad de oficio.

Cuando por fin han anulado lo que les interesaba anular, no se olvidan indicar que contra esa resolución no cabe recurso alguno, lo que sería cierto si se tratase del procedimiento del artículo 228 LEC pero no lo es en el del 227.2 LEC. Es decir, usa de uno o de otro procedimiento según les conviene, me interesa esto de este pues lo cojo, me interesa esto del otro pues lo cojo  y hago una mezcla a mi gusto.

Solo queda por decir, que la interesada confusión de los señores y la señoras jueces entre las nulidades del artículo 227.2 LEC y del 228 LEC, no es exclusiva de las ejecuciones hipotecarias, sino generalizadas en todos los procesos civiles.




Como prevarican los jueces en las ejecuciones hipotecarias (VII)

El artículo 558.2 LEC permite que un perito emita un informe sobre la liquidación. ¿Se imaginan lo que sucede cuando se se solicita su designa? Efectivamente, se deniega.

¿Y en qué maravillosos argumentos se basan para ello? Pues son variopintos, aunque no tienen nada de maravillosos sino que son bastantes burdos, pues sueltan cualquier pretexto por no decirte que no les da la real gana. Por ejemplo, que la solicitud está fuera de plazo por haberlo pedido antes que te emplazaran para presentar la oposición; que no es necesario porque no se alega pluspetición, estos no entiedieron la lección de Barrio Sésamo que dice que el burro tiene que ir delante del carro y no al revés, para oponer la pluspetición primero es necesario el dictamen y no al revés y por último menciono la más cojonuda, que los intereses no son variables, aunque realmente sí lo son, de hecho nunca he visto ninguna hipoteca en la que el interés no sea variable.




Se pilla antes al mentiroso que al cojo

En la virulenta campaña de odio que el sistema tiene en marcha desde hace años contra la ocupación y los ocupas, no solo participan periodistas y medios de lavado de masas encefálicas, sino a menudo juristas. En este caso se suele reclutar aquellos con los suficientes galones para hacer valer la falacia de la autoridad. En este blog ya comentamos el caso del presidente del TSJC y ahora vamos a comentar esta nota de un Catedrático de Derecho Procesal de la UB.

El truco que emplea este profesional del sofisma ya lo conocemos, lo hemos mencionado en innumerables ocasiones e incluso le hemos dedicado entradas, como esta, esta otra y esta última. Se trata de engañar a la gente haciéndoles creer que el allanamiento de morada forma parte de la ocupación o incluso peor, que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo.

En el primer párrafo de su libelo tiene el descomunal cinismo de afirmar que en España cualquiera puede ser despojado de su domicilio y que el Estado mediante su Administración de Justicia protege al rapiñador. Quien dice esto es un mentiroso de tomo y lomo. El allanamiento de morada es un delito establecido en el artículo 202 CP. Según el artículo 490 LECr cualquiera puede detener al delincuente in fraganti. Según el artículo 492 LECr lo que para todos no es más que una posibilidad para las autoridades es una obligación. Por tanto, si quien allana una morada no se da prisa en huir acabará detenido. Esa es la cruda realidad que nuestro tahúr del lenguaje con birrete nos falsea. Y lleva su mentira al extremo del detalle, califica al allanador de morada de caradura, no engañe más, quien allana una morada no es un caradura sino un delincuente. El caradura es él, por tratar de colar semejante patraña.

En el segundo de los párrafos ya nos habla de las dificultades procesales para desalojar a un ocupante. Con ello introduce por primera vez el concepto de ocupación y al hacerlo a continuación del de allanamiento de morada y como si estuviera hablando de lo mismo busca su propósito de inducir al lector a caer en el error de pensar que allanamiento de morada y ocupación son lo mismo, cuando nada tienen que ver el uno con el otro.

Pero además no se olvida de emplear otros de los habituales trucos de la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas, la de calificarlos gratuitamente y sin la más mínima argumentación de ilegales. Ya se ha explicado en este blog que la ocupación no es ilegal y el porqué. Ya hemos visto en un párrafo anterior al tratar del allanamiento de morada que en el caso de actuaciones ilegales el infractor no puede mantenerla por mucho tiempo, pues bien huye o es detenido.

