Catalunya: CGT denuncia opacidad y falta de control público en los centros de menores gestionados por grupos privados

Los escándalos de pederastia y la gestión caótica y de lucro privado ha vuelto insostenible la situación como indican muchas entidades como la nuestra y la Taula Energética i de l’Habitatge de Figueres.

Según un grupo de trabajadores de educación social de este sindicato, el aumento de incidentes y la degradación de condiciones está relacionado con el proceso de privatización que ha hecho que el 80% de las plazas actuales estén gestionadas por grupos privados.
Las trabajadoras y trabajadores sociales de la CGT consideran que la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.
Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente de entidades como Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores.

Varios trabajadores del ámbito de la educación social y afiliados al sindicato CGT han denunciado esta mañana en rueda de prensa la situación “insostenible” que, a su juicio, se vive en muchos centros residenciales para menores que dependen de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), marcada por un incremento de los episodios de incidentes. “Los niños titulados en centros de menores se encuentran un una situación de derechos, tal como ha denunciado el propio Síndic de Greuges en varios informes”, apuntó Robert Morral, de la sección de trabajo social de esta organización sindicato.

Según esta denuncia pública, “la falta de recursos terapéuticos se sustituye por medicación psiquiátrica, que debería estar bajo supervisión de personal médico, no bajo supervisión de educadores. Tampoco hay agilidad en la reubicación de los menores, ni en los procesos de acogida a familias “. Esta progresiva “degradación” de condiciones se traduce, según los representantes sindicales, en un aumento de denuncias por incidentes en el seno de los centros por causas vinculadas a conductas sexuadas, consumo de tóxicos o patologías de salud mental grave, que deben asumir centros que no cuentan con personal suficiente especializado. Las trabajadoras de la CGT recuentan hasta 150 incidentes reportados durante el año 2015 sólo en centros de gestión pública y “número inconcreto los privados, donde tenemos menos afiliados, y nos es mucho más difícil hacer seguimiento”. “Hay centros donde han tenido que ir los mozos dos veces en un solo día”, apunta el representante del sindicato.

Para la sección sindical de la CGT, “de incidentes ha habido siempre, pero la situación se ha agudizado en estos últimos años, debido a la saturación de los centros, la falta de inversión y recursos, la progresiva externalización de la gestión de las menores tuteladas a entidades privadas, tituladas por fundaciones o empresas del tercer sector, y la imposibilidad por parte de la administración de fiscalizar el uso de los recursos públicos que llevan a cabo estos agentes privados.

Desde CGT afirma que actualmente hay 2.720 plazas para menores tuteladas en Cataluña, de las que un 80% (unas 2.200) se gestionan de forma privada o concertada. Y de este 80%, el 30% son centros religiosos, como el CRAE Montserrat de Cerdanyola, gestionado por el Instituto Secular de la Cruzada Evangélica.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, junt al director de DGAIA, Ricard Calvo, en la presentació de l’estudi “El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya”. Pla general. 10 de juny del 2016.

Entre 3.000 i 4.000 euros por residente

Se gastan millones de euros con la construcción y reformas de centros que ya se encuentran impecables les dan a fundaciones para que las gestionen de manera privada, además de la donación de suelo público para la construcción de centros privados”, denuncia un comunicado que han difundido hoy las trabajadoras sociales de la CGT. Por cada niño que reside en estos centros gestionados por fundaciones, la DGAIA les paga al menos 3.000 euros; a veces 4.000, sin que haya ninguna fiscalización ni auditoría interna“, detalla la nota.

Fuentes de la DGAIA reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados, “sólo un servicio de inspección y registro del departamento que hace investigaciones motivadas por alguna denuncia”

En varias ocasiones nos dirigimos a la antigua directora de la DGAIA, Mercè Sanmartí, para pedirle que se auditaran los centros concertados y los de gestión privada. Y la respuesta siempre era ‘sí, sí, lo tenemos que hacer ‘, pero todavía estamos esperando, aseguró Morral. Fuentes de la misma DGAIA consultadas por la Directa reconocen que no hay ningún órgano que fiscalice el dinero público otorgados a grupos privados para la gestión de centros de menores. “Sólo existe un servicio de inspección y registro del departamento de Servicios Sociales que hace investigaciones periódicas, motivadas por alguna denuncia “. La falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio.

Las trabajadoras sociales afiliadas a la CGT consideran que, la falta de control y la progresiva ‘privatización’ de la tutela de menores ha generado la irrupción de un círculo de intereses que tiene interconexiones entre la administración pública y los grupos privados que hacen negocio. Entre los ejemplos que mencionan está el del mismo Ricard Calvo, actual director general de la DGAIA (y concejal de ERC en Girona), anteriormente vinculado como gerente entidades Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, dedicadas a la gestión de centros de menores, como el Mas Garriga. La Plataforma Educativa, según la CGT, es una “fundación empresarial que según su propia página web gestiona más de 10 millones de euros, más del 80% proveniente de la financiación pública, sin ningún control ni auditoría pública independiente conocida”


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