Cuando hablamos de ocupación, de la de verdad, el ocupante sí puede mantenerla indefinidamente, y ni tiene que huir ni temer ser detenido, porque no está actuando ilegalmente. Si la ocupación fuera ilegal, cualquiera podría detener al ocupa y además la Policía tendría la obligación de detenerlo. Si esto no es así, es precisamente porque la ocupación no es ilegal. Cuando un ocupa pierde un proceso de desahucio en la sentencia en ningún momento se le dice que esté actuando ilegalmente sino que se le condena a entregar la posesión al demandante porque este tiene más derecho que él a poseer el inmueble. Pero entra dentro de lo posible y sucede bastante que el ocupa no sea demandado y también entra dentro de lo posible y legalmente sucede muy frecuentemente que el ocupa debería ganar el pleito, aunque normalmente gracias a nuestro queridísimos jueces siempre pierden. Pero esta ya es otra historia, que ya tratamos no en una , ni en dos , ni tres , sino en cuatro entradas de este blog.

Estos proceso civiles de desahucio padecen el mismo grave mal que todos los procesos de nuestra Administración de Justicia. La enorme lentitud y tardanza en resolverse, a causa del endémico pésimo estado y colapso de la Administración de Justicia. Esto en todos los casos y también en los de desahucio supone una gran injusticia aunque se acabe ganando el proceso. Y es uno de los más graves problemas de nuestro país que además no tiene el menor atisbo de solución. Por eso, me hago cruces a leer que todo un Catedrático de Derecho Procesal tenga la desfachatez de negar que el colapso judicial no es el responsable de la tardanza en que el demandante de un desahucio que ha visto estimada su demanda, tarde tanto en recuperar la posesión.

La ocupación, la de verdad, no la que nos quieren colar estos sinvergüenzas, es tomar posesión de un inmueble abandonado. Si quien ha abandonado el inmueble no ha renunciado a su derecho y quiere recuperar la posesión, la recuperase en un tiempo razonable porque la Administración de Justicia resolviera en un tiempo razonable, la molestia de haber sufrido una ocupación no habría sido grande pues no olvidemos que el inmueble lo tenía abandonado, pero cuando la recuperación se demora años entonces tiene motivos de sobra para quejarse incluso a pesar de tener el inmueble abandonado.

Pero lo que ya es altamente insultante hasta clamar al cielo es que se tenga el descomunal cinismo de decir al inicio del cuarto párrafo que la jurisprudencia es hiperproteccionista del derecho a la vivienda. Eso es mentir como un completo bellaco con la más grosera de las desvergüenzas. La cruda realidad es que el Estado español no solo no es hiperproteccionista con el derecho a la vivienda sino que lo viola brutal, sistemática y falgrantemente. Por esa razón, hay personas que para satisfacer su derecho a la vivienda tiene que recurrir a la ocupación. Esta afirmación es para ellos una agravio sin parangón.

En el quinto párrafo lanza por fin su genial panacea para remediar el problema cuya solución ningún otro antes había sabido encontrar. Pero más importante que darse cuenta que no hay tal solución y que no cambiará nada por que lo que propone no son más que remiendos y chapuzas, es percatarse de la naturaleza de la solución que propone este individuo. La suya es una solución represiva, o dicho de otro modo una falsa solución, pues no pretende eliminar la causa del problema sino ocultar los efectos reprimiéndolos, como un vulgar medicamento de nuestras queridísimas farmacéuticas que no te curan pero que tapan los síntomas.

Al final de este cuarto párrafo el catedrático se descuelga con una propuesta de reforma procesal que ya hemos comentado en este blog y que consiste nada menos en que el ocupa cumpla la condena de desahucio antes de ser juzgado y que por ello mismo, por vulnerar el derecho a la defensa es inconstitucional. Más que vergüenza ajena produce tremendo asco que todo un catedrático de Derecho procesal, proponga algo tan abominable e ignominioso como acabar con el derecho a la defensa. ¡Madre, mía! ¡Qué se permita a semejante individuo formar a los futuros juristas de este país! No sería mejor resolver el problema de la Adminsitración de Justicia para que los pleitos se resolvieran en un tiempo razonable que cargarse el derecho a la defensa obligando al demandado a cumplir la condena antes de ser enjuiciado. Como preguntaba en aquella entrada, y si cuando por fin tenga lugar el juicio y haya una sentencia firme si quien ha ganado es el ocupa, ¿quien le indemnizará por el daño sufrido? ¿Lo hará este fantástico catedrático con dinero de su bolsillo?

En lo único que acierta este patético catedrático es en el título, Desahucios: un problema mal planteado. Efectivamente todo el mundo sabe que para solucionar de verdad un problema y no taparlo, hay que poner sobre la mesa la causa del mismo, hay que descubrir la causa del mismo, o empleado el verbo del título hay que plantear la causa del mismo. Dado que este catedrático no lo hace lo haré yo. La causa de la proliferación de las ocupaciones es el hecho que la gente no puede satisfacer la necesidad de vivienda de una manera razonable hasta el punto que algunos no les queda más remedio que ocupar. Permitamos a la gente ejercer el derecho a la vivienda y se acabará la proliferación de ocupaciones. Esa es una solución de verdad fácil de hallar porque se ha planteado la causa, porque el problema se ha planteado bien. Pero esta solución no le interesa al catedrático porque no le interesa a los mafiosos para los que trabaja. Porque entonces eso mafiosos no podrían amasar la fortuna que se embolsan con el robo generalizado a toda la población cobrándoles un sobreprecio por la vivienda. Lo que tratan precisamente estos tertulianos de la antiocupación es desviar la atención del verdadero problema y la verdadera solución con la cortina de humo que crean con todas sus mentiras sobre la ocupación.




¿De verdad están por el derecho a la vivienda?

Hoy me llega la noticia de esta iniciativa aparentemente en pos del derecho a la vivienda. Pero tras leerla detenidamente descubro con indignación que se trata justo de lo contrario, de una iniciativa en contra del derecho a la vivienda convenientemente disfrazada, de otro lobo con piel de cordero. Unas son contrarias al derecho a la vivienda por tibias y otras por estar abiertamente en su contra.

La primera de las medidas sería permitir a las Administraciones Locales regular los precios abusivos de alquileres cuando comprueben incrementos desmesurados las rentas. Leyendo de pasada sin prestar mucha atención suena bastante bien, pero la realidad es que simplemente nefasto. En este país se paga un elevado sobreprecio por la vivienda y por tanto, el objetivo debería ser cambiar la leyes para cambiar la situación del mercado de la vivienda de modo que los precios se ajustarán a valor de la vivienda. De esto nada dice la medida. De hecho en ella se acepta con ello esta situación del pago generalizado de un elevado sobreprecio por la vivienda. Las Administraciones Locales solo podrían intervenir cuando comprobaran incrementos desmesurados de los precios, pero para reducir los ya muy elevados sobreprecios a su valor real. Pero esta medida ni siquiera impediría la continua alza de los precios del alquiler pues solo se podría intervenir cuando el incremento fuera desmesurado, pero no cuando el el incremento fuera el normal en comparación con el incremento de precio en el resto de viviendas y recordemos que lo normal es la continua alza de los precios. Pero es que ni siquiera nos asegura que se atajasen estos incrementos desmesurados en comparación con los incrementos normal, pues además deberían tener la consideración de abusivos, por tanto, podría haber incrementos desmesurados que no se considerasen abusivos y no se impidiesen. En resumen, esta propuesta ayuda a sus autores a quedar muy bien pareciendo muy buenos samaritanos, pero de ponerse en práctica no ayudaría a satisfacer el derecho a la vivienda sino a que se siga empleando la vivienda como medio de explotación.

La segunda medida es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por ahí vamos muy bien porque LAU es la clave en el uso de la vivienda como medio explotación. Cuando los poderosos del sistema decidieron que emplearían la vivienda como medio de explotación de la población y trazaron su plan para ello, como medida fundamental modificaron LAU del año 1964 para incrementar los precios de los alquileres, primero con el decreto Boyer del año 1985, después con la LAU de 1994 y por último con la reforma de esta del 2013. Cuando los precios de los alquileres ya eran suficientemente elevados resultaba sensato el pensar que alquilar era tirar el dinero porque por la misma cantidad mensual o incluso por menos se podía adquirir una vivienda hipotecándose. Había comenzado la segunda fase del plan de explotación mediante la vivienda. Sin la reforma de la LAU no se hubiera dado, no hubiese existido burbuja hipotecaria. Así que parece más que lógico de cajón una reforma de LAU para revertir el camino, bajar el precio de los alquileres hasta su valor real, acabar con la burbuja hipotecaria, acabar con la explotación y satisfacer por fin el derecho a la vivienda de la población.

Pero no es esta la reforma que nos propone esta iniciativa, sino modificar los procedimientos arrendaticios para dotar en él a los inquilinos de una mejor posición procesal para defenderse. Es cierto que el procedimiento arrendaticio ha sufrido en los últimos años reformas en favor de los arrendadores y en contra de los arrendatarios. Pero no ha eliminado el derecho a la defensa de estos. Con el actual procedimiento arrendaticio el inquilino sigue manteniendo mecanismos procesales de defensa efectivos. Se dice que se quiere permitirles a los inquilinos oponerse al desahucio, dando a entender falsamente que ahora no puede hacerlo cuando no es así, actualmente el inquilino puede oponerse al desahucio. El problema es que si no tiene dinero para pagar la renta, no le sirven de nada, porque no los va a emplear. Dotar de más y mejores mecanismos procesales  de defensa no le servirá de nada, si no tiene dinero para pagar la renta. De lo que se trata es de que los inquilinos puedan pagar las rentas y eso se consigue bajando los precios del alquiler a su valor real. De que serviría una mediación previa preceptiva a la demanda, si el inquilino no puede pagar el alquiler, ¿para alargar la agonía e incrementar la deuda del inquilino con el casero?

Esta iniciativa pretende alargar la duración de los contratos. Y ahí de nuevo ponen el dedo en la llaga, pues la duración de los contratos de alquiler es la clave de que la vivienda sea o no un medio de explotación. Pero de nuevo lo hacen para no solucionar nada y limitarse a un ligero maquillaje. La propuesta es aumentar la duración mínima hasta la que el inquilino puede prorrogar el contrato con su única voluntad de 3 a 5 años, como con anterioridad a la reforma de la LAU de 2013. ¿Acaso con LAU en su redacción original de 1994 estábamos en el paraíso? La reforma de 2013 no fue más que una vuelta de tuerca más, pero el daño ya estaba hecho y era muy profundo. Con la LAU de 1964 el inquilino podía permanecer de por vida en la vivienda alquilada e incluso el alquiler se podía heredar. Qué casualidad que entonces no hubiera explotación mediante la vivienda, el derecho a la vivienda estuviera satisfecho ni hubiera burbuja hipotecaria. ¿Les da miedo proponer la vuelta a esta situación o es que simplemente no quieren acabar con la explotación mediante la vivienda sino aparentar lo que no son?

Por último con esta reforma de la LAU pretenden que la alza de los precios de los alquileres se adecuen al incremento del IPC. Es decir, que aceptan que los muy elevados sobreprecios de los alquileres sigan subiendo. Ni asomo de intención de que los precios se ajusten al valor real del alquiler.

Después se descuelgan con las famosas ayudas al alquiler, que son más falsas que Judas, pues no son ayudas a los inquilinos sino ayudas a los arrendadores, ya que el dinero pasa del Estado, que lo recoge previamente de todos nosotros a las manos de los arrendadores y los inquilinos simplemente hacen de intermediarios, pues transmiten el dinero del Estado a los arrendadores dándole con ello a esta subvención encubierta una noble apariencia, el resultado sería el mismo que si el Estado entregara el dinero a los arrendadores, pero entonces ¿cómo podría justificar este regalo? En cambio encargando a los inquilinos que entreguen su regalo a los arrendadores y vistiéndolo como una ayuda a los inquilinos y a la satisfacción del derecho a la vivienda, se libran de las objeciones contra este desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Esta más que probado que las mal ayudas al alquiler encarecen el precio de los alquileres y de la vivienda. ¿Por que habría el arrendador abaratar el precio del alquiler para que fuera accesible a la población si aquello que el inquilino no puede pagar se lo pagaremos entre todos por medio del Estado?

Luego “arrementen” contra las SOCIMIS. Bueno en realidad no, pues lo único pretenden es que los ricachones que amasan fortunas con lo que roban a través de las SOCIMIS, donen un exiguo porcentaje de sus ganancias vía impuestos, para hacer un poco de caridad con el tema de la vivienda y así continuar con el lavado de imagen. En un país donde el derecho a la vivienda efectivamente se puede ejercer y no existe explotación mediante la vivienda, las SOCIMIS no tienen cabida, porque no tienen de que vivir, si no pueden usar la vivienda para robar como se van a mantener. ¿Existían SOCIMIS antes del año 1985? Aceptar las SOCIMIS  es aceptar la explotación mediante la vivienda y la ausencia del derecho a la vivienda. El artículo 31 CE establece la progresividad de los tributos. Norma que por cierto nunca se ha cumplido y ahora menos que nunca. ¿Por qué no piden una fiscalidad progresiva como es obligatorio por mandato de la Constitución? ¿Por que acabaría con las SOCIMIS y no se trata de eso, no se trata de tocar las fortunas de los ricachones ni de molestarles, no se vayan a enfadar?

Después vienen con el famoso parque público de viviendas de alquiler de los grandes tenedores, SAREB, Banca. No parece mala idea, pero es tan vaga que el que se convierta en una buena práctica dependería de detalles que en la iniciativa no se explican. Lo cierto es que hasta el momento siempre que los grandes tenedores han puesto a disposición viviendas en alquiler a precios asequibles han sido las peores de su patrimonio. Y mucho me temo que por ahí va la propuesta. ¿No sería mejor que en lugar de un parque público de viviendas, regular el mercado de la vivienda de modo que todas tuvieran precios en su justo valor? En lugar de un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles, todas las viviendas a precios asequibles. Lo del parque público no es más que un regalo envenenado que nos aparta del derecho a la vivienda para todos.

La última medida es ya el acabose y la guinda de la tremenda burla que supone esta iniciativa: que se financie la construcción de viviendas con destino a alquiler a precios asequibles. ¿Acaso tenemos déficit de viviendas? ¿Necesitamos más viviendas? ¿Qué fue de aquello de, no se entiende, gente sin casas y casas sin gente? ¿No sería mejor regular el mercado para que todas las viviendas tengan precio asequible y todos puedan satisfacer sin mayor dificultad su derecho a la vivienda? ¿O se trata precisamente de que no sea así? ¿Se trata de mantener un mercado de la vivienda sobrevalorado en el que para acceder a la vivienda haya que pagar un elevado sobreprecio para así explotar a la mayoría de gente y un mercado secundario subsidiado para que aquellos que no pueden acceder a este al menos tengan una vivienda de segunda?

Los autores de esta fantástica iniciativa es Unidos Podemos, coalición que se presenta como defensora de los intereses del pueblo. Pero más bien parece que defiende los intereses de los amos del pueblo y que se disfraza de lo que no es para confundir al pueblo y conseguir que no luche por si mismo poniendo sus esperanzas en sus falsos adalides. Pablo Inglesias dijo en una ocasión que la gente no se confundiera con Ciudadanos pues no es más que el recambio del PP. Se le olvidó comentar que Podemos es el recambio del PSOE. No está tan lejos de este partido cuando continuamente quiere pactar con él, e incluso pretendió gobernar con él. Y el PSOE era aquel partido que se presentaba como defensor de los intereses del pueblo y que no tardó en descubrir que defendía los intereses del los amos del pueblo.

Muchos piensan que para solucionar los problemas de la sociedad, y con ello quiero decir gobernar en interés del pueblo y no de sus amos, hace falta un cambio de gobierno. Pero esta manera de pensar nos aleja de la solución, pues se renuncia a luchar por cambiar las cosas directamente y se concentran los esfuerzos en conseguir el cambio de gobierno, si además cuando después de tanto esfuerzo por fin en alguna ocasión se consigue el cambio de gobierno, resulta que se le ha entregado a alguno de estos partidos del sistema que van de partidos del pueblo pero en realidad son partidos de los amos del pueblo.

En el caso del derecho a la vivienda mejor que esperar la solución en una hipotética victoria electoral de Unidos Podemos, sería luchar desde ya por forzar al gobierno a respetarlo. Para ello tenemos una buena arma, la ocupación.




Tahúres

¿Qué pensáis de los que hacen trampas en el juego? ¿Cómo os sentiríais si jugando una partida de parchís, ajedrez, cartas o un partido de vuestro deporte favorito descubriérais que vuestro rival os intenta ganar mediante trampas? La indignación sería una respuesta habitual, la recriminación al tramposo también, algunos llegarían a la agresión, incluso si hemos de hacer caso a las películas sobre el oeste americano hasta el homicidio del tramposo estaría justificado.

Los debates también son un juego en los que los rivales intentan ganarse convenciendo a la audiencia con sus argumentos. Y en este juego no es que haya trampas como en cualquier juego, sino que la trampa es lo habitual. Lo que ya no es tan habitual es provoque la misma indignación que en los otros juegos, y debería porque en los debates se juegan cuestiones de mayor trascendencia para la vida de las personas. A estos tramposos del lenguaje y los argumentos habría que descubrirlos y vituperarlos sin piedad, no es necesario agredir y ni mucho menos matarlos, pero al menos sentir las ganas de hacerlo sería muy sano.

Muchas de las entradas sobre ocupación de este blog están dedicadas precisamente a descubrir esas trampas que emplean habitualmente los tahúres al servicio de la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas que el sistema tiene en marcha desde hace ya muchos años. La sociedad debería denostar tan intensamente a estos fulleros que por ello la vida les resultara insufrible.

El trampantojo preferido de los tahúres antiocupación es el de meter el allanamiento de morada en el saco de la ocupación con la que nada tiene que ver. Le hemos dedicado entradas específicas, esta primera y esta otra recientemente. No es de extrañar que la empleen porque es muy potente y efectiva. Si la gente cae en la trampa, como es lo habitual, se le infudirá el temor a perder su vivienda a manos de un malvado ocupa solo con abandonarla unos minutos para ir a por tabaco. Evidentemente no tiene nada ver con la realidad ni de lejos, pero trabajo costará sacar este miedo a quien se lo hayan metido en el cuerpo.

La otra falacia preferida por los fulleros antiocupación, es la de asociar la ocupación a comportamientos incívicos dando a entender una relación causa efecto entre ambos y sugiriendo la prohibición de la ocupación para acabar con el comportamiento. Recientemente un programa de televisión sobre la ocupación en el que participó me llevó a visitar unos pisos ocupados de Alcorcón sobre los que había quejas de comportamientos incívicos, entre ellos la suciedad. Efectivamente las zonas comunes estaban sucias. Este hecho debía ser una prueba irrefutable de la necesidad de prohibir la ocupación. Esta era la tendencioso argumento del programa. Pero al programa se le olvidó llevarme a viviendas de propiedad o de alquiler igualmente sucias. Yo podría indicarles algunas. Y no por ello, se le ocurre a nadie sugerir que haya que acabar con la vivienda en propiedad y las viviendas en alquiler para acabar con la suciedad de estas viviendas.

De entre los casos de esta falacia el preferido es relacionar la ocupación con el mundo de las drogas. Cierto es que existen inmuebles ocupados que se usan para el narcotráfico, pero no lo es menos cierto que también existen muebles alquilados y muebles en propiedad que igualmente se emplean para el narcotráfico y nadie sugiere por ello que deba acabarse con las viviendas en propiedad ni con las viviendas de alquiler para acabar con el narcotráfico.

Pero el caso que a mí más me llamó la atención de esta falacia, fue el de titular de un periódico referente a un homicidio que decía así: Ocupa mata a …. Después de leer la noticia descubrí que el homicidio no guardaba ninguna relación con la ocupación. Entonces, ¿por qué se destacaba la condición de ocupa del homicida? ¿Se imaginan un titular similar para el caso de la propiedad o alquiler? Algo así como, propietario mata a …. o inquilino mata a … o casero mata a …. Pues simplemente para no desaprovechar la ocasión de arrementer contra la ocupación aunque no venga a cuento asociándola falsamente con fenómenos odiosos. Por cierto, dicho sea de paso, aunque no venga a cuento (hemos tenido buenos maestros) poco después el mismo periódico titulo otra noticia sobre otro homicidio así. Lesbiana mata a su hijo. ¿Adivinan algo? Efectivamente, la homosexualidad de la madre no tenía ninguna relación con el homicidio. Se imagina un titular como este, madre heterosexual mata a su hijo.

Otros de los engaños de estos tramposos antiocupación es la supuesta ilicitud de la ocupación que resulta ser completamente falsa. Dedicamos esta entrada específicamente a ello, pero es una aclaración constante que se puede encontrar en muchas de ellas sino en todas. Una de este tipo es la que motiva esta entrada de hoy y es destacable por el empleo del tramposo que la lanza, nada menos que el presidente de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas, también participan juristas incluidos jueces y magistrados. No sorprenderá a quien haya leído las cuatro entradas sobre la prevaricación de los jueces contras los ocupas. En un seminario sobre actualización jurídica el Presidente del TSJC se despacha nada menos que con esta ponencia que también disponemos en versión resumida en la que se atreve a mentir a lo grande ya de entrada con el título de la misma. La ocupación ilegal de inmuebles se titula la ponencia. Como ya se dijo en esta entrada la ocupación de inmuebles no es ilegal. El propio presidente del TSJC nos lo confirma pocas líneas después de su espectacular y fraudulento título, pues en la primera frase de la introducción de su ponencia define ocupaciones ilegales como aquellas no consentidas por el titular. Es decir, para poder calificar a las ocupaciones de ilegales cambia el significado de ilegal. En su manipulada definición ilegal no es aquello contrario a la Ley sino lo que no es consentido por el titular del derecho. ¡Acabáramos! ¡Menudo Houdini del lenguaje! ¡Así cualquiera tiene siempre razón! Para ello basta cambiar el significado de las palabras para llevar siempre la razón. Las ocupaciones ilegales serían aquellas contrarias a la Ley o para ser aún más claro las prohibidas por la Ley, y no las que no son consentidas por el titular del derecho. Dado que no existen ocupaciones prohibidas por la Ley, la ocupación en ningún caso es ilegal.

Si la ponencia debía versar sobre ocupaciones no consentidas por el titular del derecho, para ser honesto y no un tramposo que engaña, debió titularla ocupaciones no consentidas en lugar de ocupaciones ilegales. Pero este título también hubiera sido engañoso, porque si la ocupación es tomar posesión de lo que está abandonado, no tiene sentido referirse a consentimiento alguno. Si ustedes se encuentran por la calle un billete de 500 € huérfano, ¿a quien piden consentimiento antes de adoptarlo? A nadie, si tenía dueño este ya lo reclamará. Pues igual sucede con los inmuebles.

Pero el engaño de esta ponencia va más allá, es un engaño de raíz, la propia existencia de la ponencia obedece a un falseamiento de la realidad. La ocupación no es problema que necesite ser abordado correctamente, sino un aspecto de la regulación del derecho de propiedad. La ocupación no extingue el derecho de propiedad sobre el inmueble. Tras la ocupación se dan dos posibilidades, el propietario reclama la posesión por los procedimientos y en el plazo legalmente establecidos con lo que recupera, o no la reclama permitiendo incluso la usucapión por el ocupa para que este devenga nuevo propietario. En ambos casos, el asunto se resuelve y por tanto, no existe el problema con el que tanto nos machacan. Llamo la atención sobre el hecho que la ocupación en sí no significa el fin del derecho a la propiedad. Ningún propietario se ve privado de su propiedad por una ocupación. La propiedad ocupada sigue siendo propiedad del dueño en el momento de la ocupación. La propiedad solo se perderá si el propietario permite la usucapión lo que de hecho es una renuncia a la propiedad. Por tanto, no cabe hablar de privación de la propiedad por la ocupación.

Por tanto, el problema de la ocupación es un falso problema puesto en la agenda pública por los tahúres de la campaña de odio contra la ocupación y los ocupas, plateado con fines espurios.